Información sobre la sentencia de no inscribir el DNI en la tip profesional

Como todos sois conocedores en Abril del 2016 ,el Tribunal Supremo sentenció en casación que la TIP PROFESIONAL  para seguridad privada exceptuando guardias particulares de campo y sus especialidades, no podía incluir con todos sus caracteres alfanuméricos el número de Documento Nacional de Identidad o del número de Identificación de Extranjero. 

Debido a las continuas consultas que hemos venido teniendo desde entonces hasta ahora sobre su posible exigencia de cambio de esta por la UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA, así como por la  INTERVENCIÓN DE ARMAS DE LA GUARDIA CIVIL en la realización de los ejercicios rutinarios de tiro para los vigilantes de seguridad y sus especialidades,hemos procedido a realizar la consulta oportuna a estos organismos , con la siguiente respuesta por su parte:

1. La Intervención de Armas de la Guardia Civil, nos informa que en los ejercicios rutinarios de tiro del segundo semestre, no solicitará en la documentación acreditativa el TIP cambiado, pudiendo realizar los ejercicios de tiro con la TIP anterior.

2. Por parte la UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA, se nos ha informado que cuanto tuvieron conocimiento de la sentencia del tribunal Supremo, se tomaron las medidas administrativas oportunas para que los nuevos TIP que se tramiten ya vengan con las nuevas modificaciones.

Nos informan desde la UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA que no se exigirá el cambio inmediato de la TIP PROFESIONAL, sino que la misma se cambiará amoldando esta a la sentencia del tribunal supremo cuando caduque  la habilitación profesional, siendo la vigencia de esta  como todos sois conocedores de 10 años. 

No obstante se procederá al cambio de la TIP PROFESIONAL  para cualquier trabajador que solicite su cambio aunque dicha habilitación no haya caducado. 

Cualquier duda al respecto podéis poneros en contacto con nosotros, en el sector de seguridad privada de Madrid.

Modificación publicada en el boe sobre el convenio colectivo estatal de empresas de seguridad privada.

Resolución de 20 de julio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación parcial del Convenio colectivo estatal para las empresas de seguridad.

                                                           

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Los vigilantes de oficinas de turismo, en huelga indefinida desde mañana (Madrid)

Los noventa vigilantes de seguridad de las oficinas de turismo y cultura de la Comunidad de Madrid están llamados desde esta medianoche a secundar una huelga indefinida, convocada por el Sindicato Libre de Seguridad (SLS), para protestar por la bajada salarial de la que culpan al nuevo adjudicatario del servicio.

Con los paros el sindicato, mayoritario en el sector, pretende que la empresa adjudicataria, Sinergias de Seguridad y Vigilancia, criticada por descolgarse del convenio estatal y aplicar el de la compañía, respete el salario que tenían antes o que la Comunidad rescinda el contrato.

Pocas horas antes de que comience la huelga los servicios mínimos no están establecidos después de que SLS rechazase una propuesta de la empresa al considerarla "abusiva".

El sindicato espera una comunicación oficial de la Comunidad de Madrid o de Delegación de Gobierno que fije los servicios mínimos.

Desde mediados de julio, cuando la nueva empresa pasó a gestionar el servicio y subrogó a los trabajadores, los vigilantes han sufrido una rebaja salarial del 40 % que han visto reflejada ya en la nómina de agosto, según ha indicado a Efe un portavoz del Sindicato Libre de Seguridad.

El sueldo medio de un vigilante privado asciende, según el convenio estatal, a 1.100 euros al mes, pero con las nuevas condiciones ha pasado a 780 euros.

El sindicato de vigilantes espera lograr avances tras la convocatoria de huelga indefinida ya que la solución judicial podría demorarse de dos a tres años, según ha indicado su portavoz.

Los responsables del sindicato SLS, que se han reunido con el viceconsejero de Presidencia de la Comunidad, Enrique Ruiz, sin conseguir avances, rechazan la contratación de Sinergias de Seguridad, que en el sector, según SLS, es tildada de "pirata", por hacer uso de "prácticas tramposas".

