La comunidad china contratará seguridad privada frente a los robos

Después de haber sufrido en lo que va de año más de una decena de agresiones en la provincia de Málaga, una de las cuales se saldó incluso con un comerciante fallecido tras enfrentarse a sus atracadores, la comunidad china ha decidido tomar cartas en el asunto. Y lo hace con la perspectiva de implantar un dispositivo especial de seguridad privada basado en medidas de prevención y actuación para lograr, de esta forma, poner freno a la escalada de robos. 

Así, el primer paso que el colectivo tiene previsto dar estriba en estudiar, a partir de septiembre, la oferta de distintas empresas y negociar "el mejor precio" para contratar sus servicios. Según explicó a este periódico la presidenta de la Asociación de Empresarios Chinos de Andalucía, Leticia Chen, el dispositivo servirá además para mejorar la comunicación de los vendedores con los servicios de emergencia, puesto que muchos no dominan a la perfección el español. De este modo, solo con una llamada telefónica se podrá detectar la dirección aproximada de la calle donde se encuentra la tienda que requiere ayuda. "La idea es que la empresa que contratemos ofrezca una centralita con personal que sepa hablar chino. No es lo mismo que llamemos nosotros directamente a la Policía porque ellos no entienden el idioma", resaltó la portavoz de los empresarios de esta nacionalidad. 

Otra de las medidas que la asociación ya ha impulsado pasa por incorporar en su página webwww.asiacom.org un formulario de denuncia, disponible desde ayer tanto en español como en chino, para facilitar a los comerciantes su presentación en caso de haber sufrido robos o agresiones en su negocio. 

Pero la prevención es, a juicio de Chen, el arma más eficaz del que estos empresarios deben hacer uso. De ahí que el colectivo se haya propuesto elaborar, en colaboración con la Policía Nacional, un boletín informativo bilingüe y también organizar reuniones entre agentes policiales y la comunidad china para informarles sobre las medidas de prevención más efectivas para sus negocios y la normativa legal existente en la materia. 

Y es que el colectivo, según resaltó su portavoz, "siente miedo e indignación por la inseguridad" que está viviendo en Málaga. "Debería ser más fuerte la presencia policial y menor el tiempo que pasa desde que se llama a los servicios de emergencia hasta que llegan al local", indicó Chen, quien aboga por "endurecer los castigos" para que los agresores "no queden en la calle solo con una multa".

El Gobierno reducirá a 5 los tipos de contrato frente a los 41 actuales.


La ministra de empleo y seguridad social, Fatima Bañez, ha anunciado este Jueves que el Gobierno esta trabajando para reducir a 5 el numero de los tipos de contrato, que actualmente se eleva a 41.

La ministra ha destacado que además de los 41 formularios que existen en la actualidad, existe un sistema complejo de bonificaciones que suponen una barrera sobre todo para pequeños y medianos empresarios. "Es un problema que solventaremos dentro de muy poco", ha subrayado Báñez, ya que, ha dicho, los trabajos están muy avanzados, "y se negociará con los agentes sociales".

Báñez, que ha comparecido a petición propia en la Comisión de Empleo del Congreso, ha adelantado que de los 41 formularios actuales se pasará a cinco: los modelos de contrato indefinido, temporal, relevo, prácticas, y de formación y aprendizaje. La reducción del número de modelos de contratos, cuyo objetivo es facilitar que los empresarios contraten, mantendrá los incentivos existentes presentándolos de forma más clara "en un modelo único".

Báñez ya había anunciado hace unos meses que el Gobierno estaba trabajando en una "simplificación" administrativa de los actuales modelos de contratación para facilitar a las empresas la elección de los contratos ante el amplio abanico actual.

Algo parecido venía demandando la CEOE desde hace tiempo. De hecho, hace unos días, el presidente de la patronal, Juan Rosell, reiteraba su propuesta de reducir los modelos de contratación a cuatro o cinco porque son los que las empresas utilizan realmente. Rosell se quejaba de ésta era una propuesta que su organización había planteado a gobiernos de distinto color, sin éxito. "Desgraciadamente no somos capaces de convencerlos de que sería mucho más fácil hacer cuatro o cinco contratos, con bonificaciones o sin ellas, y que dejáramos un tiempo, tres, cuatro o cinco años, para ver qué funciona y que no y sacar conclusiones", señalaba entonces.

La ministra, además, ha informado de que se refundirá la Ley de Empleo para incluir todos los incentivos existentes en materia de contratación, frente a la dispersión normativa actual, lo que facilitará el conocimiento exacto de los mismos tanto a los trabajadores como a los empresarios.

Reforma laboral 

La ministra, además, ha vuelto a defender la reforma laboral, que está "demostrando que funciona en el sector exportador". Según Bañez, las medidas adoptadas por el Gobierno en el mercado de trabajo también tendrá efectos positivos en la economía general una vez se recupere la "normalidad" y se vuelva al crecimiento. "Sin estar bien, estamos mucho mejor que el año pasado", ha añadido.

Báñez ha explicado que el sector exportador está funcionando a modo de "laboratorio" de los efectos de la nueva normativa de Empleo, al ser uno de los sectores que tienen "más crecimiento". "Aunque nuestra economía está saliendo de la crisis todavía está en recesión, pero el sector exportador crea empleo. Es la demanda interna la que hace caer la actividad económica, así que cuando la economía española vuelva al crecimiento los resultados de la reforma laboral serán evidentes. Si el modelo está funcionando para el sector exportador, que ha sabido aprovechar sus ventajas, cuando la economía recupere la normalidad las ventajas se extenderán a la economía general", ha asegurado.

De hecho, según sus datos, gracias a la nueva normativa ya no habrá que crecer por encima del 2% para crear puestos de trabajo, sino que con la mitad de crecimiento del PIB será suficiente para que haya creación de empleo neto. En cuanto a los datos, que Báñez ya avanzó a principios de agosto tras presentar el informe en el Consejo de Ministros, apuntan a que la reforma laboral ha evitado la destrucción de 225.800 empleos y han permitido reducir la temporalidad desde el 25% del último trimestre de 2011 al 23,1% del mismo periodo del año pasado.

Una pelea en el CETI de Melilla acaba con un vigilante de seguridad y dos inmigrantes heridos.

Una pelea en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla se ha saldado esta noche con un vigilante de seguridad y dos subsaharianos heridos.

Según han informado a Efe fuentes sanitarias, el vigilante ha recibido una pedrada en el rostro, mientras que uno de los inmigrantes trasladados al hospital presenta una herida en la cabeza de cierta consideración.

La pelea se ha iniciado en el comedor del CETI, por razones que están siendo investigadas, entre un grupo de argelinos y otro de inmigrantes de origen subsahariano, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno.

El incidente se ha producido en torno a las 21:40 horas, y ha quedado controlado minutos más tarde, tras la identificación de los supuestos participantes en el enfrentamiento.

Hasta el CETI se han desplazado varias patrullas de la Guardia Civil, así como ambulancias, que han trasladado a los heridos al Hospital Comarcal de Melilla.

Los vigilantes privados consideran que están suficientemente capacitados para hacerse cargo de la vigilancia de prisiones

Los vigilantes privados consideran que están suficientemente capacitados para hacerse cargo de la vigilancia de prisiones, como ocurre en otros países, «sin que se genere conflicto alguno». 

