El dueño de Eulen recomienda "trabajar más y vivir peor" por la crisis.


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El presidente fundador del Grupo Eulen, David Álvarez, ha asegurado hoy que para salir de la crisis en España es imprescindible "sacrificarse, trabajar más y vivir peor". "Si no, no arreglamos" la crisis económica, ha advertido el veterano empresario.

También ha abogado por "ahorrar", una propuesta que va en contra de la receta de más consumo y menos ahorro que defiende Economía.

En opinión del empresario, el Gobierno debe decir la verdad de cómo estamos, porque estamos "arruinados" como país y hay que "ser consciente de los sacrificios necesarios para salir" de la crisis, añadió.

Si se "lucha" por "rehacer la economía" española, en un plazo de "seis o siete años" se podría conseguir "una España mejor", añadió en declaraciones a Efe en Valladolid, donde ha participado en la inauguración del Salón de la Alimentación.

El grupo Eulen, creado en 1962, está presente en doce países de Europa y América, con más de 82.000 empleados y unas ventas que en 2009 superaron los 1.300 millones de euros, en sectores como la limpieza, seguridad privada, sociosanitario, logístico, telemarketing, trabajo temporal, mantenimiento y medio ambiente.

Trabajadores y compañeros del vigilante agredido el pasado fin de semana en el metro de Bilbao solicitan la puesta en marcha de medidas que eviten situaciones de este tipo.

Hoy se han concentrado en la boca de metro de la estación de Las Viñas donde el pasado sábado se produjo la agresión a un vigilante que sufrió la amputación parcial de un dedo. No se trata, dicen, de un hecho puntual. Las agresiones e insultos han sufrido un rebrote en las últimas fechas.

Obligación de disponer de seguridad privada en la licitación del nuevo contrato de las líneas marítimas de interés público de Melilla con Málaga y Almeria.

El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes la licitación de un nuevo contrato para asegurar la conectividad marítima de Melilla con la Península, que cubrirá las dos líneas declaradas de interés público: Málaga-Melilla y Almería-Melilla y mejorar las condiciones del servicio ofrecido a los ciudadanos. 

El contrato autorizado recoge diversas modificaciones que mejoran el servicio actual. Así, se exigen barcos más modernos y de mayor velocidad, lo que asegurará mejores prestaciones y comodidades que los barcos actuales, así como tiempos de travesía menores. 

Junto a ello, habrá un refuerzo de buques de gran velocidad para los meses de verano, aumentando las frecuencias de viajes en los meses de mayor demanda. Además, se hace obligatorio disponer de servicios médicos y seguridad privada a bordo. 

El presupuesto del contrato es de 25 millones de euros para asegurar el servicio durante dos años. La licitación del contrato se publicará durante el mes de diciembre de 2014, con objeto de que el adjudicatario pueda iniciar la prestación del servicio en el primer trimestre de 2015.

Segur Ibérica se encargará de la vigilancia y seguridad de las sedes de Tesorería de la Seguridad Social (Jaén).

Segur Ibérica, el área de vigilancia y seguridad de Grupo Segur, ha sido adjudicatario del contrato de vigilancia y seguridad de las sedes, edificios y dependencias de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Jaén. 

Según ha concretado la empresa en una nota, la compañía se encargará de los servicios de vigilancia y seguridad general de cinco edificios, sus zonas de acceso y los bienes del mismo, así como la protección de la integridad física de las personas que se encuentran en sus dependencias. 

Los servicios de vigilancia y seguridad serán prestados por Segur Ibérica, el área de negocio del grupo encargado de ofrecer dichos servicios, el personal de seguridad necesario y la asesoría en sistemas y procedimientos de seguridad. Los profesionales de la compañía realizan en dichos centros rondas de vigilancia, control de accesos, atención e información, además del mantenimiento de sistemas y equipamiento de seguridad en cada sede. 

En concreto, Segur vigilará los centros de Fuente Buenora 7, Avenida de Madrid 70 y la Administración de Seguridad Social número uno de Jaén; la oficina integral de la Seguridad Social de Linares y la Administración de la Seguridad Social número tres de Úbeda. 

En palabras del consejero delegado de Grupo Segur, Ignacio Suárez, "Segur es la tercera empresa de seguridad privada más importante en España", un "posicionamiento de referencia" logrado gracias a su "cartera de servicios, trayectoria profesional y reconocido prestigio en el sector". 

Se trata de "valores sólidos que nos avalan a la hora de que las principales empresas e instituciones cuenten con nosotros como asesores estratégicos en seguridad", según ha resaltado Suárez, que ha destacado que "a lo largo de este año Segur Ibérica ha obtenido el servicio de vigilancia de edificios de la Administración General de la Comunidad de La Rioja, sus organismos públicos y restantes entes integrantes del sector público" de dicha región, así como recientemente Hacienda otorgó a Segur Ibérica "la seguridad y vigilancia de los edificios de la Agencia Tributaria en Galicia". 

Para "garantizar un servicio adecuado a las necesidades del cliente", la prestación de los servicios "será flexible, adaptándose a las peculiaridades de los distintos recintos institucionales". Además, el Grupo Segur "quiere lograr la excelencia del servicio y obtener la mayor satisfacción del cliente", por lo que ha puesto en marcha programas de formación específicos para los profesionales, como son los cursos de prevención y extinción de incendios con prácticas reales y la actuación y manejo de equipos desfibriladores.

Las mafias de 'plastiqueros' ilegales siguen impunes en Barajas y la seguridad privada de Eulen a retirado en los dos últimos días todos los carteles reivindicativos que los operarios habían instalado.



Ni la Policía Municipal ni la Delegación de Gobierno se hacen responsables de la impunidad con la que una banda de plastificadores ilegales de maletas está actuando en el aeropuerto de Barajas, tal y como denunció este periódico. El departamento que dirige Cristina Cifuentes se escuda en que la Policía Nacional se ocupa de las labores que tienen que ver con la seguridad ciudadana y las aduanas. Policía Municipal, por su parte, delega en la empresa de seguridad privada que controla las terminales, Eulen, la responsabilidad de que esta banda ilegal no campe a sus anchas.

La Policía Municipal podría actuar contra la mafia de los carritos en el exterior, pero no dentro de las terminales con los plastificadores. Mientras tanto, la dirección del aeropuerto ha impedido a los trabajadores afectados de Safebagcolocar carteles de protesta en las propias maquinas plastificadoras en las que desarrollan su trabajo, y fuentes de la empresa plastificadora aseguran que los integrantes de las bandas ilegales siguen 'trabajando' impunemente.

