Las claves del conflicto de los vigilantes de seguridad.

Los sindicatos USO, UGT y CCOO protestaron el miércoles por el deterioro de las condiciones laborales en un sector de mileuristas que se enfrentan a situaciones de peligro y estrés. Las empresas alegan pérdidas generalizadas. Se vislumbra un horizonte de conflictos.

Justamente en la noche anterior a las protestas, un vigilante de seguridad fallecía en Sevilla tras un accidente laboral, presumiblemente al haber sido golpeado por la puerta de un garaje.

Además, la semana próxima -el 3 de julio-, los vigilantes de las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara lanzan una huelga indefinida si el Gobierno regional no rescinde antes de esa fecha el contrato de la actual adjudicataria de estos servicios, la UTE formada por las empresas Cyrasa y Sinergias.

"La manifestación-concentración fue un éxito rotundo de participación en la que los trabajadores y trabajadoras del sector han expresado su indignación ante la postura patronal que sólo está situando pérdidas de derechos sociales y económicos en la mesa de negociación", dijo a bez.es Daniel Barragán, de CCOO.

Negociaciones encalladas

Los sindicatos piden un aumento salarial del 6% acumulado en dos años (3% y 3%), mientras que la patronal Aproser no quiere ir más allá del 4,5% (2% y 1,5%). Según la patronal Aproser -que nuclea empresas que suman el 70% de los casi 80.000 vigilantes-, la seguridad privada ha sufrido una disminución de la facturación de más de un 20% desde 2009 y, al tiempo, un incremento continuado de sus costes laborales, por lo que un gran número de empresas que aplican el convenio colectivo sectorial 'siguen aún' en situación de pérdidas continuadas".

En 2016 se pactó un incremento salarial del 2,48% que ya se viene aplicando, aunque los sindicatos señalan que ese aumento llegó como consecuencia de una sentencia judicial que obliga al pago de pluses en los meses de vacaciones.

¿Pérdidas? Depende

Desde Aproser dicen que sus empresas asociadas sufren "pérdidas continuadas". La más grande de éstas, el grupo Prosegur, obtuvo un beneficio de 185 millones de euros en 2016, aunque su negocio de seguridad no sea el responsable de sus ganancias, sino el de transporte de fondos (cash).

"Para hacer otras actividades, como servicios y cash, necesitan tener la vigilancia, que es la que permite entrar en estos negocios, o sea que no pueden alegar pérdidas", dijo a bez.es el secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO, Basilio Febles, respecto a la empresa cuya mayor accionista con la mitad de las acciones, Helena Revoredo, amasa una fortuna de unos 2.400 millones de dólares, según Forbes.

Desde los sindicatos sostienen que las diferentes administraciones son cómplices de esta situación al favorecer con adjudicaciones la aparición de lo que llaman “empresas piratas”, que se descuelgan del convenio colectivo estatal y aplican uno propio -una posibilidad que les abrió la reforma laboral del PP de 2012-.

Este descuelgue esta prohibido por el reglamento de Aproser, aunque empresas que están en conflicto con sindicatos, como Marsegur o Seguridad Integral Canaria, no forman parte de Aproser.

País Vasco, la situación más sangrante, de la mano del Estado

Especialmente lesiva para sus condiciones laborales es la situación de los trabajadores del País Vasco que cumplían labores de escolta (unos 3.000 en los años en los que ETA estaba más activa).

Como José Ramón Pinto, uno de los últimos 109 escoltas que dejaron su puesto en abril de 2017, siendo los últimos en País Vasco y Navarra, ya que el Ministerio del Interior decidió acabar con esta categoría que brindaba protección a potenciales víctimas de ETA, y tuvo que volver a trabajar de vigilante de seguridad.

Pinto trabajaba para la empresa Ombuds y ha visto cómo desde abril su salario se redujo un 60% en la región mas cara del país, con una hija en edad universitaria. 

"Yo tenía hipoteca, familia... y pasé de ganar 35.000 euros anuales a ganar la mitad, pero la principal responsabilidad de esto es del Ministerio del Interior, ya que ellos crearon el colectivo de escoltas, con una categoría especial, y luego nos abandonaron... compañeros míos hasta se han suicidado", explicó Pinto a bez.es.

Pese a ello, Pinto dice que no echa de menos su profesión de escolta: "Es mucho estrés, tenías que revisar el coche todos los días por si te ponían una bomba, no tienes horarios, pero yo a esta altura prefiero ganar menos porque vivo más tranquilo... sólo me acuerdo de ellos el día 30 cuando, cobro la nómina".

Fallece un vigilante de seguridad como consecuencia de un accidente laboral (Sevilla).

Un vigilante de seguridad ha fallecido este pasado martes por la noche, como consecuencia de un accidente laboral acontecido en la calle Doctor Pedro Albert de Sevilla capital, paralela a la avenida concejal Alberto Jiménez Becerril, presumiblemente al haber sido "golpeado por la puerta de un garaje", según CCOO. 

Según han informado a Europa Press fuentes del servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía, en efecto, poco antes de las 23,10 horas de este martes se solicitaba asistencia sanitaria, para un varón que yacía "ensangrentado" en el suelo en la calle Doctor Pedro Albert. 

Los facultativos sanitarios, según el 112, sólo pudieron certificar la muerte de esta persona. La unión provincial de CCOO, en ese sentido, expone en un comunicado que a la espera de la confirmación de las causas de la muerte de este trabajador, en principio todo apunta a que "habría sido golpeado por la puerta de un garaje".

Los vigilantes de seguridad, apaleados por la crisis

Son mileuristas, trabajan noches y festivos con altos niveles de peligrosidad y siniestralidad laboral, en puestos de alta responsabilidad (aeropuertos, centrales nucleares), de cara al público en ambientes tensos (conciertos y centros de ocio). No es un colectivo con buenas condiciones laborales, pero quieren recortarle más. Los sindicatos plantan cara a una patronal que utiliza la reforma laboral para descolgarse del convenio sectorial.

