Los trabajadores de Seguridad Integral Canaria, empresa de seguridad privada cuyo propietario es Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, han sido convocados por Comisiones Obreras (CCOO) y la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO) a sendas concentraciones programadas a partir de las 10:00 de la mañana el próximo martes (CCOO) y viernes (FTSP-USO), respectivamente. El objetivo, protestar por las condiciones laborales que sufren los trabajadores a los que representan y por el "descuelgue del vigente convenio colectivo estatal de esta empresa de seguridad privada".
Días antes de conocer estas acciones, la FTSP-USO sacaba a la luz un comunicado donde advertía de que esta empresa de seguridad, con amplia presencia en organismos dependientes del Gobierno de Canarias, como el Palacio de Justicia de la capital tinerfeña, Presidencia del Gobierno o los Edificios Múltiples I y II, entre otros, se había convertido en pionera a la hora de aplicar la nueva reforma laboral, "haciéndolo además de la peor forma posible ya que aplica medidas a sus trabajadores que van mas allá de lo que contempla la reforma".
Basilio Febles, secretario de Organización del sindicato, señaló ayer que precisamente se hallaban en medio de una asamblea para determinar el calendario de movilizaciones que comenzarán el viernes con concentraciones en el Palacio de Justicia, Presidencia del Gobierno y el Edificio Múltiples II a cuenta de "las malas prácticas" llevadas a cabo por parte de Seguridad Integral Canaria, empresa que "a principios del año 2011 quitó de la nómina del mes de enero 100 euros a todos sus trabajadores, supuestamente para financiar su deuda. Esta medida se aplicaría durante varios meses y luego se devolvería a los trabajadores, cuando la empresa tuviera beneficios". Los trabajadores estiman que "la cantidad ascendía a 160.000 euros mensuales que pretendían recaudar a costa de sus trabajadores", añadió.
Asimismo, el sindicato ha denunciado que esta compañía "ha tenido que abonar los costes originados por los despidos y procesos judiciales realizados durante los años 2010 y 2011, de aproximadamente un millón de euros, cantidad que se puede ver incrementada al existir aún numerosos juicios pendientes". Según refleja el comunicado, los datos fueron suministrados por la propia empresa y solo "es un ejemplo de cómo funciona cuando aplica el denúnciame y que decida el de la toga, que pronuncian algunos directivos".
Por ello, el Comité de Empresa, donde la FTSP-USO es mayoritaria, se ha posicionado "en contra de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo que quieren imponer a los trabajadores".
Mientras, la empresa se defiende manifestando que la recesión les ha obligado a "tomar una serie de decisiones y medidas para sobrellevar esta situación. Por eso hemos ofrecido al sindicato algún tipo de negociación y no se ha querido sentar a negociar y las ha rechazado tajantemente", afirmó Leonardo Clemente, responsable de la compañía en la provincia tinerfeña.
Según Clemente, "tenemos que entender que hasta a los funcionarios les han querido subir una hora diaria. Eso supone más o menos lo que nosotros estamos ofreciendo. Además, preferimos subir la productividad de nuestro personal y no bajarles el sueldo. Ellos tienen una forma de pensar, nosotros otra y lo que no ha habido es diálogo, así que nos tendremos que ir a un arbitraje", añadió.
De hecho, apuntó, "existe un convenio donde se habían acordado unas posibles subidas y mientras en España a la gente se le está bajando el sueldo, ellos todavía quieren una subida en el salario".
También hizo mención a "la paga de beneficios, que, "seguramente, no habrán mencionado porque no les interesa, en abril de 2013. Ellos quieren defender el convenio actual y nosotros, en la situación que nos encontramos, a cuenta del retraso en el pago de nuestros clientes, empresas que mayoritariamente dependen del Gobierno de Canarias, tenemos retrasos que nos está llevando a una situación financiera de estudio", relató.
"Pase lo que pase, la empresa ha garantizado el mantenimiento de los puestos de trabajo, pero supongo que tampoco se lo habrán mencionado", lamentó Clemente.
COMUNICADO DE LA SECCIÓN SINDICAL
Madrid a 29 de Enero de 2012.
Ante las dudas que han surgido en relación a los últimos acontecimientos acaecidos en Segur Ibérica y la relación entre esta y el Comité de Empresa, la Sección Sindical de C.C.O.O. os comunica que:
A principios del mes de Enero se nos solicita, por parte de la dirección de la empresa, mantener una reunión con el Comité de Empresa; la cual tiene lugar el día 12 de Enero, asisten por parte de la empresa: Juan Manuel González Herrero, Director Nacional de Recursos Humanos, José Manuel del Pino Orozco, Director Territorial Zona Centro y Aritz Larrea, Director General del Grupo Segur.