Agentes de seguridad de Eulen han retirado en los dos últimos días todos los carteles reivindicativos que los operarios habían instalado, hartos de la situación de vejaciones e intimidaciones que vienen sufriendo desde hace meses. “Nos llena de tristeza e indignación que los trabajadores con la plataforma sindical instalaran carteles informativos en las máquinas reclamando su derecho a trabajar en paz y sin palizas y la dirección del aeropuerto ordenara a una empresa de Seguridad Eulen que retirara las pancartas”, explica Mónica Sánchez, asesora de comunicación de la empresa. “Mientras tanto, alrededor de las máquinas de plastificado seguían negociando las mafias ilegales sin que nadie les reprimiera o tan siquiera les llamara la atención”, añade.

Safebag asegura que el Ayuntamiento de Madrid les ha comunicado por escrito la disponibilidad de la Policía Municipal a requerimiento de Aena y de la dirección del aeropuerto para acabar con todo este problema de mafias ilegales. Denuncian, por ello, que no entienden cómo todavía no ha habido ningún avance, y también que la dirección comercial de Aena se ha negado a renegociar las condiciones económicas en las que Safebag presta el servicio.

Por su parte, el diputado del PSOE Juan Luis Gordo ha registrado en el Congreso varias preguntas dirigidas al Gobierno para que detalle qué medidas tiene previsto adoptar para evitar las actividades ilegales de los plastificadores y para garantizar la seguridad de los trabajadores.


El T.S.J. de Cataluña acaba con la legitimidad de ser cambiado de servicio porque lo pide "el cliente".

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), de fecha 7 de julio de 2014, ha considerado que el cambio efectuado por una empresa de servicios, consistente en cambiar de centro de trabajo y de horario a una trabajadora, tras la queja de un cliente, no puede incardinarse en una causa técnica, organizativa o productiva del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

El TSJC considera que la decisión empresarial, de cambiar de centro de trabajo y horario de una trabajadora a raíz de una queja de un cliente, constituye una modificación sustancial de condiciones de trabajo injustificada, ya que, dicha queja no puede considerarse que afecta a los sistemas y métodos de trabajo del personal (causas organizativas), ni a los productos o servicios que la empresa quiere colocar en el mercado (causas productivas), ni está relacionada con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa.

Detenida por robar cosméticos por valor de más de 400 euros (Burgos)

  • La Policía detiene a una mujer que fue interceptada por los vigilantes de seguridad de un centro comercial tras sustraer productos cosméticos en un bolso anti alarmas
  • Una segunda mujer se consiguió dar a la fuga, pero ya ha sido identificada
Policías de la Comisaría de Burgos han detenido a la mujer X.P.N.M., de 42 años, residente en una localidad de la provincia, por un presunto delito de hurto en un centro comercial, donde fue retenida por los vigilantes de seguridad tras haber rebasado la línea de cajas sin abonar las compras que llevaba en el bolso.

Al sonar la alarma, salió corriendo, pero fue alcanzada en la calle, momento en el que arrojó debajo de un coche el bolso, que estaba especialmente preparado para evitar las alarmas. Al parecer, iba acompañada de otra mujer que logró darse a la fuga, pero que ha sido ya identificada. Dentro del bolso fueron encontrados efectos de cosmética, valorados en más de cuatrocientos euros.

Unos ladrones asaltan de madrugada la sede de Correos (Gijón) para robar sus cajas fuertes. La empresa pública había renunciado hace meses al servicio de vigilancia privada nocturna

Entraron de madrugada en la oficina principal de Correos de Gijón, extrajeron dos cajas fuertes de la pared y acabaron abandonando su botín por las dificultades para trasladarlas. El intento de robo está siendo investigado por la Policía, mientras la empresa pública estaba evaluando ayer los destrozos causados por los cacos.

La primera hipótesis es que el robo se produjo entre la una y las tres de la madrugada. Los ladrones forzaron una de las puertas laterales del edificio, la que está ubicada en la calle Fernández Vallín, frente a la entrada al Casino. En parte tuvieron el camino allanado por el hecho de que la empresa pública había renunciado hace meses al servicio de vigilancia privada nocturna, al haberse eliminado el turno de clasificación nocturna de correo. Los ladrones aprovecharon que el inmueble estaba vacío.

Tras verse dentro, los ladrones lograron extraer las dos cajas fuertes que había empotradas en la pared e intentaron llevárselas una por una. No pudieron. Una de ellas la abandonaron frente a la salida de un garaje en la calle Alesón, posiblemente al no poder subirla a un vehículo por su tamaño y peso (entre 150 y 200 kilos). Un usuario del garaje fue quien avisó a la Policía, a las cinco y media de la mañana, de que la caja de caudales bloqueaba la salida de su vehículo. La otra caja, que habían colocado en un carro para llevársela, ni siquiera llegaron a sacarla del edificio de Correos.

Los ladrones buscaban hacerse con el dinero procedente de giros postales, pagos por ventanilla y pagos a domicilio de paquetes enviados contra reembolso, pero no pudieron abrir las cajas de caudales.

El intento de robo fue detectado por un vigilante de seguridad cuando se incorporó a su turno de trabajo a las cinco de la madrugada. El vigilante privado avisó a la central de Correos en Madrid, que a su vez llamó a la Policía gijonea. Los agentes de la Comisaría local, de las brigadas de Policía Judicial y Científica, inspeccionaron el lugar durante varias horas para buscar rastros de los asaltantes. Las oficinas, que habitualmente abren al público a las ocho y media de la mañana, ayer no pudieron hacerlo por este motivo hasta las diez menos veinte.

Además de haber forzado la cerradura de la puerta de entrada de la calle Fernández Vallín, los ladrones también forzaron otras cerraduras interiores, entre ellas las de una estancia en la que se guardan los paquetes recibidos para su envío. Entre otros destrozos, los ladrones también dañaron varios cajones.

Portavoces de Correos afirmaban ayer que el edificio cuenta con sistemas de alarma, sin que se sepa por qué en este caso no pudieron avisar del asalto al inmueble. La Policía ha pedido colaboración ciudadana para tratar de atrapar a los ladrones. Por el peso y volumen de las cajas fuertes, considera que en el intento de robo han tenido que participar necesariamente varias personas.

Metro Bilbao denunciará al joven que agredió a un vigilante en Santurtzi.

La dirección de Metro Bilbao ha decidido denunciar por la vía penal al joven de 26 años que el pasado sábado agredió presuntamente a un vigilante en la estación de Santurtzi, después de que el trabajador le llamara la atención por estar bebiendo cerveza. Los hechos han generado una profunda conmoción en la plantilla. 

