Tres ministerios contratan una 'low cost' de seguridad tras declararse ilegal su convenio

Un centro de atención a personas con discapacidad en Cáceres, una tesorería de la seguridad social en Cuenca y varias sedes del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Son las instalaciones de distintos organismos dependientes los ministerios de Sanidad, Economía y Empleo que vigilará Novo Segur (antigua Marsegur), una empresa cuyo convenio colectivo ha sido declarado ilegal de forma definitiva por el Tribunal Supremo el pasado mes de diciembre. Los contratos de seguridad de estos centros, que suman algo más de dos millones de euros, se han adjudicado o formalizado después que el máximo órgano legislativo hiciera pública la sentencia.

Las nuevas adjudicaciones no incumplen la ley de contratación actual, pero van en contra de las cláusulas sociales de contratación, difundidas como recomendaciones el pasado verano a la espera de que entren en vigor en marzo. El mismo Congreso de los Diputados pidió al Gobierno, a través de la Comisión de Defensa, que se dejara de trabajar con esta empresa.

La última sentencia del Supremo, del 19 de diciembre, cierra todas las opciones de legalidad que quedaban al convenio de trabajo de Novo Segur. El Tribunal ha rechazado su recurso de casación, última apelación posible contra una sentencia judicial. El día antes, la secretaría general de CSIC adjudicó seis contratos a esta compañía, por un total de 1,8 millones de euros. El día mismo de la sentencia, Novo Segur consiguió otro, el mayor, de 312.000 euros. Todos ellos entraron en vigor tras su formalización, que se cerró entre finales de diciembre y comienzos de enero, varias semanas después del enunciado del Supremo.

La Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por su parte, cerraron la adjudicación diez días después de la decisión judicial. Los contratos suman, en total, 2,1 millones de euros, tal y como consta en el Portal de Contratación del Estado.

Novo Segur se ha enfrentado a las críticas de los sindicatos y a varios pleitos en los tribunales por las condiciones precarias en las que se trabajan sus empleados. Sus sueldos rondan los 789 euros brutos al mes y las guardias nocturnas se premian con 10 céntimos más, una cantidad idéntica al plus por trabajar los domingos y festivos. Las horas extra se remuneran al mismo precio que las ordinarias. Todo estaba pactado en el Convenio Colectivo de la Empresa, firmado en marzo de 2015. Tras una larga batalla judicial, el Tribunal Supremo lo anuló el pasado mes de junio y ha tumbado, ahora, el último recurso de Marsegur. Otra sentencia, esta vez de la Audiencia Nacional, añadía este mes de enero que Marsegur ha violado el derecho de huelga de sus trabajadores durante las protestas del pasado mes de septiembre.

Fuentes del Ministerio de Empleo aseguran que "las direcciones provinciales funcionan como organismos autónomos que toman sus propias decisiones de contratación" y recalcan, en relación a la sentencia, que no pueden rescindir un contrato a menos que se condene a la firma por haber cometido un delito. La adjudicación por parte del CSIC fue más compleja. La empresa apeló el contrato ante el tribunal administrativo central de recursos contractuales, que confirmó que, de acuerdo con la legislación actual, se le debía asignar la adjudicación por haber presentado la oferta más adecuada. Por otra parte, este periódico no ha conseguido ser atendido por un portavoz de la empresa.

No es un caso aislado

Los vigilantes de esta empresa habían arrancado su protesta para denunciar la pérdida de poder adquisitivo de casi 400 euros al mes, con sueldos un 30% inferiores a las tablas del convenio de seguridad estatal. El Ministerio de Defensa fue el primero en acabar su relación con la antigua Marsegur (ahora Novo Segur). Lo hará una vez finalizado el actual acuerdo Macro, firmado a comienzos del año pasado y que garantiza todavía adjudicaciones a la empresa hasta la nueva licitación, que tendrá lugar en marzo. Gracias a ese contrato, la empresa pudo llevarse otros 200.000 euros para garantizar la seguridad de toda la red sanitaria militar.

También el Ministerio de Fomento dio un paso importante en esta dirección. Tras la huelga en el aeropuerto de El Prat, que hizo estallar el debate sobre la seguridad privada en España, el departamento de De La Serna firmó el un acuerdo vinculante con los sindicatos y las empresas para mejorar las condiciones del sector.

La vigencia legal de estos contratos es posible gracias a la reforma laboral de 2012. El texto dio prioridad en la aplicación a los convenios de empresa sobre los de ámbito superior. La nueva Ley de Contratos Públicos, que entrará en vigor el 9 de marzo, debería evitar situaciones como esta. Sobre el papel, el precio pierde peso como criterio de adjudicación en favor de otros como la calidad del servicio y los pliegos deberán incluir cláusulas sociales. Las empresas, además, estarán obligadas a aplicar el convenio colectivo del sector, con salarios notablemente superiores a lo que pagan empresas como Novo Segur.

El citado caso de la huelga de El Prat recuerda que el de Novo Segur no es un caso aislado. El mismo ministerio de Empleo ya estuvo en el centro del huracán después de que 'El País' desvelara su contrato con otra empresa de servicios de seguridad 'low cost', Sinergias de Vigilancia y Seguridad.

Seguridad Integral Canaria, propiedad del Miguel Ángel Ramírez, presidente del UD Las Palmas, era conocido por ser uno de los mayores contratistas de seguridad 'low cost', con más 200 millones en adjudicaciones públicas. La Seguridad Social le acusa de haber defraudado 14 millones de euros y la empresa ya ha entrado en proceso de liquidación. La sospecha de los sindicatos es que Novo Segur y Sinergias, así como Marservi, otra empresa del sector, no dejen de estar relacionadas con el dueño del club más importante de la comunidad canaria.

Denuncian la vulnerabilidad de los vigilantes ante agresiones de grafiteros

El sindicato Alternativa Sindical ha denunciado ante la Inspección Provincial de Trabajo la agresión esta semana a un vigilante de seguridad, que patrullaba solo, por parte de varios grafiteros en los talleres de Renfe en Fuente de San Luis en València.

Según un comunicado del sindicato de trabajadores de seguridad privada, la madrugada del pasado martes, un grupo compuesto por seis grafiteros accedió a los talleres de Fuente de San Luis con la intención de pintar las unidades que quedan estacionadas en vía muerta.

Al ser sorprendidos por el vigilante de seguridad que presta servicio en esas instalaciones, lo rodearon, insultaron y agredieron, incluso mediante el lanzamiento de piedras, según la denuncia sindical.

El miembro de seguridad, mientras evitaba la comisión del delito, intentó avisar, sin éxito, a un compañero que prestaba servicio a unos 200 metros del lugar mediante un geolocalizador que, según el sindicato, no funciona correctamente.

Alternativa Sindical explica que este área es un lugar muy habitual donde actúan las bandas organizadas de grafiteros, circunstancia conocida "de sobra" por parte del departamento de seguridad corporativa de Renfe Operativa y de la empresa encargada de la seguridad, pese a lo cual solo presta servicio un único vigilante de seguridad "cuya integridad física peligra".

Tras estos hechos, el servicio de seguridad de los talleres ha quedado provisionalmente reforzado con la presencia de dos vigilantes más en el turno de noche.

El sindicato ve, no obstante, "lamentable y penoso que tenga que ocurrir un incidente de estas características, donde podría haberse dado una verdadera tragedia, para que se adopten medidas".

Del mismo modo, advierte de que se produce la misma situación con los vigilantes de seguridad que prestan servicio en el acompañamiento de trenes de Cercanías.

"Mientras que de lunes a viernes las líneas de Cercanías están custodiadas por una pareja de vigilantes, los fines de semana, cuando más incidentes existen, las parejas son separadas enviando a un único vigilante de seguridad a distintas zonas", critica en su comunicado.

