Interior tiene "avanzado" un reglamento de seguridad privada para combatir el intrusismo, aunque consultará al sector

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este viernes que el primer borrador del reglamento de seguridad privada se encuentra en un "avanzado estado de elaboración" y que "en un corto plazo de tiempo" se iniciará su tramitación, durante la que se ha comprometido a consultar y "considerar" las opiniones del sector.

El nuevo escenario normativo, ha explicado, debe ser "contundente" contra el "intrusismo laboral" y la "competencia desleal". A su juicio, estas "malas prácticas" deben ser "combatidas" porque "dañan de manera injusta" la imagen" del sector de la seguridad privada.

Así lo ha manifestado Zoido durante su intervención en el acto de celebración del día nacional de la seguridad privada, en el que han sido condecorados 60 trabajadores de este ámbito por su labor en el desempeño de sus actividades en materia de seguridad y protección y colaboración con las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado.

Según ha recalcado Zoido, el sector "tiene inquietudes de mejora". En su opinión, una de ellas es el desarrollo de un reglamento "que aproveche" todas las "mejoras" de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.

El reglamento, que será aprobado mediante un Real Decreto, ya cuenta con un borrador "avanzado", según ha adelantado Zoido. En este sentido, ha asegurado que ya se ha "cerrado" una primera versión realizada por un equipo de trabajo integrado por representantes de la Guardia Civil, Policía y del Ministerio del Interior.

LA TRAMITACION COMENZARA A "CORTO PLAZO"

"En un corto plazo de tiempo se va a iniciar su tramitación, si bien anticipo que va a ser amplia y extensa y va a contar, por supuesto, como elemento primordial con la preceptiva consulta al sector", ha afirmado Zoido, que se ha comprometido a "valorar" y "considerar" sus aportaciones. "Tenemos que conseguir entre todos tener un reglamento que cumpla las expectativas que se han generado en el sector", ha subrayado.

Asimismo, Zoido ha hecho hincapié en la necesidad de la colaboración entre todas las administraciones para combatir tanto el intrusismo como la competencia desleal del sector de la seguridad. "Para nosotros es fundamental que la seguridad pública y la privada colaboren y cooperen activamente", ha sentenciado Zoido.

PREVENIR DELITOS Y PROTEGER

El ministro ha destacado que la seguridad privada, que tiene "cinco siglos de historia", es "el actor principal" para la prevención del delito y la protección de las personas y bienes.

Además, ha recalcado la contribución de este sector no solo para la seguridad ciudadana, sino para la creación de riqueza y empleo. Concretamente, ha dicho que más de 1.500 empresas, cerca de 337.000 trabajadores pertenecen a este sector cuya facturación ascendió en 2016 a 3.500 millones de euros, "un 3,6% más" que en 2015.

En esta línea, ha expuesto que existen actualmente 1.400 despachos de detectives, casi 1.300 centros de formación y 110.000 vigilantes de seguridad: "La actividad de la seguridad privada es enorme", ha apuntado, insistiendo en que existe una "obligación" de apoyar a este sector.

Zoido, que ha presidido el acto, ha estado acompañado por el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, por la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, el director general de la Policía, Germán López Iglesias, y el director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, entre otras autoridades.

Cientos de vigilantes de seguridad se manifiestan contra recorte de derechos (Madrid).

Cientos de vigilantes de seguridad -unos 600 según los organizadores- se han manifestado hoy frente a la sede de la patronal Aproser para demandar un convenio colectivo estatal que no suponga un retroceso en sus condiciones laborales, como en su opinión ocurre con la propuesta que han hecho los empresarios.

La concentración ha sido convocada por organizaciones del sector como el Sindicato Libre de Seguridad (SLS), Alternativa Sindical y el Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad (ATES), frente a la sede de Aproser (Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad), ubicada en la calle Marqués de Urquijo de Madrid y que aglutina aproximadamente al 75 % de las empresas.

Ha transcurrido entre las doce y las dos de manera pacífica con la asistencia de varios cientos de vigilantes, hasta 600 según los organizadores, tres días antes de que se conmemore el Día de la Seguridad Privada.

No la han apoyado los sindicatos mayoritarios del sector -UGT, CCOO y USO-, que son los que han recibido la propuesta en la Mesa de Negociación del convenio colectivo estatal, que se renueva cada cuatro años para unos 200.000 trabajadores, según han precisado a Efe dirigentes de SLS y de Alternativa Sindical.

El secretario general de SLS, Rafael Saldaña, ha explicado que la propuesta supone un recorte en los derechos laborales al pretender mantener los salarios congelados, eliminar algunos pluses, bloquear la antigüedad o modificar el derecho a subrogación de los trabajadores.

Ha confiado en que, tras la concentración de hoy, Aproser se replantee esa propuesta, ya que de lo contrario convocarán más movilizaciones.

En la misma línea, el coordinador de Comunicación de Alternativa Sindical, Alberto García, ha anunciado futuras protestas si no se mejora una proposición "ruin, escasa y mezquina" que supone "un atraco a los derechos de los trabajadores".

"La propuesta menoscaba y lesiona, aún más, el poder adquisitivo de los vigilantes de seguridad y sus especialidades a la vez que los pocos derechos sociales que, de por sí, ya tienen", ha añadido García antes de subrayar que "las empresas de seguridad facturan miles de euros obteniendo grandes resultados económicos al cierre del año".

Vigilante acusado de dar paliza a un joven en Las Rozas: "nadie le golpeó"

Un vigilante de seguridad acusado de agredir violentamente a un joven en septiembre de 2007 en la estación de tren de Pinar de Las Rozas ha asegurado hoy que "nadie le golpeó" y que "en ningún momento" hizo uso de la defensa para agredir a la víctima.

La Audiencia Provincial de Madrid ha celebrado el juicio hoy -que ha quedado visto para sentencia- contra Manuel I.G., que se enfrentaba a una petición inicial de siete años de prisión por un delito de lesiones con resultado de gravedad en uno de los testículos de la víctima.

Sin embargo, la fiscal ha rebajado en sus conclusiones finales la petición a dos años de cárcel después de que, durante el transcurso de la vista, una de las médicos forenses que han comparecido como perito haya negado cualquier vinculación entre los presuntos golpes del vigilante y la lesión testicular que presenta la víctima.