El comité de empresa ha convocado para mañana (10.00 horas, boca de salida de Las Viñas) una manifestación de repulsa. Los sindicatos han advertido de que familiares del atacante han acudido a la estación en varias ocasiones en actitud amenazante tras el incidente. 

Por su parte, fuentes cercanas a los vigilantes del suburbano han pedido más recursos humanos para poder hacer frente «con garantías y seguridad» a este tipo de situaciones.

Un celador del hospital de Cieza (Murcia) y un vigilante de seguridad detenidos por drogas.

La Guardia Civil de Cieza en colaboración con la Policía Local de esta misma localidad procedió en la noche del lunes a la detención de dos hombres, A. L. P y J. V. L., de 41 y 31 años y ambos vecinos de Moratalla, por un presunto delito de tráfico de drogas al serles incautados 2,5 kilos de hachís que transportaban en un vehículo, un Seat León de color blanco.

Los hechos se produjeron sobre las 20.30 horas, cuando, en un control rutinario que la Guardia Civil realizaba en las inmediaciones del Hospital de la Vega Lorenzo Guirao interceptó al citado vehículo y observó como el conductor mostraba cierto nerviosismo. Tras la inspección, los agentes pudieron comprobar que en el maletero del turismo se acumulaban hojas y plantas en dos grandes cajas que aparentaban ser hachís, por lo que la Benemérita solicitó ayuda a la Unidad Canina de la Policía Local de Cieza, cuyo perro policía certificó las sospechas.

Tras el hallazgo, la Guardia Civil procedió a la detención de los dos sospechosos y a su traslado al cuartel, donde pasaron la noche. Ya ayer mañana, los dos detenidos pasaron a disposición judicial en el juzgado de instrucción 2 de Cieza.

Se da la circunstancia de que mientras el primero de los detenidos es celador del Hospital de Cieza y el segundo trabaja como vigilante de seguridad en el 112.

UNI denuncia abusos de los derechos humanos por la empresa Prosegur ante los organizadores de los Juegos Olímpicos.

Representantes de UNI se reunieron con el Presidente del Comité Organizador para los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro (Río 2016), el señor Carlos Nuzman, para discutir los abusos de los derechos humanos de la empresa de seguridad privada Prosegur en la región.

Río 2016 está al punto de licitar para los contratos de seguridad privada en los Juegos Olímpicos en 2016. UNI sustenta que el movimiento olímpico debe avaluar las empresas que licitan para los contractos olímpicos en materia de los derechos humanos.

Prosegur tiene varias denuncias por su actuación en Brasil, Paraguay, Perú y Colombia. Actualmente en Colombia y Perú los dirigentes sindicales han sufrido amenazas en contra de su integridad física, una situación por la cual Prosegur niega responsabilidad pero no condena públicamente.

El Secretario-General del Sindicato de Trabajadores de Prosegur Perú sufrió una agresión física en frente su casa, después que Prosegur permitió la distribución de fotos de su domicilio dentro de las instalaciones de la empresa. En Colombia, sin pruebas, gerentes de Prosegur vincularon dirigentes sindicales con el “terrorismo” y permitieron la distribución en instalaciones de la empresa de panfletos anónimos con falsas acusaciones de fraude en contra los dirigentes sindicales. Posteriormente, los dirigentes sindicales sufrieron hechos de intimidación en contra su integridad física.

Río 2016 tiene un guía de subministro para empresas que liciten por contratos para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. UNI está pidiendo que Río 2016 aplique lo planteado en la guía y toma en cuenta los derechos humanos durante el proceso de licitaciones.

Prosegur es la compañía de seguridad privada más grande en Brasil con más de 50.000 empleados. Sin embargo, durante la reciente Copa de Mundo de FIFA, Prosegur no fue elegido responsable por ninguno de los 12 estadios sedes del evento.

Los representantes sindicales que se reunieron con el señor Carlos Nuzman fueron Jose Antonio Martins Fernandes del Sindicato de los Profesionales de Educación Física de São Paulo y miembro de la Confederación Brasileña de Atletismo, Marcos Afonso de Oliveira de la central sindical UGT, Claudio José de Oliveira, Adriano Linhares da Silva de la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Vigilancia Brasil, y Benjamín Parton Director de UNI Américas.

Convenio de empresa en Ariete Seguridad.

La empresa Ariete Seguridad tiene la intención de negociar un convenio de empresa para sus trabajadores de la Comunidad de Madrid.

Ha convocado la mesa negociadora y a presentado un borrador de convenio. 

  
           Acta 1                                  Acta 2                                Convenio


Concentración en Alerta y Control en Madrid.

Se convoca una concentración el próximo día 1 de diciembre a las 09:00 en la calle Goya nº14 de Madrid
  • "POR EL CONFLICTO INTERPUESTO POR EL COMITÉ DE EMPRESA CONTRA EL DESCUELGUE DEL CONVENIO DE ALERTA Y CONTROL"

Apuñalan a un vigilante de seguridad durante un robo a una empresa de muebles (Illescas-Toledo).

La Guardia Civil busca a los autores de un robo frustrado a una empresa de muebles en Illescas. Estos vieron frustrado su asalto al ser sorprendidos por dos vigilantes de seguridad, de los que uno resultó apuñalado durante la refriega.

Según informan fuentes del Instituto Armado, el suceso tuvo lugar en la noche del pasado lunes día 24, cuando varias personas entraron en una nave de mobiliario situada en el kilómetro 35 de la carretera nacional N-401, cerca de un paso a nivel. Su intención era la de sustraer objetos de valor en el inmueble, pero fueron encontrados por dos guardas que lo vigilaban.

Lo normal es que los ladrones se hubieran limitado a huir del lugar, pero antes iniciaron una reyerta con los vigilantes. En el transcurso de la misma, uno de los guardas recibió una herida de arma blanca en el abdomen.

Pronóstico leve.

El servicio regional de emergencias 1-1-2 recibió un aviso del incidente sobre las once y media de la noche, despachándose al lugar a medios sanitarios y agentes de la Benemérita. Una UVI prestó los primeros auxilios al vigilante, que luego fue trasladado al Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Su pronóstico es leve.

Los implicados en estos hechos consiguieron escapar. Por el momento, no se ha producido el arresto de alguno de ellos.

Juicio por una patada que costó un testículo a un vigilante de seguridad (Zaragoza).