También denuncia la falta de aseos y lugar de descanso para los vigilantes que prestan el servicio en Caudiel, así como para el vigilante que cubre la línea de cercanías C-6 (Valencia Nord-Castellón de la Plana).

De proseguir esas carencias, el sindicato afirma no descartar la presentación de una demanda en vía de conflicto colectivo contra Renfe Operadora y Prosetecnisa por incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La 'low cost' Novo Segur mantiene en adjudicaciones públicas los sueldos de su convenio suspendido por el Supremo

  • CCOO y UGT aseguran que los encargados de la vigilancia de la dirección provincial de la Seguridad Social en Ciudad Real han visto caer sus salarios un 40% en su primera nómina
  • La reducción de "unos 400 euros" se corresponde con la aplicada en otras adjudicaciones gracias a su convenio de empresa, que anuló el Tribunal Supremo en diciembre
  • Los sindicatos denuncian que "sigue aplicando el mismo convenio" y critican a la administración pública por continuar contratando a esta compañía
Esperaban con temor sus nóminas y, finalmente, llegaron con retraso y el peor de sus presagios. Los 16 vigilantes de las sedes de la Seguridad Social en Ciudad Real cobraron sus nóminas de enero la semana pasada con un recorte del 40% respecto a su salario anterior, afirman desde Comisiones Obreras y UGT. ¿El motivo? La entrada de la nueva adjudicataria del servicio, Novo Segur (la antigua Marsegur), una empresa de seguridad privada 'low cost' que ha sido condenada por la Audiencia Nacional por vulnerar el derecho a huelga y a la que el Tribunal Supremo anuló su convenio de empresa el pasado diciembre. Los sindicatos denuncian que la empresa "sigue aplicando el convenio" anulado.

Las organizaciones de trabajadores esperaban esta nómina de enero tras la ratificación definitiva del Supremo de la anulación del convenio –que ya había tumbado la Audiencia Nacional antes– para ver qué salarios aplicaba Novo Segur en una nueva adjudicación pública. "Están aplicando el convenio de empresa, lo sabemos por lo que están haciendo en otros servicios", asegura Carlos García Montoya, responsable de Negociación Colectiva de CCOO de Construcción y Servicios en Castilla-La Mancha. Belén del Álamo, de Fesmc UGT en la comunidad, confirma las reducciones en los salarios.

Este medio ha intentado ponerse en contacto con algún portavoz de Novo Segur sin éxito. La opacidad y la nula comunicación son la norma en la compañía, según explica Carlos García. Solo hay un delegado sindical en la empresa en Ciudad Real, que es de CCOO, y "no ha recibido explicación sobre esta rebaja en los salarios", critica. García explica que "los trabajadores están indignados con la propia Administración que, a sabiendas de que este tipo de empresas funcionan así, siguen siendo adjudicatarias y al final nos vemos en este sarao. Nadie nos da ninguna explicación ni esperanza. Es absolutamente increíble".

Esta empresa es una de las varias compañías de seguridad privada de bajo costeque tiran precios por debajo del sector y logran hacerse con multitud de adjudicaciones públicas. Según los sindicatos, están vinculadas al empresario Miguel Ángel Rodríguez, presidente de la UD Las Palmas, a través de una pequeña patronal llamada Acosepri.

Este tipo de compañías disgustan, además de los sindicatos, a la patronal. En el caso de Aproser (Asociación Profesional de Compañías Privadas y Servicios de
Seguridad), su presidente ha criticado la reforma laboral del Gobierno: "Ya nadie duda (tras varios años predicando en este desierto generado por la crisis económica) que la ingeniería en malas prácticas favorecida por la prevalencia del convenio de empresa sobre la negociación colectiva sectorial, aderezada con nuestra peculiar ley de contratos del estado, ha sido un cáncer de gran metástasis en todos los sectores intensivos en mano de obra", escribía Ángel Córdoba Díaz en un artículo.

Adjudicaciones públicas pese a las condenas

En este caso, los trabajadores que han visto esfumarse un 40% de su sueldo están protegiendo las oficinas de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de la Tesorería General de Ciudad Real, dependientes del ministerio que dirige Fátima Báñez. Los representantes sindicales denuncian la paradoja de que una empresa condenada, cuyo convenio fue denunciado por la propia Dirección General de Empleo y Seguridad Social, siga recibiendo adjudicaciones públicas e incluso ligadas a ese Ministerio.

La adjudicación a Novo Segur en Ciudad Real tuvo lugar el pasado noviembre, por un importe de 307.447,41 euros. Fue formalizada solo un día después de la sentencia del Supremo y le otorga el servicio por un periodo de un año, hasta 31 de diciembre de 2018. En los pliegos, el "único criterio de adjudicación" es el "del precio más bajo" ofertado por las empresas concurrentes. Según el documento, pueden quedar excluidas las candidatas con ofertas "anormalmente bajas", pero ninguna fue apartada por este motivo.

Además, hay otra adjudicación dependiente de Empleo, del 14 de diciembre, por parte de la dirección provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Almería. En este caso, el importe es de 27.781,00 euros.

Fuentes del Ministerio de Empleo explican que ambas contrataciones con Novo Segur parten de las direcciones provinciales, que "son unidades de contratación independientes". También justifican que con la actual ley de contratos públicos –que será sustituida en marzo por una nueva norma– es legal que las empresas se descuelguen en los precios por debajo de los convenios colectivos del sector, algo que impedirá la nueva ley.

Sobre si es normal que dependencias de Empleo estén adjudicando servicios a una compañía denunciada por el propio ministerio, las mismas fuentes separan la labor del Ministerio "en materia del orden social" –persiguiendo aquellos convenios nulos por no cumplir con lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores y con actuaciones de la Inspección de Trabajo para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral– con la de "contratación administrativa". En este último punto, no cumplir con el convenio por irregularidades en la representación sindical –que es lo que reconoció el Supremo– no supone un criterio para excluir a una empresa. "Nosotros la única razón para impugnar una adjudicación es por una sentencia firme de fraude a la Seguridad Social o a Hacienda", justifican en Empleo.

Desde el Ministerio insisten en que están promoviendo "la introducción de cláusulas sociales en la contratación de servicios de seguridad", para adelantarse a la nueva normativa y garantizar "los derechos laborales de los trabajadores de la empresa adjudicataria".

El Ministerio de Empleo no es el único que contrata con esta compañía. El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ha adjudicado siete servicios de vigilancia del CSIC en diferentes lugares desde septiembre, por un importe total de 2,9 millones. En varios casos, las adjudicaciones se produjeron después de la anulación del convenio, como en el caso de la seguridad del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Instituto Cajal y del Centro de Ciencias Humanas y Sociales en Madrid.

Y el Ministerio de Defensa, que inició el proceso para rescindir los contratos con esta empresa en septiembre, sigue adjudicando algunos servicios a Novo Segur: el último este mismo febrero, para servicios de seguridad en centros de la red sanitaria militar, por un importe de 218.606,84 euros.

El Hospital Marina Baixa rompe con la empresa de seguridad por recortar el sueldo a sus trabajadores (Alicante).


La dirección sanitaria resuelve el contrato con la mercantil por incumplimientos, tras una reducción salarial del 40% y no respetar derechos laborales.

Los afectados y el sindicato CC OO mantienen varias denuncias interpuestas, la última de ellas, ante la Fiscalía.

No respetar el salario y otros derechos laborales de sus trabajadores ha acabado saliéndole caro a la empresa que gestionaba el servicio de vigilancia y seguridad del Hospital Comarcal de la Marina Baixa. La conselleria de Sanidad ha rescindido el contrato que mantenía desde hace algo más de tres meses con Sinergias de Vigilancia y Seguridad debido a los incumplimientos en los que, según mantienen, la empresa habría incurrido. La resolución de esta adjudicación fue firmada ayer mismo por la gerente del departamento de salud de la Marina Baixa, Rosa Louis Cereceda, justo a la vez que el sindicato Comisiones Obreras denunciaba la presentación ante la Fiscalía de una denuncia contra esta misma empresa por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores.

