Detenido por robar y agredir a un vigilante de seguridad en Riazor (A Coruña)

La Policía Local detuvo a un hombre de 36 años por un delito de robo con violencia en un establecimiento de Riazor, según informó ayer el 092 en una nota de prensa. En ella, relata que se tuvo que personar en torno a las 13.30 del mediodía en una tienda de Manuel Murguía donde, al parecer, el vigilante de una tienda estaba siendo agredido por un joven.

Cuanto llegó la dotación, relata la Policía Local, a unos cuarenta metros de la puerta de la tienda se encontraba un vigilante de seguridad que intentaba retener a un varón, "que no cesaba de empujarlo e intentando en todo momento escapar del lugar". Al detectar la presencia policial, el sospechoso intentó huir sin éxito. "El vigilante había observado cómo el joven escondía botines en el interior de su cazadora y atravesaba los arcos de seguridad sin abonarlo", narran. Cuando el vigilante le recriminó el acto, este le entregó los objetos a una mujer que lo acompañaba, que salió corriendo del lugar, "propinando el hombre un empujón" al encargado de seguridad.

Los policías procedieron a su inmediata detención, resultando ser un hombre de 36 años, vecino de A Laracha, que fue denunciado ante el juzgado de guardia por un delito de robo con violencia y trasladado a dependencias judiciales, quedando a disposición judicial. El Cuerpo Nacional de Policía continúa con las indagaciones para proceder a la identificación de la coautora.

La Comunidad multa con 3.500 € a Securitas Direct tras la denuncia de FACUA por publicidad engañosa

La Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid ha resuelto multar a Securitas Direct España S.A. con 3.500 euros por una infracción en materia de defensa del consumidor, ha informado FACUA-Consumidores en Acción, que intepurso la denuncia.

La asociación denunció a la empresa en enero de 2014 ante Consumo de la Comunidad de Madrid a raíz de la campaña comercial que emprendió al promocionar en anuncios televisivos y otros formatos publicitarios sus alarmas de máxima seguridad "incurriendo en publicidad engañosa", según argumentó la asociación en su escrito. A raíz de ello, Consumo decidió iniciar expediente sancionador contra la compañía.

En concreto, FACUA alertó a dicho organismo de que la empresa ofrecía equipos de control y señalización (CIE) supuestamente autónomos, sin necesidad de anclaje en pared alguna y transportables a cualquier lugar del domicilio del usuario según las necesidades de éste.


La asociación argumentó que, según estipula la normativa aplicable, en concreto las normas UNE-EN 50131-1:2006 Y 50131-3:2009, a este tipo de alarmas se les debía proporcionar una fijación adecuada a una superficie de montaje para ser catalogadas como de máxima seguridad.

Por ello, la asociación sostiene que se vulnera así lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal, al propiciar la empresa de seguridad una "omisión u ocultación de información fundamental y necesaria" que desvirtúa las cualidades del producto final, lo cual induce al engaño al consumidor.

Consumo ha resuelto cerrar el expediente sancionando a Securitas Direct con 3.500 euros en su objetivo de "tutelar los intereses generales de los consumidores". Y advierte a los mismos que para la reparación individual de los daños y perjuicios que se hubieran cometido deben acudir al os tribunales de Justicia, de a cuerdo conl os procedimientos legales establecidos.

Para FACUA, esta multa es "insignificante en comparación con el gran beneficio económico logrado por la empresa gracias a la comercialización de sus productos de seguridad".

CCOO denuncia la agresión a un Vigilante en el Hospital de Galdakao en Bizkaia

La Federación de CCOO de Construcción y Servicios de Euskadi denuncia la falta de protección de las y los Vigilantes de Seguridad Privada debido a las condiciones a la baja de las pliegos de la Administración Pública.

El sindicato ante la agresión sufrida este fin de semana a un Vigilante de Seguridad Privada en el Hospital de Galdakao, que le ha podido costar la vida, queremos denunciar la falta de seguridad y protección que los trabajadores del sector a la que están expuestos.

El Vigilante de Seguridad Privada G.S.A. tras realizar su ronda por el interior del Hospital, en una zona reservada, sorprendió a dos individuos que estaban manipulando las maquinas expendedoras, al darles el alto, los ladrones comenzaron a agredirle llegando a pegarle con una barra de hierro, ocasionándole graves traumas y siendo ingresado en el mismo centro con carácter de urgencia. Desde CCOO queremos transmitir todo nuestro apoyo al trabajador agredido y ponernos a su disposición para lo que necesite.

Esta falta de seguridad de las y los trabajadores, es debida a las condiciones a la baja de los pliegos de la Administración Publica, que ofertan los servicios solo en clave económica y muy poca o ninguna en medios técnicos, haciendo que muchos vigilantes realicen su servicio en solitario, lo que conlleva que este tipo de sucesos puedan ocurrir.

Es por ello que desde CCOO exigimos a las Administraciones Publicas que en las condiciones laborales de los pliegos de los servicios, vengan recogidas medidas técnicas, enfocadas a la seguridad y el cuidado de la salud de los y las trabajadoras de Seguridad Privada para que no se puedan repetir estos lamentables hechos.

CCOO condena la agresión a un vigilante de seguridad en hospital de Granada

CCOO ha condenado la agresión que ha sufrido un vigilante del hospital Virgen de las Nieves de Granada al que fracturaron el tabique nasal y ha pedido medidas que protejan a estos profesionales.

En un comunicado, la sección de Construcción y Servicios de CCOO Granada ha lamentado la agresión a este profesional que tuvo lugar el pasado viernes en el centro hospitalario cuando una persona que presuntamente había entrado para robar golpeó al vigilante.

Según los datos aportados por el sindicato, el agresor propinó una serie de golpes al vigilante, que tuvo que ser ingresado por fractura parcial del tabique nasal.

El responsable de Seguridad Privada de CCOO, Juan José Robles, ha pedido a las administraciones públicas que actúen ante este tipo de agresiones e incluyan en los pliegos de los servicios de seguridad medidas relativas a la salud de estos trabajadores y que sirvan para prevenir este tipo de sucesos.

Información seguro colectivo afiliados cc.oo

Estimados compañeros:

Os informo del seguro colectivo de accidentes que como todos sabéis tiene concertado C.C.O.O. con ALENTIS para los afiliados.

Un saludo



Comunicado Unidad Central de Seguridad Privada sobre las TIP

Comunicado de la Unidad Central de Seguridad Privada sobre la validez de las TIP en las que consta el D.N.I.




El drama de los escoltas en el País Vasco: de luchar contra ETA a rozar la indigencia.

El fin del terrorismo les dejó sin trabajo y no se ha cumplido el compromiso de buscarles una alternativa. Algunos se ven obligados a acudir a comedores sociales.

