El Gobierno central denunciará por lo penal a Seguridad Integral Canaria

El Gobierno ha acordado hoy denunciar ante la Fiscalía a la empresa Seguridad Integral Canaria al considerar que podrían derivarse responsabilidades penales de las infracciones detectadas por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas.

Según consta en la referencia del Consejo de Ministros, la remisión del caso al Ministerio Fiscal implica la suspensión del procedimiento administrativo sancionador abierto a la empresa hasta que la justicia se pronuncie.

La compañía es propiedad del empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, y tiene presencia en todo el país por los concursos ganados para la vigilancia de edificios de distintas Administraciones públicas.

El Gobierno ya llevó ante la Fiscalía, antes del verano, a Sinergias de Vigilancia y Seguridad, otra empresa del sector que los sindicatos de la seguridad privada relacionan también con Ramírez, algo que niega el empresario.

Ramírez ya tiene abierta una causa en un juzgado de Instrucción de Las Palmas por supuesto fraude a la Seguridad Social y Hacienda.

Seguridad Integral Canaria anunció este verano que dejaría de prestar servicios de vigilancia presencial para mantener sólo los de transporte de fondos y alarmas, traspasando a los trabajadores del área de vigilancia a otras empresas.

La huelga de El Prat, punta del iceberg de la situación de los vigilantes

El conflicto de los vigilantes del aeropuerto de El Prat es "la punta del iceberg" de la realidad de un sector con sueldos de 1.000 euros, turnos de 12 horas y muchas "empresas piratas", y ha servido para dar visibilidad a sus reivindicaciones y encarrilar la búsqueda de una solución global.

Los sindicatos valoran que ese conflicto, "similar a otros", sirva para poner de manifiesto que el sector de la seguridad privada tiene que dignificarse porque estos profesionales prestan servicio junto a las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares sensibles, algo especialmente relevante en un momento de alerta 4 antiterrorista reforzado tras los atentados de Cataluña.

En España hay unos 80.000 vigilantes de seguridad en activo que trabajan tanto en lugares privados como sobre todo en administraciones públicas, en muchos casos en infraestructuras "críticas" como aeropuertos o centrales nucleares, según detallan a Efe desde los sindicatos mayoritarios (UGT, CCOO y USO) y desde la Plataforma Social por la Defensa de los Derechos de los Trabajadores de Seguridad Privada, que integra a otros cinco.

Coinciden todos en que es precisamente en las administraciones públicas donde más se contrata a "empresas piratas" que se valen de la reforma laboral de 2012 para descolgarse del convenio colectivo y pagar hasta 300 euros menos al mes a unos profesionales que ya cobran de media, sin antigüedad y complementos, unos 1.000.

"Es como una subasta pura y dura, se da al más barato", resume el secretario del Sector de Seguridad de UGT, Sergio Picallo, que entiende que "hay que cambiar de tendencia y pasar del caos y el descontrol a la coordinación y la profesionalización del sector" y "no permitir que la Administración sea el principal agente de precarización".

Para encauzar este cambio Picallo confía en la labor del recién creado grupo de trabajo que abordará la situación del sector en las infraestructuras públicas, en el que participan cuatro ministerios, la patronal y UGT y CCOO.

Confía también en que, paralelamente, avance la bloqueada negociación del convenio colectivo, con una mejor disposición de la patronal. Si no, habrá movilizaciones "generalizadas".

Las reivindicaciones del sector son cíclicas y justo antes del verano se pusieron de manifiesto en la calle con concentraciones el pasado 28 de junio en las principales ciudades en las que participaron miles de vigilantes que exigieron un convenio justo, en contra de la propuesta "regresiva e inadmisible" que había hecho la patronal en la mesa negociadora.

Allí los sindicatos ya advirtieron de la importancia del trabajo de los vigilantes en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad, sobre todo en un momento de nivel 4 de alerta antiterrorista en el que cualquier día podría haber un atentado, como finalmente pasó en agosto.

Y en julio estalló el conflicto de los trabajadores de Eulen en El Prat, que aún continúa.

Este caso ha hecho aflorar otros, con diferentes avisos de movilizaciones, entre ellos una huelga en la empresa Marsegur, una de las más criticadas, para el 25 y 26 de septiembre convocada por UGT, CCOO y USO.

