La huelga de El Prat amenaza con extenderse a todos los aeropuertos

Los trabajadores de Eulen, Prosegur y Aena también preparan protestas en otros aeropuertos de España.

El aeropuerto de El Prat ha recuperado la normalidad pese al comienzo de la huelga indefinida de los trabajadores de Eulen en los controles de seguridad gracias al refuerzo de la Guardia Civil, mientras que el Gobierno se reúne de forma extraordinaria este miércoles para preparar el arbitraje mediante un laudo obligatorio que ponga fin al conflicto laboral.

Sin embargo, los problemas podrían extenderse a otros aeropuertos de España. Por un lado, el comité de empresa de Eulen en el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas se reúne este miércoles para debatir qué medidas toman en solidaridad con sus compañeros en huelga de El Prat, protestas que sólo afectarían a las labores de facturación y vigilancia en terminales, y no a los arcos de seguridad como en Barcelona.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del comité, que han insistido en que este encuentro "extraordinario" es sólo "para analizar lo que está ocurriendo y ver qué pasos va a dar el comité de Madrid". "Es muy pronto y no corresponde al comité, sino a los trabajadores, el decidir si hay o no alguna acción", han enfatizado. A diferencia de El Prat, Eulen tiene en Barajas otra labor, ya que los arcos compete en este caso a otra empresa, Prosegur. En el aeropuerto madrileño Eulen se encarga de la facturación y otras cuestiones de vigilancia en las terminales, han señalado fuentes sindicales.

Huelga de Prosegur

Por su parte, el personal de Prosegur estudia ir a la huelga en los aeropuertos de Valencia y Alicante si el Gobierno no aprueba "un modelo único de contratación" del servicio de seguridad que garantice que "se respeta el convenio colectivo estatal" para que las empresas adjudicatarias no puedan recortar salarios.

Al respecto, el responsable del sector de seguridad y limpieza de FeSMC-UGT-PV, Saturnino Martínez, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que en el aeropuerto valenciano de Manises ya hay un acuerdo de movilización sindical si este miércoles el Consejo de Ministros aprueba el nombramiento de un mediador para resolver el conflicto de El Prat. La próxima semana se reunirá el personal del alicantino de El Altet.

Al respecto, ha aclarado que si el Ejecutivo aprueba nombrar un mediador convocarán la huelga en los aeropuertos valencianos para que "reflexione" porque "el problema no es con una empresa concreta" sino con "las licitaciones de los concursos por debajo del precio del convenio". "Más que concursos parecen subastas", se ha lamentado. Por ello, ha insistido en que el problema no es con una empresa concreta de un aeropuerto determinado, si no que el Gobierno saque licitaciones que no cumplen con el convenio colectivo estatal. De hecho, ha apuntado que otros aeropuertos, como Galicia, Andalucía o Madrid, también se están planteando ir a la huelga.

Esta compañía se ocupa, junto con Eulen e ICTS Hispania, de las tareas de seguridad en los filtros de control de pasajeros y equipajes en el 94% de los aeropuertos españoles, según datos de Aena. Concretamente, estas compañías prestan servicios en 45 de los 48 aeropuertos de la red. Eulen se encarga de la seguridad en 21 aeropuertos españoles, Prosegur en 17 e ICTS en otros siete. Los tres aeropuertos restantes son para Segurisa (Santander y Jerez de la Frontera) y Tablisa (Palma de Mallorca).

Huelga de los trabajadores de Aena

Por último, CCOO, UGT y USO registrarán el próximo jueves en la CIVCA (Comisión de Interpretación, Vigilancia, Conciliación y Arbitraje) la convocatoria de huelga en el gestor aeroportuario Aena y en Enaire, prevista a partir del 15 de septiembre y con una duración de veinticinco jornadas.

Fuentes de UGT han confirmado a Efe que no han recibido aún respuesta alguna por parte del Ministerio de Fomento a sus reivindicaciones en cuanto a las mejoras de sus condiciones laborales y salariales, por lo que siguen con los trámites previos a la convocatoria de huelga. Uno de estos trámites, como establece el convenio que rige en el ámbito aeroportuario, es la presentación en el registro de la CIVCA de la convocatoria de huelga, lo que harán efectivo el próximo jueves.

No obstante, UGT ha mostrado su confianza en que puedan lograr un acuerdo que evite la huelga en una reunión que celebrarán con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, el próximo 31 de agosto. Los sindicatos tienen previstos paros de 24 horas, que tendrían lugar los días 15, 17, 22, 24 y 29 de septiembre; 1, 6, 11, 15, 27, 30 y 31 de octubre; 3 y 5 de noviembre; y 1, 4, 5, 7, 8, 10, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre.

CCOO, UGT y USO reclaman, en materia salarial, un abono lineal que permita a los trabajadores participar en los resultados "extraordinarios" de Aena y Enaire, sobre todo teniendo en cuenta que han perdido hasta un 8% de poder adquisitivo. Los sindicatos piden también que, además de la tasa de reposición, se creen unos 450 puestos de trabajo en Aena y en torno a 250 en Enaire, para garantizar la operación de los centros "en condiciones de seguridad adecuadas" ante la cada vez mayor demanda de vuelos.

Los paros afectarían a labores como las que ejercen los bomberos en los aeropuertos, el personal de operaciones de aparcamientos y cintas de repostaje, personal de maniobrabilidad en pista, electricistas, personal de las áreas de comercial, seguridad e informática, así como los trabajadores de mantenimiento de las torres de control, entre otras tareas.

Los sindicatos amenazan con huelgas en los grandes aeropuertos si hay laudo

El conflicto de El Prat se extiende por la red de Aena y amenaza con bloquear los grandes aeropuertos y dar el salto a todo el sector de la seguridad privada. El sindicato UGT, junto a CCOO, ha abierto la puerta a convocar movilizaciones en los grandes aeródromos de España si el Gobierno da este miércoles luz verde al laudo obligatorio en Consejo de Ministros y nombra al mediador que se encargará de resolver el conflicto laboral abierto entre Eulen y su plantilla. Los sindicatos del aeropuerto de Valencia (Manises) serán los primeros en convocar movilizaciones si el Ejecutivo no cambia de estrategia y está previsto que la semana que viene sea el turno de Alicante, que en el primer semestre del año movió 6,2 millones de pasajeros, un 14% más. Ya hay convocada una asamblea para votar las acciones.

