Un vigilante de Renfe ayuda a detener en Ourense a un hombre acusado de intentar matar a su pareja

El vecino de Vigo, de 60 años, que estaba siendo buscado tras golpear con una barra de hierro a su pareja, de 40 años –está ingresada en la UCI del hospital Alvaro Cunqueiro en estado grave–, fue detenido al mediodía de este miércoles en la entrada de la estación Ourense-Empalme.

Un guardia de seguridad lo identificó después de que una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional interceptara su coche estacionado en las inmediaciones.

El presunto agresor permanecía este miércoles en el calabozo de la Comisaría de Ourense a la espera de ser recogido por agentes del Cuerpo de Policía Nacional de Vigo para ponerlo a disposición de Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de la ciudad olívica, como presunto autor de delitos de malos tratos en el ámbito familiar y un intento de homicidio.

La agresión se produjo a las 06,10 horas del pasado día 16 en el exterior de la vivienda de la víctima, situada en la calle Numancia. Un vecino alertó al 091 alarmado por los gritos y peticiones de auxilio de la víctima, natural de Guinea Bissau. Tiene un hijo de 11 años. 

Varias dotaciones acudieron de inmediato al lugar, que según fuentes policiales es una zona marginal, en la que apenas hay iluminación pública. Los agentes encontraron a la víctima tirada en el suelo, perdiendo abundante sangre. A lado estaba su hijo, según las mismas fuentes, "tremendamente asustado". Al lugar acudió una ambulancia de Urgencias Médicas, que trasladó a la víctima al hospital Álvaro Cunqueiro para ser atendida de varios politraumatismos en la cabeza de carácter grave. Mientras, la Policía Nacional calmaba al menor, que en el momento de la agresión se encontraba en la cama. El adolescente salió en auxilio de su madre, enfrentándose al detenido, que terminó dándose a la fuga, dejando a la víctima tirada en el suelo. La Policía Nacional se encargó del menor al no encontrar un adulto que lo hiciera.

Los agentes, nada más tranquilizado el menor, fueron en búsqueda del presunto agresor, pero no lo encontraron en su domicilio ni tampoco por el casco urbano. Así, alertaron de los hechos a todas las comisarías, distribuyendo su fotografía para su identificación.

Los agentes sospechaban que pudiera haberse desplazado hacia Ourense, por lo que en las dependencias de As Lagoas ya estaban sobre aviso, interceptando su vehículo sobre las 10,00 horas de ayer en A Ponte. Los policías establecieron un dispositivo, que dio fruto sobre las 13,00 horas al identificarlo el vigilante de la estación de tren.

Los que le quitaron su arma al vigilante de una nave de logística, detenidos por la Guardia Civil

La Guardia Civil, en el marco de la Operación Visanto, ha detenido a cuatro hombres, integrantes de una banda cuyos miembros tienen edades comprendidas entre los 28 y los 35 años. Se le imputan 11 tipos distintos de delitos, entre ellos un delito de homicidio en grado de tentativa y robos con violencia e intimidación. El asunto tiene sus derivaciones también en la provincia de Guadalajara.

Se han recuperado joyas, vehículos y material sustraído con un valor de un millón de euros, así como dos revólveres y munición con los que cometían sus delitos, inhibidores de frecuencia, centralitas de clonación de llaves de vehículos, extractores de bombines, llaves maestras y dinero en efectivo, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

La operación se inició el pasado mes de octubre, cuando la Guardia Civil detectó en la provincia de Toledo varios robos cometidos en establecimientos cuyo 'modus operandi' coincidía. Estos robos se cometían en las cercanías de dos de las carreteras principales que la cruzan, la A-5 (Madrid-Extremadura) y la A-4 (Madrid-Andalucía).

Por tal motivo, los agentes centraron sus investigaciones sobre un grupo de personas que estaba actuando en las cercanías de la autovía A-4 con un alto grado de peligrosidad debido a la violencia con la que cometían los delitos, generalmente a última hora de la tarde y centrándose en naves logísticas y joyerías.

Fruto de las investigaciones, la Guardia Civil pudo constatar que se trataba de un grupo delictivo que utilizaba vehículos de alta gama como herramienta de fuerza tanto para la comisión de alunizajes como para garantizar su huída gracias a su elevada potencia, llegando a causar situaciones de extrema gravedad y riesgo cuando algún vehículo policial intentó interceptarlos.

La investigación en uno de los hechos, cometido en un establecimiento público ubicado de la A-4 a su paso por la localidad de Seseña (Toledo), llevó a los agentes hasta dos conocidos delincuentes por robos violentos. Uno de ellos residía en esta misma localidad y había participado incluso en algún reportaje televisivo por su destreza al volante.

El avance de esta investigación de la Guardia Civil determinó que otro peligroso delincuente asentado en la localidad de Ontígola (Toledo), hermano de uno de los anteriores, no sólo participaría con ellos en la comisión de los delitos, sino que sería el cabecilla de este grupo delictivo.

En Yunquera

Durante esta investigación se produjo un hecho delictivo que la propia Guardia Civil considera "de extrema gravedad" en la localidad de Yunquera de Henares, donde cinco delincuentes encapuchados y a punta de pistola, habían asaltado a un vigilante de seguridad de una nave logística y le habían sustraído su arma reglamentaria.

La Guardia Civil logró identificar los vehículos utilizados para cometer este hecho, los cuales también habían sido robados y a los que se les había cambiado la placa de matrícula.

Días más tarde, los agentes de tuvieron conocimiento de un robo con violencia cometido a unos joyeros de Córdoba cuando volvían con el género a su joyería, por cuatro delincuentes con el rostro oculto y que portaban dos armas cortas de fuego con las que habían intimidado a las víctimas.

La Guardia Civil confirmó que estos delincuentes eran los investigados, por lo que se estableció un dispositivo para su localización y detención.

En el momento de proceder a su detención, los agentes sorprendieron a estos delincuentes llegando al domicilio de uno de ellos en Ontígola (Toledo), con los dos vehículos utilizados y descargando varios bultos de gran tamaño.
Cuando éstos se percataron de la presencia policial, uno de ellos se oculto en la vivienda mientras que los otros tres huyeron a gran velocidad con los dos vehículos, intentando atropellar a dos agentes y embistiendo violentamente a dos vehículos policiales.

Finalmente,uno de los delincuentes fue detenido tras huir a la carrera y ocultarse entre la vegetación, otros dos tras colisionar con los bolardos situados en una calle peatonal y el cuarto, el que inicialmente se había introducido en su vivienda, fue localizado y detenido escondido en un agujero excavado en un descampado en la parte posterior de la propiedad.

A los detenidos se les imputan 26 delitos, de los cuales 1 es de homicidio en grado de tentativa, 1 atentado contra agentes de la Autoridad, 2 de lesiones, 2 de robo con violencia e intimidación, 11 delitos de robo con fuerza, 1 tenencia ilícita de armas, 3 de daños, detención ilegal, 2 delitos contra la seguridad del tráfico, 1 de receptación, y 2 de falsificación de documentos.