En su declaración, el acusado ha relatado que la noche del 28 de septiembre de 2007 se inició un incidente entre varios jóvenes en el interior de un vagón, a la altura de la citada estación, y que una vez en el andén persiguió y agarró a uno de ellos.

"Forcejeamos, nos caímos al suelo y me ayudaron unos compañeros, pero en ningún momento le agredí ni saqué la defensa", ha asegurado el procesado, al tiempo que ha insistido en que "incluso refugié detrás de mí al joven, porque había gente tirando piedras y palos contra nosotros".

Sin embargo la víctima ha asegurado que tras el incidente salió corriendo "asustado" y que entre cinco vigilantes le "pegaron en el costado", además de golpearle en los testículos.

"La persona que me sujetó me agredió y luego disparó al aire", ha continuado el joven, quien ha descrito al presunto agresor como "rubio, vestido de azul y de la empresa Falcon", elementos que, como ha señalado la defensa, no coinciden con el acusado ni con el uniforme propio de la empresa para la que trabaja.

Por su parte, los vigilantes que han comparecido como testigos han coincidido en calificar la situación de "muy grave", hasta el punto, según las versiones de los compañeros del acusado, de "temer por la vida".

Uno de ellos ha explicado que un chico le roció la cara con un extintor y que a un compañero unos jóvenes "le partieron un brazo por siete sitios".

No obstante, el momento determinante de la vista ha sido la declaración de una médico forense que ha modificado el informe que obra en la causa y en el que ha descartado que la atrofia testicular de la víctima -que agravaría la responsabilidad penal del acusado- se produjera por golpes.

Tras esto, la Fiscalía ha rebajado su petición de pena en cinco años al no existir gravedad en el resultado de las presuntas lesiones mientras que la defensa han pedido la absolución del acusado "al no quedar acreditado ni la autoría ni la vinculación entre la presunta agresión y las lesiones producidas".

Un hombre condenado por agredir a una persona es inspector de Seguridad en Renfe Cercanías (Madrid).

J.J.G.S. trabaja como inspector de Seguridad en Renfe Cercanías de Madrid a pesar de haber sido condenado por un delito de lesiones. En diciembre de 2011 el Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid le condenó a un año de cárcel y el pago de una indemnización de 12.200 euros a un joven que había intentado colarse en el tren. Según la sentencia, todo empezó con una discusión en la que participaron el agredido, J.J.G.S. y otros dos vigilantes de Seguridad en la estación de Cercanías Sierra de Guadalupe de Madrid. Tras un intercambio de insultos, la víctima salió al exterior de la estación para coger dos piedras y regresó de nuevo para lanzárselas aunque no llegaron a impactar en ellos.

Condenado por agredir a un hombre que estaba "en el suelo, indefenso"

En ese momento, J.J.G.S., "que como guía canino portaba al perro de raza pastor alemán Ory asegurado en Securitas, le quitó el bozal de la boca y le soltó la correa saliendo el animal tras José Boada [la víctima] que corrió al exterior del recinto, alcanzándole el perro, tirándolo al suelo y mordiéndole en las extremidades inferiores y antebrazo. Cuando José se encontraba en el suelo, indefenso, los tres acusados se acercaron y al unísono, con sus defensas reglamentarias, le golpearon reiteradamente en diversas partes del cuerpo”.

La agresión produjo a la víctima diferentes heridas y le dejó como secuelas un síndrome postraumático cervical leve y varias cicatrices.

Tener antecedentes penales provoca inhabilitación

La Ley 5/2014, de Seguridad Privada marca como requisito para ejercer como vigilante de seguridad que no se tengan antecedentes penales por delitos dolosos. “La pérdida de alguno de los requisitos establecidos en este artículo producirá la extinción de la habilitación y la cancelación de oficio de la inscripción en el Registro Nacional”.

La condena, por tanto, suponía para los tres una inhabilitación para realizar labores de seguridad privada al tener antecedentes penales. Sin embargo, JJ.J.G.S. continuó trabajando para Renfe Cercanías como inspector de Seguridad, una puesto que, según las fuentes consultadas, sólo puede ejercerse con delegación del director de seguridad y gozando de la habilitación correspondiente, es decir, no tener antecedentes penales, a tenor de lo establecido en la vigente ley de seguridad privada.

"Régimen de terror"

Sergio Sánchez, portavoz del sindicato SILVIA (Sindicato Libre de Vigilantes Asambleadxs), considera “escandaloso que una persona con estos antecedentes pueda coordinar y guiar a los vigilantes” y se pregunta en manos de quién están. “Es inadmisible, luego nos quejamos de que pasan cosas”, concluye.

Por otro lado, al sindicato han llegado “múltiples quejas” de vigilantes, asegura, por la actitud de J.J.G.S.. “Son víctimas de un verdadero régimen de terror ya que este señor, junto con otros inspectores, se dedica a reprimir ferozmente el trabajo de los vigilantes, que sufren sanciones por supuestas faltas laborales que o bien no son ciertas, exageradas o sacadas de contexto”.

Labores de vigilancia sin placa y la vestimenta obligatoria

J.J.G.S. trabaja en el servicio de Renfe Cercanías coordinando el servicio de los vigilantes y realizando funciones de seguridad incumpliendo la ley. Así, se le pudo ver el 22 de marzo de 2016, durante un operativo policial de prevención antiterrorista, vestido de paisano con un chaleco reflectante en el que figura la palabra Seguridad con grandes letras. La ley de Seguridad Privada establece que estas funciones a pie de calle sólo se pueden ejercerlas con un uniforme homologado y autorizado por el Ministerio del Interior. Además, especifica que los agentes deben estar integrados en la plantilla como tales y él no figura como vigilante sino como inspector.

Todos los vigilantes de Renfe Cercanías llevan el uniforme preceptivo de su empresa y el chaleco reflectante encima. Además, están obligados a llevar una placa identificativa con su número de TIP (tarjeta de identificación personal). J.J.G.S. no cumplía con ninguno de estos requisitos.

Silencio de Renfe

ELPLURAL.COM ha intentado obtener una valoración de Renfe sobre estas irregularidades. Sin embargo, la compañía ha declinado hacer ningún tipo de comentario.

Fiscal pide 7 años de prisión a vigilante por paliza a un joven en Las Rozas (Madrid).

La Fiscalía solicita en sus conclusiones provisionales siete años de prisión para un vigilante de seguridad por agredir violentamente a un joven en septiembre de 2007 en la estación de tren de Pinar de las Rozas al relacionarle con unos incidentes ocurridos en un vagón.