La relación contractual entre la conselleria de Sanidad y Sinergias de Vigilancia y Seguridad se inició el pasado 1 de noviembre. La empresa resultó adjudicataria al presentar la mejor oferta para hacerse con la seguridad privada del Hospital Comarcal, ubicado en La Vila Joiosa, y del Centro de Especialidades de Benidorm. En ambos espacios sanitarios trabajan un total de 17 vigilantes de seguridad, a los que la nueva adjudicataria debía subrogar en las mismas condiciones y con el mismo salario que tenían con la anterior mercantil, Eulen Seguridad. Pero de inmediato vino el primer incumplimiento.

Jesús Gallego, delegado sindical de CC OO en esta plantilla, explicó ayer que pocos días después de iniciarse el contrato, la mercantil les comunicó que dejarían de regirse por el convenio nacional que rige las condiciones laborales en las empresas de seguridad y que les aplicaría un convenio propio. Esta primera decisión les supuso un recorte salarial del 40%, tanto en el sueldo base como en los complementos. O, dicho de otra manera, hizo que pasasen de cobrar algo más de 1.000 euros a 690 euros mensuales; o a ver reducidos algunos pluses, como el de peligrosidad, de 143,51 a 15 euros al mes.

Tras este jarro de agua fría, los trabajadores descubrieron que el convenio colectivo que la empresa les estaba aplicando había sido anulado por la Audiencia Nacional el 10 de julio de 2017; esto es, cuatro meses antes de hacerse con la adjudicación, a pesar de lo cual continuó aplicándolo. Con todos estos hechos, los trabajadores contactaron con los servicios jurídicos de CC OO para interponer una denuncia y, al solicitar una copia de la vida laboral, descubrieron que la empresa no los tenía dados de alta en la Seguridad Social. Y no lo hizo hasta el 16 de noviembre, dos días después de que los trabajadores la llevaran ante los tribunales por estas irregularidades, como explicó el delegado de Comisiones Obreras.

Reiteradas denuncias 

El rosario de denuncias no termina aquí. El 21 de noviembre, los trabajadores también llevaron ante la Inspección de Trabajo a Sinergias de Vigilancia y Seguridad por una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, por medio de una demanda colectiva a la que se sumaron todos los afectados. La mercantil no acudió al acto de mediación y los 17 empleados llevaron su causa a los juzgados, que ya han puesto, incluso, fecha de juicio.

A raíz de toda la lucha de la plantilla por defender sus derechos, la empresa de seguridad comenzó a retrasarse en el pago de sus nóminas. La de noviembre no la cobraron hasta el 16 de diciembre; la de diciembre, hasta el 17 de enero; y, a fecha de ayer, todavía seguían sin percibir ni un euro del salario correspondiente a enero, lo que ha acabado por colmar su paciencia.

Desde CC OO tildaron estos retrasos de «represalia» y consideraron que la empresa está incumpliendo sus derechos laborales «de mala fe», por lo que han llevado el caso a la Fiscalía para que actúe por la «situación de desesperación que estamos sufriendo», reconoció el representante sindical. «Tenemos unas funciones de mucha responsabilidad y nos han tratado como si no fuéramos personas», agregó Gallego.

Tras finiquitar a la empresa, el departamento comarcal hará un contrato menor para poder mantener el servicio de seguridad aproximadamente durante el mes que se calcula que tarde Sanidad en sacar la nueva adjudicación. La gerente defendió que estos trabajadores hacen un trabajo «importantísimo» en el Hospital y avanzó que la nueva licitación volverá a incluir la subrogación de la plantilla y el mantenimiento de salarios y derechos.

Piden 30 años para el acusado de asesinar a un vigilante de seguridad (Las Palmas).

La Audiencia de Las Palmas juzgará la próxima semana a un hombre que supuestamente mató de 43 puñaladas la madrugada del 7 de febrero de 2017 a un vigilante de seguridad cuando salía de su casa, en Tafira (Gran Canaria), para ir a trabajar, y que se enfrenta a una condena 30 años de prisión.

Según el escrito provisional del fiscal, el acusado Yassin O., de 30 años y en situación irregular en España, acabó con la vida de José Manuel Tejera, del que había sido su amigo en venganza por haber declarado en su contra en una denuncia que le habían puesto por robo y amenazas.

Cuando José Manuel Tejera se dirigía a coger la guagua para trasladarse a su trabajo en la capital grancanaria, el acusado sacó un cuchillo que llevaba escondido en su pantalón y se situó detrás de la víctima a la que comenzó a apuñalar por la cabeza, conforme al relato del fiscal.

Así mismo, el acusado tras apuñalar a la víctima se llevó su mochila y 550 euros, el sueldo que había cobrado el día antes.

El fiscal solicita para el procesado una condena de 30 años y seis meses de prisión por los delitos de asesinato, obstrucción a la justicia y robo con violencia, así como una indemnización de 40.000 euros para el único hermano que tenía el fallecido, al que también deberá abonar los 550 euros que robó.

El acusado será juzgado por un Tribunal del Jurado de la Audiencia de Las Palmas.

CCOO denuncia ante la Delegación del Gobierno la falta de seguridad en las estaciones de ADIF (Cantabria).

Comisiones Obreras ha denunciado ante la Delegación del Gobierno la falta de seguridad en las estaciones de ADIF de Cantabria por los recortes aplicados en los servicios de vigilancia. El sindicato ha explicado que la decisión ha sido tomada por el departamento de Seguridad de RENFE-ADIF de la zona norte en un acto de “irresponsabilidad” que afecta a los trabajadores y usuarios. Los cambios entraron en vigor el pasado 1 de febrero, coincidiendo con la llegada de una nueva empresa encargada de la vigilancia y seguridad de las estaciones y apeaderos de ADIF.

En un principio se anunció la reducción de la plantilla de 11 a 7 vigilantes para toda la comunidad autónoma, pero finalmente no se ha llevado a cabo por la presión sindical. Lo que sí se está aplicando es un recorte importante de las horas de trabajo que afecta directamente a la seguridad en la franja horaria que va desde las ocho de la mañana a las cuatro de la tarde. En esas horas, no hay ningún vigilante de seguridad en las estaciones y apeadores de ADIF en Cantabria, salvo en Santander que cuenta con un servicio permanente.

La situación es especialmente preocupante en el caso de las estaciones de mercancías peligrosas de Torrelavega y Muriedas, ha asegurado Antonio Toca, responsable de Seguridad Privada de Comisiones Obreras. “No es normal que estén sin vigilancia durante franjas horarias, unos sitios donde se dejan ese tipo de mercancías, cisternas con un precinto de alambre que llega un chaval te lo abre y te lía una que vamos”, ha explicado Toca a la Cadena SER.

Los recortes afectan también a las medidas de seguridad de los vigilantes a los que, según Toca, se les ha retirado el arma simplemente por ahorrar costes.

CCOO espera que la Delegación del Gobierno tome medidas para garantizar la seguridad ciudadana en las instalaciones de ADIF.

Interior mantiene en activo 495 escoltas que prestan protección a 118 cargos públicos y a 28 ya retirados.

Estos son los datos que ha remitido el Ejecutivo al diputado y portavoz de Interior en el Congreso de IU, Ricardo Sixto, quien se interesó, entre otras cosas, por el número de agentes de la Policía y la Guardia Civil destinados a estas tareas de protección.

En un comunicado, el diputado critica que este Departamento se negara en noviembre a facilitar el dato de forma individualizada y que ahora responda pero "sin dar información detallada".

