Sindicatos pedirán a clientes de Segur Ibérica colaboración para solucionar los impagos de salarios

Los sindicatos USO, CC.OO. y CIG han iniciado una ronda de visitas a los clientes de la empresa Segur Ibérica con el objetivo de "buscar una solución conjunta" para sus compañeros ante la situación de "impago de salarios" que sufren.

En un comunicado remitido a los medios este jueves, los tres sindicatos presentes en el comité de empresa de A Coruña han explicado que buscan que las empresas y organismos "se involucren" y "retengan la facturación pendiente de abonar a la compañía de seguridad" y "consideren la opción de negociar un pago directo".

Esta medida, según han indicado, ya la han tomado "algunos clientes" con las nóminas del pasado mes de octubre "ante la previsión de un desfalco salarial a los trabajadores".

Y es que los sindicatos denuncian "la falta de voluntad" para solucionar el conflicto por parte de Segur Ibérica, empresa a la que acusan de no facilitar información a los representantes de los trabajadores y de provocar "una sensación completa de indefensión" a los afectados.

Frente a ello, los sindicatos USO, CC.OO. y CIG han destacado su "unidad de acción" para resolver esta situación "con responsabilidad y coherencia".

La próxima reunión del ERE está prevista para el próximo martes, día 13 de octubre, un encuentro en el que estarán presentes dos miembros del USO y CC.OO. presentes en el comité.

Interior eleva a 34,6 M. el gasto anual en la polémica seguridad privada de las cárceles

Ombuds es la gran triunfadora del concurso al hacerse con tres de los cuatro lotes en los que se ha dividido el contrato. El cuarto ha sido para una UTE formada por Coviar, Sabico y Prosetecnica. ACAIP, el sindicato mayoritario en Prisiones, lo califica de "derroche" por el "ineficaz" servicio prestado por estos vigilantes. 

Menos presos, más gasto en seguridad privada. Mientras el número de internos en los cárceles españolas se ha reducido en más de 14.000 reclusos desde 2009, el Ministerio del Interior que dirige Juan Ignacio Zoido gastará más dinero que nunca en contratar 800 vigilantes. En concreto, 34.666.869 euros, según se recogen en la resolución por la que se adjudica el concurso del denominado "servicio de apoyo a la seguridad en centros penitenciarios". Una cifra que supone un incremento de cerca del 4% respecto a la anterior licitación, que fue de poco más de 33 millones. La gran beneficiada ha sido la empresa Ombuds Compañía de Seguridad SA, que se ha hecho con tres de los cuatro lotes en los que se ha dividido el contrato. El cuarto ha sido para una UTE formada por Coviar,Sabico Seguridad SA y Prosetecnica, según la documentación a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

Con esta cantidad, serán cerca de 116 millones de euros el dinero gastado en un proyecto que ha estado rodeado de polémica desde que se puso en marcha en mayo de 2013. De este dinero, 7,3 millones fueron desembolsados en el 'proyecto piloto' que se puso en marcha entonces en 21 cárceles. Entonces se contrató a 254 vigilantes y, aunque estaba previsto que durase nueve meses, finalmente se prolongó ocho meses más con el consiguiente coste añadido. A dicha cantidad se sumaron los 33,3 millones que se invirtieron en la segunda fase iniciada el 1 de octubre de 2014 y que ya abarcó a las 67 prisiones dependientes del Ministerio del Interior. En ella se hicieron 550 nuevas contrataciones. Estaba prevista que durase un año, aunque se prorrogó un año más por el mismo importe. En total 81,3 millones de euros, a los que ahora hay que sumar ahora los 34,6 millones de euros del concurso ahora adjudicado.

Un elevado coste que es criticado por los propios funcionarios de las prisiones. La Agrupación de los Cuerpos de Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), el sindicato mayoritario, vienen denunciando la "ineficiacia" de estos servicios de seguridad privada desde que en 2012, al poco de la llegada de Mariano Rajoy al Palacio de La Moncloa y con Jorge Fernández Díaz al frente de Interior, se conocieron los planes. Entonces, el Gobierno del PP "justificó" el proyecto en la necesidad de recolocar a los escoltas destinados en el País Vasco que se habían quedado en paro tras el fin de la violencia etarra y en un supuesto ahorro económico. "Todo lo dicho era falso y lo único para lo que ha servido es para favorecer a las empresas de seguridad privada que, como todos conocemos, tienen un importante número de responsables con pasado o relaciones políticas de primer nivel", señalan desde ACAIP. De hecho, este sindicato insiste en negar el ahorro económico, ya que la incorporación de los vigilantes privados no ha supuesto una reducción del número de guardias civiles y policías destinados a la custodia de las prisiones.

"Negociado sin publicidad"

La nueva adjudicación fue firmada el pasado viernes 2 de diciembre por el nuevo secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y en ella se detalla que Interior había invitado a participar en este procedimiento "negociado sin publicidad" por motivos de seguridad a once empresas. Además de Ombuds y las tres que componen la UTE que se llevó el cuarto lote, también figuran Eulen Seguridad, Garda Servicios de Seguridad SA, Ilunion Seguridad SA, Prosegur, Securitas Seguridad España SA, Seguriber SLU y Seguriberica SA. A todas ellas se les pidió que detallasen en sus ofertas el precio de la hora de sus vigilantes en "puestos armados" y "sin arma", así como en turnos de 24 horas, de doce horas, de lunes a viernes y de lunes a sábado. Entre los aspectos técnicos, se valoró el tiempo para hacer "suplencias derivadas de imprevistos sobrevenidos durante la jornada laboral" y el "número de inspecciones mensuales".