Las tres mayores centrales sindicales (USO, UGT y CCOO) han convocado una protesta del sector frente a la patronal Aproser contra lo que consideran una precarización de sus condiciones laborales. "Pretenden rebajar todas las mejoras que tiene el convenio respecto al estatuto de los trabajadores", dijo a bez.es Daniel Barragán, secretario de Acción Sindical en la Federación de Construcción y Servicios de CCOO.

Cientos de vigilantes de seguridad de toda España se han concentrado hoy en la calle Marqués de Urquijo. Se trata de la segunda movilización ante la sede principal de Aproser durante la negociación del convenio colectivo del sector.

Los sindicatos reclaman una subida salarial del 3% para 2017 y otro 3% por cada año de vigencia del convenio y la patronal ofrece un 2% en 2017 y un 1,5% el segundo año.

"La concentración es sólo un primer paso, se pretende continuar con más medidas de presión según vaya evolucionando la negociación, y no se descarta ninguna", advierte Barragán, desde CCOO.

Al ser una actividad regulada por el Ministerio del Interior, muchas veces a cargo de la seguridad en infraestructuras críticas u organismos públicos, los servicios mínimos impuestos a los vigilantes -que pueden rondar entre un 80% y un 100%- limitarían la efectividad de una huelga general del sector. Por eso, los sindicatos optan por otras vías, como concentraciones ante empresas, presión sobre clientes o denuncias para que se hagan inspecciones de trabajo.

"Es necesario un paso adelante en la consideración de la figura del vigilante, es el momento de que se recuperen derechos sociales y salariales de un sector muy castigado por los últimos años de crisis, es el momento de modernizar el texto del convenio y de incluir las nuevas modalidades y perfiles profesionales que se están dando en el sector", agregó Barragán, de CCOO.

Los sindicatos denuncian que empresas que forman parte de Aproser (Alse, Eulen, Grupo Omega, Prosegur, Loomis, Sabico, Securitas, Segurisa, Trablisa) se han acogido a la posibilidad que brinda a las empresas la reforma laboral del PP para descolgarse del convenio colectivo y hacer convenios de empresa, con prioridad de éstos sobre los sectoriales, y que cerca de un 30% de los casi 80.000 trabajadores del sector cobran 300 euros menos de media, un descuento especialmente lesivo para un trabajador mileurista. Aunque el número final de trabajadores es muy difícil de determinar debido a que es un colectivo con elevadas subcontratación.

Desde la patronal, que representa al 70% de los vigilantes de seguridad niegan que sus empresas se acojan a la reforma laboral porque su reglamento lo prohíbe.

"De hecho, las empresas que pertenecen a Aproser promueven lo contrario: el cumplimiento estricto e íntegro de la normativa laboral y del convenio colectivo de seguridad”, dijeron a bez.esdesde la patronal, remitiéndose al punto 3.2.7.2.5 de su Especificación Técnica, el decálogo que determina los requisitos de gestión profesional y deontológicos de las empresas que pertenecen a la asociación.

"Tenemos que buscar otras maneras de combatir, con huelgas por empresas o servicios determinados, que incidan en clientes. Si hacemos huelgas puntuales, no sectoriales, generaremos unas incomodidades a las empresas, y estarán obligadas a hablar con los clientes", señaló a bez.es Basilio Alberto Febles, secretario general de Seguridad Privada de Unión Sindical Obrera (FTSP-USO).

Competencia en base a recortes salariales

Los sindicatos señalan que las empresas están precarizando en base a su competencia de precios: los recortes salariales son los que permiten bajar considerablemente las ofertas en las licitaciones públicas y así ganar contratos a costa de los salarios.

Esto es paradójico cuando la seguridad privada se expande progresivamente hacia la custodia y protección de lugares estratégicos y de alto riesgo y, "en contrapartida, los propios clientes valoren a las empresas con el único criterio de la oferta más económica, que normalmente es la de mayor incumplimiento", señalan los sindicatos.

Detalles de la negociación

En el aspecto económico, además de lo salarial, según los sindicatos, la patronal quiere eliminar la antigüedad, rebajar sus aportaciones en casos de bajas por enfermedad. Los trabajadores del sector tenían mejoras conseguidas en convenios anteriores y no quieren perderlas. Los tres primeros días de baja cobran el 50% y a partir del tercer día se incrementa la parte que subvencionan las empresas llegando hasta el 75% en bajas de mas de dos meses. Además, la patronal pretende congelar la antigüedad. "Estamos dispuestos a hablar de la congelación de la antigüedad pero a cambio de una subida del salario base que compense lo que pierden todos los trabajadores", señaló Febles, de USO.

Los vigilantes de seguridad protestan por la bajada de su salario

Vigilantes de seguridad privada de toda España se han manifestado hoy en Madrid. Piden la dignificación de su trabajo.

Denuncian la bajada de sus sueldos hasta un 60 por ciento y una posible pérdida de derechos laborales como la antiguedad si se aprueba el nuevo convenio colectivo. Aseguran que esta situación les obligará a trabajar más horas para tener un sueldo digno. Responsabilizan a las empresas piratas de controlar el sector que da trabajo a unos 85.000 vigilantes privados en nuestro país.

Un grupo de empresas de seguridad privada debe más de 130 millones a Hacienda

La liquidación de Segur Ibérica es sólo el último capítulo de una cadena de derrumbes en un sector afectado por la crisis y por un modelo de negocio arriesgado.

La seguridad privada destaca como uno de los sectores más morosos con Hacienda según la última lista de grandes deudores publicada el viernes por el Ministerio. Aproximadamente unas 30 empresas deben más de 130 millones de euros a las arcas públicas, según los cálculos realizados por este diario, y teniendo en cuenta además que en la lista sólo aparecen las deudas por encima de un millón de euros.

Hay varias compañías con deudas de mucha relevancia. Segur Ibérica, abandonada a su suerte la semana pasada y en proceso de liquidación, debe 12 millones a la cartera de Cristóbal Montoro. Pero no es la principal morosa: LPM Seguridad, que en 2013 anunciaba a la prensa que invertiría 15 millones de euros en comprar empresas para crecer, entraba sin embargo en concurso apenas dos años más tarde dejando a deber 20 millones. Es la más deudora del sector. Un año antes había hecho lo propio Halcón Seguridad, que dejó 10,6 millones de deuda a Hacienda.