Se han recuperado joyas por valor de 500.000 euros, 8 vehículos sustraídos y otros efectos sustraídos, todo ellos con un valor de un millón de euros, así como dos revólveres (uno de ellos el sustraído al vigilante de seguridad) y munición con los que cometían sus delitos, inhibidores de frecuencia, centralitas de clonación de llaves de vehículos, extractores de bombines, llaves maestras y dinero en efectivo.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo con el apoyo del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) nº 1 de Valdemoro.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Ocaña.

Un vigilante de seguridad de un hotel salva la vida a un turista tras sufrir una parada

    Sucesos.- Un vigilante de seguridad de un hotel salva la vida a un turista tras
El vigilante de seguridad de la empresa Securitas José Juan Ortega, que prestaba sus servicios en el hotel Marylanza Suites & Spa (Arona), asociado a Ashotel, la madrugada del pasado 26 de marzo, le salvó la vida a un cliente al intervenir con un desfibrilador semiautomático (DESA) tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. 


La esposa del afectado llamó de madrugada a la recepción pidiendo ayuda, pues su marido no respiraba. Inmediatamente, el trabajador de Securitas cogió el DESA y subió a la habitación; comprobó que no respiraba ni tenía pulso y comenzó a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), lo que permitió reanimar al cliente, hasta que llegó la ambulancia de Quirónsalud Costa Adeje, que lo llevó hasta este centro hospitalario.

Allí sufrió una segunda parada y una vez que se lo estabilizó, como necesitaba un cateterismo de urgencia fue trasladado a Hospitén Sur, donde se quedó ingresado. 

El turista, de origen noruego, llegó a estar en coma; sin embargo, solo unos días después miembros de su familia informaron de que se encontraba casi totalmente recuperado y agradecieron la rápida intervención del vigilante de seguridad, que fue decisiva para salvarle la vida, tal y como confirmaron posteriormente a Ashotel sendos centros hospitalarios.

Era la primera vez que Juan José Ortega daba un uso real a un desfibrilador semiautomático y realizaba una reanimación cardiopulmonar, después de haberse formado en el uso correcto de este instrumental médico que salva vidas, más allá de las prácticas que realizó en su momento con los correspondientes maniquíes RCP. No es el primero de los incidentes de este tipo que se produce en un hotel de Tenerife con final feliz. 

En septiembre de 2016 se produjo un caso similar en Apartamentos Casablanca, en Puerto de la Cruz, también asociado a Ashotel. Situaciones así ponen de manifiesto la enorme importancia que tiene el hecho de que los establecimientos turísticos estén equipados correctamente con desfibriladores semiautomáticos y tengan, además, a su personal formado, como es el caso de este hotel. De hecho, Ashotel forma parte desde el año pasado de la red de espacios cardioprotegidos y tiene firmado un convenio con una empresa especializada para la instalación de los DESA y la formación de su personal. 

El director de Marylanza Suites & Spa, Fernando Josa, apunta que el establecimiento que dirige cuenta con un DESA desde 2015 y tiene formado a su personal. Josa considera que "es un ejercicio de responsabilidad disponer de este equipamiento en lugares públicos como los hoteles, y aunque lógicamente siempre esperamos no tener que usarlo, puede suponer -como en este caso- la diferencia entre la vida y la muerte de una persona".



Renfe aparta a nueve vigilantes de Barcelona por la agresión a un viajero sin billete denunciada por Es Racismo

Nuevas imágenes polémicas de los trabajadores de Renfe. La compañía ferroviaria ha apartado del servicio a nueve vigilantes de seguridad que este miércoles a las 21h agredieron a un viajero que iba sin billete en la estación de plaza Catalunya, en Barcelona. Los hechos han sido difundidos a través de las redes sociales por Es Racismo, que ha calificado la actuación como "brutalidad racista". 

En el vídeo registrado por un usuario de Renfe se puede observar cómo los vigilantes persiguen, rodean y golpean a un joven racializado con sus porras. Después lo tiran al suelo para detenerlo. En otras imágenes difundidas por el mismo colectivo se observa al joven sangrando abundantemente en la cara tras el incidente.

La empresa ferroviaria ha abierto un expediente informativo que, según lo que se determine, puede terminar siendo sancionador, como señalan fuentes de Renfe a eldiario.es. Mientras este expediente se resuelve, Renfe ha expulsado a los nueve trabajadores, que pertenecen a las empresas de seguridad Sureste y Ombuds, que son subcontratadas por el servicio de Cercanías.

A través de un comunicado, Renfe ha asegurado que "nunca tolerará ninguna actitud, manifestación o acción de maltrato hacia las personas". A su vez, han pedido a las empresas "formación y sensibilización del personal" para evitar este tipo de hechos, han relatado fuentes de la compañía ferroviaria a este medio. 
Agresión racista en febrero

La empresa ya tuvo que hacer frente a una agresión racista por parte de uno de sus vigilantes se seguridad en la estación de Sants el pasado mes de febrero. En esa ocasión el agente empujaba de forma reiterada a un usuario del servicio mientras le requería la documentación. 

En esa ocasión Renfe sancionó a la empresa Ombuds por la actuación del vigilante de seguridad y pidió apartar "de forma inmediata" al trabajador.

La Policía investiga a funcionarios de la Comunidad de Madrid por acoso a vigilantes


La Policía está investigando la actitud de varios funcionarios de la Comunidad de Madrid con la empresa de seguridad adscrita a la dirección de Presidencia, que depende directamente del presidente regional Ángel Garrido. En concreto, la Unidad Central de Seguridad Ciudadana, dependiente del Cuerpo Nacional de Policía, indaga casos de acoso y negligencia entre estos cargos y la empresa Sasegur. Sasegur es la firma contratada desde hace al menos cinco años para labores de vigilancia en la sede de Presidencia, situada en la Puerta del Sol.

Según la documentación obtenida por este medio, dicha unidad lleva desde finales de 2018 interrogando a testigos e investigando el papel de estos funcionarios. Tres de ellos son el técnico especialista y responsable de Seguridad de la Comunidad Pablo Aledo el técnico de Seguridad Pedro Meroño y el supervisor Carlos Correcher. Hay testimonios asegurando que estos cargos autonómicos violan la Ley de Seguridad Privada y se 
personan en lugares que no deben y dar órdenes que no les corresponde; grabaciones acosando y amenazando con despedir a vigilantes; fotos en las que se ve a empleados de seguridad privada dándoles masajes en horarios de trabajo, y otras actuaciones de carácter negligente.