También una huelga indefinida en todo el sector los días 23 y 24 de septiembre, seguida de paros, por parte de la Plataforma Social para la Defensa de Trabajadores de la Seguridad Privada, que pide una subida salarial del 10 % y compromiso de "no retroceso". Y una "gran concentración" el día 27 en Madrid por parte de dos colectivos minoritarios que quieren huelga en todo el sector.

Los tres sindicatos mayoritarios no apoyan estas dos convocatorias para una huelga genérica porque creen que ahora es momento de negociar, aunque advierten de que si no hay avances en las próximas semanas viviremos "un otoño caliente".

"En la reunión del grupo de trabajo con el Gobierno hubo muy buenas palabras, pero lo vemos con precaución porque queremos propuestas reales, con presupuesto para subir salarios y mejorar derechos", advierte desde Comisiones Obreras Daniel Barragán, que avisa de que mientras ese grupo avanza ellos no van a dejar de movilizarse por un convenio justo.

El secretario general de Seguridad Privada de USO, Basilio Alberto Febles, cuantifica en 20.000 los profesionales que trabajan para empresas con condiciones inferiores a las del convenio colectivo, el 90 % de ellos en administraciones públicas, y urge también a una "dignificación" que este sindicato demanda desde hace años.

Alerta de que, además de las malas condiciones, estas empresas suelen acaban en concurso de acreedores y dejan deudas a la Seguridad Social, como ha pasado con Esabe, con 28 millones, Falcon con 13 o Seguridad Integral Canaria, con 21 millones, según señala.
Fuente: El periódico

Metro-Madrid aumentará la seguridad con casi 300 vigilantes más

El próximo año, los usuarios del metro se encontrarán con una red atendida por un mayor número de vigilantes: los 1.400 actuales se incrementarán en unos 280. El contrato vigente acaba a finales del próximo enero, y la Consejería de Transportes pide a las empresas interesadas un incremento del 20,7% en las horas que se dedican ahora a la vigilancia. Además, exigirán a los adjudicatarios que abonen a sus empleados, como mínimo, el salario contemplado en el convenio colectivo del ramo. De esta forma, pretenden evitar conflictos laborales que afecten al servicio.

Nuevas reglas del juego para las empresas interesadas en hacerse cargo de la seguridad de las líneas del metropolitano. El contrato vigente desde 2013 finaliza el 31 de enero del año próximo. La Consejería de Transportes quiere aumentar las horas de vigilancia en un 20,7%, que haya más seguridad fija en las estaciones, además de asegurarse de que no le van a repercutir conflictos laborales debidos a problemas salariales, como en otras ocasiones.

Para blindarse lo máximo posible en este último aspecto, ha introducido una cláusula en la licitación pública que supone el abono, como mínimo, del salario previsto en el convenio colectivo del ramo. En el caso de que la empresa no cumpla, será motivo de resolución del contrato. No se contemplaba en el acuerdo vigente.


Hasta ahora, la Comunidad requería un precio mínimo a las empresas interesadas que coincidía con el fijado en el convenio colectivo de los vigilantes. Sin embargo, los adjudicatarios podían realizar bajas y llegar a no abonar las nóminas a sus trabajadores, con la consiguiente aparición de conflictos laborales.

Más estaciones patrulladas

El nuevo contrato también pretende incrementar las horas de vigilancia, lo que implicará una subida semejante en el número de personas que prestan el servicio. En la actualidad, el contrato prevé la realización de 1.867.676 horas con una plantilla de 1.400 vigilantes, que con las nuevas exigencias aumentarían en unos 280. Una cantidad de trabajadores que Metro considera suficientes para subir, a su vez, el número de estaciones con vigilantes fijos, que se determinarán según las necesidades.

La compañía varía al mismo tiempo el modelo de gestión. En el actual, las líneas se dividían en tramos de los que se ocupaban diferentes empresas. A partir de ahora, las líneas se vigilarán completas por las compañías que ganen el concurso.

Metro está dispuesto a pagar por todo ello un 9% más que en el contrato vigente, que se adjudicó en enero de 2013 por 170,4 millones para cuatro años y con posibilidad de dos prórrogas anuales. La línea en la que más hurtos se suelen producir es la 1 (Pinar de Chamartín-Valdecarros), debido a que discurre por el centro de la ciudad, lugar especialmente apreciado por los carteristas. Normalmente se incrementan cuando se refuerza la seguridad en el exterior, y los ladrones deciden cambiar de territorio y bajar al metro.