Realizan una exposición en la que explican que por culpa de una serie de servicios que dan perdidas a la empresa y que por otra parte hay otra serie de servicios que se retrasan en el pago, la empresa tuvo que adoptar una serie de medidas, como despedir a trabajadores de la oficina, o dejar servicios por insostenibles para la empresa, o no participar en concursos de otros servicios que salen a mercado por ser del todo inasumible el precio hora que se pretende asignar.
Una vez hecha la exposición nos comunican que quieren contar con la aprobación del Comité de Empresa para aplicar una serie de recortes con el fin de abaratar costes; estos recortes estarían sustentados exclusivamente sobre diferentes conceptos, todos ellos afectarían en exclusiva al personal operativo (Vigilantes de Seguridad).
Una vez finalizada la exposición la dirección de la empresa se retira de la reunión, quedando el comité reunido, pasamos a reflexionar y opinar sobre la situación expuesta por la dirección de la Empresa.
Llegamos a la conclusión de darnos por enterados de los problemas en estos servicios, pero también llegamos a la conclusión de que la empresa no ha venido a proponernos un plan viable, ni siquiera una negociación, sino a proponernos que seamos cómplices de esta estrategia empresarial, ya que no se nos ha hecho ninguna propuesta asumible, sino que han venido a decirnos lo que unilateralmente tenían pensado hacer. Ha sido esta reunión una exposición por parte de la Empresa la cual quiere paliar la situación actual con el sacrificio, como siempre de los más débiles, los trabajadores. En esta reunión se nos hace saber por parte de la empresa que se van a realizar los recortes con nosotros o sin nosotros. A lo cual respondemos que estas reformas y recortes se pueden realizar de tres formas: CONTANDO CON EL COMITÉ, SIN CONTAR CON EL COMITÉ O EN CONTRA DEL COMITÉ.
No vamos a entrar a valorar la osadía de la que hace gala la Empresa realizando este tipo de proposiciones, ni vamos a cuantificar cuan poco conoce a los miembros de la Sección Sindical de CC.OO. Vá a ser más sencillo y sobre todo para quién pueda dudar, JAMAS podrá contar con nuestro beneplácito para realizar recortes o modificaciones que perjudiquen a los trabajadores.
Ante las dudas que han surgido en relación a los últimos acontecimientos acaecidos en Segur Ibérica y la relación entre esta y el Comité de Empresa, la Sección Sindical de C.C.O.O. os comunica que:
A principios del mes de Enero se nos solicita, por parte de la dirección de la empresa, mantener una reunión con el Comité de Empresa; la cual tiene lugar el día 12 de Enero, asisten por parte de la empresa: Juan Manuel González Herrero, Director Nacional de Recursos Humanos, José Manuel del Pino Orozco, Director Territorial Zona Centro y Aritz Larrea, Director General del Grupo Segur.
Realizan una exposición en la que explican que por culpa de una serie de servicios que dan perdidas a la empresa y que por otra parte hay otra serie de servicios que se retrasan en el pago, la empresa tuvo que adoptar una serie de medidas, como despedir a trabajadores de la oficina, o dejar servicios por insostenibles para la empresa, o no participar en concursos de otros servicios que salen a mercado por ser del todo inasumible el precio hora que se pretende asignar.
Una vez hecha la exposición nos comunican que quieren contar con la aprobación del Comité de Empresa para aplicar una serie de recortes con el fin de abaratar costes; estos recortes estarían sustentados exclusivamente sobre diferentes conceptos, todos ellos afectarían en exclusiva al personal operativo (Vigilantes de Seguridad).
Una vez finalizada la exposición la dirección de la empresa se retira de la reunión, quedando el comité reunido, pasamos a reflexionar y opinar sobre la situación expuesta por la dirección de la Empresa.
Llegamos a la conclusión de darnos por enterados de los problemas en estos servicios, pero también llegamos a la conclusión de que la empresa no ha venido a proponernos un plan viable, ni siquiera una negociación, sino a proponernos que seamos cómplices de esta estrategia empresarial, ya que no se nos ha hecho ninguna propuesta asumible, sino que han venido a decirnos lo que unilateralmente tenían pensado hacer. Ha sido esta reunión una exposición por parte de la Empresa la cual quiere paliar la situación actual con el sacrificio, como siempre de los más débiles, los trabajadores. En esta reunión se nos hace saber por parte de la empresa que se van a realizar los recortes con nosotros o sin nosotros. A lo cual respondemos que estas reformas y recortes se pueden realizar de tres formas: CONTANDO CON EL COMITÉ, SIN CONTAR CON EL COMITÉ O EN CONTRA DEL COMITÉ.
No vamos a entrar a valorar la osadía de la que hace gala la Empresa realizando este tipo de proposiciones, ni vamos a cuantificar cuan poco conoce a los miembros de la Sección Sindical de CC.OO. Vá a ser más sencillo y sobre todo para quién pueda dudar, JAMAS podrá contar con nuestro beneplácito para realizar recortes o modificaciones que perjudiquen a los trabajadores.
