CCOO gana las Elecciones Sindicales en Segur Ibérica S.A. de Vizcaya.‏


CCOO gana las Elecciones Sindicales en Segur Ibérica S.A. de Bizkaia

En los comicios celebrados ayer en la delegación de Bizkaia de Segur Iberica S.A. la candidatura de CCOO de Construcción y Servicios de Euskadi ha conseguido mayoría en el Comité de Empresa, aupándose como primera fuerza sindical del centro.

En estas Elecciones Sindicales, donde el censo había bajado de 13 delegados hace 4 años a 9 en la actualidad, los resultados no pudieron ser mejores, incrementando CCOO 1 delegado más de los 4 que ya tenía en el anterior proceso de 2010, consiguiendo de esta manera la mayoría en el comité de empresa.

Así pues los resultados quedaron con 5 delegados para CCOO quedando los otros 4 delegados repartidos entre 3 formaciones sindicales estatales y locales, dándose la circunstancia que otras se quedaron sin candidatura y representación.

Para CCOO de Construcción y Servicios de Euskadi “Estos resultados han sido posibles a los 4 años de trabajo, tesón y preocupación de los delegados de CCOO en la defensa de los derechos laborales de sus compañeros y compañeras, los y las cuales, han respaldado en estas elecciones de forma mayoritaria su labor”.

“Este trabajo, han añadido desde la Federación Regional, se ha realizado tanto en el plano económico, con numerosas reclamaciones de cantidades, como en el de la vigilancia de sus condiciones laborales y de salud en el trabajo, con denuncias ante la Inspección de Trabajo, cuando así ha sido necesario, y cuyos miembros de Prevención y Riesgos Laborales, de CCOO, son un ejemplo a seguir”.

“Esta ardua labor, muchas veces no hemos sido capaces de transmitirla a nuestras compañeras y compañeros, ya que es difícil llegar a todos y todas, pero es algo que subsanaremos en el futuro, informando de las actuaciones, negociaciones y logros que conseguiremos en estos 4 años que tenemos por delante”.

“Por último, han concluido, agradecer desde CCOO, y de la sección sindical de Segur Ibérica S.A. de Bizkaia, el apoyo y el respaldo que nos han dado los y las compañeras, con nuestro compromisos de seguir trabajando para mejorar las condiciones de trabajo de todas y todos. Muchas Gracias y Feliz año nuevo”.

Los jueces eximen a los vigilantes de seguridad de identificarse con su DNI.

La Sala de lo Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional ha anulado, en una sentencia hecha pública hoy, la obligación de que los vigilantes de seguridad privada deban identificarse con su número de DNI, al entender que esta medida “pone en riesgo la salvaguarda de su privacidad, su intimidad e incluso su seguridad”. 

Los magistrados de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han anulado en consecuencia la orden emitida en febrero de 2011 por el Ministerio del Interior sobre personal de seguridad privada, que estableció que el número de tarjeta de identificación profesional debía coincidir con el número de DNI o con el Número de Identificación de Extranjero. 

Esta medida fue recurrida por Agrupación Sindical Profesional del Personal Habilitado de Seguridad Privada y por la Unión Nacional de Trabajadores al entender que vulneraba la legislación en materia de protección de datos y ponía en riesgo la privacidad y la seguridad de los vigilantes privados. Los recurrentes alegaban que la medida “conlleva el riesgo añadido para los trabajadores de seguridad privada al tener que exhibir su número de Documento Nacional de Identidad a delincuentes y personas de todo tipo”.

"SECRETO AMPARADO"

Los magistrados de la Audiencia Nacional, presididos por José Luis Gil Ibáñez, han dado ahora la razón a los recurrentes al concluir que la inclusión en la tarjeta de identificación de los vigilantes de seguridad privada del número del DNI y la obligación de mostrársela a terceros “supone una infracción del deber de secreto amparado por la legislación de protección de datos”.

“La manifestación de estos datos conjuntos, en cuanto permiten identificar al vigilante de seguridad, pone en riesgo la salvaguarda de su privacidad, su intimidad e incluso su seguridad”, indica la sentencia hecha pública hoy. 

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional concluyen que no “indispensable para dicha identificación que el número de su tarjeta sea el mismo número de su DNI, pudiendo ser otro distinto”. Anulan en consecuencia la orden dictada por el Ministerio del Interior.

Cinco mentiras del plan de 'privatización' de la seguridad de las prisiones en España.

El plan de apoyo a la seguridad de las prisiones –eufemismo utilizado por el Gobierno para denominar a la privatización de algunos servicios que rodean a los centros penitenciarios– comenzó el pasado octubre su segunda fase, que extendía a todas las instalaciones de España (67) el modelo iniciado en una veintena de cárceles un año y medio antes.

La iniciativa se produjo en paralelo a la tramitación de dos normas ligadas entre sí –las leyes de Seguridad Privada y Seguridad Ciudadana– y que, sobre todo la primera, servirían de marco para conceder amparo legal a nuevas prácticas de las empresas de seguridad, también en el ámbito de las instituciones penitenciarias. Los borradores iniciales de ambos preceptos provocaron reacciones críticas en la sociedad y en algunos órganos consultivos, lo que llevó a que el Gobierno se replanteara algunos puntos o negara tajantemente determinadas acusaciones.

Estas últimas, sin embargo, se ven de otra manera pasados los meses. Hoy, con un poco de perspectiva, se puede decir que aquellas cosas que el Ejecutivo tachó de infundios realmente eran ciertas y quien mentía, por lo tanto, no era quien lo denunciaba, aunque siempre con matices. A continuación enumeramos las cinco afirmaciones del Gobierno sobre el plan de apoyo a la seguridad de las prisiones que son puestas en duda.

1. Dará trabajo a los escoltas en paro

El proyecto del Gobierno fue ‘vendido’ ante la opinión pública –y también en privado– como una iniciativa que tenía el fin de recolocar a los miles de escoltas que se quedaron en paro en el País Vasco tras la desaparición de ETA. Así lo puso de manifiesto el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien hace apenas unas semanas incluso admitió que escasamente un tercio de los escoltas privados que antes protegían a potenciales objetivos de ETA se encuentra trabajando en los centros penitenciarios.

