Nota de prensa sobre movilización de vigilantes en 18 aeropuertos del estado.

Nota de prensa que se ha enviado hoy a los diferentes medios de comunicación, en referencia  a las diferentes concentraciones convocadas para el día de hoy.


Participación en radio de algunos compañeros sobre la problemática de los vigilantes de seguridad de metro-Madrid y aeropuerto‏

Programa de radio de la Cope (Seguridad y tribunales)


En el cual participaron  los compañeros: 
  • Oscar Verduras,  CC.OO.(Responsable del Sector de Seguridad Privada de Madrid) 
  •  Ana Rubio, UGT (Comité de Empresa de Securitas-Madrid) 
  • José Caballero, CC.OO.( Presidente del Comité de Empresa de EULEN SEGURIDAD de Madrid). 

Se expuso la situación de los recortes en seguridad de Metro y AENA.

Radiografía de la seguridad: más detectives, más armas en casa y récord de manifestaciones



El Ministerio del Interior publica su anuario estadistico, en sus 576 páginas se ofrecen un sinfín de datos curiosos.




  • En 2012 las calles españolas sufrieron una media de 121 protestas diarias.
  • Ya hay más asociaciones femeninas que vecinales. 
  • Los robos en domicilios, el delito que más crece: por encima del 25% 
  • Las víctimas de maltrato familiar descendieron un 3%. 
  • Récord en 2012 de hectáreas quemadas en nuestros bosques en la última década, casi 210.000. 
  • Hubo 439 imputados y detenidos.
  • El año pasado se abrieron 149 despachos de detectives privados.

Seguridad privada
Crece el número de vigilantes privados y escoltas La seguridad privada también está en crisis, pero quizás menos que otros sectores. En España hay 1.490 empresas de seguridad, 48 menos que hace tras años. De todas ellas, solo 49 se dedican al transporte de explosivos. No obstante, sí ha crecido el personal que trabaja en el sector. Ya hay 214.000 vigilantes, un 6% más que en 2011; y casi 36.000 escoltas, un 5% más. Han aumentado, también, los detectives privados. Ya hay 2.783 licencias, 173 más que en 2011 y 400 más que en 2009. De hecho, se han abierto 149 despachos en 2012, lo que revela que la mayoría de los detectives trabajan en solitario. Por empresas, Securitas Direct copa el 44% de los contratos.

Fbs Seguridad intenta descolgarse del convenio colectivo


Comunicado del Delgado  de Personal de la empresa FBS SEGURIDAD, que remite a la Comisión Paritaria Sectorial del Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad, en relación con la solicitud de descuelgue presentada por la empresa Fbs Seguridad

Tres auxiliares de servicio, trabajadores del aeropuerto de Palma de Mallorca, inician una huelga de hambre


Nota de prensa, comunicando  que trabajadores del aeropuerto de Palma inician una huelga de hambre para exigir readmisión de los trabajadores despedidos. VISABREN-Trablisa no quiere hacerse cargo de los trabajadores que en su día les subrogo SERVIMAX-PROSEGUR. 

En el accidente de Santiago de Compostela también había vigilantes de seguridad

Tras el fatal accidente ferroviario de Santiago de Compostela, muchos han sido los reconocimientos que hemos recibido los miembros de la guardia civil que "in situ" o como es nuestro caso, a través de las Redes Sociales informamos y encauzamos toda la información que nos iba llegando.


Como digo, muchos han sido los agradecimientos y reconocimientos que ha recibido la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, los Bomberos, Protección Civil, ciudadanos anónimos que en los primeros momentos ayudaron a las víctimas y colaboraron inicialmente en las labores de rescate, y como no, el pueblo gallego (y en buena parte del resto de España) que se volcó en una ola de generosidad a la hora de donar sangre y/o aportar cuanto estuviese en sus manos.

No obstante hemos notado en falta en todos esos reconocimientos y agradecimientos, a un colectivo que colaboró, ayudó y aportó como el que más, NO sólo en ese suceso sino en otros muchos que desgraciadamente han dejado huella en nuestra sociedad..... y que no es otro que el colectivo de la Seguridad Privada y especialmente los Vigilantes de Seguridad.

Creo que es de recibo que en éste caso, esos reconocimientos públicos a la Guardia Civil, a la Policía, a Bomberos, a Protección Civil, a ciudadanos anónimos, etc., sea igualmente extensible y aplicable a los Vigilantes de Seguridad que en muchas facetas cotidianas realizan labores FUNDAMENTALES que en el 95% de los casos nunca les son reconocidas.

