Prisión para el hombre que le arrancó una oreja al vigilante de una cofradía (Málaga)

El vigilante, de 28 años, tuvo que ser trasladado al Hospital Comarcal de la Axarquía y posteriormente al Hospital Regional de Málaga, donde fue intervenido y continúa ingresado.

Un juzgado de Vélez-Málaga (Málaga) ha decretado prisión sin fianza para el hombre de 33 años que agredió al vigilante de seguridad del tinglado de la Cofradía del Huerto y los Desamparados del municipio, al que atacó con un bate de béisbol y le desprendió una oreja.

Fuentes judiciales han informado hoy a Efe de que el juez ha ordenado el ingreso en prisión del agresor, vecino de Torrox y con numerosos antecedentes policiales, ante la gravedad de las heridas que causó al vigilante.

El hombre se pasó en la madrugada del pasado domingo por el tinglado del Huerto y al acceder, sufrió un impacto en la cabeza con uno de los varales de los tronos y se hizo una brecha, situación de la culpó al vigilante, con el que el empezó a discutir y a decirle de que iba a denunciarlo por no advertirle del peligro.




Un empresario de seguridad despide a sus empleados por denunciar que cobran en 'B'

La Policía asegura que se limitaron a colaborar con la Justicia, que mantiene imputado al dueño de la mercantil por delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública.

El propietario de la empresa de seguridad Viriato, José L. M., despidió el pasado 10 de marzo a dos de sus empleados después de que estos denunciaran ante la Policía Nacional que cobraban en dinero negro las horas extraordinarias que echaban. En sendas cartas remitidas a los ya extrabajadores, la mercantil les comunica a ambos el despido disciplinario y argumenta que se lleva a cabo porque los dos han "transgredido la buena fe contractual". Las misivas aseguran que la sociedad toma esta decisión no por colaborar con la Justicia, sino por "manipular imágenes, documentos y hechos a sabiendas de que así, y a través de la autoridad policial, inferían un grave daño de imagen a la empresa".

El dueño de la mercantil, que se encuentra imputado por el Juzgado número 1 de Molina de Segura (Murcia) por delito contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública gracias al testimonio de estos ahora exempleados, acusa a los trabajadores de mentir en sus declaraciones, que apuntaban a que la compañía les daba "dinero en efectivo en sobres pequeños de color marrón", extremo que la Policía considera confirmado en sus informes, basados en las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación de autobuses de Cartagena, que captaron a dos vigilantes recibiendo las mencionadas entregas.

Entre 60 y hasta 500 euros

Las imágenes, concluye la Policía, "corroboran" que el pago en negro se realiza en este recinto en los citados sobres, que cuentan con una pegatina blanca donde se reflejan el nombre, los apellidos y la cantidad a percibir por el vigilante en concepto de horas extra, que fluctuaba según el mes. En concreto, se situaba entre los 60 euros de las épocas en las que menos horas extras hacían los empleados hasta los 500 que en ocasiones recibían en verano, cuando por necesidades del servicio tenían que trabajar más tiempo.La firma considera que las acusaciones de los empleados son falsas, que los sobres marrones los usa para entregar documentación laboral tipo nóminas o registros de jornada, que los testimonios ante la Policía de estos dos trabajadores y de otros estaban planificados con anterioridad, que las imágenes grabadas fueron fruto de un montaje previo y que en ellas no se puede discernir el contenido de los sobres. Todo se ha hecho, según la mercantil, con el fin de "urdir una trama para desprestigiar y hundir a la empresa".

Aprovecha de este modo Viriato para defenderse en el marco del procedimiento judicial que instruye el Juzgado número 1 de Molina de Segura tras la denuncia presentada por el abogado Ismael Franco en nombre del secretario general de la Federación de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera, Basilio Febles, quien en su escrito encuadra el comportamiento de la mercantil en el marco de los "comportamientos dañinos" que están realizando empresas de seguridad propiciados por la crisis económica.

"Las cuantías de las defraudaciones en una plantilla tan amplia como la de la mercantil denunciada es muy elevada", según el sindicato, que habla de "millones de euros" con base en "otros comportamientos similares" llevados a cabo por firmas parecidas —a las que la organización denomina 'piratas'— que también se encuentran inmersas en procedimientos judiciales. La cantidad exacta que ha defraudado Viriato, sin embargo, aún no está determinada en sede judicial, ya que por el momento no ha habido informe al respecto de la Agencia Tributaria.