Muchos no quisieron, argumentó entonces el secretario de Estado para justificar el bajo porcentaje de recolocados, extremo que rechazan desde el colectivo. El presidente de la asociación Las Sombras Olvidadas de Euskadi,Manuel Jiménez, acusa al Gobierno de no cumplir su promesa y permitir que las empresas de seguridad fichen a vigilantes no escoltas porque les sale más rentable. De hecho, según datos a los que tuvo acceso El Confidencial,apenas el 10% de los empleados de las empresas de seguridad que operan en los centros penitenciarios había sido antes guardaespaldas.

Los exescoltas que conforman Las Sombras Olvidadas de Euskadi, de hecho, han montado la asociación con el fin de presionar a los poderes públicos para encontrar una salida digna a los miles de profesionales que se quedaron sin empleo, lo que demuestra a todas luces que estos guardaespaldas no están contentos con el desarrollo del plan previsto por Interior.

2. No sustituirá a los guardias civiles

Desde Instituciones Penitenciarias han negado que los vigilantes fueran a sustituir a funcionarios de la Guardia Civil, que es el cuerpo que controla la mayor parte de las prisiones de España (apenas media docena están supervisadas por la Policía Nacional). Sin embargo, en los consejos de la Guardia Civil –órgano de encuentro entre asociaciones y administración– ya hace meses que se habla del nuevo destino que ocuparán los agentes del instituto armado una vez que se pase a la tercera fase del plan, cosa que ocurrirá a finales de 2015.

En los citados consejos, de hecho, la Dirección General está comprometiéndose a no trasladar de ciudad a los agentes que abandonen su actual empleo en la prisión y a buscarles un puesto en la zona en la que actualmente residen –para evitar mudanzas familiares–, como demandan desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ya descartó unilateralmente que el Gobierno pudiera cumplir otra promesa hecha previamente, la de recolocar a los guardias en el traslado de reclusos, pues claramente no hay plazas para tantos en este destino.

El nuevo compromiso contraído por la Administración en los mencionados consejos internos –no enviar a los guardias fuera de su zona– conlleva, por lo tanto, el reconocimiento de que los funcionarios del instituto armado terminarán saliendo de los centros penitenciarios y que, por lo tanto, sus puestos serán ocupados por vigilantes. En definitiva, precisamente lo que el Ministerio negó inicialmente que ocurriría: que ningún guardia civil sería sustituido por vigilantes.

Por otro lado, los hechos también ponen en evidencia que los miembros de la Benemérita han dejado de hacer determinadas funciones que hoy son responsabilidad en la práctica de los vigilantes de seguridad. Según ha denunciado AUGC, ya incluso durante la primera fase del plan había agentes privados ejerciendo labores que antes desarrollaban funcionarios públicos, como el control de cámaras o el de accesos a determinados centros penitenciarios.

3. Ahorrará costes

El 28 de junio de 2012, el entonces secretario de Estado de Seguridad,Ignacio Ulloa –posteriormente sustituido por Francisco Martínez–, anunció durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados que era necesario incluir vigilantes privados en las prisiones ante la imposibilidad de asumir los costes derivados de cubrir las plazas con funcionarios. Esta iniciativa, calculó entonces el sindicato Acaip, conllevaría un ahorro de 48 millones de euros a las arcas del Estado.

Por el momento, el Gobierno no ha hecho público ningún documento que demuestre este ahorro, que por otro lado en ningún caso se daría si no se terminasen sustituyendo funcionarios por vigilantes, extremo que siempre ha negado el ministro del Interior. Más bien al contrario, lo único que ha habido hasta el momento ha sido un incremento del presupuesto. Tras el desembolso que supuso la primera fase del plan de apoyo a la seguridad en los centros penitenciarios, que afectó a 21 instalaciones, el Ejecutivo hizo una valoración positiva de sus resultados y dio paso a la segunda fase, que supuso un coste de más de 33 millones de euros, destinado íntegramente a las empresas de seguridad con el fin de sufragar el servicio que prestan.

4. No es una privatización encubierta

El Gobierno nunca ha querido llamar plan de privatización a la iniciativa que por el momento sólo ha servido para incluir vigilantes privados en los servicios de seguridad de las prisiones. Ha rechazado esa denominación y ha preferido hablar de plan de apoyo a las funciones de seguridad. Sin embargo, se trata claramente de un eufemismo. Por un lado, además de que en el Ministerio ya estudian dónde recolocar a los guardias, el proyecto se ha producido en paralelo a la reducción de la oferta pública de empleo, que incluye tanto a funcionarios de prisiones como a policías y miembros del instituto armado, los tres colectivos que controlan los centros penitenciarios. Es decir, la incorporación de los vigilantes viene a paliar esa disminución de empleados públicos que han dejado de entrar en las cárceles por la merma de convocatorias y la citada salida prevista de guardias civiles.

Por otro, el plan tiene visos de ir más allá y no quedarse en un simple parcheo circunstancial, para salir del paso. La previsible sustitución de guardias civiles por vigilantes, antes mencionada, ha venido acompañada de una reforma de la nueva Ley de Seguridad Privada, que habilita a las empresas para llevar a cabo nuevas tareas hasta ahora prohibidas. Esto amplía el abanico de actuación de la industria de la seguridad privada y no solo en los centros penitenciarios, ya que el precepto prevé más competencias.

Lo que ha ocurrido en las cárceles hasta el momento no ha sido una completa privatización de todos los servicios, sino un plan que paulatinamente ha ido concediendo a vigilantes privados tareas que antes hacían guardias civiles y policías, funcionarios que por el momento continúan en sus puestos a la espera de que comience la tercera fase del proyecto (previsiblemente a finales de 2005), que ya conllevará la salida de algunos miembros de las fuerzas de seguridad, según han admitido altos cargos de la Guardia Civil en los citados consejos de la corporación.

Esta tendencia a la privatización de parte del sector público de la seguridad, por lo tanto, contradice las afirmaciones de algunos miembros del Gobierno cuando negaban la mayor en público y admitían en privado algo que por otro lado es cierto y que dibuja una previsible tendencia: España cuenta con uno de los mayores ratios policía por habitante de la Unión Europea y uno de los menores vigilante privado por ciudadano. Queda, por tanto, margen de crecimiento en este campo hasta equipararse a otros países del continente.

5. Los vigilantes nunca actuarán solos ni estarán en contacto con los reclusos

Los informes oficiales previos al comienzo del plan de apoyo a la seguridad de las prisiones aclaraban que los vigilantes estarían en todo momento supervisados por un funcionario, extremo que no se cumplió ni incluso en la primera fase del proyecto, que afectó a 21 centros penitenciarios. Ya entonces hubo media docena de recintos en los que Interior permitió que los vigilantes controlaran algunos servicios en solitario.