La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada (Avispa) entiende que «no existen motivos razonados, argumentados y creíbles para adoptar una posición de rechazo frontal para que dicha actividad no pueda ser desarrollada» por estos profesionales habilitados. 

Para los vigilantes, «no es cierto que se produzca un incremento desmesurado o excesivo» del número de vigilantes, sino que se pueden optimizar los recursos existentes y complementarlos adecuadamente con los que se encuentran ya operativos, como guardias y funcionarios.

Avispa añade que la seguridad privada ha tenido a su cargo la vigilancia de dependencias de la administración desde hace muchos años, incluidos cuarteles dependientes del Ministerio de Defensa, u otras instalaciones como accesos a bases y polvorines.

 Para esta asociación, «no se compromete en absoluto la seguridad de los recintos penitenciarios, pues las funciones a distribuir están más que definidas, sin que se produzca por ello conflicto de intereses». 

Los vigilantes añaden: «Un agente no significa fiabilidad total ante un conflicto imprevisto, esté armado o no». Y ponen como ejemplo que son los vigilantes privados, previa capacitación, quienes se están encargado de la seguridad de los buques atuneros españoles en el océano Índico.

La asociación recalca que, según el proyecto del Ministerio del Interior, los vigilantes se encargarían de la vigilancia perimetral y podrían responsabilizarse del control de las cámaras de videovigilancia, pero en ningún caso está previsto que se encarguen de la vigilancia interior «como se intenta dar a entender por los funcionarios y guardias civiles». 

En cualquier caso, indican, están más que «capacitados» para desarrollar esas funciones, que pretenden que los agentes destinados en las prisiones desempeñen su trabajo en puestos de seguridad ciudadana más adecuados. Además, dicen tener «todo el derecho del mundo» a desempeñar estos cometidos.

Acta descuelgue Bizala Seguridad



Comisión negociadora del Convenio Colectivo 2012/14

Escrito de la comisión negociadora del convenio Colectivo 2012/2014 dirigido al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, solicitando una prorroga en el plazo otorgado para la subsanación del apartado C.2.2.del articulo 14 del actual Convenio Colectivo.

Asimismo se adjunta la contestacíon del Ministerio.

                                                    

      Documento 1                                                              Documento 2

Detenido en Vigo por agredir con un cúter a un vigilante de seguridad.


Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Vigo han detenido a un varón de 34 años como supuesto autor de un delito de amenazas, al causar heridas con un cúter a un vigilante de seguridad, informó la Comisaría.

Los hechos tuvieron lugar este pasado fin de semana, cuando una persona alertaba al 091 de una agresión con heridos en el entorno de la Casa del Mar de Beiramar.

Hasta el lugar fue una dotación policial, que observó a un varón forcejeando con dos vigilantes de seguridad, "en medio de una gran cantidad de sangre", por lo que procedió a actuar "de modo inmediato".

Uno de los vigilantes informó de que cuando se dirigía hacia su trabajo en motocicleta le arrojaron desde el vehículo un papel con restos de helado, por lo que llamó la atención al conductor. En ese momento, éste se encaró con él, por lo que, para evitar un enfrentamiento reemprendió la marcha.

Al llegar al centro de trabajo y acceder al vestíbulo del edificio, donde comenzó a hablar con su compañera de trabajo, el ahora detenido, accedió al interior "armado con un cúter e intentó clavárselo en la espalda".

Alertado por los gritos de su compañera de trabajo, el vigilante y el conductor iniciaron un forcejeo, durante el cual "golpearon la pared y puerta de cristal", que se fracturó, cayendo ambos sobre los cristales del suelo. Como consecuencia recibió cincuenta y dos puntos de sutura.

Durante el forcejeo, una vigilante de seguridad, que acudió en su auxilio, rodó también por el suelo y cayó sobre los múltiples restos de cristales que había dispersados por el suelo.

Juzgan a dos acusados de matar a un vigilante de seguridad para robar cobre.

La Audiencia de Sevilla ha fijado para los días 20 y 21 de noviembre el juicio contra dos hombres, de nacionalidad rumana, que se enfrentan a 28 años de cárcel por asesinar al vigilante de una planta fotovoltaica de la localidad sevillana de Marchena para robar cables de cobre.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, dice que los acusados intentaron un primer robo a las 19.15 horas del día 24 de noviembre de 2009, pero la intervención del vigilante José Antonio Jiménez Ceferino, de 32 años, impidió la consumación del delito.

Unas horas después, hacia las 03.00 horas de la madrugada del 25 de noviembre, volvieron a entrar en la planta fotovoltaica, situada en el Polígono 29 de Marchena, y en esa ocasión sorprendieron al vigilante sentado en el interior de su vehículo.

El asesinato, según el fiscal, fue perpetrado por los rumanos Adi D., de 24 años, y Marius L.C., de 25 años, que permanecen encarcelados en España tras ser extraditados por Rumanía, y sus compatriotas Valentin H. y Viorel D., que están fugados de la justicia.

Afirma el fiscal que los acusados maniataron al vigilante usando sus propios grilletes y le propinaron una paliza con ánimo de acabar con su vida, además de clavarle un objeto punzante en el ojo para "aumentar de forma innecesaria e inhumana el dolor de José Antonio".

Luego se apoderaron de cobre valorado en 21.448 euros, de los dos móviles que portaba el vigilante, uno de su propiedad y otro de su empresa, y del coche propiedad de la víctima, que utilizaron para huir y luego quemaron en el paraje conocido como Finca los Arroboneros de Carmona (Sevilla).

El fiscal imputa a los acusados un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, por el que solicita 21 años y medio de cárcel a cada uno, otro de robo con violencia, por el que pide tres años y medio, y un último delito de daños mediante incendio, con una pena de tres años de cárcel.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla celebrará los días 20 y 21 de noviembre el juicio contra los dos acusados detenidos, a quienes la Fiscalía reclama además el pago de una indemnización de 96.101 euros a los padres del fallecido, incrementado en un 10 por ciento al tratarse de un delito doloso, y de otros 10.200 euros por la destrucción de su coche.

El vigilante sufrió numerosos traumatismos en la cara, labios, fractura de la base del cráneo, fractura de cúbito y radio, y heridas en la rodilla por las que falleció el 19 de enero de 2010.

Los acusados, según el fiscal, le abandonaron maniatado y agonizando mientras cortaban los cables de la planta fotovoltaica y se apoderaban de todo el cobre que había en su interior.

La víctima fue encontrada por un compañero de trabajo a las 04.30 horas y fue trasladado al hospital Virgen del Rocío, donde falleció casi dos meses después al no poder superar las lesiones sufridas.

CCOO reitera su rechazo a los "minijobs"


El vicepresidente de la CEOE ha confundido los deseos con la realidad: "O se ha confundido, o conscientemente ha querido confundir", cuando ha dicho que a los sindicatos les van pareciendo mejor esa modalidad de contrato basura

La secretaria confederal de Empleo de CCOO, Paloma López ha aseverado que "CCOO ni ve bien ahora ni verá bien en el futuro los mini trabajos (contratos de escaso salario y jornada laboral reducida)", saliendo al paso de las declaraciones del vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández.
Paloma Lopez

Para Paloma López, el vicepresidente de la CEOE ha confundido los deseos con la realidad: “O se ha confundido, o conscientemente ha querido confundir” cuando ha dicho que a los sindicatos "les van pareciendo mejor los minijobs", ha señalado, reiterando el conocido rechazo de CCOO a esa modalidad de empleo basura, contratos generadores de pobreza por las malas condiciones laborales que conllevan, que no solo no resolverían el problema del desempleo, sino que además empeoraría las condiciones del existente porque provocaría un efecto de sustitución de un empleo de calidad por empleo basura. "Lo que necesitan los trabajadores de este país es empleo de calidad y no más precariedad, pérdida de derechos y reducción de salarios con el argumento tramposo de que más vale algo que nada”.

