Los vigilantes de seguridad piden ser agentes de la autoridad para evitar más agresiones

Las últimas agresiones a vigilantes de seguridad que desempeñan su trabajo en ciudades como Madrid o Barcelona han llevado a este colectivo, a través de sus representantes sindicales, a exigir que se les considere agentes de la autoridad y se les faciliten más medidos de autoprotección. 

El pasado fin de semana un vigilante de seguridad del Estadio Wanda Metropolitano perdió un ojo tras ser golpeado por un hombre que quiso entrar cuando el partido estaba a punto de finalizar y no atendió a las explicaciones del trabajador, golpeándole tan fuerte que perdió el globo ocular. 

Esta agresión se suma a otras dos ocurridas a finales de octubre: una en Madrid, concretamente en la estación de Cercanías de Nuevos Ministerios, donde un hombre golpeó repetidamente a un vigilante que le pedía que pagase, hasta que la víctima fue socorrida por una chica y luego por más compañeros y policías que lograron reducir a un hombre totalmente exaltado.

La otra fue en Barcelona, donde varios pasajeros de Metro de Barcelona agredieron a tres vigilantes de seguridad, que sufrieron lesiones de diversa consideración, al intentar calmarles cuando estaban provocando alborotos en el interior de un convoy de la línea 5. UGT ha denunciado en un comunicado que en las últimas semanas el colectivo de vigilantes de seguridad privada "ha sufrido un número considerable de agresiones en el desempeño de sus funciones", que condenan enérgicamente y ante las que muestran su apoyo. 

El responsable de Seguridad Privada en UGT, Diego Giráldez, ha explicado que defenderán que en el nuevo Reglamento de Seguridad Privada, que ultima el Gobierno, se les dote de mayor cobertura legal y se conceda automáticamente carácter de agente de autoridad a estos profesionales en el desempeño de sus funciones, como ocurría hasta 1992. Partiendo de la base de que esta profesión conlleva riesgos, UGT considera que no es de recibo que no tengan consideración de agentes de la autoridad si son auxiliares de la autoridad pública en una situación de alerta 4 de nivel antiterrorista.

"Las agresiones que recibimos no pueden quedar en una simple y mera falta, en una condena leve por agresión. 

El agredir a un agente de autoridad es un delito que conlleva penas de uno a cuatro años de prisión; hay que tener presente que la Ley de Seguridad Privada obliga a los vigilante a intervenir ante cualquier circunstancia que infrinja las leyes en sus puestos de trabajo", ha añadido. 

En la misma línea, el sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada denuncia que las agresiones a vigilantes "comienzan a ser demasiado frecuentes" y pide una nueva reforma de la Ley de Seguridad Privada porque en su modificación de 2014 "no llegó a colmar las necesidades y carencias de los vigilantes" y "a día de hoy han de subsanarse de manera urgente".

"Nos encontramos en la misma situación de indefensión jurídica y desamparo que en el año 1992, cuando se rubricó la Ley de Seguridad Privada y pasamos de ser vigilantes jurados para convertirnos en vigilantes de seguridad, y nos despojaron del carácter de agente de autoridad", explica el responsable de comunicación de Alternativa Sindical, Alberto García, que aboga por recuperar esa condición y también por contar con más elementos de protección. 

Otra demanda es una mayor formación para los vigilantes, "un pilar básico para el buen desempeño de las funciones a la hora de la prestación del servicio", que debería de ampliarse en general y además ser específica cuando un profesional sea destinado a determinados lugares, como por ejemplo instalaciones militares. 

"Con todo ello se lograría acabar con la impunidad de las que gozan los protagonistas de agresiones graves como las vividas en las últimas semanas", sostiene García.

Acuerdo del Grupo de Trabajo de Seguridad Privada en las infraestructuras de transporte de competencia estatal

                             
 
           Comunicado                                                                Acuerdo
                                                                                     


Convenio Colectivo Estatal de las Empresas Privadas de Seguridad 2017-20


           
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Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad privada

Firmado un acuerdo en el Convenio estatal de seguridad privada



                             Nota informativa                        Ver acuerdo 
                                                             

Negociación Convenio Colectivo

Explicación computo permisos retribuidos,vacaciones e I.T. en la propuesta final del convenio de seguridad privada


Facua denuncia a las principales empresas de seguridad privada por sus líneas 902 de atención al cliente

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a nueve empresas de seguridad privada por remitir a los usuarios a teléfonos de alto coste, con prefijos 902, para contratar sus servicios o gestionar incidencias.

