Comunicado FES-UGT Madrid sobre la firma del convenio

A TODOS LOS TRABAJADORES DEL SECTOR DE SEGURIDAD PRIVADA
 
UGT ha decidido suscribir el acuerdo de Convenio Co lectivo Sectorial para el Sector de Seguridad Privada. Y lo ha hecho democráticamente, en su Pleno Sectorial Estatal (órgano de la UGT, en el que deciden los responsables de las secciones sindicales elegidos en asamblea y de los responsables territoriales elegidos en congreso).
 

Habiendo tenido lugar previamente los plenos sectoriales de las 17 federaciones regionales. Esta decisión se toma con el convencimiento de que el sector de la seguridad privada podrá mantener el marco regulador del convenio colectivo y de esta manera conservar el mayor número de puestos de trabajo y la estabilidad de la condic iones de vida y trabajo de los profesionales de la Seguridad Privada en España. 
 

Se ha intoxicado mucho a los trabajadores, mintiéndoles sobre tremendas bajadas de salario, pues se ha llegado a decir que se quitaban 300 euros al mes, cuando la realidad es que la bajada de salario es de 282 euros al año, descontándolo de los pluses de vestuario y transporte en las pagas de julio y diciembre del año 2013 y en la de beneficios de 2014. Es muy irresponsable mentir a los trabajadores. 
 

La consecuencia de no tener marco de Convenio Colectivo es que, en ausencia de convenio sectorial , hasta que cada empresa tuviese su convenio propio, (que sería en todos los casos con peores co ndiciones para los trabajadores), quedaríamos a expensas de lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, y en cuanto a salario, a tener el Salario Mínimo Interprofesional (SMI): 645,30 por 14 pagas. Siendo tremendamente negativo que cada empresa tuviese su propio, llevando al extremo la competencia desleal entre empresas a costa de nuestro salario. 
 



En UGT hemos valorado necesario suscribir el acuerdo de Convenio Estatal. En ningún caso lo vemos como un logro, o un acuerdo positivo. Pues hemos llegado a este punto, tras el incumplimiento sistemático de la patronal de los acuerdos firmados hasta ahora. Esperemos que esta vez sí cumplan con todos los términos del acuerdo.
 
El Acuerdo busca la estabilidad del sector. Este es el aspecto más positivo que vemos en dicho Acuerdo. A parte de ello, que evaluaremos en el futuro inmediato, los contenidos más importantes del acuerdo son los siguientes:
  • Se “penaliza” económicamente a las empresas del sector que se descuelguen de este convenio. • En los despidos objetivos, se tendrán que aplicar las tablas del anterior convenio e indemnizar a los despedidos con 10 días más de lo que marca la actual ley, es decir con 30 días por año trabajado. 
  • Se mantiene la ultra actividad del convenio indefinidamente, o lo que es lo mismo en seguridad privada anulamos la reforma laboral, a este respecto. 
  • Se implantaran los cuadrantes anuales progresivamente en los servicios, estableciendo la jornada mensual en una horquilla entre 144 mínimas y 176 máxima excepto en el mes de febrero que será de 134 a 162, manteniendo la jornada anual de 1782 horas. 
  • Las horas extraordinarias se abonaran o se compensa ran en descansos, cuando se exceda el máximo mensual de 162 horas en febrero o 176 horas en el resto de meses. 
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Celebramos que USO y CCOO se hayan sumado a este acuerdo, lo que significa que esta decisión queda legitimada por más del 90% de la representatividad del sector. Los afiliados de la UGT recibiréis el texto literal del convenio, como es costumbre en nuestra Organización. Sin más y reconociendo el gran esfuerzo que nos toc a vivir.