“Los empresarios en España ya están realizando de forma muy significativa la contratación a tiempo parcial, contrato totalmente hiperflexible por el uso de las horas complementarias y las horas extraordinarias y que además sirve para cometer fraude en la contratación y a la seguridad social, al no coincidir, con carácter general, el número de horas declaradas con el numero de horas realizadas”, denuncia Paloma López.

“Lamentamos que desde la CEOE se genere un discurso de confusión en cuanto a las modalidades contractuales generales en España, ya que no es cierto que haya 40 fórmulas de contratación”, ha añadido.

“Lo que tienen que hacer los empresarios es dejar de contratar trabajadores y trabajadoras eventuales cuando la actividad de la empresa es permanente; por tanto aplicar la causalidad en la contratación y no buscar vías de escape de dudosa legalidad, como cambiar de trabajador y trabajadora de forma permanente para un mismo puesto de trabajo”, concluye la secretaria confederal de Empleo de CCOO.

CCOO rechaza la apuesta de la CEOE por precarizar al máximo la contratación

CCOO considera inaceptable la propuesta del presidente de la patronal de equiparar los contratos indefinidos a los temporales, y rechaza que Rosell tache de "privilegios" los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

La CEOE se ha echado al monte. Así parece deducirse de las declaraciones del presidente de la CEOE, Juan Rosell, en las que ha abogado por retirar a los contratos indefinidos "algunos de sus privilegios" e incrementar los de los temporales, en lo que supone una apuesta decidida por la precarización: equiparar los contratos indefinidos a los temporales, con la consiguiente devaluación salarial y de las condiciones laborales, así como abaratar el coste del despido.

El objetivo de su propuesta, o puede que ocurrencia fruto de los calores de agosto, según explica Rosell, es dar lugar a un mercado laboral sin diferencias entre indefinidos y temporales, lo que traducido significa apostar simple y llanamente por reducir derechos y precarizar al máximo las condiciones laborales de manera que finalmente los únicos contratos existentes sean los temporales a la “carta”. Esta es la única lectura posible de sus palabras cuando afirma que sería “fantástico” que los empresarios pudieran contratar por días, horas, meses o años...

A juicio de CCOO, esta apuesta por la precarización, y en ese sentido, por endurecer la reforma laboral del Gobierno, y asimismo por reforzar el poder empresarial está en la misma línea de otras propuestas de la CEOE, como la de que el empresario pueda unilateralmente convertir un contrato de tiempo completo en uno a tiempo parcial, que igualmente ha rechazado CCOO.

En este sentido, no pasa inadvertido que el presidente de la patronal confunda derechos de los trabajadores y trabajadoras con “privilegios”, como si fueran favores que se dan y se quitan a voluntad del empresario, que tendría capacidad ilimitada para contratar e imponer condiciones de trabajo a su antojo en función de sus intereses.

Atacados con palos, piedras y botellas dos vigilantes de seguridad del Trambesòs

La policia local de Sant Adrià detiene a dos de los agresores

Dos vigilantes de seguridad del Trambesòs fueron agredidos con palos, piedras y botellas en la línea entre Sant Adrià y Badalona. Dos de los agresores han sido detenidos por la policial local de Sant Adrià.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado cuando un grupo de jóvenes, proveniente de la zona de ocio cercana a la estación, entraron en el tranvía consumiendo drogas.

Después de que el conductor les advirtiera que no está permitido fumar dentro del vagón, solicitó la ayuda de los guardias de seguridad, ya que los jóvenes no le hicieron caso.

Cuando la pareja de vigilantes los hicieron bajar del convoy, los jóvenes los agredieron con palos, botellas y piedras. Como consecuencia de la agresión, los empleados tuvieron que ser ingresados con múltiples contusiones y fracturas.
El conductor también fue agredido al intentar socorrerles.

Detenido un hombre acusado de robar en un hipermercado y agredir al vigilante a puñetazos y golpes

Funcionarios de la Comisaría Provincial de Huelva han detenido a V.A.M., de 44 años al que le constan once detenciones anteriores, acusado de robo con violencia y lesiones en un hipermercado de la capital.

Según ha informado la Subdelegación en una nota, el vigilante de seguridad observó como "una persona cogía un par de artículos de una estantería y los guardaba en el bolsillo". Así, a la salida en la línea de caja, "pasó sin abonar la mercancía, por lo que fue abordado por el vigilante, al que respondió con golpes y puñetazos".

 Acto seguido, el vigilante consiguió reducirle y recuperar los artículos sustraídos, pero hubo de ser asistido en el servicio de Urgencias debido a las lesiones producidas por los golpes y las amenazas verbales. Por su parte, los agentes del 091 se hicieron cargo del individuo en cuestión, deteniéndole.
 
De este modo, el detenido, junto con el atestado instruido, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.
 
                                                       Fuente: Andalucia información





Apaleado un vigilante contratado por unos vecinos de Salou

Uno de los dos vigilantes que custodian desde este mes una finca de 100 apartamentos situada en la zona de ocio más céntrica de Salou recibió en la madrugada de ayer una brutal paliza por parte de un individuo que intentaba entrar en el bloque de apartamentos. El vigilante, según han informado distintas fuentes, fue atendido en un centro hospitalario debido a la rotura de varios dientes y costillas, un hombro dislocado y otras heridas.

La comunidad de vecinos del número 26 de la calle de Carles Buïgas decidió contratar a finales de julio los servicios de una empresa de seguridad privada debido a la situación de inseguridad que padecían desde el inicio del verano y que se ha venido repitiendo en los últimos años. Se quejan de que frente al bloque merodea cada día un grupo de cinco individuos que trapichea con drogas y que utiliza uno de los apartamentos de la finca para guardar los estupefacientes.

Cuando los vecinos intentaron poner trabas a esta actividad, la respuesta de los supuestos delincuentes fue causar destrozos y amenazar a los residentes. La comunidad de vecinos aprobó contratar de una empresa de seguridad de Tarragona por un precio de 12.000 euros al mes.
 



CC.OO. denuncia que UGT ''rompe'' el convenio de seguridad privada por firmar uno en Alcor Seguridad

CC OO Pontevedra ha denunciado que el sindicato UGT, junto con la Unión Sindical Obrera (USO), han firmado un convenio con la empresa del sector de seguridad privada Alcor Seguridad, lo que supone "la inaplicación en esta empresa del Convenio Estatal del sector de seguridad privada".

Así lo ha manifestado el responsable de seguridad privada de la Federación de Servicios Privados-CC OO Pontevedra, Manuel Martínez Nogueira, quien ha subrayado que "la firma de este convenio supone una nueva y trascendental vuelta de tuerca contra los intereses de los trabajadores del sector".