Fueron el escudo contra ETA de políticos y grandes empresarios, se jugaron la vida durante años y ahora se han quedado sin nada. Con el fin de la banda terrorista, el Gobierno les prometió trabajos alternativos relacionados con la seguridad, ya que la mayoría se había dedicado a ese sector durante toda su trayectoria profesional. No obstante, ese compromiso no se ha cumplido.

La semana pasada, El Confidencial Digital adelantó en exclusiva que el PSOE ha presentado una proposición no de ley para blindar la incorporación a los equipos de seguridad de las cárceles a los ex escoltas del País Vasco y Navarra. Una incorporación que no se está aplicando, a pesar de que el Gobierno aseguró que laLey de Seguridad Privada lo permitiría.

Esa norma, sin embargo, solo ha servido, en opinión de algunos escoltas, “para realizar un rescate encubierto de las empresas de seguridad privada y de sus dueños, que estaban en la quiebra”.

Así lo aseguran representantes de la Asociación Las Sombras Olvidadas de Euskadi y Navarra, con los que ha contactado este diario. Las fuentes consultadas explican que “llevamos toda la vida dedicados a labores de escolta y no podemos, por ejemplo, ser fontaneros. Podemos trabajar en distintos ámbitos de seguridad, pero el Gobierno nos ha olvidado”.

En ese sentido, recuerdan que, además de la promesa de trasladarles a las cárceles, también se planteó la opción de proteger a mujeres maltratadas: “Era una buena idea, pero solo se aplica en el País Vasco. Todas las administraciones podían tomar nota, pero no lo han hecho”. Otra opción, indican es enviarles a la seguridad de las embajadas, “pero tampoco se ha impulsado eso”.

La “dejadez” de las administraciones es el principal problema que se están encontrando estos más de 3.500 profesionales, que se sienten olvidados: “La lucha contra ETA es algo que muchos quieren olvidar, y eso provoca que tampoco se acuerdan de nosotros”.

Muchos están al borde de la indigencia

La falta de apoyos por parte del Gobierno central y también de los ejecutivos autonómicos ha provocado que un gran número de escoltas se hayan visto obligados a pasar varias penurias en los últimos años. Desde la Asociación Las Sombras Olvidadas de Euskadi y Navarra ponen los siguientes ejemplos:

-De proteger a un alto cargo al comedor social. En los últimos dos años, y después de haber perdido el paro y todos los subsidios de desempleo, “han sido muchos” los que han decidido acudir a los comedores sociales para comer y cenar.

-El mendigo que pide dinero a sus ex compañeros. Otro caso relevante es el de un ex escolta que ha llegado a la mendicidad. Aún conserva el contacto con algunos antiguos compañeros, con los que de vez en cuando contacta para pedirles dinero y poder dormir en una pensión.

-La ex escolta que renunció a la custodia de sus hijos. La dificilísima situación económica por la que pasaba, sin ingresos desde hace varios años, la llevó a tomar esa decisión.

-Los coleccionistas de contratos temporales en empresas privadas. Algunos de estos ex escoltas han intentado organizarse en plataformas conjuntas para reclamar sus derechos. En varios casos, después de contactar con el Ministerio, han recibido llamadas de empresas de seguridad privada para que se incorporen. No obstante, “lo único que ofrecen son trabajos temporales para que te mantengas callado”.

-Los suicidios silenciados. Todo lo expuesto anteriormente ya es grave, pero no es lo peor: en los últimos años, varios ex escoltas, desesperados por su situación, se han quitado la vida. Sus muertes, aseguran las fuentes consultadas, son silenciadas, salvo que el caso llame mucho la atención.

Como ejemplo, explican que el suicidio de un compañero que más llamó la atención fue uno en el que el fallecido optó por pegarse un tiro dentro de su coche: “Avisaron a la Policía después de que llevara horas en el vehículo sin moverse. Lo sucedido llegó a oídos del delegado del Gobierno en el País Vasco”, concluyen.

Detenido al agredir al vigilante de seguridad de un centro hospitalario de Fuerteventura

La Policía Nacional ha detenido a C.L., un varón irlandés de 25 años y sin antecedentes, como presunto autor de un delito de atentado a agente de la autoridad al agredir al vigilante de seguridad de un centro hospitalario de Puerto del Rosario (Fuerteventura) y seguidamente tratar de hacer lo mismo con un agente que le estaba identificando.

En este sentido, el mismo fue encontrado por una ambulancia en una calle de la capital, ebrio y tendido sobre el suelo, por lo que fue trasladado hasta el centro sanitario, según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

Los hechos se desencadenaron durante la madrugada del pasado 1 de septiembre, tras la llamada al teléfono 091 del responsable de seguridad del centro hospitalario comunicando que uno de los vigilantes de seguridad del mismo había sido agredido por un paciente.

Al llegar, los agentes se entrevistaron con el vigilante, quien tras repeler la agresión había conseguido reducir e inmovilizar al individuo, que mostraba una actitud violenta.

Además, lejos de tranquilizarse, el hombre trató de agredir también a uno de los agentes que le identificaba en ese momento.

Por todo ello, los funcionarios policiales procedieron a su detención como presunto autor de un delito de atentado a agente de la autoridad. Instruido el correspondiente atestado policial, el detenido pasó a disposición de la Autoridad Judicial competente.

La primera fuerza de seguridad es privada: ya hay más vigilantes que guardias civiles

Las compañías de seguridad privada lograron en 2015 que sus plantillas superen por primera vez en número a la Guardia Civil gracias a la crisis y a la nueva ley del sector.

La patronal de las empresas de seguridad privada (Aproser) ha lamentado en su balance de 2015 que la facturación del sector solo aumentara el pasado año un 2,8%, una tasa ligeramente inferior al 3,2% que creció la economía durante esos mismos 12 meses. Pero lo que Aproser no ha destacado es que su negocio alcanzó un hito que dibuja un nuevo paradigma en el modelo de la seguridad nacional. Los vigilantes privados se convirtieron en 2015 en la fuerza de seguridad más numerosa de España, superando por primera vez en número de efectivos a laGuardia Civil. A la Policía Nacional ya la superaron hace años.

La cifra sale del propio anuario estadístico de la patronal de seguridad. El número de vigilantes privados en activo subió de los 75.628 que había en 2014 a los78.200 de 2015, un 3,4% más. El crecimiento es moderado, pero suficiente para rebasar en agentes a la Guardia Civil. Según han confirmado fuentes del Instituto Armado a este diario, el catálogo de puestos de trabajo del cuerpo contempla una dotación de 83.220 empleados. Sin embargo, no todas las plazas están ocupadas y en esa cifra también se incluyen efectivos en la reserva. El Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de este año revela que, en realidad, la Guardia Civil contaba al cierre de 2015 con apenas 75.544 funcionarios en activo. El mismo documento señala que, el 31 de diciembre de 2014, la plantilla real del Instituto Armado era de 76.596 agentes. Es decir, que mientras que el número de agentes privados de seguridad no deja de crecer, la dotación de guardias civiles está en plena contracción.