La Seguridad Privada custodiara centros penitenciarios a partir de Abril

La Dirección General de la Guardia Civil ya ha dado la orden: a partir del 1 de abril se incorporarán a algunos centros penitenciarios vigilantes de seguridad privada como «refuerzo a los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que prestan servicio» en estas cárceles, según figura en el documento que se ha enviado a las diferentes Unidades de Seguridad Penitenciaria. En principio están afectados por esta medida 21 centros penitenciarios (19 custodiados por la Guardia Civil y 2 por el Cuerpo Nacional de Policía), según ha informado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
Según esta asociación, el Gobierno había ralentizado el plan -estaba previsto que se pusiera en marcha el año pasado- ante la oposición encontrada por parte de los afectados y de las asociaciones, pero este cambio no tiene vuelta atrás, tal y como confirmaron a ABC fuentes de la Dirección General de la Guardia Civil.
En la orden cursada a los agentes se afirma que «en ningún caso supondrá una reducción de efectivos de las Unidades de las FCSE, tan solo se tratará de un refuerzo, al menos en la fase inicial, considerada como experiencia piloto», pero a continuación añade que «en un futuro, en función de los resultados de esta experiencia y de las disponibilidades presupuestarias, podría iniciarse una sustitución progresiva de las FCSE por miembros de la seguridad privada». El documento, por tanto, se ciñe a lo que eran los planes de Interior desde que se diseñó este operativo.
AUGC considera que la intención es privatizar completamente la seguridad de las prisiones, pese a que desde la Dirección General desmienten este extremo. La razón que esgrimen desde la asociación es que no se adoptaría la medida ni se «vendería» como experiencia piloto ampliable si el objetivo fuera otro, puesto que las Unidades de Seguridad Penitenciaria no necesitan ningún refuerzo en estos momentos, y mucho menos de vigilantes de seguridad privada.
Cuando se adoptó la decisión el año pasado, Interior explicó que obedecía en parte a la necesidad de recolocar a los escoltas privados del País Vascos afectados por el plan de reducción de protegidos, una especie de destino a la altura. La asociación mayoritaria de guardias civiles cree que ese argumento era una «burda excusa» para llevar a cabo la privatización de la seguridad en los centros penitenciarios, porqueno son esos escoltas los que van a incorporarse a las prisiones afectadas, sino vigilantes de varias empresas de seguridad privada que han constituido una UTE (unión temporal de empresas) para hacerse con este suculento negocio.
Cuando este plan de privatización avance y entre en fase de sustitución progresiva afectará a cerca de dos mil guardias civiles en todo el país, según las mismas fuentes. AUGC no descarta que este «afán privatizador» alcance también a otras unidades y servicios de seguridad, ya sean de la Guardia Civil o de otros cuerpos policiales.

Aproser y su aparato de propaganda (articulo escrito por la Sección Sindical de CC.OO. en Vinsa-Madrid)

Es del todo coherente que, coincidiendo con el día de comienzo de la IV Cumbre Europea de Servicios de Seguridad Privada, que ha quedado inaugurada esta mañana por el Ministro del Interior, Aproser se publicite en los medios de comunicación a través de dos extensos artículos en uno de los principales rotativos económicos de este país.
 
Todo entraría dentro de la normalidad si no fuese porque hace apenas 48 horas se firmó la modificación del Convenio Colectivo Estatal con los recortes que todos conocemos y muchos expresamos no compartir.
 
Cuando al aparato propagandístico de Aproser entra en juego, entonces SI, se acuerdan de los Vigilantes, nosotros, esos mismos a los que reducen los salarios, modifican condiciones e incluyen en ERES que solamente se justifican en la maldita reforma laboral, pero no en los balances y cuentas de resultados de las propias empresas que los realizan.
 
Hoy se acuerdan de que somos los vigilantes mejor formados de Europa, en número de horas para acceder a la habilitación, claro, otra cosa será en horas que las empresas dedican a seguir formando a sus empleados y en actualizar sus conocimientos.
 
Se acuerdan también de que estamos a la vanguardia de Europa, porque tenemos unas buenas condiciones laborales, tal como está la cosa, un contrato indefinido, pero no de las condiciones de trabajo de muchos centros, de la soledad, de los turnos infames y de las dificultades que ponen para poder conciliar la vida laboral y familiar. Y tampoco se acuerdan de los salarios que reducen año tras año.

Se acuerdan de los héroes anónimos, nosotros también, aquellos vigilantes que se dejaron la vida prestando un servicio a la sociedad, por menos de 1000 € al mes, pero no se acuerdan de esos otros vigilantes que perdieron su vida porque empresas de seguridad, conocidas de todos y a las que durante muchos años permitieron sus desmanes, no les pagaban sus salarios ( compañero PEPE, te recordamos ), y de otros muchos que a fecha de hoy se encuentran en un limbo laboral, sin trabajo, sin desempleo, meses y meses viviendo de la ayuda de sus familias en el mejor de los casos ( amigo Javier, nos acordamos de ti ), y de otros cuantos que no reciben su salario a pesar de acudir a sus puestos de trabajo todos los días, compañeros de Juzgados y Hospitales, de Valencia, Asturias,etc, ( nos acordamos de vosotros ).
 
Tampoco se acuerdan de que para luchar contra el intrusismo quizás haya que dejar de vender el producto B, los auxiliares, que en muchos de los casos realizan funciones únicamente reservadas a los Vigilantes de Seguridad. 

Y en cuanto a la competencia desleal, que se lo digan a las empresas de Aproser que durante el 2012 no han pagado a sus trabajadores con arreglo  a lo pactado, si tienen garbanzos negros que los quiten de su cocido.
 
