CCOO reclama que se reabra la negociación del reglamento de seguridad privada

El sindicato CCOO ha reclamado hoy la reapertura del proceso de elaboración del reglamento de seguridad privada que desarrollará la ley del sector aprobada en 2014, después del reciente cambio de gobierno y tras haber presentado sus alegaciones al borrador en el plazo dado por el ejecutivo anterior.

"Independientemente de las alegaciones y enmiendas continuaremos realizando las gestiones y reuniones que sean necesarias solicitando la retirada del borrador del reglamento y la apertura de un nuevo proceso de elaboración", ha apuntado hoy la Federación de Construcción y Servicios de CCOO en un comunicado.

La central ha solicitado, además, una mayor participación sindical en una nueva negociación.

Entre las alegaciones presentadas al borrador, CCOO ha destacado las referidas a la disminución de personal y medios, la limitación respecto al derecho de huelga y la falta de regulación respecto al relevo en el servicio.

También la falta de equiparación de los medios de protección y defensa con relación a los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por ejemplo, en el uso cascos protectores o chalecos en determinados eventos.

Otras alegaciones han sido referidas a la carencia de universalización de la protección jurídica a los vigilantes y la necesidad del mantenimiento de la formación obligatoria en los términos de la normativa actual, así como la mejora de la uniformidad de los trabajadores y las que se oponen a la liberalización del transporte de fondos (furgones blindados).

Las alegaciones fueron presentadas por CCOO el pasado viernes, 22 de junio, cuando terminó el plazo dado por el Ministerio del Interior el 22 de mayo al presentar el borrador.

Tanto CCOO como las centrales UGT y USO y la patronal de la seguridad privada Aproser han cuestionado el borrador y han solicitado a la nueva dirección de Interior comandada por el ministro Fernando Grande-Marlaska que dé un giro a la norma.

Duras críticas del Observatorio Sectorial de Seguridad Privada al borrador del Reglamento


El Observatorio Sectorial de Seguridad Privada, compuesto por Aproser, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FeSMC – UGT), Comisiones Obreras de Construcción y Servicios (CC.OO.) y la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP – USO) ha criticado con dureza algunos aspectos del borrador de Reglamento de Seguridad Privada, tanto en su elaboración como en su contenido.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, sus portavoces han calificado como “inaceptable”que los agentes sociales y empresariales del sector “no hayan sido formalmente consultados en la elaboración de este borrador antes de su difusión, teniendo en cuenta que todas las organizaciones pertenecen a la Comisión Nacional de Seguridad Privada, que tiene por función dicho cauce de consulta previa”.

Eduardo Cobas, secretario general de la patronal Aproser, manifestó la necesidad de contar con un Reglamento que desarrolle la Ley de Seguridad Privada cuatro años después de su aprobación. Sin negar los aspectos positivos del Reglamento, Cobas puso el énfasis en el peligro que tienen algunas de las medidas del Reglamento al “promocionar un “servicio low cost de la seguridad en detrimento de la calidad”, condición imprescindible para que las empresas de seguridad privada desempeñen eficazmente su papel colaborador de la seguridad pública que ha llevado a España a ser un modelo para otros países.

Uno de lospuntos de mayor gravedad del texto presentado “repentinamente” por el Ministerio del Interiorsegún el Observatorio es el tratamiento de la seguridad en las actividades de transporte de fondos y depósito de efectivo. Según el borrador, entidades que no tengan consideración de empresas de seguridad podrían realizar operaciones de transporte de fondos de hasta 215.000 euros y depósitos de menos de 25 millones de euros no serían considerados depósitos de seguridad. Las entidades del sector exigen la retirada de esta propuesta del trámite reglamentario que supone una “práctica completa desregulación del sector con importantes consecuencias para los ciudadanos y un debate sobre el resto de la propuesta”.

En palabras de Diego Giráldez, secretario de FeSMC-UGT, “estas medidas suponen que el
95% de las actividades que son garantizadas por empresas y profesionales de seguridad
privada con excelentes ratios de calidad, serán prestadas por empresas y personas ajenasa la seguridad”.

Esta situación, apuntan desde el Observatorio, provocaría una casi total destrucción de empleo en el sector y contribuiría significativamente a un incremento de los niveles de fraude, ya que se podrá eludir la trazabilidad y el control de efectivo al que está sometido con el actual sistema. Esta desregularización, según afirman, convertiría a España en el país europeo con menor supervisión de la gestión del efectivo por las autoridades públicas, con previsibles consecuencias en los actuales niveles de inseguridad ciudadana.

Una segunda reivindicación del Observatorio Sectorial se refiere al insuficiente tratamiento de la protección jurídica de los vigilantes de seguridad. El borrador recoge una serie de supuestos en los que los vigilantes cuentan con la protección jurídica de agente de autoridad y que mejoran la situación actual.

Sin embargo, tal como señaló Juan José Montoya, coordinador del área jurídica de CC.OO. Construcción y Servicios, las organizaciones sociales consideran que estos supuestos deben generalizarse, dada la exposición a riesgos a los que los profesionales de seguridad privada están expuestos en la prestación de sus servicios.

Igualmente, Montoya incidió en la necesidad de la equiparación en el uso de medios de protección y defensa a las que utilizan las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado cuando intervienen junto a ellos.

En esta línea de reconocimiento y exigencia de calidad de la profesión, el sector pone
énfasis en lo referente a la formación profesional necesaria para acceder al sector, para el
cual tampoco se ha contado con la opinión de las organizaciones.

Consideran que, dado el conocimiento de empresas y sindicatos, se debería haber contado con el sector para determinar los contenidos de la formación exigible para el acceso. Según Basilio Febles, secretario general de la FTSP-USO, “no es razonable que desde el Ministerio de Educación se desarrolle de forma unilateral” la materia de formación de acceso del personal de seguridad.

Otras demandas del Observatorio sobre el Reglamento de Seguridad Privada afectan al sector de vigilancia y que reducen notablemente la calidad del servicio. Entre estas reivindicaciones está la incorporación de empresas interpuestas en el proceso de contratación de servicios de seguridad o la reducción desproporcionada de las cuantías de los seguros de responsabilidad civil y garantías exigibles a las empresas. Todo ello disminuye la calidad existente y se abre la puerta al intrusismo contra el que el sector está luchando.

Según el Observatorio, no se han tenido tampoco en cuenta los requerimientos de seguridad de los servicios y de los profesionales en lo relativo a la regulación sobre la vigilancia discontinua.Según el Observatorio, con la nueva normativa se generan riesgos para los trabajadores y los servicios se hacen ineficaces. Por último, los portavoces han destacado que el borrador genera un desequilibrio entre la decisión de contratación por el cliente y la responsabilidad asumida por las empresas de seguridad privada que quiebra las políticas de sostenibilidad de las empresas socialmente responsables.