Finalmente, Ombuds se llevó los tres lotes de mayor importe. En concreto, los que cubrirán la seguridad de los centros penitenciarios de Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla (valorado en 10,2 millones de euros), los de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja (8,8 millones), y Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid (7,9 millones). En total, esta empresa se embolsará 26,9 millones. El cuarto lote, el destinado a cubrir las cárceles de Aragón, Baleares, la Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra, estaba valorado en 7,5 millones y es el que se adjudicó la UTE formada por Coviar, Sabico y Prosetecnisa. La adjudicación detalla los precios netos por hora de trabajo de cada vigilante de seguridad según turnos y sin van armados. Van desde los 17,52 euros a los 13,30 euros, según diversas variables.

Tres fases

Pese a las fuertes críticas, que también han llegado desde los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de guardias civiles, Interior sigue dispuesta a seguir adelante con sus planes, aunque ha dilatado los plazos de su aplicación. De hecho, el proyecto contemplaba la puesta en marcha de una tercera y última fase del despliegue de vigilantes a finales de 2015, pero por el momento ya ha prorrogado en dos ocasiones la actual. De hecho, la nueva adjudicación deja al menos hasta finales de 2017 la entrada de este último paso, que incluirá la reducción de funcionarios y su sustitución por estos empleados de empresas de seguridad privada.

Hasta ahora, estos vigilantes se dedican al control del perímetro de los centros penitenciarios y del acceso a los mismos. También están encargados de atender los circuitos cerrados de televisión y la gestión de los saltos de alarmas. Todo ello, bajo la dirección de los integrantes de la Fuerzas de Seguridad del Estado y de los funcionarios de prisiones. Una labor en la que, según denuncian desde ACAIP, ya se ha saldado con numerosos incidentes, algunos de gravedad, tanto entre los propios vigilantes como entre ellos y los agentes policiales. "Ha habido despidos y traslados, pero la Administración no ha cancelado el contrato de las empresas afectadas como hubiera sido lo correcto", destacan portavoces del sindicato. Éstas recuerdan el caso de uno de estos empleados de la empresa privada destinado en la prisión de Albocàsser (Castellón), quien sólo fue apartado de dicho destino tras tres graves incidentes violentos. "En abril de 2016 fue detenido tras matar a otro compañero cuando protegía como vigilante de la misma compañía a un atunero en aguas de Somalia", señalan para recalcar la falta de control de estas empresas sobre sus trabajadores.

Comunicados de CC.OO. en relación al ERE en Segur Ibérica.

                             

            Documento                                            Documento 1
   

Comunicado de CC.OO. sobre procedimientos de despido colectivo de Segur Ibérica y de Consorcio de Servicios



Grupo Segur acuerda su venta a una multinacional de la seguridad tras entrar en concurso de acreedores.

Grupo Segur ha acordado su venta a una multinacional del sector de la seguridad para responder a sus necesidad de adaptación a las condiciones actuales del mercado, anunció la empresa en una nota.

La empresa asegura que, para materializar la compra, Grupo Segur inicia de forma voluntaria un proceso concursal acelerado que le permite legalmente contar con un plazo de tiempo para ordenar "aquellos aspectos administrativos en los que la empresa debe actuar con total responsabilidad pensando en el futuro a corto y largo plazo".

Fuentes del sector indicaron a Europa Press que la empresa ICTS se perfila como el posible comprador de Grupo Segur, cuya filial Segur Ibérica se encuentra inmersa en un ERE para toda la plantilla, formada por unos 4.000 trabajadores. La empresa ha negado que se trate de un ERE extintivo o de cierre.

Segur dice que ya ha trasladado a los representantes de los trabajadores la situación de venta, con el objeto de informarles sobre los aspectos concernientes a este marco de actuación que ahora se inicia.

La empresa adquiriente, afirma Segur, es una multinacional europea, de "contrastada fortaleza y solvente, con grandes capacidades tecnológicas, que busca mercados de inversión en España".

Los compradores han valorado positivamente de Grupo Segur su cartera de clientes de alto valor añadido y, con ello, las opciones de negocio que ofrece, con gran proyección empresarial en el mercado español.

El grupo añade que, con este anuncio, traslada "firmemente" no solo la continuidad de sus servicios con los clientes, sino también su consolidación con el nuevo escenario.

Segur Ibérica presenta concurso y propone despedir a toda la plantilla

Segur Ibérica ha comunicado a los representantes sindicales de los trabajadores que ha solicitado el concurso de acreedores ante los tribunales y que presentará un despido colectivo que, a falta de concretarse exactamente en que áreas se centraría, comienza afectando a toda la empresa. Ha sido este martes, en una comunicación que ha sorprendido a los propios sindicatos por su crudeza. El pasado 8 de noviembre, la compañía desmintió a Vozpópuli que hubiera concurso de acreedores ni que fuera a cerrar, tal y como se había informado.

El sindicato USO, que lanzó un comunicado sobre la reunión, calificó de "jarro de agua fría" la comunicación del concurso. Para ellos, "es una forma de decir que lo que pretenden es abaratar un ERE ya por sí muy abaratado gracias a las últimas reformas laborales". Según aseguran, la empresa ha asegurado que quiere dejar todos los servicios que considera deficitarios, "que según ellos son los que no dejan un margen de beneficio suficiente o que se retrasan sistemáticamente con el pago".