En la segunda fase, que entró en vigor el pasado octubre y que supuso la extensión del plan a las 67 prisiones del país, este protagonismo de los vigilantes fue in crescendo. Una orden emitida por la Dirección General de la Guardia Civil, a la que ha tenido acceso El Confidencial, admite por un lado que estos profesionales privados son “un complemento adicional a la seguridad exterior de los centros y actuarán siempre bajo la dirección y supervisión de las fuerzas de seguridad”. Por otro, sin embargo, añadía una novedad hasta entonces nunca plasmada por escrito. Los vigilantes, reflejaba el escrito, podrán “realizar sus funciones en solitario una vez que haya transcurrido un periodo de tiempo prudencial y se encuentren capacitados para ello”, lo que contradice la afirmación de que éstos solo realizarán tareas de apoyo, dicha por el propio Fernández Díaz.

Era esta la primera vez que el Ministerio del Interior admitía negro sobre blanco que los vigilantes podrían desempeñar determinadas tareas sin la supervisión de un funcionario. El documento agregaba que los agentes privados podrán controlar los accesos de “personas, vehículos y mercancías”, vigilar las salas de cámaras e inspeccionar determinadas zonas desde “puestos fijos o garitas”.

La relación entre vigilantes y guardias civiles no ha sido mala durante este tiempo, según fuentes penitenciarias consultadas. Sin embargo, sí es cierto que los funcionarios del instituto armado se han quejado de la política de personal que tienen las empresas. En concreto, los guardias no ven bien que ellos tengan que formar a los vigilantes para desempeñar determinadas tareas y que luego las compañías les sustituyan a la primera de cambio por profesionales sin experiencia a los que habría que volver a formar. De hecho, en algunas plazas los guardias civiles se han negado a impartir más estos cursos.

Por otra parte, el Ministerio del Interior también rechazó que los agentes privados fueran a estar en contacto con los reclusos, cosa que ha sido desmentida por la realidad cotidiana. En centros penitenciarios como el de Pamplona, de hecho, los vigilantes trasladaban reos que disfrutaban del tercer grado, les acompañaban cuando les tocaba salir y también al regresar a sus módulos.

La patata caliente

El plan de apoyo a la seguridad en las prisiones concluirá su segunda fase en octubre de 2015, casi en plena campaña electoral de los trascendentes comicios generales. Teniendo en cuenta que la entrada en funcionamiento de las dos fases se ha producido con retraso en sendas ocasiones, es previsiblemente que ocurra lo mismo con el comienzo de la tercera etapa.

Sería extraño, por lo tanto, que el Gobierno reactivara en ese crucial momento un controvertido asunto como éste, ya que únicamente provocaría rechazo en la opinión pública. El nuevo Ejecutivo que ocupe La Moncloa tras la cita con las urnas recogerá por lo tanto esta patata caliente en un imprevisible contexto en el que seguro que sí seguirá habiendo una Ley de Seguridad Privada en vigor así como un compromiso adquirido con las empresas, que no dejarán de reivindicar qué hay de lo suyo.

El sindicato CSI-F dice la presencia de vigilantes de seguridad hara las carceles más inseguras.

El sindicato de prisiones CSI-F cree que la presencia de vigilantes privados en el exterior de las cárceles las hará más inseguras, no solo porque los reclusos verán a estos agentes con menos autoridad que a las fuerzas de seguridad, sino porque dispondrán de información sensible sobre las medidas de protección.

Así lo asegura, en declaraciones a Efe, el presidente del sector de prisiones de CSI-F, Adolfo Fernández, en referencia al proyecto de ley de Seguridad Privada, en trámite en el Senado, y que otorga nuevas competencias a los vigilantes, entre ellas el control del perímetro exterior de los centros penitenciarios.

Fernández vaticina que esta nueva atribución no será la única que se privatizará en las cárceles, ya que a su juicio, el proyecto deja la puerta abierta a que las empresas privadas se hagan cargo de servicios 

internos de las prisiones como las cámaras o los rastrillos, las zonas donde se extrema la seguridad antes de la salida del centro. E insiste en que la puesta en marcha del programa piloto de vigilancia privada en el exterior de las cárceles ya ha tenido consecuencias negativas y, de hecho, en una prisión con reclusos etarras han aparecido pintadas, lo que "nunca ha ocurrido cuando ha estado la Guardia Civil".

El CSI-F denuncia que hay un déficit de 7.000 funcionarios de prisiones

También advierte de que las empresas de seguridad no van a asignar a personal fijo para estas misiones, lo que hace temer que puedan utilizar la información privilegiada por su trabajo en las cárceles para ponerla a disposición de grupos delictivos. A ello se une, en opinión de Fernández, la menor autoridad que para un preso ejerce un vigilante respecto a un agente de las fuerzas de seguridad.

El responsable de CSI-F Prisiones lamenta el déficit de funcionarios, que cifra en 7.000 para un funcionamiento normalizado de los centros, y el envejecimiento de la plantilla, con una media de edad de entre 48 y 58 años. "Todos los años se están jubilando entre 350 y 400 funcionarios y no hay oferta pública de empleo. Están dejando morir el sistema", recalca Fernández antes de recordar que en la actualidad hay un funcionario por cada 140 internos, lo que no permite un servicio adecuado.

En total, las cárceles españolas cuentan con 23.000 funcionarios -9.000 de ellos con labores de vigilancia interior- y 2.000 trabajadores como personal laboral, según los datos facilitados por Fernández, que reprocha a los sucesivos gobiernos haber hecho "cárceles americanas inviables con los actuales medios", lo que hace imposible la reinserción que manda la Constitución.

"Todos los años se están jubilando entre 350 y 400 funcionarios y no hay oferta pública de empleo" De este modo, explica que existen cinco prisiones sin abrir en Valencia, Málaga, Soria, Ceuta y País Vasco, que otras tres se encuentran al 40 por ciento de funcionamiento como la de Las Palmas II, Murcia II y Mahón y que todavía no se han inaugurado las unidades para las reclusas madres de Tenerife y Alicante. Tampoco se ha abierto el Centro de Inserción Social (CIS) de Almería y otros de este tipo están infrautilizados, por lo que Fernández aboga por reconvertirlos en psiquiátricos penitenciarios, ya que solo hay dos en todo el territorio: los de Sevilla y Alicante.

