Nuevo ataque con cuchillo a vigilantes del metro de Barcelona


Dos agentes de seguridad evitan una agresión con arma blanca en la parada de la línea 4 de Besòs Mar

Detenidos ocho grafiteros por los daños provocados en el Metro

Nuevo incidente relacionado con la seguridad en el metro de Barcelona. Los hechos sucedieron la madrugada del domingo pasado, alrededor de las 2:30 horas, cuando un hombre estaba en la parte de cola del tren del andén en la parada de la línea 4 de Besòs Mar. El agresor entonces se acercó a los agentes, que estaban en el otro extremo, gritándoles y amenazándoles. En un momento se sentó justo al lado de una mujer con un carrito de bebé. “El hombre estaba con una actitud desafiante y agresiva. La mujer estaba muy asustada y se había quedado con su bebé en medio, entre el agresor y nosotros. Todo era a muy corta distancia”, explica Raúl Barberán, el agente de seguridad que intervino en el suceso.

Entonces el hombre se levantó y sacó un cuchillo de grandes dimensiones, que tenía escondido en los pantalones, y se dirigió hacia el vigilante. “Me centré en la situación y solo pensaba en la mujer y el bebé. Estaba apenas a dos metros de distancia y su intención era clavarme el cuchillo”, relata Barberán.

Todo pasó muy rápido. En ese instante pasó un tren, al que subió la mujer con el bebé, y el agente rodeó al atacante por su parte derecha. Consiguió inmovilizarle mientras el otro compañero le quitó el cuchillo. Tras un forcejeo, el agresor al final consiguió zafarse y logró huir de la estación. “Mi prioridad es que nadie resultara herido. Que el atacante acabara escapando era el menor de mis problemas”, confiesa Barberán, que lleva como vigilante en el metro de Barcelona desde septiembre del 2016. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos debido a la actuación de los agentes de seguridad

“Esa misma noche en otra parada de otra línea otro compañero sufrió un botellazo en la cabeza. Es el pan nuestro de cada día”, se lamenta Barberán. Se da la circunstancia de que hace unas semanas se registró otro incidente con arma blanca en el metro. Entonces un vigilante fue apuñalado en la estación de Paral·lel cuando quiso separar a dos grupos que se peleaban.

Los Mossos han abierto una investigación y tratan de localizar al agresor

Por el momento se desconoce la identidad del agresor de la parada de Besòs Mar. Los agentes, que han denunciado los hechos a los Mossos, entregaron a la policía el arma y una gorra que se le cayó al atacante tras el forcejeo. “El cuchillo, con una hoja aproximadamente de unos 25 centímetros, estaba muy afilado. Cuando lo metí en la bolsa la cortó”, detalla Barberán, que se dedica al sector de la seguridad privada desde hace 25 años, además de dar cursos de formación en este sector.

Según la descripción del agente, el hombre era de una altura de 1.75 metros, pelo corto castaño, casi rapado, caucásico de unos 35-40 años, vestía pantalón oscuro, sudadera azul, gorra negra y zapatillas deportivas claras.

Fuentes de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) han confirmado a La Vanguardia los hechos y han detallado que “sin motivo aparente” un pasajero esgrimía un cuchillo y amenazó a los agentes. Por su parte, los Mossos d’Esquarda tras la denuncia mantienen una investigación abierta para identificar y localizar al agresor. Las fuentes consultadas desconocen la motivación del atacante y si el agresor estaba bajo la influencia de alguna sustancia o sufre algún tipo de trastorno.




Condenados dos empresarios de Pontevedra por vulnerar la libertad sindical

Dos directivos de la empresa Transegre, dedicada al sector de logística y transporte, han sido condenados por el Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra por haber vulnerado la libertad sindical de sus trabajadores.

La Fiscalía pedía para ambos dos años de prisión y su inhabilitación por haber influido en el resultado de las elecciones sindicales que se celebraron en la empresa en 2016, pero un acuerdo de conformidad ha permitido rebajar sus penas.

Tras las negociaciones entre el sindicato CIG, denunciante del caso, y el abogado de los dos acusados, los directivos de la compañía han aceptado pagar 1.620 euros de multa, a razón de tres euros diarios durante 18 meses.

Con este acuerdo, ambos reconocen, como constaba en la denuncia sindical, que actuaron "de común acuerdo y con ánimo de menoscabar la libertad sindical" de los trabajadores.

Uno de ellos interrogó a los trabajadores de la empresa sobre su afiliación sindical y quiénes eran los concretos candidatos a representantes de los trabajadores, mientras que su compañero despidió a dos trabajadores que se habían presentado como candidatos en las elecciones sindicales.

Además, impidieron la publicación del censo electoral y adelantaron las elecciones tres horas de manera unilateral, sin comunicar el cambio de hora del acto de constitución de la mesa y la posterior votación a los promotores de las elecciones sindicales.

El día de la votación también impidieron la entrada en el centro de trabajo de los representantes de la CIG, contratando para ello un servicio de seguridad privada.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Pontevedra invalidó el procedimiento de elecciones sindicales y expidió un acta de infracción contra la empresa por una infracción muy grave.

Una paciente del Hospital Álvaro Cunqueiro Una paciente del Hospital Álvaro Cunqueiro ataca a puñetazos a una vigilante de seguridadid Una paciente del Hospital Álvaro Cunqueiro ataca a puñetazos a una vigilante de seguridad (Vigo) ataca a puñetazos a una vigilante de seguridad

La agresora simuló un falso embarazo para ser atendida antes y tras el altercado, los médicos la sedaron hasta que fue detenida.

El responsable del Sindicato de Seguridad FeSMC-UGT de Pontevedra, Delmiro Álvarez, denunció la agresión sufrida por una vigilante de seguridad del Hospital Álvaro Cunqueiro por una paciente de urgencias en Vigo a las 22.30 horas de ayer. 

Todo empezó cuando la vigilante del servicio en urgencias fue requerida por el personal sanitario para que acudiese a la zona de triaje a aplacar a una mujer que se encontraba alterada. Se trataba de una usuaria que decía estar embarazada, lo que los médicos negaron, y que exigía una pronta atención.

Al llegar la vigilante, la paciente se encaró con ella y, supuestamente, le propinó varios puñetazos en la cara hasta la llegada de los refuerzos. La vigilante fue atendida en el propio servicio de urgencias y a las 4.00 horas presentó la denuncia en la Comisaría de la Policía.

La agresora, que tuvo que ser sedada por los sanitarios para tranquilizarla, fue detenida por el personal de seguridad y puesta a disposición de la Policía.

Desde UGT, denuncian la «situación de desamparo» y desprotección en la que se encuentran los vigilantes de seguridad, los cuales están continuamente expuestos a este tipo de situaciones, «mientras las administraciones miran para otro lado».

Otro sindicato, Alternativa Sindical, dice que esta es otra de tantas agresiones que desgraciadamente este colectivo sufre a diario, ante la dejación de las instituciones públicas y legislativas, por cuanto el personal de seguridad carece de protección jurídica y física ante estas repetidas agresiones.

