La empresa Segur Ibérica abandona la vigilancia de la Fábrica de Armas por impago (A Coruña).

Precintará las instalaciones esta medianoche ante la deuda que mantiene con ella Hércules de Armamento.

La empresa de seguridad de la Fábrica de armas, Segur Ibérica, abandonará a las doce de la noche el servicio de vigilancia de las instalaciones y las precintará, según han advertido trabajadores de la empresa. La compañía toma esta decisión ante el impago de medio millón de euros que mantiene desde hace meses Hércules de Armamento, la adjudicataria de la factoría coruñesa. Representantes del antiguo comité de empresa, adscritos a UGT,dan por hecho de que a partir de la medianoche serán miembros de las fuerzas de seguridad los que asuman la vigilancia de la factoría para salvaguardar las instalaciones y tecnología, propiedad del Ministerio de Defensa.


La empresa de seguridad dejó anoche la fábrica de armas al no cobrar desde el mes de Marzo.

Ocurrió a medianoche. La empresa Segur Ibérica suspendió el servicio de vigilancia de las instalaciones de la fábrica de armas. Lo hizo, según indicaron fuentes de la misma, por la deuda acumulada por la concesionaria de la fábrica, la empresa Hércules de Armamento. El impago vendría produciéndose desde el pasado mes de marzo y la cuantía del mismo rondaría el medio millón de euros. «Esto se queda sin seguridad», afirmaban algunos de los 15 trabajadores que hasta el momento venían prestando sus servicios en estas dependencias. También apuntaban que muchos de ellos cuenta por décadas los años trabajados en la empresa de seguridad, muchos de ellos en las instalaciones de Pedralonga: «Estábamos cuando la fábrica era de Santa Bárbara, luego cuando estuvo General Dinamycs y ahora», explica uno de los empleados, que mañana, jueves, tendrán una reunión con los responsables de su empresa y esperan que los recoloquen en otros lugares de vigilancia.

El principal responsable de Hércules de Armamento es en estos momentos Ramón Mejuto, que ya había sido director de la fábrica cuando esta pertenecía a General Dinamycs. La empresa está intentando reanudar la producción de armas.

Dado que las instalaciones están destinadas a la fabricación de armamento y por ello requieren unas especiales medidas de seguridad, Hércules de Armamento avisó a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de que la empresa de seguridad abandonaba las instalaciones a medianoche, pero al cierre de esta edición los empleados de Segur Ibérica seguían esperando a los agentes para fuesen ellos los que se encargasen de las labores de vigilancia mientras la empresa concesionaria buscaba otra solución.

Revista "Información de interés".

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Interior pide a las empresas de seguridad más vigilantes en lugares de gran afluencia para prevenir atentados.

El Ministerio remite un escrito a las compañías del sector para que realicen "el mayor reforzamiento posible de las medidas de seguridad [...] en aquellos lugares de previsible o frecuente concentración" de personas para hacer frente a la amenaza yihadista. También les pide que comuniquen inmediatamente a la Policía "cualquier información que se considere de interés" y que hagan oídos sordos a "inciertos temores".

Toda ayuda es poca contra la amenaza yihadista. El Ministerio del Interior ha enviado una circular a las empresas de seguridad en la que les solicita su colaboración para prevenir un hipotético ataque en España delEstado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés). El escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, recuerda a los responsables de estas compañías que, pese a que la alerta antiterrorista se mantiene en el nivel 4, "la tipología conocida de la amenaza terrorista" tras la masacre de París hace necesario "el mayor reforzamiento posible de las medidas de seguridad" en aquellos lugares públicos de gran aglomeración de gente donde tengan desplegados vigilantes. La nota pide también la comunicación de "cualquier información que se considere de interés" con la mayor rapidez posible a la Policía.
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El escrito ha sido remitido este lunes a las compañías por la denominada 'Red Azul' de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía, encargada de las relaciones con las empresas del sector. En el mismo, los responsables del Interior destacan que tras "la información de urgencia suministrada" durante el fin de semana a las mismas y las llamadas recibidas al teléfono de la Sala de Coordinación de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana para recabar más datos sobre las mismas, se hace necesaria una serie de aclaraciones que enumera del uno al seis. Así, en primer lugar recuerda que el Ministerio acordó el sábado anterior mantener "el nivel 4 de alerta de Plan de Prevención y Protección Antiterrorista" y que, por tanto, se deben aplicar "las medidas de seguridad correspondientes a dicho nivel de activación".