"Es una medida de presión para que el Gobierno de Mariano Rajoy ponga solución a un problema que no sólo afecta a El Prat. Queremos que apruebe un modelo único de contratación y que garantice que se respeta el convenio colectivo estatal", explicó a elEconomista Saturnino Martínez, responsable del sector de seguridad UGT en Valencia. Las movilizaciones de los principales aeropuertos del levante se suman a las presentadas en A Coruña y Santiago la semana pasada para exigir mejoras salariales.

Pendientes del Gobierno

A la espera de lo que pueda pasar este miércoles en el Consejo de Ministros extraordinario, en el que también se analizará el desafío catalán, los representantes sindicales de los aeropuertos de Andalucía y Barajas también están estudiando sumarse a las convocatorias de huelga, aunque "todavía no hay nada decidido". "Si el Gobierno deja sin atender la petición de UGT de abrir un diálogo social que busque una solución global al problema de precarización de la seguridad privada y, además, sigue adelante con el laudo obligatorio, saldremos a la calle a luchar sin descartar ningún tipo de movilizaciones. Habrá convocatorias de huelga pero ya no sólo en todos los aeropuertos si no en todo el sector", aseguró Diego Giráldez, responsable estatal de seguridad de UGT, el sindicato mayoritario.

En el caso de Madrid la situación es un poco más delicada. UGT y Prosegur, la firma que se encarga de los arcos de seguridad, llegaron a un principio de acuerdo a finales de julio que recoge mejoras laborales y organizativas y, entre otras cosas, permite que los trabajadores puedan negarse a realizar turnos de más de nueve horas al día. Prosegur todavía está pendiente de presentar un plus salarial para la plantilla de Barajas sujeto a determinados objetivos de calidad y eficiencia que a su vez podrían reabrir el conflicto. En este punto, el Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad (Ates) se reunirá el 11 de septiembre con representantes de Prosegur para comprobar si ha habido avances en el acuerdo que se alcanzó el pasado julio. "De palabra y por escrito tienen muy buena voluntad, pero ya veremos como acaba este tema", concluyeron desde el sindicato.

A su vez, el comité de empresa de Eulen en Adolfo Suárez Barajas se va a reunir este miércoles a primera hora de la mañana para debatir qué medidas tomar en solidaridad con sus compañeros de El Prat, que rechazaron la propuesta económica de la Generalitat (200 euros brutos al mes en 12 pagas) y que han visto como la Guardia Civil ha tomado el control de los filtros para frenar las colas. El personal de Eulen en Barajas se encarga de la facturación y otras cuestiones de vigilancia.

Los aeropuertos de Madrid, Málaga y Alicante se encuentran entre los seis aeropuertos más grandes de la red de Aena y en verano afrontan fuertes picos de actividad por la llegada de turistas (entre 1,5 millones y 4,5 millones de pasajeros al mes) por lo que una huelga del personal de seguridad puede llegar a causar un fuerte caos.

Cambiar las adjudicaciones

Aunque las protestas en El Prat han puesto en el punto de mira del Gobierno y de la opinión pública la labor del personal de seguridad en los aeropuertos, desde UGT insisten en que "es un problema global del sector". Por ejemplo, también afecta al personal de seguridad del Metro de Madrid e incluso al que contrata el Ministerio de Defesa. En este punto, no dudan en señalar a la Administración Pública como la principal culpable de las malas condiciones económicas del sector ya que lanzan licitaciones con las que "no se pueden ni pagar los sueldos que se recogen en convenio estatal". "La falta de criterio por la parte de la Administración no puede seguir. No es sostenible que contrate con presupuestos a la baja ni a empresas que lo único que hacen el recortar el sueldo al personal", explica el responsable estatal de seguridad de UGT que, a su vez, critica que llevan más de cinco años perdiendo derechos laborales y sueldo. Y es que, desde la reforma laboral de 2012, las empresas pueden elaborar sus propios convenios que, según denuncian, han llevado al personal de seguridad a cobrar hasta 700 euros frente a los 1.100 euros brutos mensuales que contempla el convenio estatal incluye pluses y excluyendo antigüedad.

"El problema no viene de aeropuerto en aeropuerto, si no que es global y se deben buscar soluciones globales. Desde UGT anticipamos un otoño caliente en el sector de la seguridad si no se abre el dialogo socios", sentenció Giráldez.

Desde CCOO también critican el descuelgue de las empresas de los convenios colectivos y que el Gobierno contrate a empresas que ofrecen precios bajos. Han criticado que se ponga a la Guardia Civil a hacer el trabajo de la plantilla.

1.100 euros brutos al mes

El convenio estatal de seguridad privada contempla un sueldo base de 907 euros brutos al mes al que hay que sumar dos pluses por vestimenta y transporte de unos 190 euros en total, lo que supone unos 1.100 euros brutos sin contar otros pluses y la antigüedad. Las empresas se descuelgan del convenio y se han llegado a poner sueldos de 700 euros brutos al mes, critican los sindicatos mayoritarios.


Las grandes empresas de seguridad defienden una solución única para todos los aeropuertos


La patronal Aproser cree que el convenio sectorial es el mejor escenario para resolver la situación.

La patronal que agrupa a las grandes empresas de seguridad (Aproser) cree que dar una solución individual al conflicto de El Prat es “tapar con una tirita una infección”. La opción que defiende su presidente, Ángel Córdoba, pasa por buscar una salida conjunta en las negociaciones del convenio colectivo en las que participa su organización. También UGT, que el día anterior convocó paros parciales en dos aeropuertos gallegos, reclamó ayer una solución conjunta y advirtió que “intensificará las movilizaciones si no se implican Aena y el Gobierno”.

Las patronales de seguridad (Aproser y FES) y los sindicatos están negociando este año el convenio sectorial. Y es en este marco en el que Aproser, presidida por Ángel Córdoba, propone negociar las condiciones laborales que resuelvan los conflictos que se están gestando en los aeródromos españoles. Aproser es la patronal de las grandes empresas de vigilancia, en la que están representadas cuatro de las cinco compañías con contratos en aeropuertos de Aena.

Aunque Córdoba, en conversación con este diario, pone dos condiciones: no negociar con las convocatorias de movilizaciones sobre la mesa y que la Administración —a través de los Ministerios de Fomento y de Interior— se implique.

