Ombuds compra Castellana de Seguridad (Casesa): nace la segunda empresa del sector en España.

La firma de la adquisición, por un precio que no ha trascendido, se realizó la semana pasada, aunque los pasos para la integración comenzaron hace meses. Los trabajadores temen que las sinergias acarreen despidos.

Una gran operación empresarial en el sector de la seguridad se acaba de firmar en Madrid. Se trata de la fusión por absorción de Castellana de Seguridad (Casesa) por parte de Ombuds, que da lugar al nacimiento de un gigante sectorial que contará en un principio con más de 9.000 empleados y una facturación aproximada de 260 millones de euros, según las propias compañías. El nuevo gigante se convertirá en la segunda empresa del sector por volumen de negocio, tan sólo detrás de Securitas, según los datos que facilita eInforma, superando a la cotizada Prosegur.


La operación, largamente rumoreada, ha dado el salto definitivo tras la firma del acuerdo la pasada semana y ha sido confirmada a este diario desde distintas fuentes empresariaes y sindicales. Un portavoz oficial de Ombuds, sin embargo, negaba la mayor a Vozpópulieste mismo lunes. Después de reiteradas llamadas, el aludido ha preferido cortar la conversación por lo sano: "No te voy a decir nada, buenas tardes".

La fusión, con algunos flecos aún por concretar, se ha llevado con la máxima discreción por parte de la empresa compradora, Ombuds, que paradójicamente cuenta con un menor tamaño que Casesa tanto en facturación como en número de empleados (3.000 frente a más de 6.000). En 2011, el grupo Ombuds fue adquirido en un 75% por JZI Capital Partners a su entonces dueño, Rodrigo Cortina López, proveniente de una familia muy bien relacionada con el Partido Popular y sus servicios de seguridad. JZI es un grupo británico de capital riesgo que tiene como objetivo impulsar compañías de tamaño medio y que engloba empresas con una facturación conjunta de más de 1.000 millones anuales.

Tras adquirir Ombuds por un precio que no se hizo público, el inversor prometió convertirla en "uno de los principales operadores europeos de servicios de seguridad en un plazo de tiempo muy corto". En los últimos ejercicios, el grupo adquiriente ha ido haciendo realidad su promesa al colocar a Ombuds en la parte alta del ranking de las compañías más grandes del sector. La absorción de Casesa le permitirá escalar hasta el segundo puesto de dicho ránking. De acuerdo con las cifras de facturación referidas al ejercicio 2012, tras las tres primeras antes aludidas se situarían ahora Eulen, Segur Ibérica o Vinsa.

Compartiendo software

La operación viene rumoreándose desde hace meses, aunque fue a principios de septiembre cuando dio el salto definitivo. Ambas compañías han pasado a compartir ciertos softwares para acelerar su integración y los empleados comienzan a posicionarse. La inquietud es grande ante el temor de que una operación de tal magnitud traiga consigo recortes de plantilla, especialmente en Castellana de Seguridad, que cuenta con más empleados y contratos de más volumen.

Los rumores sobre operaciones corporativas han sido abundantes en el sector en los últimos tiempos, rumores que la mayor parte de las veces no llegan a materializarse. Ocurrió el pasado verano cuando, aprovechando la confusión estival, surgió un bulo según el cual Prosegur habría comprado Casesa y Segur Ibérica, una historia que ni siquiera apareció en la sala de prensa de la compañía dirigida por Helena Revoredo.