Reacciones sindicales

UGT recuerda que no hace muchos meses, la Policía organizó en Vigo y Pontevedra unas conferencias sobre la violencia en los centros sanitarios. En ellas trasladó al Sergas la necesidad de que en los servicios de urgencias con mucho volumen de visitas o por su conflictividad, siempre deberían estar prestando servicio dos vigilantes de seguridad, ya que uno solo no puede garantizar un mínimo de seguridad ante un percance de este tipo.

Dadas las numerosas agresiones sufridas por los vigilantes en este centro sanitario, UGT solicita a la dirección del hospital que haga suyas las sugerencias de la Policía y adopte las medidas necesarias «para garantizar la seguridad de quienes están trabajando para que todos, tanto los trabajadores del centro como los pacientes, puedan disfrutar de un ambiente tranquilo y adecuado en el cual puedan desempeñar su trabajo».

En cuanto a Alternativa Sindical de Pontevedra, ha puesto estos hechos en manos de la asesoría jurídica para estudiar las causas de la agresión y denunciar a la institución hospitalaria y a la empresa adjudicataria por si carecen de un plan de estudio específico de riesgos en el puesto de trabajo.

Los servicios de vigilancia concentran casi el 60 % del mercado de seguridad privada

El mercado de seguridad privada crecerá este año un 4,3% respecto al ejercicio anterior, alcanzando una cifra de 4.500 millones de euros aproximadamente.

 Así lo refleja el estudio realizado por el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA. 

Este resultado evidencia que el sector continúa al alza, aunque a ritmo más moderado que el año pasado; a finales de 2017 se registró un incremento del 4,9% hasta 4.315 millones de euros, porcentaje muy similar al de 2016. 

Las cifras dan cuenta de la buena coyuntura económica, que favorece el buen comportamiento de la demanda, tanto de clientes profesionales como residenciales.

Las diferencias se observan también si tenemos en cuenta las diferentes áreas de actividad. 

Los servicios de vigilancia concentraron el 59,6% del mercado total en 2017, alcanzando los 2.570 millones de euros. No obstante, tienden a perder peso en el negocio global.

Por otra parte, el motor de crecimiento más importante sigue siendo la actividad de instalación, mantenimiento y conexión a CRA de sistemas electrónicos.

Durante el año pasado obtuvieron un volumen de negocio de 1.424 millones de euros, equivalente al 33% del total.

Finalmente, el mercado de transporte de fondos generó unos ingresos de 321 millones de euros, que representa al 7,4% de la totalidad.


La concentración empresarial en el sector ha quedado patente en el estudio.

Durante 2017, los cinco principales operadores aglutinaron el 58% del valor total del mercado. 

Asimismo, las previsiones de evolución del sector a corto y medio plazo apuntan a que habrá un ascenso de la demanda, y un aumento del consumo privado, la inversión y el desarrollo de nuevos productos y servicios.

Datos de síntesis, 2017

Número de empresas autorizadas (a) 1.391

Número de vigilantes de seguridad habilitados 248.820

Mercado (mill. euros) 4.315
· Vigilancia 2.570
· Sistemas 1.424
· Transporte de fondos 321

Concentración (cuota de mercado conjunta en valor) 
· Cinco primeras empresas (%) 57,9
· Diez primeras empresas (%) 70,5

Crecimiento del mercado en valor (% var. 2017/2016) +4,9

Previsión de evolución del mercado en valor
(% var. 2018/2017) +4,3

Previsión de evolución del mercado en valor
(% var. 2019/2018) +3,8

(a) por el Ministerio del Interior y las Administraciones autonómicas.

UGT inicia acciones legales contra empresas de seguridad en los aeropuertos de Valencia, Alicante, Girona y Barajas

UGT ha anunciado que ha iniciado acciones legales contra algunas de las empresas de seguridad privada que operan en los aeropuertos de Manises (Valencia), El Altet (Alicante), Girona y Madrid-Barajas por no estar aplicando las mejoras plasmadas en el acuerdo suscrito en la Mesa de Fomento entre Aena y el sector.

En un comunicado, el sindicato denuncia que algunas empresas siguen sin aplicar las condiciones acordadas, que contemplaban, entre otros aspectos, la inclusión en los pliegos
de adjudicación de una serie de cláusulas a cumplir por parte de las compañías para mejorar las condiciones laborales de los vigilantes.

UGT ya había anunciado a mediados de octubre que llevaría a los juzgados a las empresas de seguridad privada adjudicatarias de los aeropuertos que no respeten el acuerdo de Aena suscitado en la Mesa de Fomento, que venía vinculado a las nuevas adjudicaciones celebradas en su mayoría en el mes de junio de este año.

Tras la aplicación de dicho convenio UGT inicia acciones legales contra empresas de seguridad en los aeropuertos de Valencia, Alicante, Girona y Barajas

"sigue habiendo empresas que están realizando interpretaciones sobre el mencionado acuerdo que merman las condiciones económicas plasmadas en el mismo, de obligado cumplimiento", denuncia el sindicato UGT.

QUÉ DICE EL ACUERDO.

En concreto, el acuerdo establece en el ámbito económico una serie de pluses para los vigilantes de seguridad fijados en función del puesto de trabajo y rotación en los filtros, puntos que, según UGT, "no todas las empresas están aplicando en forma suficientemente correcta en consonancia con lo recogido en el acuerdo".

De hecho, recuerda que esta situación generó el pasado verano varias convocatorias de huelga con la participación de UGT en el aeropuerto de Girona, tras la que se alcanzaron acuerdos que garantizarán que los vigilantes vean "compensado su trabajo en forma clara y en consonancia con lo acordado".

UGT también indica que, con independencia de judializar este ha mantenido reuniones al respecto tanto con Aena, el Ministerio de Fomento y la patronal Aproser, en las que han defendido que las empresas deben "cumplir sin excusas con un acuerdo que conocían con anterioridad a la presentación al concurso".

En concreto, el acuerdo establece en el ámbito UGT económico una serie de pluses para los vigilantes de seguridad fijados en función del puesto de trabajo y rotación en los filtros, puntos que, según UGT, "no todas las empresas están aplicando en forma suficientemente correcta en consonancia con lo recogido en el acuerdo".

QUÉ DICE EL ACUERDO.


El plus de productividad, introducido en el convenio colectivo del sector de Seguridad Privada en junio, recoge que las empresas establecerán un sistema de retribución variable que irá ligado al cumplimiento de los objetivos de excelencia en la seguridad y trato al pasajero que Aena pueda fijar en cada uno de los expedientes de licitación.

Los vigilantes de seguridad en los aeropuertos de la red de Aena tienen derecho a cobrar un plus adicional a su salario que además subirá un 2% anual, según el citado acuerdo. Se trata de un plus de 0,68 euros por hora efectiva de trabajo, importe básico que será igual para todos, independientemente de la empresa o la instalación en la que trabajen.

A este importe se suman no obstante otros. En el caso de los encargados de los sistemas de radioscopia (los arcos de control de seguridad), sumarán una cantidad adicional de 1,19 euros por hora efectiva de trabajo, y los que gestionan los filtros, esto es, las filas de pasajeros para su acceso, añadirán otros 0,60 euros por hora.

Asimismo se reconoce el cobro de otro plus, en este caso variable, para este último colectivo de filtros, cuyo importe dependerá de las necesidades de cumplimientos de calidad que fije Aena.