En la primera lista de morosos publicada por la Agencia Tributaria había 30 compañías y 108 millones de deuda. Dos más tarde la lista ha crecido hasta 32 empresas y más de 130 millones de euros. La mayoría de las empresas entraron en concurso y están en procesos de liquidación, lo cual dificulta el cobro de estas deudas ya que además el 'efecto disuasorio' que pretende Hacienda con la publicación de su nombren la lista se diluye. Halcón Seguridad debe 10,6 millones, Falcón Controles 6,89 millones y Magasegur aproximadamente 6.

El caso de Integral Canaria

Destaca por encima de todas, porque está en activo y porque ha entrado en la lista este mismo año, Seguridad Integral Canaria, compañía propiedad del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas Miguel Ángel Ramírez. Debe unos 3 millones de euros. Este periódico ha hablado con Ramírez, quien ha asegurado que la deuda con Hacienda es a 31 de diciembre y que se pagó en enero. "No podríamos contratar si no con la administración pública y lo seguimos haciendo", ha asegurado el empresario grancanario. Sin embargo, a pesar de ello la administración tributaria ha decidido mantenerlo en la lista de morosos, asegura.

"La situación que no está normalizada es la de las obligaciones de pago a Seguridad Integral por parte de la Administración pública, hasta el punto de que la deuda con la empresa se cifraba en más de 30 millones de euros a 31 de diciembre pasado", asegura la empresa en un comunicado. 

"A día de hoy Seguridad Integral está totalmente al corriente de sus obligaciones con Hacienda y, si no lo estaba el cerrar el ejercicio del año pasado, fue por un problema puntual de tesorería en relación a dos pagos aplazados del IVA y provocado por la misma Administración pública que elabora las listas de morosos. Tal es así que actualmente tan sólo Patrimonio del Estado y el Ministerio de Defensa siguen adeudando a la empresa más de 6 millones de euros vencidos y devengados por servicios prestados en su mayoría en 2016, es decir, con una antigüedad de saldo del mes de octubre del año pasado.

Además, las deudas vencidas de otras administraciones públicas con la empresa elevarían esa cifra hasta unos 16 millones de euros, montante que Seguridad Integral debería haber recibido hace ya meses y, sin embargo, sigue pendiente. Resulta llamativo que la misma Administración que no cumple sus obligaciones legales de pago por los servicios contratados con Seguridad Integral exija a la empresa el cumplimiento de obligaciones fiscales precisamente por las cantidades que no le ha abonado e, incluso, la inserte en una lista de morosos, circunstancia que no sólo es injusta, sino hasta incongruente.

¿Por qué estas deudas?

¿Qué ha pasado para que nos encontremos con estas deudas brutales como vector común de un mismo sector? En la patronal Aproser, que representa a compañías como Prosegur,Securitas, Eulen o Ilunion, se ha preferido no responder a este diario en sus peticiones de información. La patronal no tiene actualmente empresas asociadas con deudas a Hacienda, pero sí que tiene algún exsocio moroso, como Falcon Controles, que debe a la Hacienda pública 6,89 millones de euros.

Iván Blanco, de USO, cree que las prácticas poco claras son responsables de estas deudas. "Se actúa como lo hizo Falcon en su momento: debía 8 millones de euros a Hacienda, tenía la deuda negociada, se presentaba a un megaconcurso como Adif, seguía acumulando deuda, que llegó hasta los 12 millones, luego la empresa se declaró insolvente".

Además, asegura, "la contratación pública se tira por los suelos rozando la bajada temeraria cuando otras empresas que sí que presentan en el convenio no pueden llegar a esos precios. Lo hacen para intentar vender después las empresas, jugando con distintas reglas".

Hoy en día, la situación ha cambiado. Las grandes compañías han aguantado mejor y han cogido muchos contratos de las medianas. "Un Prosegur sí que puede aguantar un pago a 180 días porque tiene músculo financiero".

Por otra parte, otra fuente sindical del sector considera que "casi todas las empresas que salen en esa lista han pasado por concurso de acreedores, lo cual dificulta mucho que vayan a pagar y ya puedan devolver el dinero". Esta fuente recuerda grandes concursos ocurridos durante estos años como Esabe, que afectó a 5.000 trabajadores en 2010. "Todavía se persigue al dueño, que creo que está escondido por Portugal".

LISTA COMPLETA DE GRANDES DEUDORES

SEGURIDAD LPM SL 20.020.732,46

SEGUR IBERICA SA 11.937.818,01

HALCON EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SL 10.591.467,84

FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA 6.897.076,9

ESABE EXPRESS SA 6.344.602,47

PROVINEN SEGURIDAD, SA 6.108.984,72

GEBISA SEGURIDAD SA 5.453.412,75

FOMENTO DE PROTECCION Y SEGURIDAD SAL 5.319.048,94

J S DE SEGURIDAD SA 4.315.398,88

C7 SEGURIDAD SL 3.954.244,95

VIGILANCIA Y CONTROL PUNTO CINCO SA 2.979.101,62

SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA SA 2.965.051,67

WERSER SEGURIDAD Y CUSTODIA SL 2.687.911,32

SEGURIDAD INTEGRAL MADRILEÑA SA 2.540.790,62

DEFENDER SEGURIDAD SAN 2.499.742,26

PREVENCION Y CONTROL PUNTO CINCO SL 2.461.023,97

ARAMIS SEGURIDAD SL 2.181.966,36

SEQUOR SEGURIDAD SAU 2.162.684,28

SEGURIDAD PERSONAL Y VIGILANCIA, S.C.L. 2.017.405,73

SEGURIDAD CERES SA 1.943.379,12

SEGURIDAD ALHAMBRA Y PROTECCION 1.885.483,57

ESABE VIGILANCIA SA 1.867.426,49

JARC SEGURIDAD S.L.U. 1.712.504,19

VIGILANCIA I SEGURETAT 94, SL 1.487.652,87

SEGURIDAD Y COMUNICACIONES PEDRO RICO SL 1.469.795,08

SERRAMAR VIGILANCIA Y SEGURIDAD SL 1.436.538,41

INTEGRAL DE TRATAMIENTOS DE SEGURIDAD SA 1.435.441,5

IBER SEGURIDAD SL 1.376.960,99

PERSONAL DE SEGURIDAD Y CONTROL SL 1.306.209,67

SEGURIDAD THRON SL 1.163.136,11

PLUS-QUAM SERVICIOS DE SEGURIDAD SA 1.122.276,58

El sector de la seguridad privada se movilizará contra la precariedad laboral

El sector de la seguridad privada en España se manifestará el próximo miércoles para pedir la mejora de sus condiciones laborales y un cambio en la negociación del convenio, ha informado hoy el sindicato UGT.