Condenado por apuñalar al vigilante de un salón de juegos de Alcoy

Un hombre ha sido condenado a tres años y medio de prisión por apuñalar al vigilante de seguridad de un salón de juegos ubicado en la calle Sabadell de Alcoy (Alicante), según se recoge en una sentencia hecha pública hoy.

La Sección Primera de la Audiencia de Alicante le considera autor de un delito de lesiones en lugar del de intento de homicidio que le atribuía la fiscalía, pues no ha quedado ?suficientemente acreditado el ánimo de matar?.

La agresión se produjo sobre las 19 horas del 29 de abril de 2015, cuando una sobrina del sospechoso, identificado como A.C.F., se encontró con el vigilante en el salón recreativo y comenzó a increparle.

Al parecer, le reprochaba su actuación en un incidente anterior registrado en una carpa de las fiestas de Moros y Cristianos de la ciudad, en la que él había trabajado como portero.

La sobrina del acusado se dirigió a otra mujer a la que conocía y que se hallaba en las inmediaciones para decirle: ?Llama al ?Cascabel?, ahora sí que está muerto?.

Minutos más tarde, apareció A.C.F., que se bajó de una furgoneta armado con un cuchillo de doble sierra de grandes dimensiones y comenzó a preguntar a gritos ?¿quién es, quién es??.

Su sobrina y la otra mujer le señalaron al vigilante, contra el que el procesado se abalanzó para tratar de apuñalarle en el abdomen.

El agredido puso el brazo a modo de escudo y sufrió la sección del nervio y la arteria cubitales, por lo que tuvo que ser operado de urgencia para impedir que se desangrara.

A.C.F. le indemnizó con 15.000 euros antes del juicio, lo que le ha permitido beneficiarse de la atenuante de reparación del daño y, consiguientemente, de una rebaja de la pena.

Los magistrados han concluido que no hay pruebas que demuestren que quisiera matar al vigilante, pues ?no se conocían? y ?no consta la existencia de animadversión alguna? entre ellos previa a esos hechos que justificara esa ?intención dolosa?.

Además, ?no hubo repetición del golpe sino solo un lance con el cuchillo?, señalan, por lo que culpan al agresor de un delito de lesiones con uso de armas o instrumento peligroso.

Además de los tres años y seis meses de privación de libertad, el acusado no podrá comunicarse ni acercarse al agredido durante cinco años.

Actas de la reunión de la comisión negociadora del convenio colectivo estatal de empresas de seguridad


     

Nota informativa                               Acta de constitución


Texto del Borrador del Reglamento de Seguridad Privada

Estimadas compañeras y compañeros:

Adjunto os remito Circular Informativa, de la secretaría de acción sindical y el borrador del reglamento de seguridad privada, para vuestro conocimiento e interés.

Un Saludo

 
             Nota informativa                                 Borrador Reglamento

Condecorado un vigilante de la Boquería por auxiliar a víctimas del atentado de La Rambla

Un vigilante de seguridad del mercado de la Boquería de Barcelona ha sido condecorado este miércoles durante la XV edición del Día de la Seguridad Privada 2018 por colaborar con la Guardia Urbana en tareas de control y auxilio a las víctimas del atentado de La Rambla en agosto y el posterior desalojo del mercado.

En un comunicado, la Delegación del Gobierno ha explicado que en el acto, que ha sido presidido por el delegado, Enric Millo, se han entregado 274 menciones a los profesionales de la seguridad privada que han destacado por su profesionalidad y colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El acto, celebrado en el Auditori de Cornellà de Llobregat (Barcelona), ha contado con la presencia del jefe superior de la Policía en Catalunya, Sebastián Trapote, y el jefe de la Guardia Civil en Catalunya, Pedro Garrido.

Ha sido distinguido un vigilante que durante la huelga general del 8 de noviembre de 2017 colaboró activamente con la Unidad de Intervención Policial en el AVE de Girona para actuar ante piquetes que querían acceder al recinto.

Otra mención ha sido para un vigilante de seguridad que, en la estación de Rodalies de Canovelles (Barcelona), socorrió a una mujer que había sufrido un intento de agresión sexual por un pasajero, a quien localizó, detuvo y puso a disposición de Mossos d'Esquadra.

CCOO denuncia que prosegur incumple una sentencia por despido nulo en el Grupo Cepsa



CCOO ha denunciado que la empresa Prosegur ha incumplido una sentencia por despido nulo, así como la ejecución provisional de la misma, que implican la reincorporación de un vigilante de seguridad en las instalaciones del Grupo Cepsa en nuestra comarca. El sindicato anuncia movilizaciones de protesta.

CCOO ha denunciado la situación de un vigilante de seguridad de la empresa Prosegur que realizaba sus labores en las instalaciones del Grupo Cepsa en San Roque desde hacía más de 16 años. En Julio del 2016 recibe una carta comunicándole su despido por unos hechos acaecidos en las Instalaciones donde trabaja, tras los cual el trabajador acude a los servicios jurídicos de CC.OO para presentar una demanda por su despido.

En Septiembre del 2017, después de estar más de un año despedido y cobrando el desempleo, los servicios jurídicos de del sindicato logran ganar la demanda, obligando la sentencia judicial a la readmisión del trabajador en las condiciones que se encontraba antes del despido, asi como al abono de todos los salarios dejados de percibir desde el momento del despido. Esto es, declara nulo el despido.

Tras esta sentencia, La empresa Prosegur readmite al trabajador, pero lejos de cumplir la sentencia en su totalidad, no abona al trabajador los salarios dejados de percibir, no abona la nómina mensual como dicta la sentencia, restándole unos 900 euros mensuales a esta en conceptos de pluses y complementos, y ni tan siquiera readmite en su puesto de trabajo habitual en el Grupo Cepsa.

Prosegur, mantiene su aptitud de imcumplimiento sistemático de la sentencia, enviando al trabajador a una urbanización en obras que se encuentra en Sotogrande, con turnos distintos, salario distinto y triple de distancia de su anterior puesto de trabajo.

CCOO añade que el trabajador interpone nueva demanda en el Juzgado de lo Social, ahora solicitando ejecución provisional de la sentencia ya que la empresa ha recurrido al TSJA. Tras lo cual, en Abril del presente año, la Sala de lo Social de Algeciras, vuelve a condenar a la empresa Prosegur; esta vez el fallo dicta que la empresa esta readmitiendo al trabajador irregularmente y obliga a la readmisión en el centro del Grupo Cepsa o bien mantener al trabajador en su domicilio abonándole sus salarios hasta que la sentencia sea firme.

Siguiendo en su tónica de desprecio a las resoluciones judiciales, Prosegur continua incumpliendo esa ejecución manteniendo al ten el servicio de Sotogrande y la merma de salario.