El objetivo es preparar la venta de la compañía y subrogar a muchos trabajadores

Por su parte, en CCOO destacan que el ERE se inició este pasado lunes 28 pero que "no se ha detallado todavía la afectación real ni señalado listados de puestos teóricamente afectados". La compañía estaría realizando este saneamiento con la intención de ser vendida a algún comprador. A día de hoy, el accionista mayoritario es el fondo español MCH, quien a través de MCH Iberian Capital Fund III, controla Segur Ibérica mientras está presente en el accionariado de Europastry (productor de masas congeladas), Talgo o Lenitudes (operador de hospitales).

A pesar del anuncio de que el ERE está dirigido a todos los trabajadores (el grupo Segur tiene unos 7.000 entre sus empresas Segur Ibérica, EAS, Consorcio de Servicios y Segur Fuego), difícilmente habrá tantos despidos ya que el objetivo es poder subrogar los trabajadores a las empresas comprantes. En muchos casos, el inicio del año podría tomarse como referencia para cambio del contrato. No obstante, el problema por el momento es que puede haber muchos servicios que sean deficitarios y tendrían complicado encontrar comprador.

Convulsos desde el verano

La situación en Segur Ibérica viene siendo compleja ya desde verano. Durante el mes de agosto Vozpópuli fue informado de que Segur Ibérica había sido embargada por parte de un juzgado de Madrid debido a unos impagos. Este diario se dirigió a la misma para comprobar si era cierto o no, recibiendo una negativa categórica por parte de su dirección de comunicación. Todo se debía a un error judicial ya subsanado, aseguraron, enviando posteriormente a este diario la documentación pertinente que así lo aseguraba.

El grupo confirma su venta

Grupo Segur ha enviado un comunicado confirmando que ha acordado su venta a una multinacional del sector de la seguridad para responder a sus necesidad de adaptación a las condiciones actuales del mercado. La empresa asegura que, para materializar la compra, Grupo Segur inicia de forma voluntaria un proceso concursal acelerado que le permite legalmente contar con un plazo de tiempo para ordenar "aquellos aspectos administrativos en los que la empresa debe actuar con total responsabilidad pensando en el futuro a corto y largo plazo". Segur dice que ya ha trasladado a los representantes de los trabajadores la situación de venta, con el objeto de informarles sobre los aspectos concernientes a este marco de actuación que ahora se inicia. La empresa adquiriente, afirma Segur, es una multinacional europea, de "contrastada fortaleza y solvente, con grandes capacidades tecnológicas, que busca mercados de inversión en España".

El Tribunal Supremo respalda el papel de las secciones sindicales

El Supremo ha admitido la legitimidad de las secciones sindicales para negociar un convenio de empresa de ámbito nacional, siempre que acrediten la mayoría de los representantes unitarios.

La aprobación de la reforma laboral de 2012 fue el pistoletazo de salida para que muchas empresas se sentaran a negociar un nuevo convenio que se adaptara a esta normativa. Esto no sólo ha provocado trabajo extra para los representantes legales, sino también para los tribunales, que han tenido que pronunciarse sobre la idoneidad de los nuevos textos.

Esta avalancha de cambios ha provocado, sin embargo, que muchos de estos convenios hayan sido tumbados en los juzgados -al menos, parcialmente- por, entre otras razones, fallos de forma o de negociación. No es el caso del convenio de empresa de Alcor Seguridad que, aunque el Tribunal Supremo ha ratificado que la reducción salarial presentada en las nuevas tablas no tiene efecto retroactivo, no ha sido declarado nulo por el Alto Tribunal, como ha pasado, hasta ahora, con el resto de los documentos negociados por empresas de seguridad privada.

El fallo de la sala de lo social del Supremo, que ha sido dado a conocer recientemente, va más allá y da un espaldarazo a la labor que realizan las secciones sindicales en este tipo de discusiones. "La sentencia admite que la representación sindical puede negociar un convenio de empresa de ámbito nacional a pesar de que el propio sindicato se echara para atrás una vez cerrado el acuerdo e impugnara la decisión acordada por sus propios representantes", comenta Alberto Novoa, abogado laboralista de Ceca Magán.

El Supremo, que respalda la sentencia emitida por la Audiencia Nacional, rechaza la anulación del convenio pretendida por los demandantes -cinco sindicatos- sobre la base de que se había negociado con una comisión híbrida, compuesta por representantes sindicales y por unitarios (delegados de personal y comité de empresa).

Y es que precisamente la segunda vía ha sido tumbada con anterioridad por los tribunales, como recuerda el propio fallo, porque "si se pretende negociar un convenio con los representantes unitarios, deberá acreditarse que representan a todos sus centros de trabajo. [...] La representatividad unitaria no se irradia de un centro a otro".

Para razonar su sentencia, el Tribunal Supremo recuerda el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la legitimación para negociar convenios de empresa por las secciones sindicales que acrediten la mayoría de los representantes unitarios.

Mayoría de representantes

Es el caso del convenio de Alcor Seguridad. Para sortear esta traba y una vez advertidos por la Dirección General de Empleo de posibles defectos en la composición de la comisión negociadora, se constituyó una nueva formada, en esta ocasión, por las secciones sindicales de USO y UGT, que acreditaban la afiliación de 12 de los 17 representantes.