Interior respondió al principio que el Gobierno no disponía de información y, por ello, no podía facilitar los datos requeridos, entre ellos sobre los servicios de protección de escolta desempeñados por el Servicio de Seguridad de la Casa del Rey, por el Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno o por las Unidades de la Policía Nacional adscritas a las Comunidades Autónomas.

El Ejecutivo del PP se acogió para justificar esa supuesta falta de información a determinados acuerdos del Consejo de Ministros de hace más de 30 años e, incluso, a normas de 1968 sobre información clasificada.

El diputado de IU se queja de que el Gobierno "siga sin dar información detallada, aunque ahora recurre a otros argumentos". "Señala", indica, "que a pesar de que los servicios de protección referidos en el texto de su pregunta son realizados por efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, son los respectivos Departamentos o Servicios de Seguridad los que disponen de la información y datos relacionados con los servicios de protección de escolta que desempeñan".

El Ejecutivo señaló en su primera contestación que 118 personalidades y cargos públicos nacionales o autonómicos disponen en el momento actual de un servicio de protección de escolta a cargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También había 28 ex cargos públicos en esta situación.

Detalló también que en la actualidad no existe ningún servicio de protección de escolta a autoridades o cargos públicos que sea proporcionado por empresas de seguridad privada con cargos a los Presupuestos Generales del Estado.

Aena se juega nuevas huelgas de seguridad en los aeropuertos.

El próximo 14 de febrero Aena y sindicatos de seguridad privada se reúnen para intentar llegar a un acuerdo para desbloquear la licitación del concurso público de seguridad privada de los aeropuertos españoles. Casualidad o no, el Día de los Enamorados puede ser la fecha en la que Aena se reconcilie con este colectivo y frene futuras huelgas de controles como la vivida en verano en El Prat. Pero la clave de toda esta situación está en los contratos a la baja y la Ley de Contratos del Sector Público.

En diciembre, Aena lanzó el concurso para el servicio de seguridad privada en los aeropuertos españoles por importe de 370,3 millones de euros. La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO detectó ciertas irregularidades en los pliegos, por lo que se interpuso un recurso. Y Aena se vio obligada suspender el plazo de presentación de ofertas, que estaba previsto para el 2 de febrero, hasta que se pronuncie el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Entre ellas las irregularidades el sindicato destaca la licitación mediante subasta electrónica. La Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 la describe como “un proceso repetitivo basado en un dispositivo electrónico de presentación de nuevos precios, revisados a la baja, o de nuevos valores relativos a determinados elementos de las ofertas que tiene lugar tras una primera evaluación completa de las ofertas y que permite proceder a su clasificación mediante métodos de evaluación automáticos”.

En la práctica, se trata de un procedimiento que se realiza para “bajar el precio del servicio, algo que aumentaría la conflictividad como ocurrió este verano en El Prat”,recuerda Basilio Alberto Febles, secretario general de Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO (FTSP-USO).

Más de 2.000 contratos a la baja

Y es que Aena es especialista en adjudicar contratos de bajas temerarias, es decir, contratos que están por debajo del precio inicial de licitación. Un ahorro para el gestor que se traduce en peores condiciones laborales para los empleados de las empresas adjudicatarias. Esta situación no solo se vio en los controles de seguridad de El Prat o Barajas, también en las huelgas de personal de limpieza del aeródromo de Ibiza.

Un total de 1.153 obras, suministros, asistencias o servicios fueron adjudicados con más del 30% de disminución del coste, 631 con más del 40% y 304 con más del 50%. Todos ellos se corresponden con contratos realizados por Aena de más de 300.000 euros entre 2012 y 2017, según el Gobierno. En total, se trata de 2.088 de más de 300.000 euros con bajas superiores al 30%.

Fernando Navarro, portavoz de Fomento del grupo parlamentario Ciudadanos, ya denunció esta situación en el Congreso. Desde la formación naranja criticaron que estas reducciones del coste perjudican la calidad de los servicios prestados a los pasajeros. E incluso podría poner en riesgo intereses públicos. Sin embargo, Aena sigue tirando de estas prácticas.
Más irregularidades

Otra de las irregularidades que denuncia el sindicato es que no se incluyen los acuerdos alcanzados en la reunión del mes de noviembre del grupo de trabajo en materia de contratación pública, compuesto por Ministerio de Fomento y agentes sociales. En esa reunión se pactó el incremento salarial a través de tres pluses.

“Aena calcula lo que le va a costar a las empresas estos pluses y se lo suma al valor del contrato total –370millones de euros–, pero no incluye la obligación de que las empresas de seguridad se lo paguen a los trabajadores”, denuncia el responsable sindical.

Sin embargo, el gestor de defiende y lo niega todo. “Los acuerdos alcanzados en noviembre por los ministerios de Fomento, Empleo e Interior con sindicatos y empresarios en materia de seguridad privada ya están incluidos en el pliego. Así, entre otros asuntos, tienen en cuenta los nuevos pluses para vigilantes de aeropuertos vinculados al desarrollo de determinadas actividades”, señalan fuentes de Aena a Merca2.

Por otro lado, el colectivo sindical pide que se incluya la obligación del cumplimiento del Convenio Colectivo Estatal por parte de la empresa adjudicataria durante el tiempo de vigencia del contrato, pues ese es el espíritu literal de la nueva Ley de Contratos del Sector Publico. Dicha normativa, que verá la luz en marzo, podría poner fin a esta práctica y dotar de mayor transparencia las condiciones de adjudicación.

También critican que los auxiliares de servicio, es decir, aquellas personas que llevan a cabo labores de información o chequeo de la tarjeta de embarque, “no tiene asegurada una subida salarial ni su puesto de trabajo”. Así que San Valentín es el día en que se sabrá si hay reconciliación o no entre Aena y sindicatos.

Agredidos dos vigilantes de seguridad en el asalto al Hospital de La Línea para liberar a un detenido.

El sindicato CSIF Cádiz han informado de que dos trabajadores de la seguridad privada que se encontraban en el Hospital de La Línea de la Concepción (Cádiz) en el momento del asalto de unos encapuchados para rescatar a un detenido por la Policía, fueron agredidos y están de baja por la violencia que emplearon los asaltantes.

En una nota, el sindicato ha mostrado su "apoyo y solidaridad" a todos los trabajadores del Hospital linense y ha manifestado que "este intolerable episodio vuelve a poner en entredicho la voluntad tanto de la empresa como del Servicio Andaluz de Salud de garantizar la integridad de los profesionales y de los usuarios".

"Desde CSIF se lleva años reclamando, mediante escritos y denuncias públicas, un aumento efectivo de personal de seguridad, así como más medios materiales que ayuden a evitar daños mayores en casos como el ocurrido este martes", ha añadido.

Asimismo, ha lamentado que la empresa haya trasladado a uno de los dos vigilantes que hay en el nuevo Hospital de La Línea, "desvistiendo un santo para vestir a otro". En este sentido, ha indicado que "los trabajadores desconocen si esta medida, que deja el nuevo hospital con un solo vigilante para todo el centro, se va a mantener en el tiempo o sólo es una medida temporal de urgencia".

Finalmente, CSIF ha incidido en exigir "que se dote a los vigilantes de gel, chalecos anti punción y paletas detectoras de metales para la entrada de las zonas críticas, como las Urgencias, además de, al menos, un vigilante adicional para cada centro sanitario de toda la comarca del Campo de Gibraltar".

Fiscal pide 7,5 años cárcel para vigilante de seguridad por intento homicidio (Sevilla)

La Fiscalía pide siete años y medio de cárcel para un vigilante de seguridad que será juzgado mañana en la sección séptima de la Audiencia de Sevilla por un delito de homicidio en grado de tentativa.