Este convenio, ha explicado Martínez Nogueira, supone "la reducción salarial anual de los vigilantes de seguridad en un mínimo de 2.425 euros" ya que, ha indicado, "el salario mensual pasa de los 1.088,03 euros que fija el Convenio Estatal, a los 902,32 que se establecen en dicho convenio de empresa".

Asimismo, ha informado sobre el "incremento en 44 horas al año" de la jornada laboral, puesto que "pasa de las 1.782 horas del Convenio Estatal a las 1.826". A este respecto, ha señalado que, desde enero de 2012, "no se devengan nuevos trienios ni quinquenios, regulando con retroactividad otra reducción salarial", además de los 2.425 euros anuales.

Ante las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Comisario Europeo de Asuntos Económicos, Olli Rhen, que abogan por reducir los salarios en España en un 10 por ciento, Martínez Nogueira ha reprobado que UGT, con la colaboración de la USO, "concluyan que un 10 por ciento es poco y hayan firmado un convenio en Alcor Seguridad con una reducción salarial mínima del 16 por ciento".

Así las cosas, CC OO Pontevedra exige a la dirección confederal de UGT que "adopte medidas disciplinarias contra todos los responsables de su sindicato, que firman un convenio en contra de sus postulados como centro sindical" porque, defiende, "de no ser así es evidente que la credibilidad de su discurso no se sostiene".

Vigilantes de Seguridad meten en un apuro al portavoz del Gobierno asturiano

La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) denuncia al consejero de la Presidencia por contratar la vigilancia a una empresa dedicada a la construcción.

Piden a la Delegación del Gobierno que investigue si se está infringiendo la ley que rige las labores de vigilancia y seguridad.

El portavoz de Gobierno y consejero de la Presidencia del Gobierno de Asturias, Guillermo Martínez, todavía no sabe muy bien porque su nombre aparece en la relación de denunciados que la Asociación de Vigilantes de la Seguridad Privada de Asturias (Avispa) ha presentado ante la Delegación de Gobierno del Principado de Asturias, por la concesión de la vigilancia del complejo de La Morgal, donde están ubicado el centro de emergencias 112 y la central de Bomberos, a una empresa que, de acuerdo con el Registro Mercantil, no se dedica a la vigilancia y a la seguridad, sino a obras y a la construcción.

En la denuncia se hace constar que el objeto social de la empresa CLN Incorpora CEE S.L. no se corresponde con el pliego de prescripciones técnicas, sino que se dedica a 'la construcción, edificación y ejecución de toda clase de obras, públicas y privadas, el suministro y venta de materiales, las instalaciones en general y cuantas otras actividades sean auxiliares o complementarias de la industria de la construcción'.

Los responsables de esta asociación de vigilantes privados basan sus pesquisas en que el tratamiento y visualización de las imágenes captadas por las cámaras de vídeo vigilancia, corresponde en exclusiva a las empresas y personal de seguridad privada. En su denuncia, piden a la Delegación de Gobierno que investigue los hechos al entender que se está infringiendo la ley que rige las labores de vigilancia y seguridad.

El Gobierno, a través de un comunicado emitido por el 112, se ha puesto a disposición de la Delegación del Gobierno para aclarar los hechos denunciados por Avispa y desmiente de forma tajante las acusaciones vertidas por la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada. En su nota, el Ejecutivo del Principado aclara que en las prescripciones técnicas solicitadas se requiere, entre otros aspectos, que el personal vele por el buen funcionamiento de las instalaciones y el normal desarrollo de las actividades del centro, además de colaborar con el personal en la información y orientación de las visitas y la recepción de llamadas de telefonía, pero nada que ver con el tratamiento de cámaras de video vigilancia.

El responsable del 112 aclara que, de acuerdo con la documentación aportada por la empresa adjudicataria, según consta en el Registro Mercantil, figura la prestación de varios servicios relativos a conserjería, portería, celaduría, vigilancia, atención al público, telefonista, "por lo que se entiende que la empresa esta cualificada para prestar el servicio que se le ha adjudicado".

Y en respuesta al manejo de cámaras de video vigilancia, se asegura que en el 112 no se utiliza este tipo de dispositivos y que tampoco son objeto de las funciones especificadas en el pliego de condiciones técnicas de la contratación.

Privatización de las prisiones

La AUGC continúa recabando información de la Dirección General de la Guardia Civil sobre la progresiva implantación de seguridad privada en los centros penitenciarios. El último de los encuentros, celebrado este mes de julio, ha sido a petición de nuestra organización por la lógica preocupación de los múltiples afectados por esta medida.

En dicha reunión se informó a los representantes de AUGC que a finales del presente año 2013 tienen previsto que finalice la primera fase piloto o experimental de la incorporación de los vigilantes privados a los 21 centros penitenciarios seleccionados (19 de Guardia Civil y 2 delCuerpo Nacional de Policía). Desde la Dirección se ha informado que una vez acabada la misma se hará una evaluación por parte de la Administración tras la cual hay tres posibilidades distintas:

A.- Que la experiencia haya sido negativa y no merezca la pena seguir con el proyecto, lo cual es altamente improbable, por no decir imposible.

B.- Que la medida se extienda al resto de centros penitenciarios, ampliando en todos ellos el número de vigilantes de seguridad privada que hay actual- mente (dos por turno).

C.- Que la medida se extienda al resto de centros penitenciarios, pero manteniendo en todos ellos el mismo número de vigilantes de seguridad priva- da existentes ahora en las prisiones de la fase piloto (dos por turno), con duración de un año, y posteriormente ampliar ese número de vigilantes durante otro año. Esta opción es la más probable que se produzca de las tres posibles.

La intención inicial y actual de la Administración, como así ha hecho llegar a AUGC, es que no se produzcan modificaciones de las plantillas de Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía en los centros penitenciarios, pero si llegado el momento (no antes de dos años y medio a partir de ahora) hubiera que llevar a cabo alguna reducción, el compromiso es que ésta sea la mínima posible, reconociendo el derecho preferente para la misma Comandancia y anunciando vacantes a tal efecto en la misma Comandancia.

En los centros penitenciarios cuya seguridad sea cubierta por los Núcleos de Servicios, el personal que dejara de prestar servicio en las prisiones realizaría, según han informando, otros cometidos dentro de su misma Unidad.

En cuanto a las Unidades de Seguridad Penitenciaria, como los vigilantes de seguridad privada no podrán realizar traslados de presos y detenidos, se mantendrían los servicios de conducciones y traslados existentes y se reforzarían con personal de vigilancia, de modo que los afectados por una posible reducción fueran los menos posibles.

Por su parte AUGC ha aprovechado esta nueva reunión para volver a mostrar su rechazo frontal a esta privatización de los servicios de seguridad en los centros penitenciarios y en cualquier otro ámbito competencial de las FCSE. También ha trasladado a la Dirección General su intención de adoptar cuantas medidas sean necesarias para evitar que esta medida privatizadora siga adelante y afecte a los destinos de los guardias civiles, aunque sea en ese nivel mínimo que argumenta la Administración.

Tras el anuncio de la llegada de vigilantes jurados a las prisiones sindicatos de prisiones y AUGC León crearon la Plataforma Anti-Privatización en León, donde su centro penitenciario de Mansilla de las Mulas es uno de los que forma parte de esta fase experimental. Los miembros de la plataforma han mantenido, desde el anuncio de la privatización reuniones con representantes políticos, la última con el nuevo secretario general del PSOE leones, Tino Rodríguez, quién se había comprometido con los miembros de la comisión en preguntar al Gobierno en el Parlamento por la privatización de la seguridad de la cárcel leonesa de Mansilla de las Mulas.