Se trataría de las principales empresas del sector: Prosegur, Securitas Direct, Eulen, Biservicius, Seguridad Integral Canaria, Visor, Marsegur, Securitas Seguridad España y Sinergias de Vigilancia y Seguridad.

La asociación ha remitido sus denuncias a las autoridades de consumo de las comunidades donde las firmas tienen sus respectivos domicilios sociales. En este caso, a las direcciones generales de comercio y consumo de la Comunidad de Madrid, donde lo tienen cuatro de ellas, y de Canarias, donde lo tendrían las otras cinco.

Las nueve empresas ofrecen numeraciones 902 como única vía para que los consumidores contacten telefónicamente. De esta forma, denuncia la asociación, los usuarios se ven abocados a recurrir a ese tipo de números ante cualquier incidencia relacionada con alarmas o servicios de seguridad contratados para sus hogares. Igualmente, Facua recuerda que los usuarios "tienen derecho a reclamar" a la empresa el importe que les suponga cada llamada a esos 902.

Esta acción está enmarcada dentro de la campaña #Stop902 de Facua para movilizar a los usuarios contra este tipo de abusos en los teléfonos de atención al consumidor. Más de cien empresas de diferentes sectores han sido denunciadas por Facua por la vulneración de la legislación de defensa de los consumidores en las numeraciones de sus teléfonos de atención al cliente e información comercial.

Como consecuencia a estas denuncias, las autoridades de consumo de Baleares han abierto expedientes sancionadores a las aerolíneas Ryanair y Air Berlin. Además, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de anunciar la apertura de cinco expedientes sancionadores contra proveedores de servicios de telecomunicaciones por ofertar a empresas la contratación de números 902 a cambio de parte del cobro de la llamada facturada a los clientes como retribución.

DENUNCIAS EN TODOS LOS SECTORES

En este año, la asociación ha presentado paquetes de denuncias por irregularidades similares contra empresas de diferentes sectores como aerolíneas, energéticas, aseguradoras, establecimientos comerciales, compañías de telecomunicaciones, Renfe -que sustituyó el 902 en julio-, la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y su filial Correo Express. La última batería de denuncias presentada por la asociación fue hace unos días contra firmas de mensajería.

La asociación advierte de que el artículo 21.2 del Real Decreto 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, indica que los teléfonos de atención al cliente en los sectores donde no sea obligatoria su gratuidad (telecos, electricidad y gas) no pueden suponer "un coste superior al de la tarifa básica", por lo que si son de pago, sólo resultan admisibles líneas móviles o fijos con prefijo geográfico.

Cermi pide acabar con discriminación de discapacitados en seguridad privada

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha pedido hoy al Ministerio del Interior que desarrolle la Ley de Seguridad Privada para terminar con la exclusión que sufren las personas con discapacidad para ejercer esta actividad profesional.

"Los preborradores del futuro reglamento" contiene medidas encaminadas a avanzar en el acceso y permanencia de personas con discapacidad en el desempeño de funciones de seguridad privada, como vigilantes de seguridad, de las que ahora están rígidamente excluidas, según ha señalado el Cermi en una nota.

Este comité ha enviado una carta al director general de la Policía, Germán López, en la que argumenta que disponer en pocas fechas de un reglamento de desarrollo de la Ley de Seguridad Privada permitirá abrir estas actividades a personas con discapacidad -a determinadas funciones y tareas- y que permanezcan como personal de seguridad a aquellas que siéndolo ya, adquieren una discapacidad sobrevenida.

El Cermi ha destacado que si se responde a sus demandas "no solo se repararía una exclusión hoy sin ninguna justificación, sino que se abrirían nichos de oportunidad laboral para muchas personas con discapacidad, que padecen tasas de inactividad y de desempleo enormemente elevadas en nuestro país", ha concluido el Cermi.

Comisión Negociadora del Convenio de Seguridad Privada.

Adjunto os remito el acta nº 16 de la reunión de la Comisión Negociadora del Convenio de Seguridad Privada para vuestro conocimiento.


Condenados a 5 años por dar una paliza a tres vigilantes en La Rambla (Mallorca)

Un juzgado penal de Palma condenó ayer a dos jóvenes a cinco años de cárcel y cinco años y medio, respectivamente, por propinar una brutal paliza a tres vigilantes de seguridad del mercadillo navideño de La Rambla, en Palma, en diciembre de 2016.

Los acusados, acompañados por dos menores que están imputados en otro procedimiento, atacaron con patadas y puñetazos y armados con un cuchillo, una cadena, una botella y un retrovisor a los perjudicados, a quienes causaron graves heridas y secuelas. También se enfrentaron a los policías locales de Palma que los arrestaron.