Ante esta situación, el responsable comarcal del sector de Seguridad Privada de CCOO, Miguel A Páramo, ha lamentado el continuo incumplimiento por parte de Prosegur de las sentencias, la falta de sensibilidad antes los continuos incumplimientos económicos que están afectando a la economía familiar del trabajador y la falta de ética y profesionalidad que esta demostrando la empresa en este caso.

“Desde CCOO consideramos inaceptables este ataque despiadado a los derechos de este compañero, por lo que estamos preparando una acción en la que llamaremos al resto de compañero a una movilización en próximas fechas” concluía Miguel Páramo.

Detenidos tres jóvenes de Camariñas (A Coruña) por agredir a un vigilante de seguridad en la Fiesta de Brandoñas

La Guardia Civil del Puesto de Vimianzo (A Coruña) ha detenido a dos jóvenes vecinos de la localidad coruñesa de Camariñas y a un menor de edad por un delito de lesiones y de amenazas graves a un vigilante de seguridad en la Fiesta de Brandoñas.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos denunciados ocurrieron el pasado 13 de mayo en la Festa da Xuventude celebrada en la localidad de Brandoñas, en el municipio de Zas, sobre las 4,00 horas.

"En ese momento, uno de los detenidos se encaró con uno de los vigilantes de seguridad iniciando un forcejeo y golpeándolo en la cabeza", han relatado las mismas fuentes.

Ante los hechos, la víctima intentó reducir al agresor, pero se vio rodeado por un grupo de jóvenes, entre los que se encontraban los otros dos detenidos, que consiguieron tirarlo al suelo y le propinaron patadas, puñetazos y golpes con un objeto contundente, indicó la Benemérita.

Tras abandonar los agresores el lugar, cuando el vigilante de seguridad y un compañero avisaron a la Guardia Civil y se disponían a trasladarse al Punto de Atención Continuada (PAC) de Vimianzo volvieron a encontrarse con los presuntos agresores, momento en el que uno de ellos los amenazó de muerte mostrándoles un puñal.

"La posterior presencia de los agentes de la Guardia Civil impidió que los hechos fueran a mayores", ha subrayado el Instituto Armado, que añade que la descripción dada por la víctima y de los testigos permitió a los guardias "identificar a uno de ellos".

Contusiones

Posteriormente la fuerza actuante acompañó al vigilante al PAC de Vimianzo, desde donde fue derivado al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) para ser atendido de diferentes contusiones y magulladuras.

Una vez presentada denuncia por parte de la víctima y con las indagaciones realizadas por el Puesto de Vimianzo, se procedió a la detención de uno de los autores de la agresión.

Tras la declaración prestada por el detenido ante la Guardia Civil, se efectuaron los arrestos de los otros dos autores. Una vez finalizada la toma de manifestaciones, los sospechosos quedaron en libertad y las actuaciones realizadas fueron trasladadas al juzgado de Primera Instancia e Instrucción de guardia de Corcubión y a la Fiscalía de Menores.

La justicia avala que los vigilantes de seguridad lleven su identificación en castellano (Girona).

El Ayuntamiento de Roses (Girona) ha tenido que modificar el pliego de condiciones del contrato de seguridad privada para vigilar el Paseo Marítimo de la localidad que había licitado por una cuestión lingüística. El consistorio liderado por Montse Mindan, de PDeCAT, publicó una oferta en la que obligaba a los vigilantes a usar una placa identificativa en catalán. Ha tenido que enmendarlo por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La resolución judicial no es precisamente nueva. Se publicó en 2016 para corregir el protocolo de usos lingüísticos del personal público decretado anteriormente por la Generalitat. Determina que los vigilantes privados pueden disponer de una placa de identificación en cualquiera de las dos lenguas cooficiales en Cataluña. Sin distinción.

Ha sido al denuncia de ADN Sindical, una organización sectorial, la que ha llevado a la corrección del contrato municipal. Un proceso que se ha hecho con total entendimiento con el consistorio de Roses, señalan fuentes conocedoras del diálogo que se ha mantenido entre las partes.

El ayuntamiento alegó que desconocía la decisión del TSJC. Tras una pregunta realizada por la organización, ha decidido que este epígrafe del contrato sea “nulo de pleno derecho”. Los vigilantes de seguridad privada podrán usar el idioma que prefieran en su identificación.

Concesión para verano

No es una concesión precisamente menor si se comparan con otras en este sentido de los ayuntamientos de la zona. La empresa que se haga con el contrato de Roses deberá completar las actuaciones de la policía local en el tramo más concurrido del Paseo Marítimo del municipio por 38.600 euros. 

La licitación sólo afecta a las vacaciones de verano. Estará vigente durante dos meses y cuatro días.

Pulcritud de la licitación

No es la primera ocasión en que ADN Sindical peina los detalles de las concesiones municipales para solicitar modificaciones para que los pliegos de condiciones se adecuen a la ley. En cuestiones lingüísticas como el caso de Roses, pero también en detalles como la distribución de tareas entre los vigilantes y los auxiliares.

Por esta última cuestión ha demandado al Circuit de Barcelona-Catalunya ante la consejería del Interior. También se ha quejado, por ejemplo, del concurso de las piscinas públicas de Sabadell.

Los portavoces del sindicato explican que su objetivo es conseguir la máxima pulcritud en las licitaciones públicas que afecten al sector de la vigilancia de seguridad. Como sus quejas habitualmente se cursan antes de la licitación, es también un filtro para evitar que los procesos acaben ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP), donde se dirimen este tipo de cuestiones antes de llegar al TSJC.

Un trabajador de la terminal de carga del aeropuerto de El Prat pierde una pierna por un error mecánico

Un vigilante de la terminal de carga del aeropuerto de Barcelona – El Prat ha perdido una pierna por la mala fijación de un carro de transporte de mercancías. Según han detallado fuentes sindicales, el accidente ocurrió el pasado domingo al mediodía, cuando se desvió uno de los carros encadenados a un vehículo tractor que accedía en la zona de descarga. 

El carro perdió la fijación de seguridad justo a la altura de la puerta, en el punto donde había un vigilante de seguridad y un trabajador del servicio de handling. Los dos quedaron atrapados entre el carro y una valla de seguridad. 

A resultas del impacto, el vigilante perdió una pierna y existe el riesgo de que no pueda conservar la otra, mientras el trabajador de handling ha sido operado de urgencia con heridas graves en una pierna.

Comisiones Obreras ha criticado el estado “deplorable” de los vehículos de transporte de mercancías y equipaje, y ha presentado una denuncia a Inspección de Trabajo. 

Desde el sindicato han detallado que el carro se desvió porque no funcionaron los pasadores de seguridad que velan para que los vagones mantengan el sentido del vehículo tractor, y consideran que el error mecánico se produjo porque las máquinas “son heredadas de varias licitaciones y tienen entre 10 y 15 años de antigüedad”. 

