El Congreso apoya que las empresas de seguridad privada asuman la vigilancia exterior de las cárceles

El PP y CiU han aprobado este martes en el Congreso de los Diputados una iniciativa que pide al Gobierno que estudie la posibilidad de que personal de empresas de seguridad privada se encargue de la vigilancia exterior de las cárceles españolas y su acceso, siempre bajo la dirección de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La proposición no de ley ha sido debatida en la Comisión de Interior del Congreso a iniciativa de CiU, que finalmente ha acordado con el PP instar al Gobierno a incluir esta idea en la reforma de la Ley de Seguridad Privada que tiene previsto desarrollar. En concreto, la iniciativa pide que miembros de seguridad privada sustituyan a los responsables públicos de seguridad en las funciones de control de accesos y control de cámara de circuito cerrado de televisión, "que podrían ser ampliadas a la seguridad perimetral inmediatamente circundante a los centros penitenciarios llegado el caso, bajo la dirección de los responsables de la seguridad pública" de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas. Todo esto deberá realizarse además "una vez que se valoren las posibilidades de carácter operativo, técnico y normativo", según dispone el acuerdo alcanzado entre el diputado del PP Conrado Escobar y el de CiU Feliu Guillaume. Guillaume ha sostenido que la actual situación de austeridad en el gasto obliga a "hacer un esfuerzo de racionalización" en los servicios públicos, algo que cree posible con la colaboración entre la seguridad pública y privada. Por su parte, el PSOE ha votado en contra de esta proposición ya que considera "evidente" que se plantea un "beneficio" para las empresas privadas de seguridad que "va en perjuicio" del servicio público, según ha argumentado el diputado José Zaragoza. Pero además, ha avisado de que los miembros de la seguridad privada "no están preparados" y requieren formación, algo que "cuesta dinero". En la misma Comisión de Interior, el PP y el PSOE han acordado reformar la Ley de Seguridad Privada, que data del año 1992, para mejorar su eficacia e impulsar la coordinación entre la seguridad pública y privada, siempre bajo la tutela de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; además de mejorar la coordinación con las comunidades autónomas. La iniciativa también aborda la confidencialidad y reserva de los datos privados y contempla la adecuada formación y capacitación del personal de las empresas de seguridad privada, evitando el intrusismo.

CONCENTRACION DE VIGILANTES EN METRO-MADRID

Más de 200 personas se han concentrado hoy frente a la sede de Metro de Madrid para protestar por los recortes salariales y de las condiciones de trabajo que están sufriendo las plantillas de las contratas de seguridad y limpieza que trabajan para el suburbano madrileño. La secretaria general de la Federación de Actividades Diversas de CCOO de Madrid, Isabel Rodríguez Cabo, y su homólogo de UTG, Roberto Tornamira, habían solicitado una reunión para el día de hoy con los responsables de Metro para aclarar la incertidumbre por los recortes de salarios y de condiciones laborales que están sufriendo últimamente las plantillas de las contratas de limpieza y seguridad. Por su parte, la dirección de Metro ha declinado la petición y en su lugar, los responsables sindicales han presentado la primera entrega de firmas, 500 esta vez, de una campaña que los sindicatos convocantes han empezado a realizar entre los trabajadores y trabajadoras de las contratas en señal de rechazo. Hay que recordar que CCOO ya envió una carta, hace casi dos años, a la dirección de Metro advirtiendo que los precios estipulados por Metro de Madrid en los pliegos de contratación para seguridad privada hacía imposible que se pudieran respetar los salarios que por convenio debían recibir los trabajadores. Empresas como Eulen, históricamente ligadas al servicio de vigilancia del Metro, ni siquiera se presentaron al concurso y otras como Securitas han decidido abandonar el servicio, incluso Prosegur, según se rumorea, parece estar meditando la misma decisión. Unos 2000 vigilantes de seguridad están viendo como les desaparecen conceptos de sus nóminas, las empresas que todavía aguantan en el servicio están trasladando a los trabajadores los recortes que Metro de Madrid está realizando, esto unido al bajo precio de adjudicación de los contratos esta desembocando en una situación insostenible para muchas empresas y sus plantillas. El sector de limpieza no parece correr mejor suerte. Los 500 trabajadores están asistiendo a una reducción general de la frecuencia con que se limpian las estaciones y demás dependencias, con la consiguiente merma de personal que ello conlleva. En los últimos días se han producido 30 despidos como consecuencia de estos recortes. Para Isabel Rodríguez resulta indignante que Metro de Madrid se desentienda de la responsabilidad que su gestión tiene en las condiciones laborales y económicas de estas 2500 personas que trabajan en sus instalaciones, por no hablar de la falta de respeto a los viajeros, que "sufren el 'tarifazo' y encima les ofrece un metro más sucio e inseguro". "La gerencia de Metro Madrid se está comportando de una manera cobarde parapetándose detrás de las empresas contratadas y de la Consejería de Transporte, cuando todo el mundo sabe quién está detrás de las decisiones", ha añadido.