Solo les pedimos que antes de vender una imagen tan bonita del sector al resto de Europa, se aseguren de que antes no han mal vendido nuestro alma al diablo.
 
 

Boletin informativo de AES nº 47 Marzo 2013

 

Revista Seguritecnia nº 395 Marzo 2013


 


Interior ensaya el uso de vigilantes privados en dos cárceles gallegas

Vigilantes privados reforzarán, probablemente a partir del 1 de abril, la vigilancia en una veintena de prisiones de España, dos de ellas en Galicia. Se trata de una «experiencia piloto», según se refleja en un documento interno al que ha tenido acceso La Voz. Teixeiro, en A Coruña, y A Lama, en Pontevedra, son los centros penitenciarios elegidos en Galicia para desarrollar la experiencia.
Está previsto que los vigilantes privados realicen labores de refuerzo de las que realizan los agentes de la Guardia Civil en las cárceles. En una primera fase habrá dos vigilantes por cada uno de los penales seleccionados. En el documento se asegura que la entrada de vigilancia privada «en ningún caso supondrá una reducción de efectivos de las unidades» policiales, aunque no se descarta que en un futuro, y a la vista de la experiencia piloto, se pudiera iniciar «una sustitución progresiva» de las fuerzas de seguridad del Estado por miembros de seguridad privada.
Esa afirmación ha generado una gran inquietud en el seno de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, colectivo que entiende que «la intención final del Gobierno es privatizar la seguridad en las prisiones». Añade que las unidades de seguridad penitenciaria «no precisan actualmente de ningún refuerzo, y mucho menos de vigilantes de seguridad privada». La conclusión a la que llega AUGC es que «el Gobierno del PP comenzó privatizando la sanidad, la educación y la justicia. Ahora le toca a la seguridad». Al mismo tiempo, destacan que es un negocio tan «suculento» que las empresas invitadas a optar al contrato han formado una unión temporal de empresas (UTE).
En cualquier caso, las labores que realizará el personal de vigilancia privada en las cárceles son muy limitadas, y siempre bajo la «constante supervisión» de funcionarios de la Guardia Civil o de la Policía Nacional. «En este primera fase nunca actuarían en solitario», se indica en el documento interno que desvela el nuevo sistema. El Ministerio del Interior reserva para el personal de seguridad privada la vigilancia de garitas, el control de accesos y la supervisión del circuito interno de videocámaras de las prisiones, pero siempre bajo la supervisión de guardias civiles.


Parte de la seguridad exterior de las cárceles de Zuera y Daroca, en manos privadas desde abril

El acceso a las cárceles aragonesas de Zuera y Daroca (ambas en la provincia de Zaragoza), así como su perímetro de seguridad, depende, y ha dependido siempre, de la Guardia Civil. A partir del próximo 1 de abril esta situación cambiará. A partir de ese día se incorporarán a estas labores personal de empresas de seguridad privada,tal y como ha denunciado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Se trata de siete personas que se incorporarán como apoyo a los guardias civiles que realizan las labores de seguridad en el exterior de los centros penitenciarios. Esta medida fue anunciada por el Ministerio del Interior en 2012 y se consuma ahora. Su justificación, tal y como informó en enero la cartera que dirige Jorge Fernández Díaz, reside en reubicar al gran número de escoltas que ejercían en País Vasco y Navarra y que se quedaron sin trabajo los meses siguientes al anuncio del cese definitivo de la violencia de ETA(octubre de 2011).
Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), sin embargo, denuncian que este es el primer paso del Gobierno hacia la privatización de los centros penitenciarios españoles. “De no ser así”, dice la asociación en un comunicado, “no habría adoptado la medida que comienza el 1 de abril, sobre todo teniendo en cuenta que las Unidades de Seguridad Penitenciaria no precisan actualmente ningún refuerzo, y mucho menos de vigilantes de seguridad privada”.

“No se están dando estas plazas a los escoltas”, indica Juan José García Calvo, secretario general de AUGC en Aragón. “Nos han vendido que la incorporación de personal privado es una experiencia piloto pero lo cierto es que esta medida es parte del ideario del PP de privatización en diversos sectores: primero fue la Educación, después la Sanidad y ahora la seguridad”, opina García. “Si no han tomado esta decisión antes es porque razones económicas se lo han impedido”, agrega.

Alrededor de un centenar de guardias civiles trabajan en los centros de Zuera y Daroca (entre 60 y 70 en el primero y en torno a una treintena en el segundo). Las siete personas de seguridad privada que entrarán a
trabajar el próximo mes de abril lo harán bajo las órdenes de los guardias civiles pero estos no conocen, al menos así lo aseguran desde AUGC, qué funciones desempeñarán. Dos irán a Zuera y cinco a Daroca.