El descenso del número de agentes de la Guardia Civil se explica sobre todo por la drástica reducción de las ofertas de empleo público para acceso al cuerpo. Entre 2010 y 2014, Hacienda autorizó convocatorias de únicamente el 10% de la tasa de reposición del cuerpo, es decir, que solo uno de cada 10 agentes que dejaron la Guardia Civil por voluntad propia, jubilación o fallecimiento fueron sustituidos por otro funcionario. En 2015, la convocatoria aumentó hasta el 50% de la tasa de reposición y 2016 es el primer año desde 2009 en el que salen a concurso vacantes suficientes para cubrir todas las bajas. Pero ni esos agentes se han incorporado todavía ni, cuando lo hagan, podrán revertir el descenso sufrido durante los años más duros de la crisis.

La Policía Nacional ha afrontado la misma encrucijada. Según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el 31 de diciembre de 2014 formaban parte de la plantilla de la Policía un total de 66.519 agentes. Un año después, su número había caído hasta los 65.741, casi 13.000 menos de los que trabajan en la seguridad privada. El motivo es nuevamente el recorte al mínimo de la convocatoria de plazas de ingreso en el cuerpo. Hasta 2016 no se ha convocado una oferta que permita cubrir el 100% de las bajas que sufre anualmente la institución.

El escenario de la seguridad privada es completamente distinto. Las cifras de la patronal de seguridad privada reflejan que, a pesar de la crisis económica, el sector está aprovechando la pérdida de puestos de trabajo en el sector público y, por tanto, de capacidades de las Fuerzas de Seguridad, para ganar esas posiciones. Según su estadística, solo el 17% de su facturación procede de la Administración Pública y no ha habido ninguna variación en los últimos ejercicios en ese reparto de sus ingresos. Pero la compañías de seguridad han logrado que, en plena recesión, las empresas privadas se vean obligadas a mantener el 83% restante de su facturación para poder desarrollar en condiciones óptimas de seguridad su actividad económica.

Sus perspectivas de futuro son aún mejores tras la nueva Ley de Seguridad Privada, que multiplica las potencialidades del sector. La versión definitiva no es tan ambiciosa como el borrador que promovió directamente Aproser para asumir funciones que hasta ese momento, según la ley de 1992, estaban reservadas en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como el control de manifestaciones o la detención de personas que no estén relacionadas con su labor de vigilancia.

Con todo, la nueva norma en vigor, que comenzó a aplicarse en junio de 2014, elimina la subordinación del sector privado a los agentes de orden público -la relación ahora es de complementariedad- y abre la posibilidad a que presten un amplio abanico de servicios que permitirán disparar la facturación de sus compañías. Uno de los ejemplos es la protección del perímetro de las prisiones, que ha dejado progresivamente de ser ejercida por Guardia Civil, Policía Nacional y fuerzas autonómicas para recaer en firmas privadas. La ley actual permite a los vigilantes actuar en zonas de ocio delimitadas e incluso en espacios abiertos de las ciudades.

También ha rebajado los requisitos para conseguir la habilitación de vigilante y ha acabado con la obligación de que los agentes que lleven más de dos años sin trabajar tengan que realizar de nuevo el examen de habilitación para volver a ser contratados. Ahora, el título no caduca nunca. Es decir, que las compañías privadas de seguridad tienen más posibilidades de negocio que nunca y, también, más mano de obra a su alcance. La retracción de las plantillas de la Guardia Civil y la Policía Nacional es el empujón definitivo a un escenario que ha venido para quedarse.

Sentencia del Supremo sobre asunción de deuda salarial en subrogaciones de contratos

Las empresas de seguridad privada que consigan un contrato prestado anteriormente por otra no tendrán que asumir las deudas salariales contraídas por esta última en caso de subrogación. Así lo establece la sentencia 276/2016 del Tribunal Supremo que ha desestimado el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Fondo de Garantía Salarial contra la sentencia del Tribunal de Justicia del País Vasco de 2014.
En este recurso se planteaba la controversia de si en caso de subrogación empresarial, la nueva entidad concesionaria debía responder de las deudas salariales, según establece el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores o, por el contrario, debía quedar liberada de dicha responsabilidad, tal y como se recoge en el artículo 14 del Convenio Colectivo de Seguridad Privada.
De esta forma, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha resuelto exonerar de responsabilidad a la empresa cesionaria frente a las deudas contraídas por la compañía cedente.                                                  
                                                                    Fuente: Aproser

Madrid cambiará baremos de adjudicación para evitar empresas pirata de seguridad

La Consejería de Presidencia dará menos valor al factor precio en favor de otros criterios como el de que las mercantiles cumplan los salarios acordados en el convenio colectivo.

El consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, revisará los baremos para la adjudicación de contratos de seguridad de sus edificios después de que decenas de vigilantes anunciaran para este jueves una huelga por la concesión de uno de los servicios a la empresa Sinergias, que ha bajado el sueldo de los trabajadores casi en un 40%.

La mercantil ganó el concurso después de la quiebra de la compañía Magasegur -que tenía adjudicado el servicio y que, al igual que Sinergias, también pagaba por debajo del convenio colectivo-, lo que forzó a la Comunidad de Madrid a sacar uno nuevo, que por la vía de urgencia se entregó a la sociedad Sasegur, aunque únicamente los meses de abril a junio. En julio, Sinergias ganó la nueva adjudicación -que dura hasta el próximo 31 de diciembre- debido a que el precio que ofrecía para realizar el servicio era el más bajo de las tres ofertas que se presentaban.


En concreto, Sinergias se hizo con el trabajo en un momento en el que Presidencia concedía 60 puntos sobre 100 al criterio del precio. El departamento dirigido por Garrido ya había reducido el peso del elemento precio, que antes de esa adjudicación estaba en 70 puntos sobre 100 (para la contratación de Magasegur, por ejemplo). Sin embargo, con 60 le bastó a Sinergias para ganar el concurso.

Ahora, desde la consejería, explican que van a bajar aún más este peso del precioprecisamente para que empresas que se descuelgan del convenio tengan menos posibilidades de ganar los concursos que se saquen de aquí en adelante. No se modificará, sin embargo, el que ya se concedió a Sinergias, motivo por el que los vigilantes de seguridad están de huelga en los edificios de cultura y turismo que controla Presidencia. Será solo a partir del 1 de enero, al adjudicarse el nuevo servicio de estos inmuebles, cuando se incluyan ya los nuevos baremos de contratación. La consejería, de hecho, trabaja ya en un nuevo pliego para este servicio.

