Nueva agresión contra dos vigilantes de seguridad de la estación de tren (Tarragona).

Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo cuando los empleados intentaban evitar que un grupo de jóvenes pintara un convoy de la instalación ferroviaria. Según la versión de las víctimas recibieron golpes por todo el cuerpo.

Han perdido la cuenta. Dos vigilantes de seguridad de la estación de tren de Reus han sido de nuevo víctimas de una agresión por parte de un grupo de jóvenes grafiteros. Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo y los agredidos fueron dos empleados de entre 35 y 40 años de edad de la empresa de seguridad Trabilsa. 
«Estábamos vigilando los convoyes cuando empezamos a oler a spray. Nos acercamos a uno de los trenes, mi compañero por un lado y yo por el otro.

Empezamos a hacer ruido para ahuyentar a los grafiteros, pero se encararon con nosotros y nos empezaron a pegar», relata uno de los vigilantes agredidos. Añade que «eran más de una docena de chavales, y nos empezaron a dar patadas por todo el cuerpo, y mientras huían nos empezaron a tirar los botes de pintura». 

Él mismo puedo reconocer a uno de los jóvenes, ya que el resto, según su versión de los hechos, «iban encapuchados y con el rostro cubierto». Añade que «fue otro compañero de otra empresa de seguridad el que llamó a la policía y la ambulancia para que nos atendieran».

Fuentes de los Mossos d’Esquadra confirmaron los hechos al Diari. La policía recibió el aviso pasadas las tres de la madrugada del domingo. «Un grupo de jóvenes de entre 16 y 20 años estaba pintando el lateral de un convoy de tres vagones, cuando fueron sorprendidos por los vigilantes de seguridad», explican las fuentes. Las mismas corroboran que «los jóvenes rociaron con espray a los vigilantes, que al inhalar el aerosol se marearon, y también tenían contusiones. Después, los jóvenes huyeron corriendo». 

Ambos vigilantes fueron trasladados hasta el Hospital Sant Joan de Reuspara ser atendidos y valorar la gravedad de las lesiones recibidas. «Yo recibí el alta rápidamente después de realizarme diferentes pruebas, pero mi compañero fue el que se llevó la peor parte, incluso le pintaron la cara con spray y le tuvieron que hacer un TAC por los golpes que recibió en la cabeza», explica el vigilante de seguridad. Al cierre de esta edición, la segunda víctima todavía permanecía ingresada en el centro hospitalario reusense, a la espera de su evolución.

Agresiones constantes

Los ataques a vigilantes de seguridad de la estación de tren de la capital del Baix Camp no ceden. De hecho, en menos de un mes uno de ellos ya ha sufrido dos agresiones. «Es la segunda vez en menos de 30 días, y no se ha hecho nada para parar esta situación», asegura. El agredido también recrimina que los jóvenes grafiteros «se sienten con el derecho de pintar los convoyes porque sienten total impunidad ante la justicia, saben que no les harán nada». Añade que «estamos indefensos, no sabemos qué hacer. Hasta que no ocurra algo más grave y que lamentaremos todos». 

Con este rotativo también contactó otro compañero de los dos vigilantes agredidos para relatar la secuencia de los hechos. «Pintan los trenes, nos amenaza, nos pegan y no les pasada nada», critica. Explica que «mis compañeros tampoco pueden hacer nada para defenderse ante este tipo de agresiones, ya que solo llevan la porra y las esposas». Desde hace tiempo, el colectivo de vigilantes de seguridad denuncia la situación precaria en la que se ven obligados a trabajar cada día. «Cobramos apenas 900 euros con un mísero plus de peligrosidad. Enfrentándonos a estos jóvenes nos jugamos la vida. No compensa», concluye el empleado.

El TSJ avala el despido de un vigilante que dejó su puesto para ir a comprar agua (Murcia)

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) desestimó el recurso presentado por un vigilante de seguridad contra la sentencia que declaró procedente su despido, sin derecho a indemnización alguna. Este se produjo por haber abandonado su puesto durante tres cuartos de hora para ir a comprar agua, según declaró.

La resolución indica que el juzgado de lo Social al que correspondió su demanda declaró probado que este trabajador de la empresa de seguridad, S., fue despedido en septiembre de 2016, después de que se comprobara que se ausentó de las instalaciones en las que prestaba sus servicios, ubicadas en San Pedro.

En la carta en la que la empresa le comunicaba el cese como autor de una falta muy grave, se recogían los hechos y la mala imagen que habían creado ante los responsables de la sociedad que había contratado sus servicios tras sufrir un incendio. En su descargo, el trabajador aseguró que se había ausentado para comprar agua y que se había perdido.

Seguridad Integral Canaria entra en concurso de acreedores

La compañía asegura que recurre a esa medida para poder afrontar el pago de los salarios de sus trabajadores y desbloquear los embargos de sus cuentas corrientes

Seguridad Integral Canaria ha presentado hoy voluntariamente concurso de acreedores para poder afrontar el pago de los salarios de sus trabajadores de la manera más inmediata posible. La empresa recurre a esta fórmula para desbloquear los embargos de sus cuentas corrientes, que impiden el normal funcionamiento.

Así lo ha anunciado la compañía propiedad del empresario y también presidente de la UD Las Palmas, Miguel Angel Ramírez. Seguridad Integral Canaria asegura que el bloqueo de las cuentas en los últimos meses proviene de una demanda de algunos sindicatos y trabajadores que no entendieron la realidad de la empresa exigiendo el abono total de las diferencias salariales, debido a una sentencia que anula el convenio que la empresa aplicó, pactado con los representantes mayoritarios de los trabajadores, conforme a la reforma laboral de 2012.

Además añade que ese bloqueo por parte de sindicatos alineados con intereses de empresas competidoras imposibilitó atender los pagos a Seguridad Social y Hacienda, que, a su vez, reclamaron embargos.

Ante esa situación, la única herramienta legal que entendemos puede restablecer el normal funcionamiento de la empresa es el concurso de acreedores con la intención de no dejar deuda alguna en línea con la historia de la empresa, que en sus 22 años de existencia ha venido afrontando sin problemas sus obligaciones.

Tal es la convicción de Seguridad Integral Canaria en su solvencia, basada en que su activo es netamente superior a su pasivo, que la intención no es solicitar quita alguna, pese a que la ley lo permite, sino adaptar los pagos a la liquidez de la compañía, según un calendario que garantizaría la viabilidad de la empresa y el cobro por parte de los acreedores. La empresa toma esta decisión con la vocación de seguir ofreciendo sus servicios con normalidad.