Defensa adjudica los servicios de seguridad a una empresa denunciada por imponer "precarias" condiciones laborales.

El Ministerio de Defensa ha adjudicado por casi 19 millones de euros los servicios de seguridad a la empresa Marsegur Seguridad Privada, denunciada ante el Ministerio de Trabajo por el sindicato FTSP-USO por imponer "precarias" condiciones laborales a sus empleados. 

La adjudicación aparece publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras la decisión de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa. Se trata de los servicios de seguridad, de vigilantes con y sin armas, para el Departamento dirigido por María Dolores de Cospedal y sus Organismos Autónomos. 

El asunto ha llegado al Congreso de los Diputados de mano de PSOE y Unidos Podemos, que registraron sendas preguntas escritas al Gobierno manifestando su preocupación por las condiciones laborales impuestas por la empresa en un nuevo convenio colectivo.

En su respuesta, recogida por Europa Press, el Ejecutivo explicó que Marsegur había sido la adjudicataria del servicio de seguridad del Ministerio de Defensa por haber presentado la oferta económicamente más ventajosa. 


Condenan a la empresa Eulen por despedir a dos vigilantes del Pazo de Tor (Lugo)

Un juzgado de lo social de Lugo acaba de declarar improcedente el despido de un vigilante del pazo de Tor por parte de la empresa de seguiridad Eulen. Ahora tendrá que indemnizarlo o readmitirlo y será el propio trabajador el que decida con cuál de estas dos opciones se queda, porque cuando fue despedido era delegado sindical. La empresa condenada se hizo cargo de la seguridad del pazo de Tor por encargo de la Diputación en sustitución de la monfortina Alcor.

Los dos vigilantes de seguridad que prestaban servicio en esas instalaciones formaban parte de la plantilla de Alcor y reclamaban que Eulen los mantuviese en sus puestos. Tanto ellos como Alcor interpretaban que la empresa nueva estaba obligada a hacerlo por el principio de subrogación, que compromete a las concesionarias de servicios públicos a quedarse con el personal con el que se encuentren cuando ganan el contrato para gestionar una nueva concesión.

Pero Eulen se negó, con el argumento de que en ese caso no estaba legalmente obligada a subrogarlos, y los despidió. Los dos afectados demandaron tanto a Eulen como a Alcor y ahora el juzgado de lo social número tres de Lugo acaba de fallar a favor de uno de ellos. El afectado era en Alcor delegado de un sindicato denominado Central Sindical Obrera Independiente, que tiene el 30% de la representación laboral en esa empresa. Un portavoz de ese sindicato denunciaba ayer el silencio de la Diputación ante el despido de estos dos trabajadores por parte de Eulen, en contraste con la beligerancia de esta institución contra Alcor cuando la empresa monfortina rebajó los sueldos de su plantilla por debajo del convenio general del sector.

Acta y anexos Comisión Negociadora Convenio Colectivo 4 de abril de 2017

Estimados compañeros:

os mandamos el acta del día de hoy de la mesa negociadora del convenio colectivo estatal de empresas de seguridad privada.

seguiremos informando


El Tribunal Supremo desestima el recurso de impugnación por parte de AESPRI del Convenio Colectivo Estatal

Desestimado el recurso de casación interpuesto por la representación letrada de ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL -AESPRI- contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el 17 de diciembre de 2015, en el procedimiento número 284/2015, seguido a instancia del citado recurrente, en contra del Convenio Colectivo Estatal de las empresas de seguridad privada.



El Govern de Cataluña ultima un decreto que ordena el ejercicio de competencias en seguridad privada

La Conselleria de Interior de la Generalitat está ultimando un decreto que regulará el ejercicio de sus competencias en materia de seguridad privada, determinará los órganos a los que corresponde ejercerlas y organizará las funciones que ha asumido el Govern, especialmente tras la aprobación de nueva Ley de seguridad ciudadana.

Actualmente, según datos de la Dirección General de Administración de Seguridad, en Catalunya hay 13.218 vigilantes de seguridad, 353.274 conexiones de alarmas a centrales receptoras y 101 centrales con conexiones en esta comunidad.

Asimismo, hay 340 empresas de seguridad que prestan servicios en Catalunya, de las cuales 198 son exclusivamente catalanas, según la misma fuente.