Las concentraciones están convocadas en una veintena de ciudades el día 28 de junio, un día antes en Pontevedra, y el 6 de julio en Burgos.

Los profesionales de la seguridad privada han manifestado que la mejora del contexto económico debe repercutir positivamente en las condiciones del colectivo y que la negociación del convenio tiene que favorecer a los derechos sociales de los trabajadores.

Según UGT, el modelo de convenio actual arruina al sector y precariza las condiciones de trabajo, a la vez que daña a las propias empresas de seguridad.

El sector también ha manifestado que la precarización de sus condiciones laborales es proporcional al deterioro progresivo de la calidad en los servicios de seguridad prestados.

Ultima información sobre Segur Ibérica.

Adjunto os remito la información que se nos proporcionó en la reunión mantenida en el día de ayer (22-06-2017) con el Administrador Concursal.

Así mismo os facilitamos el ultimo informe trimestral del mismo.



                        Nota informativa                                                       Informe

Acta nº 8 (20 de Junio de 2017) Convenio Colectivo y comunicado de concentración ante la sede de Aproser.


            Ver acta                                                                   Ver anexo




Huelga de los trabajadores de la seguridad del aeropuerto de Ibiza

Los trabajadores de la seguridad privada del aeropuerto que pertenecen a la empresa Prosegur acordaron ayer en una asamblea iniciar una huelga indefinida este verano en el caso de que la empresa no acepte el 80% de las reclamaciones que los trabajadores le han planteado.

«No queremos ir a la huelga, es nuestra última opción y esperemos que finalmente la empresa entre en razón», aseguró ayer Ana López, delegada de Comisiones Obreras, al término de la asamblea a la que acudió la mitad de la plantilla aproximadamente de los 140 trabajadores que la empresa tiene empleados en la terminal ibicenca.

De la reunión con la empresa el próximo 29 de junio saldrá o el preaviso de huelga o la desconvocatoria, pero la delegada sindical no se mostró ayer muy optimista. «Nos están ninguneando desde hace meses, por no tener no tenemos ni el teléfono del representante de Prosegur en Ibiza», señaló López, que apuntó que desde que el compañero que hacía de enlace laboral con la empresa está de baja, «la situación ha ido a peor».

900 euros brutos al mes

Entre las reclamaciones, la principal es «no aceptar la precariedad laboral» que padecen «desde hace mucho tiempo» y que se traduce en varios aspectos: un salario de 900 euros al mes brutos, «que en algunos casos sube en 200 euros por un complemento que es más bien un chantaje»; una distribución «irregular» de las horas «que cambian sin consultar»; y una «nula comunicación» con la empresa.

Los trabajadores se quejan de que la alerta antiterrorista, en nivel 4, les obliga a un mayor esfuerzo y que además sus funciones en los controles «no las dan por escrito».

El secretario general de Comisiones Obreras en Balears, José Luis García, señaló que los trabajadores del aeropuerto, tanto de limpieza, como de handling o seguridad, son uno de los sectores más «castigados por la precariedad laboral que se está sufriendo en las islas».

El comprador israelí abandona a Segur Ibérica y deja en el aire 1.000 empleos




La falta de transparencia sobre las cuentas de la empresa parece haber sido el motivo por el que el I-Sec Technologies, empresa de defensa israelí con intereses en aeroespacial, naval, electrónica o logística, ha decidido dar marcha atrás en la compra de las divisiones de Segur Ibérica que restaban por vender, una serie de contratos que englobaban importantes clientes como Metro de Madrid, Renfe, Telefónica o la Embajada de Estados Unidos y que actualmente dan trabajo a unas 1.000 personas cuyo futuro queda en el aire.

En concurso desde el 22 de diciembre, este miércoles se dio a conocer un documento del administrador PwC donde se indicaba que "I-Sec, quien había realizado una oferta por las Unidades Productivas de vigilancia y seguridad de Segur Ibérica, S.A. y por la de servicios auxiliares de Consorcio de Servicios, S.A., informó de que se retiraba del proceso de compra de tales Unidades Productivas". Por tanto, se veía "en la obligación de iniciar la siguiente fase del procedimiento de liquidación todo ello conforme al plan de liquidación aprobado el pasado 24 de abril de 2017 por el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Madrid".

¿Qué pasará entonces con los contratos que aún sigue realizando Segur Ibérica? Los sindicatos aún tienen pendiente reunirse con el administrador para ver qué opciones hay y evitar si es posible "la presentación de los contratos a la resolución judicial por parte del Juez del Concurso". PwC buscará subrogaciones de contratos con otros proveedores de servicios que elijan los propios clientes, para que haya una continuidad en los servicios.

Declive por nula rentabilidad

El pasado marzo, se publicaba en el BOE la liquidación de la compañía de seguridad decretada por un juzgado mercantil de Madrid y se enfilaba el camino a la venta por partes de la compañía, que llegó a ser la segunda empresa del sector por facturación pero que llevaba mucho tiempo en el disparadero, atenazada por falta de rentabilidad. El pasado verano circularon documentos judiciales que hablaban de que la compañía había sido embargada por un juzgado, y desde entonces todo han sido malas noticias en un grupo que empleaba a 7.000 personas, la mayoría de las cuales han conseguido ser subrogadas a otras empresas que adquirieron sus contratos.

Controlada en su capital por los fondos de capital riesgo MCH Private Equity y Corpfin,Los fondos propios de la compañía han ido desapareciendo desde el año 2010, en que alcanzaron sus máximos. Así, de los 66 millones de euros que se lograron en dicho año pasaron a 44 millones en 2011, 37 millones en 2014 y 28 en 2015. Pero curiosamente la cifra de negocio apenas ha caído en la crisis, manteniéndose muy próxima a los 170 millones de euros desde el año 2008. De igual modo, los gastos en personal, también bastante estables, no superaron los 160 millones de euros en 2015 mientras la facturación era 9 millones de euros superior.