El hospital Royo Villanova de Zaragoza fue escenario en noviembre del 2011 de una pelea entre dos de sus trabajadores, un guardia de seguridad y un empleado de mantenimiento, que aparentemente terminó sin más incidencias que unas contusiones y unos mordiscos para cada uno, el despido del primero y una falta disciplinaria para el segundo. Sin embargo, la patada en el escroto que recibió el vigilante evolucionó mal y acabó por provocar que le extirpasen un testículo. Y ahora el agresor, Rafael L. L., se enfrenta a una pena de tres años de prisión y una indemnización de 165.000 euros, que podría pagar el Salud como responsable civil subsidiario.

El empleado, principalmente fontanero, aseguró ayer ante los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza que él no empezó la pelea. Según su versión, el guardia de seguridad le martirizaba a diario diciéndole "hippy, córtate el pelo" y recitando "el perro de San Roque no tiene rabo", ante su problema de dicción, que le impide pronunciar las erres.

En este clima, una tarde de domingo, mientras trabajaba, apareció el vigilante y le encargó "de malas maneras" unas tareas. Le dijo que esperase, y al rato le llamó su supervisor, para pedirle que hablase con el guarda e hiciesen las paces. Pero la conversación acabó llegando a las manos, ya fuera del centro médico. "Él pesaba el doble que yo --aseguró el acusado--, y echó mano a la defensa, nos agredimos. Me hizo el abrazo del oso, y para zafarme, le di una patada", explicó.

La versión de la víctima fue bien distinta. Según él, no tenían ningún trato con su agresor, más allá del profesional, y aquella tarde fue el acusado el que le respondió de malas formas cuando le pidió que arreglase unas luces y una cisterna. También le atribuyó el haber comenzado la agresión. "Me llamó 'cerdo, gordo', me dio una patada y ya me quedé bloqueado y me llovieron golpes", afirmó.

Los forenses y dos psiquiatras acreditaron que, por la pérdida del testículo, al parecer agravada por su despido, sufre estrés postraumático que apenas le permite salir de los alrededores de su casa. La Fiscalía y las acusaciones --de la víctima y de la mutua que pagó sus gastos médicos-- piden un mínimo de tres años de prisión. Y él, 165.000 euros. El Salud, responsable civil subsidiario, negó cualquier responsabilidad derivada de la agresión.

Modificación del Convenio Colectivo a requerimiento del Ministerio de Empleo.

En el día de hoy, 25 de Noviembre de 2014, se ha reunido la parte empresarial y la social para redactar el acta de subsanación del articulado del Convenio Colectivo dando respuesta a los requerimientos del Ministerio de Empleo.

                                 
                                Acta subsanación                Articulos modificados

Madrid Semanal Digital nº 367, 26 de Noviembre de 2014.


En este número 367, las noticias más destacadas son "La vida de las mujeres vale muy poco en la Comunidad de Madrid"; "Coca-Cola deberá readmitir a los trabajadores y trabajadoras despedidos de Fuenlabrada" y el editorial: "Violencia de género, ni casual ni inocente":


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Los contratos públicos de la empresa de seguridad (Segur Ibérica) que presidió Morenés crecen un 79%

  • El ministro de Defensa presidió en 2011 Grupo Segur: en los tres años siguientes sus empresas se llevaron 34 contratos, frente a 19 en el trienio anterior. 
  • Segur Ibérica, del Grupo Segur, con litigios en los tribunales, se ha llevado recientemente parte del contrato para la vigilancia exterior de las prisiones. 
  • Desde que Morenés es ministro su exempresa ha ganado contratos para vigilar sedes de Hacienda, Seguridad Social, Defensa, RTVE o museos como el Prado. 
  • Securitas, de capital sueco, se lleva el 54% de los contratos; y Seguriber, la empresa del Madrid Arena, ha firmado 1.452 contratos.
La empresa de seguridad Segur Control, del Grupo Segur, es la quinta compañía del sector que más veces ha sido contratada por el Estado, según reza una reciente respuesta parlamentaria que analiza las 50 empresas de seguridad que más adjudicaciones han recibido de la Administración central. En concreto, Segur Control ha ganado 5.091 adjudicaciones. El actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, presidió el Grupo Segur, la matriz de Segur Control, desde el 20 de octubre de 2011 hasta que fue nombrado ministro un par de meses después. "Creo que he sido el presidente más breve de esa empresa", explicó Morenés en el Congreso para defender su nombramiento como ministro independiente de las influencias de los lobbies empresariales. Otro ex alto cargo del PP, la exministra Anna Birulés, fue consejera de la sociedad. 

En los tres años siguientes a que Morenés dejará la empresa y asumiera el cargo de ministro (2012, 2013 y lo que llevamos de 2014), las empresas del grupo han ganado 34 contratos públicos por valor de 24,4 millones, un 79% más de adjudicaciones si comparamos este trienio con los tres años anteriores a que Morenés llegara a la presidencia de este grupo: 19 contratos en 2009, 2010 y 2011 por valor de 17,6 millones de euros. El volumen de dinero, por tanto, ha aumentado un 38,6% entre los dos periodos. Son datos analizados en el perfil Contratación del Estado. Entre esos 34 contratos hay tres adjudicados por el ministerio de Defensa, todos para la vigilancia de la fábrica de armas de Oviedo. En los 19 contratos del periodo 2009-2011, cuatro fueron adjudicados por Defensa. 

El Grupo Segur está especializado en prestar vigilancia de edificios. La Administración estatal le ha contratado en estos últimos tres años para vigilar sedes de Hacienda, de la Seguridad Social, de Defensa, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Energía, sedes de RTVE, bibliotecas y museos como el Prado o el Reina Sofía. Desde el 1 de octubre es una de las diez empresas encargadas de la vigilancia exterior de las prisiones. Sus vigilantes están en las cárceles encuadradas en lote 4: Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra. Se lleva 7,3 millones de euros por un año de servicio junto a la empresa Coviar. 

Muchos de los contratos de seguridad se tramitan por la fórmula de "procedimiento negociado sin publicidad". En estos procedimientos no se realiza concurso abierto, sino que es el licitador (en este caso, el Gobierno) quien invita a una serie de empresas a presentarse y quien elige la compañía que presente la oferta más ventajosa. Para la vigilancia de prisiones, se dividió el territorio español en cuatro lotes y se adjudicó uno de ellos a Segur Ibérica. Años antes, en 2009, la empresa también se llevó el contrato para defender a los atuneros españoles que faenan en el Índico de los ataques de los piratas

Sospechas en la 'operación Púnica' 

En total, el Estado ha licitado 238.521 contratos con 50 empresas de seguridad, aunque la respuesta no especifica el volumen de contratación. La respuesta solo facilita los contratos adjudicados por el Estado, no por las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. A pesar de su importante volumen de contratación, las empresas del Grupo Segur han tenido y tienen importantes problemas con la justicia. 