Así pues, al menos por parte de nuestro grupo y hablando de éste desgraciado suceso, vaya por delante nuestro reconocimiento a los Vigilantes de Seguridad porque sinceramente creemos que se lo merecen y que NO merecen ser excluidos en prensa, radio, televisión, etc., del modo en que están siendo excluidos.

Movilización nacional contra los recortes de seguridad privada en aeropuertos

Sentencia de la Audiencia Nacional sobre la ultraactividad de los convenios

 


 Nota informativa         Valoración 
Estimados/as compañeros/as:

Os adjuntamos, para vuestra información y difusión, la Sentencia de la Audiencia Nacional, de 23 de julio de 2013, en la que se declara que "en tanto no se produzca la entrada en vigor del convenio colectivo que haya de sustituir al III Convenio Colectivo de la empresa Air Nostrum, LAM, SA, y sus trabajadores pilotos, el contenido normativo de dicho III Convenio Colectivo permanece vigente". 

Junto a esta sentencia os adjuntamos la valoración de la misma realizada por el Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO, donde se reconoce que esta sentencia es el primer pronunciamiento que aborda uno de los varios problemas que plantea la norma que implantó la Ley 3/2012 al reducir la vigencia de la ultraactividad de los convenios colectivos a un año.

Nueva propuesta del Gobierno para la regulación de la formula de cotización de los trabajadores a tiempo parcial y fijos-discontinuos

En los últimos días CC.OO. a continuado con los contactos de trabajo entre Gobierno y los Agentes Sociales para discutir las diferentes alternativas que podrían dar lugar a una nueva regulación. 

Fruto de este trabajo el Gobierno nos ha remitido una nueva propuesta de regulación (que os remitimos adjunta) que, además, ha sido presentada hoy por el Secretario de Estado en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo para que también en este ámbito se participe en el debate que continua abierto.

Un vigilante de seguridad del hospital de Ciudad Real es agredido por un paciente


  • El sindicato CC.OO. dice que si hubiera más vigilantes se podria haber evitado.

Un vigilante de la contrata de seguridad privada del Hospital General de Ciudad Real, «Prosintel Grupo Norte», fue agredido el pasado domingo por un usuario que esperaba a ser atendido en urgencias.

El vigilante recibió varios golpes por parte de este paciente, que tras la llegada de dos vigilantes más y de la Policía Nacional de Ciudad Real consiguieron reducir y detenerlo.

Según los trabajadores del Hospital General de Ciudad Real no es la primera vez que se producen intentos de agresiones en urgencias, así como en el área de atención a pacientes de psiquiatría, zonas donde más número de incidentes se producen.

La Federación de Servicios Privados de CC.OO. manifiesta que estos hechos se podrían haber evitado. Explica que el año pasado «se produjouna reducción de un 25% aproximadamente de las horas contratadas de seguridad privada en el Hospital General de Ciudad Real (250 horas semanales menos); hecho por el que los 28 vigilantes de seguridad que componen la plantilla y vigilan y guardan la seguridad en el HGCR y Hospital de Alarcos se encuentran inmersos en un Expediente de Regulación de Empleo temporal. Así, donde antes había dos vigilantes en la zona de urgencias del HGCR ahora sólo hay uno».

La citada Federación y los trabajadores de la empresa Prosintel Grupo Norte esperan que el próximo pliego de condiciones, pues próximamente acabará el vigente contrato-, se publique con un mayor número de horas de las que hay contratadas actualmente, con el fin de mejorar el servicio, y la seguridad e integridad física tanto de los trabajadores como de los usuarios.

Disconformidades presentadas por CC.OO, a los grupos parlamentarios, sobre el Proyecto de Ley de Seguridad Privada


CC.OO. a mantenido una reunión con el grupo parlamentario de IU, en la cual se han expuesto las modificaciones que adjuntamos. No obstante hemos abierto una linea de trabajo con este grupo para ir trabajando las diferentes enmiendas que se aportarán, para la corrección y mejora de una serie de puntos, que desfavorecen a los trabajadores de seguridad privada.

También, se a contactado con el grupo parlamentario del PSOE y se le han trasmitido esta modificaciones, y estamos pendientes de contactar con el diputado que lleva este tema.

Convenio colectivo de Alcor Seguridad S.L.