La sentencia concluye que "la bancada social estaba compuesta efectivamente por las secciones sindicales mayoritarias quienes, al suscribir el convenio, lo legitimaron plenamente, por lo que la firma de los representantes unitarios constituye un aporte suplementario de legitimación que, de no haberse producido, no hubiera afectado a la legitimidad del convenio".

Asimismo, el Alto Tribunal también rechaza la parte del recurso de USO que insiste en la falta de legitimidad de los firmantes para suscribir por sí solos un documento de ámbito estatal cuando los representantes sólo pertenecen a tres centros de trabajo.

Elecciones sindicales

Sin embargo, el Supremo señala que "si hay constituido un comité de empresa por elecciones llevadas a cabo en todos los centros de trabajo, y las secciones sindicales integrantes de la comisión negociadora representan la mayoría de los miembros del citado comité que, repetimos, es de toda la empresa, dicho está que las secciones sindicales firmantes tienen legitimación plena para suscribir el referido convenio".

El letrado de Ceca Magán Abogados subraya que esta sentencia es de especial relevancia para las empresas de prestación de servicios, ya que facilita la negociación de los convenios al reforzarse la legitimidad de las secciones sindicales en este tipo de actuaciones, siempre y cuando representen a la mayoría del comité de empresa tras unas elecciones celebradas en todos los centros de trabajo.

En libertad el acusado de apuñalar a un vigilante de Adif en la estación de Sant Vicenç de Calders (Tarragona)

La Audiencia Provincial ha decretado la excarcelación de Edgar C.S., el joven de 19 años acusado de haber apuñalado a un vigilante de Adif el pasado 3 de noviembre en la estación de Sant Vicenç de Calders. El joven ingresó dos días después en prisión por orden del Juzgado de Instrucción 4 de El Vendrell acusado de un delito de tentativa de homicidio. Ahora, la máxima instancia judicial de la demarcación considera que no hay riesgo de reiteración ni riesgo de fuga ya que tiene domicilio conocido y arraigo familiar en España. Se tendrá que personar cada lunes en el Juzgado, tiene que entregar el pasaporte y se le prohíbe abandonar el país.

Poco después de las tres de la tarde del 3 de noviembre, dos jóvenes destrozaron el baño de un vagón de tren. Unos pasajeros alertaron de los hechos a los dos vigilantes de Adif, que salieron en persecución de los autores por uno de los andenes. Uno de los jóvenes sacó una navaja de la chaqueta y atacó al vigilante. El pinchazo dirigido a la zona del corazón fue parado por el teléfono móvil que llevaba en la chaqueta. Poco después, los dos alborotadores fueron detenidos por los Mossos y dos días el sospechoso de la agresión con el cuchillo ingresaba en prisión.

El abogado defensor pidió que se dejase sin efecto la medida cautelar. Apuntaba, entre otros motivos, que su cliente no ha cometido ningún delito castigado con una pena igual o superior a los dos años, ni tampoco existen motivos bastantes para considerarle responsable criminalmente de los mismos. Tampoco existe ningún peligro de que intente ocultar o destruir fuentes de prueba relevantes para la investigación. El fiscal solicitó que el acusado siguiese en prisión preventiva.

Para la Audiencia, de la declaración de los agentes de seguridad, del visionado de las grabaciones de la estación, la navaja usada, el estado en que quedó la camisa y de la funda del vigilante denotan que los cargos contra el acusado son sólidos. Los magistrados consideran que modificar la medida no tiene porqué frustrar la presencia del investigado en el procedimiento, más teniendo en cuenta que tiene arraigo familiar en España y domicilio fijo, si bien carece de trabajo. En este caso tampoco hay riesgo de afectación de los bienes de las víctimas.

La Audiencia Nacional estima el Convenio Colectivo plenamente legal

Estimados compañeros:

Os informamos de la la Sentencia de la Audiencia Nacional que desestima la denuncia de la asociación Fes, que trataba de impugnar parcialmente el Convenio Colectivo.

Se adjunta nota informativa de CC.OO.

Un cordial saludo


                   Nota informativa                                          Sentencia

Proceso de despidos colectivos en EAS TECNO SYSTEM en Madrid

Estimados compañeros:

Os informamos que en el día de ayer, le fue comunicado a la sección sindical de EAS TECNO SYSTEM en Madrid, la intención de iniciar un procedimiento de despidos colectivos por causas económicas, que solamente afectara al ámbito de Madrid.

El proceso se iniciará el día 29 de noviembre de 2016 en la sede de la empresa en Madrid en la c/ Juan de Mariana nº15.

Actualmente no tenemos mucha información al respecto, esperamos tener más información el día del inicio del período de consultas

Os seguiremos informando

Concentración en Segur Ibérica-Madrid

Cartel conjunto de la concentración del día 28 de Noviembre en la sede de Segur Ibérica en la C/ Juan de Mariana nº15, la concentración será en horario de 10 a 14.


El sector de la seguridad privada explota: nadie ha reconocido a los vigilantes del 11-M

Una docena de agentes uniformados atendió a las víctimas en los andenes de Atocha tras el estallido de las bombas, pero estos solo han sido homenajeados por el sector.

Desde que Madrid sufriera los atentados del 11 de marzo de 2004, las administraciones públicas han reconocido a los funcionarios de las fuerzas de seguridad y a las víctimas de la catástrofe que acabó con la vida de 193 personas por sus actos heroicos y su valor durante las 10 explosiones que los yihadistas colocaron en cuatro estaciones de tren. Algunos eran homenajeados y otros, condecorados. Sin embargo, entre ellos nunca ha habido vigilantes de seguridad.