Cinco exdirectivos de Segur Ibérica están imputados en el juzgado número 19 de Barcelona por los delitos de estafa y falsedad documental. En 2009 y 2010 Segur Ibérica obtuvo un importante contrato con Adif, la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias. La Asociación para la Defensa del Patrimonio Común y Lucha contra la Corrupción (Aspacom) denunció a Segur Ibérica por contratar a vigilantes que no tenían la titulación adecuada y por facturar horas de vigilancia que no se había realizado. El fraude en esos dos años alcanzó los 451.000 euros. Otro juzgado, el 21 de Barcelona, también investiga a Segur Ibérica por falsificar cuadrantes de servicio para colocar a vigilantes ficticios y facturar horas no trabajadas en la Biblioteca de Cataluña, ente de la Generalitat catalana que también le adjudicó otro contrato. Un directivo de Segur Ibérica ya ha declarado que disfrazaron a jardineros como vigilantes de seguridad. 

En el marco de la Operación Púnica, la Fiscalía Anticorrupción está revisando las adjudicaciones que hizo el exconsejero Francisco Granados a Segur Ibérica, que tuvo entre sus empleados a un familiar de Esperanza Aguirre, su prima Marta Gil de Biedma. En marzo de 2008, Granados, imputado en el caso, adjudicó los contratos de vigilancia y seguridad de las sedes de Presidencia y Vicepresidencia, y las consejerías de Presidencia e Interior a esta empresa porm 2,6 millones de euros 

La compañía con más contratos, en manos suecas 

Securitas Direct España es la firma con más contratos, concretamente 130.282, el 54% del total. Los empresarios suecos Gustaf Douglas y Melker Slöring controlan el 42% de las acciones de Securitas AB, la matriz de Securitas. Securitas Seguridad España, otra firma del Grupo Securitas, ocupa el puesto 15 en la lista con 2.165 contratos públicos. El segundo lugar en el ranking lo ocupa la empresa Prosegur España, con 22.725 adjudicaciones. Prosegur, está presidida por la empresaria argentina Helena Revoredo Delvecchio, viuda del fundador de la compañía y que tiene más del 50% de las acciones. En febrero de este año, Bill Gates compró el 3% de Prosegur. Revoredo acaba de ser nombrada consejera independiente de la eléctrica Endesa. 

Prosegur también ha tenido relaciones contractuales con exdirigentes del PP. El exministro de Fomento Rafael Arias Salgado, que ocupó la cartera de Trabajo en la legislatura 1996-2000, había presidido años antes Prosegur. José María Mayor Oreja, hermano del exministro del PP Jaime Mayor Oreja, fue apoderado de Protección y Custodia S.A. que, tras la absorción por Protecsa, se convirtió en Prosegur. La compañía, la primera del sector en España, y a pesar de los miles de contratos públicos que recibe, iba a aplicar este año un ERE que iba a afectar a 1.000 trabajadores, que finalmente no se produjo. Prosegur facturó el año pasado 3.695 millones de euros y cuenta en España con unos 27.000 empleados. 

Otra empresa del sector es Seguriber, presidida por Mónica de Oriol, famosa por ser la compañía que tenía adjudicada la seguridad del pabellón Madrid Arena en la noche de Halloween de 2012, cuando se produjo una avalancha en la que murieron cinco chicas. Seguriber ha sido contratada 1.452 veces por la Administración General del Estado, ocupando el puesto 18 en la lista. De Oriol es además presidenta del Círculo de Empresarios y una mujer polémica tras sus últimas declaraciones, en las que abogaba por sueldo inferiores al mínimo para trabajadores sin formación, y prefería contratar mujeres con más de 45 o menos de 25 para evitar embarazos. Seguriber fue una de las seis empresas invitadas por Interior para participar en el proyecto piloto de seguridad privada en el exterior de las cárceles, por el que cobró 879.000 euros. Pero pasado ese año, Seguriber se ha quedado fuera del contrato definitivo, que entró en vigor el 1 de octubre. Interior si ha renovado en los últimos años los contratos a Seguriber para dar protección a personas amenazadas por ETA en el País Vasco y Navarra. Entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de enero de 2014, Interior ha pagado a esta empresa 63 millones de euros por este servicio. 

Una empresa canaria con muchos litigios 

En el listado de empresas más contratadas se ha colado Seguridad Integral Canaria, con 762 adjudicaciones. La compañía es propiedad de Miguel Ángel Ramírez, un conocido empresario canario (presidente del equipo la U.D. Las Palmas) que fue condenado en 2011 a tres años de cárcel por construirse ilegalmente un chalé en una zona protegida de la isla de Gran Canaria. Ese mismo año había donado legalmente al PP unos 50.000 euros. Fue indultado en octubre de 2013. En febrero de 2014, la Fiscalía se querelló contra él por defraudar 2,3millones de euros a la Seguridad Social tras camuflar con dietas el pago de horas extraordinarias. 

A pesar de esta imputación, ha seguido ganando contratos del Estado, uno de ellos de Patrimonio Nacional por valor de 11 millones de euros. También la seguridad de los tres ministerios que tienen su sede en el complejo de Nuevos Ministerios de Madrid: 2,8 millones al año. En septiembre de este año se formalizó el contrato para que la empresa canaria prestara vigilancia a varios edificios militares del ministerio de Defensa por unos 16 millones de euros al año. La seguridad de parte de la red de Metro de Madrid también está en manos de esta empresa. En Metro de Madrid intentó hacer un ERE, pero finalmente no prosperó. 

"Seguridad Integral Canaria es la empresa canaria que seguramente más litigios laborales tiene actualmente en los tribunales", señalan fuentes de Intersindical Canaria. La compañía se descolgó del convenio del sector, "lo que supone que paga unos 300 euros mensuales menos a cada trabajador". El tema está en el Supremo. También el convenio que Miguel Ángel Ramírez quiso aplicar en su empresa, rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y que el empresario ha llevado también al Alto Tribunal. "La empresa se lleva el 80% de las contratas públicas relativas en seguridad que hay en las islas. Sus vigilantes están en el Palacio del TSJ de Canarias, curiosamente el órgano que rechazo su abusivo convenio", explican desde el sindicato canario. 