Los dos sospechosos, dos ciudadanos de origen colombiano de 19 y 21 años que se encuentran presos, confesaron ayer los hechos en la sede de Vía Alemania. Ambos aceptaron ser expulsados de España durante nueve años, una vez hayan cumplido las dos terceras partes de la condena.

Ante el reconocimiento de los cargos efectuado al haber alcanzado un acuerdo las defensas con la fiscal y el letrado de la acusación particular, Ramón Caubet, la magistrada dictó sentencia 'in voce' contra los dos muchachos. A uno de ellos le impuso cinco años y medio de prisión y una multa por un delito de lesiones con uso de instrumento peligroso, otro de atentado y un delito leve de lesiones. En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a un vigilante de seguridad herido con 800 euros.

Mientras, su compinche fue sentenciado a cinco años de cárcel, una multa y 1.090 euros de indemnización por las lesiones con instrumento peligroso y también por un delito de daños. El fallo ya es firme, ya que las partes anunciaron que no iban a recurrir.

Madrugada de diciembre

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 12 de diciembre de 2016. Sobre las tres menos cuarto de la mañana, los dos jóvenes llegaron a La Rambla procedentes de la plaza de España, donde habían estado causando destrozos en las casetas. Cuando un vigilante de seguridad les llamó la atención, uno de los sospechosos le lanzó una botella de cristal y le propinó una patada en la mano derecha. El guardia trató de repeler la agresión con su defensa y los acusados huyeron al llegar otro vigilante.

Minutos después, los agresores decidieron regresar. Entonces llevaban un cuchillo de sierra de 21 centímetros, una cadena y un retrovisor que habían arrancado de un ciclomotor y se abalanzaron sobre los dos vigilantes tratando de golpearles con esas armas.

Los perjudicados, atemorizados, intentaron escapar pero fueron alcanzados. Los muchachos intentaron apuñalar a uno de ellos con el arma blanca, le propinaron golpes en la cabeza con el retrovisor y le dieron numerosas patadas y puñetazos. Al poco tiempo, se unieron los dos menores, quienes atacaron a un vigilante del edificio de la Seguridad Social que trató de auxiliar a sus colegas. A este profesional le golpearon en la cabeza con una cadena.

Los dos agresores adultos fueron finalmente arrestados por la Policía Local. Durante su traslado a las dependencias policiales, uno de los procesados amenazó de muerte e insultó a los tres agentes que lo custodiaban. Además, se golpeó la cabeza contra la pared, con intención de autolesionarse y denunciar después ante el juez que había sido torturado.

Los tres vigilantes sufrieron lesiones de diversa consideración. Uno de ellos resultó herido con fracturas en la cara, la cabeza y las manos, así como con contusiones y hematomas por todo el cuerpo. Estuvo dos días hospitalizado y fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas. Tardó cinco meses en recuperarse y padece secuelas como visión doble, alteración del sueño, la memoria y la libido, cicatrices y una desviación nasal. Las otras víctimas padecieron heridas de menor entidad.

El sector de la Seguridad Privada toma las calles en todo el país para exigir el desbloqueo del convenio colectivo

CCOO de Construcción y Servicios, junto con el resto de sindicatos con representación sectorial, han salido a las calles de todas las Comunidades Autónomas del país a exigir que cese el bloqueo patronal al convenio colectivo de seguridad privada, apostando por un acuerdo con avances para el sector.

Andalucía

Los sindicatos mayoritarios del sector, CCOO de Construcción y Servicios, UGT y USO, convocaron movilizaciones en el día de ayer, secundadas en todas las capitales regionales y de provincia por miles de personas, por el bloqueo en la negociación colectiva del convenio estatal de empresas de seguridad privada y en contra de las empresas llamadas “LOW COST” que vulneran sistemáticamente los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, con retrasos continuados de salario, incluso impagos.

Tras meses de negociación, la patronal, sigue mostrando una manifiesta pasividad en abordar compromisos reales de incrementos mínimamente razonables de salarios, así como establecer elementos de avance suficientes cimentados en el diálogo social, siendo la principal preocupación del sector las continuas pérdidas de poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras y donde la patronal no está teniendo una negociación clara y real, buscando dilatar la negociación en el tiempo para ahorrar una subida efectiva para en el presente año.

La patronal y la parte social están convocados a una nueva reunión para el próximo día 26 de octubre, donde si no se ve ningún adelanto en la propia negociación, por parte de los tres sindicatos mayoritarios, CCOO de Construcción y Servicios, UGT y USO, no descartan nuevas movilizaciones e incluso una Huelga en el sector.