Según informaron a Efe fuentes judiciales, los hechos se produjeron el 16 de febrero de 2017 cuando el acusado realizaba "funciones de seguridad" en una vivienda de la capital hispalense cuando se presentó en la misma el denunciante.

Por causas que se desconocen, ambos "se enzarzaron en una discusión" tras la cual la víctima se disponía a abandonar el lugar en bicicleta cuando el acusado le apuñaló con un "objeto punzante" en el cuello y en la mano con la que intentó frenar el ataque.

Tras la agresión, el acusado huyó del lugar, según las mismas fuentes.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió una herida cervical en el cuello que podría haber "comprometido seriamente su vida" o afectar a órganos y funciones vitales, por lo que requirió ser hospitalizado.

El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa por lo que pide siete años y seis meses de cárcel para el acusado.

Detenido un paciente por intentar apuñalar a un vigilante en un hospital de Dénia al darle el alta

El arrestado acudió a Urgencias con un dolor abdominal y al no estar conforme con el alta se atrincheró y amenazó con autolesionarse.

Los trabajadores de los servicios sanitarios cada vez están expuestos a situaciones peligrosas e imprevisibles. Si hace dos meses un paciente del Hospital General de Alicante fue detenido por intentar abusar sexualmente de una médico en Urgencias que le estaba examinado de un dolor en los testículos, el pasado jueves por la noche fue detenido un hombre de 33 años acusado de intentar matar a uno de los vigilantes de seguridad del Hospital Marina de Salud de Dénia, al que intentó apuñalar en el cuello con unas tijeras porque le iban a dar el alta médica y no estaba conforme con la decisión del personal médico, según indicaron fuentes cercanas al caso.

El suceso se produjo poco antes de las diez de la noche del jueves cuando el ahora detenido, un ciudadano ucraniano de 33 años, acudió a Urgencias del Hospital Marina de Salud de Dénia para ser tratado de un dolor abdominal. El paciente fue atendido y tras ser examinado el personal facultativo consideró darle el alta hospitalaria, lo que provocó una reacción sorprendente del paciente.

El hombre entró en un elevado estado de nerviosismo, hasta el punto de que se arrancó las vías que aún tenía conectadas y se atrincheró en una habitación del hospital mientras increpaba e insultaba a los sanitarios presentes, además de amenazar con autolesionarse.

Aviso al 091

Los vigilantes de seguridad del centro diario aviso del incidente a la sala operativa del 091 de la Comisaría de Dénia y procedieron a intervenir mientras llegaba la Policía Nacional, ya que el paciente amenazaba con autolesionarse y portaba unas tijeras.

Uno de los vigilantes de seguridad intervino con rapidez dada la delicada situación y evitó que el hombre resultara herido pero su actuación casi le cuesta la vida porque el paciente trató de clavarle las tijeras en el cuello.

Sin embargo, el vigilante del centro hospitalario pudo reaccionar a tiempo y evitar que consumara la agresión. Lograron reducir al paciente agresivo y le quitaron las tijeras. Instantes después llegaron agentes de la Policía Nacional, que procedieron a detener al ciudadano ucraniano como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa al haberle intentado apuñalar en el cuello.

El arrestado fue trasladado a dependencias policiales de Dénia para instruir las diligencias y ponerlo a disposición judicial. No ha trascendido el motivo que ha alegado el paciente para reaccionar de tal forma.

Agredida con un cutter una vigilante de la estación de Girona

Una vigilante de seguridad de la estación de tren de Girona se encuentra herida leve después de que tres jóvenes la agredieran con un cutter este sábado. Los hechos pasaron sobre las doce y media del mediodía en la zona de vías, cuando la vigilante sorprendió a los chicos mientras cometían un hurto, y estos reaccionaron atacándola con un cutter.

Los agresores consiguieron huir en un tren que iba en dirección a Figueres. Aunque la policía registró el convoy a la estación de Flaçà (Gironès) no consiguieron localizarlos. La mujer se encuentra fuera de peligro, pero tiene varias heridas superficiales en la zona del estómago como consecuencia del ataque. Los Mossos se han hecho cargo de la investigación.

Agreden a un vigilante y queman su caseta en el Zoco de Majadahonda (Madrid)

Varios individuos han agredido esta madrugada a un vigilante de seguridad del Zoco de Majadahonda y posteriormente han quemado su caseta causando diversos daños.

Fuentes municipales han explicado a Efe que el suceso ocurrió de madrugada cuando varias personas se personaron en el centro comercial del Noroeste para acceder a un local nocturno.

Sin embargo, el centro estaba cerrado y el guardia de seguridad impidió el acceso de los individuos. Tras un forcejeo, los asaltantes agredieron al vigilante e incendiaron la casa, lo que provocó daños de diversa consideración en los comercios cercanos.

El guardia fue atendido en el Centro de Salud de Majadahonda y por el momento no se ha identificado aún a los agresores.


Agreden con una barra de hierro al vigilante de un centro comercial y queman su garita.
  • Los detenidos de 20 y 25 años, quedaron en libertad con medidas cautelares. A la víctima le dieron 24 puntos de sutura.
Los dos jóvenes que el pasado viernes de madrugada agredieron al vigilante de seguridad del Zoco de Majadahonda y posteriormente quemaron su caseta causando diversos daños fueron detenidos y quedaron en libertad con medidas cautelares. Así lo indicó la Guardia Civil a ABC. La investigación sigue abierta, a la espera del estudio de sus dispositivos móviles. Se trata de dos vecinos del municipio majariego de 20 y 25 años.

El arresto se produjo después de que la Policía Local identificara a los agresores, gracias a la grabación de las cámaras de videovigilancia del centro comercial.

El violento suceso en el que han intervenido ambos cuerpos, se produjo cuando varias personas se dirigieron esa madrugada al centro comercial del Noroeste con intención de entrar en un local de copas, tal y como avanzó MJD Majadahonda Magazin.
El recinto estaba cerrado

Sin embargo, el centro estaba cerrado y el guardia les impidió el acceso de los individuos. Tras un forcejeo, dos de los sujetos agredieron al vigilante e incendiaron su caseta, lo que provocó daños de diversa consideración en los comercios cercanos, informa Efe. El vigilante fue atendido en el Centro de Salud de Majadahonda, donde necesitó 24 puntos de sutura al ser golpeado por una barra de hierro.

El jefe de la Policía Local de Majadahonda, José María Calvo, explicó que el detonante de todo fue el alcohol y que en la trifulca participaron 4 ó 5 personas.

Resolución inscripción Convenio Colectivo y remisión al BOE

                                                                                   
        Nota informativa                            Resolución


El TSJCM declara improcedente el despido de un vigilante de seguridad grabado con una cámara oculta en una empresa de Daimiel.

El trabajador había sido despedido alegando la empresa que fumaba en la caseta y que practicaba conductas inapropiadas, como masturbarse, hechos que calificaba de muy graves y que entendía merecedores de despido. Para respaldar esta acusación aportó al proceso una grabación aun admitiendo que el trabajador no había sido informado de la existencia de una cámara en el interior de una caseta de vigilancia.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) declaró el pasado 12 de enero que el despido de un vigilante de seguridad que ejercía su labor en una empresa de Daimiel es improcedente por estar basado en una grabación con una cámara de vigilancia de la que no se había informado previamente a los trabajadores.

El trabajador había sido despedido alegando la empresa que fumaba en la caseta y que practicaba conductas inapropiadas, como masturbarse, hechos que calificaba de muy graves y que entendía merecedores de despido. Para respaldar esta acusación aportó al proceso una grabación aun admitiendo que el trabajador no había sido informado de la existencia de una cámara en el interior de una caseta de vigilancia.