Relaciones con el PP 

Eulen es otra de las empresas beneficiadas. De los 82.000 empleados que suma la multinacional, casi 7.000 se dedican a la seguridad privada. El empresario leonés David Álvarez y sus siete hijos se reparten la compañía y se disputan su control, y el de otras posesiones como las bodegas Vega Sicilia. En su plantilla está Micaela Nuñez Feijoo, hermana del presidente gallego del PP. El Ejecutivo gallego ha hecho varias adjudicaciones a Eulen, unos contratos que levantaron polvareda. En lo referente al Estado, 703 contratos. Solo en 2014, el ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente le adjudicó la vigilancia de las presas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por 650.076 euros. Y el ministerio del Interior le pagará 5,2 millones de euros por el mantenimiento de la frontera de Melilla. El ex ministro de Interior del PP Jaime Mayor Oreja también trabajó en Eulen. Tuvieron que ser tres instancias judiciales, un juzgado de Primera Instancia de Vitoria, la Audiencia Provincial de Álava y el Tribunal Supremo (ver sentencia) quienes demostraran en dar por probada la participación de Jaime Mayor Oreja en la compañía. 

 La patronal del sector, Aproser, que aglutina doce compañías que representan cerca del 70% del volumen de negocio en España, asegura que el sector cuenta con 88.250 vigilantes de seguridad en activo, de los más de 200.000 habilitados por el Ministerio del Interior. Todos trabajan en unas 1.500 empresas. Los últimos datos (de 2012) revelan que las empresas facturaron 2.994 millones de euros. Aproser asegura que solo el 22% de sus contratos proceden del sector público. Según el último convenio laboral, firmado en octubre de este año, un vigilante de seguridad cobra 1.091 euros. Si es de transporte, sube a 1.400 euros. Y un escolta, 1.210 euros mensuales, sin contar antigüedad y nocturnidad.

La LFP reúne a los directores de seguridad de los clubes profesionales.

La sede de La Liga acogió un encuentro en el marco del Seminario Nacional de Seguridad e Integridad que se inaugura oficialmente mañana en el Complejo Policial de Canillas.

Los directores de seguridad de la Liga BBVA y de la Liga Adelante se reunieron en la tarde de hoy en la sede de la Liga de Fútbol Profesional, en el marco del Seminario Nacional de Seguridad e Integridad que se inaugura oficialmente mañana en el Complejo Policial de Canillas.

El director de Integridad de la LFP, Manuel Quintanar, moderó este encuentro que sirvió para compartir experiencias y preocupaciones comunes. "Los directores de seguridad juegan un papel muy destacado en la labor de cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también en la coordinación de la seguridad privada que vela por el cumplimiento de las medidas de seguridad en los estadios, condiciones de acceso, permanencia, comunicación, localización e identificación de infractores", apuntó Quintanar.

En esta reunión sectorial se fijaron una serie de objetivos previos al Seminario, además de exponer los asuntos en los que son necesarios el trabajo y la coordinación con la Asociación de Federaciones Españolas de Peñas de Fútbol (AFEPE) y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP).

La Liga, como organizadora de las competiciones BBVA y Adelante, tiene la obligación y la responsabilidad, en materia de seguridad y prevención, de luchar contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el fútbol profesional.

Sancionan a un vigilante de seguridad por llevar la placa identificativa debajo del jersey.


                         
                               Sanción                                   Sanción (1)


Un vigilante de seguridad herido por arma blanca en Toledo.

Un hombre de 33 años ha resultado herido por arma blanca en la localidad toledana de Illescas y ha sido trasladado al hospital Virgen de la Salud de la capital, según ha informado la agencia Efe.

Según informa a Efe el servicio de emergencias 112, el suceso ocurrió anoche a las 23:31 horas, en la antigua carretera N-401 (Madrid-Toledo), a la altura del paso a nivel situado en las inmediaciones del casco urbano.

Se recibió el aviso de que un hombre estaba herido con arma blanca en el abdomen. Fue atendido en el lugar de los hechos por una UVI y posteriormente trasladado al hospital en una ambulancia de soporte vital.

Acudieron también efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Vigilante de seguridad

Según la agencia Europa Press, el herido es el guardia de seguridad de una nave de muebles de la localidad toledana de Illescas, quien ha resultado herido leve en el abdomen tras un intento de robo perpetrado por tres personas, según han informado a esta agencia tanto fuentes de la Delegación del Gobierno como de la Policía Local.

Concretamente, según indican desde la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha, este hombre resultó herido por un corte por arma blanca en la zona abdominal y a consecuencia del mismo ha recibido puntos de sutura.

Esta persona herida tiene 33 años de edad, según indicado desde el Servicio de Atención a Urgencias 112 de Castilla-La Mancha, donde añaden que el suceso tuvo lugar sobre las 23.31 horas de este lunes en una industrial situada en el kilómetro 35 de la N-401 de la localidad, junto al paso a nivel.






Elecciones Sindicales de Segur Ibérica S.A. y CIS Compañía Integral de Seguridad S.A. en La Rioja.

Construcción y Servicios de CCOO La Rioja obtiene buenos resultados en las elecciones sindicales realizadas recientemente en ambas empresas, teniendo en cuenta que hasta el momento carecía de representación.

En dichos procesos electorales han participado CCOO de Construcción y Servicios junto con otras 2 Centrales Sindicales, siendo el resultado el siguiente:

• Elecciones Sindicales en Segur Iberica S.A.

CCOO 2 delegados, repartiéndose los 3 restantes entre los otros sindicatos del sector.

• Elecciones Sindicales en CIS Compañía Integral de Seguridad S.A.

CCOO 2 delegados, repartiéndose los 3 restantes entre los otros sindicatos presentados al proceso.

Desde CCOO de Construcción y Servicios de La rioja han declarado "Han sido tres meses de intenso trabajo sindical, en el cual ha habido que sortear muchos inconvenientes, y, piedras que incomprensiblemente nos hemos ido encontrando en el camino".

"Ahora toca trabajar a nuestros delegados elegidos. Desde CCOO les damos la enhorabuena y animamos, para que con nuestra ayuda y su trabajo diario, redunde en el mantenimiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras". han añadido.

El negocio de los Vigilantes de Seguridad.

El próximo día 25, la Mesa de Negociación de Administración y Servicios, si llega a reunirse, certificará que el Servicio de Vigilancia de Seguridad Pública es un negocio. Hacía tiempo que no se veía tanto disparate junto, y quien firme lo que la administración está poniendo sobre la mesa, será corresponsable del destrozo que eso supondrá para un servicio que está abriendo contínuamente la puerta a la empresa privada.