No obstante, en el segundo punto reconoce que "en consideración a la tipología conocida de la amenaza terrorista se solicita "el mayor reforzamiento posible de las medidas de seguridad, de vigilancia y protección". ¿Dónde? El escrito únicamente destaca que "en aquellos lugares de previsible o frecuente concentración de gran número de personas", en referencia a los recintos en los que se celebran grandes eventos deportivos, culturales y sociales, así como a zonas comerciales y de ocio. Unas medidas que, recalca en el punto tercero, "se mantendrán activadas y acordes al nivel de amenaza [...] señalado en cada momento" por el propio Ministerio del Interior. Además, en el siguiente punto reclama que "cualquier información que se considere de interés para la seguridad" sea comunicada directamente a la Policía Nacional a través del mismo correo electrónico de la 'Red Azul' desde el que se ha enviado la comunicación, del 091 o del teléfono de la Sala de Coordinación de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. El texto también apunta que puede ser transmitida "directamente a la dependencia policial más próxima de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

Evitar los "inciertos temores"

Como quinto punto de su circular, Interior recuerda a las empresas de seguridad que "la aplicación y desarrollo de las medidas de seguridad" tienen como fin "prevenir posibles hechos delictivos y favorecer el normal desarrollo de las distintas actividades". Por ello, recalca que las mismas deben ser puestas en marcha "en un marco de tranquilidad y seguridad que no debe ser alterado por inciertos temores", en referencia a las numerosas informaciones falsas que ya han comenzado a circular por las redes sociales y servicios de mensajería instantánea sobre supuestas amenazas terroristas concretas. De hecho, el propio Ministerio se vio obligado este lunes a lanzar una nota de prensa en la que aseguraba que estos mensajes "carecen de toda credibilidad y sólo pretenden provocar estados de temor a la población y de alarma ciudadana y otros fines malintencionados que son totalmente ajenos a la seguridad".
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Finalmente, el sexto punto está dedicado a informar a las empresas de seguridad de la difusión, por parte de las autoridades francesas, de la ficha de Abdeslam Salah, el ciudadano belga de 26 años al que se considera el único integrante superviviente de las'células' integristas que cometieron los atentados del pasado viernes en París que sigue vivo. Junto a la foto del mismo y sus datos, la Policía recuerda a los responsables de las empresas de seguridad que "se debe comunicar inmediatamente a los canales previstos" tanto telefónicos como de otro tipo cualquier información que los vigilantes obtengan sobre él. Eso sí, también recomienda no tomar la iniciativa para su captura "en previsión a su peligrosidad y a que vaya armado". Durante el fin de semana, el Ministerio ya había remitido a estas compañías los datos de losdos vehículos de matrícula belga que supuestamente fueron utilizados en los atentados para que previnieran sobre los mismos a sus trabajadores.

Hallan a un vigilante herido en la sala de control de la Alhambra.

Al parecer, el guarda, que estaba a cargo de las cámaras de seguridad del monumento, se hirió con su propia arma de fuego.

Era imposible que el incidente pasara desapercibido porque ocurrió en la Alhambra, el monumento más visitado de España, alrededor de las cinco de la tarde de este pasado viernes. Primero se escuchó un disparo y después, algunos gritos. Instantes más tarde, efectivos médicos y de la Policía Nacional hallaban herido a un vigilante en la sala desde que la que se controla la seguridad de la Alhambra. Al parecer, el guarda, que en esos momentos estaba a cargo de las cámaras que graban lo que sucede en el la fortaleza nazarí, se hirió de gravedad con su propia arma de fuego, según explicaron fuentes policiales.

Las primeras hipótesis apuntaban a que pudo ser un acto voluntario, aunque no se había descartado todavía la posibilidad de un accidente. El vigilante fue trasladado de inmediato al Hospital de Traumatología para ser intervenido de urgencia. Afortunadamente, parece que superó la operación y su evolución era positiva. La llegada de los equipos de emergencia a la Alhambra generó un notable revuelo entre los cientos de visitantes que se encontraban en el monumento cuando ocurrió el suceso.

El centro de control de seguridad de la Alhambra se encuentra en el edificio de Huerta de Fuentepeña. Desde allí, y durante las 24 horas horas del día, el personal de seguridad controla todo lo que sucede en el interior y exterior de las estancias nazaríes a través de las 85 cámaras repartidas por todos los emplazamientos del recinto, así como dos videograbadoras y un 'videowall', que permite el visionado de estas cámaras.