Según Fernández, el 30 % de los internos padece patologías mentales graves que deben ser tratadas. "Dicen que los etarras están dispersos, pero los que están dispersos son los internos con problemas mentales", afirma el representante sindical. Niega que en las cárceles haya trato de favor con algunos reclusos, como el extesorero del PP Luis Bárcenas, porque los primeros interesados en que esto no ocurra son los propios funcionarios. Por eso, pide que se aclare cuanto antes la grabación de Bárcenas dentro de la cárcel madrileña de Soto del Real y confía en que el proceso no se dilate y quede olvido.

El Gobierno quiere cambiar policías por seguridad privada para controlar a hinchas del fútbol.

Las propuestas iniciales de la ley de Seguridad Privada y de la de Seguridad Ciudadana provocaron un conjunto de críticas sociales y de distintos organismos consultivos, que consideraron cuando menos controvertidos algunos de los puntos planteados por el Gobierno. De hecho, algunos de ellos fueron matizados y otros directamente eliminados de los primeros borradores tras las críticas.

Fue el caso de una de las medidas más polémicas planteadas por el Gobierno en la redacción de la Ley de Seguridad Ciudadana. Basándose en el espíritu de la Ley de Seguridad Privada, que ampliaba las funciones de las empresas, el Ejecutivo propuso inicialmente que la primera norma permitiera a los vigilantes “colaborar” con la Policía en el control de manifestaciones y reuniones. La idea, sin embargo, provocó quejas tanto en la sociedad como en dos de los órganos consultivos a los que el Ministerio del Interior les pidió opinión, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal.

Ambas entidades, aunque no dijeron que la iniciativa fuera inconstitucional, sí recordaron que el control de las protestas ciudadanas era competencia de las fuerzas de seguridad públicas: Policía Nacional, Guardia Civil o cuerpos autonómicos, según el caso. La advertencia fue tenida en cuenta por el Ministerio del Interior, que decidió echar marcha atrás en su propuesta y retirar la coletilla del artículo 23 del texto legal, que decía que “las empresas y el personal de seguridad privada están obligados a colaborar eficazmente” con la Policía en el control de masas.

Sin embargo, esa marcha atrás podría estar reconsiderándose de nuevo. Los técnicos del Ministerio del Interior elaboran actualmente el reglamento de la Ley de Seguridad Privada y, según ha sabido El Confidencial, pretenden introducir en él un concepto al que denominan “escolta grupal”. Con este término, el Gobierno tiene la intención de ampliar las competencias del profesional de la protección de personas, denominado comúnmente como guardaespaldas, con el fin de que no solo se le pueda asignar la seguridad de un ciudadano, sino de un grupo “homogéneo” de individuos.

En teoría, Interior pretende así dar cobertura legal a un escolta para que, por ejemplo, proteja a un grupo de música y no solo al cantante, como contempla la regulación actual, que hoy por hoy fuerza al conjunto a contratar un profesional por cada miembro de la banda. De este modo, un solo guardaespaldas estaría habilitado para mantener la seguridad de todo el grupo.

En la práctica, sin embargo, la ampliación de las competencias a esta figura posibilitaría otro tipo de aplicaciones, como la protección de un conjunto de hinchas de un equipo de fútbol, la repatriación de inmigrantes, el traslado de reclusos o el mencionado control de manifestaciones, siempre que estas últimas estuvieran compuestas por un grupo “homogéneo” de individuos. Así lo admiten las fuentes consultadas, que recuerdan que el Ministerio está trabajando estos días en el reglamento de la Ley de Seguridad Privada, que estará listo previsiblemente para el próximo mes de marzo o abril.

.Respecto a las manifestaciones, de hecho, el propio artículo 51 de la Ley de Seguridad Privada ya fue criticado por el PSOE, UPyD o la Izquierda Plural, que entendieron durante la tramitación parlamentaria de la norma que podría entenderse que este punto faculta a los vigilantes privados para intervenir en una concentración. No lo consideró así el Gobierno, que aprobó el proyecto haciendo uso de su mayoría absoluta -con el único apoyo de CiU- y que argumentó que no estaba "en el espíritu" del texto legal el controlar o reprimir manifestaciones, sino "garantizar al máximo el ejercicio pacífico" de este derecho cívico.

Hasta ahora, estas otras aplicaciones mencionadas, algunas de ellas admitidas por fuentes policiales como posibilidades que permitirá esta nueva reglamentación, eran función exclusiva de la Policía o de la Guardia Civil. Por ejemplo, el traslado de presos es algo que solo pueden hacer los miembros del instituto armado. Ahora, sin embargo, pasaría también a ser realizado por los agentes privados.

Tanto la Ley de Seguridad Privada como la de Seguridad Ciudadana han ampliado las competencias de los vigilantes y de las empresas que los contratan, aunque lo han hecho en términos generales y en ocasiones de forma ambigua. Los reglamentos de ambas normativas deberían concretar ahora todos los supuestos y resolver las dudas que dejaron abiertas las leyes.

UGT y USO se ausentan de las concentraciones realizadas con motivo de los despidos en Mevisa Seguridad en Baleares.‏

Nueva vuelta de tuerca a la situación de los/as 22 despedidos/as de MEVISA Seguridad: CCOO volvía a dar la campanada esta mañana en la Plaza de las banderas de Son Vida al protagonizar, junto a los propios/as afectados/as, una nueva concentración de protesta en medio del Torneo de Golf de Son Vida. 

Los grandes ausentes, nuevamente, los Sindicatos con representación mayoritaria en el Comité de empresa (USO y UGT).








                    
              Fuente: CC.OO.

Ataca al vigilante que le había echado de un cajero en Bilbao.

Un vigilante de seguridad fue atacado el 15 de diciembre a las dos de la madrugada por un indigente al que acababa de expulsar del cajero en el que dormía, en el barrio de Deusto. 

El trabajador notó que alguien le seguía cuando retornaba a su vehículo. Al girarse, se topó con un cuchillo. Con una mano, el individuo le agarró del cuello de la chaqueta mientras con la otra esgrímía el arma blanca, con la que hizo varios amagos de clavársela. Hubo un forcejeo y el vigilante logró liberarse, pero cayó por unas escaleras y se rompió varios dientes y sufrió diversas contusiones que obligaron a su traslado a un centro médico. 

El agresor huyó del lugar.

