Uso del arma en legitima defensa o defensa propia

Alguna vez en la vida, algunos de nosotros, nos vamos a encontrar en la situación de ser agredidos físicamente, de que intenten agredirnos, o bien vamos a ser testigos de la agresión o intento de agresión que sufre un compañero. Suelen ser situaciones "calientes", de nerviosismo y estrés, en los que lógicamente en lo que menos nos paramos a pensar es en las consecuencias policiales y/o judiciales que puedan acarrear nuestras actuaciones. Estos últimos días, hemos tenido conocimiento del caso del compañero que prestaba servicio en RENFE-Madrid y haciendo uso de su arma reglamentaria hirió a un tercero en el muslo.

La legítima defensa es la más conocida de las eximentes de responsabilidad penal y que parte del instinto innato de sobrevivir del ser humano, por lo que esta bien valorada y aceptada socialmente pero, como todas estás causas de exención de responsabilidad, tiene sus límites.

Espero que este articulo os aclare las dudas y las consecuencias que os puedan surgir si os veis en la necesidad de hacer uso de las armas reglamentarias del vigilante de seguridad.

Los vigilantes de seguridad de Madrid muestran su rechazo a rebajarse el salario otro año más.

Cerca de medio millar vigilantes se han concentrado en la Glorieta de Atocha para mostrar su rechazo al acuerdo alcanzado entre las patronales del sector (APROSER, FES, UAS) y los sindicatos UGT y USO.

Las empresas que anunciaron meses atrás que no podían asumir lo que pactaron en Convenio Colectivo no hace apenas un año, Amenazaron con aplicar la reforma laboral si los trabajadores no se rebajaban el sueldo. Y Así fue, las empresas pusieron sobre la mesa, descuelgues, EREs, despidos y convenios de empresa.

La solución requerida por la parte empresarial, fue asumida el pasado día 21 de febrero en un acuerdo en el SIMA por los sindicatos UGT y USO. El acuerdo fue rechazado por CCOO al considerarlo como insuficiente, por no recoger las expectativas y necesidades mínimas que los trabajadores y trabajadoras del sector tienen y reclaman.

Las patronales del sector han rebajando los salarios de los trabajadores un 1.8%, como ya ocurrió en 2013, a pesar de haber firmado pocos meses atrás un convenio colectivo con una subida salarial para el 2014 del 3.2%.

La diferencia entre lo firmado y lo que ahora se va a aplicar es de 5 puntos y es justificada por las patronales del sector por la actual situación económica y la obligación legal, a raíz de la última reforma laboral del Gobierno, de cotizar por el plus transporte, un 2% de la masa salarial según la patronal del sector.

La crisis y las cotizaciones de los pluses las están soportando íntegramente las nominas de los trabajadores, sin que por el momento la patronal del sector haya realizado el más mínimo esfuerzo en este sentido.

Se da la circunstancia que esta es la tercera vez que esta patronal incumple lo pactado y requiere una renegociación a la baja del convenio colectivo.

Los vigilantes piden a la patronal que respete el convenio

Cerca de medio millar de vigilantes de seguridad se han concentrado este jueves en Atocha para reclamar a la patronal que respete el convenio colectivo pactado con los sindicatos.

La concentración se ha realizado a instancias de CC.OO. en defensa de su actual convenio colectivo y en contra de la patronal por incumplir lo pactado. El colectivo no descarta la huelga, una medida a última instancia que afectaría a la seguridad en los espacios y edificos públicos. 

El responsable del sector de seguridad privada de CC.OO., Óscar Verduras, ha criticado que la patronal quiere bajar el salario un 1,8 por ciento, a pesar de que pactó una subida de un 3,2 por ciento. "Esto no puede ser. Es la tercera vez que incumple el convenio. Pedimos respeto por lo pactado", ha dicho.

Según CC.OO., "las empresas que anunciaron no poder asumir lo que pactaron en convenio colectivo, no hace apenas un año, amenazaron con aplicar la reforma laboral si los trabajadores no se rebajaban el sueldo". "Y así fue, las empresas anunciaron descuelgues, ERE, despidos y convenios de empresa", ha señalado.

El sindicato ha explicado que la solución requerida por la parte empresarial, rebaja salarial de un 1,8 por ciento, fue asumida el pasado día 21 de febrero en un acuerdo en el Servicio de Interconfederal de Mediación y Arbitraje por los sindicatos UGT y USO. El acuerdo es rechazado por CC.OO. al considerarlo como "insuficiente", por no recoger las expectativas y necesidades mínimas que los trabajadores del sector tienen y reclaman.

Aunque la mayoría de empresas del sector han anunciado la cancelación de los expedientes, algunas como Alerta y Control ha declarado su intención de seguir adelante con un descuelgue salarial. Ante esto, el sindicato ha convocado una concentración para el próximo día 6 de marzo, a las 10.30 horas, frente a los juzgados de Plaza Castilla, uno de los principales clientes de Alerta y Control.

También los vigilantes de seguridad del aeropuerto, pertenecientes a la empresa Eulen, han convocado paros parciales para el próximo viernes, que se prolongaran de forma indefinida todos los lunes y viernes, ante la imposición de manera unilateral de la modificación de las actuales condiciones de trabajo por parte de la empresa, que también amenazó con despidos para amedrentar a los trabajadores.

Ugt ratifica el acuerdo del Sima en un pleno estatal.


El sector de la seguridad privada no ha podido protegerse de las desavenencias de la crisis.

El sector de la seguridad privada no ha podido protegerse de las desavenencias de la crisis. Las grandes empresas de esta industria, entre las que se encuentran Prosegur, Securitas, Segurisa, Eulen, Ombuds, Segur Ibérica o Sabico, se enfrentan actualmente a recortes salariales o posibles despidos, que pueden llevar a algunas empresas a la inaplicación del Convenio Colectivo Estatal del sector.