Además de con el viceconsejero, el sindicato se reunió con las consejerías de Educación y Empleo para pedirles que incluyesen en sus pliegos de contratación una cláusula para rechazar a las empresas que rebajen las condiciones laborales del convenio estatal; una mediación que dio frutos con esos dos departamentos pero no con el de Presidencia, según han señalado a Efe.

El conflicto laboral también ha tenido eco político ya que el diputado regional de Ciudadanos Francisco Lara ha solicitado que el viceconsejero de Presidencia informe al respecto en la comisión correspondiente, una comparecencia que de aprobarse se produciría en septiembre cuando las comisiones retomen el trabajo.

El Gobierno gasta 58 millones más en vigilantes privados para control de cárceles

El Consejo de Ministros autorizó ayer la contratación de más de 900 vigilantes de seguridad para las prisiones españolas en el marco del plan de privatización de la seguridad de los 67 centros penitenciarios del país que comenzó en 2013 y que actualmente se encontraba en la prórroga de su segunda fase, que entró en vigor en octubre de 2014 y cuya renovación ya llevaba meses de retraso con motivo, entre otras razones, de la demora de la formación del nuevo Gobierno. 

Los más de 900 vigilantes ocuparán 203 puestos de trabajo divididos en distintos turnos. El contrato conllevará un desembolso aproximado de 58 millones de euros por parte del Gobierno y dará servicio a todas las prisiones dependientes del Ministerio del Interior, que son las que se encuentran bajo el control de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Los vigilantes se dedicarán, como venían haciendo hasta ahora, al control del perímetro de las instalaciones penitenciarias y de los accesos, además de a la observación de los circuitos cerrados de televisión, el análisis y la gestión de las señales de alarma. Su labor seguirá siendo, por lo tanto, la de auxiliar en las mencionadas tareas, que seguirán dirigiendo los policías y los guardias civiles, según anunció el Consejo de Ministros.

Los vigilantes que estén destinados al control de accesos seguirán estando capacitados para portar armas de fuego, como ya ocurre en otros servicios que realizan estos profesionales. El Consejo de Ministros ha tomado esta decisión en el marco de la Ley de Seguridad Privada, aprobada el 4 de abril de 2014, meses antes de que comenzara la segunda fase del mencionado plan de inclusión de vigilantes en las prisiones. La norma permite a las empresas de seguridad encargarse de la vigilancia perimetral de los centros penitenciarios cuando así lo decida el Ministerio del Interior y siempre al servicio de la Policía y de la Guardia Civil. 

El Gobierno tramitará la contratación del servicio mediante procedimiento negociado sin publicidad. Argumenta que así lo contempla la normativa vigente en materia de contratos del sector público dado que esta licitación "exige la adopción de especiales cautelas orientadas a preservar al máximo cualquier información relacionada con los servicios de seguridad a prestar y con la salida y entrada de reclusos". Según el Consejo de Ministros, se trata de "circunstancias excepcionales que requieren la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado".

La iniciativa comenzó en 2013 con una primera fase a modo de prueba que conllevó la entrada de profesionales privados en algunos centros penitenciarios. En octubre de 2014 el experimento se trasladó a todas las prisiones de España en lo que se denominó la segunda fase del plan. Ahora, con el contrato de 900 nuevos efectivos, Interior renueva formalmente esa segunda fase, que ya llevaba un año prorrogada.

No se inicia por lo tanto de momento la tercera y definitiva fase, que en teoríaconllevaba la salida de funcionarios y la entrada de más vigilantes. La tercera fase estaba previsto que entrara al año de ponerse en marcha la segunda, pero la realidad es que la segunda se ha alargado un ejercicio más y ahora se ha renovado durante el mismo periodo, lo que deja la entrada del último ciclo para, al menos, finales de 2017.

La repetición de las elecciones generales y el retraso en la formación del Gobierno, además de la polémica surgida tras el anuncio del plan, han provocado que el Ministerio del Interior paralizara el comienzo de la entrada de la tercera fase.