La conflictividad laboral pone en evidencia el recambio de 12.000 policías por vigilantes

“El problema está ahora en los aeropuertos, pero ya veremos qué pasa si se declaran en huelga los vigilantes de las prisiones”, explican fuentes del SUP (Sindicato Unificado de Policía, mayoritario en el cuerpo), que denuncian cómo, en los últimos años, “se está produciendo un adelgazamiento y se están derivando a la seguridad privada filtros que eran públicos”.

La situación que se ha vivido en las últimas semanas en el aeropuerto de El Prat, y la que se puede dar en las prisiones, como consecuencia de los conflictos laborales tiene dos causas en su origen, explican fuentes policiales: el recorte de plantillas en la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, intensificado en los últimos cinco años hasta superar los 12.000 efectivos, y la ley de Seguridad Privada de 2014, que habilita a las empresas privadas para asumir tareas de vigilancia en espacios e instalaciones públicos.

Esa sustitución de policías por vigilantes es generalizada en los 48 aeropuertos de Aena (Eulen vigila 21; Prosegur, 17; ICTS, 7; Segurisa, dos; y Tablisa, uno), por los que el año pasado transitaron 230 millones de pasajeros y casi 800 millones de toneladas de mercancía. Sin embargo, la prestación de esos servicios privados de seguridad ha comenzado a verse alterada, básicamente por conflictos de carácter laboral entre los que resulta emblemático el de El Prat, donde el personal que controla los accesos a los vuelos volverá a la huelga el 6 de octubre, mientras los empleados de otros, como los de Santiago y A Coruña, por una parte, y los de Valencia y Alicante por otra, han amagado con unos paros que no llegaron a producirse.

Seis años sin formar guardias civiles

El recorte de las plantillas policiales ha sido notable desde finales de 2011, con la llegada de Jorge Fernández Díaz al Ministerio del Interior. Alcanza los 5.764 efectivos en el instituto armado (de 82.692 a 76.928) e incluye reducciones en todas las provincias, mientras Ceuta y Melilla ganaban 45 agentes, según los datos facilitados por AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles, mayoritaria en el cuerpo) y extraídos de respuestas parlamentarias. Mientras, la reducción de puestos en la Policía supera los 7.000 para quedarse ligeramente por encima de los 65.000. Eso supone casi una décima parte del personal, mientras los datos oficiales del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas reducen las plantillas a 74.395 y 64.488 miembros.

En el caso de la Guardia Civil, cuerpo encargado de supervisar el tráfico de mercancías, esa política de personal ha ido acompañada de otras medidas como desmantelar los grupos de especialistas fiscales (el de Barajas fue fusionado con otro hace año y medio), aparcar la formación de agentes (el último curso fue convocado en julio de 2011), asignar las vacantes por antigüedad (sin valorar otros méritos) y recortar medios: aeropuertos como el de Zaragoza, que con 110 millones de toneladas le disputa a El Prat el segundo puesto en género transportado, carecen de perros adiestrados, mientras son varios los complejos que incumplen la obligación de que dos agentes supervisen los embarques mientras otros se encargan del trasiego fronterizo y el control de mercancías.

“Hay agentes que gestionan y tramitan mercancías sin tener preparación para hacerlo”, explican fuentes policiales, que llaman la atención sobre otro aspecto: “la Agencia Tributaria comienza a delegar funciones de despacho en empresas privadas, como las aéreas, que solo avisan cuando un envío lleva el distintivo rojo que identifica las remesas de armas y explosivos, los de origen sensible y algunos señalados aleatoriamente”, explican fuentes de AUGC.

Cárceles y cuarteles

Ese desmantelamiento de las unidades fronterizas también afecta a la Policía Nacional, responsable de vigilar el tráfico de personas y cuya presencia se redujo tras los acuerdos de Schengen a cinco comisarías conjuntas con la Gendarmería en el Pirineo y cuatro con la Guardia Nacional Republicana en Portugal, aunque las UIP (Unidades de Intervención Policial, antidisturbios) realizan controles móviles de manera esporádica.