La justicia europea avala que las embarazadas no trabajen de noche tras la denuncia de una vigilante.


El fallo, extensivo al periodo de lactancia, afianza el derecho a baja, también en jornada parcial, y a una prestación por los riesgos

Cuatro meses después de dar a luz a un niño, Isabel González se reincorporó a su puesto de vigilante de seguridad para la empresa Prosegur en turnos rotatorios y variables de 8 horas en el centro comercial As Termas, en la ciudad de Lugo. Parte de la jornada era por la noche. Y la trabajadora estaba dando el pecho a su hijo. Por esa razón solicitó a sus jefes la suspensión del contrato y una prestación económica, acogiéndose al riesgo durante la lactancia recogido por la ley española. Pero la mutua se negó a darle el certificado médico que acreditara la existencia de algún tipo de peligro en su caso y la solicitud acabó en el cajón. Es un requisito imprescindible, según la directiva europea sobre seguridad y salud de las empleadas embarazadas. Sin certificado, no hay baja. La afectada denunció una posible discriminación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que decidió acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para resolver varias dudas sobre la demanda. ¿Se puede hablar de trabajo nocturno aunque sea solo una parte de ese horario? ¿Se evaluaron bien los riesgos? ¿Es la trabajadora o la mutua la que deben demostrar que las condiciones laborales "no resultan técnica u objetivamente posibles o no pueden exigirse razonablemente". La justicia europea acaba de darle la razón a Isabel González y afianza el derecho "a la protección específica" de las trabajadoras embarazadas con este tipo de jornadas.

Primero, porque, efectivamente, se trata de un trabajo nocturno. La normativa en vigor no realiza "ninguna precisión sobre el alcance exacto del concepto". No existe, por tanto, ninguna limitación para que el empleo a turnos de la vigilante no fuera considerado de esa manera.

La sentencia insiste en la necesidad de que los peligros queden claros a través de un certificado médico. La evaluación "no puede estar sujeta a requisitos menos estrictos" que los aplicados "a todas las actividades que puedan conllevar un riesgo específico para estas trabajadoras". Hay que estudiar la situación "individual" de la empleada y, insiste el TJUE, "determinar si su salud o su seguridad o las de su hijo están expuestas a un riesgo". "En el supuesto de que no se haya llevado a cabo dicho examen -añade-, existirá un trato menos favorable a una mujer en relación con el embarazo o el permiso de maternidad". Lo que sucede aquí, según el tribunal europeo. No hubo "aparentemente" el estudio personalizado de los riesgos ante la negativa de Mutua Umivale y "la interesada sufrió discriminación". EL TJUE deja en manos ahora del tribunal gallego la comprobación de la negativa a la evaluación.

Anulan el despido de un vigilante al ser grabado sin que él lo supiera

El titular del Juzgado de lo Social 9 de Sevilla ha declarado nulo el despido, en junio del 2017, de un vigilante de seguridad al atribuirle hechos grabados por una cámara que los empleados desconocían y sin sospecha previa que justificase una grabación que, según el juez, vulneró su derecho a la intimidad.

En una sentencia del 3 de septiembre, a la que ha tenido acceso Efe, el juez considera que la empresa vulneró «su derecho fundamental a la intimidad, afectando a esferas de su vida privada, y, así, el propio vestir y desvestir» que realizaba en el centro de control en el que trabajando, al colocar la cámara en fecha no determinada y sin comunicación previa a los trabajadores.

Ello permitió «la grabación indiscriminada no sólo del demandante sino de cualquier otra persona que se encuentre en dicho centro de control, y de forma no limitada en el tiempo, sin que concurra causa alguna que justifique la colocación de dicha cámara», por lo que la actuación de la empresa no responde a los principios de proporcionalidad y la grabación aportada como medio de prueba para su despido «debe ser calificado como ilícito».

En su carta de despido, la empresa alegaba que en base a la grabación de la conducta del trabajador durante varias jornadas laborales de marzo, abril y mayo de 2017 -en el turno de noche en el centro de control de vigilancia- éste no realizó su servicio «de forma convenida al no prestar atención al servicio, al descalzarse, al no cumplir con las normas básicas de uniformidad, por dedicarse a ver películas en un dispositivo móvil y por dormirse durante el horario de servicio».

Falta laboral

Tras comunicarlo al comité de empresa del sindicato CSIF, al que el trabajador está afiliado, que esos hechos «podían ser constitutivos de una falta laboral y ser objeto de sanción disciplinaria», le comunicó su «despido por causas disciplinarias» por «faltas muy graves» previstas en el convenio laboral consistentes en «deslealtad, fraude y abuso de confianza», «abandono de puesto de responsabilidad», «disminución voluntaria y continuada del rendimiento», así como «desobediencia a las órdenes dadas, abuso de confianza y trasgresión de la buena fe contractual».

La sentencia recoge que en juicio ha quedado acreditado que la empresa instaló en su lugar de trabajo una cámara «ocultando su ubicación y su existencia» con la que grabó al denunciando «durante la prestación de su servicio» pero también cuando se «quitaba la camisa correspondiente al uniforme para ponerse la ropa de calle».

En el juicio, ni el trabajador despedido ni otros que testificaron dijeron haber sido informados de la existencia de dicha cámara a pesar de haber estado en el centro de control sin percatarse de ella.

Comunicación previa

Por su parte, la empresa no aportó «a la parte demandante ni tampoco al comité de empresa ni a las secciones sindicales, comunicación alguna poniendo en su conocimiento la instalación de dicha cámara, su finalidad, la posibilidad de grabación de imágenes y el uso que pudieran darse estas últimas».

El juez no ve acreditado que en el despido se vulnerase el derecho fundamental a la igualdad por edad alegado por el demandante «dado que otros trabajadores de mayor de edad no fueron despedidos» pero sí vulneración del derecho igualmente fundamental a la intimidad, por lo que en base al Estatuto de los Trabajadores, declara el despido nulo, ordena su readmisión y el pago de los salarios de tramitación.

Según explicó el abogado del demandante, Carlos Berlanga, el vigilante se encuentra ya reincorporado tras una sentencia «pionera en España» al señalar que la instalación de una cámara y la grabación de los trabajadores sin su conocimiento ni previa causa que lo justifique vulnera su derecho a la intimidad.

Detenido un joven por agredir a un vigilante de tren en Valencia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Torrent a un joven de20 años, de origen español, como presunto autor de un delito de lesiones cometido el pasado 26 de agosto en la estación de tren de Sagunt, tras al parecer agredir a un vigilante de seguridad cuando fue sorprendido viajando sin billete en un tren que provenía de Valencia.

Los hechos ocurrieron cuando el revisor de un tren que procedía de la estación del Norte de Valencia sorprendió a un joven viajando sin billete y al ir identificarlo el vigilante de seguridad, el joven le propinó un puñetazo que lo dejó tendido en el suelo, para posteriormente salir huyendo.

El joven huyó corriendo del lugar de los hechos

Según denunció entonces el sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada, al que pertenece el revisor agredido, este necesitó ocho puntos de sutura en su cavidad bucal tras ser trasladado al hospital de Sagunto.