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) emite una nota informativa sobre como está la situación del Concurso de Acreedores de la empresa Segur Ibérica y la fallida compra por parte de la empresa I-SEC de varias unidades productivas.




Un vigilante de seguridad sufre una brutal paliza al intentar evitar una agresión machista (Zaragoza).

Un vigilante de seguridad, que estaba fuera de servicio, fue víctima de una brutal paliza al intentar evitar que un hombre agrediese a una mujer que estaba siendo golpeada. Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado 27 de mayo, cuando Alfonso Magaña, zaragozano de 54 años de edad acudió con unos amigos al Centro Social Comunitario Luis Buñuel de la capital aragonesa, donde se celebraba una feria vegana y contra el maltrato animal.

Nada más llegar “me encontré con una situación en la que un hombre insultaba y agredía a una mujer”, relata el protagonista. “Al verlo -continúa-, llamamos a la Policía, pero el agresor ya estaba golpeando a la víctima e intervine”.

Al parecer, el agresor se habría dirigido hacia una pareja en actitud desafiante, gritando al hombre “te voy a matar”, y a la mujer “eres una hija de puta, te voy a matar”. A continuación, y según la declaración del testigo de la escena, el individuo escupió a la mujer y le propinó una bofetada. Cuando iba a agredirla por segunda vez, intervino Magaña.

“Solo quería evitarlo y apartar el riesgo de la persona que lo estaba sufriendo”, comenta. “No pensé en mi. No tuve miedo. Por la cabeza lo único que se me pasaba es 'Ni una menos', 'Nos queremos vivas', -en referencia a algunos de los lemas contra el maltrato-”, recuerda.

“Le dije al hombre que parara, intenté separarlo de ella y, a cambio, recibí dos golpes en la cabeza y quedé inconsciente en el suelo”, se lamenta el vigilante. “El primer golpe lo vi venir, pero el segundo me lo tuvieron que contar porque ya estaba K.O. Sangraba por la nariz y el oído y la gente pensó que me había matado”, reconoce.

Dos días de ingreso

Los asistentes a la fiesta le socorrieron y tuvo que ser trasladado al hospital en ambulancia. Estuvo dos días ingresado. El resultado de la brutal agresión: rotura de la nariz, un brecha en la cabeza e importantes daños en un oído.

“Debido a las lesiones tuvieron que operarme y me dieron más de 12 puntos en total”, apunta Magaña. Las cicatrices de los golpes todavía se observan en su rostro casi un mes después.

Nada más salir del hospital, el vigilante denunció los hechos en la comisaría Centro de la Policía Nacional y en el Juzgado de Violencia de Género nº 1 de Zaragoza, como víctima de violencia machista.

El agresor “fue detenido y puesto a disposición judicial, pero a día de hoy se encuentra en libertad a la espera del juicio”, explica Magaña. Fuentes policiales han confirmado los hechos que relata la víctima y la existencia de sendas denuncias.

“Cuando me preguntaron en el juzgado sobre él, les dije que la mujer agredida podía ser la próxima víctima mortal de violencia machista”, apunta el vigilante. Sin embargo, “ella se acogió al derecho a no declarar y me pidió disculpas por no denunciar”, lamenta Magaña.

Ante la pregunta de si merece la pena exponerse así a una agresión, este zaragozano lo tiene claro: “Es una obligación. Algo que todo el mundo debería hacer”. Y añade que “al final se cansarán, hay que denunciar y perder el miedo”.

Un paciente hiere a un vigilante de la Arrixaca con una navaja Murcia).

Un paciente psiquiátrico del hospital universitario Virgen de la Arrixaca irrumpió la mañana de este domingo en la zona de Urgencias armado con una navaja y amenazando al personal sanitario, según han confirmado fuentes de la Consejería de Sanidad.

El hombre, que había conseguido llegar hasta el lugar de camas de esta unidad, una zona restringida a los pacientes de Urgencias, sacó el objeto afilado y llegó incluso a ponérselo en el cuello a un auxiliar del centro.

Fuentes consultadas por esta Redacción han asegurado que el paciente buscaba a su psiquiatra, que no se encontraba trabajando hoy, y a la cual ya amenazó con matar el viernes pasado. Según estos testigos presenciales, el hombre amenazaba con "ahorcarla" mientras perseguía al personal sanitario.

En el centro se ha producido una situación de pánico y alarma, según describen quienes presenciaron la escena, hasta que los miembros de seguridad del hospital han logrado reducir al agresor, confiscándole la navaja. Las mismas fuentes confirman que uno de los guardias de seguridad ha resultado herido de carácter leve en un brazo.

Los testigos, que reconocen la dificultad que ha conllevado controlar al hombre por lo corpulento y fuerte que era, describen dicha escena como una situación "terrible, con pacientes y personal médico huyendo del atacante, llegando incluso a esconderse en los baños".

Inmediatamente se han desplazado agentes de la Policía Nacional, que han custodiado al atacante, que se encuentra ya detenido y en los calabozos policiales.

Securitas Direct instruyó a sus comerciales para difundir falsos robos y así vender más alarmas

  • La táctica que explica el jefe de ventas a sus subordinados invita a elegir telefonillos al azar en las urbanizaciones alegando que llegan para instalar alarmas en el edificio "por lo del robo"
  • El instructor de los vendedores asegura que cuando el rumor de la inseguridad se ha extendido por el bloque sus inquilinos son más propensos a contratar servicios de alarma
  • Varios ayuntamientos se han dirigido a la compañía para que deje de sembrar rumores falsos sobre oleadas de robos y la Policía Municipal de Getxo llegó a sacar un comunicado para desmentirlo
Cargos intermedios de Securitas Direct instruyeron a sus comerciales para inventarse robos en edificios y hacer cundir la sensación de desamparo en comunidades de vecinos y urbanizaciones. El sistema, muy rudimentario, lo detalló el gerente de Alcorcón protagonista de dos vídeos grabados por trabajadores descontentos con sus métodos, a los que ha tenido acceso eldiario.es.