BOE del lunes 22 de Julio, en el cual se publica el Convenio colectivo de Alcor Seguridad, SL.
 
CC.OO.esta estudiando si da lugar a impugnarlo, aunque la situación está complicada por que está firmado por las secciones sindicales de UGT y USO, las cuales son mayoritarias dentro de la empresa.
 
De ahí, que volvamos a reiterar una vez mas, la importancia de las Elecciones Sindicales,  
la participación tanto como de candidatos como electores, ya que de ello, va a depender la composición  de los comités de empresa. Así se podrán defender mejor los intereses de todos los trabajadores/as, tanto en las empresas como en el sector.  Ya que son estos los que tienen la potestad de firmar acuerdos o convenios de empresas, los cuales prevalecen por encima del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad.


Convenio colectivo de Grupo Control Empresa de Seguridad


Convenio de Grupo Control Empresa de Seguridad SA que han firmado en Almería, con un ámbito territorial de la provincia de Almería. 
 
Este convenio está aún pendiente de publicación en el BOE correspondiente.
 
Han participado en la negociación y firma de este convenio los sindicatos CSIF, USO y UGT. 
 
Crean una nueva categoría denominada Vigilante de seguridad novel o de nueva incorporación, a los cuales les pagan 700€ de salario base, sin pluses-. A los que acaban de sacar la habilitación la duración es de 1 año y a los que ya han trabajado de VS la duración de este salario será de 9 meses.también, les reduce el plus de transporte a 75,50€ en el 2013 y a  75.50 en el 2014 y el plus de vestuario será de 31€ durante los dos años de 2013 y 2014.
Estos pluses se pueden denunciar a Inspección de Trabajo por discriminatorios.
 
Eliminan la paga de beneficios,crean una paga de producción, que el Vigilante novel o de nueva creación no tendrá derecho a cobrar. Además, esta paga está supeditada a un porcentaje medio en los últimos tres años den un 82% para su abono, lo que supone que cualquier Vigilante, que genere un mínimo de un 18% de beneficios en su servicio, cobrará dicha paga, y si el beneficio es inferior al 18% no cobrará está. 
 
Han creado una bolsa de 80 horas extras anuales, que se pueden solicitar a la empresa por escrito. Abonándose 900€ brutos del 1 al 15 de Diciembre o 75€ mensuales. Si se escoge en paga total y no se llegan a las 80 horas se les paga la proporción y si se les pagan mensual y les dan mas de las horas extras realizadas se les descontará. 
 
Han variado el cuadro de sanciones y las unen a la paga de producción, con lo que conllevan descuentos. Esto es denunciable a Inspección de Trabajo por incumplimiento del Artículo 58.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Prensa sindical de CC.OO.

Estimadas compañeras, estimados compañeros

El Centro de Documentación Confederal, en colaboración con los centros de documentación de CCOO de Madrid y el CERES, y la Biblioteca de la Fundación 1º de Mayo, publica un nuevo número del boletín, Prensa Sindical Comisiones Obreras

Con una selección de artículos publicados en las revistas editadas por nuestra organización y accesibles a través de Internet, pretendemos contribuir a la difusión de la información generada por nuestro sindicato.
En este número podéis ver los artículos seleccionados de las revistas publicadas en junio.
Esperamos que la información contenida en estos boletines sea de vuestro interés y os animamos a colaborar con vuestras sugerencias.
Saludos cordiales

Acceso a los textos:
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS23.pdf

Licitación de Aena en Aeropuerto de Madrid

Carta al Ministerio Fomento                         Contestación

Carta de los compañeros de la Sección Sindical de CC.OO. en Vinsa-Madrid en relación a la licitación de Aena en el Aeropuerto de Madrid, al Ministerio de Fomento

Cursos y talleres próximo trimestre‏ (Centro Abogados de Atocha)

Calendario de cursos para el trimestre Octubre-Diciembre. La fecha de inscripción que aparece en el cartel es para nuevas solicitudes, todos los alumnos de este trimestre que hemos terminado en Junio, podréis inscribiros del 2 al 9 de Septiembre, si lo hacéis después entraréis en el proceso general de inscripciones, es decir, que se hará la inscripción por riguroso orden de llegada

Metro de Madrid encarga parte de su seguridad a un empresario condenado a prisión

Miguel Ángel Ramírez
Miguel Angel Ramirez (derecha)
  • Seguridad Integral Canaria vigilará tres zonas de la red del subterráneo. 
  • Su propietario es Miguel Ángel Ramírez, que ha pedido al Gobierno un indulto por una pena de tres años de cárcel por delito urbanístico. 
  • La condena no le impide contratar con la administración pública.