La Policía ha informado de que este miércoles, una patrulla que realizaba labores de prevención en Torrent fue requerida por la Sala del 091 para que se dirigiera a la calle San Ernesto, donde al parecer dos hombres discutían con una mujer.

El detenido tiene antecedentes policiales

Una vez en el lugar los agentes separaron a las partes e identificaron a uno de los hombres que resultó ser el presunto agresor de un vigilante de seguridad de Renfe el pasado mes de agosto, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones.

El detenido, con antecedentes policiales, ha sido puesto en libertad, tras ser escuchado en declaración, no sin antes ser advertido de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando para ello fuese requerido.

El citado sindicato señaló entonces que este año ya se han producido "graves agresiones" contra vigilantes de Renfe: dos en las instalaciones de los talleres de Fuente de San Luis, una en la estación de Alfafar y otra en la de Algemesí, que se suman a la de agosto en Sagunto.

El personal de seguridad del aeropuerto de Ibiza convoca una nueva huelga a partir del día 20

El personal de seguridad privada del aeropuerto de Ibiza anuncia la convocatoria de una huelga indefinida a partir del día 20 por el incumplimiento de varios de los acuerdos con la anterior adjudicataria, Prosegur, tras los paros indefinidos de julio del año pasado. La presidenta del comité de empresa, Ana López, asegura que la nueva adjudicataria, Trablisa, no paga los pluses de productividad a los trabajadores eventuales y critica «los constantes cambios de turnos».

Un total de 77 trabajadores de los 116 que conforman la plantilla de seguridad privada del aeropuerto votaron a favor de recurrir por segundo verano consecutivo a la huelga, en una asamblea celebrada anteayer, con la que reclaman blindar los acuerdos alcanzados el año pasado y que Trablisa, que se hizo cargo de la seguridad del aeropuerto en abril, no quiere respetar, según la presidenta del comité de empresa.

En concreto, López criticó que la empresa no paga los pluses de productividad a los trabajadores eventuales. «El año pasado conseguimos el plus de vivienda para todos porque nos parecía injusta esta diferencia, por lo que ahora también criticamos que haya compañeros que no cobren este plus de productividad», señaló López.

El personal también reclama el abono de varios conceptos, como los gastos de locomoción. Por contra, Trablisa insistió ayer en que cumplirán con los acuerdos firmados con anterioridad, como obliga el convenio colectivo, lo que incluye los complementos pactados, los turnos de no menos de 6 horas, etc. Este compromiso está reflejado, según añadió la compañía, en las actas de las reuniones mantenidas entre ambas partes.

Aparte de las demandas económicas, la plantilla también exige turnos más estables, ya que sufren «cambios constantes». López denunció que a algunos trabajadores se les obliga a hacer turnos más largos, llegando a las 16 horas. Por ello, la plantilla quiere pactar jornadas de un máximo de 12 horas y que sólo alarguen su jornada los que quieran cobrar horas extra. Trablisa, por su parte, aseguró que este horario máximo ya se cumple y las horas extraordinarias «siempre son voluntarias».

Jornada mínima

La presidenta del comité de empresa y representante de CCOO también señaló que la empresa obliga a hacer turnos de menos de seis horas, por lo que este año ha ocurrido que algunos empleados han sido movilizados para trabajar solamente una hora y así cubrir picos de demanda en la terminal, hecho que niega la empresa.

Por último, la presidenta del comité de empresa aseguró que trasladaron estas quejas a la compañía el pasado jueves, pero no obtuvieron ninguna solución. Como consecuencia, mañana contactarán con Miguel Pardo, secretario general de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO de Balears, para registrar oficialmente esta convocatoria de huelga.

La empresa reiteró «su voluntad de diálogo permanente con la representación de los trabajadores en aras de alcanzar acuerdos y solucionar aquellas diferencias que puedan surgir en el día a día y evitar situaciones que puedan perjudicar a los trabajadores».

Eulen, condenada a indemnizar con 3.000 euros y a recolocar a un empleado por vulnerar su libertad sindical

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha condenado a la empresa Eulen Seguridad a indemnizar con 3.000 euros a un empleado, además de representante sindical de USO, y a recolocarle en su anterior centro de trabajo con el horario que tenía en el mismo, que también se había modificado.

El fallo considera que Eulen vulneró el derecho fundamental de la libertad sindical de C.M.F.S, delegado de USO y responsable regional de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato, al cambiarle de centro de trabajo y horario, según han informado a Europa Press fuentes del Despacho Enrique Ríos Argüello, que ha representado al trabajador.

Los hechos se remontan a 2017, cuando el trabajador, que llevaba prestando servicio de vigilante de seguridad nocturno más de 20 años en el edificio que alberga la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (en la calle Rigoberto Cortejoso de 23.00 a 7.00 horas), cuando tras varias denuncias ante la Inspección de Trabajo, la empresa decidió cambiarle de centro de trabajo y horario.

En concreto, en mayo del pasado año, el vigilante denunció ante la inspección que la empresa no elaboraba un cuadrante anual y ponía de manifiesto también agravios comparativos con otros representantes sindicales, acoso a trabajadores de USO y la realización de más de nueve horas de trabajo por las noches. El trabajador requería el cuadrante para saber con antelación sus horarios y días de servicio, entre otras cosas, porque el empleado tenía que cuidar de su madre mayor y enferma y necesitaba organizar horarios con su hermana para ello.

Tras la denuncia, en junio de ese año, la Inspección requirió a Eulen que elaborara los citados cuadrantes y algo más de un mes después, el 24 de julio, la empresa comunicó al trabajador que a partir de agosto cambiara de centro de trabajo de la Consejería a la fábrica Lingotes Especiales, donde también la empresa prestaba servicio. Esto supuso además un cambio en su horario, ya en lugar de 23.00 a 7.00 horas tendría que hacerlo de 22.00 a 6.00 horas.

Se da la circunstancia de que los vigilantes que estaban en Lingotes eran o afiliados a USO o se habían presentado en sus listas a las elecciones sindicales y, al entrar su compañero por las noches, perdieron el plus de nocturnidad, lo que produjo malestar entre ellos.

"REPRESALIA"

La medida fue impugnada ante el Juzgado de lo Social número 2 de Valladolid por modificación sustancial de condiciones de trabajo y por vulneración de la libertad sindical, "entendiendo que era una represalia clara contra la actividad reivindicativa del trabajador", han apuntado las mismas fuentes.

En primera instancia el Juzgado Social 2 de Valladolid consideró que había modificación sustancial porque le habían cambiado el horario, y que no había vulneración, por lo que se anuló la medida del cambio del horario (no del centro propiamente dicho) y no se impuso sanción alguna.

Ante la inicial sentencia, ambas partes recurrieron, Eulen Seguridad porque entendía que no había modificación sustancial, y el trabajador porque entendía que había represalia.

Ahora, el TSJCyL considera que sí hubo vulneración de derechos y que por tanto procede anular todas las medidas, la vuelta del trabajador a su centro y horario anterior e imponer una indemnización que la empresa deberá pagar al trabajador que asciende a 3.000 euros.