Aunque se reduzca el peso del precio que ofrece la mercantil, lo cierto es que este factor debe seguir siendo el más determinante para adjudicar un servicio de estas características, ya que de lo contrario podría llamar la atención el Tribunal de Contratación Pública o la propia Intervención. Según fuentes de la Comunidad de Madrid, la consejería prevé que factores como que las empresas se ajusten al convenio o que tengan planes de formación para los empleados pesen más que hasta ahora. En el momento de la adjudicación a Sinergias, estos dos últimos conceptos suponían 20 puntos sobre 100 cada uno.

Los vigilantes han visto reducido su sueldo un 40% de la noche a la mañana: de 1.100 a algo más de 700 euros al mes

Los vigilantesLa contratación de Sinergias por parte de Presidencia conllevó una reducción de salario de casi el 40% para los profesionales de la seguridad que vigilan los edificios afectados. En concreto, estos vieron reducir su sueldo de 1.100 a algo más de 700 euros al mes, lo que provocó las protestas de estos trabajadores, que, para más inri, hasta ayer por la noche no conocieron los servicios mínimos acordados por la Delegación del Gobierno y la Comunidad de Madrid para la huelga.

Según el Sindicato Libre de Seguridad (SLS), que es el que ha convocado la huelga, las autoridades han situado los servicios mínimos en un 90%, dado que muchos edificios tan solo tienen un vigilante, lo que a juicio de la organización provoca que sea difícil averiguar el seguimiento. En relación a la previsión de revisar el peso del factor precio en la contratación, el SLS se muestra escéptico. "Si la Comunidad de Madrid quiere modificar los criterios de adjudicación y no priorizar el subasteo, lo celebramos, pero desconfiamos, ya que tuvieron su oportunidad en el último concurso y no lo hicieron", aseguran.

"Esta es una de las cuestiones que venimos reivindicando desde hace tiempo; la urgencia ahora es que los trabajadores recuperen el 40% de su salario anterior y que Sinergias se niega a respetarles", añaden desde el sindicato, que también se muestra preocupado por la "imposibilidad de que la CAM agrupe en un macroconcurso la contratación de seguridad privada". "Así se abre la posibilidad de prórroga para la empresa Sinergias", apuntan. 

La reducción de los salarios de los vigilantes de golpe y porrazo es algo habitual en el sector. La empresa que se hace con un servicio contrata a todos los trabajadores que ya estaban realizando esa tarea, y si tiene un convenio propio que se descuelga del colectivo, automáticamente se lo aplica y les baja el sueldo a los empleados, que cambian de uniforme, de material y de ingresos de la noche a la mañana. Los sindicatos han denunciado a estas empresas, a las que califican de piratas, pero la reforma laboral les permite presentarse a los concursos.

Durante los últimos meses, varias compañías de seguridad contra las que han protestado también algunos sindicatos han sufrido el azote de los tribunales, aunque por otros motivos. Alcor, Esabe o Seguridad Integral Canaria se han visto afectadas por procesos judiciales que ponían el foco en la propia compañía o en el proceder de sus directivos. 

En no pocas ocasiones, estas mercantiles incluso son contratadas por la Administración pública, como son los casos de las mencionadas Magasegur o Sinergias, que también presta servicio en las instalaciones del Boletín Oficial del Estado, dependientes del Ministerio de Presidencia del Gobierno de España.

Segur Ibérica se adjudica la protección de los edificios gestionados por la Secretaria General Técnica de la Gerencia de la Ciudad de Madrid

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Gerencia de la Ciudad del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace público el anuncio de formalización del contrato de servicios para la vigilancia y protección de los edificios gestionados por la Secretaria General Técnica de la Gerencia de la Ciudad.

La empresa que se hace con estos servicios es Segur Ibérica, S.A. El objetivo del contrato es la vigilancia y protección de los edificios gestionados por la Secretaria General Técnica de la Gerencia de la Ciudad.

El valor estimado del contrato es de 1.509.348,16 euros.

La fecha de adjudicación fué el 28/07/2016 y la fecha de formalización del contrato este 16/08/2016, siendo publicado en el BOE este 24/08/2016.


Un vigilante desarma a un hombre que irrumpió en una oficina policial con una navaja (Marbella)

Parecía una tranquila tarde de domingo. Pasaban algunos minutos de las ocho de la tarde. La jornada había sido ajetreada. En el mes de agosto, con la ciudad atestada de vehículos, la grúa trabaja más de lo normal. En la caja había unos 2.000 euros. Por ello, lo primero que pensó Miguel Ángel cuando vio aparecer por la puerta a un hombre pertrechado con una navaja es que iban a atracarle. «Fue lo primero que se me vino a la cabeza. Eso y que estaba yo solo y sin ninguna defensa porque no las llevamos los vigilantes auxiliares de la Policía Local». A Miguel Ángel Moreno no se le borra la imagen de la cabeza ni todo lo ocurrido el pasado domingo.

Un hombre irrumpía en las oficinas portando una navaja y argumentado entre gritos que tenía problemas. «Decía que le venían persiguiendo mientras se acercaba la navaja al pecho como con intención de clavársela», explica Moreno, quien demostró una gran templanza a la hora de controlar una situación que podría haber terminado en tragedia. «Yo le decía que se tranquilizara, que nadie le iba a hacer nada, pero el estado en el que se encontraba no lo hacía entrar en razón», asegura el vigilante.

Pese a la tensión del momento, Moreno pudo dar aviso a sus compañeros del cuerpo policial. Hasta que llegaron, al vigilante le dio tiempo a aprovechar un descuido de su asaltante y pudo quitarle la navaja. «Tenía los ojos inyectados en sangre, como si hubiera consumido alguna sustancia. Llegó un momento en el que se derrumbó. Apoyó las dos manos y la cabeza sobre el mostrador que tenemos en la oficia y aproveché para quitarle el arma», relata el vigilante, quien reconoce que en ese momento el individuo adoptó una actitud aún más agresiva. «Decía que aunque le quitara la navaja iba a ir a por otra y que ese día terminaba su vida», relata Miguel Ángel, a quien los minutos se le hicieron eternos hasta que vio aparecer a los agentes de la Policía Local entrar por la puerta. «Apenas podía moverme, me gritaba que me quedara quieto y que si me movía se mataba. Mientras lo decía se hincaba la navaja en el pecho y llegó a sangrar un poco», asegura.

Informes médicos

Los policías desplazados hasta la zona comprobaron que el hombre portaba varios informes médicos en los que se hacía constar que es politoxicómano, padece un trastorno esquizofrénico y es portador del virus del VIH. Llevaba igualmente la documentación que acreditaba su paso por centros de desintoxicación. El hombre fue trasladado al Hospital Costa del Sol y desde allí a un centro de salud mental.