En una empresa privada, tener como socio a un señalado por la Justicia puede perjudicar gravemente la imagen corporativa. Si la empresa no es privada sino pública y se administra con el dinero de los contribuyentes, el daño puede ser aún mayor, aunque todo el proceso de contratación sea perfectamente legal. 


Esto es lo que denuncia la sección de CC OO en el Metro de Madrid después de que la compañía haya dejado en manos de Seguridad Integral Canaria la vigilancia de las zonas norte, noroeste y centro de la red del subterráneo. Ombuds, Segurisa y Segur Ibérica son las adjudicatarias del resto de las zonas. 

Seguridad Integral Canaria es propiedad de Miguel Ángel Ramírez, un conocido empresario de las islas que fue condenado en 2011 a tres años de cárcel por construirse ilegalmente un chalé en una zona protegida de la isla de Gran Canaria.


Ramírez cumple todos los clichés de empresario hecho a sí mismo. De repartir fruta en los barrios de Las Palmas pasó a dirigir un conglomerado de empresas de servicios —el Grupo Ralons— con 4.000 trabajadores y que factura 120 millones de euros al año. También preside la Unión Deportiva Las Palmas, que milita en la Segunda División del fútbol español y en cuyo palco se dejan ver de forma habitual autoridades de todos los niveles.

 Más del 70% de los beneficios de Ralons proceden de las administraciones públicas, para quien gestiona guarderías, comedores escolares, lavanderías hospitalarias, limpieza de edificios, residencias de mayores, zonas verdes y un largo etcétera. Ello incluye ministerios, servicios del Banco de España e incluso el Ejército. En 2010, sin ir más lejos, Martínez fue reconocido con la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco por la prestación de servicios meritorios a la Defensa Nacional. En la ceremonia estuvo presente el líder del PP canario y hoy ministro de Industria José Manuel Soria.

Conflictividad laboral


A pesar de su condena, Ramírez nunca ha entrado en prisión ni ha demolido su chalé. Aprovechando la ley, solicitó un indulto al Gobierno, lo que conllevó la suspensión de la ejecución de la pena mientras el Consejo de Ministros estudia la petición. Esta situación no le impide seguir contratando con la Administración Pública. "La ley no contempla excluir a empresas de las licitaciones públicas por ese motivo", subraya un portavoz de Metro. Tampoco tiene deudas con la Seguridad Social, lo que habría supuesto su expulsión automática.

Seguridad Integral, sin embargo, cosecha críticas entre sindicatos, trabajadores y competidores. "Llegaron a la Península compitiendo a la baja y tirando los precios", asegura a 20minutos el responsable de una empresa del sector. "Tenemos problemas para cobrar las horas extras y, cuando las pagan, lo hacen como dietas o kilometraje, por lo que no cotizan a la Seguridad Social", añade un empleado.


Además, están los pleitos laborales. Las autoridades han impedido a Seguridad Integral descolgarse del convenio colectivo de la Seguridad Privada, como intentó en dos ocasiones en 2012. Durante esos procesos despidió a seis miembros del comité de empresa.

El sindicato USO tiene planteados varios contenciosos contra la Dirección que aún están pendientes de resolución por el cobro de pluses y problemas con la formación de los empleados. En una ocasión, Seguridad Integral llegó a impedir la entrada de los miembros del Comité de Seguridad y Salud y de la Inspección de Trabajo a sus instalaciones, por lo que fue sancionada.


"Metro debería cuidar a quién adjudica la seguridad y más si hablamos de una empresa de conocida conflictividad y cuyo presidente se jacta de aplicar la reforma laboral", alerta Óscar Verduras (CC OO). Verduras recuerda que, si bien el nuevo contrato de seguridad para toda la red obliga a subrogar a toda la plantilla, también reduce en 929.500 las horas de vigilancia (equivalentes a 700 trabajadores) y elimina los vigilantes de seguridad fijos en 130 de las 300 estaciones de la red, lo cual no da garantías de permanencia a los trabajadores.

20minutos se ha puesto en contacto con Ralons para intentar obtener la versión de su presidente o de otro portavoz autorizado, sin obtener respuesta.