Una docena de vigilantes de seguridad privada atendieron a los cientos de personas heridas que había en los andenes de Atocha. Fueron los primeros profesionales en llegar porque trabajaban allí, a pie de obra, controlando accesos y zonas de paso. Auxiliaron a los lesionados y facilitaron la evacuación de los vagones antes de que aparecieran las ambulancias, los policías nacionales o los municipales, responsables al fin y al cabo de gestionar una emergencia de tales dimensiones. Sin embargo, el Ministerio del Interior no ha reconocido a ninguno de ellos.

Así lo ha puesto de manifiesto hoy el secretario general de la patronal de empresas de seguridad, Eduardo Cobas, durante la presentación de una encuesta sobre el sector elaborada por Canal Sondeo. Cobas ha admitido su decepción porque ningún Gobierno se haya atrevido a reconocer públicamente la labor de esa docena de vigilantes que hicieron todo lo posible por atender a los viajeros, tanto a los heridos como a los que querían salir. La mayoría de estos profesionales, ha subrayado Cobas, han estado en tratamiento psicológico durante mucho tiempo por la traumática experiencia que vivieron.

Aun así, según el mismo sondeo, "la percepción sobre los vigilantes de seguridad ha mejorado en los últimos años". Así lo percibe el 62% de los encuestados, que también en ese mismo porcentaje valora como buena o muy buena la existencia de esta figura. Siete de cada 10, además, ven con buenos ojos que los vigilantes controlen infraestructuras críticas en un contexto de incremento de la amenaza del terrorismo internacional. En este sentido, en España el Gobierno pretende introducir un modelo mixto de protección de estas instalaciones, donde ya se han desplegado 200 guardias civiles en colaboración con vigilantes.

Elementos como los filtros para seleccionar a los profesionales que se encarguen del control de estas infraestructuras o la presencia de miembros de seguridad privada en calles y zonas comerciales, sin embargo, se encuentran aún pendientes de que el Ejecutivo desarrolle reglamentariamente la Ley de Seguridad Privada, aprobada en abril de 2014 por el Congreso de los Diputados. Este es uno de los retos que de hecho planteará el presidente de Aproser, Ángel Córdoba, al nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en la reunión que el primero pedirá al segundo en los próximos días.

Un sector diferente

En ese encuentro, Córdoba también pretende hacer ver a Zoido que la reforma laboral del Gobierno debe ser matizada en sectores en los que, como el de la seguridad privada, existe una fuerte presencia de mano de obra. "No son iguales al resto", ha asegurado el presidente de la patronal en la mencionada presentación. Córdoba ha explicado que las empresas que se descuelgan del convenio para ofrecer un precio más bajo que el resto y llevarse los concursos, que básicamente se adjudican a la oferta más barata, lo que hacen en el fondo es "competencia desleal".

El incremento durante los últimos años de empresas de seguridad que bajan el sueldo a sus empleados hasta apenas 700 euros al mes, con el fin de poder concurrir a una oferta pública lo más barato posible, está rompiendo el sector en dos. Por un lado, las mercantiles que están dispuestas a pagar por debajo de convenio y, por otro, las que tienen intención de seguir respetando el pacto con los sindicatos, que en algunos casos han declarado una auténtica guerra judicial a sociedades como Alcor o Seguridad Integral Canaria, a las que denominan piratas del sector. 

Hoy por hoy, todos están recuperados y algunos han vuelto a ejercer tareas de seguridad, ha explicado el secretario general de Aproser, quien también ha confesado sentir un poco de envidia de Francia, que sí ha homenajeado a los vigilantes que ayudaron a los ciudadanos tras los últimos atentados sufridos por el país. Se han ocultado las identidades, pero se les ha hecho algún tipo de reconocimiento con el fin de honrar y agradecer la labor que han prestado a sus compatriotas, detalla Cobas.

Hace dos años, la Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada se quejó ante la Delegación del Gobierno y la Secretaría de Estado de Seguridad de que ningún organismo público había tenido un detalle con los vigilantes. Solo la entonces delegada, Cristina Cifuentes, respondió a su petición asegurando que haría llegar sus quejas al Ministerio del Interior, que sin embargo nunca tomó una medida de reparación social.

Cobas admite que durante estos últimos 12 años el sector sí que ha homenajeado a los profesionales que actuaron el 11-M, pero se queja de que este reconocimiento no haya venido nunca del Ministerio del Interior ni de la Administración en general. Durante la mencionada presentación, el secretario general de Aproser ha destacado, en la misma línea, que la mayoría de los encuestados (el 73%) considera que la profesión de vigilante no tiene el reconocimiento social adecuado. Solo una de cada cuatro personas cree que sí.

Dan por finalizado el encierro de Segur Ibérica en Oleiros (A Coruña) al pagar la empresa los salarios pendientes

Los sindicatos CC.OO., CIG y USO, que desde el pasado miércoles mantenían un encierro en las instalaciones de Segur Ibérica en Oleiros (A Coruña) por el impago a 50 trabajadores, han dado por finalizada esta medida este martes.

La "reunión permanente" con representantes de la empresa acaba, según informa la federación de trabajadores de seguridad privada (FTSP-USO) a través de un comunicado, toda vez que el director territorial de la zona noroeste ha informado de que la compañía ha ingresado los salarios pendientes.