J. P. es un jefe de equipo que, cuando se denunciaron internamente sus técnicas para infundir miedo a la clientela, fue suspendido con un mes de empleo y sueldo por la compañía. Hoy sigue en el mismo puesto en otra oficina de Madrid. Ese jefe de equipo pidió copiar el método de otro grupo de vendedores en Ciempozuelos para realizar sus batidas.

Todo está en un vídeo grabado hace tres años y que ahora ha visto la luz: "A mí hay una cosa que me flipó. Es que me flipó. Una batida en Ciempozuelos. Va el martes por la tarde el jefe de equipo, con otro, con un par de huevos, con el maletín. Y piiiiii [llamada al telefonillo], 'buenas, venimos a instalar por lo del robo, ah no, perdone que me he equivocado'. Piiii, 'buenas que venimos a instalar por lo del robo, ah no, que es otra calle'. Y al día siguiente en la batida triunfan, de verdad, porque todo el mundo está diciendo, 'qué polla está pasando en la urbanización que están robando, joder, que vienen aquí los técnicos a instalar? ¿Qué coño está pasando?'. Son cosas que podemos hacer, preparar bien las batidas. ¿Hay huevos a ir ahí? Yo me ofrezco a ir el martes. ¿El domingo qué hacéis? ¿Ir al puto Ikea con la puta señora a gastarse los cuartos que acaba de cobrar? A tomar por culo, atarla a una silla y venir a currar que se va a gastar todo."

Las prácticas comerciales en Pozuelo y Alcorcón también tuvieron lugar en otras zonas, algunas muy alejadas de Madrid y que dependen de divisiones territoriales diferentes. Al menos tres ayuntamientos han presentado quejas formales ante Securitas Direct después de comprobar que sus equipos de ventas se dedicaban a alarmar a esas poblaciones con avisos de supuestas oleadas de robos que no existían.

La Policía Municipal de Getxo en Bizkaia tuvo que sacar el 29 de enero de 2016 un comunicado para desmentir las informaciones que personal de la compañía había ido propagando por la población en nombre del propio Gobierno municipal. "El Consistorio desmiente que haya difundido entre la ciudadanía tal nota, que supuestamente alerta sobre el incremento de robos en los domicilios durante el fin de semana, como, al parecer, asegura una persona que visita los hogares de las y los getxotarras en nombre de una conocida empresa de seguridad con la intención de vender sistemas de alarma. La Policía Local no tiene constancia de que se hayan producido robos durante el fin de semana en el municipio", subrayó la nota pública. 

R., uno de los exempleados que ha relatado su experiencia en la empresa a eldiario.es, sostiene que las órdenes de fabular sobre robos con familias dentro del domicilio eran habituales y venían de arriba. "Te quedabas con el nombre de dos calles más abajo y contabas que habían robado allí y que por eso estabas allí para ofrecerle un servicio de seguridad. Ese mensaje te facilitaba las ventas en algún caso pero también hemos pasado miedo. Algunos clientes te reprochaban que fueses a asustarlo a su propia casa".

M., otro vendedor-instalador que pasó el último año en una delegación de Madrid, refrenda esa tesis y subraya que en algunas visitas "se viven graves situaciones de tensión".

Pese a ello las instrucciones a los recién llegados al centro de Alcorcón eran claras: alertar de robos que se producen con mujeres y niños en el interior de la vivienda.

Las estrategias de venta de la compañía para generar la necesidad de una alarma también recurren a estadísticas propias que alertan de la delincuencia por zonas y que no guardan ninguna relación con la estadística oficial del Ministerio del Interior. Así lo ha comprobado eldiario.es en una serie de llamadas a los comerciales que se encargan de la venta telefónica.

En una de las charlas grabadas con el departamento comercial, una vendedora comunica a una cliente potencial en Madrid que la empresa está haciendo "seguimientos ante el aumento de intentos de intrusión" y que en su código postal "en las últimas dos semanas el incremento es de un 15%". 

La cifra no coincide con ninguna estadística oficial, puesto que los registros del Ministerio del Interior, que computan 300 robos con fuerza al día en todo el país, se actualizan cada trimestre y no descienden al detalle por códigos postales.

La estrategia comercial de la compañía tampoco guarda relación con las preocupaciones de los españoles. El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas apunta que la inseguridad sólo es uno de sus tres principales problemas para el 3,7% de los ciudadanos. 

Además, en la página web de Securitas Direct funcionaba hasta el miércoles, cuando dejó de hacerlo después de que eldiario.es publicase la primera información sobre Securitas Direct, un buscador por códigos postales en el que uno podía ir consultando los robos de su zona desde 2012.

En letra muy pequeña la empresa aclaraba que esos datos parten de unas tablas que se realizan precisamente con los avisos que recibe la central cada vez que salta una alarma. En las llamadas de comprobación hechas por esta redacción ningún teleoperador aclaró ese detalle: que la estadística no ofrece datos sobre una muestra general sino sobre el propio mapa de alarmas que la compañía tiene instaladas. La información carece de todo rigor científico.

En una respuesta por escrito remitida anoche, la compañía explica: "Con el fin de ayudar a incrementar los niveles de seguridad entre la población, nuestro personal emplea información interna y documentos públicos de la Administración. El objetivo es explicar a nuestros clientes el nivel real de amenaza para mejorar su seguridad. No empleamos ni respaldamos el uso de ningún otro tipo de dato por parte de nuestros empleados, y estamos permanentemente vigilantes con el objetivo de cortar de raíz cualquier actitud contraria a nuestro código de conducta". 

N., una trabajadora que tiene en su currículum ocho años en distintos departamentos de Securitas Direct, subraya que toda la política de ventas pivotaba sobre el miedo de sus clientes y detalla cómo entre sus funciones estaba "mandar recortes de prensa a los agentes comerciales con las zonas donde se producen delitos para intensificar allí las campañas de captación".

"No hacía ninguna falta", asegura M., un vendedor-instalador, quien recuerda que durante sus tres trimestres en la compañía "la orden del gerente donde no había robos era inventárselos, igual que las ocupaciones de pisos y todo para incrementar la facturación porque la presión para vender era brutal".