Solucionar solo lo de El Prat es, para Córdoba, “una tirita”. Además, la solución que ha ofrecido la mediación de la Generalitat pasa por un suplemento de 200 euros al mes. Y eso para Aproser “no es extrapolable al sector, imposible. Venimos de una crisis tremenda”. Córdoba, que subraya que todas las empresas a las que representa cumplen las condiciones laborales del convenio sectorial, sí que admite que el sector se están precarizando. Pero matiza que no cree que el problema esté en los aeropuertos, sino en aquellas compañías que aprovechando la reforma laboral —que daba prioridad a los convenios empresariales por encima de los sectoriales— “rebajan los sueldos de 1.000 euros al mes a 700 euros”.
Punta del iceberg

Aquí los sindicatos más representativos también defienden una la solución global. Pero discrepan de su perspectiva. UGT denunciaba que “la situación de El Prat es la punta del iceberg fruto de un contrato de seguridad [...] que recorta derechos a los trabajadores y no garantiza una correcta calidad del servicio”.

En este punto, esta central reclama la implicación de Aena y el Gobierno, a los que responsabiliza de “situar en la protección de servicios de alto riesgo a vigilantes de seguridad con salarios de 700 euros”. Esta última situación se refiere, en realidad, a casos como los que se dan en el Ministerio de Defensa o contratos del Ministerio de Empleo (Fogasa y Centros de Atención a Refugiados).

De hecho, el pasado jueves USO puso una demanda de conflicto colectivo contra Marsegur, una empresa de vigilancia a bajo coste que se hizo cargo del servicio en Defensa en marzo y aplica su propio convenio, declarado ilegal por la Audiencia Nacional, por reducciones de sueldos que superan los 400 euros al mes.

Eulen, Prosegur e ICTS se ocupan de la seguridad en el 94 % de los aeropuertos

Tres empresas de servicios -Eulen, Prosegur e ICTS Hispania- se ocupan de las tareas de control de pasajeros y equipajes en el 94 % de los aeropuertos españoles, según datos de Aena, el gestor aeroportuario.

Estas compañías prestan servicios de seguridad en 45 de los 48 aeropuertos de la red de Aena: Eulen, en 21; Prosegur, en 17; e ICTS, en 7.

Los tres aeropuertos restantes se los reparten Segurisa (Santander y Jerez de la Frontera) y Trablisa.

Aunque Eulen gestiona la seguridad en más aeropuertos, Prosegur se ha adjudicado la mayor parte de los de más tráfico: Madrid-Barajas, Alicante, Ibiza, Gran Canaria o Tenerife Sur.

La "joya de la corona" de Eulen es Barcelona-El Prat, donde los trabajadores han convocado paros para reclamar mejores condiciones salariales, mientras que ICTS se ocupa del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, y Trablisa, del de Palma de Mallorca.

El pasado 3 de noviembre, Aena adjudicó los servicios de seguridad en 37 aeropuertos por un periodo de dos años, prorrogable por otros dos, por un importe total de 111 millones de euros.

En ese concurso, Prosegur, ICTS Hispania y Eulen se repartieron los contratos, que estaban divididos en cuatro lotes.

El lote 1, compuesto por aeropuertos con un tráfico superior a los 500.000 pasajeros al año, que englobaba los aeródromos de Girona-Costa Brava, Reus, Zaragoza, Asturias, Bilbao, Málaga-Costa del Sol y Vigo, se adjudicó a ICTS Hispania por 36 millones.

El lote 2, que inicialmente había quedado desierto y volvió a salir a licitación, se adjudicó finalmente a Prosegur por 33,7 millones. En este lote estaban incluidos los aeropuertos de La Palma, Tenerife Norte, Tenerife Sur, Ibiza, Menorca y Sevilla.

El lote 3, que agrupaba seis aeropuertos -Gran Canaria, Lanzarote, Almería, FGL Granada-Jaén, Murcia-San Javier y Valencia, se concedió también a Prosegur, en este caso por 32,4 millones.

Los servicios de seguridad para los aeropuertos de menos de 500.000 pasajeros al año, 18 en total, se adjudicaron a Eulen por 8,9 millones de euros.

Las empresas 'low cost' de seguridad bajan un 40% los sueldos cuando se hacen con un concurso público.

La crisis ha provocado bajas temerarias en los concursos de las administraciones a los que han acudido empresas que repercuten la bajada de precios a sus trabajadores.

Primero el Aeropuerto de El Prat, ahora Santiago y la Coruña. Metro de Madrid tiene constantes problemas por el incumplimiento de alguna empresa de seguridad en la red. Los juzgados también tienen constantes conflictos con estos agentes. ¿Qué pasa con las empresas de seguridad y sus trabajadores?

La razón de las últimas movilizaciones es que las empresas han repercutido en los sueldos de los empleados las bajas, temerarias muchas veces, con las que han concurrido a los concursos públicos.

Un informe de la Unión Independiente de Trabajadores describe la situación y señala que las empresas de seguridad, tras la crisis, apretaron el cinturón a los trabajadores. Alegaron que había un importante descenso de la actividad y productividad. Consecuencia: Muy pocos empleados llegan a los mil euros.

Muchas empresas se han descolgado delconvenio a nivel nacional, lo que ha sido un alivio para sus cuentas y un sacrificio aún mayor para los trabajadores del sector.

Las bibliotecas municipales de Madrid, la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, la Casa Museo de Cervantes, el Boletín Oficial del Estado o Patrimonio Nacional han adjudicado sus servicios a compañías que se habían desmarcado del convenio colectivo estatal.

Estas empresas, señalan los trabajadores, “vulneran sistemáticamente los derechos laborales de sus empleados”.

Importancia de términos económicos 

La Unión Independiente de Trabajadores señala que estas empresas pueden “tirar los precios por los suelos” en los concursos ya que en los últimos años no se valoran apenas los términos técnicos y sí los económicos.

Securitas y Prosegur, a pesar de ser las más fuertes del sector, apenas cuentan con contratos en la Administración pública porque respetan los convenios nacionales, lo que no les permite ir a bajas temerarias.

Las empresas fuera de convenio tiran el precio en la licitación y cuando tienen ya el contrato reducen los salarios y derechos laborales, ya sea de forma directa o simplemente modificando las relaciones laborales, según el informe.