El Ministerio de Interior multa al Ayuntamiento de Alicante por contratar a una empresa ilegal

El ministerio le impone 6.000 euros de sanción por ceder la vigilancia de los mercados a una mercantil no autorizada

La vigilancia privada se prestaba en el Mercado Central.
La vigilancia privada se prestaba en el Mercado Central. 
El Ministerio del Interior ha impuesto dos multas de 3.000 euros cada una al Ayuntamiento de Alicante por ceder la vigilancia de los mercados municipales a una empresa de vigilancia privada que «no estaba inscrita en el registro de seguridad del Ministerio ni estaba autorizada para desarrollar actividades de vigilancia privada».

La imposición de las multas ha sido confirmada por el Juzgado Central Contencioso-Administrativo, al que el Ayuntamiento recurrió ambas sanciones impuestas por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. La sentencia, que impone también al Ayuntamiento el pago de las costas, agota la vía administrativa en primera instancia.

En la resolución judicial se considera probado que el Ayuntamiento cedió la vigilancia del Mercado Central a una mercantil no autorizada, tal como figura en la inspección efectuada el 29 de noviembre de 2010 por funcionarios de la Comisaría Provincial, en la que constan las declaraciones de los empleados de la empresa de seguridad que prestaba el servicio.

EL Ayuntamiento, por su parte, recurrió las sanciones al certificar que el contrato de vigilancia de los mercados se suscribió sola y exclusivamente con Segur Ibérica, mercantil que dispone de la autorización necesaria del Ministerio. La argumentación municipal añade que esta mercantil comunicó por escrito al «funcionario municipal responsable del contrato» que «por imperativo legal no podía prestar el servicio» y procedía a subcontratarlo con otra mercantil. La defensa municipal se apoya en que esta contratación no la hizo el Ayuntamiento directamente y que el personal contratado no hacía funciones de vigilancia, sino sólo de «mero control de acceso y comprobación del estado de las instalaciones». 

Sin embargo, en la sentencia se señala que la empresa contratada y la subcontratada tienen el mismo domicilio y pertenecen al mismo grupo empresarial, insiste en que el servicio que se prestaba en los mercados era de vigilancia privada y recalca que la Ley de Seguridad Privada, en su artículo 24.3, tipifica como infracción grave «la utilización de empresas carentes de la habilitación necesaria y específica para el desarrollo de los servicios de seguridad privada», por lo que ratifica las dos sanciones de 3.000 euros cada una, impuestas por la Dirección General de la Policía y Guardia Civil.


Sentencia del Juzgado de lo Social nº 12 de Madrid.


El pasado 28 de Junio de 2013, el Juzgado de lo Social nº 12 de Madrid ha redactado una sentencia que afecta a 182 trabajadores de seguridad privada, que en los años 2005, 2006 y 2007 prestaban servicio en la empresa Segur Ibérica.

   
               Anexo 1                                                                                      Anexo 2
                                                             Anexo 3

Interpretación del abono de las pagas extras

Oferta de servicios a la afiliación

Vigilantes de Seguridad defienden su empleo y denuncian inseguridad en estaciones del Metro de Madrid

 Trabajadores de seguridad del metro se han concentrado hoy frente a la sede de la compañía en defensa de sus empleos y en contra de la pretensión de la Comunidad de Madrid de reducir un 40 por ciento las horas de vigilancia y, en consecuencia, rebajar el número de efectivos en unas 700 personas.


Comisiones Obreras ha informado en una nota de que un millar de trabajadores han secundado la concentración que había sido convocada por CCOO, ATES, UGT y USO y que ha transcurrido sin incidentes.



 Las organizaciones sindicales sostienen que el nuevo concurso de seguridad para Metro de Madrid tiene una duración de cuatro años, ampliable otros dos años, y plantea una reducción de más del 40 por ciento de horas de vigilancia, lo que supondrá la supresión de 700 efectivos y dejará sin vigilancia a un 60 por ciento de las estaciones del suburbano.

Las empresas adjudicatarias empezaran la gestión de este nuevo modelo de seguridad el próximo día 1 de agosto.

La concentración de hoy se suma a otra realizada el pasado junio frente a la sede de la Consejería de Transporte para denunciar el "desmesurado" recorte de horas de vigilancia y la intranquilidad generada.

Según los sindicatos, Metro de Madrid "estaba admitiendo a concurso empresas de dudosa solvencia y de conocida conflictividad laboral, como es el caso de Integral Canaria, a la que finalmente le han sido concedidos tres de los ocho lotes que salieron a concurso".