Contratar vigilantes " Piratas " conllevará multas de hasta 600.000 €.

La multa es triple. Destinada al empleado, a la empresa de seguridad y a la comunidad de propietarios. Contratar a ‘piratas’ para la seguridad de una propiedad tendrá fuertes consecuencias económicas: multas de hasta 600.000 euros que propondrá la Policía, según aseguran fuentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de este cuerpo consultadas por El Confidencial.

Estas sanciones llegan tras la entrada en vigor de la Ley 5/2014 de 4 de abril de Seguridad Privada. Aún falta por desarrollar el reglamento de esta nueva legislación. Las previsiones apuntan al verano de 2015. En la provincia de Málaga y en concreto en la Costa del Sol Occidental, sobre todo en Marbella y Estepona, donde se concentra una de las más selectas Millas de Oro de las urbanizaciones de lujo de España, es donde la Policía ha localizado más transgresiones a la ley. En seis meses ya contabiliza 26 propuestas de sanción. Nueve de ellas son graves y 17 son “muy graves”.

El artículo 61 de la ley especifica que las multas a las empresas oscilarán entre 30.001 y 600.000 euros, siempre que la infracción se realice “a sabiendas”. ¿Las consecuencias? La extinción de la autorización, o cierre de la empresao despacho en los casos de declaración responsable. Todo ello supondrá la prohibición de volver a obtenerla o presentarla por un plazo de entre uno y dos años, además de la cancelación de la inscripción en el registro correspondiente. También se contempla la prohibición para ocupar cargos de representación legal en empresas de seguridad privada por un plazo de entre uno y dos años.

Alerta de los administradores de fincas

Los problemas aparecen por la vía del desconocimiento. Las macrourbanizaciones suelen contar con un auxiliar en el control de acceso al recinto, pero las funciones de seguridad no las pueden asumir estos mismos empleados. Las funciones de vigilancia resultan competencia exclusiva de una empresa de seguridad homologada. “Muchas comunidades de propietarios quieren ahorrarse el dinero de un vigilante y contratan a un auxiliar de servicios, el fontanero o el jardinero. Eso es ilegal”, explica a este diario el presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, Fernando Pastor.

El intrusismo alcanza tal calibre que en una urbanización, relata Pastor, un hombre vestido con un mono azul y una lata de pintura en la mano fue sorprendido por un agente de la Policía que le preguntó cuál era su función. Argumentó que pertenecía al equipo de mantenimiento y que por las noches, para ganar un dinero extra, también vigilaba la propiedad. “El personal auxiliar y los conserjes no pueden realizar en ningún caso una fundación reservada a la seguridad privada, ni pueden pedir el DNI, usar armar o medios de defensa”, resaltan fuentes policiales.

“Basándose en la mala fe” o en la falta de conocimiento de los textos legales de seguridad, determinadas empresas ofrecen sus productos como auxiliares de seguridad. “Nosotros no vamos a la caza y captura. Siempre observamos antes de abrir el procedimiento. En muchas ocasiones son los gremios de vigilantes quienes para proteger su trabajo pueden iniciar una denuncia. Hay una clara competencia desleal”, subraya la Policía.

La ley potencia la figura del vigilante de seguridad y la seguridad privada en general. También matiza aquellas actividades que quedan al margen de la seguridad privada. Con la nueva normativa el vigilante puede también solicitar la entrada a un recinto, como por ejemplo, un campo de fútbol. Los conserjes de las comunidades no han pasado por pruebas habilitadas por el Ministerio del Interior como los profesionales de la seguridad, que además cuentan con una serie de condiciones físicas y psíquicas.

Esta normativa permite que los vigilantes privados actúen en más espacios y aumenten sus oportunidades de negocio. Actualmente hay 1.500 compañías de seguridad inscritas en el registro del Ministerio. Emplean a casi 90.000 personas, una plantilla superior a las que tienen la Policía Nacional y la Guardia Civil por separado. En 2012 facturaron más de 3.200 millones de euros.

CCOO convoca Huelga en Seguridad Integral Canaria de Las Palmas.

CCOO de Construcción y Servicios de Canarias, conjuntamente con otras centrales sindicales, convocan a la plantilla de Seguridad Integral Canaria en su sede de Las Palmas a secundar la Huelga prevista para los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2014 y 1, 5 y 6 de enero de 2015.

El motivo de la misma no es otro que la de obligar a esa Empresa a cumplir con el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad Privada, y que esta liquide las cantidades resultantes de las reclamaciones que los trabajadores y trabajadoras han dejado de percibir por diferencias económicas.

Cabe destacar la alta conflictividad existente entre Seguridad Integral y su plantilla en todo el territorio nacional, Metro de Madrid, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, centrándose mayoritariamente en la provincia de Las Palmas, si tenemos en cuenta el número de trabajadores allí destacados, por encima de los 1.500.

Desde CCOO de Construcción y Servicios de Canarias han declarado “No podemos eludir la ilegalidad, decretada por sentencia, del Convenio de Empresa, con menores retribuciones, que Integral Canaria aplica tras haber pactado con representantes no legitimados para ello y que no representan al colectivo, ahondando, aún más si cabe, el amplio malestar de este último, al ver mermados sus ingresos”.

Paralelamente a la convocatoria de Huelga, está prevista una manifestación, partir de las 10:00 horas del próximo día 09 de enero de 2015, que recorrerá las calles más importantes de la ciudad, culminando en la Concentración de sus participantes y lectura de un Manifiesto.

CCOO de Construcción y Servicios de Canarias hace un llamamiento masivo dirigido a todos los trabajadores y trabajadoras, invitándolos a secundar dicha huelga, y posterior manifestación, como forma de empujar a la Dirección de Seguridad Integral Canaria a satisfacer sus reivindicaciones.

Sentencia del Juzgado de lo Social Nº 7 de Las Palmas de Gran Canaria, de 24 de Noviembre de 2014, en reclamación de vacaciones contra Vigilancia Integrada, S.A.

El trabajador, adscrito al servicio Aeropuerto de Gran Canaria, había sido obligado por Vinsa al disfrute de vacaciones en el mes de Junio mediante comunicación de cuadrante el día 30 de Mayo de 2014.

La sentencia refleja claramente que la empresa incumplió el Art. 38 del Estatuto de los Trabajadores, ya que el período de vacaciones no se ha determinado mediante acuerdo entre empresa y trabajador y no se ha comunicado por parte de ésta con dos meses de antelación al inicio del disfrute, que establece la misma norma legal.