La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado para el jueves próximo el juicio por esta causa, informa la Fiscalía, que reclama al acusado que indemnice a la víctima con más de 23.000 euros por las lesiones y las secuelas de la paliza.

Según el fiscal el acusado se encontraba sobre las doce menos cuarto de la noche del 28 de septiembre de 2007 en la citada estación realizando funciones de seguridad.

Añade que por motivos que se desconocen se inició un incidente entre varios jóvenes en el interior de un vagón motivo por el cual acudió para ver qué ocurría y fue entonces cuando vio bajarse del tren a uno de ellos y "sin más" empezó a perseguirle.

El fiscal relata que una vez reducido el joven y "actuando con la intención de menoscabar su integridad física" el acusado le golpeó "violentamente" con una defensa que portaba en las piernas y en los testículos.

A consecuencia de los golpes el joven sufrió una contusión testicular y una herida en la pierna derecha.

Cárcel y multa de 4.300 euros por agredir al vigilante de una perrera de Echauri (Navarra) a la que accedió para buscar a su perro

El Juzgado de lo Penal número 1 de la Audiencia de Pamplona ha condenado a un hombre a ocho meses de prisión y una multa total de 4.320 euros por tres delitos diferentes que cometió al acceder ilegalmente a una perrera de Echauri para intentar localizar a su perro, que se le había perdido. 

Tal y como concreta la sentencia del juez, los hechos ocurrieron un 28 de abril de 2016 sobre las 19.15 horas de la tarde, cuando el acusado accedió a un centro de protección animal de la localidad navarra de Echauri, conociendo que estaba cerrado al público y accediendo a su interior tras saltar la valla que lo rodea.

Una vez dentro, relata el juez, intentó abrir las puertas de los boxes de los animales "en busca del perro de su propiedad que creía se encontraba en el centro de protección". 

Fue en ese momento cuando un empleado del centro, le llamó la atención e intentó que saliera del lugar. Entonces, la reacción agresiva del ahora condenado se tradujo en intentar causar un menoscabo en la integridad física del vigilante, con el que comenzó un violento forcejeo. 

Su propósito era llevarse al animal y, con esta intención, retorció la mano del hombre y ambos cayeron al suelo. A consecuencia de la agresión, el vigilante y trabajador del centro sufrió distintas policontusiones y dolor en bíceps izquierdo. El perjudicado sufrió ochenta y un días de perjuicio personal básico y tres días de pérdida de calidad de vida moderada. 

La resolución judicial, que no es firme, condena a este hombre como autor de un delito de realización arbitraria a una multa de 1.440 euros. Además, se le condena por otro delito de allanamiento de establecimiento abierto al público fuera de las horas de apertura a 8 meses de prisión y 1.260 euros de multa. Por último, tendrá que hacer frente a una sanción de 1.620 euros como responsable de un delito de lesiones, por agredir al vigilante de seguridad que estaba dentro del establecimiento.

El Senado rechaza recuperar ayudas a seguridad privada de atuneros del Índico

El PNV ha pedido hoy en el Senado recuperar las ayudas estatales a la contratación de seguridad privada en los atuneros del Índico para evitar los ataques piratas, en una moción que solo ha apoyado el PSOE y que han rechazado el PP y Unidos Podemos.

El senador del PNV José María Cazalis ha defendido dicha iniciativa durante su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Cámara Alta, donde ha recordado que el Gobierno otorgó hasta 2012 esos apoyos, que costeaban el 25 % de la contratación de guardias privados a bordo de los atuneros.

En la moción, ha planteado restablecer la ayuda y "compensar" a los atuneros por lo "adeudado" debido a su interrupción, lo que tendría un coste presupuestario de dos millones de euros.

Las ayudas empezaron a otorgarse en 2009 tras un acuerdo entre empresas atuneras y el Gobierno, para financiar la seguridad privada a bordo de los buques, ante la afluencia de ataques piratas: un 25 % la cubrían los armadores, un 25 % el Ejecutivo central y un 25 % los autonómicos (en concreto, Cazalis se ha referido al País Vasco).

Ha señalado que el Gobierno "dejó de cumplir su compromiso unilateralmente" y retiró la partida correspondiente de los presupuestos en 2012.

El senador vasco ha admitido que si bien el problema de la piratería no es el mismo que durante los años en que se otorgaron las ayudas "cualquier reducción de la presencia de tropas militares o de seguridad privada" vuelve a disparar ese tipo de ataques y sigue habiendo riesgo.

Asimismo, ha aludido al "desplome" de los precios de los túnidos y la competencia desleal de flotas de otros países, que hacen que la flota no viva un "gran momento".

Entre los portavoces de los grupos parlamentarios, solo el del PSOE ha expresado su apoyo a la moción; el PP y Unidos Podemos han manifestado su rechazo a la propuesta, mientras que ERC y el Partido Demócrata o antigua CDC (Grupo Mixto) han anunciado su abstención.

En nombre del PP, Miguel Fidalgo ha justificado su rechazo porque este partido no cree que sea necesario continuar con la ayuda.

Ha añadido que en el acuerdo entre PP y PNV sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2017, aprobado la semana pasada, "no viene ni una palabra sobre la pesca" y que si el Grupo Vasco hubiera considerado que el apoyo era tan necesario "seguro que lo hubieran incluido" en el pacto.

Asimismo, ha señalado que la piratería casi ha desaparecido en la zona del Índico y que los barcos pueden faenar en condiciones de seguridad.

Juan Carlos Pérez Navas (PSOE) ha apoyado restablecer las ayudas a la guardia privada de los atuneros, que se concedieron durante el Gobierno socialista, para incentivar medidas de "autoprotección", porque aunque el riesgo ha disminuido "la posibilidad de ataques" piratas es un "serio peligro".

Vanessa Angustia (Unidos Podemos) ha manifestado que la moción "no resuelve ningún apoyo a los trabajadores del mar" y contribuye a los beneficios de las empresas, además de señalar que para combatir la piratería habría que atacar el "problema esencial", que es la pobreza en los países de la zona, como Somalia.

CC.OO. amenaza con movilizaciones en el sector de la seguridad privada por los cambios del convenio

El Sindicato Provincial de Construcción y Servicios de CCOO de Córdoba ha calificado de «intolerables» las pretensiones de las patronales FES y Aproser en la negociación del convenio colectivo del sector de la seguridad privada en la provincia. Por ello, el sindicato advierte de que «si la patronal no modifica su actitud el casi millar de trabajadores y trabajadoras del sector de la Seguridad Privada de nuestra provincia se verán abocados a movilizaciones».