“Hay Guardia Civil y Policía en los aeropuertos, pero muy poca y cada vez con menos funciones”, señalan fuentes del SUP. Mientras, comienza a ocurrir lo mismo en las cárceles y los cuarteles militares.

El Consejo de Ministros sacó el año pasado a concurso por 58 millones de euros el segundo contrato de vigilancia de cárceles, que incluye la cobertura permanente de 203 puestos (unas 900 personas) en los 67 centros penitenciarios del Ministerio del Interior (todos salvo los catalanes, transferidos en los años 80). Los vigilantes privados comenzaron en 2014 a reemplazar a la Guardia Civil en el control de los perímetros y los accesos y la gestión de los circuitos cerrados de televisión y las alarmas.

Meses después, el abril de este año, Marsegur se hacía, por casi 19 millones de euros, con la contrata para vigilar 188 instalaciones de Defensa entre las que se incluyen cuarteles y bases, además de sedes administrativas y museos.

Registros y detenciones

“La reforma de la ley de seguridad privatiza la seguridad pública, ya que habilita a empresas para prestar servicios en espacios públicos en los que estaba restringida su presencia”, señalan las fuentes consultadas, que se preguntan: “¿eso puede tener ventajas? Puede. Pero lo que está claro es que tiene desventajas, y las estamos viendo”.

Esa reforma otorga a las empresas de vigilancia privada y a su personal competencias que hasta hace poco eran exclusivas de las fuerzas de seguridad, como “la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos” públicos, registrar el interior de vehículos y los efectos personales de un ciudadano e, incluso, detenerlo, aunque con la obligación de ponerlo “inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes”.

La tramitación de esa ley, que el PP sacó adelante con el apoyo de la extinta CiU y el PNV, provocó un tenso debate parlamentario.

Metro-Madrid exigirá a las empresas de seguridad privada que cumplan el convenio

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado hoy que en la próxima concesión del servicio de seguridad de Metro se exigirá que las empresas adjudicatarias cumplan el convenio colectivo del sector.

De esta forma, incluyendo esta exigencia en los pliegos de contratación del servicio, se asegurará una mejora en las condiciones laborales y salariales de estos empleados.

Cifuentes ha explicado que su Gobierno se ha encontrado situaciones como la que UGT denuncia en Metro, con salarios por debajo del convenio, en "diferentes empresas de seguridad que cubren servicios en diferentes dependencias" de la Comunidad.

Por ello, en el nuevo concurso que se celebrará en Metro en el mes de noviembre "se va a exigir obviamente que se cumpla en todos los términos las condiciones del convenio colectivo", ha explicado la dirigente autonómica a preguntas de la prensa durante un acto en la estación de Metro de Suanzes.

"Vamos a velar por respetar los intereses de los trabajadores que prestan servicios en empresas que a su vez prestan servicio en Metro", ha afirmado Cifuentes.

Recientemente UGT ha denunciado que Seguridad Integral Canaria (SIC), concesionaria del servicio en zona centro, Metro Sur, en líneas 11, 10 y parte de la 6 y en el suroeste de la línea 5, mantiene a sus 500 trabajadores en un marco de relaciones laborales "regresivo" con bajos salarios tras descolgarse del convenio colectivo, extremo que niegan desde esta empresa.

Según el sindicato, varias empresas del sector buscan dominar el mercado con una oferta de seguridad de bajo coste producto de abaratar los precios a cambio de rebajar salarios.

El grupo de trabajo sobre la seguridad privada se reunirá el 11 de septiembre

El grupo de trabajo que abordará la situación del sector de la seguridad privada en España anunciado por el Gobierno celebrará su primera reunión el próximo 11 de septiembre, ha informado hoy el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

El titular de Fomento ha señalado, al término de una reunión con la ministra de Transportes de Francia, Elisabeth Borne, que ya se han remitido las cartas para que se designen a los miembros que formarían parte de este grupo de trabajo, creado para evitar que se repitan conflictos como el generado este verano en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona.


Formarán parte de la mesa de trabajo ocho representantes de la Administración general del Estado -dos del Ministerio de Fomento, dos del de Hacienda y Función Pública, dos del de Empleo y Seguridad Social y dos del de Interior-, cuatro de los sindicatos y otros cuatro de las organizaciones empresariales.