La Sala del TSJCM admite que, si bien es un tema controvertido y vacilante en la jurisprudencia española, tras exponer los vaivenes jurisprudenciales al respecto, considerando un “panorama ciertamente incierto”, mantiene la legalidad de las cámaras de exterior que advierten genéricamente de grabaciones genéricas, pero rechaza la grabación en el interior de una caseta de videovigilancia sin la información previa al trabajador. Por este motivo considera nula la prueba practicada derivada de la grabación al estimar que la empresa tenía otros medios más proporcionales para vigilar la conducta del trabajador. La Sala considera vulnerado el derecho constitucional del trabajador.

La sentencia considera que el comportamiento empresarial no cumple el triple juicio de la proporcionalidad exigible a toda medida restrictiva de los derechos fundamentales como es la instalación de una cámara en el puesto de trabajo. Si bien la medida puede estar justificada ante sospechas de que el trabajador realiza conductas irregulares, cree que no puede afirmarse que fuera necesaria al existir otros medios menos agresivos para la intimidad personal del trabajador. Ve, por tanto, la medida desproporcionada y nula por vulneración de los derechos fundamentales del mismo.

Despido improcedente, no nulo

Como cuestión jurídica novedosa, según informa el letrado que ha llevado la defensa del trabajador, Jesús Velascoín, la Sala considera el despido improcedente y no nulo, como es lo habitual en la vulneración de derechos fundamentales. Estima que la sanción de nulidad de despido tiene su fundamento en el móvil del empresario cuando el despido en sí mismo corresponde a una causa vulneradora de un derecho fundamental, pero no cuando la finalidad del empresario es comprobar un comportamiento del trabajador para obtener la prueba de la existencia de una causa para justificar el despido.

Por todo ello, la Sala prescinde de la prueba de la grabación y considera probado únicamente como hecho sancionador el que el trabajador hubiera fumado en la caseta, lo que estima insuficiente para justificar un despido al no considerar grave ni culpable tal conducta conforme al convenio colectivo de aplicación. Así, condena a la empresa bien a la readmisión del trabajador con abono de los salarios dejados de percibir, bien al abono de la indemnización legal por despido improcedente.

El Supremo declara nulo el acuerdo de sueldos bajos de Marsegur

El Tribunal Supremo ha declarado nulo el convenio de la empresa de vigilancia Marsegur, que, como recoge la propia sentencia llegaba a reducir un 54,3% los salarios. El fallo confirma la sentencia que impuso en marzo de 2016 la Audiencia Nacional invalidando el pacto al que llegó la compañía, conocida en el sector por competir a base de precios bajos reduciendo los sueldos.

El sindicato USO, uno de los denunciantes, califica de “pirata” a esta firma, que se encarga de la vigilancia de las instalaciones del Ministerio de Defensa, entre otros edificios públicos. Marsegur cambió hace meses su razón social y se llama ahora Novosegur.

La demanda, presentada por los sindicatos CC OO, UGT y USO, y las patronales Aproser, FES y UAS, denunciaba el convenio nacional de la empresa firmado cinco representantes de los trabajadores de un solo centro de trabajo. La empresa en aquel momento tenía más centros de trabajo y eso supone que una de las partes, en este caso la de los trabajadores, no estaba legitimada para negociar ni para firmar convenio alguno.

Esta es una de las prácticas habituales de las empresas de seguridad de bajo coste y de las llamadas empresas multiservicios. Firman con una no legitimada de la plantilla un convenio que tiene unas condiciones laborales, especialmente, con unas condiciones laborales bastante peores que los convenios sectoriales.

Salarios un 54% menores

La sentencia de primera instancia ya daba la razón a los sindicatos y las patronales en su queja sobre los sueldos pactados por Marsegur al margen del convenio nacional, que tachaban de competencia desleal con el resto del sector de la seguridad privada (el propio tribunal cifraba la diferencia salarial en un 54%).

Para la Audiencia, resultaba “obvio que la reducción de costes de personal que para la empresa (Marsegur) le implica el convenio impugnado, que como se ha dicho fue indebidamente negociado, le supone a esta una injusta ventaja a la hora de competir con el resto de empresas del sector”.

Cinco detenidos, tres menores, por una brutal paliza a dos vigilantes del Metro de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a cinco jóvenes, tres de ellos menores, por presuntamente dar una brutal paliza a dos vigilantes de seguridad del Metro de Barcelona y a un tercer profesional de la seguridad privada fuera de servicio en octubre de 2017.

Según ha informado la policía catalana este viernes en un comunicado, el 22 de octubre de madrugada, los detenidos abordaron a los vigilantes en un vagón de la Línea 5 y les dieron puñetazos, patadas y golpes en todo el cuerpo con las porras que les acababan de robar, incluso cuando uno de ellos estaba inconsciente en el suelo.

Un vigilante quedó con dos dedos y un diente rotos, otro con un corte en la frente que necesitó seis puntos de sutura, y el tercero que intervino para separarles necesitó 14 puntos de sutura en la mandíbula y 17 en la cabeza.

Ese día, este grupo, que estaba formado por seis jóvenes de nacionalidad hondureña y ecuatoriana, entraron en el Metro manteniendo una actitud hostil hacia los otros usuarios, generando altercados y desafiando a los dos vigilantes.

Antes de agredirles, empezaron a increparles e insultarles y les arrebataron las credenciales del uniforme y las porras, que luego usaron en la agresión.

La investigación para localizarles la ha realizado el Área de seguridad del transporte metropolitano de los Mossos, en colaboración con la Unidad de seguridad y protección civil de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), y las imágenes de las cámaras de seguridad han sido claves.

Finalmente, el 10 de enero los Mossos desplegaron un operativo que permitió la detención de cinco de los agresores en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), donde residen, por delitos de lesiones y atentado a agentes de seguridad y tras pasar a disposición judicial los dos adultos han ingresado en prisión.

La Fiscalía de Menores ha dejado en libertad con cargos a los menores detenidos y la investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.


Antiviolencia propone una sanción de 60.001 euros al presunto agresor del vigilante del Wanda que perdió un ojo

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado proponer una sanción muy grave de 60.001 euros, así como prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de 5 años, para el acusado de propinar un puñetazo a un vigilante de seguridad del Estadio Wanda Metropolitano, que le hizo perder el ojo izquierdo durante el partido entre el Atlético de Madrid y Real Madrid celebrado el pasado 18 de noviembre.

Los hechos ocurrieron minutos antes de la finalización del partido cuando el agresor trató de entrar por uno de los tornos de acceso que custodiaba el vigilante pese a que ya se encontraban cerrados. Fue entonces cuando este individuo, español y de 27 años, le propinó un fuerte puñetazo en el ojo izquierdo y huyó del lugar a la carrera.

La víctima fue asistida en un primer momento por los servicios médicos de emergencia presentes en el estadio, pero ante la gravedad de las lesiones fue trasladado al Hospital Ramón y Cajal, donde tras ser operado se le tuvo que extraer el globo ocular izquierdo.

El individuo, tras la presunta agresión, se dio a la fuga, aunque posteriormente fue identificado y detenido por la Policía el 1 de diciembre, después de una investigación que incluyó el visionado y análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad del estadio. El hombre está acusado de un delito de lesiones graves.



Los escoltas olvidados del País Vasco: "Nos jugamos la vida y no tenemos ni para comer"

Unos 3.000 escoltas trabajaron en el País Vasco. Seis años después de la tregua, malviven desubicados por España. Ocho de ellos cuentan su historia: "No tengo ni para comida"

Están a miles, diseminados por España. Se jugaron la vida en el País Vasco defendiendo a políticos, jueces, periodistas… y ahora la mayoría está en las colas del paro, de vigilantes de seguridad por 800 euros, desahuciados, en algún pequeño bar que han montado… Seis años después de que ETA anunciara una tregua indefinida, los más de 3.000 escoltas que durante años combatieron el terrorismo en Euskadi dicen sentirse desprotegidos, abandonados y en muchos casos amargados. “Nadie se acuerda de nosotros y digo yo que alguna línea tendremos que escribir en la historia de este país”, cuenta Gema Ruiz Regato, una de las pocas mujeres de la profesión. Estas son las vidas de ocho de ellos.