“Estamos todos expectantes por saber qué trabajos van a desempeñar.No sabemos si estarán en la sala de control de accesos, si harán vigilancia perimetral de los centros o si estarán en las garitas”, señala García Calvo. Lo que es seguro es que este personal estará bajo el mando de los responsables del Instituto Armado de cada centro.

Un modelo similar al de los aeropuertos

Las fuentes de la asociación de guardias civiles creen que lo que pretende Interior es implantar en las cárceles un sistema de seguridad similar al de los aeropuertos españoles. “En estas instalaciones conviven Guardia Civil, Policía Nacional y personal de seguridad privada bajo la coordinación de uno o dos responsables de la Guardia Civil”, indica García Calvo.

“La realidad es que este sistema no funciona bien y hay problemas de coordinación entre el personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el privado que deriva en problemas de seguridad”, se lamenta el secretario general de AUGC en Aragón. “Los intereses de unos y otros no son los mismos”, añade.

En toda España
hay 21 centros penitenciarios afectados por la medida del Ministerio de Interior. Los responsables de esta cartera han pedido tranquilidad a los guardias civiles y les han asegurado que no se va a despedir a nadie, algo que no evita el “malestar” entre los trabajadores, según AUGC.
 

AUGC recuerda que el 1 de abril comenzará "la privatización de la seguridad en la prisión de Córdoba"

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha recordado este lunes que, hace un año, ya avisó que "el Gobierno del PP" había decidido "privatizar la seguridad de los centros penitenciarios", y en el caso concreto del Centro Penitenciario de Alcolea, en la capital cordobesa, será el próximo 1 de abril cuando comenzará "la privatización de la seguridad en la prisión de Córdoba".

A través de un comunicado, AUGC ha explicado que, "si bien en un principio ralentizaron su plan para llevar a cabo dicha medida, sobre todo debido a la frontal oposición que encontraron en AUGC y otras organizaciones, ahora que las aguas se han calmado han decidido retomar el asunto".
 
De hecho, según esta organización de guardias civiles, "hace unos días ha llegado a la Unidad de Seguridad Penitenciaria de Córdoba una orden de la Dirección General de la Guardia Civil anunciando que a partir del próximo 1 de abril se incorporarán a la prisión de Córdoba varios vigilantes de seguridad privada como 'refuerzo' a los componentes" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) que prestan servicio en los centros penitenciarios, medida que afecta en principio a 21 centros penitenciarios del país.
 
En dicho documento se afirma, según AUGC, que "en ningún caso supondrá una reducción de efectivos de las Unidades de las FCSE, tan solo se tratará de un refuerzo, al menos en la fase inicial, considerada como experiencia piloto", pero a continuación añade que "en un futuro, en función de los resultados de esta experiencia y de las disponibilidades presupuestarias, podría iniciarse una sustitución progresiva de las FCSE por miembros de la seguridad privada".
 
A AUGC no le cabe ninguna duda que "la intención del Gobierno es llevar a cabo en un futuro no muy lejano esa sustitución progresiva, porque de no ser así no habría adoptado la medida que comienza el 1 de abril, sobre todo teniendo en cuenta que la Unidad de Seguridad Penitenciaria de Córdoba (igual que las otras afectadas) no precisa actualmente ningún refuerzo, y mucho menos de vigilantes de seguridad privada".
 
Ahora se confirma lo que AUGC avisó hace un año, "que el deseo del Gobierno del PP de 'recolocar' al personal de las empresas de seguridad privada afectado por la reducción de escoltas en el País Vasco no era sino una burda excusa para llevar a cabo la privatización de la seguridad en los centros penitenciarios, porque no son esos escoltas los que van a incorporarse a las prisiones afectadas, sino vigilantes de varias empresas de seguridad privada que han constituido una UTE (unión temporal de empresas) para hacerse con este suculento negocio".
 
Según AUGC, "cuando este plan de privatización avance y entre en fase de 'sustitución progresiva', afectará a cerca de 2.000 guardias civiles en todo el país, de los cuales más de 60 se encuentran destinados en prisión de Córdoba. Por ello, los afectados se sienten engañados por el PP, puesto que en el programa electoral con el que esta organización concurrió a las elecciones generales no constaba que tuvieran la intención de adoptar dicha medida. De hecho, en reiteradas ocasiones los máximos representantes del PP han negado que fueran a privatizar servicios públicos básicos como la sanidad, la educación o la seguridad, pero ahora ha quedado claro que sí van a hacerlo".



Revista Segurpri Monografico nº 19

Revista Cuadernos de Seguridad 276 Marzo 2013

El Ministro del Interior, Jorge Fdez.Díaz, quiere una “más estrecha colaboración” con la seguridad privada


El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz dijo hoy que tiene intención de que la seguridad privada aporte su “gran potencial” en beneficio de la sociedad, algo que pasa por una “más estrecha colaboración” con las Fuerzas de Seguridad estatales, autonómicas y municipales.