Tras lograr poner fin al conflicto entre los trabajadores de Eulen Seguridad en el aeropuerto de Barcelona-El Prat y la empresa, con el establecimiento del laudo arbitral de obligado cumplimiento, ahora "nos corresponde seguir avanzando en contribuir a que los acuerdos que se puedan generar se hagan en el seno de la mesa sectorial de carácter nacional".

En cuanto al laudo, preguntado por su impugnación ante el Tribunal Supremo por parte de los trabajadores de Eulen, el ministro ha dicho que "están en su derecho".

De la Serna espera que en el seno del grupo de trabajo -donde va a haber representantes de la Administración general del Estado- "seamos capaces" de analizar entre otras cuestiones la formación de los vigilantes de seguridad privada, la calidad o el tiempo de trabajo que se puedan luego elevar a la correspondiente mesa sectorial y, en ese marco, establecer las condiciones de carácter nacional.

A su juicio, "no tiene sentido" que la situación de la seguridad privada se aborde "punto por punto" en cada una de las infraestructuras, sino a escala de todo el sector.

El titular de Fomento ha recordado que se trata de la seguridad privada en infraestructuras de todo tipo de instalaciones que dependen de diferentes administraciones, por lo que "es bueno también" que en lo que se va a abordar en este grupo de trabajo, se tenga en cuenta lo que nos puedan aportar la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) y las administraciones autonómicas.

El Gobierno ha aceptado la creación de dicho grupo de trabajo a petición de las principales organizaciones sindicales con el objetivo de analizar todas las cuestiones que contribuyan a una mejora de la prestación de los servicios y las condiciones de trabajo en el ámbito de la seguridad privada en el transporte terrestre, aéreo y marítimo de competencia estatal.

La seguridad privada se levanta en armas (no solo en aeropuertos): así queda el calendario

Septiembre y octubre vienen cargados de huelgas tanto en aeropuertos como en ministerios. ¿Por qué? Las adjudicaciones 'low cost' han agotado la paciencia de los vigilantes de seguridad.

Foto: Calendario de huelgas en instituciones públicas y aeropuertos. (Fuente: Carmen Castellón)

Otoño caliente a la vista. Los vigilantes de seguridad privada subcontratados por las administraciones públicas están trazando el calendario de huelgas de cara a los próximos tres meses, y no solo en los aeropuertos. Los últimos en alzar la voz han sido los más de 500 empleados que custodian las instalaciones del Ministerio de Defensa a través de Marsegur, hartos de cobrar 789 euros brutos al mes y sufrir retrasos en los pagos.

Los sindicatos han convocado una manifestación el próximo 7 de septiembreen los más de 100 centros que María Dolores de Cospedal tiene esparcidos por toda España, así como paros de dos o tres días la última semana de ese mismo mes para protestar por la adjudicación 'low cost'.

No son los únicos. Seguridad Integral Canaria metió el miedo en el cuerpo de sus 3.700 efectivos cuando se supo que está a punto de ceder o vender sus servicios de vigilancia (tanto públicos como privados) a otros. El negocio ha dejado de ser rentable pese a que esta compañía ya intentó 'tirar' los precios con un convenio propio en Las Palmas, con sueldos inferiores a los del convenio estatal. Pero el Tribunal Supremo lo declaró nulo el verano pasado.

Ante la incertidumbre generada y el temor de que los servicios pasen a manos de empresas 'piratas' como Marsegur o Sinergias de Seguridad, los trabajadores han convocado una huelga el día 7 de septiembre en todas las instalaciones del Gobierno de Canarias donde Seguridad Integral Canaria tiene contratos públicos en vigor, como Presidencia o Justicia. La vigilancia del 80%de los servicios públicos de las islas cae en manos de esta compañía.

Huelga en tierra, mar.. y aire

Los estibadores arrancaron una etapa de conflictividad laboral sin precedentes en los puertos españoles. Fomento tardó meses en apagar el fuego (del que aún quedan cenizas) y no tuvo tiempo para tomarse un respiro, pues en julio estalló una nueva bomba en el segundo aeropuerto más importante de España. Los vigilantes de Barcelona-El Prat, subcontratados por Aena a través de Eulen, denunciaron que faltaban manos, sobraba estrés y desaparecían complementos salariales, poniéndose en huelga y generando colas de hasta una hora en los controles.