CCOO asegura que ha comunicado “reiteradamente” las “deficientes” condiciones de trabajo con que se manipulan las mercancías y equipajes al aeropuerto, a la vez que lamenta que el accidente de este lunes “es producto de las deficiencias preventivas”.

“Los equipos de manipulación tienen que estar en condiciones óptimas”, reclama un portavoz de Comisiones Obreras.

El sindicato está ahora a la espera del resultado de una inspección laboral y reclaman que la investigación sirva para depurar responsabilidades e indemnizar a las víctimas. Además de los dos heridos de gravedad, a resultas del accidente los servicios médicos también tuvieron que atender de un ataque de ansiedad al conductor que transportaba la mercancía.

El director de Seguridad de El Corte Inglés negoció una comisión de 1,7 millones con Segur Ibérica a cambio de prorrogar sus contratos durante 13 años.

  • Un directivo de la compañía asegura que "el cobro de estas comisiones a proveedores de El Corte Inglés se utilizaba para financiar los acuerdos extrajudiciales y evitar demandas por el incendio del edificio Windsor"
  • En el contrato aparece Joaquín de Domingo Martorell, excomisario y socio de las empresas de la familia de Fernández Cernuda, como apoderado pese a que no tenía ninguna relación laboral con los grandes almacenes
  • El Corte Inglés alega que fue "una operación interna entre empresas en la que todo fue autorizado y consensuado sin nada extraño ni raro" y que Domingo Martorell "no era apoderado sino mandatario verbal"
El director de Seguridad de El Corte Inglés, Juan Carlos Fernández-Cernuda Hidalgo, negoció una comisión de 1,7 millones de euros en 2011 con Segur Ibérica a cambio de prorrogarle 13 años los servicios que prestaba la empresa de seguridad privada a la compañía de centros comerciales. eldiario.es ha tenido acceso al contrato en el que el directivo de El Corte Inglés -responsable de Protección de Datos en la actualidad- acuerda el pago de la empresa en concepto de "aportación para el desarrollo e investigación de sistemas de seguridad" para que se amplíe de 2011 hasta 2024 la prestación de servicios.

El pago de los 1,7 millones no llegó a El Corte Inglés sino a Chubb Insurances Company of Europe mediante un cheque bancario, que cuenta con la firma de Fernández-Cernuda Hidalgo. Chubb Insurances era en 2011 la aseguradora de la auditora Deloitte, cuyas oficinas fueron completamente destruidas en el incendio del edificio Windsor el 12 de febrero de 2005.

Un directivo de El Corte Inglés, que prefiere no identificarse, asegura que "este tipo de contratos fue una operativa común por parte de Fernández-Cernuda para cerrar acuerdos extrajudiciales tras el incendio del edificio Windsor. El cobro de estas comisiones a empresas proveedoras de El Corte Inglés se utilizaba para financiar estos acuerdos y evitar que llegara a los tribunales".

El incendio del Windsor provocó un cruce de demandas en las que Deloitte reclamó 33,2 millones de euros a Prosegur y Asón Inmobiliaria, propietaria del inmueble, exigió 54 millones de euros a la empresa de seguridad, entre otras querellas de los negocios que estaban ubicados en el edificio.

Según el mismo directivo, "el incendio del Windsor fue una conmoción para El Corte Inglés. El presidente Isidoro Álvarez no quería problemas judiciales y Fernández-Cernuda le ofreció la solución de los acuerdos extrajudiciales". 

Sin embargo, fuentes oficiales de El Corte Ingles aseguran que fue "una operación interna entre empresas en la que todo fue autorizado y consensuado". Pese a lo inusual del contrato, desde la empresa de centros comerciales se insiste en que "no hay ninguna operación extraña ni rara".

Abono sin contraprestación directa

En el contrato se deja claro que el abono de 1.700.000 euros de Segur Ibérica "carecerá de contraprestación directa por parte de El Corte Inglés S.A., y podrá ser aplicada por el Grupo según estime oportuno, o incluso directamente por la empresa según instrucciones de El Corte Inglés S.A.".

A cambio de este pago la empresa de centros comerciales se comprometió a "prorrogar la duración de los contratos de prestación de servicios de seguridad, servicios auxiliares, actualmente en vigor, con las excepciones y condiciones pactadas en los contratos vigentes durante un periodo de TRECE AÑOS (13) a contar desde el 1 de marzo de 2011, hasta el 1 de mayo de 2024".

Además del entonces director de Seguridad de El Corte Inglés, en nombre de Segur Ibérica firmó el contrato Aritz Larrea Uribiarte, que entonces era director general corporativo de la empresa de seguridad. Larrea Uribiarte es en la actualidad el presidente de Loomis España. eldiario.es ha tratado de recabar la versión de este directivo pero desde Loomis España han explicado que se encuentra en Estados Unidos y que no es posible contactar con él. Segur Ibérica, la empresa que pagó la comisión, entró en liquidación en 2017.

La anomalía contractual no solo se refleja en la comisión para ampliar la duración de los servicios. En el contrato figura como apoderado al excomisario de policía Joaquín de Domingo Martorell, socio de la familia de Fernández-Cernuda Hidalgo en empresas de seguridad que le facturan decenas de millones de euros a El Corte Inglés, según han revelado dos anónimos llegados a la dirección de la empresa de distribución, como publicó eldiario.es.

Domingo Martorell

Pese a que Domingo Martorell no tiene relación contractual alguna con El Corte Inglés, aparece en el segundo punto del acuerdo con la redacción siguiente: "En esta acto los intervinientes apoderan a D. Joaquín de Domingo Martorell provisto de DNI... para la aplicación en los términos que El Corte Inglés S.A. determine".

Desde El Corte Inglés se asegura que "es un error porque Joaquín de Domingo Martorell no era el apoderado, era un mandatario verbal". Esta figura es una forma de justificar la intervención de una persona que actúa en nombre ajeno pero sin acreditar el poder del representado.

El propio Domingo Martorell en conversación con eldiario.es señala: "No he sido apoderado de ningún contrato. No hay ningún contrato que diga que yo soy apoderado. Es imposible. Les han intoxicado o es un error. No he sido apoderado ni nada. Pregunten a El Corte Inglés".

Este contrato es una muestra más de la relación entre ambos expolicías y la cadena de grandes almacenes. Fernández-Cernuda negó a eldiario.es que él personalmente hubiera hecho negocios con Domingo Martorell. Sí admitió que las empresas de su familia y el excomisario habían contratado con El Corte Inglés porque tenían el permiso del anterior presidente de la cadena de centros comerciales, Isidoro Álvarez y de un directivo de la empresa del que no quiso decir su nombre.