En 2012 estas compañías pactaron un aumento del 5% de los salarios para el ejercicio actual, sin embargo, ahora aseguran que no pueden hacer frente a este incremento y amenazan con posibles Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Esto ha provocado una guerra en el sector, ya que los representantes sindicales aseguran que durante el año pasado las grandes empresas facturaron más de 500.000 horas extra, por lo que sería ilógico reducir plantilla.

Según la reforma laboral, con estas condiciones, una empresa no puede aplicar despidos colectivos, sin embargo esta industria se rige por una regulación propia, que según denuncian los trabajadores, no les favorece en absoluto. De hecho, reivindican que su poder adquisitivo descendió un 18,6% entre 2009 y 2011, por lo que consideran que su sacrificio en esta crisis ha sido ya suficiente.

El último acercamiento entre las partes se produjo el pasado 21 de febrero. La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), que representa al 70% de las empresas por volumen de facturación, mantuvo un acto de conciliación con los sindicatos, en los que llegó a un acuerdo con UGT, FES, UAS y USO para iniciar las negociaciones.

Según el acta de dicha mediación, se acordó aplicar desde el 1 de enero de 2014 los importes de las tablas de retribuciones y demás conceptos económicos aplicados durante 2013, lo que conlleva una congelación de los salarios.

Del mismo modo, las empresas asumían el coste del plus de transporte, aprobado en el Real Decreto Ley 6/ 2013 el pasado 20 de diciembre y que supone un tremendo golpe económico para el sector.


Por su parte, la patronal se comprometía a instar a las empresas del sector a paralizar las mesas de negociación abiertas, a retirar los procesos firmados hasta la fecha, y a volver al convenio estatal a las empresas que lo habían abandonado.

Esta alianza, que se estableció a través del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), ha generado conflictos entre los distintos sindicatos, ya que CCOO, CIG y ATES siguen exigiendo una subida salarial, aunque no se alcance el 5% establecido hace dos años.

Estos sindicatos aseguran que los trabajadores del sector tuvieron que asumir el año pasado fuertes recortes en sus sueldos, que fueron de entre 280 y 500 euros anuales. "Llevamos cinco años exigiendo mejores condiciones laborales, no es normal que un empleado con 20 años de antigüedad y licencia para utilizar armas cobre unos 1.050 euros al mes".

Aunque no todos están de acuerdo, el último acercamiento ha logrado que de momento se paralicen los procesos de descuelgue del Convenio Estatal, a la espera de que se inicien las negociaciones finales con todos los sindicatos. Estas conversaciones serán decisivas para el futuro de grupos como Securitas o Prosegur, que planeaba un ERE que afectaría a unos mil empleados.

Aplazamiento de la reunión en el Sima.

La reunión prevista en el Sima para el día 26 de Febrero ha sido aplazada al 28 del mismo mes.

Conceden la pensión de viudedad a la esposa de un vigilante asesinado (Málaga).

Ocurrió a las 4.15 horas del 24 de septiembre de 2007 en una solitaria gasolinera de Cártama. Dos individuos asaltaron el local para robar, y acabaron con la vida del vigilante nocturno, José González, tapándole la cabeza con una manta y un cable en torno al cuello. Éste murió asfixiado. Los asaltantes fueron condenados a 12 años de prisión por homicidio en febrero de 2011 por el Tribunal Supremo. Ahora, un Juzgado de lo Social de Málaga acaba de reconocerle a la esposa del fallecido el derecho a cobrar la pensión de viudedad, pese a que la víctima no había sido dado de alta por la empresa.

Los acusados llegaron a alegar que el hecho de que el guarda sufriera un cáncer de laringe propició su muerte, tras taparle la cara con una manta. Lo cierto es que esa mañana encontró el cadáver una hija del dueño de la gasolinera, y ella misma reconoció que José González, entonces jubilado tras toda una vida trabajando en el mar, vigilaba el negocio por la noche desde hacía seis o siete meses.

La viuda, representada por el abogado José Manuel García Baeza, pidió a la Seguridad Social una pensión, pero le fue denegada por «no haberse podido acreditar la realidad por cuenta ajena del causante». El día de autos, el 24 de septiembre de 2007, dice la juez de lo Social, «el señor González realizaba la vigilancia nocturna del establecimiento», desde al menos octubre de 2006. La hija del propietario halló el cuerpo a las 6.50 horas, y manifestó que el fallecido trabajaba desde hacía tiempo allí.

La juez de lo Social número 2 de Málaga recuerda que la mutua de la gasolinera denegó su responsabilidad respecto «a las consecuencias del accidente de trabajo que causó la muerte del señor González, alegando igualmente que el mismo no se encontraba dado de alta en ninguna empresa asociada con ella».

Según el convenio, añade, le hubiera correspondido como base de cotización la suma de 951,50 euros al mes.

En los fundamentos jurídicos del fallo, recuerda la juez que los empresarios «están obligados a afiliar a los trabajadores que ingresen a su servicio, así como a comunicar su ingreso y cese para que sean dados, respectivamente, de alta y de baja».

«Los incumplimientos en materia de afiliación y alta tienen carácter absoluto, y los mismos hacen recaer sobre el empresario la responsabilidad sobre el conjunto de las prestaciones que hubieran podido causar los trabajadores a su servicio», añade.

Si el empresario es insolvente, el beneficiario «queda desprotegido», por lo que se estableció un mecanismo de garantía denominado «automaticidad de las prestaciones». Ello quiere decir «que la entidad gestora o colaboradora debe hacer efectivo el pago de la prestación causada cuando sea declarado responsable un empresario».

«Es obvio que la falta de alta del trabajador fallecido ha de merecer la calificación de manifiesto y voluntario incumplimiento del empresario de dar de alta al trabajador, que realizaba funciones de vigilancia nocturna de las dependencias de la estación de servicio, lo cual implica la responsabilidad empresarial directa», aclara.