Entre las acciones que permite ese sistema destaca la de solucionar incidencias de los visitantes en los controles de acceso durante su estancia en el recinto y la posibilidad de detectar, en cualquier momento, una emergencia con los grupos de turismo organizado, a través de un sistema de localización.

CCOO critica las adjudicaciones de Seguridad Privada a una empresa que no cumple con el convenio.

CCOO de Extremadura critica que la Junta de Extremadura haya adjudicado las últimas concesiones de seguridad y vigilancia a la empresa Segurex 06, conocida por incumplir con el convenio colectivo estatal y rebajar las condiciones laborales y salariales de sus trabajadores, ya de por sí exiguas.

Desde CCOO de Construcción y Servicios muestra su preocupación por estas adjudicaciones que contradicen los compromisos de la campaña electoral y que cubren servicios significativos de la administración regional como la Academia de Seguridad Pública de Badajoz, los Servicios de Hacienda, la Seguridad del Área del SES de Badajoz o el Servicio del 112 en Mérida.

Desde el sindicato se ha trasladado en repetidas ocasiones a los responsables de la Junta de Extremadura que esta empresa tiene una larga trayectoria de incumplimiento del convenio colectivo y que incluso ha perdido algunas demandas presentadas por CCOO por este motivo en la provincia de Cáceres.

Esta empresa, afirma el sindicato, aplica un convenio propio que no ha sido ni presentado ni registrado ante la Autoridad Laboral y que no tiene vigencia, pero que le sirve a esta compañía para justificar la rebaja en los salarios y en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que subroga

Así, por ejemplo, un trabajador de seguridad privada tiene como salario base en el convenio estatal 901 euros, mientras que en la nómina de esta empresa se recogen 801 euros, cien menos, amparándose en ese supuesto convenio propio.

Por si esto no fuera poco, la empresa en cuestión, cambia conceptos que son salariales, a extrasaliares. Como muestra, se ha presentado a la dirección del SES una nómina de una empresa que sí cumple con el convenio colectivo estatal y otra de la adjudicataria. El resultado es que un trabajador pierde en un primer mes alrededor de 50 euros a lo que hay que sumar el cambio de conceptos de salariales a extra salariales.

GERENCIA DEL SES

El sindicato ya alertó que esta misma empresa cambio las condiciones de trabajo del personal que subrogó como auxiliares de servicio que prestaban sus servicios en el Hospital Perpetuo Socorro y en la Propia gerencia del SES de Badajoz.

No solo les disminuyó su salario de forma unilateral, dejándolo en el salario mínimo interprofesional, sino que además, y pese a que los trabajadores no lo firmaron, cambiaron sus condiciones de trabajo así como su contrato, pasando de un contrato indefinido a otro de exceso de producción.

En ambos casos los trabajadores y CCOO denunciaron y los tribunales de justicia dieron la razón al sindicato. Estos antecedentes hacen más incompresibles la decisión de la Junta de Extremadura en estas nuevas adjudicaciones.

Por otra parte, la Administración regional ha contratado con la empresa Urbisegur el Servicio de seguridad y vigilancia de la Escuela de Administración Pública de Badajoz. Se trata de otro proceso cuestionable, porque esta firma no tiene sede en Extremadura a pesar de que se exige que para concesiones de más de 30 trabajadores, como es el caso.

Desde CCOO de Construcción y Servicios se insiste en reclamar a las Administraciones públicas que velen por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de las empresas a las que contrata servicios externos y obliguen al menos al cumplimiento de los convenios laborales en las subrogaciones que se produzcan.

La justicia tumba un ERE de Seguridad Integral Canaria de casi 70 trabajadores en Metro-Madrid

Justificó el despido de la mayoría en los malos resultados de Metro cuando la mayor parte de ellos no trabajaban allí.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido declarar no ajustado a derecho el ERE que la empresa Seguridad Integral Canaria afrontó antes del verano y que terminó con el despido de 67 trabajadores en los distintos lugares de la capital en los que sus vigilantes prestan servicio: unos despidos que la empresa justificó en la mala situación económica de Metro de Madrid, donde sólo trabajaban nueve del total de afectados.

Los jueces de lo social del TSJM entienden que la empresa no incurrió en mala fe ni en fraude de ley durante las negociaciones, pero sí que los 67 despidos – inicialmente iban a ser 94 – no estaban justificados, al menos no con las razones que ha expuesto entidad liderada por Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas. Alegó la entidad que los despidos se debían a “la deficitaria situación atravesada en los servicios de vigilancia en Metro de Madrid”, algo que según los jueces“tuvo que causar una inmensa extrañeza” a 58 de los 67 trabajadores afectados que no prestaban sus servicios en el suburbano madrileño. Es más, los magistrados subrayan que la mayoría de los despedidos trabajaban “en sectores de la empresa que atravesaban una buena situación”.