Rodríguez ha informado a los representantes de la Plataforma que el senador socialista Iván García del Blanco ya ha presentado en el Senado una pregunta parlamentaria, para respuesta escrita, interesándose por “el coste que supondrá el contrato con SEGUR IBËRICA al ministerio del Interior por prestar servicios de seguridad en el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas”. Esta empresa forma parte de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que se ha hecho cargo de la seguridad en los centros penitenciarios que el Ejecutivo ha decidido privatizar hasta el momento. Además el líder socialista se ha comprometido con los miembros de la Plataforma en volver a reunirse con ellos en cuanto tenga conocimiento de la respuesta del Gobierno.

El Gobierno planea dar más poder a las mutuas en las bajas médicas


  • Podrán dar altas en enfermedades comunes si un inspector no contesta en seis días
  • Los facultativos, los únicos autorizados, alertan del perjuicio al paciente
  • El paciente ya no deberá renovar su baja médica cada semana

Las mutuas ganarán margen de maniobra para decidir cuándo hay que dar de alta a un trabajador enfermo. Si hasta ahora lo hacían en el caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el Gobierno tiene previsto darles esta potestad también cuando se trata de una enfermedad común o de un accidente no laboral —el 80% de las empresas ya tienen asegurados estos procesos con las mutuas—. Así lo recoge un proyecto de real decreto, fechado el 17 de julio pasado, que regula la gestión y el control de los procesos de incapacidad temporal. Uno de sus artículos faculta a las mutuas a facilitar el “alta médica presunta” al sexto día de la propuesta dirigida a la inspección médica del servicio público de salud. Si el inspector no responde en ese tiempo, el silencio administrativo se considerará aprobación, y la mutua podrá comunicar al paciente que está de alta y sin derecho a subsidio.

Las mutuas, que son asociaciones de empresarios formalmente sin ánimo de lucro, gestionan tanto las contingencias profesionales como las comunes. En los últimos años, la mayoría de las empresas han encomendado la gestión de sus bajas comunes a las mutuas, en lugar de hacerlo al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que ya solo se ocupa del 20%. Por primera vez, un borrador de texto legal las faculta para dar altas en caso de enfermedad común, algo que los médicos de familia y los inspectores sanitarios consideran un “gravísimo error” y un perjuicio para el paciente. La patronal de las mutuas, en cambio, cree que si ellas pudieran gestionar todas las altas ahorrarían a la Seguridad Social y a las empresas 6.600 millones de euros.

“Es como poner a la zorra a cuidar al gallinero”, exclama el vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios FAISS, José María Morán. “El alta la tiene que dar el médico o la inspección. La mutua, como financiadora de la prestación, tiene demasiado interés en reducir el tiempo de baja”, añade. Que las mutuas puedan dar de alta por silencio administrativo constituye, en opinión de Morán, “una grave inseguridad jurídica para los trabajadores y una perversión administrativa”. Además, cree que “se abusa de la falta de capacidad de respuesta de un sistema de salud muy recortado. Una propuesta de alta de una mutua puede llegar por fax a un administrativo y que el médico esté de viaje, a su vez de baja y sin sustituto, con lo que un paciente con cáncer terminal se puede encontrar al sexto día de alta y sin prestación”. “Se está abriendo la vía a la judicialización”, añade.

Los médicos de familia, que son los que ahora dan las bajas y las altas, también están en contra de la intención del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. “Las altas tienen que ser confirmadas. La decisión sobre cuándo una persona enferma está lista para volver a trabajar la debe tomar su médico o el inspector con criterio sanitario, nunca debe resultar de un silencio administrativo. Esto genera gran indefensión a los pacientes”, asegura Paulino Cubero, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc). También él alude a los recortes del sistema público de salud y la falta de suplentes cuando un médico se ausenta. “En seis días es muy fácil que un inspector no pueda ponerse en contacto con el médico de un paciente para revisar su situación. La mutua tiene intereses económicos que pueden primar sobre los clínicos y forzar altas de forma prematura”, añade.

Tampoco a la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), a la que pertenecen, por ejemplo, Fremap, Ibermutuamur o Asepeyo, le gusta el proyecto de real decreto, pero por el motivo contrario. Considera que las mutuas deben estar facultadas para dar altas por contingencias comunes en todos los casos. Argumentan que, dado que legislación prevé que gestionan la prestación de baja con igual alcance que el INSS, si este tiene competencia para emitir altas, también las mutuas deberían tenerla. “Los profesionales médicos de las mutuas vienen emitiendo altas por contingencias profesionales sin ningún tipo de controversia, actuando siempre bajo el mismo código ético y deontológico que cualquier profesional sanitario de los servicios públicos de salud”, afirma por correo electrónico un portavoz de AMAT.

Desde la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) discrepan: “Los médicos de las mutuas patronales están capacitados para tratar problemas de salud laboral, pero no son especialistas en medicina familiar y comunitaria”. “Este real decreto, que espero que se subsane, supone poner en manos de la patronal la salud de los trabajadores, convertirla en juez y parte”, asegura su vicepresidente, Isidoro Rivera. AMAT considera que “la mayor parte de las enfermedades comunes y accidentes no laborales tienen carácter traumatológico o solo requieren de conocimientos de medicina general para su valoración por lo que es lógico afirmar que los médicos pueden valorar, con el máximo acierto, la mayor parte de los procesos y expedir el alta a todos los efectos”.

El controvertido acceso a las historias clínicas

Quién puede acceder, y para qué, a las historias clínicas de los pacientes es otro de los puntos controvertidos en el real decreto que regulará la incapacidad temporal. Tanto las sociedades de médicos de familia como los inspectores de servicios sanitarios denuncian que, con la excusa del control de la prestación económica de la incapacidad temporal, “se pretende liberar el acceso integral a la historia clínica electrónica” a todas las entidades que gestionan las bajas, entre ellas, las mutuas. “¿Qué sentido tiene que si estás de baja por un esguince la mutua pueda acceder a tu historia completa y vea si fumabas marihuana o tuviste un aborto, o si tienes VIH?”, se pregunta José María Morán, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios (FAISS). “El nivel de acceso a las historias no está estructurado. Y no habrá intercambio de información. La mutua podrá ver la misma historia que el médico, pero este no podrá acceder a la información de la patología laboral de los pacientes para ver el posible origen profesional de muchas contingencias comunes”, añade.

“Las mutuas no son parte del sistema sanitario público”, asegura Paulino Cubero, de Semfyc. “El ministerio nos dijo en una reunión que solo se les iba a permitir acceder a la parte de la historia necesaria, pero no creemos que pueda hacerse”. A Isidoro Rivera, de Semergen, le preocupa que “no se salvaguarde el derecho a la intimidad”. “Actualmente, en los partes de baja que hacemos no se le facilita a la empresa el diagnóstico, y es porque se entiende que eso pertenece a la intimidad del paciente”, añade.