La propia administración ya admite sin tapujos que es más barato (entre un 30 y un 40%) prestar un servicio de Vigilancia de Seguridad desde las bolsas de trabajo públicas que adjudicándoselas a una empresa privada, y ya hemos denunciando aquí por qué se opta por esta opción, al margen de favorecer el clientelismo y el enchufismo, pero lo que la administración quiere imponer, va mucho más allá de lo razonable.

Si se confirma que este año, las horas extraordinarias realizadas por este cuerpo rondará las 50.000 hora, y visto la nueva normativa, surgen demasiadas preguntas:

¿Por qué no se contratan a 30 personas con el alto paro que hay en la Región?, ¿Por qué si a partir de ahora serán agentes de la autoridad, no pasa como con los agentes forestales cuando pasaron a agentes medio ambientales y ascienden todos al grupo C1?, ¿Por qué cometen los trabajadores el error de querer seguir cobrando noches y guardas extras cuando estas no cotizarán para su jubilación?, ¿Por qué si a partir de ahora llevarán grilletes y porras, no se le recompensa en el complemente específico, y así no tendrían que estar echando horas y horas para llevarse un salario digno?, ¿Por qué a partir de ahora tienen nuevas responsabilidades sin el menor aumento retributivo?, ¿Por qué se sigue privatizando edificios de la administración regional a precios desorbitados y todos callan?, ¿Por qué se compra ahora la ropa o equipamiento troceado, saliendo muchísimo más caro que antes?, ¿Quién se está beneficiando de todo esto?, ¿Por qué nadie se queja de estar pagando millonadas por un servicio que sería más económico, más barato, y generaría empleo de calidad y no precario ni temporal?.

Es humano y hasta comprensible estar dispuesto a trabajar más y más horas extraordinarias si con eso consigo un salario mayor, pero se equivocan si piensan que eso es el futuro. Si a uno le exigen más responsabilidad, y más trabajo (cuidado con los grilletes, que lo único que puede pasar es que alguno termine denunciado en un juzgado), ¿por qué entonces optar por echar horas extras y no por exigir un salario acorde con la nueva responsabilidad?

Detrás de estas privatizaciones todos sabemos que se esconde, pero como esto no es sanidad, educación o dependencia, ocurre como con la limpieza de institutos, que a casi nadie importa, y eso es un tremendo error. Algunos están haciendo un gran negocio con los Vigilantes de Seguridad, y por ahí no deberíamos pasar, pero me temo que una vez más, terminará casi todo privatizado, y quedará un grupo marginal para los grandes edificios, y seguirán echando horas y noches para no pasar apuros a final de mes, pero cuando llegue su jubilación, o cuando se pongan enfermos, no habrá horas extraordinarias que cobrar, y la pensión, será entonces la que nos haga ver que un día nos equivocamos. Menos mal que alguien quiere ir a la Fiscalía, pero es lamentable que esto termine judicializándose, con lo fácil y lógico que sería sentarse a negociar el fondo y las formas. El Consejero tiene una oportunidad única de pegar un puñetazo encima de la Mesa y cumplir con su palabra, y seguramente es su última oportunidad para salvar el diálogo social.

PD: Este martes 25, se verán las caras la administración con las organizaciones sindicales, las que asistan, y que siguen pidiendo la dimisión tanto del Consejero de Economía y Hacienda como del Director General de la Función Pública, y mucha gente no entenderá como se puede uno sentar a negociar con quien pides reiteradamente su dimisión con argumentos sólidos e incluso con 'descalificaciones' . Pero esto estoy seguro que la coherencia y la responsabilidad saldrá ganadora en este pulso.

El personal de Urgencias del hospital de Lugo reclama un vigilante de seguridad permanente.

Trabajadores del servicio de Urgencias del HULA demandan la presencia permanente de un vigilante de seguridad en el servicio para hacer frente a situaciones como la vivida el pasado viernes, en que una médica fue víctima de un ataque por parte de un paciente. Por iniciativa de los facultativos están recogiendo firmas entre el personal para entregar en la dirección y que se tomen medidas de inmediato para evitar que se puedan reproducir casos como ese.

Además de la médica, parece ser que hay una segunda persona lesionada, el acompañante de una paciente de Urgencias, que fue la persona que redujo, junto con un celador, al joven, que horas antes se había enfrentado a dos agentes de la Policía Local de Vilalba. En el servicio no tenían constancia de este incidente anterior por lo que no adoptaron las medidas de prevención que están estipuladas para estos casos. Llegó en una ambulancia del 061, sin presencia policial alguna.

Fuentes consultadas señalaron que el vigilante de la empresa de seguridad que tiene adjudicado el servicio en el HULA se personó quince minutos después del incidente, cuando el agresor estaba ya reducido. Parece ser que no hay un guarda asignado en exclusiva a Urgencias y que entre cuatro se reparten las rondas por todo el recinto. La presencia permanente de uno es lo que ahora reclaman y es una de las viejas reivindicaciones, dado que se producen con cierta frecuencia incidentes violentos, aunque no de la misma gravedad que el ocurrido el viernes pasado.

El paciente entró en el box de urgencias y le exigió a la médica que lo atendía en ese momento la presencia de un neurólogo para que lo examinara. Como la profesional parece ser que le dijo que primeramente lo iba a valorar ella para valorar si necesitaba realmente ese especialista, se molestó y empezó a gritar y a proferir amenazas.

La médica que, al parecer, temió por su integridad en ese momento, salió del box. Los habitáculos ahora disponen de puertas, en lugar de las cortinas. Corrió detrás de ella, la agarró por el cuello y la golpeó contra una pared. Le rompió las gafas. El agresor fue posteriormente trasladado a la unidad de psiquiatría para su valoración.

El personal de Urgencias, que está firmando el escrito de forma mayoritaria, recibió la solidaridad de trabajadores de otros servicios del Hospital Universitario Lucus Augusti.

Detenida por robar en un comercio y golpear a una vigilante de seguridad (Gipuzkoa).

La Ertzaintza ha detenido en San Sebastián a una joven de 21 años acusada de robar varias prendas de vestir de un comercio y de golpear a la vigilante de seguridad que la interceptó, ha informado este domingo el Departamento vasco de Seguridad.

El suceso se produjo este sábado a las tres de la tarde en un establecimiento del barrio de Alza, cuyo personal retuvo a la presunta ladrona hasta la llegada de la Policía.

La joven, a la que se imputa un delito de robo con violencia, había salido de la tienda sin abonar el importe de la ropa y, al ser retenida por la vigilante, comenzó a propinarle golpes mientras trataba de huir.