Óscar, de 41 años, trabajó de escolta entre 1998 y 2012. Entró muy joven, en cuanto dejó el ejército. Él es de Pamplona, aunque lo habitual es que al norte llegasen de fuera. “Siendo de aquí era un poco más duro porque la gente no lo veía bien. Si alguien se enteraba nos llamaban 'txakurras' [perros], nos insultaban…”. En 2012, un año después de la tregua, se fue al paro. Así estuvo tres años y medio. “Buscaba trabajo, pero no ponía en el currículum que había sido escolta, lo he llevado en secreto y no quiero que se sepa".

"Cuando estás allí piensas que tu enemigo vive al lado, que cualquiera puede serlo"

Ahora cuenta que su situación apenas ha mejorado. “Ahora echo unas horas de vigilante, pero solo ocho horas mensuales. Mi casa pende de un hilo, salimos porque mi padre, que está jubilado, me da la mitad de su pensión y mis hermanas me dan dinero para comida. Estuvimos en la calle luchando y pasándolo mal y ahora solo pedimos que se acuerden de nosotros. Suena mal decirlo, pero me siento un poco un apestado”.

A casi 800 kilómetros al sur está José Ángel. Tras dejar el ejército, este cartagenero llegó en 1999 al norte para trabajar de guarda de seguridad en la autovía de Leizarán y después fue escolta, donde pasó la mayor parte de los 16 años. “Era salir por la mañana y despedirte de tu mujer: 'Si no vuelvo, no vuelvo'. No es un trabajo, es una forma de vida en la que o te mataban o no. Tres compañeros se pegaron un tiro en la cabeza, otro se disparó en la pierna. Yo tuve que disparar un par de veces porque era dar o que te dieran”, cuenta. Hoy está en el bar que ha montado en una barraca a las afueras de Cartagena.

Con una cerveza y mientras el sol se pone recuerda aquellos días: “Tengo mil historias. Yo vivía con mi mujer, pero nadie nos veía juntos. Ella llevaba un bar y yo era un cliente más. Si nos íbamos a pasar el día fuera del pueblo, ella cogía el autobús hasta otra zona y yo la recogía lejos de casa y a la vuelta, lo mismo. Como cada 15 días tenía un coche nuevo, para que no lo identificaran, al hijo de mi pareja le dijimos que vendía coches. A veces, el padre de algún compañero de colegio del niño me pedía que le consiguiera un coche de segunda mano que estuviera bien. Entonces tenía que llamar a la empresa en la que los alquilábamos y pedir uno. Tenía que mantener la apariencia. Cuando el niño tuvo 14 años ya le dijimos la verdad”.

La vida que recuerda era la de una angustia: “Cuando estás allí piensas que tu enemigo vive al lado, que cualquiera puede serlo. De mis 20 vecinos calculo que había tres 'abertzales' y uno de ETA. Una vez la Ertzaintza me llamó y me dijo que los etarras tenían la matrícula de mi coche y de mi moto, que me tenía que ir. Para ti, allí todo el mundo era etarra. Luego ya veías que algunos no, pero en principio y por precaución actuabas como si todos lo fueran”.

"Venían a trabajar de escoltas de fuera. Pasaban los primeros meses en Ermua, Rentería, Eibar o Elgoibar, zonas duras, y la mayoría pedía volver"

Este tipo grande con barba recuerda sus primeros días. “En uno de mis primeros servicios como escolta llevaba a una concejal mayor. A un lado en un semáforo se paró un coche de la Ertzaintza y pasaron por el paso de cebra tres chavales cargando algo. Saludé a los ertzaintas con la cabeza. De repente, de un autobús que estaba delante se empezó a bajar la gente y empezó a arder. Los chicos esos lo habían quemado y se fueron andando. Yo miraba a los ertzainas, pero no se movieron hasta un rato después que ordenaron el tráfico. Llamé a Interior y les dije: 'Oye, aquí acaban de quemar un autobús y un coche de la Ertzainza que estaba al lado no ha hecho nada'. Me dijeron que me fuera de allí. Eso era el País Vasco entonces”.

Esos años de la 'kale borroka' quedan hoy lejísimos, su vida no puede ser más distinta. Su mujer vino con él del País Vasco y cuando alguien llama con antelación prepara un marmitako en la tasca “la vasca” que dicen que es para chuparse los dedos. “Hago cursos de seguridad y chapuzas, pero no nos dieron nada”.

Los últimos escoltas salieron del País Vasco el pasado mes de marzo, pero ya quedaban muy pocos. “En 2011, semanas antes de la tregua, la empresa me ofreció irme a Andalucía. Ya sabíamos que venía la tregua. Era para ir de vigilante y nadie quería porque de ganar casi 4.000 euros pasabas a menos de la mitad. Yo acepte”. Óscar Arias habla desde Málaga, donde se ha recolocado. “Yo he tenido suerte, aunque al principio lo pasamos muy mal. Soy de Bilbao y esto es muy distinto. Mi mujer estuvo durante meses llorando a diario”. Cada dos por tres le llaman compañeros preguntando si puede colocarlos.

Óscar cuenta que aun así le resultó muy duro. “Las empresas ofrecían a mucha gente de fuera venir al País Vasco. Pero pasaban los primeros meses en Ermua, Rentería, Eibar o Elgoibar, zonas duras, y la mayoría pedían volver a sus pueblos aunque aquí ganaran el triple”. Él, como muchos, se fue a vivir a Castro Urdiales, el primer pueblo de Cantabria si se va desde Euskadi. Era una forma de poder respirar. “Al final todo el mundo te conocía. Decíamos que te habían 'mordido'. En un pueblo pequeño cuando miraban al alcalde siempre buscaban alrededor a los que íbamos a una distancia de él. Entrabas a un bar y te decían que allí no te daban de comer aunque vieses a todas las mesas con comida”.

Los que no eran vascos lo tenían peor para pasar desapercibidos. Sobre todo por el acento. “Yo iba con la 'txapela', barba y pelo largo. Si entraba un bar decía “¡Apa!” o “¡Agur!” y procuraba hablar poco, pero en algún momento pedías un café y veías que te habían pillado que eras de fuera. Ya sabías que ahí no podías volver, pero es que, joder, en algún sitio tienes que tomar café”.

Gema Ruiz Regato, presidenta de la asociación Las sombras olvidadas de Euskadi y Navarra, recuerda las promesas tras la tregua. “El subdelegado del Gobierno nos reunió en un hotel y nos prometió que nos iba a reubicar en los perímetros de las cárceles. En efecto, se privatizó la seguridad de las prisiones, pero no nos recolocaron. Beneficiaron a las empresas de seguridad que estaban en el País Vasco, pero ellas metieron a la gente que le daba la gana”. Otra de las salidas por las que pelearon era para dedicarse a proteger a mujeres amenazadas por violencia machista, pero las escoltas salen con cuentagotas. Javier, otro escolta, critica los que les cuesta conseguir una reunión en Interior: "Luego al hermano de Ignacio González bien que lo reciben rápidamente".

Gema, de 50 años, pasó 10 en el País Vasco como escolta. Es de las primeras mujeres que fueron. “No queremos dar pena, pero estamos formados con el dinero del Estado y ahora no servimos para nada. Hay gente en situaciones precarias”. Ella ha pasado años en el paro y desde hace tres meses ha vuelto a trabajar para una empresa de seguridad. Su reclamación además de laboral es de reconocimiento: “Digo yo que alguna línea mereceremos en la historia de este país. Creo que España tiene una obligación moral con los escoltas”.