"Es una actitud habitual en el sector que haya muchos rumores, pero también que una empresa compre otra para hacerse con sus contratos", comenta a Vozpópuli una fuente sindical. Casesa ha sido la agencia de seguridad de importantes eventos deportivos como la última Vuelta a España. Tiene clientes de renombre en sectores como el financiero (Santander, BBVA o EVO Bank) o de gran consumo (Carrefour, Worten o Cortefiel). También trabaja con Renfe, Iberdrola, Repsol, Peugeot o Altadis, por citar sólo algunas compañías.
Casesa era un 

Casesa, cuyos dueños, según la rumorología del sector, llevaban tiempo tratando de venderla, está también presente en la administración pública con especiales buenas relaciones con el Ministerio de Economía, la Junta de Andalucía o el Gobierno vasco, que le adjudicó en 2010 nada menos que un tercio de todos los servicios de seguridad privada a políticos, jueces y cargos electos en el País Vasco. Precisamente Ombuds fue otra de las agraciadas por este contrato de seguridad de 144 millones de euros. No obstante, el final de la violencia de ETA y la relajación de la tensión en País Vasco y Navarra redujo drásticamente el negocio de la compañía.

Ombuds también tiene buenas relaciones con la administración pública, como evidencia el contrato de 3 millones de euros que le adjudicó el Ministerio de Defensa en 2013 para la seguridad de 10 centros sanitarios militares.

Condenado un vigilante por disparar al aire y retener al atracador de su mujer en Palma

Un juzgado penal de Palma condenó ayer a seis meses de prisión y dos multas a un vigilante de seguridad de la ciudad por disparar al aire con una pistola y retener en un coche a un hombre que horas antes supuestamente había atracado a su mujer en un bar que ella regenta en s´Arenal. El acusado no actuó solo. Le acompañaban otros tres jóvenes, entre ellos su hijo y otro muchacho que ha sido condenado recientemente a diez años de cárcel por la Audiencia de Palma por encargar el asesinato de su expareja y del actual novio de esta. Los cuatro sospechosos salieron en busca del presunto asaltante del bar y, cuando lo localizaron, le dieron una paliza en las inmediaciones del Coll d´en Rabassa. El vigilante, armado con una pistola y equipado con unos grilletes, pegó un tiro al aire para amedrentarle y evitar que huyera. Acto seguido, tras alcanzarle, lo esposó y lo retuvo en su vehículo a la fuerza.
Ayer al mediodía, los cuatro imputados confesaron los hechos y aceptaron las penas que solicitó la fiscal. El principal encausado se conformó con medio año de prisión y dos multas por los delitos de amenazas, lesiones y detención ilegal. Sus tres colaboradores fueron sentenciados a sendas multas de nueve meses a razón de seis euros diarios por las lesiones con la circunstancia agravante de abuso de superioridad. La fiscalía rebajó su petición de condena al apreciar la atenuante de reparación del daño, ya que los sospechosos, antes del inicio del juicio, pagaron unos 1.500 euros en concepto de indemnización a la víctima. Al final, ante el acuerdo alcanzado, la magistrada dictó sentencia ´in voce´ contra todos.

Los hechos se remontan al pasado 30 de octubre de 2011 cuando el vigilante de seguridad acusado cogió una pistola marca Norinco of the 1911 A1, de la que disponía de la correspondiente licencia de armas, y unos grilletes. El hombre se puso de acuerdo con los otros tres imputados para ir a buscar a un joven, que presuntamente había perpetrado horas antes, ese mismo día, un robo con violencia en el bar que regentaba la mujer del vigilante. Así, poco después, encontraron al supuesto asaltante en un salón de juegos ubicado en la calle Cardenal Rossell, en el Coll d´en Rabassa. Una vez consiguieron que el joven saliera del establecimiento, los cuatro sospechosos comenzaron a golpearle y le causaron heridas sangrantes en el rostro como una posible fractura del tabique nasal. Como consecuencia de las lesiones sufridas, el afectado precisó asistencia médica y puntos de sutura.
Mientras recibía la paliza, el varón trató de huir del lugar, pero el vigilante encausado efectuó un disparo al aire a la vez que le decía que o se paraba o le pegaría un tiro, según la tesis de la fiscalía.