Esta situación, apunta USO, ha sido comprobada a través de comunicaciones de compañeros afectados. "Alcanzado el objetivo propuesto para esta reunión permanente, procederemos a finalizar la reunión en el transcurso de la tarde", indica la organización.

Por su parte, UGT, que no estaba presente en esta movilización, pero convocó concentraciones a partir de este miércoles --que mantiene hasta confirmar el cobro de las cantidades pendientes--, constata el abono de las nóminas a los empleados adscritos a la Universidade de A Coruña (UDC).

Esta central asegura a Europa Press que "ante la postura de la empresa de no pagarles a los vigilantes adscritos a los distintos servicios del Grupo Tojeiro, este cliente ha decidido retener los pagos y pagar directamente a los trabajadores afectados". Con todo, advierte de que los trabajadores consultados "aún no tenían reflejado el ingreso en sus cuentas".

Detenida una pareja en Valladolid por pegar a un vigilante de seguridad

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid han detenido a un matrimonio de 63 y 61 años por un presunto delito de robo con violencia, tras agredir a un vigilante de seguridad que le echó el alto cuando trataba de abandonar un establecimiento sin abonar distintos productos. 
Los hechos sucedieron la tarde del pasado martes día 15 en una empresa del Polígono de San Cristóbal, cuando un vigilante de seguridad, a través de las cámaras de videovigilancia, observó a un hombre y a una mujer ocultando productos entre sus ropas.

Debido a ello, cuando la pareja salía del establecimiento fue requerida por el personal de seguridad para que se dirijiera a la zona de control al objeto de comprobar si, efectivamente, se llevaba productos sin abonar. 
La mujer, lejos de acceder al requerimiento, optó por dirigirse a la puerta de salida del comercio, siendo interceptada por un vigilante momento, en el que ésta la emprendió a golpes y empujones con dicho empleado.

El marido, al observar la escena, fue hacia ellos y golpeó al mismo vigilante con el carrito de la compra para posteriormente abandonar los dos precipitadamente el establecimiento en su vehículo, huyendo por la dirección prohibida del aparcamiento, a la vez que se iban deshaciendo de algunos de los artículos supuestamente sustraídos. 
En la investigación posterior se ha podido comprobar que los productos que trataban de llevarse no superaban los 30 euros.

El matrimonio, que carece de antecedentes policiales, fue puesto en libertad tras prestar declaración en dependencias policiales. 
Estas detenciones han sido practicadas por funcionarios del Grupo Tercero de la Comisaría de Las Delicias, en colaboración con agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, ambas pertenecientes a la Comisaría de Valladolid.

Aproser presenta los resultados del estudio sobre la percepción de la Seguridad Privada en España

El 64% de los ciudadanos considera adecuada una mayor presencia de Vigilantes de Seguridad en calles y zonas comerciales. La percepción sobre los Vigilantes de Seguridad ha mejorado en los últimos años, según el 62% de los españoles. El 72% considera adecuada la mayor presencia de Seguridad Privada en infraestructuras críticas, ante el incremento de la amenaza del terrorismo internacional. En cuanto a la protección jurídica, el 53% intuye que la ley no protege lo suficiente a los Vigilantes de Seguridad. Casi tres de cada cuatro encuestados, el 72%, cree que no hay suficientes Vigilantes por habitante en España y considera que habría que acercar su número a la media europea.

Aproser, Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad, ha presentado los resultados de un estudio sociológico sobre la percepción de la Seguridad Privada en España, elaborado por Canal Sondeo. El estudio ahonda en los aspectos esenciales que inciden sobre la Seguridad Privada en España. Así, aborda temas como son la percepción y valoración del cometido de los vigilantes de seguridad, los lugares en los que la Seguridad Privada debería consolidar o incrementar su presencia, la protección jurídica y el reconocimiento social de los profesionales o los criterios de contratación de los servicios de Seguridad Privada.

Una de las principales conclusiones que se extraen del estudio es que cuatro de cada cinco españoles se siente más seguro en los lugares en los que hay presencia de vigilantes de seguridad, concretamente el 79% de los encuestados opina que se siente muy seguro o bastante seguro.

Asimismo, los encuestados se pronuncian sobre en qué lugares incrementar la presencia de los vigilantes de seguridad. En concreto, el 64% de los encuestados considera adecuada una mayor presencia de vigilantes en calles y zonas comerciales, priorizando su asistencia en horario comercial, el 48%. Por otro lado, el 45% opta por solicitar mayor presencia de Vigilantes en calles de ciudades en general y el 43% en las calles y barrios en los que residen. También valorarían positivamente que hubiera vigilantes de seguridad en otros espacios como centros escolares (colegios, institutos y universidades) y en parques y jardines. En este sentido, España cuenta con una media de un vigilante por cada 600 habitantes, mientras que en Europa es uno por cada 250 habitantes. Ante estos datos, el 72% de los perfiles contrastados cree que no hay suficientes vigilantes por habitante en España y que es necesario asemejar el dato a la media europea. A este respecto, más de la mitad de los encuestados, el 57%, no sustituiría a los Vigilantes por personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en determinadas funciones como los controles de acceso.

Con respecto a la percepción que tiene el ciudadano sobre el Vigilante de Seguridad Privada, cabe destacar que el 62% valora como buena o muy buena esta figura, mientras que sólo el 5,7% manifiesta una opinión negativa. Además, aunque para la gran mayoría de los encuestados, el 69%, su percepción no ha cambiado, el 16% reconoce que ha mejorado. En este sentido, el 24% señala el factor “sensación de seguridad” como la característica mejor valorada de los vigilantes de seguridad.

