Segur Ibérica 'ficha' como presidente al ex secretario de Estado de Seguridad Pedro Morenés

Segur Ibérica ha nombrado nuevo presidente a Pedro Morenés, ex secretario de Estado de Defensa y de Seguridad, según informó la compañía de seguridad privada.

La firma ha nombrado también a la ex ministra de Ciencia y Tecnología Anna Birulés como nueva consejera de la sociedad, que enmarcó estos nombramientos en su "nueva etapa de desarrollo".

Segur Ibérica aborda esta nueva fase después de que el pasado mes de septiembre la firma de capital riesgo MCH Private Equity formalizara la adquisición del 55% de su accionariado.

El nuevo presidente de Segur Ibérica, Pedro Morenés, ocupaba desde junio de 2010 el puesto de director general para España de la firma de misiles MBDA. Con anterioridad, en 2009, fue presidente de Construcciones Navales del Norte.

Durante los gobiernos del PP, Pedro Morenés fue nombrado en 1996 secretario de Estado de Defensa, posteriormente (2010), secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y, dos años más tarde, secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica.

Morenés (Vizcaya, 1948) es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, diplomado en Dirección de Empresas por Deusto y diplomado en Derecho Fiscal de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta además con un master por el Bremen Institute of Shipping Economics de Alemania.

De su lado, Birulés es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y PhD Progran por la Universidad de California. Tras dirigir el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha ocupado distintos cargos en el sector privado, entre los que figuran el de vicepresidenta de la inmobiliaria Renta Corporación, consejera-directora de Retevisión, presidenta de EresMas y secretaria general de Banco Sabadell.

Detenido un empresario y desarticulada una red de intrusismo en seguridad

La Policía Nacional ha detenido a un empresario y ha desarticulado una red dedicada al intrusismo en la seguridad privada en el sur de Tenerife, intervención policial que es la primera de este tipo que se desarrolla en España.

La operación policial ha sido realizada por policías adscritos al grupo operativo de seguridad privada de la comisaría del sur de Tenerife y la investigación se inició tras la presentación de varias denuncias sobre la existencia de una red de empresas dedicadas al delito de intrusismo en materia de seguridad privada.

Los policías, según un comunicado, comprobaron que había una re de empresas que ofertaban servicios de seguridad a multitud de hoteles y establecimientos turísticos y comerciales del sur de Tenerife sin estar autorizados para ello.

Al parecer aprovechaban el hecho de que los establecimientos hoteleros desconocían la legislación vigente en materia de Seguridad Privada, presentaban fotocopias de documentación original falsificada y conseguían los contratos bajo la supuesta apariencia de empresa legal.

Para ello estas empresas ofertaban los servicios a un coste muy inferior al del mercado, incluso un 75 por ciento menos que el ofrecido por empresas de seguridad habilitadas por el Ministerio del Interior.

La nota policial informa de que durante la operación se detuvo al líder de la organización, el empresario R.G.E.M., al se le imputaron presuntos delitos como intrusismo, falsificación de documento privado, amenazas, estafa, asociación ilícita, insolvencias punibles y delito contra los derechos de los trabajadores.

Asimismo están imputados el resto de los componentes de la red, que ejercían como testaferros en las diferentes empresas, así como el arquitecto financiero que, según la Policía, ofertaba una imagen de legalidad frente a la actuación inspectora de la administración.

También se han intervenido diversos vehículos y clausurado inmuebles y empresas.

Según la Policía, el dueño de la empresa contrataba a ciudadanos cubanos, que carecían de la titulación necesaria para realizar funciones de Seguridad y a los que se les pagaba salarios muy inferiores a lo estipulados para los vigilantes y trabajaban en turno de 12 horas diarias.

Al parecer el empresario ofertaba a los establecimientos hoteleros un servicio de transporte de dinero, que movía entre 100.000 y 200.000 euros semanales y era realizado en vehículos sin distintivos ni medida alguna de seguridad.

Añade la nota policial que para evitar pagar las continuas sanciones que eran impuestas a esas empresas, el empresario al parecer procedía al cierre y creaba una nueva empresa.

En total se ha llegado a identificar hasta siete empresas distintas, y esta operativa se repetía de forma continua, y los beneficios obtenidos eran invertido en la creación de negocios como restaurantes y cafeterías, donde, según la Policía, se lavaba el dinero procedente del delito de intrusismo en materia de seguridad privada.

La policía pide ayuda para desenmascarar a los "gorilas"

El intrusismo ha sido siempre un problema de la vigilancia privada. Pero con la crisis el problema se ha agudizado. Tanto es así que el propio jefe de la Policía, Daniel Salgado, pide ayuda a los guardias de seguridad para desenmascarar a 'gorilas' y 'matones' que trabajan sin la preparación necesaria.

Esa fue una de las conclusiones de la quinta edición de la Convención de Seguridad Privada, organizada por la Comisaría y por las compañías de sector. Con la que está cayendo, los empresarios meten la tijera en sus gastos. Y en el primer sitio en el que recortan es en la seguridad. La consecuencia es que terminan contratando personal sin habilitación para que realicen las funciones de vigilancia. Personas que no están preparadas, pero que resultan más baratas. Lo que quizás no sepan estos empresarios es que estas prácticas pueden acarrearles multas que, en algunos casos, alcanzan los 30.000 euros.

La fórmula a la que recurren son las llamadas empresas de servicios, tal y como explicaron fuentes de la Comisaría. Es decir, uniforman a un trabajador y le encomiendan labores de vigilancia para las que no han sido formados. Solo pueden llevar uniforme, porra y grilletes y lucir la placa blanca con letras en rojo los vigilantes que estén habilitados por el Ministerio de Interior. “Todo lo demás es sancionable”, se encargó de recordar el subdelegado del Gobierno, Fernando Calahorro. En la provincia, unas 3.000 personas están autorizadas para ser vigilante de seguridad. No obstante, el negocio no está muy boyante. “Ahora mismo, están trabajando unos 550”, explica fuentes del sector, lo que supone un 30 por ciento menos que hace justo un año. “Es la pescadilla que se muerde la cola. Las empresas contratan a cualquiera, aunque no esté habilitado”, dice el director de una firma del sector. “Os pido vuestra ayuda en la erradicación de estas prácticas que tanto perjudican al vigilante de seguridad”, pidió el comisario.

Para ser guardia privado es necesario superar una formación en un centro reglado. Y, después, aprobar un examen que hace el Ministerio de Interior, donde se ponen a prueba los conocimientos del vigilante y su preparación física. Superadas esas pruebas, ya pueden trabajar, aunque siempre contratados por una empresa homologada.