En muchas ocasiones las empresas que cumplen con el convenio pierden el concurso porque se presentan las low cost a precios mucho más reducidos con los que es imposible competir.

La nueva empresa rebaja cuando toma posesión los salarios de sus trabajadores hasta un 40%, según el estudio.

El salario base de un empleado con el convenio estatal, según el informe, es de 1.122,68 euros. El de una empresa como Marsegur es de 789 euros, es decir un 29,72% menos. Sinergias de Seguridad paga 707,70.

Obligación en convenio colectivo

La hora nocturna la abona el convenio nacional a 0,99 euros la hora y Marsegur a 0,10 la hora. Sinergias 0,06, siempre según el estudio de este colectivo independiente.

Además de los salarios con estas empresa también se pierden otros derechos, como un día de vacación al año, desaparición de asuntos propios, percepción de pluses y conceptos sujetos a objetivos, aumento del cómputo de horas al mes, etc,..

Como solución a esta situación estos trabajadores independientes consideran que las administraciones públicas deberían exigir en sus concursos que se incluya la obligación de cumplir el convenio colectivo.Está cláusula se aplicará en el nuevo concurso del Metro de Madrid.


Sería necesario que la nueva empresa respetara las condiciones de los trabajadores cuando se subroga a los empleados de la anterior empresa.

Trabajadores de Eulen y Prosegur convocan paros parciales en los aeropuertos de A Coruña y Santiago

Los vigilantes de seguridad de los aeropuertos de A Coruña y Santiago de Compostela han convocado paros parciales a partir del próximo 20 de agosto, para denunciar la "precarización de las condiciones laborales" y un modelo de sector basado, aseguran, "en la competencia sobre precios".

El sindicato UGT ha informado que los vigilantes de Seguridad del Aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, prestan servicio para la empresa Eulen Seguridad. Entre otras reivindicaciones, solicitan el pago del plus de radioscopia a toda la plantilla, que cesen las ampliaciones de jornada en turno de tarde y que la formación, que se realiza fuera de horario laboral y coincidiendo con día de trabajo, se realice durante la jornada.

En cuanto al Aeropuerto Rosalía de Castro, de Santiago de Compostela, los vigilantes pertenecen a la empresa Prosegur. Entre sus demandas, al igual que los de A Coruña, se sitúa el abono del plus de radioscopia, además del abono mínimo de 6 horas de jornada en los turnos inferiores a la misma y el pago del parking, entre otras cuestiones.

Ambas secciones sindicales de UGT señalan que en la negociación del convenio del sector de seguridad privada --el convenio finalizó el 31 de diciembre-- se están dirimiendo dos modelos radicalmente distintos. Por un lado, el que "entiende que la mejora del contexto económico debe repercutir positivamente en las condiciones del colectivo de profesionales" del sector. Por otro, aquel "que ve en los posibles recortes de derechos a los trabajadores una oportunidad para mantener un modelo empresarial" que sostienen "que arruina al sector y precariza las condiciones de trabajo".

Desde UGT se realiza un llamamiento a los demás sindicatos del sector a participar en estas movilizaciones.

Comunicación del Administrador Concursal y Resolución del Juzgado Mercantil respecto al ERE de Segur Ibérica.

 

                  Juzgado                                              Administrador

El Govern insta a AENA a que medie en el conflicto de los vigilantes

El Govern a través de Inspección de Trabajo ya está analizando lo que está ocurriendo en el aeropuerto de Ibiza, tras la denuncia de CCOO sobre la vulneración del derecho a la huelga por un lado y por otro la relativa al exceso de horas que están realizando los vigilantes que cubren los servicios mínimos.

La Directora General de Trabajo, Isabel Castro, asegura que ahora habrá que esperar al análisis que haga el inspector que ya ha comenzado la instrucción de este expediente…Lo importante dice es que "se actuó de manera urgente, ya que la inspección se hizo a las pocas horas de tener constancia de la denuncia"..En cuanto a las posibles sanciones de confirmarse lo expuesto por los trabajadores "la empresa Prosegur se podría exponer a multas que irían de 6 mil a 180.000 euros en el caso de que se confirme que se han contratado a trabajadores tras el preaviso de huelga", porque sería una infracción muy grave.

Castro también quiere dejar patente la reivindicación del Govern y es que insiste en que "si el ejecutivo pudiera gestionar los aeropuertos estas movilizaciones no existirían". "porque se tienen unas clausulas sociales en las que se especifica la defensa de los derechos de los trabajadores en contratas de servicios públicos"

El Govern dice que Aena debería mediar en el conflicto y también se ofrecen si fuera necesario para estar presentes en estas negociaciones ya que este tipo de conflictos no beneficia a ninguna de las partes.

Los trabajadores siguen movilizandose

Mientras tanto algunos de los trabajadores han protagonizado esta mañana una pequeña manifestación a las puertas de la terminal para que se visualice su movilización que cumple ya cinco dias ...Tambien han pedido una reunión con la Delegada del Gobierno para trasladarles que "no se están cumpliendo los requisitos mínimos de seguridad por parte de los vigilantes que se han contratado y que no cuentan con la formacvión correspondiente".

CCOO pide la mediación del Govern y de Aena para solucionar el conflicto de los vigilantes del Aeropuerto de Ibiza

El sindicato CCOO ha solicitado la mediación del Govern balear y de Aena para "desencallar" el conflicto del personal de seguridad en el Aeropuerto de Ibiza.

Tras el quinto día de huelga, CCOO ha mostrado su agradecimiento a la Inspección de Trabajo de Baleares por su actuación "diligente" en respuesta a la denuncia del sindicato interpuesta contra Prosegur por el "boicot" que, según dicen, esta empresa ejerce en la huelga del personal.

Según han aclarado, dicho "boicot" se concreta en el hecho de contratar personal para cubrir los puestos de trabajo de los trabajadores que han secundado la huelga, cosa que es "totalmente ilegal y una provocación desmedida", opina CCOO.

Además, desde CCOO han pedido que se investigue una situación totalmente insólita ya que durante el paro se están efectuando jornadas laborales "maratonianas" de entre 12 y 16 horas.

Asimismo, CCOO ha puesto en conocimiento de la Delegación del Gobierno de Baleares las sospechas de que haya personal contratado que no estuviera habilitado para el manejo de los 'scanners' del Aeropuerto. Para ello, han pedido una reunión con la delegada del Gobierno.