Otros motivos que aportan valor al desempeño de las labores de estos profesionales son que las tres cuartas partes, el 75% de los españoles, considera como algo necesario la función del Vigilante de Seguridad, seguido de su contribución a aumentar la seguridad ciudadana en general, el 71%, y por considerarlo una ayuda para la sociedad, el 69%.

Además, según el estudio, el 66% considera que la profesión de vigilante de seguridad es dura y el 64% indica que está poco valorada. Del mismo modo, el 52% piensa que los vigilantes de seguridad complementan adecuadamente las labores de la policía y la guardia civil.

En cuanto a la protección jurídica, el 53% intuye que la ley no protege lo suficiente a los vigilantes de seguridad y el mismo porcentaje percibe que la ley ampara más a los presuntos delincuentes que a los vigilantes de seguridad en el desempeño de sus funciones.

Ante la actual amenaza terrorista internacional, el 72% coincide en dedicar un mayor número de vigilantes en las infraestructuras críticas como son el transporte o las centrales nucleares entre otras.

El sector de la Seguridad Privada, clave en la economía y sociedad de nuestro país

La Seguridad Privada es un sector que contribuye al PIB nacional y proporciona trabajo a más de 100.000 profesionales, entre los cuales el 90% dispone de contrato indefinido. En este sentido y tal y como arroja el estudio, nueve de cada diez encuestados desconoce la aportación del sector de la Seguridad Privada a la sociedad.

Con respecto al reconocimiento social del vigilante de seguridad, continúa siendo un tema pendiente, ya que el 73% de los encuestados cree que esta profesión no tiene el reconocimiento social adecuado.

Retos pendientes que inciden en la percepción de la Seguridad Privada

Durante la presentación del estudio, Ángel Córdoba, presidente de Aproser, ha recordado aquellos retos que sin duda inciden de forma directa en la percepción de la Seguridad Privada en España. A este respecto, ha destacado las siguientes cinco prioridades; la necesidad de acometer la trasposición de la nueva Directiva Europea de Contratación Pública, el ajuste del Estatuto de los Trabajadores para un tratamiento más adecuado de las condiciones laborales de los trabajadores en sectores intensivos en mano de obra, la responsabilidad social y subsidiaria de la Administración como licitador y contratante de servicios de seguridad, la finalización y entrada en vigor del reglamento de desarrollo de la Ley de Seguridad Privada 5/2014, y el desarrollo de un modelo de formación profesional para que los futuros profesionales del sector puedan contar con las capacidades y habilidades necesarias, tal como se establece en la nueva Ley como vía complementaria de acceso a la profesión.

Metodología de trabajo del estudio

El estudio ‘Percepción de la Seguridad Privada en España’ ha sido realizado por Canal Sondeo, primer instituto 100% online en obtener el certificado Aenor que garantiza el cumplimiento de los estándares de calidad más exigentes. Para la construcción de este estudio con representatividad nacional (Cuotas N:100 por área Nielsen), se ha trabajado de forma online con 900 perfiles.

Para la elección de la muestra, se han tenido en cuenta los criterios de género, edad y región. El margen de error muestral del estudio es de +/-3,27% a un nivel de confianza del 95%. Igualmente, el presente estudio se ha realizado cumpliendo la normativa Aenor UNE – ISO 20252 de Investigación de Mercados.

Un detenido por amenazar de muerte a un vigilante y una cajera (Castellón)

La Policía Nacional detiene a un hombre en el Grao de Castellón por amenazar de muerte a dos trabajadores de un supermercado, que sorprendieron a la madre del detenido comentiendo un hurto.

Los trabajadores del supermercado, después de sorprender a la clienta comentiendo un hurto, y tras días de sospechas, pidieron a la señora que no volviese.

Tras este suceso el hijo de la mujer, y ahora detenido, acudió a la tienda y se dirigió a la cajera y al vigilante de forma agresiva y amenazándoles de muerte.

El detenido es un varón de 36 años y con antecedentes policiales.


La Policía Nacional detiene a un hombre por amenazar de muerte a los trabajadores del supermercado que sorprendieron a su madre sustrayendo mercancía.

Según un comunicado de la Policía Nacional, el 12 de noviembre se recibía una denuncia en la comisaría de Castellón. En ella, un vigilante de seguridad y una trabajadora manifestaban haber sufrido unas amenazas mientras trabajaban en un establecimiento de alimentación de Castellón. Al parecer, ambos sospechaban que una clienta habitual del supermercado podría estar sustrayendo mercancía.

El día en el que se produjeron las amenazas, "la mujer entró al supermercado para hacer la compra y cogió varias cosas, entre ellas, una cuña de jamón que había pedido en la charcutería. Al llegar a la línea de cajas no llevaba la cuña de jamón por lo que la cajera le preguntó dónde la había dejado", indican las mismas fuentes. En ese momento, sacó la cuña de jamón del bolso y se la entregó a la trabajadora. El vigilante y el gerente de la tienda, en una dependencia aparte, le dijeron que sabían que no era la primera vez que ocurría y le pidieron que no volviese a la tienda porque en caso contrario, avisarían a la policía.