UniónGC tilda de despilfarro aumentar la seguridad privada en las prisiones

La Unión de Guardias Civiles (UniónGC) ha tachado hoy de "despilfarro" la decisión del Gobierno de destinar otros 58 millones de euros a aumentar la seguridad privada en las prisiones con 900 vigilantes más para la protección exterior de las cárceles.

En un comunicado, la asociación se refiere al acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 19 de agosto en esta materia para aumentar la vigilancia privada en 67 cárceles, un "derroche" que, a su juicio, supone un gasto "innecesario" de 100 millones de euros anuales.

Y todo ello, subraya, para una medida "innecesaria", que "invade competencias propias" de la Guardia Civil y la Policía Nacional, "encarece el servicio y, en definitiva, supone un derroche de dinero del erario público injustificable que no se sostiene con argumento alguno, como no sea el de beneficiar a empresas privadas de seguridad con no se sabe muy bien el fin".

Mientras se efectúa este gasto, dice UniónGC, los guardias civiles "siguen sin los elementos de seguridad básicos ni los medios adecuados para afrontar su trabajo día a día".

La asociación ha echado cuentas de las "suculentas" adjudicaciones de este servicio a empresas privadas y cifra en 64.444,44 euros el coste para el Estado de cada vigilante, lo que supone "más del doble del salario que percibe cualquier guardia civil en ese mismo periodo". "Una vergüenza y un despilfarro insultante", apostilla.

UniónGC reitera su apuesta por el empleo público y de calidad y, por ello, se opone "frontalmente" a cualquier iniciativa que suponga la supresión de la seguridad pública.

Con esta medida, el Gobierno, según opina la asociación, "no hace otra cosa que parchear la carencia de efectivos en Guardia Civil y a su vez justificar esa merma para no reponer los empleos de seguridad pública perdidos durante los últimos años".

La asociación dirigirá escritos a la Dirección General del cuerpo y al Gobierno para expresar su oposición a una medida que, según especifica, puede suponer a corto plazo la supresión de puestos de trabajo en la Guardia Civil.

Insiste UniónGC en que la implantación de este servicio de seguridad privada está costando anualmente al erario público casi 33 millones de euros, cuantía que "sería suficiente para dotar a cada guardia civil de un chaleco antibalas de uso personal".

Detenido un hombre por falsificar el carné para trabajar de vigilante en un festival

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Castellón a un hombre de 52 años por presuntamente falsificar la documentación necesaria para trabajar como vigilante y jefe de seguridad privada en un festival de música de la provincia. El arrestado compró la acreditación a otra persona en plena calle por 60 euros, según ha informado la comisaría provincial en un comunicado.

El arresto se produjo el miércoles 3 de agosto mientras los policías realizaban una inspección en materia de seguridad privada en el recinto de un certamen musical en la provincia de Castellón, durante las comprobaciones sobre empresas, contratos y personal del evento.

En la evaluación a un jefe de seguridad, los agentes se percataron de que la Tarjeta de Identificación Profesional (TIP) con la que se identificó era falsa y que llevaba otro carné también ilícito que le acreditaba como vigilante de seguridad.


El detenido compró ambas acreditaciones en plena calle a un desconocido, al que dio 60 euros, sus datos personales y las fotografías. Tras las pesquisas, la Policía ha esclarecido que tenía caducada su identificación verdaderade jefe seguridad y que no había podido renovarla por tener antecedentes.

Ante estos hechos, el hombre de 52 años y origen español fue detenido como presunto autor de un delito de falsificación de documento público, tras lo que pasó a disposición judicial.

El presidente de Seguridad Integral Canaria, pendiente de nuevo del indulto del Gobierno

El empresario y presidente del club de fútbol de Primera División Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, irá a prisión el próximo 5 de octubre. Así lo dictaminó el pasado 13 de junio el Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas, en virtud de la ejecución de la sentencia dictada en 2011 por la Audiencia Provincial, que condenó al también propietario de la mercantil Seguridad Integral Canaria a tres años de cárcel por la construcción de obras ilegales. Tan solo una cosa podría evitar que el hombre que fichó a Kevin Prince Boateng sea encarcelado.