"Solo trabajo ocho horas al mes. Mi padre me da la mitad de su pensión y mis hermanas para comida"

Muchos han sufrido un enorme golpe salarial. “Ganábamos bien, y es cierto, pero yo salía a las 5.30 de mi casa y volvía a medianoche. Una vez hice el cálculo y salía a tres euros la hora. Te pagaban igual si trabajabas tres horas o doce”. Y eso, por una vida muy exigente: “Yo en Euskadi compartía piso con dos desconocidas a las que les decía que era enfermera en el hospital de Basurto. Eso sí, mi habitación estaba cerrada con pestillo. A veces te reconocían por la calle y te insultaban o escupían: 'txakurra', hija de puta. Ya sabías que te habían 'mordido”. “Ahora nos dicen que nos reciclemos. ¿Cómo? La gente no tiene dinero y con 50 años no es tan fácil”, protesta.

El cordobés José Luis Corpas ha vuelto a su tierra. De 54 años, estuvo en el País Vasco entre 2005 y 2014. “Tengo compañeros que han sido desahuciados, un drama total. Somos los olvidados de la victoria contra ETA. Despidieron a la gente de mala manera. Nos han dejado en la miseria. Hace un mes, un compañero se suicidó”. Corpas pasó dos años en el paro y ahora está con un contrato de obra y servicio de vigilante de seguridad. “De escolta empecé ganando 4.000 euros y terminé ganando 2.000. Ahora como vigilante de seguridad se pagan 940 euros y tengo suerte. Lo que no entiendo es que si estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista yo, que estoy formado, esté de vigilante solo con una porra y unos grilletes”.

Hubo mucho abuso. "Hay gente que va de honorable y luego te hacía hacer 70km para comprar el pan"

Los consultados tienen algo en común: añoran el trabajo de escolta, como si pese a las amenazas esa fuese su pasión, mucho más que estar de vigilante. “Tuve que cambiar tres veces de domicilio. Me pintaron un anagrama de ETA en el coche y en mi buzón pusieron una bala. Estuve en Irún, Rentería, Hernani, Tolosa, una zona muy complicada”, recuerda Corpas. “He estado al pie del cañón y defendía a gusto la democracia española, pero ahora han pasado de nosotros como de la mierda”. Corpas compara su situación con la de policías y guardias civiles: “El síndrome del norte es solo para policías y guardias civiles. ¿Qué pasa, que como somos de empresas privadas para nosotros no existe?”.

Si alguien parece haber sufrido ese síndrome del norte es J. G. A., un escolta al que un día en una revisión médica rutinaria en la empresa le quitaron el arma. “Estaba narcotizado y bebía mucho. Apenas dormía. La médico me dijo que yo era un peligro con el arma y me dieron una pensión. Me lo tomé muy mal porque era mi pasión, imagínate que a ti te quitan el trabajo de periodista de un día para otro. Tardé muchos años en comprender que hicieron bien”. Ahora trabaja en una empresa de limpieza. “Voy con mi furgoneta, limpio portales y hago algo de jardinería. Trabajo solo y me gusta, pero sigo vigilando los contenedores y haciendo las mismas rutinas que cuando era escolta”.

Muchos coinciden en que el sistema de escoltas ha generado despilfarro y abusos. Todos han firmado contratos de confidencialidad y no pueden dar nombres. Pero las historias que cuentan son todas similares: cargos públicos que derrochaban kilómetros aprovechando que el coche era oficial por la escolta, uso para fines privados… “No puedo contar lo que he escuchado, pero hay gente que va de honorable y luego usaba el coche del escolta para pasear a su novio por San Sebastián o que hacía 70 kilómetros para comprar un panque le gustaba mucho. Eso lo hacían porque los kilómetros no los pagaban ellos”.

"Apenas dormía. La médico me dijo que yo era un peligro con el arma y me dieron una pensión"

José Ángel recuerda una historia que suena parecida: “A alguien le dabas un coche con dos personas a su disposición y todos los gastos pagados y empezaba a tirar de él. 'Nos vamos a Bilbao a comprar. ¿Comemos en Pamplona? Vamos'. Al final, a veces estaba el tipo borracho en un hotel a las tantas y tú en la puerta. Hacían cosas que sin escolta no hubieran hecho porque habrían ahorrado en viajes. En eso hubo mucho abuso. Había quien te llevaba a pillar coca”.

Los escoltas explican que era mejor tener que escoltar a un juez que a un político. “Los jueces venían de fuera a hacer su trabajo e iban del juzgado a casa, los políticos se mueven mucho”, cuenta uno. Aunque el terrorismo se juzga en la Audiencia Nacional, allí se levantaban los cadáveres y al principio también 'kale borroka'. Los escoltas revisaban el correo para que no hubiera bombas. Uno recuerda los anónimos que les llegaban para que se inhibieran en algunos casos. “Señoría, otra carta', le decía yo. He visto cómo una causa pasaba por cinco juzgados. Había que tener muchos huevos”.

Uno recuerda a un concejal que hacía 3.000 kilómetros al mes en coche aunque solo iba al Ayuntamiento a un pleno en ese tiempo. Otro cuenta la historia de ese edil que quiso entrar con la bandera de España al hombro en el casco viejo de Bilbao un domingo a media mañana: “Le dije que yo no entraba. Llamé a la Ertzaintza y dije que suspendía el servicio. Me dijeron que de acuerdo, que lo esperara fuera y si salía vivo que lo retomara. Tú tienes que cuidar del protegido, pero para eso primero tienes que cuidar de tu compañero. Si pasa algo a los escoltas, el protegido está muerto”.

A los problemas laborales se suma que muchos se han quedado en tierra de nadie. Se fueron de sus casas a pasar los mejores años de su vida profesional fuera y ahora no tienen arraigo en ningún sitio. Antonio es andaluz pero vive en Pamplona. “Vine aquí de fuera y aislé a mis hijos por miedo. Les decía que dijeran que su padre trabajaba en la Volkswagen. Ahora apenas tienen amigos y me siento responsable”. Como otros, sobrevive en precario con trabajos de seguridad. El problema es que en plena crisis el sector de la seguridad no pudo absorber a miles de escoltas. O no quiso, ya que venían con mejores sueldos y preparación que lo que se requería en un sector muy precario.

Los escoltas sienten que su relato se ha ignorado, que nadie les pregunta a la hora de escribir la historia de la lucha contra ETA. Quizá porque no están organizados, porque había muchas empresas y cada uno era de un rincón de España y aunque se muerden la lengua no pueden contar todo lo que vieron. Uno lo explica: “Yo no sé cómo fueron las negociaciones del Gobierno de Zapatero con ETA, pero tengo mi parte del puzle. Una noche, el protegido al que escoltaba nos llevó a un caserío que era la boca del lobo. Allí estaba todo el mundo armado y nadie sabía quién mandaba. Vi a Eguiguren, a Otegi, a Permach. Los etarras iban con sus pistoleros. Había gente del Ejército, del CNI, hasta que nos dijeron que nos fuéramos. No queríamos obedecer porque no sabíamos con quién los dejábamos, pero nos teníamos que ir”.

Esos años el País Vasco era un hervidero de armas. “Siempre pensé que la peor desgracia podía venir de un petardo. Un día hice un cálculo y me salían 25 armas por metro cuadrado en el País Vasco. En cuanto dejaba al paquete me alejaba. Cuando había actos iba todo el mundo armado y siempre pensé que a la menor se podía liar. En San Sebastián acabábamos siempre en la discoteca Kabutzia, y a las tres de la mañana conocías a todo el mundo: el de los malos, el del CNI, el guardia civil… Decíamos de broma que tendrían que poner un arco de metales en la entrada y no dejar a pasar a quien no fuera armado”.