En las grabaciones -este medio posee varias- se escucha a alguno de los tres funcionarios extralimitándose con los empleados: en Presidencia de la Comunidad trabajan como vigilantes aproximadamente medio centenar. En uno de los audios que ha obtenido este medio, una delegada sindical y a la vez jefe de equipo es presionada por su actividad en el comité de empresa. En otros audios se amenaza a otros compañeros con represalias como el despido. También hay fotos de vigilantes dando masajes a los altos cargos regionales. Antes de Sasegur ejercía el Grupo Control, aunque la mayoría de vigilantes ha ido subrogándose de una firma a otra.

En los testimonios recabados por la Brigada Central de Inspección e Investigación de la Unidad Central de Seguridad los testigos afirman que “las órdenes de puesto las transmiten estos señores a los propios vigilantes de seguridad, a los que en ocasiones directamente les recriminan su forma y manera de realizar su trabajo”. Según la Ley de Seguridad Privada, está prohibido que los vigilantes reciban órdenes de funcionarios. “Los técnicos de Seguridad de la Comunidad de Madrid antes citados le tienen prohibido a R.R. [encargado de Organización, Dirección e Inspección de Sasegur] el acceso a las instalaciones, facilitándole solamente el acceso hasta el cuarto de cámaras”.

Otra acta de declaración policial recoge que “estos señores hacen un control férreo y severo sobre la mayoría de los vigilantes, sobre todo los que no son de su confianza”. “Por parte de técnicos de la Comunidad de Madrid” el testigo “quiere hacer constar que reciben órdenes para realizar funciones que cree que no corresponden al servicio de seguridad, tales como recepción y custodia de paquetes para altos cargos, haciéndoles responsables de la custodia de dichos envíos”.

Otro lío en el ayuntamiento

Alguno de los funcionarios investigado ha protagonizado antaño otras polémicas. Correcher fue señalado como conseguidor en un escándalo ocurrido en junio de 2016 en una empresa dependiente del Ayuntamiento de Madrid: el Grupo Ilunión (antigua ONCE) perdió un contrato de seguridad valorado en cinco millones de euros en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del ayuntamiento por no presentar la documentación tras ganar el concurso, tal y como publicó El Independiente en septiembre pasado. Las fuentes consultadas en ese momento apuntaron a Correcher como la persona que estaría detrás de la jugada. La adjudicación final se la llevó Castellana de Seguridad (Casesa).

No es la primera vez que el nombre de Correcher aparece en alguna trama. Surgió en el escándalo de los espías de la Comunidad de Madrid, que actualmente está siendo juzgado. Y en 2005 fue condenado por acosar laboralmente a otro vigilante, al que insultaba sistemáticamente. La Comunidad de Madrid tuvo que abonar al denunciante 40.000 euros en concepto de indemnización y a distribuir una nota de disculpa entre los compañeros de la víctima.

Este medio se ha puesto en contacto con el gabinete de Presidencia de la Comunidad de Madrid el viernes para poder hablar con alguno de los investigados. Ninguno ha querido hacer declaraciones.

Condenan a empresa de seguridad a pagar las comisiones por descubierto de un empleado por retrasos en abono de la nómina

El Juzgado de lo Social número 1 de Santander ha condenado a una empresa de seguridad privada a abonar las comisiones por descubiertos bancarios de un vigilante de seguridad que sufría retrasos continuados en el cobro de sus nóminas.

El caso fue promovido por la Federación de Construcción y Servicios de CCOO en Cantabria y lo ha llevado la asesoría jurídica del sindicato, que presentó la demanda del trabajador contra la empresa de seguridad privada que incumplía los plazos establecidos en el convenio colectivo para el abono de la nómina.

Según el Convenio Colectivo estatal de empresas de seguridad, de aplicación en este caso, "el pago del salario se efectuará por meses vencidos en los tres primeros días hábiles y dentro, en todo caso, de los cinco primeros días naturales de cada mes. No obstante, los complementos variables establecidos en el convenio colectivo se abonarán en la nómina del mes siguiente al que se haya devengado, y su promedio en vacaciones se abonará en la nómina del mes siguiente al que se disfrute".

Según la sentencia, que ya es firme y de la que ha informado CCOO, al trabajador no le pagaron en tiempo y forma las nóminas de agosto, octubre y noviembre de 2017 y el impago de estos tres salarios derivó en el abono de seis comisiones bancarias por descubiertos.

El juez ha estimado que hay "una relación de causalidad entre el retraso en el abono de la nómina y el daño consistente en el pago de las comisiones por descubierto, ya que de haberse abonado las nóminas en el plazo establecido en el convenio colectivo, tales descubiertos y comisiones no hubieran existido".

Nuevo ataque con cuchillo a vigilantes del metro de Barcelona


Dos agentes de seguridad evitan una agresión con arma blanca en la parada de la línea 4 de Besòs Mar

Detenidos ocho grafiteros por los daños provocados en el Metro

Nuevo incidente relacionado con la seguridad en el metro de Barcelona. Los hechos sucedieron la madrugada del domingo pasado, alrededor de las 2:30 horas, cuando un hombre estaba en la parte de cola del tren del andén en la parada de la línea 4 de Besòs Mar. El agresor entonces se acercó a los agentes, que estaban en el otro extremo, gritándoles y amenazándoles. En un momento se sentó justo al lado de una mujer con un carrito de bebé. “El hombre estaba con una actitud desafiante y agresiva. La mujer estaba muy asustada y se había quedado con su bebé en medio, entre el agresor y nosotros. Todo era a muy corta distancia”, explica Raúl Barberán, el agente de seguridad que intervino en el suceso.

Entonces el hombre se levantó y sacó un cuchillo de grandes dimensiones, que tenía escondido en los pantalones, y se dirigió hacia el vigilante. “Me centré en la situación y solo pensaba en la mujer y el bebé. Estaba apenas a dos metros de distancia y su intención era clavarme el cuchillo”, relata Barberán.

Todo pasó muy rápido. En ese instante pasó un tren, al que subió la mujer con el bebé, y el agente rodeó al atacante por su parte derecha. Consiguió inmovilizarle mientras el otro compañero le quitó el cuchillo. Tras un forcejeo, el agresor al final consiguió zafarse y logró huir de la estación. “Mi prioridad es que nadie resultara herido. Que el atacante acabara escapando era el menor de mis problemas”, confiesa Barberán, que lleva como vigilante en el metro de Barcelona desde septiembre del 2016. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos debido a la actuación de los agentes de seguridad

“Esa misma noche en otra parada de otra línea otro compañero sufrió un botellazo en la cabeza. Es el pan nuestro de cada día”, se lamenta Barberán. Se da la circunstancia de que hace unas semanas se registró otro incidente con arma blanca en el metro. Entonces un vigilante fue apuñalado en la estación de Paral·lel cuando quiso separar a dos grupos que se peleaban.