El proyecto de real decreto, que el Ministerio de Empleo no quiso comentar con EL PAÍS por estar aún “en elaboración”, incluye una petición histórica de médicos y pacientes: la eliminación de las renovaciones semanales (parte de confirmación) de las bajas largas en las que está claro que el paciente tardará meses en recuperarse. Según el texto, un paciente podrá estar hasta 35 días sin ir a consulta. Se estandarizarán los tiempos medios en los que se cura cada enfermedad para así poder alargar el lapso entre visitas al médico.

“Alta presunta”

El artículo 7 del proyecto de Real Decreto por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 días de su duración establece que cuando las mutuas “consideren que el trabajador puede no estar impedido para el trabajo” podrán formular “propuestas motivadas de alta médica dirigidas a las unidades de la inspección médica del servicio público de salud”. El inspector podrá, en cinco días, confirmar la propuesta (y dar el alta) o desestimarla motivadamente. “En caso de que al sexto día de formulada la propuesta la mutua no hubiera recibido pronunciamiento expreso [...] entenderá que la propuesta ha sido estimada”.

El texto denomina “alta presunta” a la que dé la mutua por silencio administrativo, y asegura que “surtirá efectos el primer día siguiente al de su notificación al beneficiario” y se extinguirá el derecho al subsidio. El trabajador deberá incorporarse al trabajo “el día en que produzca sus efectos la extinción del subsidio”.

El primero en avisar a Renfe del accidente del tren de Santiago fue el vigilante


UGT dice que el primero en avisar a Renfe del accidente del tren de Santiago fue el vigilante
El presidente del comité de la empresa de seguridad privada Prosegur de A Coruña, Juan Manuel Carreira, de UGT, ha afirmado hoy que el vigilante de seguridad que viajaba en el tren Alvia accidentado el mes pasado en Santiago, "fue el primero en dar aviso al Centro de Control de Renfe" tras el descarrilamiento.

"Yo sé que el vigilante avisó, no se si avisó el maquinista; yo sé que el vigilante fue el primero en avisar", dijo Carreira en declaraciones a los medios en la Plaza del Obradoiro de la capital gallega.

Ha sido en este lugar donde un grupo integrado por algo más de medio centenar de vigilantes de seguridad de distintas empresas se han concentrado esta mañana para rendir homenaje a los compañeros que colaboraron en las labores de rescate de los heridos en el accidente ferroviario.
Igualmente, este sindicalista dijo desconocer si el vigilante había hablado en los momentos previos al descarrilamiento con el maquinista o con el interventor. "No sé si había hablado con el maquinista o el interventor", comentó.

"La seguridad privada también estuvo en Angrois", se podía leer en la pancarta que desplegaron.

Juan Manuel Carreira explicó que el vigilante sufrió una brecha en la cabeza y que viajaba en el segundo vagón en el momento del descarrilamiento y que iba sentado, una circunstancia que pudo haber influido en que no sufriese mayores lesiones.

De nombre Celso, el guarda de seguridad que viajaba en el Alvia accidentado está "físicamente bien pero un poco tocado psicológicamente, porque el accidente fue fuerte. Él estuvo al pie del cañón hasta la mañana", dijo el presidente del comité de empresa.

Carreira se quejó del escaso reconocimiento que tienen los vigilantes de seguridad de empresas privadas frente a otros cuerpos y fuerzas de seguridad.

"Siempre los vigilantes son como parte del mobiliario, están ahí y nadie los ve. Estamos en muchos sitios, hacemos mucha labor y nadie los ve. Ellos también estuvieron ahí, también prestaron servicio y también fue duro para ellos", comentó.

Destacó que "siempre se reconoce lo que hace la Policía, la Guardia Civil y los servicios de emergencias", añadió.

Explicó que los vigilantes que se desplazaron al lugar del accidenten hicieron varias labores, como ayudar a los viajeros o custodiar el tren, "de todo menos sacar a los fallecidos, eso lo hicieron las fuerzas y cuerpos de seguridad", precisó.

Carreira explicó que en los servicios de largo recorrido de Renfe siempre viaja un vigilante de seguridad que cubre distintos tramos del viaje, y que el que venía en el Alvia accidentado se había subido al tren en Ourense.


El juez Luis Aláez, encargado de la investigación del accidente ocurrido el pasado 24 de julio y en el que murieron 79 personas y más de 150 resultaron heridas ha citado a este vigilante de seguridad, para que comparezca en calidad de testigo el próximo lunes 19 de agosto

La CEOE pide al Gobierno poder convertir contratos a tiempo completo en parcial. CC.OO rechaza la propuesta de CEOE: "Quieren generalizar la precariedad en el empleo"



El presidente de la CEOE, Joan Rosell. | Alberto di Lolli


Solicita más flexibilidad salarial y de jornada en contratos de formación
La CEOE ha propuesto al Gobierno que los empresarios puedan "imponer" a los trabajadores la conversión de su contrato a tiempo completo en uno a tiempo parcial cuando existan causas que lo justifiquen y se eviten así despidos objetivos. Además, solicita ampliar del 15% al 30% el margen de horas complementarias que puedan realizar en proporción a la jornada pactada.

En un documento titulado " Las reformas necesarias para salir de la crisis" que la patronal aprobó en la última Asamblea General del mes de julio para remitírselo al Gobierno, incide en la importancia de seguir potenciando la contratación indefinida a tiempo parcial, cuyo uso, según las cifras aportadas por el Gobierno en el balance de la reforma laboral, se ha incrementado un 8,9% en el primer trimestre de 2013 respecto al mismo periodo de 2012.

En este sentido, la CEOE apuesta por que el empresario pueda convertir unilateralmente contratos a tiempo completo en contratos a tiempo parcial cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, y cuando esta modificación suponga una alternativa a eventuales despidos objetivos.

Tras conocerse esta propuesta, fuentes de la CEOE han matizado a ELMUNDO.es que la medida "no es una prioridad" y que se encuentra dentro de un paquete de más de 200 propuestas.

Horas complementarias

Por otro lado, aunque la CEOE valora que la reforma laboral introdujera una "pequeña flexibilidad" en la contratación a tiempo parcial al permitir a que estos trabajadores realicen horas extraordinarias, considera que no es suficiente y que debe hacerse algo similar en el caso de las horas complementarias, aquellas que se pactan por escrito con el trabajador y que el Estatuto de los Trabajadores limita a un máximo del 15% de las horas ordinarias fijadas en dicho contrato.

Concretamente, la CEOE apuesta por "revisar" algunos aspectos técnico-jurídicos que limitan el cumplimiento de horas complementarias que figuran en el contrato, tales como los plazos de preaviso o las causas de la denuncia por el trabajador del pacto de horas complementarias, y además demanda que se amplíe el margen del 15% al 30%.
Flexibilizar el salario en la formación

El informe de la patronal no se queda ahí y amplía sus propuestas a los contratos de formación, para los que la reforma laboral amplió el límite máximo de edad de 25 a 30 años. Ahora, la patronal considera que la edad de contratación debe ser lo "suficientemente amplia" para que beneficie tanto a jóvenes parados como a desocupados que tienen que readaptarse profesionalmente.

Además, propone flexibilizar las condiciones de jornada y salario y dotar a estos contratos de una orientación, fundamentalmente, de prestación laboral.

Por último, el informe llama a prestar "mayor atención" a la contratación temporal, tras las "severas limitaciones" introducidas en este modalidad en la reforma laboral de 2010 y "refundir" el contrato de obra con el eventual, con una duración máxima de 24 meses.