Ríos Argüello ha destacado la "calidad técnica muy alta" y que su fundamentación coincide con lo que esta parte mantuvo desde el día en que el trabajador recibió la notificación de su traslado "y que a pesar de que se intentó solucionar el problema de forma amistosa antes de interponer la demanda, incluso antes de que se publicara la primera sentencia, la empresa nunca valoró un acuerdo con este trabajador, sobre el que tiene una especial fijación por ser el miembro del Comité de Empresa más reinvidicativo".

Además, ha asegurado que Eulen Seguridad "lleva tiempo buscando deshacerse de USO en el Comité de Empresa" y "ha dirigido sus esfuerzos" frente a este delegado e "indirectamente" contra afiliados del sindicato. "Esperamos que con esta sentencia frene en sus intenciones, respete la libertad sindical de todos los trabajadores de la empresa", ha agregado el letrado.

Asimismo, ha adelantado que tras la sentencia estudian la posibilidad de exigir responsabilidades tanto a la Jefatura del Departamento de Personal como a la de Seguridad de la empresa, "puesto que igual que el resto de trabajadores están sometidos a un régimen disciplinario, los jefes de Departamento sobre los que una sentencia advierten que han represaliado a un delegado sindical no pueden quedar al margen de estas responsabilidades disciplinarias".

CCOO reclama que se reabra la negociación del reglamento de seguridad privada

El sindicato CCOO ha reclamado hoy la reapertura del proceso de elaboración del reglamento de seguridad privada que desarrollará la ley del sector aprobada en 2014, después del reciente cambio de gobierno y tras haber presentado sus alegaciones al borrador en el plazo dado por el ejecutivo anterior.

"Independientemente de las alegaciones y enmiendas continuaremos realizando las gestiones y reuniones que sean necesarias solicitando la retirada del borrador del reglamento y la apertura de un nuevo proceso de elaboración", ha apuntado hoy la Federación de Construcción y Servicios de CCOO en un comunicado.

La central ha solicitado, además, una mayor participación sindical en una nueva negociación.

Entre las alegaciones presentadas al borrador, CCOO ha destacado las referidas a la disminución de personal y medios, la limitación respecto al derecho de huelga y la falta de regulación respecto al relevo en el servicio.

También la falta de equiparación de los medios de protección y defensa con relación a los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por ejemplo, en el uso cascos protectores o chalecos en determinados eventos.

Otras alegaciones han sido referidas a la carencia de universalización de la protección jurídica a los vigilantes y la necesidad del mantenimiento de la formación obligatoria en los términos de la normativa actual, así como la mejora de la uniformidad de los trabajadores y las que se oponen a la liberalización del transporte de fondos (furgones blindados).

Las alegaciones fueron presentadas por CCOO el pasado viernes, 22 de junio, cuando terminó el plazo dado por el Ministerio del Interior el 22 de mayo al presentar el borrador.

Tanto CCOO como las centrales UGT y USO y la patronal de la seguridad privada Aproser han cuestionado el borrador y han solicitado a la nueva dirección de Interior comandada por el ministro Fernando Grande-Marlaska que dé un giro a la norma.

Duras críticas del Observatorio Sectorial de Seguridad Privada al borrador del Reglamento


El Observatorio Sectorial de Seguridad Privada, compuesto por Aproser, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FeSMC – UGT), Comisiones Obreras de Construcción y Servicios (CC.OO.) y la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP – USO) ha criticado con dureza algunos aspectos del borrador de Reglamento de Seguridad Privada, tanto en su elaboración como en su contenido.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, sus portavoces han calificado como “inaceptable”que los agentes sociales y empresariales del sector “no hayan sido formalmente consultados en la elaboración de este borrador antes de su difusión, teniendo en cuenta que todas las organizaciones pertenecen a la Comisión Nacional de Seguridad Privada, que tiene por función dicho cauce de consulta previa”.

Eduardo Cobas, secretario general de la patronal Aproser, manifestó la necesidad de contar con un Reglamento que desarrolle la Ley de Seguridad Privada cuatro años después de su aprobación. Sin negar los aspectos positivos del Reglamento, Cobas puso el énfasis en el peligro que tienen algunas de las medidas del Reglamento al “promocionar un “servicio low cost de la seguridad en detrimento de la calidad”, condición imprescindible para que las empresas de seguridad privada desempeñen eficazmente su papel colaborador de la seguridad pública que ha llevado a España a ser un modelo para otros países.

Uno de lospuntos de mayor gravedad del texto presentado “repentinamente” por el Ministerio del Interiorsegún el Observatorio es el tratamiento de la seguridad en las actividades de transporte de fondos y depósito de efectivo. Según el borrador, entidades que no tengan consideración de empresas de seguridad podrían realizar operaciones de transporte de fondos de hasta 215.000 euros y depósitos de menos de 25 millones de euros no serían considerados depósitos de seguridad. Las entidades del sector exigen la retirada de esta propuesta del trámite reglamentario que supone una “práctica completa desregulación del sector con importantes consecuencias para los ciudadanos y un debate sobre el resto de la propuesta”.

En palabras de Diego Giráldez, secretario de FeSMC-UGT, “estas medidas suponen que el
95% de las actividades que son garantizadas por empresas y profesionales de seguridad
privada con excelentes ratios de calidad, serán prestadas por empresas y personas ajenasa la seguridad”.

Esta situación, apuntan desde el Observatorio, provocaría una casi total destrucción de empleo en el sector y contribuiría significativamente a un incremento de los niveles de fraude, ya que se podrá eludir la trazabilidad y el control de efectivo al que está sometido con el actual sistema. Esta desregularización, según afirman, convertiría a España en el país europeo con menor supervisión de la gestión del efectivo por las autoridades públicas, con previsibles consecuencias en los actuales niveles de inseguridad ciudadana.

Una segunda reivindicación del Observatorio Sectorial se refiere al insuficiente tratamiento de la protección jurídica de los vigilantes de seguridad. El borrador recoge una serie de supuestos en los que los vigilantes cuentan con la protección jurídica de agente de autoridad y que mejoran la situación actual.

Sin embargo, tal como señaló Juan José Montoya, coordinador del área jurídica de CC.OO. Construcción y Servicios, las organizaciones sociales consideran que estos supuestos deben generalizarse, dada la exposición a riesgos a los que los profesionales de seguridad privada están expuestos en la prestación de sus servicios.

Igualmente, Montoya incidió en la necesidad de la equiparación en el uso de medios de protección y defensa a las que utilizan las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado cuando intervienen junto a ellos.

En esta línea de reconocimiento y exigencia de calidad de la profesión, el sector pone
énfasis en lo referente a la formación profesional necesaria para acceder al sector, para el
cual tampoco se ha contado con la opinión de las organizaciones.

Consideran que, dado el conocimiento de empresas y sindicatos, se debería haber contado con el sector para determinar los contenidos de la formación exigible para el acceso. Según Basilio Febles, secretario general de la FTSP-USO, “no es razonable que desde el Ministerio de Educación se desarrolle de forma unilateral” la materia de formación de acceso del personal de seguridad.