Tras conocerse el laudo de obligado cumplimiento emitido este jueves por el árbitro, el comité de huelga se plantea desconvocar la huelga del próximo viernes 8 de septiembre, prevista a partir de ese día para los viernes de 10:30 a 11:30 y de 18:30 a 19:30 en El Prat. Así lo señaló el portavoz del comité de huelga de Eulen, Juan Carlos Giménez, en una rueda de prensa este sábado. Giménez avanzó que esa decisión se tomará el próximo viernes en asamblea, aunque supone que la huelga quedará desconvocada porque "queda bastante claro en el laudo" y otras eventuales medidas les pueden "meter en problemas".

En un principio, convocaron los paros parciales para protestar por las supuestas represalias de Eulen, tras despedir al menos a dos empleados. Fuentes cercanas a la compañía aseguran a este diario que la decisión está "plenamente justificada", pues los vigilantes no se presentaron a su puesto de trabajo pese a tener que cumplir los servicios mínimos. No obstante, el veredicto de Marcos Peña en teoría deja a los trabajadores sin motivo para protestar, porque anula todas las medidas disciplinarias hasta la fecha.

Los vigilantes de Ilunion Seguridad, otra de las subcontratas que opera en El Prat, también han convocado una huelga que arrancará el sábado 2 de septiembre como vía para recuperar los pluses que perdieron con la crisis. Los representantes de los trabajadores han optado por esta medida después de que la empresa no se presentase a la reunión del pasado 18 de agosto.

El incendio de El Prat podría propagarse fácilmente a otros aeropuertos como Madrid-Barajas, donde Prosegur se ocupa de la mayoría de la vigilancia y Eulen da cobertura a una parte. Los trabajadores de la primera amenazan con ponerse en huelga a principios de octubre, decisión que deben ratificar el 20 de septiembre en la votación organizada por el sindicato AVA. Los de la segunda llevan amenazando con paros desde julio, pero de momento los han aplazado hasta nuevo aviso.

Los vigilantes de los aeropuertos de Alicante, Valencia, A Coruña, Santiago de Compostela y Tenerife Sur también han dejado la huelga en el aire en espera de que el Gobierno mueva ficha, como explica el responsable de Seguridad Privada de UGT, Diego Giraldez. El ministro de Fomento se comprometió a crear un grupo de trabajo para abordar la problemática de este sector a nivel global y en todos los ámbitos, no solo los aeropuertos. "Los paros quedan suspendidos temporalmente, pero se reactivarán si el gesto de Íñigo de la Serna es un mero brindis al sol". Los empleados subcontratados por Renfe tampoco descartan sumarse a la huelga en otoño si la situación no mejora, confirma Giraldez.

Cada caso es un mundo, pero el problema de fondo es el mismo: una política de adjudicaciones públicas que dan prioridad al factor precio por encima de todo. "Es necesario que el Gobierno tome cartas en el asunto para garantizar la calidad del servicio y unificar los criterios de contratación", sostiene Giraldez. Estas negociaciones -que todavía no han arrancado- tendrán lugar mientras patronal y sindicatos perfilan los detalles del nuevo convenio estatal de seguridad privada, que llega con más de seis meses de retraso.
Aena, un caso aparte

La patata caliente de Aena amenazaba con estallar también en septiembre, aunque su naturaleza es muy distinta. Los 7.200 trabajadores del gestor aeroportuario exigen volver a la etapa precrisis, ahora que los beneficios se han disparado un 40% (en 2016 respecto al año anterior) y se han alcanzado cifras récord en tráfico de pasajeros (244,8 millones en 2016).

No obstante, las aguas se han calmado (de momento) con la suspensión temporal de la huelga. Los sindicatos han dado así un voto de confianza al Gobierno tras verlo dispuesto a solventar el conflicto sin que la sangre llegue al río. Los paros de 25 días estaban previstos entre el 15 de septiembre y el 30 de diciembre, puentes incluidos.

Aena está participada en un 49% por capital privado y cuenta con técnicos en pista de aterrizaje, operarios de mantenimiento, bomberos, informáticos o administrativos, entre otras muchas funciones.