La empresa admite que las dificultades que sufre en una crisis económica general reflejada en contratos de las administraciones públicas con presupuestos a la baja, la crisis particular del sector de la seguridad privada que ha supuesto la liquidación de decenas de empresas con pérdida de puestos de trabajo y graves conflictos en otras empresas que prestan sus servicios en diferentes aeropuertos de la Península, así como la desactivación judicial de la reforma laboral de 2012, con sucesivas y múltiples sentencias en contra de convenios de empresa previstos en esa ley.

Desde Seguridad Integral Canaria lamentan profundamente los perjuicios que esta situación ha causado sobre todo a los trabajadores, a los que queremos pedir perdón públicamente, y esperamos poder compensarles. Al mismo tiempo, lamentan que la intransigencia de algunos sindicatos haya provocado el bloqueo de nuestras cuentas al exigir el abono inmediato de los atrasos por diferencias salariales respecto al convenio sectorial, lo que nos ha imposibilitado cumplir con los pagos a la Seguridad Social y Hacienda, que, a su vez, también han ejecutado un bloqueo bancario, todo lo cual nos ha abocado a recurrir al concurso de acreedores.

Por último, la compañía de seguridad privada ha mostrado su agradecimiento a los proveedores que estuvieron a nuestro lado en los momentos buenos, a su comprensión en estos delicados momentos, y esperamos que sigan estando cuando ya se atisba una solución para la continuidad de la empresa de manera solvente y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

PSOE y Podemos exigen al Gobierno regional “soluciones” para los vigilantes de Metro

PSOE y Podemos han exigido al Gobierno regional "soluciones" para los vigilantes de Metro, que llevan dos meses sin cobrar por el impago por parte de la empresa adjudicataria del servicio, Seguridad Integral Canaria, mientras que desde el Ejecutivo se estudia la viabilidad jurídica para usar el aval de la compañía para abonar las nóminas. 

Durante el Pleno de la Asamblea, que debate el Presupuesto para 2018, la diputada de Podemos Elena Sevillano ha recordado que España se encuentra en nivel 4 de alerta terrorista pero sin embargo en Metro la seguridad está "comprometida" por la situación de los vigilantes. 

"Señora Cifuentes, a 50 metros de su despacho Daniel (un vigilante de seguridad) lleva 11 días sin comer, en huelga de hambre, porque no se cobra de un servicio que depende de este Gobierno, ¿no le da vergüenza?", le ha dicho a la dirigente madrileña. 

En esta misma línea se ha posicionado el parlamentario de PSOE Diego Cruz, considerando que "quien hizo el contrato, hizo la trampa". Asimismo, ha lamentado la situación que se vive, "con la Comunidad mirando para otro lado". 

"Los trabajadores merecen que hoy se dé una solución definitiva, sino sería una vergüenza en términos morales", ha defendido.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha retenido el aval aportado por la empresa Seguridad Integral Canaria cuando logró ser adjudicataria del servicio y estudia la viabilidad jurídica para poder utilizar esa cantidad a pagar los retrasos en las nóminas de los trabajadores de esta compañía. 


Metro retendrá el aval dado por Seguridad Integral Canaria para ver si puede utilizarse para pagar a los vigilantes

Metro de Madrid ha retenido el aval aportado por la empresa Seguridad Integral Canaria cuando logró ser adjudicataria del servicio y estudia la viabilidad jurídica para poder utilizar esa cantidad a pagar los retrasos en las nóminas de los trabajadores de esta compañía.

Fuentes del suburbano han explicado a Europa Press que así lo ha trasladado el consejero delegado de Metro, Borja Carabante, durante un encuentro improvisado con empleados que estaban concentrándose en las inmediaciones de la estación de Moncloa, donde se presentaba el tren de la Navidad en el suburbano. 

La consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, también se ha acercado a estos trabajadores para conocer su situación. Fuentes de este departamento indican que la cantidad del aval asciende a dos millones de euros.

Por su parte, desde Metro han señalado que se va a retener dicho aval y se estudia la posibilidad desde el punto de vista jurídico y técnico para ver si se puede destinar a abonar los salarios atrasados de los trabajadores.

En declaraciones a Europa Press, el delegado del Sindicato Unión Independiente de Trabajadores (UIT), Tomás Rodríguez, ha señalado que llevan sin cobrar sus nóminas durante dos meses y que estos "problemas de atraso en los pagos" no son nuevos por parte de la empresa.

A su juicio, este aspecto tampoco es nuevo para Metro, que "ya lleva conociendo desde el primer momento los problemas que hay y ya sabía lo que iba a pasar".


Huelga de hambre de un vigilante de Metro: «No nos pagan y prefiero estar así a perder la dignidad»

Un trabajador de la empresa Seguridad Integral Canaria que presta servicio en el suburbano de Madrid inició ayer una protesta indefinida por los impagos que arrastra la plantilla, de al menos dos meses.

Un vigilante de la empresa Seguridad Integral Canaria que presta servicio en Metro de Madrid inició ayer una huelga de hambre indefinida en protesta por los impagos que arrastra la plantilla, de al menos dos meses.

Según ha comentado este vigilante en un vídeo publicado en redes sociales, la huelga de hambre tiene carácter indefinido y se trasladará a diferentes estaciones del suburbano durante su protesta para difundir la situación que atraviesa la plantilla.

«No nos pagan ni tienen intención de hacerlo, he optado por la única manera en la que se puede hacer algo dentro de la legalidad», ha asegurado el vigilante para relatar que su intención es que «todo el mundo se entere de lo que puede hacer una persona por reclamar sus derechos, su salario y su dignidad».

«Estaré todo lo que pueda, hasta que el cuerpo aguante», ha relatado en este vídeo para recalcar que la situación de los vigilantes de esta empresa que hacen servicio en Metro es «indignante» debido a los retrasos en el pago de sus nóminas.

Los empleados de esta empresa llevan durante las últimas semanas realizando diversas protestas de cara a exponer su situación debido al impago de sus nóminas del mes de octubre y de noviembre.