Corrobora la tesis de los robos inventados el testimonio de Pedro, un vecino de A Coruña, de la Plaza de Vigo, que recibió en casa de su suegra la visita de un comercial de Securitas las pasadas Navidades: "Apareció en la puerta un chaval joven, es un edificio donde vive gente de 70, 80 años. Se presenta como comercial de Securitas Direct y cuando le digo que no me interesa, me cuenta que en el edificio de al lado, el del Antiguo [un bar que hay en la zona] entraron a robar en no sé cuántos pisos. Me llamó la atención que esa sea la forma de entrar".

El edificio de El Antiguo, ubicado en el número 13 de la calle Emilia Pardo Bazán, tiene cuatro alturas y un piso en cada una. Sus inquilinos negaron a eldiario.es que en Navidades hubiese robos en el edificio. Tampoco los dueños del bar tienen ninguna noticia del supuesto aumento de delincuencia en el bloque.

Esta redacción recibió el miércoles decenas de testimonios similares tras publicar la primera información sobre Securitas Direct. La empresa, que ha eludido responder a la mayoría de preguntas planteadas por esta redacción, alega en su comunicado remitido el miércoles por la noche que se trata de prácticas puntuales que "rechaza frontalmente", y que han sido sancionados en el caso del protagonista de los vídeos con un mes de suspensión de empleo y sueldo y que las prácticas reveladas por eldiario.es "no responden a ninguna directriz de la compañía".

Fiscal pide 19 años para un vigilante por agredir sexualmente a una compañera (Madrid).

La Fiscalía pide 19 años de prisión para un vigilante de seguridad acusado de agredir sexualmente a una compañera bajo la amenaza de no concederle horas extra y despedirla.

La Audiencia Provincial de Madrid celebrará el próximo martes el juicio contra Carlos María O. T. por la presunta comisión de los delitos de agresión sexual, abusos sexuales y delito continuado de agresión sexual.

Según consta en el escrito de acusación, el procesado prestaba sus servicios en la entidad Seguriber con el cargo de jefe de equipo en el edificio de Tabacalera de la calle Embajadores de Madrid.

Desde julio de 2011 hasta junio de 2013, el acusado se aprovechó de su situación jerárquica laboral sobre la víctima, que trabajaba como auxiliar de seguridad, para hacerla creer que su puesto dependía de él ya que era quien elaboraba los cuadrantes de los turnos y podía despedirla.

Con este panorama, el procesado agarró un día a la víctima de la camisa fuertemente, y tras decirle que si no hacía lo que él quisiera no le asignaría más horas extras, la obligó a practicarle una felación.

En una segunda ocasión, mientras la mujer estaba en los vestuarios cambiándose de ropa, entró y tras bajarle los pantalones, comenzó a tocarle sin su consentimiento mientras se masturbaba.

Con posterioridad, el procesado le obligó hasta en tres ocasiones más a presenciar cómo se masturbaba mientras le tocaba los pechos, a pesar de las negativas de la víctima y siempre bajo la amenaza de no asignarle más horas extras.

La agresión a un vigilante de seguridad en un bar de Albacete le puede llevar 3 años a la cárcel

El Juzgado de lo Penal Dos de Albacete tiene previsto celebrar este miércoles, 14 de junio, un juicio en el que un hombre se enfrenta a 3 años de prisión por un presunto delito de lesiones. Además, el fiscal pide que el acusado indemnice al lesionado en 425 euros por los daños y perjuicios ocasionados.

Acusación

El escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso El Digital de Albacete, detalla que en Albacete, sobre las 07:00 horas del viernes 25 de diciembre de 2015, el denunciante súbdito senegalés se encontraba trabajando como vigilante de seguridad en un establecimiento en la calle Pedro Coca cuando “una camarera del bar le avisó porque había un cliente problemático y molesto, el acusado, súbdito boliviano”.

El vigilante, especifica el escrito fiscal, “se acercó al acusado y le exigió un correcto comportamiento pero el acusado le dijo: “¿Qué pasa, negro de mierda? ¡Tú no me vas a sacar de aquí!”, ante dichas palabras el vigilante “le exigió que le tratase educadamente”, pero el acusado “le dio un puñetazo con su mano derecha al vigilante en el ojo izquierdo, de modo que el agredido llamó a la Policía”.

A causa de la agresión, el vigilante “sufrió traumatismo periocular con una herida inciso-contusa en el párpado izquierdo”.

El juicio tendrá lugar en el Juzgado de lo Penal Dos de Albacete este miércoles, 14 de junio.

Una de las 2 empresas de la UTE de seguridad privada se desmarca del incumplimiento del pliego y culpa a la otra entidad (Toledo)

Una de las dos empresas que forman la Unión Temporal de Empresas que se ha adjudicado el contrato de seguridad privada de los edificios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha -Cyrasa- se ha desmarcado del incumplimiento del pliego por el cual debería de equiparar el salario de sus empleados al convenio estatal del sector, culpando a la otra empresa -Sinergias de Vigilancia y Seguridad- de este extremo.

En un escrito del departamento jurídico de Cyrasa, recogido por Europa Press, que es la primera reacción a las medidas adoptadas por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, esta entidad se da por enterada a través de las "últimas noticias publicadas" del incumplimiento de las condiciones económicas para con los vigilantes de seguridad. 

"En ese sentido queremos informar de que a la constitución de la UTE se estableció la obligación para la entidad Sinergias de Vigilancia y Seguridad, SA el cumplimiento del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad, por estar así expresamente contemplado en el pliego, obligación impuesta por esta mercantil entre otras y que pretendía determinar cautelas para, en su caso, extinguir la propia Unión Temporal", explica la entidad.

A tal fin, en la propia escritura de constitución de la UTE, aportada en el expediente, "podrá verificarse tal previsión, así como otras que expresamente esta sociedad introdujo para mayor garantía de realización del contrato, en los términos legalmente establecidos", añade Cyrasa. 

Por tanto, esta empresa añade que no se les ha notificado nada de lo que parece "una decisión unilateral de la empresa Sinergias de Vigilancia y Seguridad, SA". "Decisión que no sólo no compartimos sino que además reprobamos y no aceptamos por, además, haber hecho particular hincapié en evitar incumplimientos como, parece ser, se han realizado por dicha sociedad", finaliza.