La Federación de Servicios Privados de CCOO Madrid defiende que "con la seguridad de los viajeros no se pueden hacer experimentos y es una irresponsabilidad dejar estaciones sin vigilancia".

Este sindicato ha pedido a la dirección de Metro "que se replantee urgentemente su nuevo modelo de seguridad y rectifique o amplíe el actual concurso, dando la necesaria cobertura de seguridad de los viajeros de Metro".

También le insta a que asuma su responsabilidad en caso de que se produzcan despidos, impagos salariales y conflictos laborales como consecuencia de la gestión de la seguridad en el suburbano madrileño.



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Hoy de 11:00h a 12:00h, frente a la sede de Metro de Madrid, un millar de trabajadores de seguridad del suburbano, se han concentrado en protesta por la reducción de mas de un 40% de las horas de vigilancia, que Metro de Madrid ha planteado en el nuevo concurso para la seguridad de la  red.

 La concentración ha transcurrido sin incidentes y se han escuchado proclamas como : " más seguridad y menos corrupción". Los sindicatos convocantes  ATES,UGT,USO y CCOO han querido entregar  un comunicado  dirigido a la dirección de Metro de Madrid ,  y saltado la sorpresa ,  a la hora de ser entregado  representantes de  Metro de Madrid ha dicho carecer de registro, y ha tenido que ser recepcionado con  el sello de seguridad del escáner. Posteriormente el comunicado ha sido leído en voz alta  a los presentes.

La concentración se suma a otra realizada el mes pasado frente a la sede  de la Consejería de Transporte de de la Comunidad de Madrid, donde ya se denuncio el desmesurado recorte de horas de vigilancia y la intranquilidad generada   ya que metro estaba admitiendo a concurso empresas de dudosa solvencia y de conocida conflictividad laboral, como es el caso de Integral Canaria a la que finalmente le han sido concedidos 3 de los 8 lotes que salieron a concurso.

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El nuevo concurso de seguridad planteado  tendrá una duración de 4 años mas dos ampliables y plantea un reducción de más del 40% de horas de vigilancia, lo que supondrá la supresión de 700 efectivos menos, y dejara sin vigilancia a un 60% de las estaciones del suburbano.  Las empresas adjudicatarias empezaran la gestión de este nuevo modelo de seguridad el próximo día 1 de agosto
 Metro de Madrid ha argumentado a través de los medios de comunicación que los recortes en su nuevo pliego serán compensados por la eficiencia de  un nuevo modelo de seguridad por objetivos. Desde la Federación de Servicios Privados de CC.OO. Madrid entendemos que con la seguridad de los viajeros  no se pueden hacer experimentos y es una irresponsabilidad dejar estaciones sin vigilancia, el objetivo debe ser la seguridad de las instalaciones  y viajeros de la red de Metro y no facturar  por estadísticas, que son interpretables y que no siempre reflejan, o no se quiere, la realidad.  
Por todo ello instamos a la dirección de metro a que se replantee urgentemente  su nuevo modelo de  seguridad y rectifique o amplié el actual concurso y de la necesaria  cobertura de seguridad de los viajeros de Metro.  Así como que asuma su responsabilidad en caso de que se produzcan despidos, impagos salariales, conflictos laborales  como consecuencia de la gestión de la seguridad en el suburbano madrileño
Oscar Verduras Ponga
Responsable Sector Seguridad Privada  de la Federación de Servicios Privados de CCOO Madrid

Nota aclaratoria de como aplicar la jornada laboral en el convenio de seguridad privada


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El gran negocio de la 'lucha' contra la piratería en Somalia


El gran negocio de la 'lucha' contra la piratería en Somalia

Desde 2009, Segur Ibérica se lucra con la protección de los atuneros en el Índico, financiada parcialmente con fondos públicos. Un artículo de Marc Font para el semanario la Directa.