Así, el 1 de diciembre medio centenar de vigilantes del Metro de Madrid protestaron frente a la Asamblea de Madrid porque 550 trabajadores de la empresa Seguridad Integral Canaria no han cobrado las nóminas de noviembre y entre 60 y 100 de ellos tampoco las de octubre, por lo que piden ser escuchados por los diputados autonómicos.

Por su parte, la Comunidad de Madrid recalcó que sancionará a las empresas de Seguridad de Metro que incumplan contratos y garantizará «sueldos dignos» para los trabajadores de las mismas. De hecho, esta trabajando en un nuevo pliego de condiciones que contemple la posibilidad de rescindir el contrato con la adjudicataria en el caso de incumplimiento.


Los ministerios siguen contratando vigilantes 'low cost' pese al toque de Fomento

Ni la nueva ley de contratos ni el acuerdo vinculante que firmó Fomento con los sindicatos han impedido que las administraciones públicas sigan recurriendo a empresas 'piratas'.

Los ‘piratas’ de la seguridad aún no tienen los días contados. Novo Segur, empresa conocida por pagar 789 euros brutos al mes a sus vigilantes en instituciones públicas como el Ministerio de Defensa -que no renovará el contrato-, acaba de ganar doce adjudicaciones con organismos tan variados como la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (Interior) o la Inspección General de Sanidad de la Defensa. Ni la recién aprobada Ley de Contratos ni el acuerdo para mejorar las condiciones de los empleados -impulsado por Íñigo de la Serna (Fomento)- lo han impedido.

Los nuevos contratos se hacen públicos poco después de que el ministerio capitaneado por María Dolores de Cospedal se comprometiera a acabar su relación con la antigua Marsegur (ahora Novo Segur) en cuanto expire el contrato en marzo, momento en el que sacará una nueva licitación. Los vigilantes de esta empresa se pusieron en huelga en octubre para denunciar una pérdida de poder adquisitivo de casi 400 euros al mes, con sueldos un 30% inferiores a las tablas del convenio de seguridad estatal.

No obstante, esta práctica hasta ahora era legal (y demasiado habitual). Los convenios de empresa podían prevalecer sobre el sectorial, situación que cambia con la nueva Ley de Contratos del Sector Público: sobre papel, el precio pierde peso como criterio de adjudicación en favor de otros como la calidad del servicio, los pliegos deberán incluir cláusulas sociales y las empresas estarán obligadas a aplicar el convenio colectivo del sector, con salarios notablemente superiores a lo que paga Novo Segur (entre otras).

Pero la nueva Ley, ya publicada en el BOE, no entrará en vigor hasta dentro de cuatro meses. Hasta entonces, las administraciones públicas podrán seguir contratando con empresas que tiran los precios a fin de presentar la oferta económica más ventajosa. El ejemplo más reciente es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad), que adjudicó recientemente un contrato de dos años a Novo Segur para sus servicios de vigilancia: en teoría, iba a arrancar el 1 de enero de 2018 y cuenta con un presupuesto de 114.674 euros, según el expediente consultado por este periódico en la plataforma de contratación del sector público.

No obstante, el Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios (STS) intervino "una vez enterado de las formas de proceder" de la empresa adjudicataria. "Se les expulsó del proceso, tal y como permite la actual Ley de Contratación del Sector Público, descartando así a una empresa pirata que presentó la oferta más baja con diferencia notable", matiza Héctor Castaño, delegado sindical.

Le siguen organismos dependientes del Ministerio de Empleo como laTesorería General de la Seguridad Social en las direcciones provinciales de Ciudad Real o Tenerife, con un plazo de ejecución de 12 meses y un importe de adjudicación no superior a los 307.447 euros en ninguno de los casos. También destaca el servicio de vigilancia del Instituto Nacional de la Seguridad Social en León (88.510 euros), otorgado igualmente a la antigua Marsegur. El Confidencial ha intentado ponerse en contacto con la empresa, sin éxito.

“Las direcciones provinciales funcionan como organismos autónomos que toman sus propias decisiones de contratación”, justifican fuentes de Empleo. Y dejan claro que el departamento de Fátima Báñez fue de los primeros en incorporar cláusulas sociales en los pliegos para garantizar unas condiciones laborales mínimas. “Se hizo en julio de 2017, antes de que se aprobara la nueva ley, y se envió una recomendación a los citados organismos para que las aplicaran”. Este ministerio ya fue noticia por contratar en el pasado con Sinergias de Vigilancia y Seguridad, otra empresa ‘pirata’ que pagaba un sueldo base de 660 euros al mes y superaba el salario mínimo interprofesional por los pluses, como desveló ‘El País’.

La violenta agresión de un hombre a un vigilante en una estación de Cercanías de Madrid

El agresor golpeó con una porra al vigilante y después a una joven que intentó ayudar.

Antena 3 Noticias publica hoy un exclusiva un vídeo que muestra cómo un hombre se cuela en una estación de Cercanías de Madrid tras agredir a un vigilante de seguridad. Las imágenes muestran cómo el agresor corre luego tras una chica la que golpea hasta que varios viajeros acuden en su ayuda.



Detenido el supuesto agresor de un vigilante del estadio Wanda que perdió un ojo

Agentes de la Policía Nacional han detenido esta mañana a un hombre acusado de un delito de lesiones graves tras propinar un puñetazo al vigilante de seguridad del Estadio Wanda Metropolitano durante la celebración del encuentro entre Atlético de Madrid y Real Madrid, el pasado 18 de noviembre. El arrestado es integrante del grupo radical Frente Atlético y tiene diversos antecedentes policiales, alguno de ellos por hechos similares, según fuentes de la investigación.

Los hechos que motivaron la presente detención ocurrieron minutos antes de la finalización del partido cuando este hombre trató de entrar por uno de los accesos que custodiaba el vigilante cuando los tornos de entrada se encontraban ya cerrados. Fue entonces cuando este individuo le propinó un fuerte puñetazo en el ojo izquierdo y huyó del lugar a la carrera.

La víctima fue asistida en un primer momento por los servicios médicos de emergencia presentes en el Estadio, pero ante la gravedad de las lesiones fue trasladado al hospital donde tras ser operado, le tuvo que ser extraído el globo ocular izquierdo. 

El visionado y análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad del estadio permitió a los agentes de la Brigada Provincial de Información (dedicada a la lucha antiterrorista y contra los grupos antisistema) identificar y localizar al autor de los hechos. Se trata de un hombre español de 27 años de edad el cual fue detenido el día de hoy como presunto autor de un delito de lesiones graves. En las próximas horas será puesto a disposición judicial.