Las tiendas de animales deberán tener un vigilante por las noches

Telemadrid ha tenido acceso al borrador que regulará la tenencia de animales de compañía y su venta en establecimientos. Contempla novedades significativas. Por ejemplo se obliga a que un vigilante permanezca de noche en las instalaciones del comercio y se limita el número de perros y gatos que puede haber en el establecimiento a ocho. Son cambios que afectan a un colectivo importante, ya que en Madrid hay 400 tiendas de animales y mueven 160 millones al año.

Entre las principales novedades, vemos que en el artículo 35 del reglamento, se obliga a la presencia de una persona durante las horas de cierre de las tiendas de animales. Es decir, los perros no dormirán solos. Ignacio Granados, veterinario y gerente de Zooplanet, dice "no entender muy bien que se pretende con ello porque durante la noche los perros duermen. Nosotros tenemos un servicio de ronda de seguridad y los perrros siempres están dormidos, es mejor no molestarles porque les interrumpes el sueño".

El reglamento, al que ha tenido acceso Telemadrid, desarrolla la ley de protección de animales de compañía que se aprobó en julio del pasado año, está en periodo de alegaciones. A las tiendas de animales se les limita a 8 el numero de perros y gatos que pueden tener y tambien los dias que pueden estar a la venta, tan sólo 15; ahora están 12 días en cuarentena en las tiendas.Un punto este que también desata las criticas. "Nosotros los desparasitamos y se les controla por si desarrollan una enfermedad. Si sólo te permiten 15 días de permanencia en tienda, estás arriesgándote a vender animales que puedan estar incubando enfermedades", dice Granados al respecto.

No sólo se regula la venta , también la tenencia de animales. Los perros potencialmente peligrosos, según el artículo 12, deberán ser esterilizados.

Un punto este también conflictivo. Según señala la veterinaria y etóloga Candela Kaplan "cuando uno está esterilizando un animal, no cambia el carácter. El pero no es como es por la carga hormonal o la carga de estrógenos que tenga". Y remarca: "Recomendar a obligar a castrar, si. Sólo a una raza, no".

Además estos animales no podrán venderse en tiendas y su cria sólo podrá hacerse con autorización de la Dirección general competente.

El Tribunal Supremo confirma la nulidad de los Convenios de Marsegur

La Audiencia Nacional declaró en fraude de ley los convenios de la empresa Marsegur.

Con la Impugnación de los Convenios Colectivos presentada por Comisiones Obreras, UGT y USO, se consigue confirmar la nulidad de los convenios colectivos.

Considerando, tal como consta en los indiscutidos hechos probados de la sentencia recurrida, la recurrente MARSEGUR tenía suscritos en el momento en que se desarrolló el litigio en la instancia al menos dos convenios colectivos: el primero, el denominado Convenio Colectivo de la empresa "MARSEGUR SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANÓNIMA", para todo el territorio nacional, para los años 2014 a 2024, publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 10 de marzo de 2015. El segundo, el Convenio Colectivo de "MARSEGUR SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANÓNIMA", para todo el territorio de la Comunidad de Madrid, con vigencia desde el 1 de noviembre de 2014 al 30 de octubre de 2018, publicado en el BOCAM de 7 de marzo de 2015.


Negociación Convenio Colectivo 2017

Acta nº 7 (5 de Junio de 2017)


Absuelto el vigilante acusado de dar una paliza a un joven en Las Rozas (Madrid).

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a un vigilante de seguridad que fue acusado de agredir violentamente a un joven en septiembre de 2007 en la estación de tren de Pinar de Las Rozas tras unos incidentes en el tren.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, la Sección Cuarta de la Audiencia de Madrid absuelve al vigilante del delito de lesiones con resultado de gravedad en uno de los testículos de la víctima, por el que se enfrentaba a dos años de prisión.

Con todo, los magistrados recuerdan que esta resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la sala segunda del Tribunal Supremo.

La resolución considera probado que la noche del 28 de septiembre de 2007 se inició un incidente entre varios jóvenes en el interior de un vagón, a la altura de la estación de Pinar de las Rozas, algunos de los cuales hicieron pintadas, accionaron algunos extintores y llegaron a detener el tren instantes antes de llegar a su destino. En el tren viajaban dos vigilantes de seguridad.

Renfe comunicó estos incidentes a los tres vigilantes de seguridad que había en la estación, quienes trataron de identificar a los autores de los disturbios y persiguieron a un joven menor de edad, que había rociado con un extintor a uno de los vigilantes.

Éstos últimos fueron ayudados por sus dos compañeros que viajaban en el tren, uno de los cuales consiguió derribar al joven, que se resistió, mientras sus amigos increpaban a todos los vigilantes.

Fue entonces cuando "dada la agresividad que mostraban y la alteración del estado de ánimo de los jóvenes", dos de los vigilantes de seguridad "sintiéndose amenazados y acorralados, hicieron disparos al aire con sus armas reglamentarias para tratar de disuadir a la multitud lo que no consiguieron".

Los jóvenes les lanzaron piedras, adoquines y ramas de arboles, lo que provocó heridas a cuatro de los vigilantes, cuando estos entraron al tren con el menor retenido. Todos ellos tuvieron que refugiarse en la cabina del maquinista, hasta que intervino la Guardia Civil.

Como consecuencia del incidente, el joven retenido sufrió una contusión testicular, si bien el tribunal considera que "no ha quedado acreditado que, en el curso de dicha interceptación y sujeción física, el vigilante golpeara intencionada e injustificadamente con su defensa al joven o contribuyera de forma relevante a que lo hiciera algún otro de los vigilantes de seguridad".

El acusado dijo en el juicio que "en ningún momento" hizo uso de la defensa para agredir a la víctima. "Forcejeamos, nos caímos al suelo y me ayudaron unos compañeros, pero en ningún momento le agredí ni saqué la defensa", aseguró el procesado, al tiempo que insistió: "incluso refugié detrás de mí al joven, porque había gente tirando piedras y palos contra nosotros".