Acostumbrado a lidiar con situaciones complicadas con las que se ha topado durante los 14 años que lleva trabajando como vigilante auxiliar de la Policía Local de Marbella, asegura que esta ha sido una de las más difíciles. «Uno vive muchas cosas a lo largo de su carrera, e incluso sabes que cualquier cosa puede pasar, pero está claro que hasta que suceden no sabes cómo puedes reaccionar. Por fortuna, en este caso todo ha ido bien».La intervención de Miguel Ángel fue clave para evitar lo que pudo ser una tragedia. Cuando se le pregunta si en algún momento llegó a tener por su vida, no tarda en responder afirmativamente. «Llegué a temer por mi vida, claro, porque nunca sabes cómo puede terminar una situación como esta. Pero lo peor fue cuando todo acabó, me vine abajo y me di cuenta de lo que había ocurrido». Fue en ese momento, y tras conocer el historial del hombre, cuando empezó a tener otra duda: «los compañeros me preguntaban si durante el forcejeo me había llegado a herir, dado que el individuo llevaba una herida en el pecho que él mismo se había provocado. El miedo era el de un posible contagio al ser portador del virus del Sida».

La oficina en la que ocurrieron los hechos, ubicada en la avenida Marqués del Duero de San Pedro Alcántara, ha sido hasta junio pasado la jefatura de la Policía de Barrio, pasando desde entonces a albergar las dependencias de la grúa municipal en el núcleo poblacional. Un único vigilante custodia el inmueble desde entonces en cada uno de los turnos establecidos. «El problema es que aquí estamos sólo una persona, sin posibilidad de respuesta porque no portamos armas. Lo ideal sería que hubiera más personal o al menos un agente policial en la puerta para controlar las entradas y salidas en estas dependencias», remarca el vigilante.

Información sobre la sentencia de no inscribir el DNI en la tip profesional

Como todos sois conocedores en Abril del 2016 ,el Tribunal Supremo sentenció en casación que la TIP PROFESIONAL  para seguridad privada exceptuando guardias particulares de campo y sus especialidades, no podía incluir con todos sus caracteres alfanuméricos el número de Documento Nacional de Identidad o del número de Identificación de Extranjero. 

Debido a las continuas consultas que hemos venido teniendo desde entonces hasta ahora sobre su posible exigencia de cambio de esta por la UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA, así como por la  INTERVENCIÓN DE ARMAS DE LA GUARDIA CIVIL en la realización de los ejercicios rutinarios de tiro para los vigilantes de seguridad y sus especialidades,hemos procedido a realizar la consulta oportuna a estos organismos , con la siguiente respuesta por su parte:

1. La Intervención de Armas de la Guardia Civil, nos informa que en los ejercicios rutinarios de tiro del segundo semestre, no solicitará en la documentación acreditativa el TIP cambiado, pudiendo realizar los ejercicios de tiro con la TIP anterior.

2. Por parte la UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA, se nos ha informado que cuanto tuvieron conocimiento de la sentencia del tribunal Supremo, se tomaron las medidas administrativas oportunas para que los nuevos TIP que se tramiten ya vengan con las nuevas modificaciones.

Nos informan desde la UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA que no se exigirá el cambio inmediato de la TIP PROFESIONAL, sino que la misma se cambiará amoldando esta a la sentencia del tribunal supremo cuando caduque  la habilitación profesional, siendo la vigencia de esta  como todos sois conocedores de 10 años. 

No obstante se procederá al cambio de la TIP PROFESIONAL  para cualquier trabajador que solicite su cambio aunque dicha habilitación no haya caducado. 

Cualquier duda al respecto podéis poneros en contacto con nosotros, en el sector de seguridad privada de Madrid.

Modificación publicada en el boe sobre el convenio colectivo estatal de empresas de seguridad privada.

Resolución de 20 de julio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación parcial del Convenio colectivo estatal para las empresas de seguridad.

                                                           

                                                             Ver documento

Los vigilantes de oficinas de turismo, en huelga indefinida desde mañana (Madrid)

Los noventa vigilantes de seguridad de las oficinas de turismo y cultura de la Comunidad de Madrid están llamados desde esta medianoche a secundar una huelga indefinida, convocada por el Sindicato Libre de Seguridad (SLS), para protestar por la bajada salarial de la que culpan al nuevo adjudicatario del servicio.

Con los paros el sindicato, mayoritario en el sector, pretende que la empresa adjudicataria, Sinergias de Seguridad y Vigilancia, criticada por descolgarse del convenio estatal y aplicar el de la compañía, respete el salario que tenían antes o que la Comunidad rescinda el contrato.

Pocas horas antes de que comience la huelga los servicios mínimos no están establecidos después de que SLS rechazase una propuesta de la empresa al considerarla "abusiva".

El sindicato espera una comunicación oficial de la Comunidad de Madrid o de Delegación de Gobierno que fije los servicios mínimos.

Desde mediados de julio, cuando la nueva empresa pasó a gestionar el servicio y subrogó a los trabajadores, los vigilantes han sufrido una rebaja salarial del 40 % que han visto reflejada ya en la nómina de agosto, según ha indicado a Efe un portavoz del Sindicato Libre de Seguridad.

El sueldo medio de un vigilante privado asciende, según el convenio estatal, a 1.100 euros al mes, pero con las nuevas condiciones ha pasado a 780 euros.

El sindicato de vigilantes espera lograr avances tras la convocatoria de huelga indefinida ya que la solución judicial podría demorarse de dos a tres años, según ha indicado su portavoz.

Los responsables del sindicato SLS, que se han reunido con el viceconsejero de Presidencia de la Comunidad, Enrique Ruiz, sin conseguir avances, rechazan la contratación de Sinergias de Seguridad, que en el sector, según SLS, es tildada de "pirata", por hacer uso de "prácticas tramposas".

Además de con el viceconsejero, el sindicato se reunió con las consejerías de Educación y Empleo para pedirles que incluyesen en sus pliegos de contratación una cláusula para rechazar a las empresas que rebajen las condiciones laborales del convenio estatal; una mediación que dio frutos con esos dos departamentos pero no con el de Presidencia, según han señalado a Efe.

El conflicto laboral también ha tenido eco político ya que el diputado regional de Ciudadanos Francisco Lara ha solicitado que el viceconsejero de Presidencia informe al respecto en la comisión correspondiente, una comparecencia que de aprobarse se produciría en septiembre cuando las comisiones retomen el trabajo.