El 2 de octubre de 2009, un grupo de piratas secuestró el barco atunero vasco Alakrana frente a las costas de Somalia. El buque y la tripulación, formada por treintaiséis personas, fueron liberados cuarentaisiete días más tarde, después de que el gobierno español pagara un rescate de 2,7 millones de euros. El secuestro del Alakrana tuvo varias consecuencias, entre las que destacan la prórroga de la operación Atalanta ―impulsada meses atrás por el Consejo de la UE para luchar contra la piratería en las aguas de Somalia― y la autorización por parte del gobierno español del embarque de vigilancia armada en los buques pesqueros de bandera estatal.
Empresas como Segur Ibérica vieron que se les abría de golpe una nueva vía de negocio muy lucrativo. De hecho, ésta fue la primera compañía beneficiada a causa de la medida tomada por el ejecutivo, entonces presidido por Zapatero, con la firma, a finales de 2009, de un contrato con los armadores para encargarse de la protección de trece buques atuneros.
La presencia de vigilancia de seguridad privada tenía por objetivo proteger los negocios particulares de grandes empresas pesqueras, pero desde el primer momento las administraciones públicas han asumido su coste parcialmente. Mientras que los armadores pagan la mitad del gasto, el resto se reparte a partes iguales entre el gobierno español y los ejecutivos autonómicos vasco o gallego.
El gobierno español pagó 2,4 millones en 2011 para la seguridad del buque
Para hacerse una idea de las cantidades, en 2010, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino aprobó una subvención de más de 1,9 millones de euros para sufragar parcialmente el coste de la contratación de seguridad privada a bordo de los atuneros, una cifra que aumentó hasta cerca de los 2,4 millones en 2011.
Además, el ejecutivo estatal también asume el gasto de la formación militar de la vigilancia privada que se embarca en los buques. Para compañías como Segur Ibérica, el negocio es notable, teniendo en cuenta que se embolsan unos 9.500 euros mensuales por cada vigilante, pero las trabajadoras reciben un sueldo de 4.000 euros. En resumen, la sociedad que presidió el ministro Morenés gana varios millones para desplegar unas decenas de trabajadoras ―en 2009 fueron cincuentaicuatro― en los barcos españoles que pescan cerca de Somalia.
El secuestro del Alakrana abrió las puertas a las empresas de seguridad privada, pero la intervención europea contra la piratería en el Índico arrancó el 8 de diciembre de 2008 con la aprobación de la operación Atalanta por parte del Consejo de la UE. El 23 de enero de 2009, el Consejo de Ministros presidido por Zapatero dio el visto bueno a la participación y el liderazgo español en el despliegue militar en las costas de Somalia, tras recibir, dos días antes, un apoyo casi unánime del Congreso. En abril de 2008, pesaba en el ambiente el secuestro del barco Playa de Bakio que, según el Ministerio de Defensa había puesto de manifiesto que la piratería en Somalia representaba, «no sólo una amenaza para la seguridad marítima internacional, sino también para los intereses nacionales en la zona», fundamentalmente representados por la flota pesquera atunera.
Protección de los intereses privados
El pasado octubre, el Centro Delàs publicó un informe muy exhaustivo que analizaba la participación militar española e internacional en la costa somalí. En este documento se concluye que la operación Atalanta no ha servido para reducir el número de ataques de piratería. El informe, titulado Piratería en Somalia: excusa u oportunidad geopolítica?, lamenta que se hayan descartado otras vías de aproximación al problema, como las medidas diplomáticas, el fomento de la pesca responsable o la rendición de cuentas del daño causado en Somalia por la intromisión extranjera.

El informe enumera varios motivos para rechazar la intervención militar occidental contra la piratería. Por ejemplo, la intervención busca satisfacer los intereses de los países participantes ―los beneficios pesqueros en el caso español― y no los de la población somalí. Además, la injerencia extranjera ha supuesto un expolio de los recursos y amenaza la soberanía alimentaria del país del cuerno de África. Tampoco se han reconocido ni hay responsables de la más que probable pesca ilegal en el área llevada a cabo por españoles y, a parte, se está provocando una revitalización armamentística en Somalia, un estado que, como ya ocurrió con Irak hace unos años, se está convirtiendo en un «nuevo paraíso para las empresas de seguridad privadas».
Sólo entre 2009 y 2011, el gobierno español ha gastado más de 250 millones de euros para financiar su participación en la operación Atalanta, y todo indica que la cifra continuará disparándose durante los próximos años. Lo que inicialmente fue una misión de doce meses se ha ido prorrogando y actualmente ya tiene la continuidad garantizada hasta, al menos, diciembre de 2014. Mientras que organizaciones como el Centro Delàs reclaman la retirada de toda la participación militar española en la región y que se dejen de financiar los intereses privados ―la protección de los atuneros― con fondos públicos, empresas como Segur Ibérica se frotan las manos cuando ven que sus opciones de negocio se multiplican.