Otras demandas del Observatorio sobre el Reglamento de Seguridad Privada afectan al sector de vigilancia y que reducen notablemente la calidad del servicio. Entre estas reivindicaciones está la incorporación de empresas interpuestas en el proceso de contratación de servicios de seguridad o la reducción desproporcionada de las cuantías de los seguros de responsabilidad civil y garantías exigibles a las empresas. Todo ello disminuye la calidad existente y se abre la puerta al intrusismo contra el que el sector está luchando.

Según el Observatorio, no se han tenido tampoco en cuenta los requerimientos de seguridad de los servicios y de los profesionales en lo relativo a la regulación sobre la vigilancia discontinua.Según el Observatorio, con la nueva normativa se generan riesgos para los trabajadores y los servicios se hacen ineficaces. Por último, los portavoces han destacado que el borrador genera un desequilibrio entre la decisión de contratación por el cliente y la responsabilidad asumida por las empresas de seguridad privada que quiebra las políticas de sostenibilidad de las empresas socialmente responsables.

Condenado por apuñalar al vigilante de un salón de juegos de Alcoy

Un hombre ha sido condenado a tres años y medio de prisión por apuñalar al vigilante de seguridad de un salón de juegos ubicado en la calle Sabadell de Alcoy (Alicante), según se recoge en una sentencia hecha pública hoy.

La Sección Primera de la Audiencia de Alicante le considera autor de un delito de lesiones en lugar del de intento de homicidio que le atribuía la fiscalía, pues no ha quedado ?suficientemente acreditado el ánimo de matar?.

La agresión se produjo sobre las 19 horas del 29 de abril de 2015, cuando una sobrina del sospechoso, identificado como A.C.F., se encontró con el vigilante en el salón recreativo y comenzó a increparle.

Al parecer, le reprochaba su actuación en un incidente anterior registrado en una carpa de las fiestas de Moros y Cristianos de la ciudad, en la que él había trabajado como portero.

La sobrina del acusado se dirigió a otra mujer a la que conocía y que se hallaba en las inmediaciones para decirle: ?Llama al ?Cascabel?, ahora sí que está muerto?.

Minutos más tarde, apareció A.C.F., que se bajó de una furgoneta armado con un cuchillo de doble sierra de grandes dimensiones y comenzó a preguntar a gritos ?¿quién es, quién es??.

Su sobrina y la otra mujer le señalaron al vigilante, contra el que el procesado se abalanzó para tratar de apuñalarle en el abdomen.

El agredido puso el brazo a modo de escudo y sufrió la sección del nervio y la arteria cubitales, por lo que tuvo que ser operado de urgencia para impedir que se desangrara.

A.C.F. le indemnizó con 15.000 euros antes del juicio, lo que le ha permitido beneficiarse de la atenuante de reparación del daño y, consiguientemente, de una rebaja de la pena.

Los magistrados han concluido que no hay pruebas que demuestren que quisiera matar al vigilante, pues ?no se conocían? y ?no consta la existencia de animadversión alguna? entre ellos previa a esos hechos que justificara esa ?intención dolosa?.

Además, ?no hubo repetición del golpe sino solo un lance con el cuchillo?, señalan, por lo que culpan al agresor de un delito de lesiones con uso de armas o instrumento peligroso.

Además de los tres años y seis meses de privación de libertad, el acusado no podrá comunicarse ni acercarse al agredido durante cinco años.

Actas de la reunión de la comisión negociadora del convenio colectivo estatal de empresas de seguridad


     

Nota informativa                               Acta de constitución


Texto del Borrador del Reglamento de Seguridad Privada

Estimadas compañeras y compañeros:

Adjunto os remito Circular Informativa, de la secretaría de acción sindical y el borrador del reglamento de seguridad privada, para vuestro conocimiento e interés.

Un Saludo

 
             Nota informativa                                 Borrador Reglamento

Condecorado un vigilante de la Boquería por auxiliar a víctimas del atentado de La Rambla

Un vigilante de seguridad del mercado de la Boquería de Barcelona ha sido condecorado este miércoles durante la XV edición del Día de la Seguridad Privada 2018 por colaborar con la Guardia Urbana en tareas de control y auxilio a las víctimas del atentado de La Rambla en agosto y el posterior desalojo del mercado.

En un comunicado, la Delegación del Gobierno ha explicado que en el acto, que ha sido presidido por el delegado, Enric Millo, se han entregado 274 menciones a los profesionales de la seguridad privada que han destacado por su profesionalidad y colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El acto, celebrado en el Auditori de Cornellà de Llobregat (Barcelona), ha contado con la presencia del jefe superior de la Policía en Catalunya, Sebastián Trapote, y el jefe de la Guardia Civil en Catalunya, Pedro Garrido.

Ha sido distinguido un vigilante que durante la huelga general del 8 de noviembre de 2017 colaboró activamente con la Unidad de Intervención Policial en el AVE de Girona para actuar ante piquetes que querían acceder al recinto.

Otra mención ha sido para un vigilante de seguridad que, en la estación de Rodalies de Canovelles (Barcelona), socorrió a una mujer que había sufrido un intento de agresión sexual por un pasajero, a quien localizó, detuvo y puso a disposición de Mossos d'Esquadra.

CCOO denuncia que prosegur incumple una sentencia por despido nulo en el Grupo Cepsa



CCOO ha denunciado que la empresa Prosegur ha incumplido una sentencia por despido nulo, así como la ejecución provisional de la misma, que implican la reincorporación de un vigilante de seguridad en las instalaciones del Grupo Cepsa en nuestra comarca. El sindicato anuncia movilizaciones de protesta.

CCOO ha denunciado la situación de un vigilante de seguridad de la empresa Prosegur que realizaba sus labores en las instalaciones del Grupo Cepsa en San Roque desde hacía más de 16 años. En Julio del 2016 recibe una carta comunicándole su despido por unos hechos acaecidos en las Instalaciones donde trabaja, tras los cual el trabajador acude a los servicios jurídicos de CC.OO para presentar una demanda por su despido.

En Septiembre del 2017, después de estar más de un año despedido y cobrando el desempleo, los servicios jurídicos de del sindicato logran ganar la demanda, obligando la sentencia judicial a la readmisión del trabajador en las condiciones que se encontraba antes del despido, asi como al abono de todos los salarios dejados de percibir desde el momento del despido. Esto es, declara nulo el despido.

Tras esta sentencia, La empresa Prosegur readmite al trabajador, pero lejos de cumplir la sentencia en su totalidad, no abona al trabajador los salarios dejados de percibir, no abona la nómina mensual como dicta la sentencia, restándole unos 900 euros mensuales a esta en conceptos de pluses y complementos, y ni tan siquiera readmite en su puesto de trabajo habitual en el Grupo Cepsa.

Prosegur, mantiene su aptitud de imcumplimiento sistemático de la sentencia, enviando al trabajador a una urbanización en obras que se encuentra en Sotogrande, con turnos distintos, salario distinto y triple de distancia de su anterior puesto de trabajo.

CCOO añade que el trabajador interpone nueva demanda en el Juzgado de lo Social, ahora solicitando ejecución provisional de la sentencia ya que la empresa ha recurrido al TSJA. Tras lo cual, en Abril del presente año, la Sala de lo Social de Algeciras, vuelve a condenar a la empresa Prosegur; esta vez el fallo dicta que la empresa esta readmitiendo al trabajador irregularmente y obliga a la readmisión en el centro del Grupo Cepsa o bien mantener al trabajador en su domicilio abonándole sus salarios hasta que la sentencia sea firme.