El Gobierno gasta 58 millones más en vigilantes privados para control de cárceles

El Consejo de Ministros autorizó ayer la contratación de más de 900 vigilantes de seguridad para las prisiones españolas en el marco del plan de privatización de la seguridad de los 67 centros penitenciarios del país que comenzó en 2013 y que actualmente se encontraba en la prórroga de su segunda fase, que entró en vigor en octubre de 2014 y cuya renovación ya llevaba meses de retraso con motivo, entre otras razones, de la demora de la formación del nuevo Gobierno. 

Los más de 900 vigilantes ocuparán 203 puestos de trabajo divididos en distintos turnos. El contrato conllevará un desembolso aproximado de 58 millones de euros por parte del Gobierno y dará servicio a todas las prisiones dependientes del Ministerio del Interior, que son las que se encuentran bajo el control de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Los vigilantes se dedicarán, como venían haciendo hasta ahora, al control del perímetro de las instalaciones penitenciarias y de los accesos, además de a la observación de los circuitos cerrados de televisión, el análisis y la gestión de las señales de alarma. Su labor seguirá siendo, por lo tanto, la de auxiliar en las mencionadas tareas, que seguirán dirigiendo los policías y los guardias civiles, según anunció el Consejo de Ministros.

Los vigilantes que estén destinados al control de accesos seguirán estando capacitados para portar armas de fuego, como ya ocurre en otros servicios que realizan estos profesionales. El Consejo de Ministros ha tomado esta decisión en el marco de la Ley de Seguridad Privada, aprobada el 4 de abril de 2014, meses antes de que comenzara la segunda fase del mencionado plan de inclusión de vigilantes en las prisiones. La norma permite a las empresas de seguridad encargarse de la vigilancia perimetral de los centros penitenciarios cuando así lo decida el Ministerio del Interior y siempre al servicio de la Policía y de la Guardia Civil. 

El Gobierno tramitará la contratación del servicio mediante procedimiento negociado sin publicidad. Argumenta que así lo contempla la normativa vigente en materia de contratos del sector público dado que esta licitación "exige la adopción de especiales cautelas orientadas a preservar al máximo cualquier información relacionada con los servicios de seguridad a prestar y con la salida y entrada de reclusos". Según el Consejo de Ministros, se trata de "circunstancias excepcionales que requieren la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado".

La iniciativa comenzó en 2013 con una primera fase a modo de prueba que conllevó la entrada de profesionales privados en algunos centros penitenciarios. En octubre de 2014 el experimento se trasladó a todas las prisiones de España en lo que se denominó la segunda fase del plan. Ahora, con el contrato de 900 nuevos efectivos, Interior renueva formalmente esa segunda fase, que ya llevaba un año prorrogada.

No se inicia por lo tanto de momento la tercera y definitiva fase, que en teoríaconllevaba la salida de funcionarios y la entrada de más vigilantes. La tercera fase estaba previsto que entrara al año de ponerse en marcha la segunda, pero la realidad es que la segunda se ha alargado un ejercicio más y ahora se ha renovado durante el mismo periodo, lo que deja la entrada del último ciclo para, al menos, finales de 2017.

La repetición de las elecciones generales y el retraso en la formación del Gobierno, además de la polémica surgida tras el anuncio del plan, han provocado que el Ministerio del Interior paralizara el comienzo de la entrada de la tercera fase.


UniónGC tilda de despilfarro aumentar la seguridad privada en las prisiones

La Unión de Guardias Civiles (UniónGC) ha tachado hoy de "despilfarro" la decisión del Gobierno de destinar otros 58 millones de euros a aumentar la seguridad privada en las prisiones con 900 vigilantes más para la protección exterior de las cárceles.

En un comunicado, la asociación se refiere al acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 19 de agosto en esta materia para aumentar la vigilancia privada en 67 cárceles, un "derroche" que, a su juicio, supone un gasto "innecesario" de 100 millones de euros anuales.

Y todo ello, subraya, para una medida "innecesaria", que "invade competencias propias" de la Guardia Civil y la Policía Nacional, "encarece el servicio y, en definitiva, supone un derroche de dinero del erario público injustificable que no se sostiene con argumento alguno, como no sea el de beneficiar a empresas privadas de seguridad con no se sabe muy bien el fin".

Mientras se efectúa este gasto, dice UniónGC, los guardias civiles "siguen sin los elementos de seguridad básicos ni los medios adecuados para afrontar su trabajo día a día".

La asociación ha echado cuentas de las "suculentas" adjudicaciones de este servicio a empresas privadas y cifra en 64.444,44 euros el coste para el Estado de cada vigilante, lo que supone "más del doble del salario que percibe cualquier guardia civil en ese mismo periodo". "Una vergüenza y un despilfarro insultante", apostilla.

UniónGC reitera su apuesta por el empleo público y de calidad y, por ello, se opone "frontalmente" a cualquier iniciativa que suponga la supresión de la seguridad pública.

Con esta medida, el Gobierno, según opina la asociación, "no hace otra cosa que parchear la carencia de efectivos en Guardia Civil y a su vez justificar esa merma para no reponer los empleos de seguridad pública perdidos durante los últimos años".

La asociación dirigirá escritos a la Dirección General del cuerpo y al Gobierno para expresar su oposición a una medida que, según especifica, puede suponer a corto plazo la supresión de puestos de trabajo en la Guardia Civil.

Insiste UniónGC en que la implantación de este servicio de seguridad privada está costando anualmente al erario público casi 33 millones de euros, cuantía que "sería suficiente para dotar a cada guardia civil de un chaleco antibalas de uso personal".

Detenido un hombre por falsificar el carné para trabajar de vigilante en un festival

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Castellón a un hombre de 52 años por presuntamente falsificar la documentación necesaria para trabajar como vigilante y jefe de seguridad privada en un festival de música de la provincia. El arrestado compró la acreditación a otra persona en plena calle por 60 euros, según ha informado la comisaría provincial en un comunicado.

El arresto se produjo el miércoles 3 de agosto mientras los policías realizaban una inspección en materia de seguridad privada en el recinto de un certamen musical en la provincia de Castellón, durante las comprobaciones sobre empresas, contratos y personal del evento.

En la evaluación a un jefe de seguridad, los agentes se percataron de que la Tarjeta de Identificación Profesional (TIP) con la que se identificó era falsa y que llevaba otro carné también ilícito que le acreditaba como vigilante de seguridad.


El detenido compró ambas acreditaciones en plena calle a un desconocido, al que dio 60 euros, sus datos personales y las fotografías. Tras las pesquisas, la Policía ha esclarecido que tenía caducada su identificación verdaderade jefe seguridad y que no había podido renovarla por tener antecedentes.

Ante estos hechos, el hombre de 52 años y origen español fue detenido como presunto autor de un delito de falsificación de documento público, tras lo que pasó a disposición judicial.