El secretario general de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO de Baleares, Miguel Pardo, ha solicitado la intervención en este conflicto de la directora general de Trabajo y Salud Laboral del Govern, de la Dirección de Aena y de la propia empresa, con tal de sentar a todas la parte implicadas en vistas a una negociación "efectiva" que desencalle la situación creada, dando salida a la huelga en beneficio de trabajadores y usuarios.

Trabajo inspecciona los servicios mínimos del paro del aeropuerto de Ibiza

Personal de la Inspección de Trabajo y la Guardia Civil se personaron ayer tarde en el aeropuerto de Ibiza para identificar a los empleados de Prosegur que trabajaban durante la cuarta jornada de huelga indefinida.

El secretario de la Federación de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras, Miguel Pardo, presentó por la mañana sendas denuncias contra Prosegur ante la Inspección de Trabajo y la Delegación del Gobierno , con el fin de investigar una posible vulneración del derecho de huelga y si se han producido momentos de falta de seguridad en el aeropuerto de Eivissa por la escasez de servicios de vigilancia. Pardo representa a los vigilantes de seguridad de la terminal ibicenca.

La portavoz del comité de empresa de Prosegur, Ana López, explicó que la inspección se centró tanto en los turnos como en los horarios que realizan los trabajadores, además del incumplimiento que denuncian de los tiempos de descanso a que tienen derecho entre turnos.

López anunció que su colectivo confía en la efectividad de estas denuncias, presentadas ayer en Palma, «para poner fin al comportamiento que está llevando a cabo la empresa», así como que «que no se permitan esas jornadas laborales que se están soportando en Eivissa de 12 y 16 horas», criticó.

Servicios mínimos

López informó de que la jornada de huelga de ayer se desarrolló con tranquilidad, pero matizó que se debe a que existen «muchos servicios mínimos». «Muchos trabajadores de los que estamos en huelga tenemos servicios mínimos hoy y mañana [por ayer y hoy], así que ahora estamos el comité de huelga y unos cuantos que nos estamos rotando para estar las 24 horas» en las mesas de protesta instaladas a la entrada del aeropuerto, agregó.

«Además de que han puesto unos servicios mínimos al 90%, una de las cosas que hemos denunciado en la Delegación del Gobierno es que estos servicios mínimos están superpoblados», argumentó López.

«Nosotros pedíamos que se cubrieran estas plazas que ahora, durante la huelga, parece que sí que cuentan con recursos y despliegue suficientes por parte de Prosegur para dar todo el servicio», criticó la presidenta del comité de empresa.

«Por las noches, en el control de seguridad sólo había dos o tres personas, mientras que ahora, desde que empezó la huelga, hay siete u ocho personas», detalla López.











Por su parte, Podemos Eivissa quiso mostrar ayer su «apoyo total y solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de la empresa Prosegur que cuidan de la seguridad del aeropuerto y que están en huelga para reclamar mejores condiciones laborales».

Podemos denuncia adjudicación de seguridad de Metro basada en criterio precio (Madrid).

El grupo de Podemos en la Comunidad de Madrid ha denunciado hoy que las ofertas de adjudicación en los servicios de seguridad privada de la administración publica regional sigan basándose exclusivamente "en criterios de precio".

En una nota en la que expresa su apoyo a los vigilantes empleados por la empresa Seguridad Integral Canaria, que llevan meses exigiendo condiciones y salario dignos, Podemos recuerda que presentó en el Parlamento regional una iniciativa "para que el Gobierno dejase de contratar con empresas piratas, y únicamente trabajara con aquellas que pagan ajustándose al convenio"

Según Podemos, su iniciativa fue aprobada y aunque poco después el Gobierno anunció un sistema de contratación centralizado que entraría en vigor el 1 de enero de 2017, "no ha dejado de poner trabas en su desarrollo".

Podemos critica la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) -el 15 de junio- de un anuncio para la adjudicación de los servicios de seguridad privada en Metro en el que se indica que los criterios de adjudicación se basarán en la "oferta económica más ventajosa" (precio más bajo de entre las ofertas técnicamente aptas)".

En opinión de Podemos, esta práctica "confirma la continuidad de la política de adjudicar a empresas pirata, como Marsegur o Sinergias, o empresas como Integral Canaria que están retrasando el pago a sus trabajadores y empeorando sus condiciones laborales incumpliendo reiteradamente los contratos".

Y considera que adjudicar una vez más a empresas como Integral Canaria la responsabilidad de la seguridad hará que vuelvan a ser incumplidos los pliegos y a empeorar las condiciones laborales.

"El problema -dice en la nota la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid Isabel Serra- no es sólo que el PP sea una congregación de personas corruptas, sino que sus políticas las sufrimos todos y que son consecuencia de esa forma de gobierno".

Podemos explica en su nota que las empresas Seguridad Integral Canaria, Sinergias y Marsegur -estas dos últimas con sentencias de la Audiencia Nacional que declaran nulos sus convenios de empresa- son propiedad de Miguel Ángel Ramírez, "amigo del ex ministro (José Manuel Soria) y conocido donante del PP".

"Marsegur también ha recibido recientemente la adjudicación del servicio de la seguridad privada del Ministerio de Defensa, en torno a 500 trabajadores que han perdido el 30% de su salario", añade Podemos.

Y agrega Isabel Serra: "Ya está bien de que el Gobierno de Cifuentes le regale a sus amigos, los donantes del PP, los servicios que son del conjunto de los madrileños. Lo hacen empobreciendo y precarizando a miles de vigilantes de seguridad que están cobrando miseria. El sector de la seguridad privada sigue gobernado por una mafia".

CCOO denunciará a Prosegur por «vulnerar» el derecho a la huelga en el aeropuerto de Ibiza

Los vigilantes del aeropuerto anuncian que mañana acudirán a Inspección de Trabajo para que investigue «contrataciones para cubrir el paro»

La segunda jornada de paro indefinido de la seguridad privada en el aeropuerto de Ibiza volvió a desarrollarse con normalidad, sin afectar a la afluencia de pasajeros en la zona de embarque, aunque, según los huelguistas, la falta de incidencias se debe a «contrataciones irregulares» y jornadas de trabajo más allá de «lo que marca la ley». Por ello, el comité de huelga anunció ayer que mañana presentará una denuncia ante Inspección de Trabajo contra Prosegur, la empresa adjudicataria de la seguridad en la terminal ibicenca.