El sindicato denuncia que las patronales insisten en mantener una «postura irrespetuosa con propuestas miserables y promoviendo recortes inaceptables» para el convenio colectivo, como elevar la jornada laboral, flexibilizarla, eliminar la antigüedad para las nuevas contrataciones y congelarla para las actuales o eliminar o adaptar pluses, categorías, descansos y ascensos.

Para el sindicato, la patronal «intenta justificar estas desfachatadas propuestas por el número de descuelgues de convenio», provocados por los «raquíticos» concursos publicados de las administraciones públicas. Según CCOO los planteamientos de la patronal se basan en «demoler las condiciones laborales de las plantillas y cargar a sus espaldas recortes en las condiciones económicas, laborales y sociales propiciados por las administraciones, que favorecen la precariedad y bajos salarios, a la vez de otorgan concursos públicos a las empresas más económicas, respetuosas o no las condiciones laborales de los trabajadores».

Trabajadores de seguridad de Metro convocan huelga hasta este martes por "impago de sus salarios"

Trabajadores de seguridad de Metro de Madrid pertenecientes a la empresa 'Seguridad Integral Canaria' han convocado una huelga que se prolongará hasta este martes para protestar por el "impago de sus salarios", ha informado UGT en un comunicado.

'Seguridad Integral Canaria' se encarga de prestar sus servicios de seguridad de vigilancia en la Zona Centro, Metro Sur, Línea 11, Suroeste de Línea 5, Línea 10 y parte de la línea 6.

Según ha informado el sindicato en un comunicado, ayer sábado, primer día de paros, el seguimiento fue "mayoritario" entre los vigilantes de seguridad pertenecientes a esta empresa. Además, indica que la empresa no nombró los servicios mínimos establecidos por la Delegación de Gobierno, "quedando en descubierto numerosos puestos".

A juicio del sindicato, este hecho es "especialmente grave" si se tiene en cuenta que Metro es "una infraestructura esencial" y que el establecimiento de servicios mínimos es "una imposición legal establecida en la normativa de seguridad privada".

En este sentido, UGT ha defendido que los trabajadores de la propia red de Metro y los usuarios de este medio de transporte "se merecen que el Gobierno de la Comunidad no haga dejación de funciones en asuntos tan importantes como garantizar la integridad y seguridad". "Contratar con empresas solventes y fiables debe ser una prioridad de cualquier administración pública", ha sostenido.

GARANTIZAR "CONDICIONES ÓPTIMAS" EN LA SEGURIDAD

Asimismo, UGT ha indicado que la dirección de Metro es "responsable de contratar y mantener a una empresa que se viene caracterizado en el sector por precarizar el empleo, cuyo único valor es ofertar el precio más bajo", no importando, a juicio de este colectivo, "la eficacia y calidad del servicio ofertando".

"No es admisible que Metro de Madrid, contrate sus servicios de seguridad privada con empresas que practican el 'dumpping social', convirtiéndose así en cómplices de situaciones de fraude e incumplimiento continuo de la legalidad", ha denunciado UGT.

Por este motivo UGT Madrid exige a la dirección de Metro "que vele por los intereses de la ciudadanía, garantizando que el servicio de seguridad del metro se haga en condiciones óptimas", ya que, a su parecer, la empresa actual " ha demostrado que no está en condiciones de hacerlo".

El ERE de extinción de Segur Ibérica afectará a entre 300 y 500 trabajadores

En un primer lugar, se habló de que el ERE iba a afectar a la totalidad de la plantilla, unas 4.000 personas, aunque ahora la mayoría de los empleados van a ser reubicados en una nueva compañía.

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo de la compañía Segur Ibérica afectará a entre 300 y 500 trabajadores, aunque el proceso de negociación para abordar las condiciones continúa abierto, según han informado a Europa Press fuentes sindicales involucradas en la negociación.

En un primer lugar, se habló de que el ERE iba a afectar a la totalidad de la plantilla, unas 4.000 personas, aunque ahora la mayoría de los trabajadores van a ser reubicados en una nueva compañía.

Las organizaciones sindicales quieren que durante el proceso se den todo tipo de garantías que dejen claro que los trabajadores no van a perder sus condiciones actuales al pasar a la nueva empresa. Así se lo señalarán a los representantes de la compañía en la reunión que mantendrán durante los próximos días.

La compañía, que fue presidida por el exministro de Defensa Pedro Morenés hasta su entrada en el Gobierno, contaba con unos 4.000 trabajadores en varias ciudades españolas, como Cataluña, Madrid, Valencia, Alicante o Murcia, entre otras.

El pasado 27 de abril el magistrado Jorge Montull Urquijo aprobó el plan de liquidación de Segur Ibérica y sus filiales en el registro mercantil número 3 de Madrid, según se desprende del auto judicial.

Este plan contempla la venta de la empresa en tres etapas. En la primera de ellas, se venderán las unidades productivas de Segur Ibérica y su consorcio a I-Sec International Security, la única empresa que presentó oferta.

Concretamente, las actividades del consorcio pasarán a ejecutarse a través de I-Sec Spain Services Management, mientras que el negocio de Segur Ibérica se realizará en I-Sec Spain Security Management.

El precio por unidad productiva es de 20.000 euros e incluye el edificio de oficinas de Madrid de Segur Ibérica, que tiene un valor de 7,2 millones de euros, según consta en el auto judicial. Por otra parte, las actividades de Grandes Sistemas y Segur Fuego las efectuará Inviseg Sistemas.

En una segunda fase, se venderán de forma directa las unidades productivas y los demás activos de la empresa que queden fuera de la primera fase y en una tercera se subastarán los activos que queden.

Las organizaciones sindicales, por su parte, están aún a la espera de que el administrador concursal los convoque para explicarles los diferentes pasos que se van a dar y para que puedan plantear las dudas relacionadas con la relación definitiva de unidades productivas que se venden en la primera fase, el calendario del ERE y la estructura territorial de I-Sec Oviedo.

El Grupo Segur, al que pertenece Segur Ibérica, cuenta con seis direcciones territoriales (Noroeste, Norte, Centro, Cataluña, Levante y Sur) y 27 delegaciones repartidas por el país.