En el acuerdo El Corte Inglés impone también una cláusula por la que obliga a Segur Ibérica a contratar todos los servicios que ofrece la compañía. La cláusula número seis recoge que la empresa de seguridad "se compromete a dotarse en el Grupo de Empresas El Corte Inglés de forma mayoritaria de la uniformidad necesaria, material informático y agencia de viajes o reforma de oficinas y todo aquello que sea necesario para su funcionamiento y que El Corte Inglés S.A. le pueda suministrar durante la vigencia de este contrato".

Adif eleva un 10% el gasto en seguridad tras el plantón del sector.

Las grandes empresas de la seguridad privada se han revuelto contra los bajos precios ofertados por las empresas públicas y las administraciones ignorando varios contratos licitados en el último año. Todas las firmas tienen muy presente la pérdida de prestigio que supuso para Eulen los incidentes de El Prat del pasado verano y se han negado a pujar por unos contratos, que según los sindicatos, eran insuficientes para cubrir las necesidades de servicio en un momento en el que el tráfico de pasajeros en España bate récords cada trimestre. Así, más allá de Aena, Adif se ha visto obligada a subir un 10% su presupuesto en seguridad y vigilancia ante el plantón del sector.

En marzo de 2017, el gestor ferroviario licitó un concurso para contra los servicios de seguridad de toda su red de estaciones con un presupuesto máximo de licitación de unos 45,2 millones de euros (IVA incluido) para el primer año. El concurso, que estaba dividido en seis lotes, fue declarado desierto en octubre de 2017 después de que ninguna empresa presentara una oferta.

Tras declararlo desierto, Adif revisó al alza los presupuestos y presentó un nueva licitación exprés cuyo plazo para pujar terminaba el 23 de noviembre, es decir, apenas dos días después de que Fomento, Empleo, Interior, sindicatos y empresas firmaran el acuerdo para mejorar las condiciones en la contratación de los servicios de seguridad privada para las infraestructuras de transporte estatales.

Segundo concurso

Así, el segundo concurso licitado por Adif contemplaba un presupuesto máximo de 49,7 millones, IVA incluido, para el primer año. El contrato incluye una prorroga de 12 meses, elevando el contrato hasta los 88 millones de euros en todo el periodo (2018-2019), frente a los 80 millones de euros recogidos en los pliegos iniciales. El concurso se adjudicó el 19 de diciembre de 2017 a Eulen, Prosegur y Securitas por 48,6 millones de euros, lo que implica una rebaja del 2,2% con respecto al presupuesto máximo de licitación de los servicios de seguridad y vigilancia de la red pero un alza del 7,5% con respecto al presupuesto máximo inicial, que en principio también tendría que haber registrado algún ajuste con las ofertas presentadas a la puja.

Por ejemplo, Prosegur se ha llevado el contrato de seguridad de la zona centro, uno de los más grandes, por 11,015 millones de euros, IVA incluido, para el primer año, lo que supone una reducción de unos 100.000 euros con respecto al presupuesto revisa al alza, pero un millón de euros más con respecto al máximo planteado en el concurso inicial.

Pese a que el nuevo contrato se formalizó en febrero de este año y que tiene opción a una prorroga de 12 meses, Adif ya se está preparando para repetir la licitación y así adaptar el servicio a "las nuevas necesidades". Es decir, aumentar los efectivos y, por extensión, el presupuesto del mismo. "En los próximos meses está previsto licitar un nuevo contrato motivado por la necesidad de redefinir un nuevo modelo de prestación de estos servicios más actualizado y que se adapte tanto al tamaño actual de la red como al incremento futuro de las instalaciones", explica Adif a este diario. En este punto, el gestor señala también al incremento de las líneas de AVE en el corto y medio plazo y al espero incremento del tránsito de pasajeros como uno de los motivos para revisar el servicio. "El nuevo contrato dotará al servicio de mayores capacidades y soluciones técnicas, incrementando los niveles de seguridad activa y garantizando una operatividad óptima", apunta el gestor presidido por Juan Bravo.

El precedente de Aena

Adif no ha sido la única empresa que ha sufrido el plantón de las grandes del sector. Pese al alza del 35% del gasto en seguridad, Eulen y Prosegur evitaron presentarse a los contratos de inspección de pasajeros y maletas de Barajas y El Prat, que finalmente han acabado en manos de Ilunion y Trabilsa. El sindicato USO ya denunció en su día que el presupuesto era insuficiente para prestar el servicio, cumplir con los acuerdos y que la firma ganase dinero. Además, uno de los lotes, el que englobaba los aeropuertos canarios de Tenerife Sur, Tenerife Norte y La Palma, quedó desierto, por lo que el gestor ha aprobado una nueva licitación con un 10% de incremento sobre el importe anterior.

Un vigilante de seguridad en Cercanías de Madrid, agredido al pedir a un viajero que bajara la música de su reproductor.

Un vigilante de seguridad de Cercanías de Madrid fue agredido el pasado lunes por un viajero en la estación de Delicias cuando fue advertido de que tenía que bajarse del tren por su negativa a bajar la música que escuchaba a través de un altavoz.

Según ha explicado CCOO en un comunicado, el empleado de seguridad recibió un puñetazo y posteriormente una patada en el suelo, que le provocó traumatismo en la cabeza y en un ojo. Actualmente está de baja laboral.

El incidente tuvo lugar sobre las 18 horas y se inició en la estación de Pirámides cuando el viajero increpó e insultó a un taquillero y al vigilante.

Durante el trayecto entre las estaciones de Pirámides y Delicias, el agresor fue recriminado por su actitud e instado a bajar el volumen de un altavoz que portaba, para no molestar al resto de viajeros, según el relato del sindicato.

Al no deponer en su actitud y continuar con insultos y amenazas, el vigilante le instó a bajarse del convoy en la siguiente estación, según relata el sindicato.

Fue en ese instante, ya en la estación de Delicias, cuando el viajero propinó "un puñetazo en el rostro del vigilante, que cayó desequilibrado al suelo", donde posteriormente también le propinó una patada en la cabeza. Los golpes le ocasionaron un "fuerte" traumatismo en el pómulo y una brecha en la cabeza.

A pesar de su estado el vigilante dio aviso al centro de control y junto con la ayuda del taquillero y de otro viajero controlaron al agresor hasta la llegada de la Policía que detuvo al mismo y lo puso a disposición judicial.

Se ha celebrado un juicio rápido en el que el viajero ha sido condenado por un delito de lesiones y a indemnizar al vigilante en una cantidad de 700 euros, indican fuentes conocedores del caso.

CCOO condena la agresión y lanza un mensaje de reconocimiento de la profesionalidad del vigilante, para desearle una pronta recuperación, ya que actualmente se encuentra de baja.