El juzgado sentencia que la gasolinera incurre en el incumplimiento de su obligación respecto de un trabajador, «por lo que procede determinar el anticipo de prestaciones a cargo de la mutua demandada, que era la aseguradora de las contingencias profesionales del resto de empleados de la empresa», gasto que tendrá derecho a repercutir en el empresario. Además, en caso de insolvencia de éste, «podrá solicitar la responsabilidad subsidiaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social». La mujer podrá recibir la viudedad conforme a una base reguladora de 915,50 euros mensuales y efectos desde el 25 de septiembre de 2007.

Segur Ibérica sobornó a empresas públicas de Barcelona para que hicieran la vista gorda, según un empleado

  • El denunciante afirma que la administradora de la Biblioteca aceptaba cohechos
  • Otro que también recibía regalos era el director del centro de menores de L’Alzina

El responsable de almacén de Segur Ibérica en Barcelona denuncia ante la Justicia que su empresa ha estado sobornando a importantes clientes de la compañía, principalmente empresas de la Generalitat de Cataluña, con regalos de elevado valor para que hicieran la vista gorda con los servicios que se cobraban sin haber sido realizados.

David Pérez Rubio, empleado de Segur Ibérica entre los años 2005 y 2010, comparecerá en la mañana de hoy para declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona para prestar declaración en relación a la denuncia presentada el pasado 13 de enero, en la que vierte graves acusaciones de cohecho hacia los directivos de la compañía Segur Ibérica, a la que atribuye actuaciones presuntamente ilícitas.

Este juzgado instruye la causa abierta contra los responsables de seguridad y servicios de la Biblioteca de Catalunya presentada por la mercantil NIX Universal SL, en la que acusa a estos funcionarios de la Generalitat de Cataluña de los supuestos delitos de falsedad en documento público y omisión del deber de perseguir delitos. En concreto, la querella está dirigida contra la jefa del servicio de Administración de la Biblioteca de Catalunya, Margarita Valverde, y contra Ferrán López San Juan, responsable de mantenimiento de esta institución catalana.

Esta sería la segunda declaración de testigos en esta causa en la que fuentes de la investigación sitúan la presunta estafa en torno a las 2.600 horas realizadas por falsos vigilantes o no realizadas entre los años 2005 y 2010, tras el cruce de los datos facilitados por Seguridad Privada del Ministerio del Interior y los cuadrantes y nóminas aportados a instancia judicial por la propia compañía Segur Ibérica. A esto hay que añadir otras 16.000 horas de servicios de las mismas características, lo que elevaría la cuantía del fraude cerca de 250.000 euros.

Es importante resaltar la declaración realizada por el exapoderado de Segur Ibérica en Cataluña y Baleares José Albuixech, quien afirmó que"Segur Ibérica disfrazó a porteros y jardineros como vigilantes de seguridad para trabajar en la Biblioteca Nacional de Cataluña". En este sentido, atribuyó que los responsables de la Biblioteca eran agasajados con regalos de Segur Ibérica a modo de agradecimiento, que fue interpretado como una forma de supuesto soborno para que "miraran para otro lado".

Jamones, vinos y baúles

En este sentido las recientes manifestaciones notariales y la consiguiente denuncia ante los tribunales de David Pérez Rubio, exempleado de Segur Ibérica, aportan nueva luz a esta supuesta trama delictiva denunciada.

Así David Pérez afirma que ha estado trabajado en la empresa Segur Ibérica y Consorcio de Servicios entre agosto de 2005 y noviembre de 2010, "estando encargado entre otras funciones del almacén de la empresa que estaba en sus oficinas centrales. Mi trabajo consistía en controlar las entradas y salidas de material y preparar los paquetes y regalos que se hacían a los clientes".

En el punto cuarto de su denuncia, Pérez afirma que "el marido de Margarita [jefa de servicio de administración de la Biblioteca de Cataluña] acudía asiduamente a recoger sus regalos, consistentes en jamones, vinos de elevado precio y baúles cuyo contendido desconozco, para lo cual entraba en el garaje en un vehículo todoterreno y lo ponía con la parte trasera pegada al almacén".

En relación a esto, David Pérez sostiene que "entre mis compañeros de Segur Ibérica se comentaba que era el precio que pagaba la empresa para que Dña. Margarita hiciera la vista gorda con los servicios que se cobraban a la Biblioteca sin haber sido realizados".

El objetivo de los regalos

Pero al parecer no sólo los supuestos cohechos afectaban a la Biblioteca de Cataluña. "Esto se hacía con muchos otros clientes, también con Santiago Martín Rodríguez, director del Centro de Menores L'Alzina, pero este no pasaba a recogerlos porque decía que no podía aceptarlos por su cargo, pero que no tenía inconveniente en que se los enviaran a su casa, lo que se hizo regularmente hasta al menos el año 2009".

Asimismo añade que "entre mis compañeros se comentaba que los regalos se entregaban para que los clientes no comprobaran la facturación y validaran como correctos servicios que no se habían realizado y cuadrantes de personal de seguridad que nunca trabajó en L'Alzina, como era el caso del inspector de Segur Ibérica, el señorPouso", manifiesta en su denuncia el trabajador.

Por último, concluye que la entrega de los regalos y cajas estaba "dirigida y ordenada" por el jefe de la delegación de Barcelona de la empresa de seguridad, Enric Cabezuelo.

En este sentido Enric Cabezuelo, máximo responsable de Segur Ibérica en Cataluña hasta su cese tras estas denuncias, alegó enfermedad el pasado 9 de enero para evitar comparecer como testigo ante el juez instructor y las partes personadas. Recientemente argumentó ante el tribunal que padece una fuerte depresión para retrasar su comparecencia judicial. En cualquier caso, el juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona ha citado a Cabezuelo para el día 8 de mayo a las 11 de la mañana.