El Gobierno pide a la Fiscalía que investigue a la empresa canaria Sinergias de Seguridad

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha recibido la aprobación del Consejo de Ministros para enviar a la Fiscalía General del Estado un expediente de "infracción" sobre la Seguridad Social cursada por la Inspección Provincial de Trabajo de Las Palmas a Sinergias de Vigilancia y Seguridad.

Esta empresa, según CC.OO, UGT y CSIF, empleando fuentes mercantiles, forma parte de la órbita de influencia de Seguridad Integran Canaria (SIC). A partir de ahora, será la Fiscalía General de Estado quien analice el procedimiento sobre esta sociedad anónima.

En concreto, el acuerdo del Gobierno da luz verde a la suspensión del "procedimiento administrativo sancionador" incoado desde la Seguridad Social en Las Palmas. Pero activa la maquinaria jurídica desde el Ministerio Fiscal.

Los sindicatos del sector de la seguridad privada tildan a esta empresa como una marca blanca de SIC, cosa que ha rechazado la empresa en diversas ocasiones.

Un vigilante afectado tras intervenir ante el incendio de una caravana en el aparcamiento de la Feria (Sevilla).

Un vigilante de seguridad ha resultado afectado por inhalación de humor tras intervenir en el incendio de una caravana estacionada en uno de los aparcamiento de la Feria de Abril de la capital hispalense.

Según informa Emergencias Sevilla en su perfil de Facebook, en torno a las 15,00 horas se ha recibido un aviso en el Cecop del Dispositivo Especial de la Feria alertando sobre un incendio que se estaba produciendo en una caravana estacionada en uno de los aparcamientos de la Feria de Abril, el cual, tal y como indican las primeras investigaciones, pudo originarse en la cocina.

Inmediatamente, los vigilantes del mismo acudieron para auxiliar y pudieron rescatar del interior a la familia, procediendo a controlar el incendio mediante extintores, que finalmente, ha sido extinguido por los Bomberos del dispositivo especial.

A raíz del incidente, uno de los vigilantes que intervinieron ha sufrido lesiones leves y ha resultado afectado de manera leve por inhalación de humos, hechos por los cuales ha sido trasladado a un centro asistencial para su atención sanitaria. La familia ocupante de la caravana, de su parte, ha sido salido ilesa del suceso.

Desde Emergencias Sevilla quieren "poner en valor la actuación inmediata del vigilante, que no dudó en intervenir para rescatar a la familia implicada en el siniestro, con una actuación decisiva".

Detenido por denunciar una falsa agresión por parte de un vigilante de seguridad en Algeciras

La Policía Nacional ha detenido en Algeciras a una persona por supuestamente simular ser víctima de una agresión por parte de un vigilante de seguridad que prestaba servicio en la estación de autobuses de la localidad.

Tras la denuncia, los investigadores contactaron con varios trabajadores de la estación para ampliar los datos y tomaron declaración a los testigos presenciales, descubriendo finalmente que se había tratado de una reyerta entre dos personas en estado de embriaguez.

Por ello, según ha informado la Policía, los agentes constataron que la víctima faltó a la verdad en su denuncia, ya que la labor del vigilante de seguridad fue la de separar y mediar para que la agresión no llegara a mayores.

PSOE lleva al Congreso y Senado las condiciones laborales de los vigilantes de los edificios de Defensa

El Grupo Socialista en el Congreso y en el Senado ha anunciado que retomará esta semana el "problema laboral" de los vigilantes de seguridad de los edificios pertenecientes al Ministerio de Defensa, elevando iniciativas para "presionar al Gobierno en su política de contratación de empresas que prestan servicios en dependencias públicas y no respetan el convenio nacional".

Según ha indicado el PSOE a Europa Press, sólo en Defensa, el conflicto laboral afecta a 450 trabajadores en España y de éstos, medio centenar se encuentran destinados en la provincia de Cádiz. Por su parte, la diputada nacional del PSOE por la provincia Miryam Alconchel ha señalado que "a partir del 1 de mayo entra en vigor el contrato de adjudicación del Ministerio de Defensa a Marsegur Seguridad Privada", y ha añadido que "esperamos que desistan de imponer la precariedad en los salarios de los empleados como habían anunciado a los trabajadores y se avengan a razones, así como que no veamos nóminas a la baja". 

Alconchel ha recordado que ha registrado preguntas al Gobierno en relación a este conflicto, en el que sostiene "que el Gobierno no puede mirar para otro lado y amparar la explotación laboral en edificios públicos". 

En este sentido, ha explicado que el Gobierno ha adjudicado recientemente a Marsegur el contrato por valor de 19 millones de euros del Ministerio de Defensa, "a pesar de ser una empresa denunciada en los tribunales de justicia porque aplica su propio convenio en lugar del estatal, que es más favorable a los trabajadores". 

Alconchel ha recordado que en su pregunta parlamentaria denunciaba los "temores de la plantilla sobre la aplicación de una reducción de salarial media de un 45 por ciento sobre lo que han venido cobrando con la empresa cesante", y advertía al Ministerio de "ser cómplice de la barbaridad de conducir a este colectivo del mileurismo a la indigencia laboral, ya que con las condiciones que pretenden imponer los sueldos nunca superarían los 750 euros". 

En este sentido, Alconchel ha señalado que la respuesta parlamentaria ofrecida, "el Gobierno justifica, como en otras concesiones realizadas a la misma empresa en otros ministerios, que presentan la oferta económicamente más ventajosa", lo que a juicio de la dirigente socialista es "a costa de quitar derechos adquiridos a los trabajadores". 

Asimismo, Alconchel ha destacado las "propias incoherencias del Gobierno", ya que "si bien por un lado dice que los órganos de contratación no deben, ni pueden, interferir en el funcionamiento y organización internos de una empresa contratista, ni en la forma en la que se conduzca la negociación colectiva, por otro lado, asegura que ello no significa que el órgano de contratación pueda desatender el hecho de que la contratista debe cumplir, escrupulosamente, la normativa de carácter social, laboral, y de Seguridad Social durante la prestación de los servicios".

"La realidad es que estamos hablando de una empresa de la que es accionista Miguel Ángel Ramírez, cuya empresa Seguridad Integral Canaria que antes ganaba todos los contratos está siendo investigada por fraude fiscal y fraude a la Seguridad Social", ha manifestado Alconchel, que ha apuntando "la paradoja de que habiendo subido de 16 a 19 millones el contrato de Defensa con el cambio de nombre de la empresa quieran ahora pagarle menos a los trabajadores". 