El secretario general de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO, Miguel Pardo, asegura que la empresa «ha establecido turnos de 12 horas durante la huelga, no se respetan los descansos que marca la ley y hay trabajadores que han llegado a aguantar jornadas hasta de 16 horas». Pardo, que ha venido de Palma para apoyar la protesta de los vigilantes, asegura que de estas anomalías «hay constancia documental».

Servicios mínimos

De momento, no existe esta prueba objetiva respecto a su otra denuncia, la de la contratación de trabajadores para cubrir las vacantes de los huelguistas, pero los manifestantes mantienen firmes sus acusaciones: «La única solución es denunciar a Prosegur ante inspección de Trabajo, para que averigüe si la contratación se ha realizado antes o después de la convocatoria de la huelga, que se efectuó el pasado día 7». En todo caso, según Pardo, la vulneración del derecho de huelga ya se ha producido con los turnos de 12 horas que permiten cubrir «los servicios mínimos al 90%», un porcentaje superior «a las plazas que había cubiertas en el aeropuerto antes de la huelga».

El personal que ayer secundaba la protesta en la entrada de la terminal añade más críticas contra Prosegur. Según ellos, el control de seguridad del aeropuerto estaba cubierto al mediodía «por gente nueva y eventuales sin formación», alertó la presidenta del comité de empresa, Ana López. «Hemos visto que un eventual le explicaba a otro cómo se hace un cacheo, no tienen formación por parte de la empresa», asegura. Otro vigilante añade que «tampoco tienen el curso de emergencias, que es lo que se ve en esos simulacros que AENA envía a los periódicos». «Si hubiese un accidente, los que tenemos la formación en el plan de emergencias estamos aquí en huelga», criticó López.

De momento, los huelguistas siguen sin obtener respuesta de Prosegur en sus principales reivindicaciones, como aumentar la plantilla «para mejorar la seguridad» . También piden acabar «con el agravio comparativo» que supone que el plus de 200 euros que cobran los vigilantes no se extienda a los indefinidos y fijos discontinuos, que son los que secundan la protesta.

Metro-Madrid aumentará el presupuesto de seguridad un 8%

Los presupuestos de seguridad de Metro de Madrid aumentarán en un 8 por ciento, una cuantía de 230 millones de euros. Además, podrá rescindir la relación con las empresas que no cumplan las condiciones laborales marcadas por el convenio colectivo.

Metro de Madrid incrementará un 8 por ciento el presupuesto de seguridad en el suburbano por medio de un nuevo contrato marco que tendrá una cuantía de 230 millones de euros y, además, incluirá en los pliegos de condiciones la posibilidad de rescindir la relación con las empresas que no cumplan con las condiciones laborales marcadas en el convenio colectivo.

Así lo ha indicado en una entrevista el consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructura de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, para recalcar que los pliegos también incluirán una novedad y es la adjudicación "por líneas" y no por zonas como ocurría hasta ahora.

Esta novedad, según el consejero, permitirá al suburbano realizar un "mejor seguimiento" de cara a comprobar que las empresas adjudicatarias cumplen con los términos del contrato.

Rollán ha explicado que en el nuevo pliego de condiciones se incluirá como requisito "sine qua non" que las empresas "estén sujetas y cumplan" con las condiciones salariales y laborales estipuladas en el convenio colectivo, algo que ahora no es posible.

Este requisito será un aspecto que puntuará a la hora de valorar las ofertas de las empresas de seguridad y también un motivo de rescisión del contrato "si no cumplen de manera escrupulosa" con esas condiciones laborables. Por tanto, será un aspecto "exigible" de cara a la implementación y entrada en vigor de dicho contrato, previsto para el próximo mes de noviembre.

Su duración será de cuatro años con posibilidad de ampliar otro ejercicio más y el presupuesto aumentará un 8 por ciento. "Somos conscientes de que hay que invertir más en la seguridad aunque en estos momentos Metro de Madrid goza de un notable alto en la valoración de la seguridad que realizan los usuarios, que aumenta más de un punto en el caso de los visitantes extranjeros respecto de los residentes en la región", ha apostillado.

Precisamente a mediados de julio se planteó la convocatoria de una huelga para los 600 trabajadores de la empresa Segur Ibérica que prestan servicio en la línea 1, 3 y 6 de Metro de Madrid por salarios adeudados a los empleados.

No obstante, los paros fueron desconvocados tras un acuerdo con el administrador concursal de la empresa (que entró en concurso de acreedores a finales de 2016), que se comprometió a abonar "el cien por cien" de los salarios, según expuso el sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada. Así, se procedió a pagar los salarios atrasados de junio.

Los servicios mínimos "boicotean" la huelga de seguridad del aeropuerto de Ibiza

Los trabajadores de seguridad critican que nunca ha habido tanto personal y policías en la terminal. Normalidad pese a la protesta.

La huelga convocada por los trabajadores del servicio de vigilancia del aeropuerto ha provocado que, paradójicamente, la terminal alcance unos niveles de vigilancia pocas veces visto, según denuncian los trabajadores.

El paro ha comenzado a medianoche y por ahora no se han registrado incidentes. La terminal funciona con normalidad absoluta y el único elemento que perturba la tranquilidad son los empleados de Prosegur, que se manifiestan en la entrada de la terminal. Mientras, en el filtro de seguridad hay activos cuatro arcos con al menos veinte trabajadores en total.

Los trabajadores en huelga denuncian que los servicios mínimos son un "boicot" a la huelga y que nunca ha habido tanto personal de seguridad como hoy en la terminal. "Sólo por esto ha valido la pena la huelga", comentaba con ironía un trabajador. De hecho, explican que el pasado sábado, la jornada de mayor tráfico del año, había operativos sólo tres arcos de seguridad con doce profesionales a su cargo, la mitad que hoy, un día de relativa tranquilidad. Los servicios mínimos se han fijado en el 90%.

La plantilla en huelga critica que la empresa ha desplegado personal de fuera de la isla para poder cumplir los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Fomento. Desde el comité de empresa aseguran que si el aeropuerto funcionara todos los días con los medios dispuestos hoy, primer día de la huelga, para minimizar sus efectos, no habrían convocado la protesta.