En una entrevista de Europa Press, la subdirectora general de Seguridad Interior, Maite Casado, ha explicado que con la Ley 5/2014 de seguridad privada "no solo se consolidan las competencias sino que se consiguen más competencias y este decreto refuerza y recuerda que las competencias de la seguridad privada son de la Generalitat".

Tras la aprobación de dicha ley estatal, la Generalitat ha ampliado sus competencias en seguridad privada, asumiendo, además de la apertura de empresas de seguridad con ámbito de actuación en Catalunya, la de delegación de empresas que actúen en este territorio.

Según recoge el propio decreto, se han asumido las competencias relativas a la apertura de despachos de detectives y sus sucursales con domicilio en Catalunya, con la novedad de posibilidad la apertura de establecimientos mediante declaración responsable.

Corresponderá a la Generalitat la competencia de autorizar las actividades y servicios de seguridad privada que se lleven a cabo en esta comunidad, y las competencias de control, inspección y sanción se asumen en su máxima dimensión tanto en las actividades como en los servicios.

En videovigilancia, corresponde a la Generalitat autorizar la utilización de cámaras por parte de vigilantes de seguridad y guardas rurales con finalidades de seguridad privada para captar imágenes y sonido de vías y espacios públicos.

Una de las competencias que por el momento mantiene el Estado es la formación y habilitación de los vigilantes privados, por lo que de momento mantiene la elaboración de los exámenes para ser vigilante de seguridad, los programas y las pruebas, pese a que la Generalitat los reclama.

COMPETENCIAS

Corresponde a la Generalitat la autorización, recepción de declaración responsable o comunicación de apertura de las empresas de seguridad y las delegaciones, los despachos de detectives y sucursales en este mismo ámbito, las centrales receptoras de alarmas, los centros de formación, los departamentos de seguridad y los establecimientos obligados a adoptar medidas de seguridad con domicilio en Catalunya y ámbito de actuación limitado a este territorio.

Es competencia de la Generalitat, según este decreto, la autorización de actividades y servicios de seguridad privada que se lleven a cabo en Catalunya y requieren de autorización o control previo y la inspección, control y sanción estas actividades.

Además, la coordinación de servicios de seguridad e investigación privada con los Mossos d'Esquadra y Policías Locales, así como algunos aspectos de la formación en seguridad privada a través del Instituto de Seguridad Pública de Catalunya (ISPC).

Menores agreden a un vigilante de seguridad de 66 años en la estación de Abando (Bilbao)

CC.OO. Euskadi exige a la empresa que contrate más personal, ante el aumento de "este tipo de sucesos, cada vez más agresivos"

Un grupo de menores de entre 15 y 17 años agredieron, este pasado martes, a un vigilante de la empresa de seguridad Prosetecnisa, que les afeó su comprotamiento en la bilbaina estación de Abando. Como consecuencia de los golpes, el trabajador, de 66 años de edad, sufrió varias contusiones y tuvo que ser operado de un dedo, fracturado como consecuencia del incidente.

Según ha denunciado la Federación de Construcción y Servicios de CCOO de Euskadi, esta nueva agresión ocurrió el pasado martes, alrededor de las cinco y media de la tarde. El vigilante, que se encontraba solo en los servicios de la estación de Abando, recriminó su comportamiento a varios adolescentes, de entre 15 y 17 años, quienes, según apunta la central, pertenecen al Centro de Menores de Amorebieta.

Los jóvenes comenzaron a empujar al vigilante y, seguidamente, le propinaron varios puñetazos y patadas. Como consecuencia, el trabajador, de 66 años de edad, presentó varias contusiones por todo el cuerpo y un dedo fracturado, del que ha tenido que ser intervenido.

QUEJAS

CC.OO. ha advertido de que "las quejas de los vigilantes de seguridad en este servicio son abundantes", ya que durante los últimos años "este tipo de sucesos son muchos y cada vez más agresivos".

Acuerdo SIMA Convenio de Empresas de Seguridad

En el procedimiento de mediación instado por Comisiones Obreras de Construcción y Servicios contra las patronales del sector de seguridad ante los continuos retrasos para la conformación del banco empresarial de la Comisión Negociadora del Convenio Sectorial, se ha alcanzado un acuerdo para el reparto de dicho banco empresarial, de tal forma que APROSER (en quien ha delegado expresamente UAS) contará con 12 miembros en la Mesa y FES contará con 3 miembros en la Mesa.

La reunión para la definitiva constitución de la Mesa tendrá lugar el día 4 de abril de 2017.