Los vigilantes de seguridad piden ser agentes de la autoridad para evitar más agresiones

Las últimas agresiones a vigilantes de seguridad que desempeñan su trabajo en ciudades como Madrid o Barcelona han llevado a este colectivo, a través de sus representantes sindicales, a exigir que se les considere agentes de la autoridad y se les faciliten más medidos de autoprotección. 

El pasado fin de semana un vigilante de seguridad del Estadio Wanda Metropolitano perdió un ojo tras ser golpeado por un hombre que quiso entrar cuando el partido estaba a punto de finalizar y no atendió a las explicaciones del trabajador, golpeándole tan fuerte que perdió el globo ocular. 

Esta agresión se suma a otras dos ocurridas a finales de octubre: una en Madrid, concretamente en la estación de Cercanías de Nuevos Ministerios, donde un hombre golpeó repetidamente a un vigilante que le pedía que pagase, hasta que la víctima fue socorrida por una chica y luego por más compañeros y policías que lograron reducir a un hombre totalmente exaltado.

La otra fue en Barcelona, donde varios pasajeros de Metro de Barcelona agredieron a tres vigilantes de seguridad, que sufrieron lesiones de diversa consideración, al intentar calmarles cuando estaban provocando alborotos en el interior de un convoy de la línea 5. UGT ha denunciado en un comunicado que en las últimas semanas el colectivo de vigilantes de seguridad privada "ha sufrido un número considerable de agresiones en el desempeño de sus funciones", que condenan enérgicamente y ante las que muestran su apoyo. 

El responsable de Seguridad Privada en UGT, Diego Giráldez, ha explicado que defenderán que en el nuevo Reglamento de Seguridad Privada, que ultima el Gobierno, se les dote de mayor cobertura legal y se conceda automáticamente carácter de agente de autoridad a estos profesionales en el desempeño de sus funciones, como ocurría hasta 1992. Partiendo de la base de que esta profesión conlleva riesgos, UGT considera que no es de recibo que no tengan consideración de agentes de la autoridad si son auxiliares de la autoridad pública en una situación de alerta 4 de nivel antiterrorista.

"Las agresiones que recibimos no pueden quedar en una simple y mera falta, en una condena leve por agresión. 

El agredir a un agente de autoridad es un delito que conlleva penas de uno a cuatro años de prisión; hay que tener presente que la Ley de Seguridad Privada obliga a los vigilante a intervenir ante cualquier circunstancia que infrinja las leyes en sus puestos de trabajo", ha añadido. 

En la misma línea, el sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada denuncia que las agresiones a vigilantes "comienzan a ser demasiado frecuentes" y pide una nueva reforma de la Ley de Seguridad Privada porque en su modificación de 2014 "no llegó a colmar las necesidades y carencias de los vigilantes" y "a día de hoy han de subsanarse de manera urgente".

"Nos encontramos en la misma situación de indefensión jurídica y desamparo que en el año 1992, cuando se rubricó la Ley de Seguridad Privada y pasamos de ser vigilantes jurados para convertirnos en vigilantes de seguridad, y nos despojaron del carácter de agente de autoridad", explica el responsable de comunicación de Alternativa Sindical, Alberto García, que aboga por recuperar esa condición y también por contar con más elementos de protección. 

Otra demanda es una mayor formación para los vigilantes, "un pilar básico para el buen desempeño de las funciones a la hora de la prestación del servicio", que debería de ampliarse en general y además ser específica cuando un profesional sea destinado a determinados lugares, como por ejemplo instalaciones militares. 

"Con todo ello se lograría acabar con la impunidad de las que gozan los protagonistas de agresiones graves como las vividas en las últimas semanas", sostiene García.

Acuerdo del Grupo de Trabajo de Seguridad Privada en las infraestructuras de transporte de competencia estatal

                             
 
           Comunicado                                                                Acuerdo
                                                                                     


Convenio Colectivo Estatal de las Empresas Privadas de Seguridad 2017-20


           
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Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad privada

Firmado un acuerdo en el Convenio estatal de seguridad privada



                             Nota informativa                        Ver acuerdo 
                                                             

Negociación Convenio Colectivo

Explicación computo permisos retribuidos,vacaciones e I.T. en la propuesta final del convenio de seguridad privada


Facua denuncia a las principales empresas de seguridad privada por sus líneas 902 de atención al cliente

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a nueve empresas de seguridad privada por remitir a los usuarios a teléfonos de alto coste, con prefijos 902, para contratar sus servicios o gestionar incidencias.

Se trataría de las principales empresas del sector: Prosegur, Securitas Direct, Eulen, Biservicius, Seguridad Integral Canaria, Visor, Marsegur, Securitas Seguridad España y Sinergias de Vigilancia y Seguridad.

La asociación ha remitido sus denuncias a las autoridades de consumo de las comunidades donde las firmas tienen sus respectivos domicilios sociales. En este caso, a las direcciones generales de comercio y consumo de la Comunidad de Madrid, donde lo tienen cuatro de ellas, y de Canarias, donde lo tendrían las otras cinco.

Las nueve empresas ofrecen numeraciones 902 como única vía para que los consumidores contacten telefónicamente. De esta forma, denuncia la asociación, los usuarios se ven abocados a recurrir a ese tipo de números ante cualquier incidencia relacionada con alarmas o servicios de seguridad contratados para sus hogares. Igualmente, Facua recuerda que los usuarios "tienen derecho a reclamar" a la empresa el importe que les suponga cada llamada a esos 902.

Esta acción está enmarcada dentro de la campaña #Stop902 de Facua para movilizar a los usuarios contra este tipo de abusos en los teléfonos de atención al consumidor. Más de cien empresas de diferentes sectores han sido denunciadas por Facua por la vulneración de la legislación de defensa de los consumidores en las numeraciones de sus teléfonos de atención al cliente e información comercial.

Como consecuencia a estas denuncias, las autoridades de consumo de Baleares han abierto expedientes sancionadores a las aerolíneas Ryanair y Air Berlin. Además, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de anunciar la apertura de cinco expedientes sancionadores contra proveedores de servicios de telecomunicaciones por ofertar a empresas la contratación de números 902 a cambio de parte del cobro de la llamada facturada a los clientes como retribución.