El punto de vista de AENA

Por otra parte, desde Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea (AENA), organismo responsable del aeropuerto, han enviado esta mañana una nota, en la que aseguran al respecto de las críticas del comité de empresa: "Respecto a que Prosegur atribuye a AENA la responsabilidad, alegando que el expediente es flexible y está permitiendo que haya puestos sin cubrir, el expediente estipula que, partiendo de los servicios fijos que marque AENA, la empresa adjudicataria ajustará los medios materiales y humanos a los horarios para cada servicio, siendo responsabilidad del adjudicatario que sean los necesarios para la correcta ejecución del servicio".

Además, AENA añade: "Se entiende por correcta ejecución del servicio que se cumplan los procedimientos y la normativa de seguridad en vigor, así como los niveles mínimos de calidad fijados por los indicadores de Calidad del expediente".

El organismo responsable del aeropuerto, que ayer declinó reaccionar a la decisión de la plantilla de ir a la huelga, considera respecto al personal: "Al adjudicatario se le obliga expresamente a realizar su actividad con una plantilla de trabajadores adecuada para el rendimiento óptimo y calidad del servicio; y al cumplimiento de toda la normativa aplicable a los trabajadores en materia de trabajo, empleo, seguridad social y prevención de riesgos laborales".

La empresa no ha contestado a los requerimientos realizados desde Diario de Ibiza en las últimas semanas para que aportara su punto de vista sobre el conflicto.


Los refuerzos de seguridad por la huelga en el aeropuerto de Ibiza impiden atascos en el embarque.

La huelga del personal de seguridad en el aeropuerto de Ibiza y el correspondiente refuerzo de la plantilla no está perjudicando a los pasajeros que esta mañana han acudido a la terminal.

Se registran largas colas, normales en esta época del año, pero fluyen con rapidez y no están impidiendo el embarque normal de los ciudadanos.

De la misma forma, el acceso a las puertas de embarque tras cruzar el control de seguridad del aeropuerto fue ayer más fluido que cualquier otro día de julio, pese a que se iniciaba la huelga indefinida del personal de seguridad privada. Los representantes sindicales denunciaron a lo largo del día que los efectos de su protesta han quedado anulados no sólo por unos servicios mínimos del 90%, sino porque ayer había «más puestos cubiertos que los días de mayor afluencia de pasajeros», incluso «más que el sábado pasado», que fue el día de mayor tráfico aéreo en todo el año.

Gran parte de los impulsores de la huelga, el personal indefinido de la empresa Prosegur, se presentaron a medianoche en la terminal para emprender una marcha de protesta en su interior con «60 personas» y «valorar los servicios mínimos», según la presidenta del comité de empresa, Ana López. Al mediodía de ayer, junto a una treintena de compañeros en la entrada a la terminal de salidas, López resumía su valoración: por un lado, un aviso de la Guardia Civil de que serían denunciados si volvían a manifestarse en el interior del aeropuerto; por el otro, la constatación de que «se han cubierto los puestos por encima de las previsiones que se llevan padeciendo hasta ahora».

«Han traído a gente de fuera que empezó ayer mismo y encontramos vigilantes que entraron a las tres de la tarde, con un turno hasta las tres de la madrugada y que al final salieron a las seis», denuncia López. Además de los recién llegados, el personal que acepta «turnos irregulares de hasta 18 horas algún día» está formado por los trabajadores eventuales, que cobran un plus de 200 euros, una de las reivindicaciones que ha empujado a los indefinidos y a los fijos discontinuos a esta huelga.

Una de las concentradas, Leticia Morales, aporta más datos para explicar la «saturación» que padecen en su trabajo y que provoca las colas de pasajeros sufridas este verano, algún día de hasta media hora.

Accesos saturados

«El sábado pasado, a una hora punta como las once menos cuarto de la mañana, en un filtro sólo éramos tres personas y con un solo escáner», cuando «debe haber cinco personas y dos aparatos de escáner» en cada arco del control de seguridad.

Otros participantes en el grupo de protesta explicaban que este verano han hecho frente a picos hasta de «2.400 pasajeros por hora» con cuatro filtros abiertos de seis posibles y cuatro trabajadores en cada uno de ellos, mientras que ayer se observaba una veintena de efectivos en los mismos accesos para una afluencia moderada de pasajeros.

Por su parte, la empresa Prosegur anunció ayer que no realizará declaraciones sobre la huelga de sus trabajadores en Ibiza.

El convenio de los vigilantes ‘low cost’ que contrata la Administración es ilegal

La Audiencia Nacional anula el convenio colectivo de Sinergias, empresa de seguridad que paga 700 euros a sus trabajadores.

La Audiencia Nacional acaba de anular el convenio colectivo de Sinergias de Vigilancia y Seguridad, una empresa muy conocida en el sector de la seguridad privada por pagar sueldos justo en el límite del salario mínimo interprofesional y que en los últimos meses se ha hecho con varios concursos en la Administración pública ofreciendo las ofertas más bajas.

La sentencia, del pasado 10 de julio, afirma que las "irregularidades" del convenio "conculcan la legalidad vigente en materia de capacidad y legitimación para negociar". La demanda fue presentada por UGT, y posteriormente se adhirió USO. Poco a poco los tribunales van anulando los convenios de este tipo de empresas de seguridad low cost, igual que ha pasado con los de otra cincuentena de multiservicios. Estas compañías pactan convenios con plantillas cortas poco sindicalizadas que luego crecen por la mano de obra barata.

Sinergias se ha hecho un hueco en la Administración ofreciendo las ofertas más baratas en las licitaciones. El propio Ministerio de Empleo ha contratado recientemente los servicios de Sinergias, que ahora se encarga de la seguridad de la sede del Fogasa y de los cuatro centros de atención al refugiado (CAR) que gestiona este ministerio. También se ha hecho con el de la sede del Boletín Oficial del Estado y con servicios de vigilancia de otras administraciones regionales y locales.

El contrato de los CAR, de un millón de euros con IVA, se suma a otros ocho que Empleo ha adjudicado en los últimos dos años y medio a empresas de seguridad low cost como Sinergias, según se puede comprobar en la Plataforma de Contratación del Estado.