Por ello, la diputada ha asegurado que "el PSOE llegará hasta el final en este asunto que no huele nada bien, pues existe una extraña concentración de contratos hacia una misma empresa denunciada en los tribunales por no respetar convenio que además está vinculada a un empresario canario, condenado e indultado por el Gobierno del PP en 2013 y que vuelve a estar investigado por fraude a Hacienda y a la Seguridad Social". 

Alconchel ha destacado que el Gobierno "reconoce" en la respuesta parlamentaria que el Pliego de Cláusulas del acuerdo marco de servicios de vigilancia para el Ministerio de Defensa configura, como condición especial de ejecución, con el carácter de obligación esencial, el cumplimiento de las obligaciones laborales y con la Seguridad Social, tributarias, y de cumplimiento de normas de prevención de riesgos laborales y de coordinación de actividades empresariales, por parte del contratista, en relación con el personal que presta los servicios. 

Por ello, para la dirigente socialista, "si es verdad que el incumplimiento de estas obligaciones puede conllevar al órgano de contratación a resolver el acuerdo marco, cómo es posible que el Gobierno no tenga en cuenta que la filial de esta empresa ya ha generado una deuda en cotizaciones a la Seguridad Social de once millones de euros y debe nueve millones a Hacienda". 

El Gobierno "ahora a posteriori y tras haber permitido la nueva concesión, dice que ha elevado consultas para ver la posibilidad de incluir, como criterio de valoración de ofertas para futuros contratos, el compromiso de la empresa licitadora de aplicar las condiciones establecidas en el convenio colectivo estatal, si son más favorables". 

Para Alconchel, no se entiende "por qué ese brindis al futuro cuando tiene en estos momentos una papeleta que resolver, por qué si la empresa está denunciada por aplicar un convenio por debajo del estatal no ha tomado cartas ya en el asunto".

Viriato Seguridad está siendo investigada por presunto fraude fiscal

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato USO (FTSP-USO) puso en conocimiento de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional las presuntas irregularidades cometidas por la empresa de seguridad Viriato, cuyo grupo operativo de fraudes emitió un informe que ha llevado consigo que el juzgado de instrucción número 1 de Molina de Segura esté investigando a esta empresa de seguridad con sede en Lorquí.

El secretario general de FTSP-USO, Basilio Alberto Febles, en declaraciones a la Cadena SER, ha denunciado que la empresa Viriato ha estado pagando las horas extra a sus trabajadores en negro, en dinero 'B' y en metálico.

Según este sindicato, desde el año 2009, esta empresa habría pagado de forma irregular a sus trabajadores en sobres de color marrón con etiquetas blancas en las que figura el nombre del trabajador. Estos trabajadores podrían estar percibiendo en dinero 'B' hasta el 30 % de su jornada laboral.

Por este motivo, el juzgado de Molina de Segura está investigando a esta mercantil por los presuntos delitos de defraudación a la Hacienda Pública (con relación al IRPF) y a la Tesorería de la Seguridad Social (por la no cotización de horas a la Seguridad Social).

USO exige el cumplimiento del convenio colectivo, el pago a sus 600 trabajadores en tiempo y forma y que no represalien a aquellos empleados que denuncien presuntas irregularidades.

Basilio Alberto Febles ha añadido que la empresa Viriato ha despedido a dos trabajadores por colaborar con la policía durante la investigación del pago de dinero.

El responsable sindical ha lamentado la forma de actuar de las empresas de seguridad que ha calificado de "piratas" y que recurren al fraude para tener un mayor margen de beneficios. Basilio Alberto Febles ha lamentado que este tipo de empresas trabajen, sobre todo, con las administraciones.

Viriato Seguridad acusa a USO de difamar y querer hacer daño

El gerente de Viriato Seguridad, José López Molina, ha negado a la Cadena SER las acusaciones del sindicato USO, al que acusa de difamar y querer hacer daño, tanto a la empresa como a él a título personal.

Sobre la investigación judicial que se está llevando a cabo por parte del juzgado de instrucción número 1 de Molina de Segura, José López Molina, ha declinado pronunciarse a la espera de que hable la justicia y haya una sentencia sobre la investigación de presuntos delitos de fraude fiscal, aunque ha defendido la forma de actuar de la empresa.

De hecho, acusa a USO de utilizar como testigos a personas que no han estado trabajando para la empresa. También asegura que esta mercantil no tiene 600 trabajadores, como se pone de manifiesto en la denuncia del sindicato, ya que ni siquiera llega a una plantilla de 200 personas, según López Molina.

Sobre el despido de dos trabajadores, el gerente de Viriato Seguridad, asegura que los despidos fueron procedentes.

El gerente de Viriato Seguridad dice estar preocupado por la imagen que este proceso judicial puede dando de la empresa.

CCOO denuncia las "deficientes condiciones de seguridad" de los vigilantes de SFM (Mallorca)

CCOO ha denunciado este martes las "deficientes condiciones de seguridad" en las que, según dicen, realizan su trabajo los vigilantes de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).

En un comunicado, el sindicato recuerda que el pasado 22 de abril un vigilante de seguridad de la Estación Intermodal de Palma detuvo a un individuo que había robado un bolso a una mujer.

Según indica CCOO, la Policía confiscó al detenido varios cuchillos y jeringuillas y, por ello, consideran que la detención por parte del trabajador de seguridad fue "una intervención de riesgo" ya que éste no llevaba en ese momento el preceptivo chaleco anticortes.

El sindicato explica que este tipo de intervenciones, "relativamente habituales tanto en la estación Intermodal de Palma como en el resto de estaciones", ponen de manifiesto la profesionalidad de estos trabajadores, el riesgo que asumen, y las graves carencias en materia de seguridad en las que trabajan.

En este sentido, indican que actualmente sólo hay seis chalecos anticortes para un total de 30 trabajadores que integran la dotación de vigilantes de seguridad para las diferentes estaciones.

Sobre esta deficiencia, añaden, tiene conocimiento tanto SFM, como la empresa de seguridad para la que trabajan, Trablisa. Además, recuerdan que mantuvieron una reunión con representantes del Govern en la que el Ejecutivo se comprometió a exigir a la empresa que dote a sus vigilantes de estas prendas de protección con carácter individual.