Los Mossos han abierto una investigación y tratan de localizar al agresor

Por el momento se desconoce la identidad del agresor de la parada de Besòs Mar. Los agentes, que han denunciado los hechos a los Mossos, entregaron a la policía el arma y una gorra que se le cayó al atacante tras el forcejeo. “El cuchillo, con una hoja aproximadamente de unos 25 centímetros, estaba muy afilado. Cuando lo metí en la bolsa la cortó”, detalla Barberán, que se dedica al sector de la seguridad privada desde hace 25 años, además de dar cursos de formación en este sector.

Según la descripción del agente, el hombre era de una altura de 1.75 metros, pelo corto castaño, casi rapado, caucásico de unos 35-40 años, vestía pantalón oscuro, sudadera azul, gorra negra y zapatillas deportivas claras.

Fuentes de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) han confirmado a La Vanguardia los hechos y han detallado que “sin motivo aparente” un pasajero esgrimía un cuchillo y amenazó a los agentes. Por su parte, los Mossos d’Esquarda tras la denuncia mantienen una investigación abierta para identificar y localizar al agresor. Las fuentes consultadas desconocen la motivación del atacante y si el agresor estaba bajo la influencia de alguna sustancia o sufre algún tipo de trastorno.




Condenados dos empresarios de Pontevedra por vulnerar la libertad sindical

Dos directivos de la empresa Transegre, dedicada al sector de logística y transporte, han sido condenados por el Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra por haber vulnerado la libertad sindical de sus trabajadores.

La Fiscalía pedía para ambos dos años de prisión y su inhabilitación por haber influido en el resultado de las elecciones sindicales que se celebraron en la empresa en 2016, pero un acuerdo de conformidad ha permitido rebajar sus penas.

Tras las negociaciones entre el sindicato CIG, denunciante del caso, y el abogado de los dos acusados, los directivos de la compañía han aceptado pagar 1.620 euros de multa, a razón de tres euros diarios durante 18 meses.

Con este acuerdo, ambos reconocen, como constaba en la denuncia sindical, que actuaron "de común acuerdo y con ánimo de menoscabar la libertad sindical" de los trabajadores.

Uno de ellos interrogó a los trabajadores de la empresa sobre su afiliación sindical y quiénes eran los concretos candidatos a representantes de los trabajadores, mientras que su compañero despidió a dos trabajadores que se habían presentado como candidatos en las elecciones sindicales.

Además, impidieron la publicación del censo electoral y adelantaron las elecciones tres horas de manera unilateral, sin comunicar el cambio de hora del acto de constitución de la mesa y la posterior votación a los promotores de las elecciones sindicales.

El día de la votación también impidieron la entrada en el centro de trabajo de los representantes de la CIG, contratando para ello un servicio de seguridad privada.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Pontevedra invalidó el procedimiento de elecciones sindicales y expidió un acta de infracción contra la empresa por una infracción muy grave.

Una paciente del Hospital Álvaro Cunqueiro Una paciente del Hospital Álvaro Cunqueiro ataca a puñetazos a una vigilante de seguridadid Una paciente del Hospital Álvaro Cunqueiro ataca a puñetazos a una vigilante de seguridad (Vigo) ataca a puñetazos a una vigilante de seguridad

La agresora simuló un falso embarazo para ser atendida antes y tras el altercado, los médicos la sedaron hasta que fue detenida.

El responsable del Sindicato de Seguridad FeSMC-UGT de Pontevedra, Delmiro Álvarez, denunció la agresión sufrida por una vigilante de seguridad del Hospital Álvaro Cunqueiro por una paciente de urgencias en Vigo a las 22.30 horas de ayer. 

Todo empezó cuando la vigilante del servicio en urgencias fue requerida por el personal sanitario para que acudiese a la zona de triaje a aplacar a una mujer que se encontraba alterada. Se trataba de una usuaria que decía estar embarazada, lo que los médicos negaron, y que exigía una pronta atención.

Al llegar la vigilante, la paciente se encaró con ella y, supuestamente, le propinó varios puñetazos en la cara hasta la llegada de los refuerzos. La vigilante fue atendida en el propio servicio de urgencias y a las 4.00 horas presentó la denuncia en la Comisaría de la Policía.

La agresora, que tuvo que ser sedada por los sanitarios para tranquilizarla, fue detenida por el personal de seguridad y puesta a disposición de la Policía.

Desde UGT, denuncian la «situación de desamparo» y desprotección en la que se encuentran los vigilantes de seguridad, los cuales están continuamente expuestos a este tipo de situaciones, «mientras las administraciones miran para otro lado».

Otro sindicato, Alternativa Sindical, dice que esta es otra de tantas agresiones que desgraciadamente este colectivo sufre a diario, ante la dejación de las instituciones públicas y legislativas, por cuanto el personal de seguridad carece de protección jurídica y física ante estas repetidas agresiones.

Reacciones sindicales

UGT recuerda que no hace muchos meses, la Policía organizó en Vigo y Pontevedra unas conferencias sobre la violencia en los centros sanitarios. En ellas trasladó al Sergas la necesidad de que en los servicios de urgencias con mucho volumen de visitas o por su conflictividad, siempre deberían estar prestando servicio dos vigilantes de seguridad, ya que uno solo no puede garantizar un mínimo de seguridad ante un percance de este tipo.

Dadas las numerosas agresiones sufridas por los vigilantes en este centro sanitario, UGT solicita a la dirección del hospital que haga suyas las sugerencias de la Policía y adopte las medidas necesarias «para garantizar la seguridad de quienes están trabajando para que todos, tanto los trabajadores del centro como los pacientes, puedan disfrutar de un ambiente tranquilo y adecuado en el cual puedan desempeñar su trabajo».

En cuanto a Alternativa Sindical de Pontevedra, ha puesto estos hechos en manos de la asesoría jurídica para estudiar las causas de la agresión y denunciar a la institución hospitalaria y a la empresa adjudicataria por si carecen de un plan de estudio específico de riesgos en el puesto de trabajo.

Los servicios de vigilancia concentran casi el 60 % del mercado de seguridad privada

El mercado de seguridad privada crecerá este año un 4,3% respecto al ejercicio anterior, alcanzando una cifra de 4.500 millones de euros aproximadamente.

 Así lo refleja el estudio realizado por el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA. 

Este resultado evidencia que el sector continúa al alza, aunque a ritmo más moderado que el año pasado; a finales de 2017 se registró un incremento del 4,9% hasta 4.315 millones de euros, porcentaje muy similar al de 2016. 

Las cifras dan cuenta de la buena coyuntura económica, que favorece el buen comportamiento de la demanda, tanto de clientes profesionales como residenciales.

Las diferencias se observan también si tenemos en cuenta las diferentes áreas de actividad. 

Los servicios de vigilancia concentraron el 59,6% del mercado total en 2017, alcanzando los 2.570 millones de euros. No obstante, tienden a perder peso en el negocio global.

Por otra parte, el motor de crecimiento más importante sigue siendo la actividad de instalación, mantenimiento y conexión a CRA de sistemas electrónicos.