Los sindicatos amenazan con huelgas de vigilantes si las mejoras de El Prat no se extienden al sector

La solución ideada por el Gobierno para apaciguar el conflicto con los vigilantes de El Prat amenaza con derivar en un nuevo problema en el conjunto del sector de la seguridad privada en España. El árbitro Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES), dio a conocer ayer un laudo que obliga al grupo Eulen a pagar un complemento mensual de 200 euros a sus trabajadores en 12 pagas, reforzar la plantilla del aeródromo catalán con más personal en los filtros y suspender todas las medidas sancionadoras aplicadas contra los vigilantes por la huelga indefinida convocada este mes de agosto.

Apenas unas horas después de conocer el resultado del laudo, los sindicatos UGTy CCOO -sin representación en el comité de vigilantes de El Prat- exigieron a las patronales de seguridad privadas que aplicaran «de forma generalizada y palpable» una serie de mejoras en las condiciones laborales de sus trabajadores. De no hacerlo, insisten las organizaciones laborales en un comunicado conjunto, «se iniciará a partir de septiembre de forma conjunta y creciente movilizaciones en todos los centros de trabajo donde haya presencia de vigilantes de seguridad privada para que sean atendidas sus reclamaciones».

CCOO y UGT apuntan directamente al Gobierno, que se ha erigido durante el conflicto en El Prat como juez tras fracasar las propuestas de mediación realizadas por la Generalitat de Cataluña. Fue el propio Ejecutivo quien reforzó la presencia de la Guardia Civil en el aeropuerto para acabar con las colas frente a los filtros de seguridad, quien nombró al árbitro para establecer un laudo de carácter vinculante y quien, en tercer lugar, impulsó una mesa de negociación junto a sindicatos y organizaciones empresariales para abordar las condiciones laborales de todos los vigilantes de seguridad privada del país.

El comunicado remarca que estas condiciones están caracterizadas por «bajos salarios, horas extra no remuneradas, duplicidad de tareas, mala planificación del trabajo y progresivo empeoramiento con cada cambio de empresa adjudicataria del servicio».

MESA COLECTIVA

Es precisamente en la mesa convocada por el Gobierno donde UGT y CCOOquieren que se realice «un análisis global de la situación del sector para poner fin a las diferencias existentes en las condiciones laborales en los centros de trabajo pertenecientes a las Administraciones Públicas». Una de sus principales propuestas pasa porque en las licitaciones no se tenga sólo en cuenta la oferta más barata de una empresa, sino también el respeto a las condiciones salariales de los convenios colectivos.

El laudo conocido ayer abre la puerta a una mejora salarial para el conjunto del sector. Uno de sus principales puntos -el del complemento salarial de 200 euros a los vigilantes- remarca que la mejora salarial en El Prat será «absorbible» si se llevara a cabo una negociación al alza del convenio nacional. Es decir, que si en la mesa de negociación entre patronal y sindicatos se acuerda una revisión al alza de las nóminas de 250 euros, los trabajadores de Eulen sólo la verán repercutida en 50 euros.

Los otros dos puntos fundamentales del laudo conllevan un refuerzo de la plantilla de vigilantes por parte de la empresa y la suspensión de las medidas sancionadoras aprobadas por ésta en relación a la huelga indefinida. La primera obliga a Eulen a dotar un total de cinco trabajadores por cada filtro de seguridad y crear un «corre-turnos» de 25 agentes en los periodos de mayor tráfico:Verano, Navidad, Semana Santa y durante la celebración del World Mobile Congress. En relación a los expedientes por parte de la compañía, el laudo obliga a Eulen a readmitir a los dos empleados despedidos por saltarse los servicios mínimos durante la huelga del mes de agosto.

Los vigilantes habían convocado una nueva oleada de huelgas a partir del 8 de septiembre en protesta por las «coacciones y represalias» llevadas a cabo por la empresa. No obstante, la plantilla se reunirá el próximo lunes para valorar la desconvocatoria de los paros tras estudiar su contenido.

La Generalitat advirtió ayer que el laudo firmado por Marcos Peña no contribuirá a pacificar el aeropuerto catalán. «Cuando se impone un laudo, es difícil conseguir la paz», subrayó el secretario general de Trabajo de la Generalitat, Josep Ginesta.