Caos en Segur Ibérica: liquidación, impago de nóminas y 300 despidos

El BOE publica la liquidación de la empresa, que achaca su mala situación al "aumento de costes laborales" que se ha dado en 2016.

Concentración ante las puertas de la empresa en Galicia

Segur Ibérica, una empresa controlada en su capital por los fondos de capital riesgo MCH Private Equity y Corpfin, vive los últimos días de su existencia tras haber sido creada en 1999 -el Grupo Segur es de 1978- y haber llegado a dar empleo a más de 7.000 trabajadores. Todo ello es pasado que no volverá, después de haberse publicado en el BOE este mismo miércoles la liquidación de la empresa tal y como ha decretado el juzgado mercantil número 3 de Madrid.

El pasado noviembre se dio a conocer que la tercera empresa de seguridad privada de España preparaba un ERE para miles de personas. Tras varios meses de negociaciones, los sindicatos y la compañía rebajan mucho la cifra de despidos que en principio se barajó. Finalmente se despedirá a entre 200 y 300 personas que forman parte de los servicios centrales de la empresa y de aquellos guardias de seguridad que no tenían un servicio asignado. El resto de los empleados han sido subrogados a las otras compañías de seguridad -los Prosegur, Securitas, etc.- que se han ido haciendo con sus mejores contratos. Segur Ibérica tenía clientes de raigambre como Adif, AENA, Museo del Prado y aún mantiene a Metro de Madrid o Navantia, los astilleros públicos.

Pero el caos en la compañía en estos días de liquidación es total: algunas filiales han entrado en concurso de acreedores esta misma semana -concretamente Hortus Mundi, S.L, EAS Tecno System, S.L, EAS Tecnoservice, S.L., Prosenrosa, S.L. y SPN Empauxer, S.L. y unos 50 empleados reclaman que no han cobrado sus sueldos del mes de marzo y que su situación es desesperada "ya que sólo entra este miserable sueldo en muchas casas". Algunos empleados han intentado esta semana contactar con PWC, a quien ha sido adjudicada la administración concursal de algunas de sus filiales.

"El motivo ha sido el aumento de costes"

Fuentes de la compañía consultadas por este diario han asegurado que "el ERE sólo afecta al personal que no está adscrito a ningún contrato, no trabaja de uniforme, y a la parte de la estructura afectada por la liquidación. Serán entre 200 y 300 personas, menos del 10% tal y como indicamos cuando se dijo que serían 4.000 despidos. Muchos se han subrogado a otras compañías aunque la decisión final la tomará el administrador concursal".

La compañía ha asegurado que el motivo de este concurso viene dado por la subida de costes: "Hay un porcentaje muy alto de compañías de seguridad que por la subida de convenio, por ejemplo con la cotización de plus de transporte o de vestuario, nos ha repercutido en los precios. No ha sido por la guerra de precios porque nosotros no hemos sido especialmente baratos, no nos hemos descolgado del convenio. Son los costes. El año pasado la subida de costes salariales supuso un 2,5% con un IPC negativo del 0,8%. Si el sector maneja márgenes del 5%, 6% o 7% te puedes imaginar. Los años pasados quebraron Falcon y LPM y este año van a quebrar más".

Se hunden los fondos propios

Los fondos propios de la compañía han ido desapareciendo desde el año 2010, en que alcanzaron sus máximos. Así, de los 66 millones de euros que se lograron en dicho año pasaron a 44 millones en 2011, 37 millones en 2014 y 28 en 2015. Pero curiosamente la cifra de negocio apenas ha caído en la crisis, manteniéndose muy próxima a los 170 millones de euros desde el año 2008. De igual modo, los gastos en personal, también bastante estables, no superaron los 160 millones de euros en 2015 mientras la facturación era 9 millones de euros superior.

Anulan la condena al vigilante de un centro de salud acusado de agredir a un paciente (Murcia)

La Audiencia Provincial de Murcia ha anulado la pena de multa de 60 euros impuesta a un vigilante de seguridad del centro de salud Cartagena-Este, al que un Juzgado de Instrucción de esta última ciudad condenó por causar lesiones a un paciente.

Por el contrario, la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, mantiene las dos penas impuestas al paciente, por importe de 60 euros cada una, por los delitos leves de lesiones y amenazas.

El Juzgado, en la sentencia que ahora queda revocada en parte, declaró probado que los incidentes que desembocaron en el juicio se produjeron el dos de diciembre de 2015, cuando el paciente se quejó del trató que recibía en el citado centro de salud.