AENA adjudica contratos por 48 millones a una empresa sancionada por impagos

  • Segurisa es una compañía que factura algo menos de 60 millones de euros pero que se ha adjudicado cuatro lotes por casi ese mismo valor solo de AENA aprovechando la desbandada de Prosegur y Securitas
La desbandada de Prosegur y Securitas del macroconcurso (345,5 millones de euros) de seguridad privada de AENA cuyas adjudicaciones se dieron a conocer esta pasada semana ha tenido como consecuencia que otras medianas empresas, que difícilmente hubieran podido competir con las grandes en condiciones normales, hayan accedido a suculentos contratos que el operador aeroportuario facilita por dos años. Servir en las instalaciones que hoy controla la empresa presidida por Jaime García Legaz es un trabajo preciado.

Descartadas las grandes, llega el momento para otras compañías como Illunion, Trablisa y empresas medianas como Segurisa, que ha sido sancionada por la Inspección de Trabajo por infracotizaciones a la Seguridad Social. 

Según documentación a la que ha tenido acceso este diario, Segurisa fue denunciada a la inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla en noviembre de 2017, y con fecha del 20 de abril de 2018, en un escrito firmado por el inspector de trabajo Julio Díaz Escudero y remitido a la compañía, apercibida con una sanción grave, donde se asegura que "tras examinar las nóminas y cuadrantes de servicios aportados, se comprueba que existen diferencias salariales y de cotización respecto al plus de trabajo nocturno que percibe la plantilla". Esta sanción grave de la inspección de trabajo aplica para Sevilla y le obliga a pagar las diferencias salariales del último año y las cotizaciones no pagadas de los últimos cuatro. Una multa considerable según los sindicatos, imposible de contrastar con la empresa.

Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con Segurisa, del grupo Sagital, para obtener más información sobre la sanción y su posible pago, sin que fuera posible obtener respuesta ni vía telefónica ni con el formulario habilitado para tal efecto.

Casi la facturación de un año, en concursos de AENA

La compañía ya ha devuelto entre 80 y 200 euros a los trabajadores, dependiendo de lo que se debía a cada uno, indican en Alternativa Sindical sin posibilidad de chequear esta información con la compañía. El contrato de AENA es una gran oportunidad para esta empresa mediana, que accede de repente a cuatro lotes por valor de 48 millones de euros. "Habrá nuevos conflictos porque en base a las ofertas presentadas no se podrá hacer frente a los acuerdos adoptados con Fomento", dice la unión sindical.

Segurisa ha recibido la adjudicación de cuatro lotes de seguridad de los aeropuertos de AENA, con instalaciones de relevancia como Valencia, Girona, Bilbao, Asturias y unos cuantas más. Estas adjudicaciones valen casi lo mismo que el total de la facturación de la compañía en los últimos años, de 56 millones de euros en 2015 y 2016 según el registro mercantil. Algunos trabajadores de seguridad privada critican que AENA está incumpliendo los acuerdos alcanzados por una mesa de trabajo entre Fomento, sindicatos y patronal que acordó en septiembre pasado mejorar las condiciones de los profesionales de la seguridad privada para que estas mejores condiciones redundaran en la calidad de su trabajo. La empresa, propiedad al 51% del grupo empresarial Enaire, no ha respetado este espíritu con las condiciones que ha impuesto a las empresas que desde ahora trabajan en los aeropuertos españoles, aseguran.

Dos vigilantes de seguridad salvan la vida a un bebé de 20 meses (Huelva).


Dos vigilantes de seguridad salvan la vida a un bebé de 20 meses



José María Dieguez y Jesus Salas son dos vigilantes de seguridad que trabajan en el establecimiento comercial de carrefour. Y su protagonismo les ha venido indirectamente en una de sus jornadas laborales. Una tarde vieron cómo los padres de un bebe de 20 meses, presos del pánico, pedían ayuda en el centro comercial porque su hija entró en parada cardiorrespiratoria.

Gracias a su diligente actuación y profesionalidad, los padres del bebe, para quienes estos vigilantes de seguridad se han convertido en héroes, pueden contar la historia con el mejor de los finales posibles: con su hija sonriente en brazos. Los padres de la niña son Jorge Carrillo y Mayra Guamán. Los vigilantes han recibido hoy de manos de la subdelegada y del comisario una metopa por su brillante actuación.

La subdelegada ha remarcado la “preparación y profesionalidad” de ambos vigilantes, quienes respondieron con “eficacia y diligencia” a los gritos de auxilio de la madre y mantuvieron con vida a su hija de 20 meses haciéndole masajes cardíacos y el boca a boca hasta la llegada de los equipos sanitarios.

“Ya los padres de la niña han tenido la oportunidad de agradecer a José María y Jesús lo que hicieron por su hija y hoy tanto desde el Gobierno como desde la Policía Nacional queremos darles las gracias a estos dos extraordinarios profesionales por un trabajo ejemplar”, ha señalado Grávalos.

Por su parte, el comisario ha subrayado la labor que desarrollan los profesionales de la seguridad privada, “un trabajo que contribuye a fortalecer nuestra seguridad, a prevenir y combatir los delitos y, también, a responder con eficacia y rapidez ante situaciones de emergencia donde está en juego la propia vida”.

Por último, los padres del bebé han calificado de “héroes” a los dos vigilantes, quienes se han mostrado especialmente satisfechos y felices “por salvar la vida de una niña”.

Aena aguanta el pulso a los grandes de la seguridad y mantiene su macroconcurso

  • Confiará en grupos medianos tras el repliegue de Prosegur y Eulen
  • Al mayor gasto suma la revisión de los contratos ante incrementos de tráfico
La dirección de Aena va a seguir adelante con la licitación de los contratos de seguridad privada en su red de aeropuertos pese a las presiones ejercidas por los grandes agentes del sector. Consciente de la ausencia de Securitas, el repliegue de Prosegur y ante las quejas públicas de Eulen por las condiciones de contratación, el presidente del operador aeroportuario, Jaime García Legaz, ha dado la orden de mantener en pie el proceso confiando en empresas de menor tamaño interesadas por el concurso. Con 360 millones de presupuesto para dos años, esta es una de las mayores llamadas a la seguridad privada en España.

Entre los ausentes hay quejas por baja rentabilidad. Prosegur es, de lejos, la principal proveedora de servicios de seguridad de Aena, con 17 contratos activos en la red de aeropuertos por un volumen total de 155 millones. En el actual proceso solo ha presentado candidatura para disputar los aeropuertos del Sureste (Alicante y Almería) y del área Andalucía Oeste (Jerez y Sevilla), con un volumen de licitación de 17 y 9 millones, respectivamente. Solo el control de pasajeros de Barajas, actualmente ofrecido por esta compañía, tiene un presupuesto de 58 millones.

La práctica ausencia de Prosegur y Eulen, y la reseñada renuncia de Securitas, se produce a pesar del incremento en un 25% del presupuesto de licitación. Los 360 millones recogen el 2% del alza salarial que marca el nuevo convenio colectivo y el 9% extra que los ministerios de Fomento, Interior y Empleo acordaron el pasado mes de noviembre con patronal y sindicatos para los vigilantes dedicados al sector aeroportuario.