El PSOE plantea derogar ocho leyes y reales decretos, empezando por la reforma laboral, y parar tres: aborto, seguridad privada y ciudadana

El PSOE emplaza a todos los grupos políticos a lograr "un gran acuerdo" para "combatir y erradicar la corrupción", ya que considera que "el PP solo no puede" hacerlo mientras "deba tantas explicaciones por el 'caso Gürtel", que se ha convertido en "el mayor caso de corrupción" de la historia en España.

Por ello, ha dedicado una propuesta de resolución, en el marco del Debate sobre el estado de la Nación, a la búsqueda de un gran pacto de todas las fuerzas políticas que permita atajar "uno de los temas que más preocupan a los ciudadano".

En su exposición de motivos, recuerda que ya el año pasado el PP prometió durante el debate de política general un paquete de medidas sobre esta materia, pero, según han recalcado fuentes socialistas, no las llevó al Consejo de Ministros hasta el último viernes, al límite para cumplir su compromiso y después de un año en el que han ido surgiendo más informaciones sobre la financiación ilegal del PP, de la que ya hay "una abrumadora evidencia".

De esta forma, y como los socialistas creen que el "par de reformas" aprobadas por el Ejecutivo son "escasamente ambiciosas" y además no fueron "en absoluto consensuadas con los grupos de la Cámara", han decidido tomar la iniciativa y presentar una batería de medidas sobre las que considera que se debería basar el "gran acuerdo" político.

REVOCAR LA AMNISTÍA FISCAL

En concreto, proponen reformar el Código Penal para aumentar las penas de los delitos relacionados con la corrupción cometidos por cargos o representantes públicos y revocar la reforma que permitió favorecer a quienes hayan defraudado a Hacienda y se hayan regularizado su situación mediante una amnistía fiscal, entre otras cosas.

Además, piden reformar la ley del indulto para evitar que puedan beneficiarse las autoridades que hayan cometido un delito en el ejercicio de su función o cargo público, con la finalidad de obtener un beneficio económico. También proponen cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que se establezca un procedimiento preferente y sumario para enjuiciar de los delitos vinculados a la corrupción política y exigen una mejor regulación de la declaración de intereses y actividades de los cargos públicos.

Al margen de esto, el PSOE ha presentado otras 14 propuestas de resolución, en las que piden al Gobierno que derogue un total de ocho leyes y reales decretos y le instan a paralizar otras tres que se están tramitando o se van a tramitar: la reforma de la ley del aborto, la ley de seguridad privada y el proyecto de ley de seguridad ciudadana.

Entre las leyes que piden que el Gobierno derogue se encuentra la reforma laboral, que es la primera que el PSOE ha prometido echar abajo cuando vuelva al Gobierno. Los socialistas así lo exigen ahora en una propuesta, en la que instan a abrir un proceso de diálogo social para acordar un nuevo marco de relaciones colectivas equilibrado.

También piden derogar la ley que reformó el sistema de pensiones y el real decreto aprobado sobre la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad; así como la disposición adicional de los Prespuestos Generales de 2014 que suspendía el incremento de las pensiones de viudedad más bajos.

Otro real decreto que quieren que se elimine es aprobado en 2012 con medidas urgentes sobre el sistema sanitario, con el objetivo de recuperar el carácter universal del derecho a la protección de la salud.

También instan a abolir la ley de tasas judiciales y la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, porque creen que perjudica a los ciudadanos, que "van a disponer de menos servicios, más caros y menos eficientes".

Y exigen la derogación de la 'ley Wert', que tildan de "profundamente ideológica" y cuya aplicación consideran que va a provovcar "el deterioro de la equidad y la calidad de la educación pública, menoscabando la igualdad de oportunidades".

SU REFORMA FISCAL "RADICAL"

El PSOE propone en todas sus propuestas las iniciativas que viene defendiendo en la Cámara Baja para combatir las medidas del Gobierno y que no han obtenido éxito, dada la mayoría absoluta del PP.

En el capítulo económico, presentan su reforma fiscal, con la que piden cambiar de manera "radical" el actual modelo. Partiendo del análisis de que España tiene un problema de "insuficiencia recaudatoria", piden que se exija un mayor esfuerzo a los que más tienen.

Así, proponen crear un nuevo Impuesto sobre las Personas Físicas, que incluya la renta y el patrimonio de los contribuyentes en una figura tributaria única que corrija dobles tributaciones y se establezca un mínimo exento lo suficientemente elevado para que no aumente la carga fiscal de las rentas medias.

También exime del pago del IRPF a desempleados, personas con cargas familiares y pensionistas cuyas rentas totales no excedan los 16.000 euros y proopone revisar todas las deducciones y reducciones del acutal IRPF que tienen carácter regresivo.

Además, quieren estimular el ahorro a largo plazo y reformar "profundamente" la estructura del impuseto de sociedades, para eliminar la mayoría de las deducciones que "benefician fundamentalmente a las grandes corporaciones".

En este marco, piden recuperar el tipo reducido del IVA para la cultura y la educación y aplicar el tipo reducido de este impuesto para los bienes y servicios de primera necesidad, así como crear un nuevo tipo de IVA incrementado para bienes y servicios de lujo.

Mientras tanto, piden mejorar la lucha contra el fraude fiscal, que quieren garantizar con 5.000 empleados públicos más dedicados a este fin en la Agencia Tritbutaria. Otra de sus propuetsas es exigir a las entidades financieras información sobre las empresas y particulares que tengan cuentas e intereses económicos en un paraíso fiscal.

PLAN DE RESCATE PARA PARADOS DE LARGA DURACIÓN

También propugnan un plan de rescate para parados de larga duración, jóvenes entre 25 y 35 años y mayores de 50 años y establecer bonificaciones para el mantenimiento del empleo y la igualdad de oportunidades, especialmente para los trabajadores de 55 años o más. Asimismo, quieren que se impidan los expedientes de regulación de empleo en empresas con beneficios y citan el caso de Coca Cola, pidiendo que se solicite a la dirección de la empresa que suspenda el ERE.