Flexibilizar el salario en la formación

El informe de la patronal no se queda ahí y amplía sus propuestas a los contratos de formación, para los que la reforma laboral amplió el límite máximo de edad de 25 a 30 años. Ahora, la patronal considera que la edad de contratación debe ser lo "suficientemente amplia" para que beneficie tanto a jóvenes parados como a desocupados que tienen que readaptarse profesionalmente.

Además, propone flexibilizar las condiciones de jornada y salario y dotar a estos contratos de una orientación, fundamentalmente, de prestación laboral.

Por último, el informe llama a prestar "mayor atención" a la contratación temporal, tras las "severas limitaciones" introducidas en este modalidad en la reforma laboral de 2010 y "refundir" el contrato de obra con el eventual, con una duración máxima de 24 meses.

CCOO rechaza la propuesta de CEOE: "Quieren generalizar la precariedad en el empleo" 

La propuesta de la CEOE de que los empresarios puedan convertir unilateralmente contratos a tiempo completo en contratos a tiempo parcial representa una apuesta por generalizar la precariedad en el empleo y por la reducción salarial, al tiempo que un paso más para imponer la figura todopoderosa del empresario en las relaciones laborales que la última Reforma Laboral ha propiciado.

El FMI, con su propuesta de rebajar un 10% los salarios, apoyada por el vicepresidente económico de la Comisión Europea, y ahora la CEOE proponiendo que los empresarios puedan convertir contratos a tiempo completo en contratos a tiempo parcial, han colocado una diana sobre el empleo, los salarios y los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de nuestra país.

Según recuerda Ana Herranz, secretaria confederal de Mujer e Igualdad de CCOO, como consecuencia de la Reforma Laboral se está produciendo una pérdida anual de contratación indefinida alarmante, que corre en paralelo al notable aumento de los contratos temporales (el 96% de los nuevos contratos son temporales), de los que el 37,6% son de jornada a tiempo parcial. En este sentido, "la propuesta de CEOE es una apuesta decidida por extender la precariedad a toda la población asalariada, ya que a los nuevos contratos a tiempo parcial se sumarian los contratos a tiempo completo ya existentes que el empresario convierta en a tiempo parcial".

Para CCOO, la precarización iría acompañada de un empobrecimiento aún mayor de los trabajadores y trabajadoras afectadas, ya que la conversión de un contrato a tiempo completo en uno a tiempo parcial se traduciría en una devaluación de las condiciones de trabajo y de los salarios inmediata, así como de las prestaciones sociales que pudieran corresponderles.

A juicio del secretario de Organización y Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, “la CEOE apuesta por empobrecer más a los trabajadores”, y para ello reclama poder ilimitado para hacer y deshacer según sus intereses, reforzando el poder unilateral del empresario en la toma de decisiones y debilitando la posición de los trabajadores y el control sindical que ejercen sus representantes. En definitiva, “está pidiendo al Gobierno que endurezca aún más la Reforma Laboral “.

CCOO y UGT consideran inconstitucional el Real Decreto 11/13 que modifica los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada


Acceso al R.D.L.

Ambos sindicatos pedirán a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que interponga cuestión de inconstitucionalidad contra el mismo por violación de los Art. 14 y 28 de la Constitución española e, igualmente, se dirigirán a la Defensora del Pueblo para que presente ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad.

El 3 de agosto se publicó el Real Decreto Ley 11/13, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. Nuevamente, en lo que supone una constante del actual Gobierno, se acude al Real Decreto Ley para legislar en materia laboral, con claro menosprecio a la separación de poderes, alegando razones muy discutibles de urgencia y necesidad, que podrían afectar a su constitucionalidad; y omitiendo asimismo la consulta previa en aspectos relevantes del mismo que afectan a materia laboral en contraposición con la consulta sí efectuada en el caso de la protección social del contrato a tiempo parcial.

Además, y cediendo a las presiones de grupos de empresas multinacionales, introduce una importante modificación en el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada (RD 1483/2012), con un claro perjuicio para los trabajadores de las empresas domiciliadas en España pertenecientes a grupos multinacionales, al suprimir la obligación de entregar a la representación de los trabajadores y a la autoridad laboral la documentación que afecta a todas las empresas, sea cual sea el domicilio de la empresa dominante. A partir de ahora, gracias a esta última reforma laboral que aprueba el RDL, no habrá tal obligación cuando la sociedad dominante no tenga su domicilio en España, con lo que, a juicio de UGT y CCOO, esta previsión incurre en serias dudas de constitucionalidad al establecer un diferente trato ante la ley, lo que esta expresamente prohibido por el Art. 14 de nuestra Constitución.

Por otra parte, el RDL modifica las previsiones legales clásicas sobre el nombramiento de las comisiones negociadoras en representación de los trabajadores, sustituyendo el criterio de la representatividad sindical por el del número de trabajadores de los centros afectados, lo que puede conllevar que los representantes no sindicalizados desplacen a los sindicales en la negociación de las medidas de flexibilidad tanto internas como externas, con posible violación del derecho de libertad sindical (Art. 28.1 de la Constitución).

Por todo ello, CCOO y UGT pedirán a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, con ocasión de la formalización de la demanda que se está preparando en la actualidad por ambas organizaciones contra Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada (RD 1483/2012), modificado por el mencionado RDL 11/2013, que interponga una cuestión de inconstitucionalidad contra el mismo por violación de los Art. 14 y 28 de la Constitución española.

Igualmente, UGT y CCOO se dirigirán a la Defensora del Pueblo para que presente ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra el RDL basado en las causas antes referidas.

CCOO rechaza la propuesta de la Comisión Europea y del FMI de bajar los salarios


"Se ha producido un descenso acusado de los salarios, hasta situarse en niveles por debajo de los de 2008", manifiesta Ana Herranz, secretaria de Mujer e Igualdad

La medida es inaceptable, tanto por su incapacidad para contribuir a la salida de la crisis, como por el sufrimiento que causa a las personas. Para el sindicato, propuestas como ésta no sólo han sido ineficaces para salir de la crisis sino que la han prolongado.
Ana Herranz

Las presiones para que se rebajen los salarios se recrudecen: el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Oliver Rehn, se ha sumado a la reclamación realizada en este sentido por el Fondo Monetario Internacional, al que no le parece suficiente que sueldos y salarios hayan sufrido una acusada reducción en los últimos años, hasta situarse por debajo de los niveles de 2008.

Según el FMI, y está de acuerdo el comisario europeo, los trabajadores y trabajadoras españolas deberían sufrir un recorte de un 10% en sus salarios; a cambio de ello, los empresarios deberían comprometerse a aumentar el empleo con un genérico “significativamente”. A este respecto, CCOO recuerda que los empresarios han incumplido lo acordado en el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, ya que mientras sus beneficios han subido, los salarios han disminuido sin que ello se haya traducido en creación de empleo. Además, se trata a juicio de Fernando Lezcano, responsable de Organización y Comunicación de CCOO, de una fórmula ineficaz para salir de la crisis, y que debería sustituirse por otra de estimular la actividad económica, lo que requiere subidas salariales de trabajadores en activo y de los pensionistas que estimulen el consumo.