DENUNCIAS EN TODOS LOS SECTORES

En este año, la asociación ha presentado paquetes de denuncias por irregularidades similares contra empresas de diferentes sectores como aerolíneas, energéticas, aseguradoras, establecimientos comerciales, compañías de telecomunicaciones, Renfe -que sustituyó el 902 en julio-, la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y su filial Correo Express. La última batería de denuncias presentada por la asociación fue hace unos días contra firmas de mensajería.

La asociación advierte de que el artículo 21.2 del Real Decreto 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, indica que los teléfonos de atención al cliente en los sectores donde no sea obligatoria su gratuidad (telecos, electricidad y gas) no pueden suponer "un coste superior al de la tarifa básica", por lo que si son de pago, sólo resultan admisibles líneas móviles o fijos con prefijo geográfico.

Cermi pide acabar con discriminación de discapacitados en seguridad privada

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha pedido hoy al Ministerio del Interior que desarrolle la Ley de Seguridad Privada para terminar con la exclusión que sufren las personas con discapacidad para ejercer esta actividad profesional.

"Los preborradores del futuro reglamento" contiene medidas encaminadas a avanzar en el acceso y permanencia de personas con discapacidad en el desempeño de funciones de seguridad privada, como vigilantes de seguridad, de las que ahora están rígidamente excluidas, según ha señalado el Cermi en una nota.

Este comité ha enviado una carta al director general de la Policía, Germán López, en la que argumenta que disponer en pocas fechas de un reglamento de desarrollo de la Ley de Seguridad Privada permitirá abrir estas actividades a personas con discapacidad -a determinadas funciones y tareas- y que permanezcan como personal de seguridad a aquellas que siéndolo ya, adquieren una discapacidad sobrevenida.

El Cermi ha destacado que si se responde a sus demandas "no solo se repararía una exclusión hoy sin ninguna justificación, sino que se abrirían nichos de oportunidad laboral para muchas personas con discapacidad, que padecen tasas de inactividad y de desempleo enormemente elevadas en nuestro país", ha concluido el Cermi.

Comisión Negociadora del Convenio de Seguridad Privada.

Adjunto os remito el acta nº 16 de la reunión de la Comisión Negociadora del Convenio de Seguridad Privada para vuestro conocimiento.


Condenados a 5 años por dar una paliza a tres vigilantes en La Rambla (Mallorca)

Un juzgado penal de Palma condenó ayer a dos jóvenes a cinco años de cárcel y cinco años y medio, respectivamente, por propinar una brutal paliza a tres vigilantes de seguridad del mercadillo navideño de La Rambla, en Palma, en diciembre de 2016.

Los acusados, acompañados por dos menores que están imputados en otro procedimiento, atacaron con patadas y puñetazos y armados con un cuchillo, una cadena, una botella y un retrovisor a los perjudicados, a quienes causaron graves heridas y secuelas. También se enfrentaron a los policías locales de Palma que los arrestaron.

Los dos sospechosos, dos ciudadanos de origen colombiano de 19 y 21 años que se encuentran presos, confesaron ayer los hechos en la sede de Vía Alemania. Ambos aceptaron ser expulsados de España durante nueve años, una vez hayan cumplido las dos terceras partes de la condena.

Ante el reconocimiento de los cargos efectuado al haber alcanzado un acuerdo las defensas con la fiscal y el letrado de la acusación particular, Ramón Caubet, la magistrada dictó sentencia 'in voce' contra los dos muchachos. A uno de ellos le impuso cinco años y medio de prisión y una multa por un delito de lesiones con uso de instrumento peligroso, otro de atentado y un delito leve de lesiones. En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a un vigilante de seguridad herido con 800 euros.

Mientras, su compinche fue sentenciado a cinco años de cárcel, una multa y 1.090 euros de indemnización por las lesiones con instrumento peligroso y también por un delito de daños. El fallo ya es firme, ya que las partes anunciaron que no iban a recurrir.

Madrugada de diciembre

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 12 de diciembre de 2016. Sobre las tres menos cuarto de la mañana, los dos jóvenes llegaron a La Rambla procedentes de la plaza de España, donde habían estado causando destrozos en las casetas. Cuando un vigilante de seguridad les llamó la atención, uno de los sospechosos le lanzó una botella de cristal y le propinó una patada en la mano derecha. El guardia trató de repeler la agresión con su defensa y los acusados huyeron al llegar otro vigilante.

Minutos después, los agresores decidieron regresar. Entonces llevaban un cuchillo de sierra de 21 centímetros, una cadena y un retrovisor que habían arrancado de un ciclomotor y se abalanzaron sobre los dos vigilantes tratando de golpearles con esas armas.

Los perjudicados, atemorizados, intentaron escapar pero fueron alcanzados. Los muchachos intentaron apuñalar a uno de ellos con el arma blanca, le propinaron golpes en la cabeza con el retrovisor y le dieron numerosas patadas y puñetazos. Al poco tiempo, se unieron los dos menores, quienes atacaron a un vigilante del edificio de la Seguridad Social que trató de auxiliar a sus colegas. A este profesional le golpearon en la cabeza con una cadena.

Los dos agresores adultos fueron finalmente arrestados por la Policía Local. Durante su traslado a las dependencias policiales, uno de los procesados amenazó de muerte e insultó a los tres agentes que lo custodiaban. Además, se golpeó la cabeza contra la pared, con intención de autolesionarse y denunciar después ante el juez que había sido torturado.

Los tres vigilantes sufrieron lesiones de diversa consideración. Uno de ellos resultó herido con fracturas en la cara, la cabeza y las manos, así como con contusiones y hematomas por todo el cuerpo. Estuvo dos días hospitalizado y fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas. Tardó cinco meses en recuperarse y padece secuelas como visión doble, alteración del sueño, la memoria y la libido, cicatrices y una desviación nasal. Las otras víctimas padecieron heridas de menor entidad.

El sector de la Seguridad Privada toma las calles en todo el país para exigir el desbloqueo del convenio colectivo

CCOO de Construcción y Servicios, junto con el resto de sindicatos con representación sectorial, han salido a las calles de todas las Comunidades Autónomas del país a exigir que cese el bloqueo patronal al convenio colectivo de seguridad privada, apostando por un acuerdo con avances para el sector.