El presidente de Seguridad Integral Canaria, pendiente de nuevo del indulto del Gobierno

El empresario y presidente del club de fútbol de Primera División Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, irá a prisión el próximo 5 de octubre. Así lo dictaminó el pasado 13 de junio el Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas, en virtud de la ejecución de la sentencia dictada en 2011 por la Audiencia Provincial, que condenó al también propietario de la mercantil Seguridad Integral Canaria a tres años de cárcel por la construcción de obras ilegales. Tan solo una cosa podría evitar que el hombre que fichó a Kevin Prince Boateng sea encarcelado.

El Gobierno podría indultarle antes de la 'fatídica' fecha del 5 de octubre. El Consejo de Ministros tendría que aprobar la petición realizada por el propio empresario tras la propuesta del Ministerio de Justicia, que aún no se ha pronunciado. No sería la primera vez que el Ejecutivo indulta al presidente y máximo accionista de la Unión Deportiva. La medida de gracia ya le fue concedida por el Gobierno de Mariano Rajoy en noviembre de 2013 por la misma causa judicial. En concreto, rebajó de tres a dos años la condena, lo que hacía que en la práctica el empresario no entrara en prisión al carecer de antecedentes. Sin embargo, el Tribunal Supremo tumbó el indulto en junio de 2015 tras el recurso de la asociación Ecologistas en Acción, impulsora de la investigación inicial que llevó a la condena.

Una sentenciEl alto tribunal argumentó que el indulto debía ser anulado porque no había contado con el informe preceptivo de la Audiencia Provincial, sino solo con el del Juzgado de lo Penal número 5. Entendía el Supremo que la Audiencia también había participado en la sentencia y, por lo tanto, era necesaria su opinión. Tras el requerimiento, el alto tribunal de Las Palmas informó a favor del indulto, lo que motivó que Ramírez volviera a reclamar la medida de gracia, que deberá aprobarse antes del 5 de octubre tras ordenarlo así el auto del Juzgado número 5.

La decisión sobre si el empresario ingresa o no en prisión la tomará, por lo tanto, un Gobierno que aún se encuentra en funciones y del que ya no forma parte el que fuera ministro de Industria y Turismo, José Manuel Soria, con quien Ramírez mantiene una relación de amistad desde hace años que ha sembrado de dudas la gran cantidad de adjudicaciones que ha recibido Seguridad Integral Canaria en esta legislatura por parte de la Administración General del Estado. La propia Tesorería General de la Seguridad Social ha contratado los servicios del empresario a pesar de que ha sido este mismo organismo el que ha establecido en 12 millones de euros la cantidad que Ramírez le adeuda.
Victoria Rosell, junto al líder de Podemos, Pablo Iglesias. (EFE)

La Tesorería remitió un informe al Juzgado número 8 de Las Palmas en el que que esos 12 millones era la cifra adeudada por las mercantiles del Grupo Ralons, matriz de Seguridad Integral Canaria, a la Seguridad Social. El documento fue presentado a requerimiento del Juzgado, que investiga el fraude en el que ha incurrido presuntamente Ramírez tanto con este órgano como con la Hacienda Pública, un proceso judicial que ha pasado ya por tres jueces instructores, entre ellos la magistrada Victoria Rosell, que abandonó el juzgado para sumarse a las filas de Podemos, o Salvador Alba Mesa, que fue grabado por el propio Ramírez. Ahora es la magistrada Carla Vallejo quien dirige la instrucción.

Entre las irregularidades, el Juzgado investiga las "estratosféricas" dietas -en palabras de Hacienda- que la empresa abonaba a los trabajadores con el fin de evitar que estos pagos fueran contabilizados como otros conceptos sujetos a retenciones. Según la Agencia Tributaria, la mercantil acudía al abono de estas dietas y kilometraje porque se trata de partidas exentas desde el punto de vista fiscal, con lo que la compañía se ahorraba el pago de los impuestos correspondientes.

En el marco de esta causa, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ordenó al Juzgado número 8 imponer una fianza de responsabilidad civil al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. El Juzgado ha ido rebajando durante los últimos meses la cifra, que la acusación particular -ejercida por la Federación de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera- reclamó inicialmente que fuera de 60 millones de euros. Tras la petición, el Juzgado la situó en 35 millones y amenazó con embargar los bienes de Ramírez si este no pagaba, lo que ponía el foco sobre el club de fútbol del que, además de presidente, es accionista el empresario. Tras el recurso de Ramírez, rebajó a 17 millones la fianza y posteriormente hasta los actuales 3,5 millones establecidos.

Vigilante explica como el y su familia son acosados por grafiteros


Intenta atracar un local con tijeras y hiere al vigilante (Tenerife)

Miembros del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron en la tarde de ayer a un hombre de 31 años de edad como presunto autor de un intento de robo con violencia e intimidación en un supermercado situado en el barrio santacrucero de El Sobradillo.

Supuestamente, según diferentes fuentes, el individuo trató de atracar a una de las cajeras del mencionado establecimiento comercial con un arma blanca.

Los hechos ocurrieron en un local que está situado en plena avenida de Los Majuelos, cerca del Punto de Información Ciudadana del mencionado barrio de la capital tinerfeña.

Presuntamente, tras dirigirse a una de las trabajadoras para exigirle el dinero que tenía en la caja, el ladrón fue abordado por el vigilante de una empresa de seguridad.

Ante dicha circunstancia, el varón posteriormente arrestado amenazó con las tijeras al citado trabajador de la empresa de seguridad.

Entre ambos se produjo un forcejeo y en el mismo el vigilante sufrió diversas heridas.

Finalmente, el responsable del intento de atraco fue reducido en el recinto.

Rápidamente se avisó a agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

Hasta el establecimiento comercial acudió una patrulla de la Brigada de Seguridad Ciudadana, que procedió a la colocación de grilletes y traslado del acusado hasta la Comisaría de Distrito Norte de Santa Cruz, en la calle Pérez de Ayala.

Posteriormente, el individuo fue trasladado hasta los calabozos y, cuando los funcionarios policiales finalicen la instrucción de las diligencias, el arrestado será puesto a disposición del Juzgado de Instrucción que está en funciones de guardia en la capital tinerfeña.

LAS CLAVES
El vigilante y personal de un supermercado lograron reducir en la jornada de ayer a un hombre de 31 años que previamente había intentado atracar a una de las cajeras de un supermercado en El Sobradillo.

Una patrulla de la Policía Nacional acudió hasta la avenida de Los Majuelos y procedió a la detención del individuo, que actuó armado con unas tijeras.