El principal acusado luego alcanzó al perjudicado, le puso los grilletes y lo llevó hasta su vehículo a la fuerza donde lo retuvo con la intención de llevarlo a la Policía por el robo que había cometido con anterioridad. Sin embargo, varias patrullas policiales aparecieron entonces, tras ser alertadas por los vecinos que oyeron un disparo en plena calle, y se hicieron cargo del caso. Los agentes detuvieron a todos, a los cinco hombres, y hallaron en el maletero del automóvil la pistola utilizada. La Policía luego intervino otras armas al guardia que tenía de forma legal. Su mujer había sufrido por la mañana un asalto en su bar cuando un joven no quiso pagar varias consumiciones. Luego, el sospechoso regresó al local, atacó a la dueña y arrojó al suelo la caja registradora para apoderarse de unos cien euros y huir en coche.

Un desempleado agrede al vigilante de la oficina de Empleo en Gamarra (Málaga).

El usuario supuestamente reaccionó de forma violenta cuando le informaron de que había obtenido mal la cita previa y debía solicitarla de nuevo.

La Policía Nacional investiga la agresión sufrida esta mañana por el vigilante de la oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Gamarra. La víctima, que ha sido trasladada por el 061 al Hospital Carlos Haya, recibió una patada en la parte baja del vientre cuando intentaba calmar a un usuario que pretendía solicitar una prestación, pero que se había equivocado al solicitar la cita previa por Internet, según testigos.

El suceso ocurrió minutos antes de las diez de la mañana. Al parecer, el supuesto agresor se presentó en la oficina acompañado de sus padres y, cuando le tocó el turno, se dirigió al mostrador para solicitar una ayuda familiar. El funcionario le informó de que había obtenido mal la cita previa, por lo que debía volver a pedirla. Fue entonces cuando, según las fuentes consultadas, reaccionó de forma agresiva y, tras amenazar al trabajador, comenzó a dar patadas al mobiliario.

Su propio padre y el vigilante, que acabó con la camisa rota del forcejeo, trataron de calmarlo y lo sacaron de las dependencias del SAE para evitar que el incidente pasara a mayores. La agresión se produjo ya en el exterior de la oficina. Fuentes del 061 confirmaron el traslado del herido al Hospital Carlos Haya, sin precisar su estado.

La Policía registra la sede de Alcor Seguridad y detiene al gerente de la empresa.

La Policía registró el viernes durante horas las oficinas de Alcor en Monforte y detuvo al gerente de esta empresa de seguridad privada, que presta servicios en diferentes comunidades autónomas. Todavía no han trascendido detalles concretos sobre esta operación, que tiene ramificaciones en diferentes ciudades.

El viernes por la mañana se presentaron en la sede central de Alcor, en el número cuatro de la calle de la Estrella, agentes de una unidad especial de la Policía Nacional acompañados de una comitiva judicial. Una vez dentro, las personas al mando del dispositivo comunicaron a los trabajadores que disponían de una orden judicial para registrar las instalaciones y acceder a la información de los ordenadores de la empresa.

El registro se prolongó todo el día y los empleados que se encontraban en las oficinas tuvieron que permanecer en todo momento en sus puestos, con la única excepción de un tiempo al mediodía, cuando les dieron permiso para que saliesen a comer. En el marco de esta operación, fue detenido Carlos S. F., el gerente de Alcor. Según las fuentes consultadas, la operación continuó ayer con un registro en la casa del detenido.

No hay todavía información oficial sobre las causas de una investigacion que, al parecer, está siendo dirigida por un juzgado de fuera de Galicia. Los policías encargados del caso son asimismo agentes de la unidad central de seguridad privada, un servicio de la Policía Nacional dedicado específicamente al control de las empresas que trabajan en este sector.

La primera firma gallega que prescindió del convenio para bajar salarios

Alcor Seguridad fue fundada en el 2009 y es una de las principales empresas del sector. Portavoces de la firma apuntaban en el 2014 que en unos meses habían duplicado su plantilla hasta colocarla en los ochocientos trabajadores. Un año antes, adquirió notoriedad porque fue la empresa empresa gallega de seguridad en descolgarse del convenio estatal y aplicar fuertes recortes salariales a su plantilla, lo que le valió un conflicto con la Diputación de Lugo, para la que trabajaba y que acababa de aprobar la aplicación a todos sus contratos la denominada cláusula social, que impide contratar servicios a empresas privadas que recorten salarios o derechos laborales. Con su sede principal en Monforte, Alcor presta servicios a administraciones públicas y empresas privadas en diferentes comunidades autónomas. En su página web puede leerse que en su nómina de servicios entran el control de espectáculos públicos, la protección de personas, la instalación de sistemas de seguridad, la planificación de actividades de seguridad para empresas o propiedades y la vigilancia de exposivos.