Por lo que se refiere al sector financiero, defienden la puesta en marcha de una ley de segunda oportunidad ante las deudas hipotecarias, que permita, en el caso de una insolvencia sobrevenida y no dolosa, acceder a un proceso concursal de reestructuración y quitas de deuda, para evitar la pérdida de la vivienda.

El Grupo Socialista ha presentado una propuesta dedicada exclusivamente a las "políticas contra la pobreza y la exclusión social, en la que piden un plan contra la pobreza infantil, con un capítulo dedicado a la alimentación de los niños.

En este marco, instan a crear un Fondo de Emergencia con mil millones de euros y un Plan contra la pobreza energética que cree una tarifa social asequible para la población vulnerable en cada uno de los suministros energéticos de ámbito doméstico y que se financie a través de los Presupuestos Generales del Estado.

El PSOE ve de dudosa constitucionalidad la ley de Seguridad Privada.

El PSOE ha expresado hoy sus dudas sobre la constitucionalidad de la futura Ley de Seguridad Privada, ya en trámite en el Senado, cuya ponencia ha incorporado 9 enmiendas de CiU y todas las del PP, entre ellas una para que calles comerciales peatonales no puedan ser vigiladas por empresas privadas.

En declaraciones a Efe, el portavoz de Interior del PSOE en el Senado, Enrique Cascallana, ha acusado a los "populares" de introducir modificaciones al proyecto inicial que todavía abundan más en la "deriva hacia la privatización" de la seguridad que pretende el Gobierno.

Cascallana ha ironizado sobre la unidad de CiU y PP a la hora de favorecer a las empresas del sector de la seguridad, una cuestión en la que "no hay divisiones" entre ambas fuerzas políticas, como sí las hay en cuestiones de soberanía.

Frente a lo que establece la Constitución, que otorga a las fuerzas de seguridad del Estado las competencias en seguridad, el proyecto del Gobierno señala que se atenderá a coste y al presupuesto para decidir quién se hace cargo, ha indicado Cascallana.

"No va a haber acuerdo sobre el fondo de la ley", ha enfatizado el senador socialista, quien, no obstante, ha precisado que hasta el día 5 de marzo, cuando se reunirá la Comisión de Interior, hay tiempo para acordar algunas enmiendas.

El PP ha retocado algunos de los artículos más polémicos del proyecto de ley y que suscitaron las críticas de la oposición y de los sindicatos policiales, entre otros colectivos.

Si prosperan sus enmiendas -el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara alta- los vigilantes podrán detener a delincuentes y ponerlos a disposición de las fuerzas de seguridad, pero solo cuando sean sorprendidos en flagrante delito "en relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección".

En la redacción que aprobó el Congreso, el artículo correspondiente otorgaba a los vigilantes la potestad de perseguir a delincuentes "sorprendido en flagrante delito aun cuando no guarden relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección".

En cualquier caso, el PP mantiene que en virtud del artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal los vigilantes, como cualquier otro ciudadano, pueden detener a un delincuente cuando intente cometer una infracción penal o la esté perpetrando.

Los vigilantes podrán anotar los datos personales de esos detenidos pero, a diferencia del anterior texto, no podrán hacer averiguaciones sobre esos datos ni comprobarlos.

En la nueva redacción al artículo 41, el más polémico, el PP concreta los supuestos en los que los vigilantes pueden prestar sus funciones fuera de los espacios habituales y cuando sea autorizado por los órganos competentes.

De esta forma, la enmienda a ese precepto suprime el apartado que posibilitaba a las empresas privadas a vigilar "zonas comerciales peatonales" y concreta que esa actividad podrá realizarse en "parques o complejos comerciales y de ocio que se encuentren delimitados".

Asimismo deja claro que las empresas que vigilen polígonos industriales y urbanizaciones delimitados podrán hacerlo también en sus vías o espacios de uso común siempre que no tengan la calificación de vía pública.

La Guardia Civil registra la sede de Eulen-Melilla en la continuación de la Operación Ópera

La Guardia Civil se encuentra en estos momentos llevando a cabo varios registros en dependencias municipales, como la Consejería de Bienestar Social o la Viceconsejería de Festejos, además de en la sede de la empresa Eulen.

Se trata de la continuación de la Operación Ópera que comenzó en septiembre de 2013 y que en su primera fase se saldó con varios miembros del Gobierno y de la administración local detenidos e imputados por presuntos fraudes en la adjudicación de contratos menores.

Las dependencias que están siendo registradas permanecen cerradas al públicos y el Gobierno local ha cancelado todos las actividades previstas para esta mañana.
 

Día de la mujer trabajadora, 8 de Marzo.

 
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Rebelión en Ugt por el acuerdo en el Sima.

                                      
                                     Ugt Sevilla                                           Ugt Galícia




Primer "descuelgue" tras el acuerdo en el Sima

El pasado  21 de febrero de 2014, se firmo un acuerdo en el Sima refrendado por las patronales del sector (Aproser, Fes y Uas) y dos sindicatos (Ugt y Uso), no suscribiendo el acuerdo los otros dos sindicatos presentes en la mesa (CC.OO. y Cig).

Los puntos básicos del acuerdo eran:
  • Aplicar durante el año 2014 las tablas salariales del 2013. 
  • Las patronales instaran a sus asociados a cerrar y paralizar todos los procesos (eres, convenios de empresa o inaplicación de convenio) firmados, en curso o que estén por iniciarse. 
  • Instar a las empresas que han suscrito convenios su retorno al convenio colectivo estatal durante la vigencia de éste. 
  • Apercibir a aquellas empresas con convenios de empresa o “descuelgues” por debajo de lo acordado.
El mismo día que se firmaba el acuerdo la empresa Alerta y Control decide seguir adelante con su intención de seguir con el periodo de consultas, que recordemos le faculta la legislación vigente.