Además de esa mejora, Aena ha tenido en cuenta la necesidad de un mayor número de efectivos e incluye cláusulas de revisión automática de las prestaciones económicas si se produce un incremento de pasajeros. Por la parte de los más de 5.000 vigilantes jurados en los aeropuertos, los pliegos buscan garantizar el cobro de las nóminas y el cumplimiento del convenio so pena de rescisión del contrato.

El operador dependiente de Fomento ha licitado estos servicios de forma simultánea en toda la red -algunos contratos han tenido que ser rescindidos antes de tiempo- con el fin de recoger los cambios derivados de la negociación colectiva y adaptar los pliegos a las necesidades que surgen por el boom turístico que vive España. Con un total de 250 millones de viajeros, de los que 82 millones fueron turistas internacionales, el año pasado la huelga del personal de Eulen colapsó el aeropuerto de Barcelona-El Prat en pleno verano. Una situación que Aena trata de evitar ahora a toda costa.

Primera fase en marcha

La compañía está evaluando ya las ofertas técnicas, tras lo que adjudicará estos servicios a las propuestas más económicas. Pese a basarse en el precio, la compañía ha eludido utilizar el sistema de subasta electrónica para no incentivar las bajas, y ha elevado el nivel de exigencia en el filtro de la fase técnica, subiendo la puntuación mínima necesaria desde los 60 puntos sobre 100 a un nuevo listón de 70. Quienes pasen este primer corte podrán aspirar a las adjudicaciones.

Solo la posibilidad de que alguno de los lotes quede desierto daría paso a una relicitación y la entrada de cualquiera se haya quedado fuera. Pero García Legaz ya ha manifestado en público su confianza en la solvencia y experiencia de las empresas concurrentes.

ICTS tiene en la actualidad contratos por 36 millones con Aena (Girona, Reus, Zaragoza, Asturias, Bilbao, Málaga y Vigo). Ombuds, una de las inversiones del fondo JZ International en España, atesora experiencia en el sector público y ya ha estado entre los proveedores de Aena. Abydos va por dos de los grandes contratos: el control de pasajeros de El Prat y el de Palma de Mallorca. Ilunion se presenta prácticamente a todos los lotes para actualizar su relación con Aena, para la que ya trabajó como Vinsa. Y Trablisa, que se disputa Barajas con Ilunion, viene de gestionar la seguridad privada en Palma de Mallorca.

Indignación en AENA con el portazo de Prosegur a sus principales licitaciones

El operador aeroportuario ha visto esta semana como su principal proveedor de seguridad rechaza participar en los concursos para los próximos dos años alegando falta de rentabilidad

Las condiciones del nuevo pliego para la contratación del servicio de seguridad de AENA se han presentado esta semana con bastante polémica. El líder del mercado Prosegur ha cerrado la posibilidad de optar a estos concursos alegando sus precios tan bajos que no los hacen rentables mientras que el gigante sueco Securitas, que gestiona aeropuertos por todo el mundo, tampoco se ha presentado y abandonó los aeropuertos españoles en 2016. Eulen, tercera en discordia que sufrió una huelga en El Prat en pleno agosto 2017, ha reducido drásticamente su interés.

Las críticas de las grandes al precio ofertado por AENA han sentado mal en el operador aeroportuario, algunos de cuyos directivos han manifestado al resto de compañías de seguridad el cabreo con el portazo -injustificado según su punto de vista- que ha dado Prosegur al operador semipúblico. Actualmente la compañía de la familia Revoredo es la adjudicataria de Barajas, Alicante, Gran Canaria, Tenerife, Valencia, Ibiza... las adjudicaciones más grandes excepto Barcelona, Málaga y Palma. Maneja un tercio del presupuesto de AENA para seguridad privada, por valor de 155 millones. Ahora sólo se ha presentado a dos lotes de Alicante y Sevilla.

Prosegur ha asegurado que "nos encantaría habernos presentado a más, pero no ha sido posible". AENA no ha querido confirmar la indignación que sí han manifestado sus directivos en reuniones con compañías del sector. Y mientras tanto, el resto de empresas observan este plantón de las grandes y ven como en los concursos pueden entrar algunas compañías con menos pulmón financiero y sin experiencia en aeropuertos.

Algunas de las compañías que sí se han presentado por ejemplo a Barajas y El Prat son Ilunion (de la ONCE), Ombuds, Eulen, Sureste, ICTS o la empresa mallorquina especializada en blindados Trablisa.

Muchos riesgos

Fuentes empresariales consultadas aseguran que la huelga de vigilantes de Eulen del año pasado ha puesto a las grandes sobre aviso: una gran concesión puede convertirse en un gran problema reputacional si se sigue el ejemplo de la huelga de Eulen el pasado verano, que produjo un caos en uno de los picos de trabajo del año. "Simplemente han pensado que a este precio no les compensa tomar el riesgo con todos los problemas que supone la gestión de un gran aeropuerto". 

Consultada por este diario, AENA recuerda que ha incrementado un 26% el presupuesto de los concursos con respecto actual "para incorporar los pluses que acordaron los sindicatos" tras el conflicto en el aeropuerto de Barcelona en el que se pactaron mejoras salariales para los vigilantes, con sueldos base próximos a los 1.000 euros mensuales. Pero las grandes piensan que aunque la licitación ha aumentado, el incremento de precio no cubre los incrementos de coste que va a haber. "Hay una parte técnica y luego una subasta donde se va a precio", argumentan.

Los sindicatos avisan

Desde los sindicatos también señalan que de facto AENA está incumpliendo los acuerdos llegados con los sindicatos y la patronal en una mesa de trabajo durante el otoño pasado. Alternativa Sindical ha señalado que AENA "contrata 100% a precio y que pone en situación de vulnerabilidad "a los más de 6.000 vigilantes que trabajan en sus instalaciones. No es posible que sea la propia administración pública la que esté generando precariedad laboral", argumentan.

Por su parte UGT ha enviado una carta a Jaime García-Legaz, presidente del operador público, para advertirle de esta situación. El directivo murciano entró en la compañía en octubre de 2017 tras haberse curtido durante años primero como economista de doctrina liberal en la Fundación FAES de José María Aznar, como diputado del PP y finalmente como secretario de Estado de Comercio. Tras su llegada AENA, aseguran, ha endurecido sus criterios.

Buenos tiempos en AENA

Esta "puño cerrado" de AENA se produce además, destacan los sindicatos, en unos años en que sus resultados son óptimos. En febrero cumplió 3 años en bolsa en los que la acción ha subido un 176%. Es ahora mismo una de las joyas de la corona del sector empresarial público español y cada anuncio de nuevos récords en el turismo español, cada nueva línea que Ryanair abre desde los aeropuertos españoles supone dinero automático en su caja a través de las tasas aeroportuarias. En 2017 AENA ganó 1.232 millones y aumentó su dividendo un 70%, del que el Estado se embolsó 500.