Quince minutos más tarde, el marido y el hijo de la mujer acudieron a la tienda para hablar con el encargado. Según relataron en su denuncia, el hijo se dirigió a la trabajadora que se encontraba en la caja diciéndole a voces "te voy a matar, hija de puta, mora de mierda, a mi madre no le tratas de ladrona", tras lo cual salió del local y se quedó junto a la puerta.

El vigilante salió de la tienda para hablar con él y explicarle lo ocurrido, respondiendo éste de forma agresiva "te voy a matar, ya te puedes ir del Grao, quítate eso que llevas que te reto". La familia abandonó el lugar al ver que avisaban a la policía.

Tras la investigación policial, los agentes han averiguado que el presunto autor de las amenazas, ya detenido, es un joven español de 36 años de edad y con antecedentes policiales.

Miembros del comité de empresa de Segur Ibérica en A Coruña se encierran en la delegación de Oleiros


Protesta de trabajadores por los impagos y el posible ERE de la firma.


Miembros del comité de empresa de Segur Ibérica y responsables de CC.OO., USO y CIG han empezado un encierro en la delegación de la empresa, en Oleiros.

Según ha informado a Europa Press el presidente del comité, Juan Meizoso, el encierro se prolongará "el tiempo que haga falta", hasta que reciban información concreta sobre las intenciones del grupo --que anunció hace días que acometería un ERE-- y hasta que paguen a los 50 compañeros a los que, aseguran, no se les ingresó la nómina del último mes.

En total, son 10 personas las que componen el comité y están reunidas con el delegado territorial de Segur Ibérica. Anuncian que se quedarán en estas instalaciones "de forma indefinida".

"Dicen que no hay dinero, pero lo hay", ha criticado Meizoso, quien también se refiere a que se especula con que el grupo vaya a concurso de acreedores.


Los trabajadores de Segur Ibérica afrontan su cuarto día de encierro

Las instalaciones de Segur Ibérica vivieron ayer el tercer día de encierro de 11 personas que reclama la paga atrasada de 51 de los 360 trabajadores de la plantilla a los que la empresa les adeuda 65.0000 euros en sueldos atrasados. 

Hasta hace un año, Segur Ibérica era la empresa que proporcionaba vigilancia a la Fábrica de Armas, pero abandonó el servicio cuando la concesionaria de Hércules de Armamento le adeudaba ya 500.000 euros. “Hay un problema de solvencia económica y la intención de ellos es sanear la empresa con la entrada de un inversor extranjeros”, explicó Iván Blanco, de FTSP-USO. 

De momento, los trabajadores están animados y esperan que, con esta medida de presión, logren que se les empiecen a abonar los salarios la semana que viene. 

Segur Ibérica está pendiente de inicio de un ERE el día 25 a nivel nacional, según el comité de empresa formado por USO, CCOO Oy CIG. “Hay desinformación, la empresa no nos confirma cuánta realizarán los abonos de los salarios”, denuncia Blanco. Y no piensa marcharse hasta que lo hagan, así que siguen durmiendo en el suelo, en sacos de dormir. 

Por deudas

La empresa justifica el impago de los salarios por la mora que sufre de sus clientes, que no le abonan sus servicios a tiempo, y que ya acumulan una importante cantidad. 

Pero los sindicatos mantienen que ese no es problema suyo, y que los empleados están realizando su trabajo a diario. Y que, por tanto, también se les debe pagar por cada día.

La CNMC multa a Prosegur y Loomis con 46 millones por formar un cártel

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 46,4 millones de euros a Prosegur Compañía de Seguridad y a su filial Prosegur Servicios de Efectivo España, así como a Loomis Spain, por repartirse el mercado, acordar precios e intercambiar información sensible para el transporte y manipulación de fondos.

Prosegur ha sido multada con 39,4 millones de euros y Loomis Spain con 7 millones. Además, la CNMC ha impuesto sanciones a directivos de ambas compañías por valor de 52.600 euros (36.000 euros a José Luis Illana Garcia -Prosegur- y 16.600 a Juan Miguel Mata Montejo -Loomis-).

Según ha informado el organismo sancionador en un comunicado, las empresas incurrieron en una infracción única y continuada del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea durante al menos siete años, entre 2008 y 2015.

La existencia de estas prácticas anticompetitivas se ha acreditado, entre otras vías, a través de los contenidos de los correos electrónicos de los empleados en correos electrónicos, así como en la actitud adoptada por Loomis y Prosegur en el mercado con el fin de respetar la posición del rival en el mercado, afirma la CNMC.

Una denuncia anónima puso sobre la pista al organismo regulador tras dos concursos para la recogida, transporte y custodia de fondos, efectos de franqueo y filatélicos del Grupo Correos en noviembre de 2014.

La resolución no admite recurso administrativo, aunque sí a través de la vía contencioso-administrativa en la Audiencia Nacional en los próximos dos meses.

Prosegur ya ha anunciado que recurrirá la sanción al considerar que ha actuado con respeto a la legalidad vigente.

A juicio de la empresa, el organismo supervisor no ha tenido en cuenta al menos dos cosas que inciden “de manera directa” en la gestión del negocio de la logística de valores y en la gestión de efectivo: la subrogación laboral y la subcontratación.

Según ha explicado, las empresas que, como Prosegur, aplican el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad, “garantizan una importante protección al empleado”. No obstante, “esta situación se traduce en un mayor coste para el nuevo prestador del servicio cuando hay un cambio de proveedor”, pues este está obligado a asumir todo el personal del proveedor anterior que se acoja a su derecho a subrogarse.