Solo el 10% de los vigilantes que controlan las cárceles ejercieron antes como escoltas.

Era uno de los principales argumentos del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para justificar el plan de privatización de la seguridad de las prisiones. Los escoltas que habían prestado servicio de protección en el País Vasco cuando ETA estaba activa debían ser compensados con una salida digna. Una vez que la banda terrorista no mataba, su labor carecía de importancia y tenían que ser recolocados.

Los guardaespaldas que pertenecían a las fuerzas de seguridad (guardias civiles y policías) lo tenían fácil, pues podían pasar a otras unidades de sus respectivos cuerpos. De hecho, venía bien que fueran reubicados para reforzar plantillas que estaban experimentando una reducción de efectivos a causa de la disminución de la oferta de empleo público desde 2010 provocada por la crisis económica.

El problema eran, por lo tanto, los escoltas que no pertenecían a ningún cuerpo de seguridad público. El Gobierno anunció entonces el plan de apoyo a guardias civiles y policías en el control de las prisiones con el fin de recolocar en esos puestos a los guardaespaldas que se habían quedado en el paro tras el fin de ETA.

No lSin embargo, los datos no corroboran la justificación argumentada por el Ministerio del Interior para poner en marcha el programa que ha llevado a la incorporación de 800 vigilantes a las cárceles. Según ha podido saber El Confidencial, apenas el 10% de esos agentes de seguridad privada ejercían como escoltas cuando la banda terrorista estaba activa.

Por lo tanto, no llega a un centenar el número de guardaespaldas que han sido recolocados, una cifra insignificante en comparación con los más de 3.000 profesionales privados que operaban en el País Vasco y Navarra antes de la desaparición de ETA, según datos ofrecidos en su día por la Asociación Española de Escoltas.

El número contrasta con el declarado hace un mes por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien dijo que uno de cada tres escoltas que protegía a amenazados por ETA se había integrado en el plan del Ministerio del Interior para controlar los centros penitenciarios. Guardaespaldas y Gobierno habían firmado "un pacto de caballeros" para "no dejar tirados" a quienes habían hecho tanto por la democracia. 

El pasado octubre Interior activó la segunda fase del plan de privatización de la seguridad de los centros penitenciarios (denominado programa de apoyo por el Gobierno). Fue en ese mes cuando el proyecto piloto que se había probado durante el año anterior en 21 prisiones se extendió al resto de cárceles del territorio nacional.

Un total de 800 vigilantes se incorporaron a los centros penitenciariospara llevar a cabo labores de apoyo a guardias civiles, policías y funcionarios de prisiones. En muchos casos, los agentes privados han ido asumiendo más responsabilidades y actualmente incluso se encargan de determinadas zonas o tareas sin ser supervisados por los guardias civiles ni por los funcionarios de prisiones.

Revista "Cuadernos de seguridad" nº 294, Noviembre de 2014.





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Interior dice que la empresa de seguridad creada por varios condenados por actividades de los GAL no ha contratado con la Administración.

El Ministerio del Interior asegura que la empresa de seguridad privada 'Check and In', creada por varios condenados por actividades de los GAL, no ha sido contratada por la Administración, según la base de datos con la que cuenta el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz.

"Se indica que en lo que respecta a la empresa 'Check and In', no consta en la base de datos de Seguridad Privada que sea o haya sido autorizada para prestar actividades de seguridad privada", dice el Ministerio en una respuesta parlamentaria escrita a la que ha tenido acceso Europa Press. El diputado de Amaiur le preguntaba en concreto si la citada empresa había realizado en alguna ocasión trabajos para la Administración Pública.

El interés del diputado abertzale se debe a que 'Check and In' fue creada en Barcelona por Alfredo Gutiérrez Argüelles, condenado en 1990 por un delito de homicidio por lo que fue inhabilitado junto con su compañero y exjefe, Francisco Álvarez, quien también fuera condenado a nueve años por guerra sucia. La empresa sigue activa y hasta 2010, Argüelles era el administrador único.

Pasó a ser únicamente apoderado tras su reincorporación a la Policía. Iñarritu recuerda en su pregunta que esta persona fue juzgada y condenada por un intento de secuestro del GAL a un ciudadano y en la actualidad es inspector jefe en un departamento policial en Cataluña.

CONDENADOS EN REBELDÍA

Jesús Alfredo Gutiérrez Argüelles, el capitán de los GEOS Francisco José López Mallín y los sargentos Sebastián Soto y José María Rubio fueron condenados en rebeldía en 1986 por un tribunal francés por el intento de secuestro de José María Larratxea Goñi.

El inspector jefe Argüelles es citado por el expolicía y miembro del GAL José Amedo, en su último libro, donde afirma que "un grupo de GEOS a las órdenes de Gutiérrez Argüelles fracasó en el intento de secuestrar" a Larratxea "para canjearlo por el capitán Martín Barrios".

Amaiur cuestiona al Gobierno la razón por la cual un miembro del GAL, que ha sido condenado sigue formando parte del Cuerpo Nacional de Policía y pregunta si va a ser expulsado y cuándo. Se interesa además acerca de si alguno de los otros tres condenados por el caso Larretxea siguen siendo miembros de la Policía y si siguen en activo más miembros de las Fuerzas de Seguridad que hayan sido condenados en alguna ocasión por actividades de terrorismo de Estado.

El Gobierno no responde a la cuestión de si hay más condenados por actividades de los GAL que siguen en las fuerzas de Seguridad pero explican que Argüelles "fue condenado por delito de homicidio, concurriendo una eximente incompleta de obrar en cumplimiento de un deber, a la pena de 2 años de prisión y su accesoria de suspensión de cargo".

SANCIONADO CON DOS AÑOS

Por ese motivo, "se le incoó el Expediente Disciplinario, en el que se dictó resolución, por el Secretario de Estado, imponiendo una sanción de seis años de suspensión de funciones". "En el recurso contencioso interpuesto por el funcionario, la Audiencia Nacional anuló dicha sanción, sustituyéndola por la de tres años", precisa Interior.

El Ministerio añade que "el 30 de enero de 1998, y una vez cumplida la sanción, solicitó una excedencia por interés particular, reingresando en el Cuerpo Nacional de Policía el 14 de septiembre del 2010".

"Por otro lado --sentencia la respuesta-- cabe señalar que la pérdida de la condición de funcionario se produce por las siguientes causas: Imposición de una sanción de separación del servicio impuesta por Expediente Disciplinario y haber sido condenado a penas de inhabilitación absoluta o especial".