Fernández Díaz se refirió a esta cuestión al inaugurar en Madrid la IV Cumbre Europea de Servicios de Seguridad Privada.


Durante su intervención, el ministro mencionó que ya ha anunciado que su departamento está ultimando una nueva Ley de Seguridad Privada, que sustituirá a la vigente, que data de 1992 y que ha sufrido numerosos cambios parciales.
A este respecto, el titular de Interior destacó la importancia de la seguridad privada en España, ya que factura anualmente más de 3.200 millones de euros y da empleo a unas 90.000 personas.


Apuntó que los cambios tecnológicos y los avances hacen necesaria una actualización de la Ley de Seguridad Privada. Al mismo tiempo, se refirió a que la “coexistencia” entre “unos servicios policiales públicos, competentes y profesionales y unos servicios privados que tanto han crecido hace necesaria una más estrecha colaboración entre ellos”.


También aludió a que esta coordinación debe hacerse “bajo los principios de la complementariedad, la cooperación y la corresponsabilidad” y “al servicio de un concepto integral de la seguridad pública”.


Añadió que nadie debe pensar “que estamos hablando de una privatización de la seguridad pública”, sino de “aprovechar todo el gran potencial que poseen los servicios y las empresas de la seguridad privada para que, desde la subordinación con las Fuerzas de Seguridad, se garantice la mejor seguridad a los ciudadanos”.


Concluyó que esto se conseguirá “optimizando los recursos que siempre son limitados para la necesidades” y más en la actual situación de crisis económica.




 
 
 

Los vigilantes más formados de Europa

Los vigilantes españoles son los más formados de toda Europa. Así lo acreditan las horas de formación necesarias, que alcanzan las 180, a las que hay que sumar otras 20 anuales de carácter obligatorio. Además, España es el único país europeo en el que el personal de seguridad privada tiene que pasar un examen de habilitación, que realiza el Ministerio del Interior.
En España hay habilitados un total de 207.212 vigilantes de seguridad, según datos oficiales. De ellos, se estima que solamente están en activo 88.250, como recoge el informe de Aproser, patronal que agrupa a las principales empresas del sector. Su edad media ronda los 41 años, y la rotación anual se sitúa en un 17%.
El de la seguridad privada sigue siendo un sector dominado por los hombres, si bien en los últimos años se ha avanzado en la incorporación de la mujer a este tipo de trabajos. Actualmente, la proporción es de un 84% de trabajadores frente al 16% de trabajadoras. Otro de los datos que recoge el informe habla de sus condiciones laborales, y destaca que la mayoría de los empleados cuenta con un contrato indefinido: casi un 85% del total. Y esto en un momento en el que la crisis económica está empeorando las condiciones laborales a pasos agigantados.
Todo esto hace que los vigilantes españoles se sitúen a la vanguardia a nivel europeo. Están formados, cuentan con unas buenas condiciones de trabajo y, además, han demostrado su profesionalidad en numerosas ocasiones. Uno de los ejemplos paradigmáticos es el 11-M. Recientemente se han cumplido nueve años desde el trágico atentado de Madrid, en el que murieron casi 200 personas a manos del terrorismo islamista radical. Pero los merecidos homenajes a las víctimas se han olvidado año tras año de los vigilantes de seguridad presentes en las estaciones de tren, que colaboraron desde el primer momento con las autoridades para salvar vidas.
 
Mientras que el 11-M fue una fecha señalada y de gran exposición mediática, en el día a día de los vigilantes de seguridad también hay historias de héroes anónimos. Algunas de ellas aparecen en los medios de comunicación y otras no. Muchas son premiadas en los días de la seguridad privada, que se celebran cada año en diferentes ciudades para reconocer, por parte de las autoridades públicas, el trabajo de los vigilantes.
Héroes anónimos
Son cientos de historias de superación y valentía que se desarrollan a diario en los aeropuertos, en las estaciones de metro, en los centros comerciales o en edificios públicos. Una de ellas es, por ejemplo, la de Francisco Jesús Palencia, que salvó una vida humana. Palencia es un escolta que, cuando se encontraba en el extranjero, realizó una maniobra cardiorrespiratoria a una persona para mantenerla con vida mientras llegaban los servicios sanitarios. Fue premiado por su actuación el pasado día de la seguridad privada de Madrid, pero sin duda su mejor reconocimiento es saberse útil para la _sociedad.
Pero también hay historias que, desgraciadamente, no tienen final feliz. Es el caso de Rafael Jiménez, un vigilante de seguridad fallecido en abril de 2011 mientras trabajaba en la estación de Castelldefels. Fue agredido por un joven y no pudo superar las secuelas de la paliza.