Andalucía

Los sindicatos mayoritarios del sector, CCOO de Construcción y Servicios, UGT y USO, convocaron movilizaciones en el día de ayer, secundadas en todas las capitales regionales y de provincia por miles de personas, por el bloqueo en la negociación colectiva del convenio estatal de empresas de seguridad privada y en contra de las empresas llamadas “LOW COST” que vulneran sistemáticamente los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, con retrasos continuados de salario, incluso impagos.

Tras meses de negociación, la patronal, sigue mostrando una manifiesta pasividad en abordar compromisos reales de incrementos mínimamente razonables de salarios, así como establecer elementos de avance suficientes cimentados en el diálogo social, siendo la principal preocupación del sector las continuas pérdidas de poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras y donde la patronal no está teniendo una negociación clara y real, buscando dilatar la negociación en el tiempo para ahorrar una subida efectiva para en el presente año.

La patronal y la parte social están convocados a una nueva reunión para el próximo día 26 de octubre, donde si no se ve ningún adelanto en la propia negociación, por parte de los tres sindicatos mayoritarios, CCOO de Construcción y Servicios, UGT y USO, no descartan nuevas movilizaciones e incluso una Huelga en el sector.

Doce años y un día de cárcel por abusar de una subordinada en el trabajo

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un vigilante del edificio de la Tabacalera, en el barrio de Lavapiés, por abusar varias veces de una compañera de trabajo amenazando con perjudicarla laboralmente si no accedía a sus abusos.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a doce años y un día de cárcel a un vigilante de seguridad del edificio de la Tabacalera, en el barrio de Lavapiés, por abusar sexualmente varias veces de una compañera de trabajo amenazando con perjudicarla laboralmente si no accedía a someterse a las agresiones. La sentencia, contra la que ya ha anunciado recurso, también condena a la empresa para la que trabajaban e impone una indemnización de 18.000 euros para la mujer. 

Según explica la sentencia, víctima y agresor trabajaban juntos en la seguridad de este emblemático edificio del barrio madrileño de Lavapiés, cercano a la glorieta de Embajadores y dedicado a la difusión del arte desde hace más de una década. Como jefe de equipo, el condenado se aprovechó de "su situación jerárquica laboral" sobre la mujer "haciéndole creer que su puesto laboral dependía de él, y que podría promover su despido", explica la sentencia. Entre otras cosas, era quien elaboraba los cuadrantes de los turnos de trabajo. 

Los abusos se produjeron en tres ocasiones entre 2011 y 2013, en distintos lugares del edificio, siempre contra la voluntad de la víctima e incluso con alguna amenaza de carácter laboral: le dijo que "si no hacía lo que él quisiera no le asignaría más horas extras en su turno", por ejemplo. 

"Impresiona de sinceridad"

Unos abusos sexuales que ahora la Audiencia Provincial de Madrid da por probados y que se traducen en una condena de doce años y un día de prisión, una orden de alejamiento de medio kilómetro y otros diez años más de libertad vigilada y asistencia a programas de educación sexual. 

Entre otras pruebas, los magistrados de la sección 16ª destacan el testimonio de la víctima: "Impresiona de sinceridad", dicen, asegurando que su relato fue "pormenorizado y detallado" describiendo cómo su agresor "emplea la violencia" y cómo ella "se vio superada físicamente y confusa y temerosa de perder sus ingresos y trabajo". Compañeros de trabajo a los que contó lo sucedido "llorando y nerviosa" afirmaron en el juicio que no quería denunciar "por estar sola, por miedo a perder el trabajo y porque por su edad tendría dificultad para encontrar otro". 

Más acusaciones

La sentencia refleja que la denunciante no fue la única mujer que acusó al condenado de abusar de ellas o de haberlo intentado, también en el ámbito laboral: una mujer que trabajó en la Tabacalera cubriendo una baja, que a su vez aseguró que una trabajadora de la limpieza también había sufrido lo mismo, así como otra testigo más. En éste último caso, la Audiencia Provincial de Madrid ya dictó sentencia absolutoria en diciembre del año pasado, manteniendo intactas las acusaciones pero explicando que en todo caso sería culpable de un delito de abusos, y no del de acoso del que había sido acusado.

En las últimas semanas, la Justicia ha dictado su ingreso en prisión teniendo en cuenta el riesgo "inequívoco" de fuga: su defensa, además de anunciar recurso contra la sentencia condenatoria, también ha recurrido su ingreso en prisión, poniendo en duda el testimonio de la víctima, acusando de nulidad al auto e incluso sacando a colación pasajes de la obra de William Shakespeare 'El Mercader de Venecia'.

Las empresas para las que trabajaron víctima y agresor cuando sucedieron los hechos, primero Prosegur y luego Seguriber, también han sido condenadas a hacerse cargo de las indemnizaciones en calidad de responsables civiles subisidarias, y también han recurrido la sentencia condenatoria. La sentencia explica que "incurrieron en una responsabilidad civil no sólo 'in eligendo', sino también 'in vigilando' durante el dilatado tiempo en que ocurrieron los hechos".

Huelga general en Novo Segur (antes Marsegur)

La huelga general tomará su inicio a las 00:00 horas del día 23 y finalizará a las 00:00 horas del día 27 de octubre.


Reunión Comisión Negociadora del Convenio Colectivo Estatal (Acta 15)


                                                             Documento

El Congreso anula el 'descuelgue' de las empresas en los contratos públicos aprobado por el PP en el Senado

PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT y PNV imponen que la nueva ley entre en vigor en los términos que había acordado la Cámara Baja

El Pleno del Congreso ha aprobado la nueva Ley de Contratos del Sector Público, rechazando todas las enmiendas introducidas en el Senado por la mayoría absoluta del PP, en las que se permitía a las empresas adjudicatarias priorizar un convenio de empresa sobre el sectorial.

Así, PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem, Esquerra Republicana, el PDeCAT y PNV han tumbado las enmiendas introducidas en el proyecto de ley durante su paso por la Cámara Alta, con lo que la nueva norma entrará en vigor tal y como salió el pasado mes de julio del Congreso.

El proyecto por el que se transponen dos directivas europeas fue aprobado por el Gobierno en noviembre de 2016 y tomada en consideración a mediados de febrero de este año. Desde entonces, la complejidad y la extensión de la norma alargó el período de ponencia, celebrándose entre marzo y julio reuniones para debatir y acordar cambios en la norma.