En consecuencia, la sentencia establece que la empresa Vinsa debe cargar con las consecuencias de sus actos contrarios a derecho sin que pueda alegar que el trabajador ya ha disfrutado las vacaciones, fijando la fecha de disfrute entre el 1 y el 31 de Diciembre de 2014, es decir, las vacaciones de Junio se las ha regalado Vinsa y disfrutará de dos meses en el año 2014.

Fuente: CC.OO. Vinsa Madrid

Notificación del Ministerio de Empleo sobre la publicación del Convenio Colectivo‏.

El Ministerio de Empleo ordena la inscripción del Convenio Colectivo del sector de seguridad privada para el año 2015 y dispone su publicación en el B.O.E.

Un grupo de "Pequeños Nicolás" irrumpen en el pleno de las Palmas de Gran Canaria protestando contra la empresa Seguridad Integral Canaria.

Un grupo de trabajadores del sector de Seguridad Privada han irrumpido hoy 23 de diciembre de 2014 en el pleno del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, portando máscaras con la cara del "pequeño Nicolas" y con camisetas alusivas a la situación de la empresa Seguridad Integral Canaria.

Entre otras cosas dijeron: "Dónde hay un corrupto, hay un corruptor. Tanto o más importante que el nombre del político corrupto, es conocer el de la empresa de seguridad corruptora"

En clara alusión a Miguel Ángel Ramírez, dueño de Seguridad Integral Canaria que tiene en su poder numerosas concesiones de servicios de seguridad y limpieza tanto en el ayuntamiento como en otras instituciones gobernadas por el Partido Popular.

Esta acción se desarrolla en el marco de la huelga de varios días que los trabajadores y trabajadoras de la empresa de Ramírez han convocado protestando contra los múltiples abusos laborales, el incumplimiento del convenio estatal del sector y ataques a la libertad sindical del conocido empresario que compatibiliza múltiples causas judiciales en su contra con millonarios contratos con las diferentes administraciones en Canarias y en el resto del Estado.

CC.OO. Impugna el Convenio de Seguridad Privada

Comisiones Obreras ha impugnado ante la Audiencia Nacional el Convenio Colectivo de Seguridad Privada - junto a otras dos organizaciones sociales- para buscar la aplicación de la nueva sentencia sobre cobro de pluses en periodo de vacaciones.

Como ya os hemos informado desde este blog la Audiencia Nacional ha fallado recientemente y en varias ocasiones favorable a las denuncias desde CC.OO. en SwissPort.

Ahora, desde nuestra organización se pretende que TODOS LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD DEL PAÍS cobren sus pluses en vacaciones SIN TENER QUE DENUNCIAR y como derecho reconocido.



La Plantilla de Falcon en Málaga se moviliza.

Dos centenares de trabajadoras y trabajadores, entre vigilantes de seguridad y auxiliares, de Falcon Contratas y Seguridad en Málaga han sido convocados a varios paros parciales a lo largo de estos días
La primera concentración, con gran éxito de asistentes, tanto de trabajadores y trabajadoras de Falcon, familiares y ciudadanos que se han adherido a al iniciativa, tuvo lugar, en el día de ayer, a las puertas de la Estación María Zambrano, lugar donde se concentran el mayor número de empleados y empleadas vinculados al servicio prestado a ADIF.


Los días previstos de movilizaciones son los siguientes:
• 23 de diciembre de 08:00 a 09:00 horas
• 24 de diciembre de 17:00 a 18:00 horas
• 26 de diciembre de 08:00 a 09:00 horas
• 30 de diciembre de 08:00 a 09:00 horas
• 31 de diciembre de 17:00 a 18:00 horas

Durante la concentración, los representantes de los trabajadores en Falcon de CCOO han declarado "En el día de hoy nos hemos concentrado, tras el SERCLA celebrado ayer, donde la empresa no aportó solución alguna a la situación de inseguridad e incertidumbre en la que se encuentran los trabajadores de FALCON en los distintos centros de trabajo, ADIF, TELEFÓNICA, SMASSA, EMASA, LIMASA y ENDESA".

Por su parte, desde CCOO de Construcción y Servicios de Málaga han declarado "Queremos hacer saber que con fecha previa a la adjudicación del servicio a esta empresa por parte de ADIF, el sindicato puso en conocimiento de esta última la situación con respecto a la sentencia en contra de FALCON por el descuelgue salarial que aplicó al conjunto de la plantilla, lo que ha provocado una deuda millonaria con los trabajadores.

"Las movilizaciones continuarán, han añadido, mientras tanto no se restituyan todos los derechos al conjunto de trabajadores, garantizando la estabilidad de los mismos".


ADIF retiene el dinero adeudado a Falcon a la espera de que justicia decidiera si puede dedicarlo a nóminas de empleados.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha procedido a retener el dinero que le adeuda a Falcon Contratas y Seguridad, empresa adjudicataria del servicio de vigilancia en algunas estaciones en la zona sur, principalmente en Andalucía y Castilla-La Mancha, a la espera de que la justicia, si los trabajadores acuden a ésta, pueda decidir que ese montante económico pueda destinarse al pago de las nóminas que la empresa de seguridad le debe a la plantilla.

De esta manera responde ADIF a la petición de los trabajadores para que el ente público rescindiera el contrato con la empresa adjudicataria del servicio de seguridad y ADIF se hiciera cargo de las deudas que tiene con la plantilla, que suman ya unos 5.000 euros por persona.

Según los representantes sindicales Falcon adeuda a los trabajadores la mensualidad de noviembre y media paga extra de verano, además de horas extraordinarias, y todo indica que tampoco les va a abonar la paga extra de Navidad, ni la del mes de diciembre, por lo que la plantilla ha decidido iniciar movilizaciones de protesta con paros parciales y una concentración este martes.

La empresa obtuvo la adjudicación del servicio de seguridad de ADIF en Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid el pasado julio e inició el trabajo en septiembre.

Para la plantilla, no se explica que en septiembre la empresa estuviera al día en los pagos a la Seguridad Social (SS), requisito indispensable para acceder al contrato, y solo dos meses después "admita tener una deuda de más de 12 millones de euros con la SS y Hacienda". Ante esta situación, la plantilla teme que Falcon pierda el contrato con ADIF y los más de 350 trabajadores afectados en Andalucía se queden sin cobrar.