La seguridad privada reclama que se concrete su coordinación con las FSE

El presidente de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), Javier Tabernero, ha reclamado hoy que la nueva ley de seguridad privada formalice y clarifique "bien" el papel de estas empresas en la contribución a la sociedad, así como que concrete su coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
En rueda de prensa posterior a la inauguración de la Cuarta Cumbre Europea de Seguridad Privada, que se celebra en Madrid, el presidente de Aproser ha subrayado que la colaboración entre la seguridad pública y privada existe, pero ha reconocido que la actual ley tiene lagunas debido a que muchos nuevos servicios que estas empresas están dando no están recogidos.
Tabernero ha subrayado que es necesario por un lado formalizar lo que estas compañías hacen y por otro "definir como va a ser esa coordinación con las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".
El presidente de Aproser ha destacado que en España "hemos disfrutado de un estándar muy elevado respecto de otros países" en cuanto al funcionamiento de estas empresas, que la nueva ley tiene que reafirmar e incluso incrementar.
Por su parte, el presidente de la Confederación Europea de Servicios de Seguridad (CoESS), Marc Pissens, ha insistido en este argumento, al afirmar que la legislación española en el campo de la seguridad es, junto con la belga, de las más elevada en el plano internacional, lo que "nos ha permitido desarrollar un bajo grado de criminalidad".
Respecto a la nueva ley que prepara el Gobierno, ha reclamado que incluya los servicios adicionales que se han ido ofreciendo en los últimos años, refleje las nuevas tecnologías, promueva la invación y de "una cobertura legal clara y transparente a lo que la seguridad privada hace".
En este sentido, Tabernero ha expresado su preocupación por la existencia de algunas empresas que están "en una zona gris", por lo que, a su juicio, el nuevo marco legislativo debe establecer mecanismo de control para y que en todas las compañías de seguridad privada "haya un respeto a todas las normativas, administrativas y laborales".
No obstante ha subrayado las empresas españolas de este sector son líderes a nivel mundial, junto a las británicas, las suecas y las estadounidenses, que han profesionalizado este campo internacionalmente y "han desarrollado las sociedades en las que están presentes".
En esta cumbre se ha presentado el cuarto libro blanco CoESS&Aproser, que lleva el título de "El valor socioeconómico añadido de los servicios de seguridad".
La secretaria general de CoESS, Hilde de Clerk, ha recalcado que "obviamente" la razón de ser de este libro blanco es tratar de mostrar a la sociedad europea el valor de las empresas de seguridad, "nuestro impacto, nuestro valor añadido en términos de empleo, socioeconómicos y de contribución a la economía europea en su conjunto".
De Clerk ha puesto de relieve aunque las legislaciones nacionales prevalecen en el ámbito legislativo de la seguridad privada, "observamos cada vez más que la normativa de carácter europeo tiene un claro impacto en la actividad de nuestras empresas", como lo demuestra, por ejemplo, el ámbito aeroportuario tras los atentados del 11-S.
También esta cumbre, Aproser ha aprovechado para presentar el desarrollo de su marca de calidad o especificación técnica a través de Aenor.
El secretario general de la asociación, Eduardo Cobas, ha hecho hincapié en que dicha especificación se basa "en el respeto absoluto de la legislación", la solvencia económica-financiera de las empresas que forman parte de Aproser y la protección absoluta al cliente, sin someterle a ningún tipo de riesgos.

Firmado Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad 2012/14


       Texto Convenio                   Actas finales         
 
 
Estimados compañeros/as.
 
Remitimos Actas suscritas en el día de hoy en relación a la modificación del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad Privada, así como el documento con el texto definitivo del Convenio.
 
Tras la firma de este acuerdo existe el compromiso de que en los próximos días todas las empresas que tienen iniciados procedimientos de negociación de modificaciones colectivas, descuelgues salariales y/o convenios de empresa van a dar por finalizados los mismos y proceder a la aplicación del Convenio Estatal.
 
En el Acta referida como (2), en su apartado Tercero encontrareis la manifestación de parte que ha efectuado esta Federación de Servicios Privados acerca de las razones por las que se ha suscrito el acuerdo y nuestra voluntad de cara al futuro.
 
En el texto se han incorporado las garantías que veníamos solicitando, así como medidas disuasorias de la aplicación de descuelgues y convenios de Empresa.
 
Como veréis el Convenio ha sido suscrito también por AESPRI que no fue firmante del anterior, siendo previsible que otras Patronales se adhieran al mismo tal y como han anunciado.
 