La investigación judicial sobre Alcor lleva más de un año en marcha.

Una denuncia presentada en septiembre del 2014. Ese es el origen de la investigación judicial que ha sacudido a la empresa monfortina Alcor Seguridad, con la detención de su gerente y dos cargos intermedios de la firma en Asturias más y el registro de sus oficinas centrales por parte de la Policía Nacional. Los tres han sido puestos en libertad después de ser interrogados en el juzgado, pero la investigación sigue en marcha.

«Todo es evanescente, es uno de los casos más cómodos que me ha tocado defender», aseguraba ayer aparentemente confiado Javier Gómez de Liaño. Este letrado madrileño, muy conocido porque fue juez de la Audiencia Nacional y por su reciente papel como defensor de Luis Bárcenas, es el abogado de Carlos Somoza Fouces, gerente y alma máter de Alcor desde la fundación de esta empresa en el año 2009.

El aparente optimismo de su abogado contrasta con el hecho de que su cliente pasase todo el fin de semana retenido en comisaría, con la Policía estirando cerca del límite el plazo máximo de 72 horas de detención. Puede parecer chocante que después de eso ni siquiera la Fiscalía se opusiese a la puesta en liberta de Carlos Somoza. Pero puede suceder que la Policía prolongase el tiempo de detención ante la creencia de que el imputado podía aprovechar una salida rápida de comisaría para alterar pruebas.

Algo más de suerte tuvieron los dos empleados de Alcor, con puestos de responsabilidad en Asturias y Canarias, que fueron detenidos también el viernes. Ellos fueron llamados a declarar en el juzgado monfortino el domingo, así que quedaron en libertad un día antes que su jefe.

En esta operación no han tenido participación directa los agentes adscritos a la comisaría de la Policía Nacional de Monforte, más allá de la labor de custodia de los detenidos durante el tiempo que permanecieron en los calabozos y en su traslado al juzgado. Pero contra lo que trascendió en un primer momento, su trata de una investigación que nació en Monforte y que está siendo dirigida por un juzgado local, el número dos. Lo que sucede es que el juzgado recurrió a la unidad de la Policía Nacional que se dedica específicamente a la supervisión de las empresas que operan en el sector de la seguridad privada.

«Todo es evanescente, es uno de los casos más cómodos que me ha tocado» Javier Gómez de Liaño
Carlos Somoza y su abogado, Gómez de Liaño, tras prestar declaración. A.R.

Libertad con cargos y sin fianza para el propietario de Alcor Seguridad

El empresario monfortino Carlos Somoza, detenido el pasado viernes, quedó en libertad con cargos y sin fianza después de prestar declaración este lunes por la mañana en el juzgado de Monforte. 

El gerente de la firma de seguridad privada Alcor, al que se le imputan delitos contra los trabajadores, la Hacienda Pública y la Seguridad Social, tendrá que comparecer cada 15 días en dependencias judiciales. 

Su abogado, Javier Gómez de Liaño, aseguró, en declaraciones ante los periodistas, que se trata de "uno dos casos más fáciles" que llegaron a su despacho. 

Carlos Somoza fue detenido el viernes y hasta hoy estuvo custodiado por los agentes de la Policía Nacional en los calabozos con los que cuenta la comisaría de la ciudad del Cabe.

La investigación la inició el juzgado de Monforte en septiembre de 2014. Un grupo especializado de la Policía Nacional en seguridad privada y delincuencia organizada sigue tomando declaraciones a personas relacionadas con Alcor y volcando datos de los ordenadores que se incautaron en la sede de la empresa, situada en la Rúa Estrela, así como numerosa documentación en papel.