Finalmente, fue aprobada por la Comisión de Hacienda y Función Pública en la última semana de julio, sin ningún voto en contra, únicamente con la abstención del PSOE, y con satisfacción general de los grupos al haber podido introducirse aportaciones de prácticamente todas las fuerzas políticas.

Así, celebraban haber conseguido plasmar una contratación pública más transparente, más controlada, más accesible para pymes, con mayor protección para los trabajadores de las adjudicatarias y con un papel más importante de las cláusulas sociales.

¿CALIDAD ANTES QUE PRECIO?

Aunque en el proyecto de ley ya se recogía la inclusión de cláusulas sociales, tal y como mandata la propia directiva comunitaria, partidos de izquierda como PSOE y Unidos Podemos celebran que se éstas se hayan incorporado con mayor detalle durante el trámite parlamentario.

También dan por hecho que con la nueva norma la calidad del servicio prestado se priorizará el precio y que podrá realizarse una contratación estratégica para potenciar, por ejemplo, los contratos con empresas que primer determinados aspectos como la igualdad de género o los aspectos medioambientales.

Desde Unidos Podemos también celebran la reducción de la cuantía de los contratos menores, que tienen menos exigencias de control. Ahora se consideran menores los inferiores a 50.000 euros para obras y a 18.000 euros para servicios y cuando se apruebe la reforma se quedarán en 40.000 los primeros y en 15.000 los segundos. También se eliminarán los contratos sin publicidad.

UN SUPERVISOR DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Otro de los grupos que ve plasmada en la ley una de sus principales reivindicaciones es Ciudadanos, ya que la reforma incluye la creación de un organismo de control de la contratación pública, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión, que según comentan desde la formación naranja, contará con capacidad normativa y podrá emitir recomendaciones para el cumplimiento de los órganos de contratación.

De esta forma, la supervisión se saca de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia --en cuya segregación trabaja desde hace meses Economía-- para constituir un organismo que, aun dependiendo del ministerio orgánicamente, se asemeje a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Una de las características más valoradas por Ciudadanos es la garantía de la independencia de sus miembros, pues tendrán un mandato de seis años, rompiendo así el ciclo electoral y no podrán ser cesados por el Gobierno, salvo causas justificables ya tasadas.

Asimismo, de esta oficina dependerá la Oficina Nacional de Evaluación, que se encargará de estudiar la rentabilidad socioeconómica de la contratación pública. Otro de los mecanismos de control será una ponencia permanente en las Cortes, en paralelo de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, por lo que los partidos políticos también controlarán específicamente la contratación pública.

LICITACIONES MÁS ABIERTAS

Uno de los aspectos en los que ha habido un mayor consenso a la hora de incluir modificaciones es en las propuestas que permitían una mayor flexibilidad en los criterios de contratación con el objetivo de abrir las licitaciones a un mayor número de empresas.

Así, la nueva ley recoge la obligatoriedad de fraccionar en lotes los grandes contratos --en caso de que no sea posible la administración deberá justificarlo--, flexibiliza los requisitos de solvencia a las características y circunstancias de las empresas y no se exigirá a las sociedades con menos de cinco años la acreditación de trabajos previos, como sucedía hasta ahora.

MAYOR PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES

Otra reivindicación atendida y consensuada ha sido la protección de los derechos laborales, ya que según denunciaban muchas formaciones, en numerosas ocasiones las empresas se 'descolgaban' en los concursos de los convenios laborales para presentar ofertas más baratas.

A partir de ahora, las adjudicaciones deberán respetar las condiciones salariales recogidas en los convenios sectoriales. Asimismo, las organizaciones sindicales podrán recurrir incumplimientos de la empresa relativos a sus obligaciones sociales o laborales hacia los trabajadores que participen en la prestación del servicio.

A la hora de recurrir, otros de los aspectos valorados por otros grupos, como el PSOE, es la ampliación del recurso de contratación en materia especial, ya que serán recurribles los contratos de obras con un valor estimado a más de tres millones de euros y de suministro de servicios de más de 100.000 euros. Además, se establece el carácter potestativo y gratuito del recurso especial en materia de contratación.

Metro de Madrid estudia romper con Integral Canaria por impago a sus vigilantes

Un cuarto de los vigilantes de Metro de Madrid dice no estar cobrando sus nóminas. Se trata de 400 personas subcontratadas a través de Seguridad Integral Canaria, una empresa 'pirata' conocida por pagar tarde, mal y nunca a sus empleados. La compañía ya anunció que venderá o cederá todos sus servicios de vigilancia a un tercero para centrarse en otras líneas más rentables, como los sistemas de alarmas o el transporte de fondos. Con dos excepciones: Adif y el suburbano en la capital, donde pretende continuar con su actividad.

Otra cosa es que sus clientes se lo permitan. El equipo jurídico de Metro de Madrid está explorando la posibilidad de sancionar o rescindir el contrato con Seguridad Integral Canaria ante el supuesto impago de los sueldos desde agosto y los continuos retrasos, confirman fuentes del suburbano a este periódico. Los 400 empleados afectados representan un 26% de los 1.500 vigilantes de seguridad que operan en las instalaciones del metro a través de diferentes empresas como Ombuds o Segurisa. No obstante, el gigante canario asegura que la empresa hizo la transferencia del 85% de las nóminas la semana pasada y "no adeuda nada a día de hoy".

Metro de Madrid recuerda que acaba de sacar un nuevo concurso donde una de las cláusulas exige cumplir el convenio estatal de seguridad privada, una de las grandes reivindicaciones de los sindicatos. Dicho texto garantiza unas condiciones dignas o, como mínimo, alejadas de los 700 euros que están pagando muchas empresas 'pirata' en este sector. Un ejemplo es Marsegur en el Ministerio de Defensa, aunque el departamento capitaneado por María Dolores de Cospedal se ha comprometido a romper el contrato. Esto es posible gracias a los convenios de empresa, amparados por la reforma laboral de 2012.

"Este tipo de situaciones no tendrá cabida con la nueva licitación", garantizan desde el suburbano. No obstante, los sindicatos critican con dureza el importe por considerarlo demasiado bajo. El valor estimado del contrato a cuatro años asciende a 232 millones de euros, una cantidad "insuficiente para cubrir unos mínimos estándares de calidad", sostiene el responsable de Seguridad Privada de UGT, Diego Giráldez. Prueba de ello es que solo se han presentado tres empresas hasta el momento.