"La previsión es de que el tráfico en los aeropuertos siga subiendo y todo ello quiere hacerse sin mejorar las condiciones de los que velan por la seguridad", concluyen.

Accidente laboral: indemnización de 48.000 euros a un vigilante de supermercado agredido al salir del trabajo

Un trabajador, vigilante jurado que prestaba servicios en un supermercado en la ciudad de Bilbao, ha visto estimada su demanda, interpuesta contra la empresa y las compañías de seguro dada la falta de medidas de prevención frente a los riesgos existentes en el centro de trabajo.

La sentencia, dictada el pasado 5 de diciembre de 2017 por el Juzgado de lo Social núm. 7 de Bilbao, concluye la dejación empresarial en la prevención, facilitando que el empleado pudiera ser objeto de un ataque coordinado y planificado a la salida del centro de trabajo, además de ser amenazado de muerte por los individuos que le agredieron.

Parece que las agresiones están conectadas con las incidencias que el trabajador tuvo con varios varones jóvenes a los que sorprendió llevándose artículos del supermercado escondidos entre la ropa, resultando un forcejeo y amenazas de agresión frente al trabajador, que resultó lesionado.

En la última de las agresiones sufridas, y tras extenderse parte de accidente in itinere, el empleado causó baja por incapacidad temporal debido a múltiples contusiones, siendo atendido hospitalariamente.

Con posterioridad cursó una nueva baja médica, esta vez por trastorno ansioso depresivo, derivando en un trastorno de estrés postraumático de carácter crónico, solicitando que le fuera asignado un nuevo centro de trabajo.

Falta de medidas de prevención

La sentencia refleja que en aquellos momentos existía por entonces una problemática de grave conflictividad, al haber ocurrido poco después otra agresión a otro vigilante, lo que propició la apertura de un Acta de Inspección y se valorase por la empresa la implementación de una serie de medidas de seguridad que luego incumplió, acaeciendo una segunda agresión a ese otro trabajador en marzo de 2013.

La empleadora era consciente de la problemática, sin que se llegase a informar a la nueva empresa adjudicataria del servicio de dichos extremos, pese a ser su obligación.

El juzgador echa en falta una previa y suficiente evaluación de los riesgos del centro, pues la entonces vigente no llegaba a contemplar ni a evaluar la posible violencia física externa para los trabajadores del centro, a pesar del clima de conflictividad existente y de las amenazas recibidas en ese sentido.

Responsabilidad de las empresas concurrentes

Tanto la empresa principal como la subcontratada son consideradas responsables de la falta de prevención de riesgos, pues la normativa no solo impone unas obligaciones preventivas para las empresas concurrentes que contraten o subcontraten con otras la realización de obras y servicios correspondientes a su propia actividad, sino también, los empresarios titulares del centro de trabajo devienen en deudores de seguridad
Cuantificación de los daños

En lo relativo a la reparación del daño causado al trabajador, la sentencia tiene en cuenta que para reparar los daños causados, nuestro sistema de Seguridad Social protege con prestaciones económicas la pérdida de capacidad laboral que sufre una persona a causa de un accidente laboral.

No obstante hay que tener en cuenta que el sistema solo otorga protección contra la pérdida de retribuciones que conlleva esa merma de capacidad laboral y no siempre lo hace con prestaciones que cubran el 100 por 100 de lo que ganaría trabajando. Esto implica que puede existir una merma de ingresos (lucrocesante), y además un daño no compensado por la Seguridad Social, como sería el daño moral, el dolor e incertidumbre de la situación en sí, la no posibilidad de hacer vida normal, la influencia de las secuelas en otros aspectos de la vida del trabajador...

Teniendo todo esto presente, considera ajustado a derecho condenar a las demandadas al pago de 48.829,22 de euros, más los intereses legales, condenando además a la aseguradora al abono del interés del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.

Justifica la condena a la aseguradora a dicho abono del artículo 20 LCS, entre otras razones, a que ni siquiera ofreció una indemnización mínima, pese a conocer cabalmente la concurrencia del accidente y el resultado lesivo para el trabajador.

La sentencia no es firme, pudiendo las empresas recurrir en suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Prisión para un atracador que maniató a un vigilante y se llevó 190.000 euros

El Equipo Territorial de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Playa de las Américas detuvo a un varón, Y. C. A., de 31 años, vecino de San Miguel de Abona, como presunto autor de un delito de robo con violencia y otro de detención ilegal.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del día 29 de agosto del 2017, cuando se produjo un robo en el interior de un establecimiento sito en un centro comercial de Costa del Silencio, término municipal de Arona. Al citado centro comercial accedieron en horas de madrugada de ese día cuatro individuos, ocultando sus rostros para evitar ser reconocidos por las cámaras de seguridad de que disponía el centro. Una vez en el interior, los cuatro atracadores sorprendieron al vigilante de seguridad de dicho complejo, y tras intimidarlo y agredirlo con varios golpes por todo el cuerpo lo ataron de pies y manos a la vez que lo amordazaron, consiguiendo de esta forma que no diera voz de alerta y actuar con tranquilidad.

Una vez inmovilizado el personal de seguridad, al que causaron lesiones de las que tuvo que ser asistido posteriormente en centro hospitalario, forzaron accesos de un establecimiento de ese centro comercial y consiguieron apoderarse de una caja fuerte de grandes dimensiones. La misma contenía, según denunció posteriormente el perjudicado en dependencias de la Guardia Civil de Playa de las Américas, una cantidad cercana a los 190.000 euros en efectivo. Una vez cometido el hecho, los autores abandonaron el lugar llevándose la caja fuerte en un vehículo, dejando al vigilante tirado en el suelo herido, maniatado y amordazado. Esta persona pudo ser liberada horas después, cuando lo encontró en ese estado una mujer que ejercía las labores de limpieza del centro comercial y que fue la encargada de dar la voz de alarma a los servicios de emergencia.

Entre las múltiples gestiones en relación con dicho suceso se efectuó una minuciosa inspección ocular del lugar, hallando indicios biológicos que habían dejado uno de los autores del hecho al cortarse mientras manipulaba en el interior del establecimiento en el que se perpetró el robo.

Con la colaboración del Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses en Santa Cruz de Tenerife, se permitió, mediante cotejo del ADN, la identificación de uno de los autores que intervino en el hecho y a quien pertenecía la sangre hallada durante la inspección ocular llevada a cabo. Se da la circunstancia de que el presunto autor identificado poseía ya antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio.

Una vez detenido, el varón fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Arona, cuya autoridad judicial decretó su ingreso en prisión.