Los cambios del adelanto del IRPF en tu trabajo y tu nómina.

El adelanto de la reforma fiscal prevista para 2016 ha supuesto un cambio en los tipos de IRPF y por lo tanto en tu salario, pero este no es el único cambio laboral.

El pasado mes de julio el Gobierno sorprendió a todo el mundo con el adelanto de la segunda parte de la reforma fiscal que debía implementarse en 2016. La consecuencia más inmediata para la mayoría de trabajadores ha sido mayor renta disponible, Y es que la reforma ha servido para bajar los tipos de IRPF y por lo tanto las retenciones que se practican en la nómina. La traducción ha sido que el sueldo se ha incrementado una media de 12 euros al mes, aunque la cantidad concreta dependerá de cada trabajador.

Para que entiendas mejor por qué, sólo debes fijarte en cómo han cambiado las tablas de IRPF previstas para 2015 y las que finalmente se aplicarán, que son las siguientes.

En términos generales, la rebaja está entre el medio punto y el punto porcentual, dependiendo del tramo del que se trate.

Pero este no ha sido el único aspecto que afecta a los trabajadores y al ámbito laboral. El adelanto de la reforma trae otra serie de novedades que conviene que conozcan, tanto si eres autónomo como empleado.

Restricciones en las indemnizaciones por despido

La indeminización por despido está exenta de tributar hasta 180.000 euros para los despidos posteriores al 1 de agosto de 2014 y lo que sean consecuencia de un ERE o un despido colectivo comunicado también con anterioridad a esa fecha.

El adelanto de la reforma incluye un requisito adicional para que las cantidades permanezcan exentas, y es que el trabajador no podrá volver a ser contratado por la empresa que le despidió u otras compañías vinculadas en un plazo de tres años. El objetivo de esta medida es la de evitar ciertas políticas de despidos y contrataciones de determinadas empresas y que también beneficiaban al trabajador desde un punto de vista fiscal. Si incumple este requisito, deberá tributar por el paro percibido como si fuese una renta del trabajo más.

Reducción para las indemnizaciones fraccionadas

La nueva ley también prevé una reducción del 30 % para las indemnizaciones por despidos laborales que se perciban de forma fraccionadas. Quienes quieran beneficiarse de esta medida deberán acreditar que el coeficiente resultante de dividir el número de años en los que se trabajó, computados de fecha en fecha, entre el número de periodos impositivos de fraccionamiento, es superior a dos.

En cualquier caso, el límite de la indemnización será de 1.000.000 de euros, capital a partir del cual no se aplicará reducción alguna, y también se empezará a limitar el capital a partir de los 700.000 euros.

Cambios en la reducción por movilidad

El IRPF ya prevé una reducción por movilidad geográfica de la que se podrán beneficiar los desempleados que hayan aceptado un puesto de trabajo en un municipio diferente al suyo de residencia.
Esta deducción es de 2.000 euros con el límite de los rendimientos íntegros del trabajo. Dicho de otra forma, el resultado de restar ese dinero a los ingresos salariales no puede ser negativo.

Los últimos cambios normativos han adelantado una modificación según la deducción sólo se podrá aplicar sobre sobre los rendimientos del trabajo referidos al empleo que consiguió a través de la movilidad. De esta forma, si una persona ha dos trabajos, no podrá beneficiarse de este beneficio para el segundo o el primero de ellos que no tenían que ver con un cambio de municipio, según explica Carmen Bujan.

La exención por entrega de acciones

La entrega de acciones a los trabajadores se hace más equitativa con el adelanto de la reforma. Y es que bajo la nueva normativa sólo quedarán exentas de tributar cuando la oferta se aplique a todos los trabajadores por igual. Dicho de otra forma, se terminan con los privilegios de la clase directiva en la retribución con acciones de la empresa.

Además, será necesario mantener los títulos durante un periodo mínimo de tres años.