Siguiendo en su tónica de desprecio a las resoluciones judiciales, Prosegur continua incumpliendo esa ejecución manteniendo al ten el servicio de Sotogrande y la merma de salario.

Ante esta situación, el responsable comarcal del sector de Seguridad Privada de CCOO, Miguel A Páramo, ha lamentado el continuo incumplimiento por parte de Prosegur de las sentencias, la falta de sensibilidad antes los continuos incumplimientos económicos que están afectando a la economía familiar del trabajador y la falta de ética y profesionalidad que esta demostrando la empresa en este caso.

“Desde CCOO consideramos inaceptables este ataque despiadado a los derechos de este compañero, por lo que estamos preparando una acción en la que llamaremos al resto de compañero a una movilización en próximas fechas” concluía Miguel Páramo.

Detenidos tres jóvenes de Camariñas (A Coruña) por agredir a un vigilante de seguridad en la Fiesta de Brandoñas

La Guardia Civil del Puesto de Vimianzo (A Coruña) ha detenido a dos jóvenes vecinos de la localidad coruñesa de Camariñas y a un menor de edad por un delito de lesiones y de amenazas graves a un vigilante de seguridad en la Fiesta de Brandoñas.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos denunciados ocurrieron el pasado 13 de mayo en la Festa da Xuventude celebrada en la localidad de Brandoñas, en el municipio de Zas, sobre las 4,00 horas.

"En ese momento, uno de los detenidos se encaró con uno de los vigilantes de seguridad iniciando un forcejeo y golpeándolo en la cabeza", han relatado las mismas fuentes.

Ante los hechos, la víctima intentó reducir al agresor, pero se vio rodeado por un grupo de jóvenes, entre los que se encontraban los otros dos detenidos, que consiguieron tirarlo al suelo y le propinaron patadas, puñetazos y golpes con un objeto contundente, indicó la Benemérita.

Tras abandonar los agresores el lugar, cuando el vigilante de seguridad y un compañero avisaron a la Guardia Civil y se disponían a trasladarse al Punto de Atención Continuada (PAC) de Vimianzo volvieron a encontrarse con los presuntos agresores, momento en el que uno de ellos los amenazó de muerte mostrándoles un puñal.

"La posterior presencia de los agentes de la Guardia Civil impidió que los hechos fueran a mayores", ha subrayado el Instituto Armado, que añade que la descripción dada por la víctima y de los testigos permitió a los guardias "identificar a uno de ellos".

Contusiones

Posteriormente la fuerza actuante acompañó al vigilante al PAC de Vimianzo, desde donde fue derivado al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) para ser atendido de diferentes contusiones y magulladuras.

Una vez presentada denuncia por parte de la víctima y con las indagaciones realizadas por el Puesto de Vimianzo, se procedió a la detención de uno de los autores de la agresión.

Tras la declaración prestada por el detenido ante la Guardia Civil, se efectuaron los arrestos de los otros dos autores. Una vez finalizada la toma de manifestaciones, los sospechosos quedaron en libertad y las actuaciones realizadas fueron trasladadas al juzgado de Primera Instancia e Instrucción de guardia de Corcubión y a la Fiscalía de Menores.

La justicia avala que los vigilantes de seguridad lleven su identificación en castellano (Girona).

El Ayuntamiento de Roses (Girona) ha tenido que modificar el pliego de condiciones del contrato de seguridad privada para vigilar el Paseo Marítimo de la localidad que había licitado por una cuestión lingüística. El consistorio liderado por Montse Mindan, de PDeCAT, publicó una oferta en la que obligaba a los vigilantes a usar una placa identificativa en catalán. Ha tenido que enmendarlo por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La resolución judicial no es precisamente nueva. Se publicó en 2016 para corregir el protocolo de usos lingüísticos del personal público decretado anteriormente por la Generalitat. Determina que los vigilantes privados pueden disponer de una placa de identificación en cualquiera de las dos lenguas cooficiales en Cataluña. Sin distinción.

Ha sido al denuncia de ADN Sindical, una organización sectorial, la que ha llevado a la corrección del contrato municipal. Un proceso que se ha hecho con total entendimiento con el consistorio de Roses, señalan fuentes conocedoras del diálogo que se ha mantenido entre las partes.

El ayuntamiento alegó que desconocía la decisión del TSJC. Tras una pregunta realizada por la organización, ha decidido que este epígrafe del contrato sea “nulo de pleno derecho”. Los vigilantes de seguridad privada podrán usar el idioma que prefieran en su identificación.

Concesión para verano

No es una concesión precisamente menor si se comparan con otras en este sentido de los ayuntamientos de la zona. La empresa que se haga con el contrato de Roses deberá completar las actuaciones de la policía local en el tramo más concurrido del Paseo Marítimo del municipio por 38.600 euros. 

La licitación sólo afecta a las vacaciones de verano. Estará vigente durante dos meses y cuatro días.

Pulcritud de la licitación

No es la primera ocasión en que ADN Sindical peina los detalles de las concesiones municipales para solicitar modificaciones para que los pliegos de condiciones se adecuen a la ley. En cuestiones lingüísticas como el caso de Roses, pero también en detalles como la distribución de tareas entre los vigilantes y los auxiliares.

Por esta última cuestión ha demandado al Circuit de Barcelona-Catalunya ante la consejería del Interior. También se ha quejado, por ejemplo, del concurso de las piscinas públicas de Sabadell.

Los portavoces del sindicato explican que su objetivo es conseguir la máxima pulcritud en las licitaciones públicas que afecten al sector de la vigilancia de seguridad. Como sus quejas habitualmente se cursan antes de la licitación, es también un filtro para evitar que los procesos acaben ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP), donde se dirimen este tipo de cuestiones antes de llegar al TSJC.

Un trabajador de la terminal de carga del aeropuerto de El Prat pierde una pierna por un error mecánico

Un vigilante de la terminal de carga del aeropuerto de Barcelona – El Prat ha perdido una pierna por la mala fijación de un carro de transporte de mercancías. Según han detallado fuentes sindicales, el accidente ocurrió el pasado domingo al mediodía, cuando se desvió uno de los carros encadenados a un vehículo tractor que accedía en la zona de descarga. 

El carro perdió la fijación de seguridad justo a la altura de la puerta, en el punto donde había un vigilante de seguridad y un trabajador del servicio de handling. Los dos quedaron atrapados entre el carro y una valla de seguridad. 

A resultas del impacto, el vigilante perdió una pierna y existe el riesgo de que no pueda conservar la otra, mientras el trabajador de handling ha sido operado de urgencia con heridas graves en una pierna.

Comisiones Obreras ha criticado el estado “deplorable” de los vehículos de transporte de mercancías y equipaje, y ha presentado una denuncia a Inspección de Trabajo. 

Desde el sindicato han detallado que el carro se desvió porque no funcionaron los pasadores de seguridad que velan para que los vagones mantengan el sentido del vehículo tractor, y consideran que el error mecánico se produjo porque las máquinas “son heredadas de varias licitaciones y tienen entre 10 y 15 años de antigüedad”. 