Los jueces también censuran el despido de los 9 trabajadores de Seguridad Integral Canaria que prestaban sus servicios en el Metro de Madrid: “Tampoco tiene sentido si ha quedado acreditado que realizan con habitualidad horas extras y que se están produciendo, de manera frecuente, descubiertos en la prestación de servicios comprometidos por su peligrosidad, al haberse reducido de manera drástica el número de vigilantes”. Unos “descubiertos” que quedaron relatados por los trabajadores durante el juicio: faltan vigilantes, según el testimonio del presidente del Comité de Empresa, asegurando por ejemplo que en eventos deportivos calificados de alto riesgo “la dotación de vigilantes antes se cuantificaba en diez o doce por estación y ahora se ha reducido a dos vigilantes”.
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De esta manera, el ERE que afrontó Seguridad Integral Canaria en Madrid ha sido declarado contrario a derecho, en una resolución contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo: de devenir en firme, el resultado será que los despidos de los 67 trabajadores afectados serán considerados como improcedentes, aunque no está obligada a readmitirlos.

Los sindicatos consideran que la sentencia confirma todo y cuanto ellos han exigido desde el primer día. Para Luis Bernal, portavoz del sector de Seguridad Privada de Comisiones Obreras, "no había ninguna causa sobrevenida como decía la empresa". Recuerda que Seguridad Integral Canaria conocía que las necesidades de recortes en el Metro eran una de las condiciones para el concurso de la adjudicación. "Se ha buscado echar a determinados trabajadores", sigue Bernal, "y la empresa nunca aceptó ninguna de las medidas que propusimos para ahorrar costes y minimizar el daño a los trabajadores como los calendarios de vacaciones, formación... Se podría haber ahorrado dinero y despidos, pero no quisieron".

El imperio de Seguridad Integral Canaria

La sentencia detalla los números que maneja la empresa de Miguel Ángel Ramírez en Madrid: atesora en torno a una treintena de contratos públicos y privados con diferentes administraciones y empresas para proporcionar seguridad, entre ellas los Ministerios de Defensa, Empleo y Agricultura, además de Metro de Madrid. Los tres contratos que suscribió en 2013 con el suburbano, por ejemplo, ascienden a 42 millones de euros. La empresa cuenta con una plantilla de 1.314 personas en Madrid, según los jueces.

Cae una red de títulos falsos con los que se accedía a puestos de seguridad privada

El propietario de una academia falsificaba el diploma y el sello del Ministerio de Educación y los vigilantes de seguridad compraban el título, que les servía para ser jefes, por 1.000 euros

El Juzgado de lo Penal número 4 de Tenerife ha condenado a una docena de responsables de seguridad privada, entre los que destacan dos directivos de la empresa Seguridad Integral Canaria, por falsificar y adquirir títulos de Bachillerato, que eran necesarios para concurrir a la categoría de director de seguridad, nivel requerido para instalarse de manera legal en los puestos que ocupaban. Los acusados han sido condenados a entre tres y diez meses de prisión.

En concreto, los directivos de la compañía insular son Francisco Javier L. F., jefe de Calidad de la mercantil, y Leonardo C. S., gerente en Tenerife de la sociedad presidida por Miguel Ángel Ramírez. El juez les atribuye a ambos un delito continuado de falsedad en documento oficial. Según la resolución, el primero adquirió el título de bachiller a un falsificador “cuando realmente nunca lo obtuvo ni se presentó a examen alguno” y, una vez que lo tuvo bajo el brazo, lo mostró para obtener la habilitación como jefe de seguridad y director de seguridad ante la Comisaría de Policía de Tenerife en mayo de 2009. El título de bachiller fue configurado con fecha 17 de mayo de 2002 a pesar de que había sido confeccionado siete años después.

El segundo, Leonardo C. S., compró el título de bachiller falso por entre 700 y 1.000 euros a la misma persona a la que se lo adquirió Francisco Javier. Con su nuevo título, solicitó a la Comisaría Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía de Tenerife la habilitación como director de seguridad también en mayo de 2009, así como el acceso a las pruebas para jefe de seguridad, categoría que le fue concedida en noviembre de ese mismo año.