Los gastos de estudio ya no serán retribución en especie

Cuando la empresa haga un desembolso para formar a los empleados y reciclar al personal, el dinero pagado ya no se considerará retribución en especie siempre que se trate de formaciones exigidas por sus actividades o puestos de trabajo.

Exención de los gastos de transporte

Por su parte, el dinero que los trabajadores reciban de forma directa o indirecta para desplazarse hasta el trabajo en transporte público quedarán exentas hasta los 1.500 euros.


La AN declara que corresponde al trabajador concretar y determinar el periodo de disfrute del permiso de lactancia y la reducción de la jornada ordinaria‏


La AN declara que corresponde al trabajador concretar y determinar el periodo de disfrute del permiso de lactancia y la reducción de la jornada ordinaria

La AN acuerda estimar las demandas deducidas y declara el derecho de los trabajadores de la empresa demandada a que la concreción horaria de la reducción de jornada por guarda legal se disfrute sin más requisitos o limitaciones que las que aparecen contempladas en el Convenio Colectivo de Contact Center, sin que la empresa les pueda exigir que dicha concreción horaria se realice obligatoriamente dentro de su jornada ordinaria “diaria”.

Sentencia

Sentencia reciente del TS de 14 de julio de 2015, Recurso de casación para unificación de doctrina, sobre:

DESPIDO VIGILANTE DE SEGURIDAD. NO EXISTE SUBROGACIÓN CUANDO SE EXTINGUE LA CONTRATA ENTRE PRINCIPAL Y CONTRATISTA Y SIN MEDIAR SUCESIÓN ENTRE LA PRIMERA Y OTRA EMPRESA PRINCIPAL ESTA ÚLTIMA EMPIEZA A DESARROLLAR SU PROPIA ACTIVIDAD, IGUAL O DIFERENTE EN LOS LOCALES EN DONDE SE DESARROLLÓ LA CONTRATA ANTERIOR.


Un individuo entra en un edificio del campus y agrede a un profesor,a un vigilante y dos policías (Ourense).

En el edificio politécnico del campus de Ourense se vivió esta la mañana una situación tensa, provocada por un individuo -descalzo y descamisado- que tras mantener un altercado con un vigilante de seguridad y amenazar a otras personas, golpeó a un profesor y posteriormente agredió a dos agentes de la Policía Local que acudieron al aviso y terminaron deteniéndolo como presunto autor de un atentado. 

El suceso ocurrió a las 9.43 horas, según informó la Policía Local, en el edificio de Informática y Ciencias. Pero previamente, el mismo supuesto autor había protagonizado otro altercado similar en la sucursal que el Banco Santander tiene en el campus. Allí entró el hombre, de 38 años, exigiendo que le dieran una determinada cantidad de dinero (algo más de 16 euros). De allí, lo tuvo que expulsar el propio personal del banco, empujándolo con una silla. 

Supuestamente después de esto, se encaminó a la Facultad de Ciencias y se dirigió a distintas personas pidiéndoles tabaco o dinero. A un profesor de esta facultad, que estaba charlando con un conserje en el patio interior del edificio, le pidió también 16 euros. El docente le ignoró y recibió un fuerte manotazo en la espalda. 

La Policía Local recibió el aviso de que un individuo estaba protagonizando un altercado con un vigilante -que recibió un golpe en un costado- y profería amenazas a otras personas. La patrulla que se desplazó al lugar encontró al sospechoso con el torso desnudo y descalzo y se le veían varias heridas en el cuerpo. Cuando los agentes le preguntaron qué le pasaba, el sospechoso «sin mediar palabra», según la Policía Local, comenzó a dar patadas y puñetazos a ambos. Las heridas de los agentes fueron leves. Por este motivo, la patrulla detuvo al agresor por un presunto atentado a agentes de la autoridad.