Se ve que las patronales y los sindicatos firmantes del acuerdo no han "instado" o "apercibido" lo suficiente a esta empresa y a las que, ojala me equivoque, llegaran después.

Detenido por amenazar a un vigilante de seguridad con el que tenía un juicio pendiente en Castellon.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un ciudadano rumano de 31 años de edad, como presunto autor de un delito de obstrucción a la justicia, tras amenazar al vigilante con el que tenía el juicio al día siguiente.

El 13 de febrero, se recibió una llamada a la sala operativa del 091 en la que comunicaban un posible hurto, por parte de una pareja.

A la llegada de los agentes, comprobaron que habían intentado sustraer ropa de la tienda, realizando un juicio inmediato de faltas, por el que fueron citados a comparecer en el juzgado, siendo el testigo, el vigilante de seguridad que les sorprendió.

Posteriormente, justo el día antes del juicio, al parecer, uno de los denunciados se encontró con el vigilante de seguridad, aprovechando la ocasión para amenazarle con frases como “te voy a reventar, ya te cogeré fuera del juicio, como declares en mi contra te vas a cagar”.

Ante estos hechos, se iniciaron las gestiones para localizar a este hombre que fue finalmente detenido como presunto autor de un delito de obstrucción a la justicia.

El detenido cuenta con antecedentes policiales y ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

Aumentan las movilizaciones de los Vigilantes de Seguridad.

Los vigilantes de seguridad de Madrid están llamados por CCOO a una concentración el próximo día 27 de febrero, en Atocha, en horario de 18:00h a 19:00, en defensa de su actual Convenio Colectivo.

Las empresas que anunciaron no poder asumir lo que pactaron en convenio colectivo, no hace apenas un año, amenazaron con aplicar la reforma laboral si los trabajadores no se rebajaban el sueldo. Y Así fue, las empresas anunciaron, descuelgues, EREs, despidos, convenios de empresa.

La solución requerida por la parte empresarial, rebaja salarial de un 1.8%, fue asumida el pasado día 21 de febrero en un acuerdo en el SIMA por los sindicatos UGT y USO. El acuerdo es rechazado por CCOO al considerarlo como insuficiente, por no recoger las expectativas y necesidades mínimas que los trabajadores y trabajadoras del sector tienen y reclaman.

El acuerdo insta a las empresas poner fin a cualquier modalidad de descuelgue, ERE, convenio de empresa que se esté produciendo o se haya producido. Aunque la mayoría de empresas del sector han anunciado la cancelación de los expedientes, algunas como la empresa Alerta y Control ha declarado su intención de seguir adelante con un descuelgue salarial. Ante esto CCOO ha convocado una concentración para el próximo día 6 de marzo a las 10:30h frente a los juzgados de Plaza Castilla, uno de los principales clientes de Alerta y Control. Obviamente no hay ninguna garantía de que las patronales del sector hagan cumplir a sus empresas tal requerimiento.

También los vigilantes de seguridad del aeropuerto, pertenecientes a la empresa Eulen, han convocado paros parciales (de 06:00h a 08:00h y de 14:00h a 16:00h) para el próximo día 28 de febrero y que se prolongaran de forma indefinida todos los lunes y viernes. Ante la imposición de manera unilateral de modificación de las actuales condiciones de trabajo. La empresa que también amenazo con despidos, para amedrentar a los trabajadores, persigue rentabilizar un contrato para que el concurso 500.000 de euros más bajo que sus competidoras.

Un vigilante de La Juaida (Almeria) resulta herido grave tras intentar parar a los ladrones

  • «Traté de frenar su huida, pero me atropellaron con la furgoneta»
«He hecho lo que tenía que hacer». Esta es la valiente, consecuente y animosa frase expresada por José L., un vigilante de seguridad del polígono industrial de La Juaida (Viator), que se jugó la vida para intentar que un puñado de ladrones se salieran con la suya. Las marcas que tiene en el cuerpo dan buena fe de ello. Una pierna vendada y profundas contusiones en todo el cuerpo, principalmente a la altura de la cadera. «Tardaré un tiempo en incorporarme a mi puesto», reconoce el vigilante, que se las tuvo que ver con los ladrones que robaron en la madrugada del pasado jueves una excavadora de unas 20 toneladas, capaz de levantar con su pala unos 1.000 kilos de peso, y derribaron la puerta de una distribuidora de tabaco situada en la calle Sierra de Cabo de Gata del citado polígono. 

José L. fue el primero en llegar al lugar de los hechos. «Escuché la alarma y supuse que provenía de la empresa Logista -distribuidora de tabaco-, ya que semanas antes habían robado por medio de un butrón en su fachada principal», destaca el vigilante de seguridad, quien accedió rápidamente a su vehículo y puso dirección a la nave. Su sorpresa fue mayúscula cuando alcanzó la puerta principal de esta empresa. «Observé que una gran excavadora había quedado empotrada en el interior de la nave tras llevarse por delante la puerta del edificio». Asimismo, el trabajador del polígono se percató de la presencia de varios individuos que, encapuchados y «muy sincronizados», estaban introduciendo cajas de tabaco en una furgoneta. Al parecer, junto a la excavadora y dicho vehículo, un todo terreno de alta gama escoltaba el acceso de la entrada.

Ante aquella estampa, el vigilante tomó la decisión de «cruzar» su vehículo en la salida con «la intención taponar el acceso provocado por la excavadora y así evitar que escaparan». Sin embargo, dos de los ladrones decidieron salir en su búsqueda. «No sabía si portaban pistolas. Así que tomé la decisión de salir del coche y plantarles cara», recuerda José L.