Hieren de una pedrada a un vigilante de seguridad de la estación de Renfe de Tarrragona

Un vigilante de seguridad de la estación de Renfe de Reus fue herido de una pedrada la noche del martes mientras estaba en su turno de trabajo. Según confirmaron fuentes de los Mossos d’Esquadra, quienes recibieron el aviso de la agresión alrededor de las 22.45 horas, el guarda de unos 40 años de edad recibió una pedrada. Un grupo de grafiteros estaría detrás de la agresión, según explicaron al Diari otras fuentes relacionadas con el suceso. «No es la primera vez que tenemos problemas con este grupo de jóvenes, que es muy agresivo», explicaron y aseguraron que «el vigilante ya ha presentado la denuncia». Hasta el lugar de los hechos se desplazaron dos patrullas de los Mossos d’Esquadra y una ambulancia del SEM, que trasladó al «herido menos grave» hasta el Hospital Sant Joan.

Por otra parte, fuentes cercanas a los hechos aseguran que la misma mañana del martes los presuntos agresores también protagonizaron otro suceso. «Se encararon con el mismo vigilante agredido y le amenazaron de muerte», explican, y aseguran que «llamamos a los Mossos para denunciar lo sucedido».

Esta no es la primera vez que los vigilantes de seguridad de la estación de Renfe de Reus tienen problemas con jóvenes que intentan pintar los convoyes estacionados.

Uno de los últimos sucesos tuvo lugar en el mes de mayo. En aquella ocasión un guarda resultó herido tras caer a la vía empujado por un grupo de grafiteros. El hombre resultó herido en una pierna y fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Sant Joan de Reus. En ocasiones los empleados han advertido de la «agresividad» de los jóvenes.

Arrastran a una vigilante de seguridad unos cien metros tras robar en una zona comercial de Zaragoza

Dos personas han sido detenidas en Zaragoza después de que, al parecer, el pasado sábado intentaran robar en una zona comercial y, al ser descubiertos, emprendieran la huida en un vehículo sin éxito, provocando lesiones a una vigilante de seguridad que los persiguió y a la que arrastraron unos cien metros.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de tentativa de homicidio, hurto y conducción temeraria. El pasado sábado día 16, a las 14.40 horas, el equipo de seguridad privada de un establecimiento ubicado en una conocida zona comercial de Zaragoza, sorprendió in fraganti a un varón y a una mujer hurtando diversos artículos. Ambos iban acompañados por una niña de corta edad.

El modus operandi consistía en coger de los expositores artículos electrónicos de alta gama y, tras desplazarse a una zona apartada del establecimiento, inutilizar el dispositivo de alarma.

Una vez interceptados, los vigilantes de seguridad les requirieron para que les acompañaran a la zona de oficinas, al objeto de dar cuenta de los hechos a la Policía. No obstante, la pareja desatendió las indicaciones de los responsables de seguridad, emprendiendo el varón la huída a la carrera, no consiguiendo ser alcanzado.

Por otro lado, la mujer, D.R.F., acompañada de la niña, sin atender tampoco a las instrucciones dadas por los vigilantes de seguridad, salió por la fuerza al exterior del establecimiento, donde les estaba esperando un vehículo conducido por otro varón, A.I.F., en compañía de otro niño de corta edad.

La mujer consiguió subir a la menor al vehículo, e intentó en repetidas ocasiones acceder al puesto de copiloto del vehículo, pero esto fue impedido por una de las vigilantes de seguridad intervinientes, consiguiendo finalmente montarse en la parte trasera, siendo sujetada por la vigilante de seguridad.

En ese instante, la mujer cerró con fuerza la puerta del vehículo, que inició la marcha, quedando atrapado el brazo de la vigilante de seguridad con la puerta posterior derecha del turismo, que resultó arrastrada a lo largo de más de cien metros, quedando en riesgo su integridad así como la de otras personas que se encontraban en la zona, hasta que el resto de vigilantes de seguridad, viandantes y un particular en motocicleta se interpusieron ante el vehículo consiguiendo que éste parara.

Todos los hechos expuestos fueron cometidos por el matrimonio en presencia de sus dos hijos menores, que se encontraban en los asientos traseros del vehículo.

La vigilante de seguridad, que sufrió heridas graves, fue ingresada en un centro hospitalario de Zaragoza.

Las investigaciones han sido desarrolladas por el Grupo de Homicidios de la Brigada Regional de Policía Judicial de Zaragoza.

Arrastran a una vigilante de seguridad unos cien metros tras robar en una zona comercial de Zaragoza

Dos personas han sido detenidas en Zaragoza después de que, al parecer, el pasado sábado intentaran robar en una zona comercial y, al ser descubiertos, emprendieran la huida en un vehículo sin éxito, provocando lesiones a una vigilante de seguridad que los persiguió y a la que arrastraron unos cien metros.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de tentativa de homicidio, hurto y conducción temeraria. El pasado sábado día 16, a las 14.40 horas, el equipo de seguridad privada de un establecimiento ubicado en una conocida zona comercial de Zaragoza, sorprendió in fraganti a un varón y a una mujer hurtando diversos artículos. Ambos iban acompañados por una niña de corta edad.

El modus operandi consistía en coger de los expositores artículos electrónicos de alta gama y, tras desplazarse a una zona apartada del establecimiento, inutilizar el dispositivo de alarma.

Una vez interceptados, los vigilantes de seguridad les requirieron para que les acompañaran a la zona de oficinas, al objeto de dar cuenta de los hechos a la Policía. No obstante, la pareja desatendió las indicaciones de los responsables de seguridad, emprendiendo el varón la huída a la carrera, no consiguiendo ser alcanzado.

Por otro lado, la mujer, D.R.F., acompañada de la niña, sin atender tampoco a las instrucciones dadas por los vigilantes de seguridad, salió por la fuerza al exterior del establecimiento, donde les estaba esperando un vehículo conducido por otro varón, A.I.F., en compañía de otro niño de corta edad.

La mujer consiguió subir a la menor al vehículo, e intentó en repetidas ocasiones acceder al puesto de copiloto del vehículo, pero esto fue impedido por una de las vigilantes de seguridad intervinientes, consiguiendo finalmente montarse en la parte trasera, siendo sujetada por la vigilante de seguridad.

En ese instante, la mujer cerró con fuerza la puerta del vehículo, que inició la marcha, quedando atrapado el brazo de la vigilante de seguridad con la puerta posterior derecha del turismo, que resultó arrastrada a lo largo de más de cien metros, quedando en riesgo su integridad así como la de otras personas que se encontraban en la zona, hasta que el resto de vigilantes de seguridad, viandantes y un particular en motocicleta se interpusieron ante el vehículo consiguiendo que éste parara.

Todos los hechos expuestos fueron cometidos por el matrimonio en presencia de sus dos hijos menores, que se encontraban en los asientos traseros del vehículo.

La vigilante de seguridad, que sufrió heridas graves, fue ingresada en un centro hospitalario de Zaragoza.

Las investigaciones han sido desarrolladas por el Grupo de Homicidios de la Brigada Regional de Policía Judicial de Zaragoza.