De la discusión -añadía el juez- se pasó a una pelea entre ambos, que resultaron lesionados.

Ahora, la Audiencia, al estimar el recurso que presentó el vigilante de seguridad, dice que "la mera existencia de dos partes de lesiones derivados de un mismo incidente no implica, necesariamente, una situación de riña aceptada".

Y añade que la actuación del apelante no es constitutiva de la falta por la que fue condenado, ya que cumplía con su obligación "frente a un usuario que estaba alterando el orden y que le dirigió, al menos, una frase de contenido amenazante".

Indica así mismo el tribunal que el vigilante estaba facultado para "para conducir fuera del local a quien estuviera alterando el orden en su interior".

Identificado el asesino del vigilante de seguridad tiroteado en El Viso (Sevilla) en 2008

  • La Guardia Civil está a la espera de que el juez de Carmona autorice una rueda de reconocimiento.
  • Ya ha sido reconocido fotográficamente por los testigos.
Ocho años y medio después, el asesinato de Jerónimo Luna, vigilante de seguridad de la empresa Prosegur muerto en un atraco el pasado 15 de julio de 2008, podría estar a punto de resolverse. Según fuentes de la investigación, el caso estaría muy próximo a su cierre, tanto que el autor material de los hechos habría sido ya fotográficamente identificado por alguno de los testigos quedando únicamente a la espera de que el juzgado de Carmona que lleva la instrucción del caso autorice la realización de una rueda de reconocimiento para afianzar la acusación. Para ello tendría que dictar una orden de detención sobre el sospechoso.


Los agentes del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil, encargados de la investigación del caso, ya se habrían entrevistado nuevamente con los testigos del asesinato de Luna, uno de los dos vigilantes del furgón blindado de Prosegur que en julio de 2008 fue atracado a tiros en El Viso del Alcor y que falleció poco después en el hospital. Por entonces se abrieron muchas líneas de investigación que no dieron los resultados esperados, pero una información recibida hace unos meses por los agentes que investigan los hechos hizo que se procediera a la reapertura del caso, encontrando por fin la llave del cerrojo.

Poco ha trascendido acerca del presunto autor del crimen. Las fuentes lo describen como un individuo muy bragado, con antecedentes por hechos de la misma índole en otras localidades de la provincia de Sevilla. Así pues, a la espera de la realización de nuevas diligencias y lo que posteriormente dictamine el juzgado, los investigadores de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil confían en poder cerrar un caso que se alarga ya por más de ocho años tras un infatigable trabajo.

El tiroteo ocurrió sobre las once menos veinte de la mañana. Luna y Castillo llegaron a El Viso del Alcor en un furgón conducido por un tercer vigilante. La sucursal del Banco Santander de la calle Real era la primera parada. Esta vía es de sentido único y es difícil aparcar en ella en las horas centrales del día. Esta circunstancia obligaba a estacionar el furgón blindado en la calle Corredera, paralela a la calle Real y que se comunica con ésta por el pasillo central del mercado de abastos. Un vez que aparcaron el furgón, donde se quedó esperando el vigilante que iba al volante, los dos profesionales de seguridad atravesaron el mercado y se dirigieron a la entidad bancaria, situada en el número 45 de la calle Real. Allí recogieron varias sacas con 100.000 euros. El atracador ya estaba a la espera.Jerónimo Luna era un padre de familia de 48 años que trabajaba de vigilante de seguridad en la empresa Prosegur. Su puesto habitual no era en ese furgón sino en la sede de la Radio Televisión Andaluza (RTVA). Sin embargo, era habitual que echara horas extras y ese martes 15 de julio de 2008 era uno de los integrantes del furgón que fue atacado en un callejón cuando regresaba de una sucursal del Banco Santander. De los siete disparos que efectuó el asesino, cinco impactaron en diferentes partes del cuerpo de Diego Castillo, el otro vigilante de seguridad, y otro en el abdomen de Jerónimo Luna, que a la postre resultó mortal. El vigilante falleció horas más tarde en el Hospital Virgen del Rocío, donde no se pudo hacer nada por su vida debido a la cantidad de sangre que había perdido.