Según recuerda, por su parte, Ana Herranz, secretaria confederal de Mujer e Iualdad de CCOO, sueldos y salarios se sitúan en 2012 por debajo del nivel de 2011 y en un nivel similar al de 2010. Si además tenemos en cuenta la subida de impuestos y de precios en productos básicos y en servicios públicos en estos años, el ligero descenso nominal se transforma en un descenso más acusado en términos reales. Una vez descontada la inflación y los costes laborales de 2012, sueldos y salarios se situarían en términos reales por debajo de los del año 2008.

Como resultado del ajuste salarial y del empleo, la participación de los asalariados en la renta nacional ha ido perdiendo peso desde 2008, cuando representaba el 54%, hasta el 49,1% en el primer trimestre de 2013. Esta pérdida de participación en el reparto de la riqueza ha significado el trasvase de 66.081 millones de euros de los asalariados a los empresarios y autónomos desde el inicio de la crisis, lo que ha permitido aliviar su endeudamiento, actuando los trabajadores a modo de banqueros indirectos. "Eso sí, mediante un préstamo que no devenga intereses, ni da derechos sobre la gestión de la empresa, ni tiene que devolverse", remacha Ana Herranz.

Fusión por Absorción de la empresa Chillida Sistemas de Seguridad S.L.U, en Securitas Seguridad España S.A.U.


Securitas Seguridad España S.A.U. ha adquirido la compañía tecnológica Chillida Sistemas de Seguridad S.L.U., empresa valorada en 23,3 millones de euros y que facturó 30 millones el pasado año. 

Chillida es una empresa especializada en tecnologías de la seguridad y ofrece servicios de instalación, 'monitoring' y mantenimiento.

 Sus clientes provienen de sectores como la banca, el retail, la industria, la Administración Pública y el segmento residencial. 

Como consecuencia de la absorción y en aplicación de la legislación vigente Artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, los trabajadores de la sociedad absorbida pasaran a ser, con respeto de todos sus deberes y derechos laborales, trabajadores de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.U, el 1 de septiembre de 2013.


El Tribunal Superior de Justicia de Murcia declara improcedente el despido de un vigilante de seguridad

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha declarado improcedente el despido de un vigilante de seguridad del Museo de la Catedral de Murcia y ha condenado a su empresa, "S.S., S.L." a pagarle una indemnización de 10.335 euros si no opta por su readmisión.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, estima así el recurso que este trabajador presentó contra la resolución de un Juzgado de lo Social que declaró que en realidad no había existido ningún despido, "sino la expiración del contrato de trabajo por las causas consignadas en el mismo", por lo que absolvió a la empresa.
Afirma el TSJRM que aunque el demandante fue contratado para prestar sus servicios en el Museo Salzillo de Murcia, posteriormente fue trasladado al Museo de la Catedral.
Y añade que aunque el trabajador diese su consentimiento a este traslado, "no se constata ni que se manifestase una voluntad de temporalidad ni que el contrato suscrito pudiera extinguirse tal y como se extinguió, por finalización del servicio".
"En realidad -dice la Sala-, lo que ocurrió fue que la empresa "S.S., S.L." perdió un cliente y, en su caso, pudo proceder a su despido objetivo, pero no fue esto lo que hizo; además, el servicio de vigilancia de un Museo no se acredita como una actividad temporal, por lo que lo coherente es considerar el contrato indefinido, salvo prueba en contrario".

CCOO relaciona la agresión a un vigilante en el Hospital Virgen de la Montaña con los recortes en seguridad

CCOO ha lamentado la brutal agresión sufrida por el vigilante de Seguridad del Hospital Virgen de la Montaña de Cáceres y ha solicitado al Gobierno de Extremadura el cese de los recortes en los servicios de Seguridad, porque la disminución del personal destinado a estas labores está detrás de estos hechos.
Para la Federación de Servicios Privados de Extremadura de CCOO, este tipo de incidentes está directamente relacionado con la reducción de la seguridad y la vigilancia en los centros sanitarios como consecuencia de los ajustes presupuestarios.

La agresión del pasado sábado, para CCOO, no es un hecho aislado. Los vigilantes de  seguridad vienen sufriendo agresiones y amenazas a diario, ya que en la mayoría de los servicios que prestan carecen de las medidas de seguridad necesarias para la protección personal y  las de los centros y usuarios bajo su protección.

Sin ir más lejos, precisamente en el Hospital Virgen de la Montaña hay una unidad de psiquiatría que demanda el apoyo del vigilante de seguridad frecuentemente quedando el resto del hospital sin seguridad ya que hay un solo vigilante por la noche y los fines de semana y festivos las 24 horas.

El paulatino recorte en los presupuestos de seguridad dan lugar a este tipo de hechos, añade el sindicato, que interesadamente nunca salen a la luz pública para que nadie sepa la merma existente en seguridad, merma que casi no es apreciable por el público en general gracias a la profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras del sector.

Teniendo en cuenta que la seguridad de los trabajadores del sector y en especial la de los usuarios de todos los centros públicos y privados de nuestra región no pueden valorarse en euros, CCOO ha exigido al Gobierno de Extremadura que no reduzca en los presupuestos de seguridad y refuerce aquellos centros más conflictivos con el fin de que hechos como los ocurridos no se vuelvan a repetir.

El Gobierno endurece la reforma laboral que sólo ha servido para destruir empleo

El Gobierno, con la excusa de que es necesario "hacer ajustes menores", ha dado una "nueva y profunda vuelta de tuerca" a la reforma laboral de 2012, según ha denunciado el secretario confederal de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz. Con las "mejoras técnicas" introducidas "los empresarios, y en especial las multinacionales extranjeras, tendrán más fáciles los despidos colectivos", advierte.
La reforma laboral, que la ministra de Empleo calificó de “impecable” al hacer balance de su primer año de funcionamiento, ha sido endurecida en el último Consejo de Ministros. Los cambios aprobados  por decreto ley el viernes 2 de agosto – “de manera poco democrática, al margen del diálogo social, señala Górriz – responden exclusivamente a las demandas de los asesores empresariales y satisfacen con celeridad los deseos del Fondo Monetario Internacional: “Refuerza el poder empresarial, profundizando el desequilibrio en las relaciones laborales que la reforma impulsó, para facilitar los despidos”, denuncia el responsable de CCOO.


Para CCOO, el decreto ley facilita y contempla el despido como la primera opción frente a otras alternativa; lo hace a través de dos vías complementarias: la decisión empresarial primará sobre la propia autoridad administrativa y sobre la tutela judicial de los despidos, al restringir los casos de nulidad de los ERE que suponen la reincorporación de la plantilla a sus puestos de trabajo, y limita la representación y el control sindical de las decisiones empresariales.   

Dentro de las facilidades que el nuevo decreto otorga a los empresarios, destaca que las empresas multinacionales obtienen una mejora, si cabe, adicional. No tendrán que presentar cuentas consolidadas del grupo para demostrar la pertinencia del despido colectivo, salvo en el caso de que la sociedad principal tenga su domicilio en España.

A juicio de CCOO, con la reforma de la reforma el Gobierno celebra el “éxito de una reforma laboral que se ha saldado con 633.500 puestos de trabajo destruidos desde su aplicación, empeorando aún más sus contenidos; reforzando el poder a los empresarios, lo que provocará más despidos y paro, y dando un nuevo golpe al diálogo social, ante lo que “reiteramos nuestro rechazo y firme decisión de no parar hasta conseguir la reversión de la reforma laboral”, advierte Ramón Górriz.