Durante el año pasado obtuvieron un volumen de negocio de 1.424 millones de euros, equivalente al 33% del total.

Finalmente, el mercado de transporte de fondos generó unos ingresos de 321 millones de euros, que representa al 7,4% de la totalidad.


La concentración empresarial en el sector ha quedado patente en el estudio.

Durante 2017, los cinco principales operadores aglutinaron el 58% del valor total del mercado. 

Asimismo, las previsiones de evolución del sector a corto y medio plazo apuntan a que habrá un ascenso de la demanda, y un aumento del consumo privado, la inversión y el desarrollo de nuevos productos y servicios.

Datos de síntesis, 2017

Número de empresas autorizadas (a) 1.391

Número de vigilantes de seguridad habilitados 248.820

Mercado (mill. euros) 4.315
· Vigilancia 2.570
· Sistemas 1.424
· Transporte de fondos 321

Concentración (cuota de mercado conjunta en valor) 
· Cinco primeras empresas (%) 57,9
· Diez primeras empresas (%) 70,5

Crecimiento del mercado en valor (% var. 2017/2016) +4,9

Previsión de evolución del mercado en valor
(% var. 2018/2017) +4,3

Previsión de evolución del mercado en valor
(% var. 2019/2018) +3,8

(a) por el Ministerio del Interior y las Administraciones autonómicas.

UGT inicia acciones legales contra empresas de seguridad en los aeropuertos de Valencia, Alicante, Girona y Barajas

UGT ha anunciado que ha iniciado acciones legales contra algunas de las empresas de seguridad privada que operan en los aeropuertos de Manises (Valencia), El Altet (Alicante), Girona y Madrid-Barajas por no estar aplicando las mejoras plasmadas en el acuerdo suscrito en la Mesa de Fomento entre Aena y el sector.

En un comunicado, el sindicato denuncia que algunas empresas siguen sin aplicar las condiciones acordadas, que contemplaban, entre otros aspectos, la inclusión en los pliegos
de adjudicación de una serie de cláusulas a cumplir por parte de las compañías para mejorar las condiciones laborales de los vigilantes.

UGT ya había anunciado a mediados de octubre que llevaría a los juzgados a las empresas de seguridad privada adjudicatarias de los aeropuertos que no respeten el acuerdo de Aena suscitado en la Mesa de Fomento, que venía vinculado a las nuevas adjudicaciones celebradas en su mayoría en el mes de junio de este año.

Tras la aplicación de dicho convenio UGT inicia acciones legales contra empresas de seguridad en los aeropuertos de Valencia, Alicante, Girona y Barajas

"sigue habiendo empresas que están realizando interpretaciones sobre el mencionado acuerdo que merman las condiciones económicas plasmadas en el mismo, de obligado cumplimiento", denuncia el sindicato UGT.

QUÉ DICE EL ACUERDO.

En concreto, el acuerdo establece en el ámbito económico una serie de pluses para los vigilantes de seguridad fijados en función del puesto de trabajo y rotación en los filtros, puntos que, según UGT, "no todas las empresas están aplicando en forma suficientemente correcta en consonancia con lo recogido en el acuerdo".

De hecho, recuerda que esta situación generó el pasado verano varias convocatorias de huelga con la participación de UGT en el aeropuerto de Girona, tras la que se alcanzaron acuerdos que garantizarán que los vigilantes vean "compensado su trabajo en forma clara y en consonancia con lo acordado".

UGT también indica que, con independencia de judializar este ha mantenido reuniones al respecto tanto con Aena, el Ministerio de Fomento y la patronal Aproser, en las que han defendido que las empresas deben "cumplir sin excusas con un acuerdo que conocían con anterioridad a la presentación al concurso".

En concreto, el acuerdo establece en el ámbito UGT económico una serie de pluses para los vigilantes de seguridad fijados en función del puesto de trabajo y rotación en los filtros, puntos que, según UGT, "no todas las empresas están aplicando en forma suficientemente correcta en consonancia con lo recogido en el acuerdo".

QUÉ DICE EL ACUERDO.


El plus de productividad, introducido en el convenio colectivo del sector de Seguridad Privada en junio, recoge que las empresas establecerán un sistema de retribución variable que irá ligado al cumplimiento de los objetivos de excelencia en la seguridad y trato al pasajero que Aena pueda fijar en cada uno de los expedientes de licitación.

Los vigilantes de seguridad en los aeropuertos de la red de Aena tienen derecho a cobrar un plus adicional a su salario que además subirá un 2% anual, según el citado acuerdo. Se trata de un plus de 0,68 euros por hora efectiva de trabajo, importe básico que será igual para todos, independientemente de la empresa o la instalación en la que trabajen.

A este importe se suman no obstante otros. En el caso de los encargados de los sistemas de radioscopia (los arcos de control de seguridad), sumarán una cantidad adicional de 1,19 euros por hora efectiva de trabajo, y los que gestionan los filtros, esto es, las filas de pasajeros para su acceso, añadirán otros 0,60 euros por hora.

Asimismo se reconoce el cobro de otro plus, en este caso variable, para este último colectivo de filtros, cuyo importe dependerá de las necesidades de cumplimientos de calidad que fije Aena.

La justicia europea avala que las embarazadas no trabajen de noche tras la denuncia de una vigilante.


El fallo, extensivo al periodo de lactancia, afianza el derecho a baja, también en jornada parcial, y a una prestación por los riesgos

Cuatro meses después de dar a luz a un niño, Isabel González se reincorporó a su puesto de vigilante de seguridad para la empresa Prosegur en turnos rotatorios y variables de 8 horas en el centro comercial As Termas, en la ciudad de Lugo. Parte de la jornada era por la noche. Y la trabajadora estaba dando el pecho a su hijo. Por esa razón solicitó a sus jefes la suspensión del contrato y una prestación económica, acogiéndose al riesgo durante la lactancia recogido por la ley española. Pero la mutua se negó a darle el certificado médico que acreditara la existencia de algún tipo de peligro en su caso y la solicitud acabó en el cajón. Es un requisito imprescindible, según la directiva europea sobre seguridad y salud de las empleadas embarazadas. Sin certificado, no hay baja. La afectada denunció una posible discriminación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que decidió acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para resolver varias dudas sobre la demanda. ¿Se puede hablar de trabajo nocturno aunque sea solo una parte de ese horario? ¿Se evaluaron bien los riesgos? ¿Es la trabajadora o la mutua la que deben demostrar que las condiciones laborales "no resultan técnica u objetivamente posibles o no pueden exigirse razonablemente". La justicia europea acaba de darle la razón a Isabel González y afianza el derecho "a la protección específica" de las trabajadoras embarazadas con este tipo de jornadas.

Primero, porque, efectivamente, se trata de un trabajo nocturno. La normativa en vigor no realiza "ninguna precisión sobre el alcance exacto del concepto". No existe, por tanto, ninguna limitación para que el empleo a turnos de la vigilante no fuera considerado de esa manera.