El Gobierno podría indultarle antes de la 'fatídica' fecha del 5 de octubre. El Consejo de Ministros tendría que aprobar la petición realizada por el propio empresario tras la propuesta del Ministerio de Justicia, que aún no se ha pronunciado. No sería la primera vez que el Ejecutivo indulta al presidente y máximo accionista de la Unión Deportiva. La medida de gracia ya le fue concedida por el Gobierno de Mariano Rajoy en noviembre de 2013 por la misma causa judicial. En concreto, rebajó de tres a dos años la condena, lo que hacía que en la práctica el empresario no entrara en prisión al carecer de antecedentes. Sin embargo, el Tribunal Supremo tumbó el indulto en junio de 2015 tras el recurso de la asociación Ecologistas en Acción, impulsora de la investigación inicial que llevó a la condena.

Una sentenciEl alto tribunal argumentó que el indulto debía ser anulado porque no había contado con el informe preceptivo de la Audiencia Provincial, sino solo con el del Juzgado de lo Penal número 5. Entendía el Supremo que la Audiencia también había participado en la sentencia y, por lo tanto, era necesaria su opinión. Tras el requerimiento, el alto tribunal de Las Palmas informó a favor del indulto, lo que motivó que Ramírez volviera a reclamar la medida de gracia, que deberá aprobarse antes del 5 de octubre tras ordenarlo así el auto del Juzgado número 5.

La decisión sobre si el empresario ingresa o no en prisión la tomará, por lo tanto, un Gobierno que aún se encuentra en funciones y del que ya no forma parte el que fuera ministro de Industria y Turismo, José Manuel Soria, con quien Ramírez mantiene una relación de amistad desde hace años que ha sembrado de dudas la gran cantidad de adjudicaciones que ha recibido Seguridad Integral Canaria en esta legislatura por parte de la Administración General del Estado. La propia Tesorería General de la Seguridad Social ha contratado los servicios del empresario a pesar de que ha sido este mismo organismo el que ha establecido en 12 millones de euros la cantidad que Ramírez le adeuda.
Victoria Rosell, junto al líder de Podemos, Pablo Iglesias. (EFE)

La Tesorería remitió un informe al Juzgado número 8 de Las Palmas en el que que esos 12 millones era la cifra adeudada por las mercantiles del Grupo Ralons, matriz de Seguridad Integral Canaria, a la Seguridad Social. El documento fue presentado a requerimiento del Juzgado, que investiga el fraude en el que ha incurrido presuntamente Ramírez tanto con este órgano como con la Hacienda Pública, un proceso judicial que ha pasado ya por tres jueces instructores, entre ellos la magistrada Victoria Rosell, que abandonó el juzgado para sumarse a las filas de Podemos, o Salvador Alba Mesa, que fue grabado por el propio Ramírez. Ahora es la magistrada Carla Vallejo quien dirige la instrucción.

Entre las irregularidades, el Juzgado investiga las "estratosféricas" dietas -en palabras de Hacienda- que la empresa abonaba a los trabajadores con el fin de evitar que estos pagos fueran contabilizados como otros conceptos sujetos a retenciones. Según la Agencia Tributaria, la mercantil acudía al abono de estas dietas y kilometraje porque se trata de partidas exentas desde el punto de vista fiscal, con lo que la compañía se ahorraba el pago de los impuestos correspondientes.

En el marco de esta causa, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ordenó al Juzgado número 8 imponer una fianza de responsabilidad civil al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. El Juzgado ha ido rebajando durante los últimos meses la cifra, que la acusación particular -ejercida por la Federación de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera- reclamó inicialmente que fuera de 60 millones de euros. Tras la petición, el Juzgado la situó en 35 millones y amenazó con embargar los bienes de Ramírez si este no pagaba, lo que ponía el foco sobre el club de fútbol del que, además de presidente, es accionista el empresario. Tras el recurso de Ramírez, rebajó a 17 millones la fianza y posteriormente hasta los actuales 3,5 millones establecidos.