En este sentido, los representantes de los trabajadores exigen que los convenios de empresa dejen de prevalecer en la nueva Ley de Contratos, que se votará este jueves en el Congreso. Y mantienen las movilizaciones convocadas para el próximo 24 de octubre tanto para pedir un cambio en el modelo de contratación como para protestar por la proliferación de empresas "que intentan acaparar mercado mermando las condiciones laborales". Todo esto en medio de los tira y afloja con la patronal para cerrar un nuevo convenio estatal.
Casi 24 M en contratos públicos, en el limbo

El cese de Seguridad Integral Canaria en vigilancia dibuja un futuro incierto para sus 3.700 empleados, que operan en sitios públicos como ministerios, sedes de gobiernos autonómicos, consejerías, metros o estaciones de tren. De hecho, el 70% del negocio procede de las administraciones públicas. ¿Qué pasará con estos servicios ahora que la empresa tiene intención de deshacerse de ellos?

Podrá hacerlo sin problemas en el caso de los servicios privados, pero deberá cumplir una serie de requisitos en los públicos. Integral Canaria ha obtenido adjudicaciones por importe de 23,7 millones de euros en los últimos tres años solo en ministerios. Su mayor cliente es Defensa (16,6 millones), seguido de Empleo (2,8 millones), Fomento (2,3 millones), Hacienda (1,3 millones), Interior (243.000 euros) y Presidencia (206.000 euros), según los contratos públicos analizados por este periódico. Eso sin contar con su presencia masiva en Canarias, donde vigila el 80% de las instituciones públicas.

El 70%Los ministerios de Defensa, Empleo y Hacienda nos remiten a la Ley de Contratos del Sector Público, que sí contempla la cesión de contratos en su artículo 226 siempre que la Administración pública lo autorice y la empresa tenga ejecutado al menos un 20% del importe inicial. "En este caso, se estudiaría y articularía la mejor solución posible para dar continuidad al servicio" de acuerdo con lo establecido en el marco legal, explican fuentes del departamento dirigido por Cristóbal Montoro.

Pero el organismo público en cuestión puede frenar el proceso si considera que la nueva compañía no cumple con los requisitos solicitados a la adjudicataria o supone una "restricción efectiva de la competencia en el mercado". En cualquier caso, no está claro qué pasará con esos 23,7 millones de adjudicaciones públicas ahora que se ha abierto el melón de la seguridad privada en España. A raíz del conflicto de El Prat, el Gobierno emplazó a los sindicatos a reunirse para abordar la situación global de los vigilantes en España. Ya han tenido dos encuentros y volverán a verse la semana que viene.

Los sindicatos sospechan que Marsegur, la empresa que paga sueldoscercanos al salario mínimo a sus vigilantes, aspira a tomar el relevo de Seguridad Integral Canaria. La otra candidata es Sinergias de Seguridad, con un 'modus operandi' similar. "¿Piensa tirar a la baja en la venta y dejarnos expuestos a sueldos de 700 euros al mes?", plantearon los representantes de los trabajadores en el último encuentro privado con el director general, Héctor de Armas. "No tengo ni idea, pero sí os garantizo que ya no será un problema de Integral Canaria", replicó.

El PSOE pide "evitar la precariedad" en el sector de la seguridad privada

El PSOE ha pedido al Gobierno, mediante una Proposición no de Ley registrada en el Congreso de los Diputados, "que se tomen medidas para evitar la explotación y precariedad laboral en el sector de la seguridad privada como consecuencia de las condiciones en las que realiza la adjudicación de las contrataciones por parte de las administraciones públicas".

Así lo ha explicado la diputada del PSOE por Córdoba, María Jesús Serrano, que ha señalado que "los clientes de la seguridad privada, tanto en el ámbito público como privado, establecen en la mayoría de los casos, como único criterio de adjudicación, las ofertas económicas más bajas".

Todo esto ha supuesto, según Serrano, que el sector tenga "un horizonte de desregulaciónpor el abandono del convenio sectorial, con el objetivo de aumentar su facturación fomentando las malas prácticas perjudicando de forma sistemática los derechos de los trabajadores e incluso con incumplimientos en materia contributiva y con fraude fiscal".De este modo, según los socialistas, "la adjudicación de las licitaciones de los servicios de seguridad es absolutamente ajena a la intención de que las empresas garanticen unas condiciones laborales dignas y una prestación del servicio empresarial de calidad suficiente, lo que ha favorecido el intrusismo en el sector".

Según Serrano, a esto se suma "la proliferación de las denominadas empresas multiservicios, con una clara política de intrusismo para el sector de la seguridad privada y que supone que trabajadores con categoría de auxiliares ejerzan funciones propias de vigilantes de seguridad privada, en peores condiciones laborales, con menos derechos reconocidos y bajos niveles salariales". "Todo con el único objetivo de abaratar costes sin buscar la calidad del servicio”, continúa la diputada socialista.

Los socialistas advierten que "estas empresas auxiliares han ido en aumento constante y el 95 por ciento de ellas están desvinculadas del Convenio Sectorial Estatal, imponiendo a sus trabajadores condiciones laborales de máxima precariedad e incumpliendo de manera sistemática las normativas laborales, fiscales, sociales y económicas”, 

La diputada socialista ha asegurado que “con la reforma laboral del PP, los trabajadores han experimentado recortes en sus sueldos de entre un 40 y un 50 por ciento, y los que llevan más de 30 años en la misma empresa y han visto su sueldo reducido debido a la prioridad aplicativa del convenio de empresa”.

Por todo ello, el PSOE ha reclamado al Gobierno que "recupere la prevalencia del convenio sectorial ante los convenios de empresa mediante la derogación de la reforma laboral, y que se adopten medidas para garantizar el respeto del convenio colectivo sectorial de aplicación por parte de los adjudicatarios de contratos públicos, haciendo efectiva su integración de forma taxativa en los pliegos de cláusulas administrativas particulares para que se rescindan los contratos a las empresas de vigilancia que incumplan la normativa laboral".

Igualmente, el PSOE ha pedido que "se impulse una contratación pública socialmente responsable mediante la creación de órganos de seguimiento en los que participen las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y que se impulse una contratación pública socialmente responsable en la ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo, tal como disponen las directivas europeas".