En este contexto y según han explicado fuentes de ADIF a Europa Press, Falcon ha renunciado a continuar con el contrato de servicio porque "no podía continuar prestando esos servicios en las condiciones fijadas en el contrato". Como consecuencia de esa renuncia de Falcon, ADIF "se ve obligada" a rescindir el contrato.

Igualmente, las citadas fuentes del empresa pública ferroviaria han asegurado que han analizado la petición de los trabajadores de que ADIF "se hiciera cargo subsidiariamente de las nóminas que adeuda Falcon". No obstante, de momento ADIF ha decidido, "con el fin de evitar daños a los trabajadores", retener los pagos pendientes que le adeuda a la empresa de seguridad.

Las fuentes del ente ferroviario han precisado que retendrán los pagos adeudados a la espera de que la justicia "tome cartas" en el asunto y determine si se pudiera destinar ese dinero para hacer frente a las nóminas de los trabajadores. Todo ello, dependiendo de que la plantilla acuda a la jurisdicción social.

ADIF ha reconocido que la decisión de Falcon "de dejar de prestar los servicios" "perjudica a la propia ADIF y a los trabajadores". En este sentido, han vuelto a resaltar que esperan a que un juez competente decida sobre el asunto y poder usar ese dinero retenido para el pago de las nóminas retrasadas.

"Lo que hace falta es que los trabajadores vayan a la jurisdicción social y denuncien y que la justicia determine el pago de la nómina con el dinero retenido", ha reiterado.

ADIF, por último, ha indicado que ahora el ente ferroviario tendrá que proceder a adjudicar de nuevo el servicio acudiendo a las empresas que participaron en el concurso y quedaron por detrás de Falcon en la selección. "ADIF también es perjudicada y muchísimo en este asunto", ha concluido.

CCOO valora la decisión del Tribunal Supremo que mantiene las condiciones retributivas y de trabajo del convenio colectivo vencido.

El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que resolvió a favor de los sindicatos demandantes en relación al derecho de los trabajadores de la empresa Atención y Servicios S.L. (ATESE) a recuperar y mantener las condiciones retributivas y de trabajo establecidas en el convenio colectivo de empresa hasta que, de forma unilateral, la empresa decidió dejar de aplicarlas al considerar que ya no le era exigible por haber finalizado el plazo legal de ultraactividad desde que fue denunciado el convenio vigente.

El Alto Tribunal ha dejado claro que las condiciones del convenio vencido se mantienen para los trabajadores que lo venían percibiendo, y en tanto no se negocie otro convenio o la empresa abra un procedimiento de consultas para modificación de condiciones de trabajo en el caso de que se produzcan algunas de las causas contempladas en el art. 41 del ET.

Más allá de los efectos sobre los trabajadores de la empresa ATESE, esta sentencia es de gran trascendencia porque sienta jurisprudencia sobre uno de los elementos en litigio en relación a una de las modificaciones más trascendentales del Estatuto de los Trabajadores realizada con la reforma laboral de 2012.

CCOO, a expensas de analizar el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo cuando sea publicada, considera muy positiva la sentencia, que coincide con el criterio mantenido por las organizaciones frente a la reforma laboral y sus efectos.

CCOO, entonces y hoy, denunciamos el ataque que para la negociación colectiva suponían las previsiones contenidas en la reforma laboral, así como la indefensión que hasta ahora se cernía sobre los trabajadores y trabajadoras por la indefinición en que quedaban sus condiciones de trabajo en el caso de que decayera el convenio colectivo al quedar limitado a un año el periodo legal de ultraactividad de los convenios, en defecto de pacto en contrario, sabiendo que esta indefinición sería aprovechada por muchas empresas para devaluar las condiciones de trabajo de forma unilateral.

Esta es el primer pronunciamiento del Tribunal Supremo tras la reforma laboral en relación a la ultraactividad de los convenios, pero aún quedan otros aspectos muy relevantes por resolver para unificar la doctrina sobre los efectos del cambio legal del periodo de ultraactividad.

Informativo Digital Acción Sindical, nº 30‏, Diciembre 2014.

El número 30, publicado en Diciembre 2014 incluye:

Artículos:

1. El Diálogo Social da sus frutos      2Relevancia de los Acuerdos interprofesionales

3. Fraude en inaplicaciones de convenio    4. Presupuestos Generales del Estado, 2015

5. En defensa de lo Público     6. Economía sumergida 

7. Unión Europea y libertad de circulación    8. La participación de los trabajadores europeos 

9. Participación sindical en los acuerdos defensivos     10. Mediación y Arbitraje 

11. Comisiones Paritarias y solución de conflictos    12. La Estrategia Española de RSE 

13. Ley ordenadora de la Inspección de Trabajo    14. Convenio 189 OIT

15. Negociación colectiva en Euskadi     16. Estadísticas Negociación Colectiva





Convenio Fagus Seguridad S.L.

Resolución del Delegado Territorial de Trabajo, Empleo y Políticas Sociales, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del convenio colectivo de Fagus Seguridad, S.L.

Siendo el País Vasco la comunidad con mayor renta per capita por habitante y con un salario medio por trabajador muy superior a la de las vecinas Cantabria o La Rioja, es increible que se aprueben Convenios de Empresa como este que han pactado con los representantes de los trabajadores, un insulto al sector de la seguridad privada.

Entre otras barbaridades, se establece una jornada anual de 1870 horas, y el anexo salarial para el vigilante asciende a 970 euros.



Detenido el segundo atracador del furgón de Prosegur en Torrelavega (Cantabria).

La Policía francesa ha detenido al segundo atracador del furgón blindado de Mercadona, en el robo perpetrado el pasado 3 de noviembre a la empresa Prosegur que realizaba su servicio en un supermercado ubicado en el barrio de Los Ochos, Torrelavega.

Ahora, dos meses y medio después se da por cerrada la operación, que se salda con dos detenidos, los dos encapuchados que armados con escopetas recortadas se hicieran con el dinero de un furgón blindado de Prosegur cuando se disponía a recoger la valija con la recaudación de ese día.

La primera de las detenciones se produjo cinco días después del atraco, fue en la Penilla de Cayón. El presunto ladron había resultado herido en el tiroteo con la Policía cuando escapó con seis sacas de dinero.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han confirmado que hacía semanas que la Policía sospechaba que el ladrón huido podría estar en Francia, por lo que la colaboración con las autoridades galas ha sido fundamental para resolver el caso. Varios gerdarmes le dieron el alto cuando conducía un coche con matrícula francesa cerca de la frontera. La policia ya sospechaba que se habían repartido el dinero poco después del asalto y que cada uno había huido por su lado.