Vigilante explica como el y su familia son acosados por grafiteros


Intenta atracar un local con tijeras y hiere al vigilante (Tenerife)

Miembros del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron en la tarde de ayer a un hombre de 31 años de edad como presunto autor de un intento de robo con violencia e intimidación en un supermercado situado en el barrio santacrucero de El Sobradillo.

Supuestamente, según diferentes fuentes, el individuo trató de atracar a una de las cajeras del mencionado establecimiento comercial con un arma blanca.

Los hechos ocurrieron en un local que está situado en plena avenida de Los Majuelos, cerca del Punto de Información Ciudadana del mencionado barrio de la capital tinerfeña.

Presuntamente, tras dirigirse a una de las trabajadoras para exigirle el dinero que tenía en la caja, el ladrón fue abordado por el vigilante de una empresa de seguridad.

Ante dicha circunstancia, el varón posteriormente arrestado amenazó con las tijeras al citado trabajador de la empresa de seguridad.

Entre ambos se produjo un forcejeo y en el mismo el vigilante sufrió diversas heridas.

Finalmente, el responsable del intento de atraco fue reducido en el recinto.

Rápidamente se avisó a agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

Hasta el establecimiento comercial acudió una patrulla de la Brigada de Seguridad Ciudadana, que procedió a la colocación de grilletes y traslado del acusado hasta la Comisaría de Distrito Norte de Santa Cruz, en la calle Pérez de Ayala.

Posteriormente, el individuo fue trasladado hasta los calabozos y, cuando los funcionarios policiales finalicen la instrucción de las diligencias, el arrestado será puesto a disposición del Juzgado de Instrucción que está en funciones de guardia en la capital tinerfeña.

LAS CLAVES
El vigilante y personal de un supermercado lograron reducir en la jornada de ayer a un hombre de 31 años que previamente había intentado atracar a una de las cajeras de un supermercado en El Sobradillo.

Una patrulla de la Policía Nacional acudió hasta la avenida de Los Majuelos y procedió a la detención del individuo, que actuó armado con unas tijeras.

Hieren de una pedrada a un vigilante de seguridad de la estación de Renfe de Tarrragona

Un vigilante de seguridad de la estación de Renfe de Reus fue herido de una pedrada la noche del martes mientras estaba en su turno de trabajo. Según confirmaron fuentes de los Mossos d’Esquadra, quienes recibieron el aviso de la agresión alrededor de las 22.45 horas, el guarda de unos 40 años de edad recibió una pedrada. Un grupo de grafiteros estaría detrás de la agresión, según explicaron al Diari otras fuentes relacionadas con el suceso. «No es la primera vez que tenemos problemas con este grupo de jóvenes, que es muy agresivo», explicaron y aseguraron que «el vigilante ya ha presentado la denuncia». Hasta el lugar de los hechos se desplazaron dos patrullas de los Mossos d’Esquadra y una ambulancia del SEM, que trasladó al «herido menos grave» hasta el Hospital Sant Joan.

Por otra parte, fuentes cercanas a los hechos aseguran que la misma mañana del martes los presuntos agresores también protagonizaron otro suceso. «Se encararon con el mismo vigilante agredido y le amenazaron de muerte», explican, y aseguran que «llamamos a los Mossos para denunciar lo sucedido».

Esta no es la primera vez que los vigilantes de seguridad de la estación de Renfe de Reus tienen problemas con jóvenes que intentan pintar los convoyes estacionados.

Uno de los últimos sucesos tuvo lugar en el mes de mayo. En aquella ocasión un guarda resultó herido tras caer a la vía empujado por un grupo de grafiteros. El hombre resultó herido en una pierna y fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Sant Joan de Reus. En ocasiones los empleados han advertido de la «agresividad» de los jóvenes.