El sector de la seguridad vincula a Sinergias, y a otras firmas similares, con el polémico empresario canario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, apodado el rey de la seguridad. Así lo hacen representantes sindicales de UGT y CC OO. Ramírez no figura en la empresa como administrador ni como accionista. El único vínculo formal de Ramírez es a través de una pequeña patronal, llamada Acosepri e integrada únicamente por cuatro empresas, de una de las cuales es accionista el empresario.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ya actuó en mayo pasado contra Sinergias. El Consejo de Ministros aprobó remitir a la Fiscalía una denuncia en la que consideraba que podría haber incurrido en un delito contra la Seguridad Social, recogido en el artículo 307 del Código Penal. En concreto, la compañía habría dejado de ingresar cotizaciones a la Seguridad Social porque estaba aplicando un convenio colectivo con condiciones salariales inferiores a las que debía.

El convenio colectivo de Sinergias reducía en más de un 90% los pluses de nocturnidad y de días festivos. El sueldo base era de 660 euros, por lo que solo superaba el salario mínimo (707 euros al mes sin pagas extras) por pluses como antigüedad o peligrosidad; el del sector en 2015 rondaba los 900 euros. Este diario intentó, sin éxito, contactar con algún responsable de Sinergias.

"Probablemente Sinergias recurrirá al Tribunal Supremo la anulación del convenio, como hizo Marsegur. En cuanto le anulen el convenio, a los precios que va, no va a poder pagar los salarios. Y ahí va a empezar a tener problemas", señala Basilio Febles, secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO). Este sindicato está pidiendo a la Administración que rescinda los contratos con estas empresas y vigila las próximas adjudicaciones: "No se les puede seguir dando contratos a estas empresas cuando se sabe que no van a cumplir, no solo con los trabajadores sino con el cliente".

Acta nº 10 Comisión negociadora Convenio Colectivo


Los vigilantes de seguridad de Navantia se manifiestan por los impagos (Cadiz).

Los vigilantes de seguridad de Segur Ibérica que prestan sus servicios en los centros de Navantia han protagonizado este miércoles una concentración a las puertas de la factoría de la empresa en San Fernando a la que se han sumado los trabajadores y trabajadoras del astillero isleño y los de la industria auxiliar, impidiendo la entrada al recinto hasta las ocho de la mañana y provocando considerables retenciones a la entrada de San Fernando y los accesos a la autovía.

Actualmente estos trabajadores pertenecen a Prosegur tras el cierre de Segur Ibérica que se encuentra en concurso de acreedores. Esta concentración obedece a que Segur Ibérica les adeuda la nómina de junio, la paga de julio y la liquidación, con lo que llevan 48 días sin percibir remuneración alguna. Esto lleva a las familias a afrontar una situación cada vez más crítica teniendo en cuenta que un vigilante medio, con 30 años de antigüedad viene percibiendo un sueldo de 1.200 euros.

Si bien Navantia no es responsable directo, "la nefasta gestión" que la compañía ha llevado a cabo durante la anterior administración en materia de subcontrataciones, ha propiciado que se llegue a esta situación, como ha ocurrido con otras empresas auxiliares como Acciona, "al no controlar la calidad y solvencia de los adjudicatarios ni poner los medios a su alcance para evitar estos abusos y desmadres", indican desde Comisiones Obreras. Ya en enero, los representantes sindicales de Segur Ibérica en Navantia advirtieron de lo que se venía encima y pidieron a Navantia que exigiera avales que garantizaran la solvencia de la empresa y evitaran lo que finalmente ha llegado.

Al igual que sucedió el pasado viernes en el Astillero de Puerto Real y ayer en el de Cádiz, la plantilla propia de Navantia así como la de la industria auxiliar se han sumado a las reivindicaciones de los compañeros y compañeras vigilantes apoyándolos en sus demandas.

Los trabajadores de Prosegur en el Aeropuerto aplazan la huelga al día 21

Los trabajadores de la empresa Prosegur en el Aeropuerto de Ibiza han aplazado hasta el 21 de julio a las 00.00 horas el inicio de la huelga que iba a comenzar el próximo día 18 de manera indefinida.

La empresa y el comité de huelga precisamente se reunirán este martes en Ibiza para tratar de alcanzar un acuerdo.

Según el sindicato CCOO, la empresa y el comité van acercando posturas, por lo que éste último ha decidido junto a los trabajadores suspender la huelga y aceptar la reunión para seguir negociando y llegar a un acuerdo.

Los trabajadores han denunciado las cargas de trabajo excesivas, el incumplimiento de los horarios entre un turno y otro o diferencias salariales debido a la aplicación de un plus de 200 euros para los vigilantes que llegan de fuera de la isla.


Podemos insta a Defensa a que rescinda su contrato con Marsegur

La diputada de Podemos en el Congreso Carmen Valido ha instado hoy a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, a rescindir el contrato que mantiene su Ministerio con la empresa de seguridad privada Marsegur, cuya propiedad atribuye al empresario canario Miguel Ángel Ramírez.

Con motivo de la visita que efectúa Cospedal a instalaciones militares en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, Valido ha pedido a la ministra que se rescinda el citado contrato con la empresa encargada de la vigilancia de los acuartelamientos, después de que el Gobierno del PP lo sacara a concurso.

Según Valido, Marsegur "tomó el relevo de Seguridad Integral Canaria -propiedad de Ramírez- con una oferta todavía más baja que la anterior", lo que repercute en sus trabajadores, que se encuentran en unas condiciones laborales "precarias", que han denunciado en dos ocasiones, logrando en ambas que la Justicia anule su convenio por no ajustarse al estatal.

La última sentencia, "más dura todavía que la primera", reprocha "a Marsegur su reincidencia y el contumaz incumplimiento de la legalidad", indica la parlamentaria de Podemos.

Por ello, Valido considera "intolerable y una muestra del falso patriotismo de este Gobierno" que Marsegur continúe velando por la seguridad de unas instalaciones altamente sensibles, ya que se encuentran en un nivel 4 de alerta por amenaza terrorista.

Según la diputada, los 96 trabajadores de esa empresa en Las Palmas y los 20 de Tenerife llevan varios meses sin cobrar.

Para Valido, es "insólito" que la Administración siga contratando con un empresario que tiene múltiples causas en los juzgados de los Social y que además cuenta con una tercera empresa de seguridad que "todavía paga menos que las dos anteriores y con la que sigue pirateando el mercado, porque las otras no pueden competir con unas condiciones laborales dignas".