"Esperemos que no tenga que ocurrir una desgracia para que esta medida se lleve a efecto y para que Trablisa deje de priorizar otros intereses a la seguridad de sus trabajadores", concluye CCOO.

Prisión para el hombre que le arrancó una oreja al vigilante de una cofradía (Málaga)

El vigilante, de 28 años, tuvo que ser trasladado al Hospital Comarcal de la Axarquía y posteriormente al Hospital Regional de Málaga, donde fue intervenido y continúa ingresado.

Un juzgado de Vélez-Málaga (Málaga) ha decretado prisión sin fianza para el hombre de 33 años que agredió al vigilante de seguridad del tinglado de la Cofradía del Huerto y los Desamparados del municipio, al que atacó con un bate de béisbol y le desprendió una oreja.

Fuentes judiciales han informado hoy a Efe de que el juez ha ordenado el ingreso en prisión del agresor, vecino de Torrox y con numerosos antecedentes policiales, ante la gravedad de las heridas que causó al vigilante.

El hombre se pasó en la madrugada del pasado domingo por el tinglado del Huerto y al acceder, sufrió un impacto en la cabeza con uno de los varales de los tronos y se hizo una brecha, situación de la culpó al vigilante, con el que el empezó a discutir y a decirle de que iba a denunciarlo por no advertirle del peligro.




Un empresario de seguridad despide a sus empleados por denunciar que cobran en 'B'

La Policía asegura que se limitaron a colaborar con la Justicia, que mantiene imputado al dueño de la mercantil por delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública.

El propietario de la empresa de seguridad Viriato, José L. M., despidió el pasado 10 de marzo a dos de sus empleados después de que estos denunciaran ante la Policía Nacional que cobraban en dinero negro las horas extraordinarias que echaban. En sendas cartas remitidas a los ya extrabajadores, la mercantil les comunica a ambos el despido disciplinario y argumenta que se lleva a cabo porque los dos han "transgredido la buena fe contractual". Las misivas aseguran que la sociedad toma esta decisión no por colaborar con la Justicia, sino por "manipular imágenes, documentos y hechos a sabiendas de que así, y a través de la autoridad policial, inferían un grave daño de imagen a la empresa".

El dueño de la mercantil, que se encuentra imputado por el Juzgado número 1 de Molina de Segura (Murcia) por delito contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública gracias al testimonio de estos ahora exempleados, acusa a los trabajadores de mentir en sus declaraciones, que apuntaban a que la compañía les daba "dinero en efectivo en sobres pequeños de color marrón", extremo que la Policía considera confirmado en sus informes, basados en las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación de autobuses de Cartagena, que captaron a dos vigilantes recibiendo las mencionadas entregas.

Entre 60 y hasta 500 euros

Las imágenes, concluye la Policía, "corroboran" que el pago en negro se realiza en este recinto en los citados sobres, que cuentan con una pegatina blanca donde se reflejan el nombre, los apellidos y la cantidad a percibir por el vigilante en concepto de horas extra, que fluctuaba según el mes. En concreto, se situaba entre los 60 euros de las épocas en las que menos horas extras hacían los empleados hasta los 500 que en ocasiones recibían en verano, cuando por necesidades del servicio tenían que trabajar más tiempo.La firma considera que las acusaciones de los empleados son falsas, que los sobres marrones los usa para entregar documentación laboral tipo nóminas o registros de jornada, que los testimonios ante la Policía de estos dos trabajadores y de otros estaban planificados con anterioridad, que las imágenes grabadas fueron fruto de un montaje previo y que en ellas no se puede discernir el contenido de los sobres. Todo se ha hecho, según la mercantil, con el fin de "urdir una trama para desprestigiar y hundir a la empresa".

Aprovecha de este modo Viriato para defenderse en el marco del procedimiento judicial que instruye el Juzgado número 1 de Molina de Segura tras la denuncia presentada por el abogado Ismael Franco en nombre del secretario general de la Federación de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera, Basilio Febles, quien en su escrito encuadra el comportamiento de la mercantil en el marco de los "comportamientos dañinos" que están realizando empresas de seguridad propiciados por la crisis económica.

"Las cuantías de las defraudaciones en una plantilla tan amplia como la de la mercantil denunciada es muy elevada", según el sindicato, que habla de "millones de euros" con base en "otros comportamientos similares" llevados a cabo por firmas parecidas —a las que la organización denomina 'piratas'— que también se encuentran inmersas en procedimientos judiciales. La cantidad exacta que ha defraudado Viriato, sin embargo, aún no está determinada en sede judicial, ya que por el momento no ha habido informe al respecto de la Agencia Tributaria.

Defensa adjudica los servicios de seguridad a una empresa denunciada por imponer "precarias" condiciones laborales.

El Ministerio de Defensa ha adjudicado por casi 19 millones de euros los servicios de seguridad a la empresa Marsegur Seguridad Privada, denunciada ante el Ministerio de Trabajo por el sindicato FTSP-USO por imponer "precarias" condiciones laborales a sus empleados. 

La adjudicación aparece publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras la decisión de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa. Se trata de los servicios de seguridad, de vigilantes con y sin armas, para el Departamento dirigido por María Dolores de Cospedal y sus Organismos Autónomos. 

El asunto ha llegado al Congreso de los Diputados de mano de PSOE y Unidos Podemos, que registraron sendas preguntas escritas al Gobierno manifestando su preocupación por las condiciones laborales impuestas por la empresa en un nuevo convenio colectivo.

En su respuesta, recogida por Europa Press, el Ejecutivo explicó que Marsegur había sido la adjudicataria del servicio de seguridad del Ministerio de Defensa por haber presentado la oferta económicamente más ventajosa. 


Condenan a la empresa Eulen por despedir a dos vigilantes del Pazo de Tor (Lugo)

Un juzgado de lo social de Lugo acaba de declarar improcedente el despido de un vigilante del pazo de Tor por parte de la empresa de seguiridad Eulen. Ahora tendrá que indemnizarlo o readmitirlo y será el propio trabajador el que decida con cuál de estas dos opciones se queda, porque cuando fue despedido era delegado sindical. La empresa condenada se hizo cargo de la seguridad del pazo de Tor por encargo de la Diputación en sustitución de la monfortina Alcor.