La sentencia insiste en la necesidad de que los peligros queden claros a través de un certificado médico. La evaluación "no puede estar sujeta a requisitos menos estrictos" que los aplicados "a todas las actividades que puedan conllevar un riesgo específico para estas trabajadoras". Hay que estudiar la situación "individual" de la empleada y, insiste el TJUE, "determinar si su salud o su seguridad o las de su hijo están expuestas a un riesgo". "En el supuesto de que no se haya llevado a cabo dicho examen -añade-, existirá un trato menos favorable a una mujer en relación con el embarazo o el permiso de maternidad". Lo que sucede aquí, según el tribunal europeo. No hubo "aparentemente" el estudio personalizado de los riesgos ante la negativa de Mutua Umivale y "la interesada sufrió discriminación". EL TJUE deja en manos ahora del tribunal gallego la comprobación de la negativa a la evaluación.

Anulan el despido de un vigilante al ser grabado sin que él lo supiera

El titular del Juzgado de lo Social 9 de Sevilla ha declarado nulo el despido, en junio del 2017, de un vigilante de seguridad al atribuirle hechos grabados por una cámara que los empleados desconocían y sin sospecha previa que justificase una grabación que, según el juez, vulneró su derecho a la intimidad.

En una sentencia del 3 de septiembre, a la que ha tenido acceso Efe, el juez considera que la empresa vulneró «su derecho fundamental a la intimidad, afectando a esferas de su vida privada, y, así, el propio vestir y desvestir» que realizaba en el centro de control en el que trabajando, al colocar la cámara en fecha no determinada y sin comunicación previa a los trabajadores.

Ello permitió «la grabación indiscriminada no sólo del demandante sino de cualquier otra persona que se encuentre en dicho centro de control, y de forma no limitada en el tiempo, sin que concurra causa alguna que justifique la colocación de dicha cámara», por lo que la actuación de la empresa no responde a los principios de proporcionalidad y la grabación aportada como medio de prueba para su despido «debe ser calificado como ilícito».

En su carta de despido, la empresa alegaba que en base a la grabación de la conducta del trabajador durante varias jornadas laborales de marzo, abril y mayo de 2017 -en el turno de noche en el centro de control de vigilancia- éste no realizó su servicio «de forma convenida al no prestar atención al servicio, al descalzarse, al no cumplir con las normas básicas de uniformidad, por dedicarse a ver películas en un dispositivo móvil y por dormirse durante el horario de servicio».

Falta laboral

Tras comunicarlo al comité de empresa del sindicato CSIF, al que el trabajador está afiliado, que esos hechos «podían ser constitutivos de una falta laboral y ser objeto de sanción disciplinaria», le comunicó su «despido por causas disciplinarias» por «faltas muy graves» previstas en el convenio laboral consistentes en «deslealtad, fraude y abuso de confianza», «abandono de puesto de responsabilidad», «disminución voluntaria y continuada del rendimiento», así como «desobediencia a las órdenes dadas, abuso de confianza y trasgresión de la buena fe contractual».

La sentencia recoge que en juicio ha quedado acreditado que la empresa instaló en su lugar de trabajo una cámara «ocultando su ubicación y su existencia» con la que grabó al denunciando «durante la prestación de su servicio» pero también cuando se «quitaba la camisa correspondiente al uniforme para ponerse la ropa de calle».

En el juicio, ni el trabajador despedido ni otros que testificaron dijeron haber sido informados de la existencia de dicha cámara a pesar de haber estado en el centro de control sin percatarse de ella.

Comunicación previa

Por su parte, la empresa no aportó «a la parte demandante ni tampoco al comité de empresa ni a las secciones sindicales, comunicación alguna poniendo en su conocimiento la instalación de dicha cámara, su finalidad, la posibilidad de grabación de imágenes y el uso que pudieran darse estas últimas».

El juez no ve acreditado que en el despido se vulnerase el derecho fundamental a la igualdad por edad alegado por el demandante «dado que otros trabajadores de mayor de edad no fueron despedidos» pero sí vulneración del derecho igualmente fundamental a la intimidad, por lo que en base al Estatuto de los Trabajadores, declara el despido nulo, ordena su readmisión y el pago de los salarios de tramitación.

Según explicó el abogado del demandante, Carlos Berlanga, el vigilante se encuentra ya reincorporado tras una sentencia «pionera en España» al señalar que la instalación de una cámara y la grabación de los trabajadores sin su conocimiento ni previa causa que lo justifique vulnera su derecho a la intimidad.

Detenido un joven por agredir a un vigilante de tren en Valencia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Torrent a un joven de20 años, de origen español, como presunto autor de un delito de lesiones cometido el pasado 26 de agosto en la estación de tren de Sagunt, tras al parecer agredir a un vigilante de seguridad cuando fue sorprendido viajando sin billete en un tren que provenía de Valencia.

Los hechos ocurrieron cuando el revisor de un tren que procedía de la estación del Norte de Valencia sorprendió a un joven viajando sin billete y al ir identificarlo el vigilante de seguridad, el joven le propinó un puñetazo que lo dejó tendido en el suelo, para posteriormente salir huyendo.

El joven huyó corriendo del lugar de los hechos

Según denunció entonces el sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada, al que pertenece el revisor agredido, este necesitó ocho puntos de sutura en su cavidad bucal tras ser trasladado al hospital de Sagunto.

La Policía ha informado de que este miércoles, una patrulla que realizaba labores de prevención en Torrent fue requerida por la Sala del 091 para que se dirigiera a la calle San Ernesto, donde al parecer dos hombres discutían con una mujer.

El detenido tiene antecedentes policiales

Una vez en el lugar los agentes separaron a las partes e identificaron a uno de los hombres que resultó ser el presunto agresor de un vigilante de seguridad de Renfe el pasado mes de agosto, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones.

El detenido, con antecedentes policiales, ha sido puesto en libertad, tras ser escuchado en declaración, no sin antes ser advertido de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando para ello fuese requerido.

El citado sindicato señaló entonces que este año ya se han producido "graves agresiones" contra vigilantes de Renfe: dos en las instalaciones de los talleres de Fuente de San Luis, una en la estación de Alfafar y otra en la de Algemesí, que se suman a la de agosto en Sagunto.

El personal de seguridad del aeropuerto de Ibiza convoca una nueva huelga a partir del día 20

El personal de seguridad privada del aeropuerto de Ibiza anuncia la convocatoria de una huelga indefinida a partir del día 20 por el incumplimiento de varios de los acuerdos con la anterior adjudicataria, Prosegur, tras los paros indefinidos de julio del año pasado. La presidenta del comité de empresa, Ana López, asegura que la nueva adjudicataria, Trablisa, no paga los pluses de productividad a los trabajadores eventuales y critica «los constantes cambios de turnos».