Fue en ese momento cuando los cacos retrocedieron y se subieron a los vehículos. «El todo terreno me esquivó, pero la furgoneta me atropelló y destrozó mi vehículo», atiende el vigilante tras señalar que la Guardia Civil llegó en «un intervalo inferior a los cinco minutos» desde que saltó la alarma. Pese a la rápida respuesta de la Benemérita, José L. quedó tendido en el suelo ante el plan de fuga ejecutado por los cacos.

José L. reconoce que los individuos, que lograron escapar del polígono con el botín aquella noche, «estaban muy organizados y tenían perfectamente estudiado el terreno». Es la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería quien investiga quiénes están detrás de los hechos de este robo doble: por una lado el de la excavadora y por otro el del tabaco arrebatado a la empresa.

«Deficiencias en seguridad»

El vigilante de seguridad herido señala que los asaltantes atravesaron con la excavadora el parque situado al oeste del polígono industrial. «Circulaban por la carretera Al-110 e invadieron los setos que separan la vía del polígono». El mismo lugar por donde habían accedido una semana antes los ladrones que practicaron un butrón en la empresa de distribución de tabaco. «Un hecho que pone de manifiesto las graves deficiencias de seguridad con las que cuenta el polígono», explicaron algunos trabajadores del recinto, quienes destacaron que hay «muchas vallas» del perímetro que están «destrozadas y no se reponen».

Los asaltantes de la nave de la empresa Logista tenían bien planeado el atraco. Durante la madrugada del jueves los ladrones -aún no se ha concretado el número de participantes- robaron una excavadora en un taller cercano al polígono industrial y reventaron la puerta de entrada de la nave, un espacio dotado con cámaras de seguridad, sensores de movimiento y alarmas colocadas estratégicamente.

Si bien, los ladrones, que tuvieron la suerte de no toparse con ninguna patrulla de la Guardia Civil durante el trayecto, dejaron huella antes de probar suerte con la nave industrial. Y es que unos metros más abajo, a la altura de un taller de coches, el paso de la máquina dañó todo el lateral de uno de los vehículos que se encontraban estacionados. La Guardia Civil trata ahora de dar con la banda organizada, que utilizó una furgoneta robada para huir de la escena del robo.

Madrid Semanal Digital nº , 25 de Febrero de 2014.

  
  
                                         




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En este caso, como veréis se trata de una interesante oferta tanto para la próxima Semana Santa, como para el Puente del 1º de Mayo.

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Sindicatos creen que la futura Ley de Seguridad Privada es "una barbaridad".

Representantes de siete organizaciones sindicales han denunciado hoy que la futura Ley de Seguridad Privada es "una barbaridad", porque dará jurisdicción a los agentes de ámbito privado a actuar en el espacio público, y sus consecuencias "serán peores" que las de la denominada "ley mordaza".

Responsables de los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, SUP, AUGC, UFP y UGC han ofrecido hoy una rueda de prensa para explicar las acciones previstas en la campaña de protesta contra la Ley de Seguridad Privada, entre las que se encuentra una manifestación el próximo 28 de febrero frente a la Delegación del Gobierno de Valencia.

El coordinador del sector de Administración Local de CCOO PV, Julio Conesa, ha asegurado que la futura Ley de Seguridad Privada es "una barbaridad", pues dará jurisdicción a los agentes del ámbito privado a actuar en el espacio público, tradicionalmente responsabilidad de las fuerzas del orden público.

La nueva ley, que está siendo discutida en el Senado, retira el principio de "subordinación" de la ley anterior del año 92 y lo cambia por el de "corresponsabilidad" que, según Conesa, "es muy preocupante, pues para garantizar los derechos de los ciudadanía en la Constitución serán tan responsables las fuerzas públicas como privadas".

Con su aprobación, prevista para finales de marzo, las empresas privadas, normalmente constreñidas al ámbito cerrado (edificios, polígonos industriales) podrán actuar en cualquier ámbito que "podrá ser delimitado de cualquier manera", ha criticado Conesa.

Ello supondrá que los agentes privados estarán autorizados, al igual que los policías locales, a perseguir las infracciones administrativas, actividad que representa el 80 % del trabajo de estos.

En el ámbito superior, La ley también prevé la autorización a las privadas del control de la normativa referida a los espectáculos de la Generalitat, interfiriendo así la acción de la policía autonómica, encargada de esta labor.

El responsable de CCOO, ha criticado además la "discreción" con la que se está llevando a cabo la aprobación de esta ley por parte del Gobierno, y considera que sus consecuencias serán "peores" que la llamada "ley mordaza", pues esta "caerá por su propio peso", ha dicho.

Roberto Villena, responsable del Sindicato Unificado de Policías (SUP), ha hecho hincapié sobre la diferencia formativa entre los agentes privados y los policías.

"Ser policía cuesta dos años de academia, pasar por un régimen de incompatibilidades y estudiar para las oposiciones, mientras que un vigilante jurado se examina con 30 horas de curso y una prueba de tiro", ha dicho.

Conesa ha alabado los buenos resultados de España en cuanto a las bajas tasas de criminalidad del país y cree "preocupante" que cada año se reduzca progresivamente el número de plazas públicas ofertadas para ser policía, menor que número de jubilaciones de agentes, 3.000 por año, reduciéndose así el grosor del cuerpo de seguridad pública.

En la rueda de prensa se ha criticado también la "actual deriva privatizadora que se produce a todos los niveles" y se ha recordado la reciente compra del 3 % de las acciones de la empresa española Prosegur por el magnate Bill Gates, dato que Conesa ve muy significativo, pues "se invierte porque se sabe que habrá negocio".

Comunicado de CC.OO. referente al acuerdo en el Sima.

Comunicado de la Secretaria de Acción Sindical de la Federación Estatal de Servicios Privados de CC.OO. referente al sector de seguridad privada y en lo concreto al acuerdo establecido en reunión en el SIMA entre la patronal APROSER y la parte sindical UGT y USO.