Tras salir del banco, los dos vigilantes ni siquiera llegaron a acceder de nuevo al mercado para emprender el itinerario de regreso. En la misma rampa de acceso a la plaza de abastos, un individuo armado que circulaba en una motocicleta de gran cilindrada les disparó a bocajarro. Los dos vigilantes se desplomaron de inmediato. El atracador, que en ningún momento se quitó el casco para no ser identificado, aprovechó entonces para llevarse el dinero y huir en la motocicleta a toda velocidad.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron más de cuarenta guardias civiles, que tomaron declaración a todos los testigos del suceso y establecieron un dispositivo para controlar las salidas y entradas de El Viso del Alcor para tratar de impedir la huida del asesino. Aquella primera investigación no llegó a buen puerto y pronto se estancaría sin resultados.Todo transcurrió con el mercado abierto al público. Los vecinos y placeros huyeron despavoridos al escuchar las detonaciones. Al cesar el tiroteo llegaron las primeras personas para auxiliar a las víctimas. Luna estaba tendido en el suelo, totalmente inconsciente. Algunos de los testigos intentaron hacerle un torniquete para detener la hemorragia. El otro vigilante de seguridad apenas podía mantenerse de pie. Pocos instantes después llegaron los servicios de emergencias sanitarias del 061. Tras evaluar las heridas, optaron por la evacuación en helicóptero al hospital Virgen del Rocío, donde Jerónimo Luna moriría esa misma tarde. Su compañero fue ingresado en el hospital Virgen de Valme y pudo salvar la vida.

La empresa Prosegur sufría uno de los varapalos más duros de su historia. Los compañeros del vigilante asesinado portaron al día siguiente el féretro con los restos mortales de Jerónimo Luna hasta el cementerio de San Fernando de Sevilla, donde recibió sepultura. Los vecinos de El Viso del Alcor mostraron desde el primer momento una gran implicación y colaboración para atrapar al autor de los hechos y resolver lo antes posible un caso que ahora, ocho años y medio después, estaría sólo pendiente de que el juez autorice una rueda de reconocimiento para poder cerrarlo.

Un gaditano hijo de guardia civil que se crió en el País Vasco

La víctima del tiroteo, Jerónimo Luna Torres, tenía 48 años y era padre de un niño de ocho. Presidía en su barrio de Pino Montano la Asociación de Familias Adoptantes de Andalucía (Afaan), entidad que lleva actualmente su nombre. Luna nació en Zahara de la Sierra (Cádiz) y pasó su infancia y adolescencia en el País Vasco, donde estaba destinado su padre, guardia civil. Se instaló en Sevilla poco antes de casarse. Trabajaba para Prosegur como vigilante en Canal Sur, casi siempre en el edificio de la Cartuja, pero como tenía licencia de armas hacía de vez en cuando trabajos especiales como el de El Viso del Alcor para sacar algo más de dinero a fin de mes. Sin ser socio, Jerónimo Luna colaboraba habitualmente con la asociación Ben Basso de defensa del patrimonio, materia de la que era un apasionado. Le gustaba mucho la cultura rusa y la Semana Santa de Sevilla. Salía de costalero en la Cena.

Acta de reunión Convenio Seguridad Privada

Estimadas compañeras y compañeros:

Adjunto os remito el acta y documento anexo para vuestro conocimiento e interés.

Un Saludo
                      

                   Acta                                                                    Nota informativa

Segur Ibérica, tercera mayor empresa de seguridad, entra en liquidación tras perder 40 millones

La compañía que fue presidida por el exministro Pedro Morenés se deja una docena de contratos desde que anunció el expediente de regulación de empleo el pasado noviembre

La tercera compañía de seguridad privada del país, Segur Ibérica, ha entrado en un proceso de liquidación. Así lo refleja la propia sociedad en el Registro Mercantil, donde aparece también la apertura del concurso que inició la compañía el pasado 22 de diciembre. La firma presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) en noviembre que en principio -según afirmó la compañía- no iba a afectar a toda la plantilla (4.000 empleados), sino a un reducido número de trabajadores, extremo que ha quedado ahora en evidencia al decretarse el proceso de liquidación.

La empresa, que fue presidida por el exministro Pedro Morenés antes de su entrada en el primer Gobierno de Mariano Rajoy, es parte del Grupo Segur, que en 2015 facturó 237,95 millones de euros, un 5,7% más que el año anterior, y cuenta con un total de 7.800 empleados. Sin embargo, desde que anunció el ERE, la mercantil ha reducido considerablemente sus ingresos. En concreto, desde noviembre, ha perdido contratos que le suponían rentas superiores a los 40 millones de euros.