Un total de 77 trabajadores de los 116 que conforman la plantilla de seguridad privada del aeropuerto votaron a favor de recurrir por segundo verano consecutivo a la huelga, en una asamblea celebrada anteayer, con la que reclaman blindar los acuerdos alcanzados el año pasado y que Trablisa, que se hizo cargo de la seguridad del aeropuerto en abril, no quiere respetar, según la presidenta del comité de empresa.

En concreto, López criticó que la empresa no paga los pluses de productividad a los trabajadores eventuales. «El año pasado conseguimos el plus de vivienda para todos porque nos parecía injusta esta diferencia, por lo que ahora también criticamos que haya compañeros que no cobren este plus de productividad», señaló López.

El personal también reclama el abono de varios conceptos, como los gastos de locomoción. Por contra, Trablisa insistió ayer en que cumplirán con los acuerdos firmados con anterioridad, como obliga el convenio colectivo, lo que incluye los complementos pactados, los turnos de no menos de 6 horas, etc. Este compromiso está reflejado, según añadió la compañía, en las actas de las reuniones mantenidas entre ambas partes.

Aparte de las demandas económicas, la plantilla también exige turnos más estables, ya que sufren «cambios constantes». López denunció que a algunos trabajadores se les obliga a hacer turnos más largos, llegando a las 16 horas. Por ello, la plantilla quiere pactar jornadas de un máximo de 12 horas y que sólo alarguen su jornada los que quieran cobrar horas extra. Trablisa, por su parte, aseguró que este horario máximo ya se cumple y las horas extraordinarias «siempre son voluntarias».

Jornada mínima

La presidenta del comité de empresa y representante de CCOO también señaló que la empresa obliga a hacer turnos de menos de seis horas, por lo que este año ha ocurrido que algunos empleados han sido movilizados para trabajar solamente una hora y así cubrir picos de demanda en la terminal, hecho que niega la empresa.

Por último, la presidenta del comité de empresa aseguró que trasladaron estas quejas a la compañía el pasado jueves, pero no obtuvieron ninguna solución. Como consecuencia, mañana contactarán con Miguel Pardo, secretario general de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO de Balears, para registrar oficialmente esta convocatoria de huelga.

La empresa reiteró «su voluntad de diálogo permanente con la representación de los trabajadores en aras de alcanzar acuerdos y solucionar aquellas diferencias que puedan surgir en el día a día y evitar situaciones que puedan perjudicar a los trabajadores».

Eulen, condenada a indemnizar con 3.000 euros y a recolocar a un empleado por vulnerar su libertad sindical

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha condenado a la empresa Eulen Seguridad a indemnizar con 3.000 euros a un empleado, además de representante sindical de USO, y a recolocarle en su anterior centro de trabajo con el horario que tenía en el mismo, que también se había modificado.

El fallo considera que Eulen vulneró el derecho fundamental de la libertad sindical de C.M.F.S, delegado de USO y responsable regional de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato, al cambiarle de centro de trabajo y horario, según han informado a Europa Press fuentes del Despacho Enrique Ríos Argüello, que ha representado al trabajador.

Los hechos se remontan a 2017, cuando el trabajador, que llevaba prestando servicio de vigilante de seguridad nocturno más de 20 años en el edificio que alberga la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (en la calle Rigoberto Cortejoso de 23.00 a 7.00 horas), cuando tras varias denuncias ante la Inspección de Trabajo, la empresa decidió cambiarle de centro de trabajo y horario.

En concreto, en mayo del pasado año, el vigilante denunció ante la inspección que la empresa no elaboraba un cuadrante anual y ponía de manifiesto también agravios comparativos con otros representantes sindicales, acoso a trabajadores de USO y la realización de más de nueve horas de trabajo por las noches. El trabajador requería el cuadrante para saber con antelación sus horarios y días de servicio, entre otras cosas, porque el empleado tenía que cuidar de su madre mayor y enferma y necesitaba organizar horarios con su hermana para ello.

Tras la denuncia, en junio de ese año, la Inspección requirió a Eulen que elaborara los citados cuadrantes y algo más de un mes después, el 24 de julio, la empresa comunicó al trabajador que a partir de agosto cambiara de centro de trabajo de la Consejería a la fábrica Lingotes Especiales, donde también la empresa prestaba servicio. Esto supuso además un cambio en su horario, ya en lugar de 23.00 a 7.00 horas tendría que hacerlo de 22.00 a 6.00 horas.

Se da la circunstancia de que los vigilantes que estaban en Lingotes eran o afiliados a USO o se habían presentado en sus listas a las elecciones sindicales y, al entrar su compañero por las noches, perdieron el plus de nocturnidad, lo que produjo malestar entre ellos.

"REPRESALIA"

La medida fue impugnada ante el Juzgado de lo Social número 2 de Valladolid por modificación sustancial de condiciones de trabajo y por vulneración de la libertad sindical, "entendiendo que era una represalia clara contra la actividad reivindicativa del trabajador", han apuntado las mismas fuentes.

En primera instancia el Juzgado Social 2 de Valladolid consideró que había modificación sustancial porque le habían cambiado el horario, y que no había vulneración, por lo que se anuló la medida del cambio del horario (no del centro propiamente dicho) y no se impuso sanción alguna.

Ante la inicial sentencia, ambas partes recurrieron, Eulen Seguridad porque entendía que no había modificación sustancial, y el trabajador porque entendía que había represalia.

Ahora, el TSJCyL considera que sí hubo vulneración de derechos y que por tanto procede anular todas las medidas, la vuelta del trabajador a su centro y horario anterior e imponer una indemnización que la empresa deberá pagar al trabajador que asciende a 3.000 euros.

Ríos Argüello ha destacado la "calidad técnica muy alta" y que su fundamentación coincide con lo que esta parte mantuvo desde el día en que el trabajador recibió la notificación de su traslado "y que a pesar de que se intentó solucionar el problema de forma amistosa antes de interponer la demanda, incluso antes de que se publicara la primera sentencia, la empresa nunca valoró un acuerdo con este trabajador, sobre el que tiene una especial fijación por ser el miembro del Comité de Empresa más reinvidicativo".

Además, ha asegurado que Eulen Seguridad "lleva tiempo buscando deshacerse de USO en el Comité de Empresa" y "ha dirigido sus esfuerzos" frente a este delegado e "indirectamente" contra afiliados del sindicato. "Esperamos que con esta sentencia frene en sus intenciones, respete la libertad sindical de todos los trabajadores de la empresa", ha agregado el letrado.

Asimismo, ha adelantado que tras la sentencia estudian la posibilidad de exigir responsabilidades tanto a la Jefatura del Departamento de Personal como a la de Seguridad de la empresa, "puesto que igual que el resto de trabajadores están sometidos a un régimen disciplinario, los jefes de Departamento sobre los que una sentencia advierten que han represaliado a un delegado sindical no pueden quedar al margen de estas responsabilidades disciplinarias".