Los dos vigilantes de seguridad que prestaban servicio en esas instalaciones formaban parte de la plantilla de Alcor y reclamaban que Eulen los mantuviese en sus puestos. Tanto ellos como Alcor interpretaban que la empresa nueva estaba obligada a hacerlo por el principio de subrogación, que compromete a las concesionarias de servicios públicos a quedarse con el personal con el que se encuentren cuando ganan el contrato para gestionar una nueva concesión.

Pero Eulen se negó, con el argumento de que en ese caso no estaba legalmente obligada a subrogarlos, y los despidió. Los dos afectados demandaron tanto a Eulen como a Alcor y ahora el juzgado de lo social número tres de Lugo acaba de fallar a favor de uno de ellos. El afectado era en Alcor delegado de un sindicato denominado Central Sindical Obrera Independiente, que tiene el 30% de la representación laboral en esa empresa. Un portavoz de ese sindicato denunciaba ayer el silencio de la Diputación ante el despido de estos dos trabajadores por parte de Eulen, en contraste con la beligerancia de esta institución contra Alcor cuando la empresa monfortina rebajó los sueldos de su plantilla por debajo del convenio general del sector.

Acta y anexos Comisión Negociadora Convenio Colectivo 4 de abril de 2017

Estimados compañeros:

os mandamos el acta del día de hoy de la mesa negociadora del convenio colectivo estatal de empresas de seguridad privada.

seguiremos informando


El Tribunal Supremo desestima el recurso de impugnación por parte de AESPRI del Convenio Colectivo Estatal

Desestimado el recurso de casación interpuesto por la representación letrada de ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL -AESPRI- contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el 17 de diciembre de 2015, en el procedimiento número 284/2015, seguido a instancia del citado recurrente, en contra del Convenio Colectivo Estatal de las empresas de seguridad privada.



El Govern de Cataluña ultima un decreto que ordena el ejercicio de competencias en seguridad privada

La Conselleria de Interior de la Generalitat está ultimando un decreto que regulará el ejercicio de sus competencias en materia de seguridad privada, determinará los órganos a los que corresponde ejercerlas y organizará las funciones que ha asumido el Govern, especialmente tras la aprobación de nueva Ley de seguridad ciudadana.

Actualmente, según datos de la Dirección General de Administración de Seguridad, en Catalunya hay 13.218 vigilantes de seguridad, 353.274 conexiones de alarmas a centrales receptoras y 101 centrales con conexiones en esta comunidad.

Asimismo, hay 340 empresas de seguridad que prestan servicios en Catalunya, de las cuales 198 son exclusivamente catalanas, según la misma fuente.

En una entrevista de Europa Press, la subdirectora general de Seguridad Interior, Maite Casado, ha explicado que con la Ley 5/2014 de seguridad privada "no solo se consolidan las competencias sino que se consiguen más competencias y este decreto refuerza y recuerda que las competencias de la seguridad privada son de la Generalitat".

Tras la aprobación de dicha ley estatal, la Generalitat ha ampliado sus competencias en seguridad privada, asumiendo, además de la apertura de empresas de seguridad con ámbito de actuación en Catalunya, la de delegación de empresas que actúen en este territorio.

Según recoge el propio decreto, se han asumido las competencias relativas a la apertura de despachos de detectives y sus sucursales con domicilio en Catalunya, con la novedad de posibilidad la apertura de establecimientos mediante declaración responsable.

Corresponderá a la Generalitat la competencia de autorizar las actividades y servicios de seguridad privada que se lleven a cabo en esta comunidad, y las competencias de control, inspección y sanción se asumen en su máxima dimensión tanto en las actividades como en los servicios.

En videovigilancia, corresponde a la Generalitat autorizar la utilización de cámaras por parte de vigilantes de seguridad y guardas rurales con finalidades de seguridad privada para captar imágenes y sonido de vías y espacios públicos.

Una de las competencias que por el momento mantiene el Estado es la formación y habilitación de los vigilantes privados, por lo que de momento mantiene la elaboración de los exámenes para ser vigilante de seguridad, los programas y las pruebas, pese a que la Generalitat los reclama.

COMPETENCIAS

Corresponde a la Generalitat la autorización, recepción de declaración responsable o comunicación de apertura de las empresas de seguridad y las delegaciones, los despachos de detectives y sucursales en este mismo ámbito, las centrales receptoras de alarmas, los centros de formación, los departamentos de seguridad y los establecimientos obligados a adoptar medidas de seguridad con domicilio en Catalunya y ámbito de actuación limitado a este territorio.

Es competencia de la Generalitat, según este decreto, la autorización de actividades y servicios de seguridad privada que se lleven a cabo en Catalunya y requieren de autorización o control previo y la inspección, control y sanción estas actividades.

Además, la coordinación de servicios de seguridad e investigación privada con los Mossos d'Esquadra y Policías Locales, así como algunos aspectos de la formación en seguridad privada a través del Instituto de Seguridad Pública de Catalunya (ISPC).

Menores agreden a un vigilante de seguridad de 66 años en la estación de Abando (Bilbao)

CC.OO. Euskadi exige a la empresa que contrate más personal, ante el aumento de "este tipo de sucesos, cada vez más agresivos"

Un grupo de menores de entre 15 y 17 años agredieron, este pasado martes, a un vigilante de la empresa de seguridad Prosetecnisa, que les afeó su comprotamiento en la bilbaina estación de Abando. Como consecuencia de los golpes, el trabajador, de 66 años de edad, sufrió varias contusiones y tuvo que ser operado de un dedo, fracturado como consecuencia del incidente.

Según ha denunciado la Federación de Construcción y Servicios de CCOO de Euskadi, esta nueva agresión ocurrió el pasado martes, alrededor de las cinco y media de la tarde. El vigilante, que se encontraba solo en los servicios de la estación de Abando, recriminó su comportamiento a varios adolescentes, de entre 15 y 17 años, quienes, según apunta la central, pertenecen al Centro de Menores de Amorebieta.

Los jóvenes comenzaron a empujar al vigilante y, seguidamente, le propinaron varios puñetazos y patadas. Como consecuencia, el trabajador, de 66 años de edad, presentó varias contusiones por todo el cuerpo y un dedo fracturado, del que ha tenido que ser intervenido.

QUEJAS

CC.OO. ha advertido de que "las quejas de los vigilantes de seguridad en este servicio son abundantes", ya que durante los últimos años "este tipo de sucesos son muchos y cada vez más agresivos".