CCOO asegura que ha comunicado “reiteradamente” las “deficientes” condiciones de trabajo con que se manipulan las mercancías y equipajes al aeropuerto, a la vez que lamenta que el accidente de este lunes “es producto de las deficiencias preventivas”.

“Los equipos de manipulación tienen que estar en condiciones óptimas”, reclama un portavoz de Comisiones Obreras.

El sindicato está ahora a la espera del resultado de una inspección laboral y reclaman que la investigación sirva para depurar responsabilidades e indemnizar a las víctimas. Además de los dos heridos de gravedad, a resultas del accidente los servicios médicos también tuvieron que atender de un ataque de ansiedad al conductor que transportaba la mercancía.

El director de Seguridad de El Corte Inglés negoció una comisión de 1,7 millones con Segur Ibérica a cambio de prorrogar sus contratos durante 13 años.

  • Un directivo de la compañía asegura que "el cobro de estas comisiones a proveedores de El Corte Inglés se utilizaba para financiar los acuerdos extrajudiciales y evitar demandas por el incendio del edificio Windsor"
  • En el contrato aparece Joaquín de Domingo Martorell, excomisario y socio de las empresas de la familia de Fernández Cernuda, como apoderado pese a que no tenía ninguna relación laboral con los grandes almacenes
  • El Corte Inglés alega que fue "una operación interna entre empresas en la que todo fue autorizado y consensuado sin nada extraño ni raro" y que Domingo Martorell "no era apoderado sino mandatario verbal"
El director de Seguridad de El Corte Inglés, Juan Carlos Fernández-Cernuda Hidalgo, negoció una comisión de 1,7 millones de euros en 2011 con Segur Ibérica a cambio de prorrogarle 13 años los servicios que prestaba la empresa de seguridad privada a la compañía de centros comerciales. eldiario.es ha tenido acceso al contrato en el que el directivo de El Corte Inglés -responsable de Protección de Datos en la actualidad- acuerda el pago de la empresa en concepto de "aportación para el desarrollo e investigación de sistemas de seguridad" para que se amplíe de 2011 hasta 2024 la prestación de servicios.

El pago de los 1,7 millones no llegó a El Corte Inglés sino a Chubb Insurances Company of Europe mediante un cheque bancario, que cuenta con la firma de Fernández-Cernuda Hidalgo. Chubb Insurances era en 2011 la aseguradora de la auditora Deloitte, cuyas oficinas fueron completamente destruidas en el incendio del edificio Windsor el 12 de febrero de 2005.

Un directivo de El Corte Inglés, que prefiere no identificarse, asegura que "este tipo de contratos fue una operativa común por parte de Fernández-Cernuda para cerrar acuerdos extrajudiciales tras el incendio del edificio Windsor. El cobro de estas comisiones a empresas proveedoras de El Corte Inglés se utilizaba para financiar estos acuerdos y evitar que llegara a los tribunales".

El incendio del Windsor provocó un cruce de demandas en las que Deloitte reclamó 33,2 millones de euros a Prosegur y Asón Inmobiliaria, propietaria del inmueble, exigió 54 millones de euros a la empresa de seguridad, entre otras querellas de los negocios que estaban ubicados en el edificio.

Según el mismo directivo, "el incendio del Windsor fue una conmoción para El Corte Inglés. El presidente Isidoro Álvarez no quería problemas judiciales y Fernández-Cernuda le ofreció la solución de los acuerdos extrajudiciales". 

Sin embargo, fuentes oficiales de El Corte Ingles aseguran que fue "una operación interna entre empresas en la que todo fue autorizado y consensuado". Pese a lo inusual del contrato, desde la empresa de centros comerciales se insiste en que "no hay ninguna operación extraña ni rara".

Abono sin contraprestación directa

En el contrato se deja claro que el abono de 1.700.000 euros de Segur Ibérica "carecerá de contraprestación directa por parte de El Corte Inglés S.A., y podrá ser aplicada por el Grupo según estime oportuno, o incluso directamente por la empresa según instrucciones de El Corte Inglés S.A.".

A cambio de este pago la empresa de centros comerciales se comprometió a "prorrogar la duración de los contratos de prestación de servicios de seguridad, servicios auxiliares, actualmente en vigor, con las excepciones y condiciones pactadas en los contratos vigentes durante un periodo de TRECE AÑOS (13) a contar desde el 1 de marzo de 2011, hasta el 1 de mayo de 2024".

Además del entonces director de Seguridad de El Corte Inglés, en nombre de Segur Ibérica firmó el contrato Aritz Larrea Uribiarte, que entonces era director general corporativo de la empresa de seguridad. Larrea Uribiarte es en la actualidad el presidente de Loomis España. eldiario.es ha tratado de recabar la versión de este directivo pero desde Loomis España han explicado que se encuentra en Estados Unidos y que no es posible contactar con él. Segur Ibérica, la empresa que pagó la comisión, entró en liquidación en 2017.

La anomalía contractual no solo se refleja en la comisión para ampliar la duración de los servicios. En el contrato figura como apoderado al excomisario de policía Joaquín de Domingo Martorell, socio de la familia de Fernández-Cernuda Hidalgo en empresas de seguridad que le facturan decenas de millones de euros a El Corte Inglés, según han revelado dos anónimos llegados a la dirección de la empresa de distribución, como publicó eldiario.es.

Domingo Martorell

Pese a que Domingo Martorell no tiene relación contractual alguna con El Corte Inglés, aparece en el segundo punto del acuerdo con la redacción siguiente: "En esta acto los intervinientes apoderan a D. Joaquín de Domingo Martorell provisto de DNI... para la aplicación en los términos que El Corte Inglés S.A. determine".

Desde El Corte Inglés se asegura que "es un error porque Joaquín de Domingo Martorell no era el apoderado, era un mandatario verbal". Esta figura es una forma de justificar la intervención de una persona que actúa en nombre ajeno pero sin acreditar el poder del representado.

El propio Domingo Martorell en conversación con eldiario.es señala: "No he sido apoderado de ningún contrato. No hay ningún contrato que diga que yo soy apoderado. Es imposible. Les han intoxicado o es un error. No he sido apoderado ni nada. Pregunten a El Corte Inglés".

Este contrato es una muestra más de la relación entre ambos expolicías y la cadena de grandes almacenes. Fernández-Cernuda negó a eldiario.es que él personalmente hubiera hecho negocios con Domingo Martorell. Sí admitió que las empresas de su familia y el excomisario habían contratado con El Corte Inglés porque tenían el permiso del anterior presidente de la cadena de centros comerciales, Isidoro Álvarez y de un directivo de la empresa del que no quiso decir su nombre.

En el acuerdo El Corte Inglés impone también una cláusula por la que obliga a Segur Ibérica a contratar todos los servicios que ofrece la compañía. La cláusula número seis recoge que la empresa de seguridad "se compromete a dotarse en el Grupo de Empresas El Corte Inglés de forma mayoritaria de la uniformidad necesaria, material informático y agencia de viajes o reforma de oficinas y todo aquello que sea necesario para su funcionamiento y que El Corte Inglés S.A. le pueda suministrar durante la vigencia de este contrato".