Fuentes de la compañía de seguridad canaria indicaron a este periódico que "estas dos personas no tenían la obligación de tener título para los puestos que ocupaban. La empresa nada tiene que ver en este asunto, ya que se trata de una responsabilidad personal".

Ambos directivos de Seguridad Integral Canarias compraron su título, como ellos mismos admiten en la sentencia emitida por conformidad entre las partes, a la misma persona, Julián Manuel F. H., a quien también se lo habían comprado otros 10 falsos responsables de seguridad. Este ciudadano había creado una red de venta de títulos falsos a través de su empresa legalmente constituida, Multiservicios Broker, que tenía como objeto social la gestión de una academia que impartía cursos para obtener la categoría de vigilante de seguridad.

Según la sentencia, en febrero de 2009 Julián Manuel se hizo con 500 diplomas en blanco, 250 que simulaban el título de bachiller y otros 250 que falsificaban el diploma de Formación Profesional. Asimismo, el condenado fabricó unos tampones que falsificaban el sello de la exministra Pilar del Castillo y de su secretario de Estado de Educación, ambos en el cargo entre 2000 y 2004.

Con estas herramientas, confeccionó los falsos títulos y “se dedicó a vender diplomas”, tanto de Bachillerato como de Formación Profesional. En concreto, el falsificador ofertaba los primeros por 1.000 euros y los segundos por 800. La Policía Nacional comenzó a investigar la trama en mayo de 2010. Cuando dio con el cabecilla de la trama, le interrogó y este entregó un 'pendrive' con documentación que reflejaba claramente cómo había estado elaborando los títulos de modo fraudulento.

La empresa de Ramírez tiene adjudicada actualmente la vigilancia de instalaciones públicas como el Ministerio de Defensa, el Metro de Madrid, la Tesorería General de la Seguridad Social o el Palacio Real,contratos que en total superan los 100 millones de euros. El empresario fue indultado por el Gobierno tras ser condenado a tres años de prisión por la ejecución de obras ilegales, medida de gracia que generó notable polémica -a pesar de que posteriormente fue revocada por el Supremo-, debido a la relación de amistad que Ramírez mantiene con el ministro de Industria, José Manuel Soria.

Por otro lado, Hacienda tiene claro que el propietario de Seguridad Integral Canaria ha maquillado la contabilidad de su empresa para presentar como si fueran dietas y kilometraje -exentos fiscalmente- otros conceptos salariales sujetos a retención y evitar así tributar por estos últimos gastos. Así lo puso en evidencia el informe que presentó el pasado junio la Agencia Tributaria ante la jueza de Las Palmas Victoria Rosell -que investiga al empresario por fraude a Hacienda y a la Seguridad Social superior a los 20 millones de euros-, ratificado la pasada semana ante la magistrada por el inspector que lo redactó.

Durante su comparecencia judicial, el perito aseguró haber detectado que Seguridad Integral Canaria ha estado ocultando la realidad contable y presentando como si fueran dietas conceptos que no lo eran. En concreto, dijo que los vigilantes han ingresado una media de 4.000 euros al año en concepto de medias. Algunos trabajadores, asegura, han recibido más del 28% de su salario en forma de dieta, un porcentaje que se encuentra muy por encima de la media de las empresas del sector, que se sitúa entre el 2,8 y el 3%.

Detenido por amenazar de muerte a un vigilante de seguridad en Castellón

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 47 años como presunto autor de un delito de amenazas graves, tras amenazar de muerte con un destornillador a un vigilante de seguridad.

Según han informado fuentes policiales en un comunicado, sobre las dos de la tarde de ayer, los agentes fueron alertados a través de la Sala Operativa del 091 para que acudiesen a la Plaza Santa Clara, donde se encontraba un hombre amenazando a los viandantes con un "pincho".

A su llegada, localizaron a este hombre visiblemente alterado, y durante el cacheo de seguridad, le incautaron un destornillador sin empuñadura y con la punta curvada hacia arriba.

Al parecer, instantes antes, el ahora detenido se colocó en el pasaje del Mercado Central impidiendo el paso de los viandantes, por lo que el vigilante de seguridad se acercó para indicarle que dejara paso.

El hombre reaccionó de forma violenta, amenazándole con el destornillador (manipulado a forma de punzón), a la vez que le amenazaba con clavárselo en el cuello.

Ante lo ocurrido, los agentes le detuvieron como presunto autor de un delito de amenazas graves.

El detenido, de nacionalidad española, cuenta con antecedentes policiales y ha sido puesto a disposición de la autoridad policial.