En breve os remitiremos algunas notas aclaratorias acerca del contenido del convenio en aquellos aspectos que han sido modificados o introducidos.
 
Un saludo.

 
Enrique Castillejos Martín
Secretaría de Comunicación, Coordinación
y Formación Sindical
F. E. Actividades Diversas
                 

Los Riesgos Laborales en la Seguridad Privada

A LOS FACTORES DE RIESGO COMUNES A LA PROFESIÓN HAY QUE AÑADIR LOS DE LA EMPRESA DONDE SE PRESTA EL SERVICIO
 
Unos de los factores de riesgo que provocan un mayor índice de accidentes en seguridad privada suelen ser los relacionados con la jornada laboral y los que derivan de la ubicación o centro del servicio a prestar.
 
En cuanto los primeros, la prolongación de la jornada laboral es un factor de riesgo determinante que, en general tiende este sector a doblar jornadas para conseguir una remuneración suficiente.
Estas largas jornadas de trabajo limitan el tiempo que el trabajador puede pasar con su familia, disminuye su tiempo libre y dificulta la participación social.
Por otro lado, la jornada se caracteriza por trabajos a turnos y trabajo nocturno, etc. que repercute directa y negativamente en la calidad de vida del trabajador, aumentando el grado de tensión y su fatiga.
El trabajo a turnos, típico del Sector, altera los ritmos biológicos normales, provocando alteraciones del sueño, insomnio, trastornos digestivos, nerviosos, fatigas, irritabilidad, etc.
 
Respecto a la ubicación del servicio, la prestación de los diferentes servicios se realiza a través de contratas, lo que supone trabajar en la empresa cliente y no en la propia empresa. Esto conlleva una sensación de estar en “tierra de nadie”, ya que las condiciones de trabajo de la empresa contratante afectan al vigilante, pero éstos no tienen capacidad de mejorarlas.
 
Además, el trabajo es muy monótono y rutinario, con tareas repetitivas y poco estimulantes. La mayoría de los vigilantes suelen trabajar solos, y en ocasiones en lugares mal acondicionados. El aislamiento, la soledad y la incomunicación son rasgos característicos de los servicios que prestan. Todas estas situaciones provocan irritabilidad, ansiedad, depresión, estrés, etc.
 
Otro de los problemas que plantea esta ocupación es que prácticamente no existe la promoción profesional, lo que desmotiva enormemente al trabajador en el desempeño de su trabajo y le incita a abandonar su puesto de trabajo en cuanto encuentra otro empleo alternativo.
Y no debemos olvidar las situaciones de peligro que se viven en muchos puestos de trabajo, expuestos a atracos, ataques, persecuciones, etc., lo que genera inevitablemente uno de los riesgos más frecuentes en el sector. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales estipula que el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
 
Entre los principios de prevención figura: “evitar los riesgos”, “combatir los riesgos en su origen” y “adaptar el trabajo a la persona”. Dadas las características del sector de seguridad, los riesgos se pueden dividir en dos grandes bloques: aquellos que se derivan de la propia actividad y los derivados del puesto de trabajo. La problemática aumenta, puesto que a los factores de riesgos comunes de la profesión hay que añadir los relacionados con el entorno laboral de la empresa que contrata el servicio y, en este caso, suelen darse múltiples circunstancias, según la actividad de la empresa principal: servicios de vigilancia en centrales nucleares, entidades financieras, empresas químicas, hospitales, edificios oficiales, medios de transporte, grandes extensiones comerciales, obras de construcción, polígonos industriales, urbanizaciones aisladas, etc.
 
También, hay que profundizar en aquellos riesgos que nacen de una deficiente organización del trabajo. En estos casos el estrés juega un papel importante al estar muy relacionado con las condiciones de trabajo y poder conducir a enfermedades laborales.
 
En el Sector de Seguridad se producen, entre otras, situaciones intensas motivadas por imperativos profesionales elevados, reducida influencia que el trabajador ejerce sobre sus condiciones de trabajo, ritmos de trabajo excesivos, falta de apoyo social, precariedad en el empleo, escasa recompensa que no se corresponde con el trabajo realizado, etc.
 
Estas situaciones pueden generar estrés con el resultado de la aparición de una amplia gama de enfermedades corporales, mentales e, incluso, mortales así como un fuerte estrés en los trabajadores. Con relación a las evaluaciones de riesgos, la metodología de aplicación al objeto de identificar y valorar los riesgos de las Empresas, se está desarrollando igualmente con ésta visión tradicional, centrándose únicamente en aquellos riesgos clásicos de seguridad e higiene y obviando los nuevos riegos ergonómicos y psicosociales que de manera importante también afectan a los trabajadores del sector.
 
El Art. 3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, define la Evaluación de los riesgos como el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medida que deben adoptarse.
 