                                                 
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Segurpri Monografico nº 25 (Revista de seguridad privada de la UCSP de DGP).







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CC.OO. no desconvoca las movilizaciones y reitera su llamamiento a todos los trabajadores

CCOO REITERA SU LLAMAMIENTO A TODOS LOS SINDICATOS Y TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA A PARTICIPAR EN LA CONCENTRACIÓN CONVOCADA PARA EL DÍA 27 DE FEBRERO EN ATOCHA.

Madrid a 24 de Febrero de 2014

La Federación de Servicios Privados de CCOO Madrid, llama a todos los sindicatos y trabajadores del sector de seguridad privada a participar en la concentración que se realizará el día 27 de febrero de 18:00 a 19:00 h., en la Glorieta de Carlos V (Atocha).

CCOO mantiene la concentración a pesar del reciente acuerdo, alcanzado en el SIMA, entre la patronal y otros sindicatos, consistente en la inaplicación de las tablas salariales pactadas para el 2014.

Desde CCOO no dejaremos de defender unas condiciones dignas de trabajo y el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios. Instamos a las empresas a cumplir el actual Convenio Colectivo Sectorial Estatal.

                      
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ACUDE

En defensa del Convenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada



El vigilante de seguridad implicado en una reyerta en Renfe-Madrid reconoce que disparó.

El vigilante de seguridad que el pasado sábado se vio envuelto en una reyerta en un tren de Cercanías en Leganés (Madrid) ha reconocido que efectuó un disparo en el transcurso de la misma que pudo ser el que alcanzó a un joven, según han informado a Efe fuentes de la investigación.

El vigilante Alin Nicu C., de nacionalidad rumana y 35 años, fue detenido el pasado sábado por la tarde después de un incidente ocurrido en un tren de la línea C5 en la estación Parque Polvoranca de Leganés.

Varios jóvenes entraron el vagón molestando a otros pasajeros y dos vigilantes les recriminaron su actitud, originándose un altercado en el transcurso del cual el revólver de los vigilantes se disparó y alcanzó a un joven de 18 años que resultó herido grave.

Inicialmente los implicados en la reyerta ofrecieron versiones diferentes de los hechos, ya que mientras el vigilante sostuvo que los chicos le quitaron el arma y dispararon, los jóvenes dijeron que fue el vigilante el que efectuó la detonación.

Finalmente, en su declaración en sede policial, el vigilante ha reconocido que efectuó al menos un disparo, por lo que la Policía le imputa un delito de lesiones graves, han informado a Efe fuentes de la investigación.

Se prevé que el arrestado pase a disposición judicial a lo largo de la mañana de hoy.

Los investigadores habían solicitado las cámaras del tren en las que ocurrió el suceso, por si hubiera imágenes de ese momento, pero se ha constatado que no las hay.

El joven herido, que recibió una herida penetrante de bala en su muslo izquierdo, con orificio de entrada y salida, evoluciona favorablemente en el hospital 12 de Ocubre y ya ha pasado a planta, según ha informado el centro médico.

Gaceta Sindical Especial 8 de Marzo Día Internacional de la Mujer

Con motivo de la celebración, el próximo 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, se ha editado un nuevo número de Gaceta Sindical, en el que CCOO renueva su compromiso con las políticas de igualdad y denuncia el fuerte retroceso legislativo e ideológico que se vive en nuestro país, contrario al avance social en igualdad, como consecuencia de las regresivas políticas del Gobierno del Partido Popular. 

Un 8 de marzo reivindicativo, que este año viene marcado por una fuerte movilización y contestación social contra la nueva ley del aborto (un ataque sin precedentes a la libertad y al derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad y su maternidad), y para exigir al Gobierno el avance de la igualdad efectiva, luchar contra la discriminación por razón de sexo, favorecer la creación de empleo digno, un modelo educativo igualitario y combatir la violencia contra las mujeres.

La Fiscalía del Tribunal Supremo recurre la absolución de los acusados de matar a un vigilante de seguridad en Marchena (Sevilla).

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha recurrido la sentencia de la Audiencia de Sevilla que absolvió a dos rumanos que presuntamente asesinaron al vigilante de una planta fotovoltaica de Marchena (Sevilla) para robar cobre.

Fuentes judiciales han informado a Efe de que la Fiscalía ha pedido que los procesados sean condenados a 38 años de cárcel cada uno y que el Supremo declare la validez de la prueba de ADN que encontró sus rasgos genéticos en un guante de trabajo abandonado por los ladrones y en el pantalón de la víctima.

El asesinato del vigilante José Antonio Jiménez Ceferino fue presuntamente realizado por cuatro ciudadanos rumanos, dos de ellos fugados de la justicia, en la madrugada del 25 de noviembre de 2009, después de que unas horas antes fuesen repelidos por el mismo vigilante cuando les sorprendió intentando robar cobre.

En diciembre pasado, la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla absolvió a Adi D. y Marius L.C. por nulidad de la prueba de ADN, que fue aportada a esta causa procedente de otros sumarios instruidos en Sevilla y Almendralejo (Badajoz).

Tal ilicitud, según la Audiencia sevillana, derivaría de la ausencia de consentimiento del interesado o autorización judicial, en el caso de Marius L., y de la omisión de la necesaria asistencia letrada y de intérprete en el caso del acusado Adi D.

La Fiscalía, sin embargo, entiende que en la época en que se tomaron las muestras de ADN ninguna jurisprudencia exigía la presencia de letrado y alega que el Tribunal Supremo ha tenido una doctrina variable sobre el asunto, ya que cuando la Audiencia absolvió a los rumanos se exigía un pleno consentimiento informado pero una sentencia posterior no ha hecho.

Además, durante las respectivas fases de investigación ninguna de las defensas argumentó la falta de consentimiento en la toma de muestras, según el recurso.