La primera información de la segunda detención la dió este viernes el propio delegado del Gobierno, Samuel Ruiz, en un acto en Torrelavega donde aprovechó para reconocer y celebrar el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Las investigaciones corren a cargo del Juzgado de Instrucción nº 3 de Torrelavega, que es el que estaba de guardia el día del atraco. Los agentes incautaron al primer detenido unos 400 gramos de marihuana, por lo que también se le atribuye un delito contra la salud pública. Ello se suma a las acusaciones de tenencia ilícita de armas y atentado, ya que en la huida casi atropella a uno de los agentes que participó en el operativo.

El segundo detenido deberá ser estraditado una vez se resuelvan causas que podría tener pendientes en el país galo.

Por lo que se refiere al segundo detenido, la jueza deberá solicitar su extradición a las autoridades francesas. Según parece, allí debe resolver también una acusación pendiente por robo con intimidación.

Sentencia de la Audiencia Nacional ante el conflicto de descuelgue del convenio estatal de la empresa Alerta y Control.

Comisiones Obreras. junto a otras organizaciones sociales y los vigilantes de seguridad que pertenecen a la empresa Alerta y Control, responsables de la seguridad de los juzgados de la región, han ganado el pulso a la empresa al determinar la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional que no ha lugar a la modificación de sus condiciones laborables.

Desde hace meses, este colectivo viene manteniendo diversos paros y concentraciones para protestar por el presunto incumplimiento del Convenio Colectivo Nacional de Empresas de Seguridad, un extremo que siempre ha negado la empresa.

Alerta y Control siempre ha defendido que cumple con todas las obligaciones en materia laboral con todos los trabajadores, asegurando que siempre ha tenido buena fe negociadora, tal y como indica el laudo arbitral.

Los vigilantes criticaban la rebaja salarial; ampliación de la jornada laboral a 166 horas; la supresión del día de asuntos propios y de un día de vacaciones; la supresión de las compensaciones económicas en supuestos de incapacidad laboral, entre otras medidas.

El Comité de Empresa sostenía que estos cambios han sido modificados de forma sustancial, tras la resolución de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, resolviendo el 3 de julio de 2014 en laudo arbitral.

El Tribunal Supremo mantiene la vigencia de las condiciones de los convenios aunque hayan caducado‏.

  • Aunque los pactos decaigan al año de expirar su vigencia por no haber acuerdo, los derechos colectivos laborales pactados pasan a ser individuales
El Tribunal Supremo ha dado un duro golpe a uno de los pilares de la Reforma Laboral: el fin de la prórroga indefinida y automática de los convenios. La Sala de lo Social del alto tribunal, por ocho votos frente a seis, ha fallado que los derechos recogidos en los convenios colectivos siguen vigentes a pesar de que hayan caducado y se haya agotado el año prórroga legal sin acuerdo, según ha podido saber este diario.

La reforma laboral de 2012 acabó con la ultraactividad, un concepto jurídico que dictaba que los convenios colectivos se prorrogaban automáticamente de forma indefinida hasta que empresarios y trabajadores hasta que no pactaban uno nuevo. La limitó a un año. Lo que hace el Supremo apoyándose en el caso de una empresa balear, es dictar que aunque los convenios decaigan al año de expirar su vigencia por no haber acuerdo, los derechos colectivos laborales pactados pasan a ser individuales, es decir, se integran en el contrato.

En realidad, los derechos que se mantienen vigentes son aquellos que figuran en los convenios, que se pueden integrar en los contratos (salario, jornada, código disciplinario), no otros como las comisiones que se crea amparo de los pactos colectivos.

El caso comenzó en una fecha simbólica: el 7 de julio de 2013. Ese día, de acuerdo a la reforma laboral, vencían los convenios de empresa no renovados desde un el mismo día del año anterior, justo cuando entró en vigor definitivamente la reforma laboral. Esa jornada sirvió de hito. En la nómina de julio, según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, confirmada por el Supremo, los empleados de ATESE percibieron el sueldo de acuerdo a dos fórmulas de cálculo. Hasta el día siete de acuerdo a su convenio, desde el 8 de julio, según lo que marca el Estatuto de los Trabajadores, ya que esta era la base legal prevista en caso de que no hubiera un convenio sectorial si el que decaía eran convenio de empresa.

La decisión de la empresa provocó la demanda de la Unión Sindical Obrera, USO, a la que se adhirieron posteriormente el resto de sindicatos con representación en la empresa: UGT, CC OO, CSI-F.

CCOO frena las malas prácticas de Sabico Servicios Auxiliares, PCI y el hospital de Txagorritxu‏.

La Federación Regional de Álava consigue que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Álava emita resolución favorable dictaminando que los auxiliares de servicios no puedan poner multas de tráfico a los vehículos estacionados dentro del hospital de Txagorritxu.

Tras denuncia efectuada en el mes de marzo de 2014 por parte del sindicato, y después de las correspondientes actuaciones realizadas, la Inspección de Trabajo ha levantado acta de infracción contra Sabico Servicios Auxiliares, la empresa PCI y el hospital de Txagorritxu por violar el derecho de intimidad y dignidad de los trabajadores y trabajadoras de este centro, obligándoles a realizar funciones que no son propias de los auxiliares a través de un acto personalísimo y que atenta a la debida dignidad del trabajador.

Tras conocer la resolución CCOO de Construcción y Servicios de Álava ha declarado su satisfacción por ésta y su intención de exigir a todas las partes de inmediato, que dichos trabajadores y no trabajadoras no vuelvan a realizar esas funciones.

Desconvocados los paros en Seguridad Integral Canaria en Madrid.

Se desconvocan los paros de los trabajadores de Seguridad Integral Canaria en Madrid tras el acuerdo alcanzado en el día de hoy en el Instituto Laboral.

Resumen:

  • La empresa aplicara el Convenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada.
  • Se contratara personal para el Departamento de RR.HH. y dar respuesta a todas las reclamaciones, asi como, estudiar la posibilidad de conciliar las judicializadas.
  • No realizar descuentos en nomina sin comunicar, antes, por escrito el motivo.
  • Transferir a los sindicatos las cuotas de afiliación.