Acta de la Comisión Negociadora del Convenio

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Acta nº 3 del Observatorio Sectorial de Seguridad Privada



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El presidente de ESABE, Juan José Prados del Pino, vuelve a regatear a la justicia

Nuevo regate a la justicia del presidente de la empresa ESABE. Según ha podido saber la Cadena SER ni el presidente, Juan José Prados del Pino, ni su esposa han acudido a prestar declaración ante la jueza que instruye el caso en Madrid, citados para la semana pasada. Ambos se encuentran en paradero desconocido desde el pasado mes de diciembre, cuando la policía detuvo a la cúpula directiva del grupo empresarial en el marco de la investigación de un presunto fraude de 30 millones de euros a la Seguridad Social.
La defensa de Juan José Prados del Pino ha remitido un escrito al juzgado en el que se justifica su ausencia alegando que no se le ha remitido una fotocopia de la causa, y que por tanto se le está generando una indefensión jurídica. La defensa de su esposa, también investigada en esta misma causa, ha presentado un escrito en el juzgado indicando que no acude a declarar ante la jueza "por imposibilidad". Ambos documentos fueron presentados en el juzgado con carácter de urgencia la semana pasada. Fuentes cercanas a su defensa indicaron hace meses a la Cadena SER la intención del directivo huido y su esposa de declarar ante la justicia.
Según ha podido saber esta emisora, este juzgado de Madrid no es el único que ha solicitado la presencia del presidente de ESABE y su esposa: también son requeridos por la justicia valenciana, y tampoco acudieron a declarar en un juzgado de Barcelona donde se les acusa de un delito contra la Hacienda pública. En este punto, la jueza que instruye el caso en Plaza de Castilla podría dictar una orden de búsqueda y captura contra Prados del Pino y su esposa.
Tanto a Prados del Pino como a su esposa, la policía les atribuye de forma indiciaria delitos contra la Seguridad Social, insolvencia punible, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, delitos contra los derechos de los trabajadores y también de falsedad documental. La jueza de Plaza de Castilla investiga un presunto fraude de treinta millones de euros a la Seguridad Social por parte de esta empresa y sus entidades relacionadas. Los interrogatorios policiales a varios detenidos durante la operación policial del mes de diciembre, revelados por la Cadena SER, destaparon el presunto pago de comisiones a cambio de contratos públicos, así como presuntos pagos en negro de dietas y horas extra y una estrategia de la entidad para evitar sus responsabilidades con el fisco.
Durante los interrogatorios policiales, uno de los antiguos administradores de la empresa reconoció la existencia de una contabilidad "real, con la que trabajan las empresas a diario" frente a otra contabilidad "fiscal, la que se presenta en caso de ser requerida por organismos oficiales".

2º Concentración contra los recortes en seguridad privada en Metro-madrid




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Organizaciones empresariales y sindicatos actuaran conjuntamente en el sector de la seguridad privada. Creación del Observatorio de Seguridad Privada.


                                     
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 UGT, CCOO y USO junto con las asociaciones empresariales APROSER, FES, AESPRI, AES, ACAES y AMPES han acordado crear un observatorio del sector de la seguridad privada en España, que agrupa a cerca de 1.500 empresas, factura más de 3.000 millones de euros anuales y emplea a 100.000 profesionales.

Según han indicado hoy los sindicatos en un comunicado, esta iniciativa nace como medida de apoyo a un sector afectado por la "continua" reducción de la facturación y de sus márgenes comerciales, y por "prácticas en los procesos de contratación desde la Administración que nada tienen que ver con garantizar la calidad de los servicios contratados".
El objetivo de la iniciativa es analizar la competitividad y su evolución, el posicionamiento de las empresas en el mercado, la mejora en las condiciones laborales, la calidad en el empleo, la formación y la igualdad de oportunidades o la situación general actual del sector de la seguridad privada.
Asimismo, pretende elaborar propuestas consensuadas que permitan su adaptación a las necesidades presentes y futuras, abordando los problemas actuales del sector como apuesta por su "adecuada" estructuración y "necesaria" viabilidad.
Las partes han acordado establecer un programa de trabajo para promocionar el conocimiento público del sector de seguridad privada, analizar las prácticas de competencia desleal, el seguimiento de los procedimientos de contratación, potenciar la negociación sectorial o buscar posiciones comunes en relación con procesos de reforma normativa.