A la policía le costó reducirlo, pues era de complexión delgada pero fibrosa, y por su estado colérico. Tanto los agentes como el detenido -por las heridas que presentaba- recibieron asistencia médica. La Policía Local abrió diligencias judiciales. El juzgado tendrá que aclarar el estado mental del arrestado. Fuentes universitarias confirmaron que el agresor no tiene ninguna relación con el campus de Ourense

Prosegur se convierte en la primera compañía de seguridad privada con licencia para volar drones.

Prosegur se ha convertido en la primera compañía privada de seguridad con licencia Aesa para volar drones, tras el reconocimiento del Ministerio de Fomento a través de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

De esta manera, según ha informado la compañía en un comunicado, tendrá licencia para utilizar este tipo de dispositivos en sus tareas de vigilancia.

Prosegur, que se encuentra en una fase de desarrollo de su línea de negocio, trabaja en programas de I+D con drones de interior para automatizar las rondas de vigilancia.

Además, la compañía destaca las posibilidades que estos aparatos suponen para la vigilancia de instalaciones sensibles en zonas de difícil acceso, líneas de alta tensión eléctrica, de alta velocidad ferroviaria y protección medioambiental contra incendios forestales, entre otros.

Así, Proseguir considera que el uso de drones en las labores de vigilancia permitirá ofrecer unos estándares de seguridad más elevados.

En este contexto, el avance en el desarrollo de los drones se une con el análisis de video, la detección térmica y la gestión con el Centro de Control Avanzado, como los servicios más destacados que ofrece la empresa a sus clientes.

El director de Tecnología de la compañía de seguridad, Manuel Rodríguez, destaca que este desarrollo muestra la apuesta de Prosegur por situarse a la vanguardia dentro del sector de la seguridad privada.

Caso Esabe: Tres años paralizado porque la juez no tenía escáner.

  • A pesar de las quejas de la magistrada, la administración ha ido retrasando la entrega de la máquina hasta que ha pasado todo este tiempo. Mientras, el principal imputado sigue en busca y captura
Casi tres años después de que la Policía detuviera a la cúpula de la empresa de seguridad Esabe, la casa sigue sin barrer. Las dos furgonetas de documentación que los investigadores recopilaron en las oficinas y domicilios de los imputados, entre los que estaba el presidente de la sociedad, Juan José Prados, siguen sin haber sido analizadas por la jueza del caso.

Durante todo este tiempo, la magistrada se ha quejado en repetidas ocasiones de la falta de medios materiales para escanear los 250.000 folios que componen la causa, entre los que se encuentra la mencionada documentación, que se almacena en más de medio centenar de cajas. La lentitud del 'palacio' madrileño, a pesar de las reiteradas quejas de la instructora, ha hecho que no haya sido hasta hace pocas semanas que la administración ha puesto por fin a disposición del juzgado un escáner moderno.

El Gobierno regional había facilitado a la jueza al principio un técnico para ir a arreglar la fotocopia que hace de escáner en el juzgado, cosa que sin duda se tornaba insuficiente, ya que la máquina es antigua y exige ir pasando los documentos uno a uno para transformarlos en formato digital. Finalmente, el escáner de última generación ha hecho acto de presencia en el juzgado y los documentos, dos años y nueve meses después, ya se están escaneando.

Mientras tanto, el dueño de la empresa, Juan José Prados, continúa en paradero desconocido desde que se fugó de su domicilio pocos días antes de que la Policía pusiera en marcha la operación que llevó a la detención de toda su cúpula directiva. A pesar de estar en busca y captura, llamativamente Prados tiene una representación legal. Su abogado se persona en los juzgados con toda normalidad y ejerce la defensa del imputado sin que nadie le pregunte dónde está su cliente.

El secretario general de la Federación de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera -organización que denunció a Esabe-, Antonio Duarte, se congratula ante El Confidencial de que por fin se esté escaneando la documentación y se reactive el proceso. Para Duarte, la lentitud de la investigación solo transmite la sensación de impunidad. Es un mal ejemplo para el sector, que ve cómo se puede delinquir y no pasa nada, asegura el representante de USO, que también muestra su "incredulidad" ante el hecho de que la Policía no sea capaz de localizar a Prados después de tanto tiempo.