CCOO reclama que se reabra la negociación del reglamento de seguridad privada

El sindicato CCOO ha reclamado hoy la reapertura del proceso de elaboración del reglamento de seguridad privada que desarrollará la ley del sector aprobada en 2014, después del reciente cambio de gobierno y tras haber presentado sus alegaciones al borrador en el plazo dado por el ejecutivo anterior.

"Independientemente de las alegaciones y enmiendas continuaremos realizando las gestiones y reuniones que sean necesarias solicitando la retirada del borrador del reglamento y la apertura de un nuevo proceso de elaboración", ha apuntado hoy la Federación de Construcción y Servicios de CCOO en un comunicado.

La central ha solicitado, además, una mayor participación sindical en una nueva negociación.

Entre las alegaciones presentadas al borrador, CCOO ha destacado las referidas a la disminución de personal y medios, la limitación respecto al derecho de huelga y la falta de regulación respecto al relevo en el servicio.

También la falta de equiparación de los medios de protección y defensa con relación a los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por ejemplo, en el uso cascos protectores o chalecos en determinados eventos.

Otras alegaciones han sido referidas a la carencia de universalización de la protección jurídica a los vigilantes y la necesidad del mantenimiento de la formación obligatoria en los términos de la normativa actual, así como la mejora de la uniformidad de los trabajadores y las que se oponen a la liberalización del transporte de fondos (furgones blindados).

Las alegaciones fueron presentadas por CCOO el pasado viernes, 22 de junio, cuando terminó el plazo dado por el Ministerio del Interior el 22 de mayo al presentar el borrador.

Tanto CCOO como las centrales UGT y USO y la patronal de la seguridad privada Aproser han cuestionado el borrador y han solicitado a la nueva dirección de Interior comandada por el ministro Fernando Grande-Marlaska que dé un giro a la norma.

Duras críticas del Observatorio Sectorial de Seguridad Privada al borrador del Reglamento


El Observatorio Sectorial de Seguridad Privada, compuesto por Aproser, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FeSMC – UGT), Comisiones Obreras de Construcción y Servicios (CC.OO.) y la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP – USO) ha criticado con dureza algunos aspectos del borrador de Reglamento de Seguridad Privada, tanto en su elaboración como en su contenido.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, sus portavoces han calificado como “inaceptable”que los agentes sociales y empresariales del sector “no hayan sido formalmente consultados en la elaboración de este borrador antes de su difusión, teniendo en cuenta que todas las organizaciones pertenecen a la Comisión Nacional de Seguridad Privada, que tiene por función dicho cauce de consulta previa”.

Eduardo Cobas, secretario general de la patronal Aproser, manifestó la necesidad de contar con un Reglamento que desarrolle la Ley de Seguridad Privada cuatro años después de su aprobación. Sin negar los aspectos positivos del Reglamento, Cobas puso el énfasis en el peligro que tienen algunas de las medidas del Reglamento al “promocionar un “servicio low cost de la seguridad en detrimento de la calidad”, condición imprescindible para que las empresas de seguridad privada desempeñen eficazmente su papel colaborador de la seguridad pública que ha llevado a España a ser un modelo para otros países.

Uno de lospuntos de mayor gravedad del texto presentado “repentinamente” por el Ministerio del Interiorsegún el Observatorio es el tratamiento de la seguridad en las actividades de transporte de fondos y depósito de efectivo. Según el borrador, entidades que no tengan consideración de empresas de seguridad podrían realizar operaciones de transporte de fondos de hasta 215.000 euros y depósitos de menos de 25 millones de euros no serían considerados depósitos de seguridad. Las entidades del sector exigen la retirada de esta propuesta del trámite reglamentario que supone una “práctica completa desregulación del sector con importantes consecuencias para los ciudadanos y un debate sobre el resto de la propuesta”.

En palabras de Diego Giráldez, secretario de FeSMC-UGT, “estas medidas suponen que el
95% de las actividades que son garantizadas por empresas y profesionales de seguridad
privada con excelentes ratios de calidad, serán prestadas por empresas y personas ajenasa la seguridad”.

Esta situación, apuntan desde el Observatorio, provocaría una casi total destrucción de empleo en el sector y contribuiría significativamente a un incremento de los niveles de fraude, ya que se podrá eludir la trazabilidad y el control de efectivo al que está sometido con el actual sistema. Esta desregularización, según afirman, convertiría a España en el país europeo con menor supervisión de la gestión del efectivo por las autoridades públicas, con previsibles consecuencias en los actuales niveles de inseguridad ciudadana.

Una segunda reivindicación del Observatorio Sectorial se refiere al insuficiente tratamiento de la protección jurídica de los vigilantes de seguridad. El borrador recoge una serie de supuestos en los que los vigilantes cuentan con la protección jurídica de agente de autoridad y que mejoran la situación actual.

Sin embargo, tal como señaló Juan José Montoya, coordinador del área jurídica de CC.OO. Construcción y Servicios, las organizaciones sociales consideran que estos supuestos deben generalizarse, dada la exposición a riesgos a los que los profesionales de seguridad privada están expuestos en la prestación de sus servicios.

Igualmente, Montoya incidió en la necesidad de la equiparación en el uso de medios de protección y defensa a las que utilizan las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado cuando intervienen junto a ellos.

En esta línea de reconocimiento y exigencia de calidad de la profesión, el sector pone
énfasis en lo referente a la formación profesional necesaria para acceder al sector, para el
cual tampoco se ha contado con la opinión de las organizaciones.

Consideran que, dado el conocimiento de empresas y sindicatos, se debería haber contado con el sector para determinar los contenidos de la formación exigible para el acceso. Según Basilio Febles, secretario general de la FTSP-USO, “no es razonable que desde el Ministerio de Educación se desarrolle de forma unilateral” la materia de formación de acceso del personal de seguridad.

Otras demandas del Observatorio sobre el Reglamento de Seguridad Privada afectan al sector de vigilancia y que reducen notablemente la calidad del servicio. Entre estas reivindicaciones está la incorporación de empresas interpuestas en el proceso de contratación de servicios de seguridad o la reducción desproporcionada de las cuantías de los seguros de responsabilidad civil y garantías exigibles a las empresas. Todo ello disminuye la calidad existente y se abre la puerta al intrusismo contra el que el sector está luchando.

Según el Observatorio, no se han tenido tampoco en cuenta los requerimientos de seguridad de los servicios y de los profesionales en lo relativo a la regulación sobre la vigilancia discontinua.Según el Observatorio, con la nueva normativa se generan riesgos para los trabajadores y los servicios se hacen ineficaces. Por último, los portavoces han destacado que el borrador genera un desequilibrio entre la decisión de contratación por el cliente y la responsabilidad asumida por las empresas de seguridad privada que quiebra las políticas de sostenibilidad de las empresas socialmente responsables.