Las adjudicaciones que se ha dejado por el camino Segur Ibérica en estos últimos cuatro meses las había otorgado Adif (12 millones de euros), Aena (11,3 millones), Acciona (5 millones), Museo del Prado (4), Mutua Madrileña (2,1), Universidad de A Coruña (1,2), EDP España (1,2), Viesgo (1,2), ENCE (822.000 euros), Lidl (593.000), Cellnex (500.000) y Media Mark (360.000). Todas ellas han sido ahora entregadas a otras empresas de seguridad. La más reciente, la del Museo del Prado, que ha sido concedida a Prosegur, principal grupo del sector con una facturación de 896 millones de euros en 2015.

La crisis de Segur Ibérica se ha producido en un contexto complejo para el sector. El incremento de las denominadas empresas pirata -llamadas así por los sindicatos por conseguir contratos presentando ofertas muy baratas a costa de reducir los salarios de los trabajadores por debajo de convenio, una práctica fomentada por la reforma laboral- ha afectado al resto de compañías, algunas de las cuales han sucumbido y acabado funcionando igual. Entre estas últimas está Segur Ibérica, que durante los últimos años ha optado por tirar los precios para conseguir algunos contratos.

La principal patronal del sector, Aproser, paradójicamente en línea con los sindicatos, ha criticado duramente la reforma laboral que permitía este tipo de prácticas a base de bajar el sueldo hasta cantidades ridículas. De hecho, ha exigido que todos sus asociados paguen por encima de convenio si quieren seguir vinculados a la asociación, requisito que no quiso abrazar Segur Ibérica, que decidió abandonar la patronal.

Tanto la presión ejercida por Aproser como la de algunas organizaciones como la Unión Sindical Obrera (USO) contra las empresas piratas parece estar empezando a ser escuchada por las administraciones públicas, que son las principales adjudicatarias de servicios de seguridad privada. Al menos por algunas. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha revisado los baremos de adjudicación de contratos de seguridad de sus edificios después de que decenas de vigilantes se pusieran en huelga por la concesión de los servicios de la Consejería de Presidencia y Justicia a la mercantil 'pirata' Sinergias, que nada más hacerse con la adjudicación bajó el sueldo a los empleados que subrogó un 40%.

La reforma de los criterios emprendida por esta pequeña parte del sector público implica reducir el peso del factor precio en la adjudicación para que las empresas que se descuelgan del convenio tengan menos posibilidades de ganar el concurso e incrementar el de la oferta técnica, más centrada en la prestación de un servicio profesional. En esta línea, de hecho, Prosegur, por ejemplo, acaba de ganar el concurso del Museo del Prado. La mercantil contaba precisamente con el mejor informe técnico, episodio que hace pensar en la existencia de un cambio real de sensibilidad por parte de algunos contratistas públicos.

En este cambio de tendencia en la contratación también ha influido la lucha en los tribunales que la Federación de Seguridad Privada de USO ha emprendido contra las empresas pirata como Seguridad Integral Canaria, Falcon, Magasegur, Protección y Seguridad Galaica, LPM Seguridad o la ya extinta Esabe, que además de tirar los precios, según el sindicato, han defraudado a la Seguridad Social más de 80 millones de euros, como ha reconocido la propia Agencia Tributaria en los diferentes procesos judiciales que se siguen contra estas mercantiles.

Un grupo de jóvenes agrede a un vigilante de seguridad de la estación de Vilanova i la Geltrú

Un grupo de jóvenes ha agredido este sábado por la mañana a un vigilante de seguridad de la estación de Vilanova i la Geltrú (Garraf), según ha informado Renfe.

Los hechos han pasado cuando faltaban unos diez minutos para las nueve de la mañana, cuando los chicos querían pasar por el paso subterráneo de la estación para ir al otro lado de las vías, y tomar un atajo sin comprar billete. Cuando el vigilante se lo ha impedido, dos chicos y una chica lo han increpado y agredido a puñetazos y patadas.

El afectado, de 52 años, ha resultado herido de poca gravedad. Según la compañía ferroviaria, ha sufrido varias contusiones y una luxación en un dedo y ha sido evacuado en una ambulancia del SEM en el Hospital Sant Antoni Abat. Renfe ha anunciado que denunciará los hechos a los Mossos d'Esquadra. De hecho, según la compañía, esta es el punto con más vandalismo de todo Catalunya.