Debido a la peculiaridad y complejidad de los servicios prestados por los Vigilantes de Seguridad que son contratados por empresas que reclaman un servicio de seguridad para sus instalaciones, y por lo tanto el servicio se desarrolla en el centro o lugar de trabajo del Empresario titular ó principal; está muy extendido por las empresas de seguridad la sustitución de las evaluaciones específicas en cada provincia ó centro de trabajo donde desarrollan su actividad, por una “guía de evaluación general por categoría del trabajador ó puesto especifico, es decir, una guía de los riesgos tipo de cada servicio ó categoría de vigilante. De modo que ésta metodología de evaluación queda incompleta, sin la evaluación específica de cada puesto de trabajo, y para conseguir éste aplicación, previamente debe funcionar la información dentro del programa de coordinación de actividades empresariales.
 
Según recoge el art. 24 de la Ley de Prevención (LPRL) Así en aquellos casos de presencia de varias actividades de diferentes empresas en un mismo centro de trabajo como consecuencia de la subcontratación de servicios los riesgos han de ser evaluados o valorados de forma especial lo que da lugar a unas obligaciones complementarias.
 
Ya en el art. 23 de la Ley 23/1992 de Seguridad Privada y desarrollo reglamentario, los servicios deben estar adecuados a los riesgos., aunque esté articulo esté pensado desde un punto de vista de la seguridad como servicio y anterior a la Ley de prevención de 1995, recoge el mismo espíritu preventivo de ésta Ley al considerar los distintos factores y elementos que pueden influir en el desarrollo del servicio; así se recoge en el citado artículo: Las empresas inscritas y autorizadas para el desarrollo de las actividades a que se refieren los párrafos a) b) c) y d) del artículo 1 de este Reglamento de seguridad, deberán determinar bajo su responsabilidad la adecuación del servicio a prestar respecto a la seguridad de las personas y bienes protegidos, así como la del personal de seguridad que haya de prestar el servicio, teniendo en cuenta los riesgos a cubrir, formulando, en consecuencia, por escrito, las indicaciones precedentes.
 
El art. 24 de la Ley de Prevención diferencia entre “servicios y actividades que correspondan con la propia actividad del empresario titular o principal y servicios que no se correspondan”, quedando estos últimos, que son los que afectan al sector de seguridad, con una mayor falta de concreción. Conforme al art. 16 de la Ley de Prevención los empresarios habrán de considerar tanto los riesgos propios de la actividad de cada uno de ellos, estando el referido artículo en fase de modificación legislativa, debido a su falta de concreción y de exigencias de responsabilidad entre la empresa principal y el resto de las empresas.
 
Lo más normal debería ser que para la realización de la evaluación especifica las empresas que vayan a desarrollar actividades en un mismo centro o lugar de trabajo, debieran de informar recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades a desarrollar, en particular en relación con aquellos riesgos que puedan verse agravados o modificados por la concurrencia de las actividades en un mismo centro o lugar de trabajo. Esta obligación de información reciproca ha de ser, previa al inicio de la actividad y por escrito y para todos los supuestos de coordinación de actividades empresariales.
 
Igualmente cualquier situación de emergencia que pueda afectar a la seguridad y salud de los trabajadores, debería informarse de manera inmediata. Por otro lado, la Evaluación de los riesgos constituye el paso previo al Plan de Prevención, conjunto de acciones organizadas que tiene por objeto la eliminación o reducción de los riesgos derivados del trabajo.
 
Otro capítulo importante de acuerdo con la Ley de Prevención (LPRL) es el referido a la vigilancia de la salud, componente esencial de la prevención de riesgos, al supone una orientación de la actividad sanitaria en el campo de la medicina del trabajo, debiendo abarcar lo individual y lo colectivo, no solo es exclusivamente asistencial; forma parte del Servicio de Prevención y su actuación estará vinculada al resultado de la evaluación de riesgos y al plan de prevención.
 
Sin embargo en la práctica en ocasiones no se realizan los reconocimientos médicos, no aplicando los protocolos médicos de acuerdo a los colectivos de trabajadores con riesgos específicos según recoge la Ley de Prevención, sino que se siguen realizando de manera general e inespecífica a todos los trabajadores.
 
También es función de la vigilancia de la salud la realización de estudios de información epidemiológica e investigación de las causas de los daños, al objeto de identificar los riesgos y conocer las consecuencias, magnitud real y gravedad de las enfermedades y daños de origen profesional, que sirvan para la elaboración y seguimiento de las políticas preventivas de riesgos laborales; que igualmente no se suelen realizar.

 

Fuente: Vicente LLopis Micó (Perito Judicial de Investigacion de accidentes laborales)