Los vigilantes de seguridad en el aeropuerto Tenerife Sur, en huelga por los horarios
Un grupo de trabajadores de la seguridad privada en el aeropuerto Tenerife Sur ha iniciado hoy una huelga para exigir mejores condiciones en los horarios, con relevos para poder comer, ir al baño o descansar mientras realizan trabajos en el control de equipajes.
Así lo ha manifestado hoy el delegado del sindicato mayoritario Intersindical Canaria, Santiago Alcocer, quien añade que hay otra manifestación prevista para el 9 de diciembre en el aeropuerto y a partir del día 16 la protesta será indefinida.
Acusan a la empresa Vinsa Seguridad de no escuchar sus reivindicaciones y de no querer mejorar la "calidad de vida" de los 153 vigilantes que operan en este aeropuerto.
Alcocer dice que está en juego gran parte de la seguridad del aeropuerto.
Aclara que no están en contra de AENA sino de "los turnos impuestos que nos perjudican, pues hay ocasiones en que pasamos ocho horas sin descansar".
"Los relevos del personal eran antes relativamente puntuales, hoy en día ya no hay para comer o ir al baño", insistió Alcocer.
El comité de huelga también pide más apoyo de la Guardia Civil en las tareas de seguridad, que "nunca se han mermado en el aeropuerto, sino queremos que nos oigan", explicó Alcocer.
La empresa adjudicataria de la seguridad no ha querido hacer declaraciones.
Así lo ha manifestado hoy el delegado del sindicato mayoritario Intersindical Canaria, Santiago Alcocer, quien añade que hay otra manifestación prevista para el 9 de diciembre en el aeropuerto y a partir del día 16 la protesta será indefinida.
Acusan a la empresa Vinsa Seguridad de no escuchar sus reivindicaciones y de no querer mejorar la "calidad de vida" de los 153 vigilantes que operan en este aeropuerto.
Alcocer dice que está en juego gran parte de la seguridad del aeropuerto.
Aclara que no están en contra de AENA sino de "los turnos impuestos que nos perjudican, pues hay ocasiones en que pasamos ocho horas sin descansar".
"Los relevos del personal eran antes relativamente puntuales, hoy en día ya no hay para comer o ir al baño", insistió Alcocer.
El comité de huelga también pide más apoyo de la Guardia Civil en las tareas de seguridad, que "nunca se han mermado en el aeropuerto, sino queremos que nos oigan", explicó Alcocer.
La empresa adjudicataria de la seguridad no ha querido hacer declaraciones.
RESULTADOS ELECCIONES SINDICALES SEGUR IBÉRICA-MADRID
Me complace informaros que tras las elecciones sindicales celebradas en el día de ayer en la sede social de la empresa, el nuevo Comite de Empresa queda compuesto de la siguiente manera:
- CC.OO. 7 delegados
- USO 5 delegados
- UGT 3 delegados
- Alt.Sin. 3 delegados
- Ates 3 delegados
- Sivpm 2 delegados
Tambien aprovecho la ocasión para daros las gracias por haber vuelto a depositar vuestra confianza en la candidatura de CC.OO. y esperamos poder devolveros esa confianza con nuestro esfuerzo y trabajo.
Daniel García Ferreño
- CC.OO. 7 delegados
- USO 5 delegados
- UGT 3 delegados
- Alt.Sin. 3 delegados
- Ates 3 delegados
- Sivpm 2 delegados
Tambien aprovecho la ocasión para daros las gracias por haber vuelto a depositar vuestra confianza en la candidatura de CC.OO. y esperamos poder devolveros esa confianza con nuestro esfuerzo y trabajo.
Daniel García Ferreño
La justicia da la razón a vigilantes de seguridad privada
«Al fin se hace justicia». Varios de los trabajadores que denunciaron a Securitas Seguridad España por traslado indiscriminado e indefensión dieron por terminada «una pesadilla que ha durado cerca de un año». Sostienen , según informó ayer CC OO, que durante este periodo han padecido «una indefensión total. En este sentido, afirmaron que, «como ha quedado demostrado en los juicios, Securitas se las arregló para que dos de ellos no pudieran ser subrogados por la empresa Franjus Security, por no facilitarle la documentación necesaria para ello a esta última, dejándolos en un vacio laboral total». Los afectados, según el sindicato, no cobraban nómina de ninguna de las dos empresas y tampoco podían solicitar el subsidio de desempleo mientras esperaban el día del Juicio. En este caso, el juez obliga a Franjus Security nueva adjudicataria de la Seguridad de Torrapapel, centro donde prestaban sus servicios los denunciantes con la empresa Securitas, a subrogar a los dos trabajadores afectados y al pago de los salarios que dejaron de percibir los Vigilantes de Seguridad
En otra de las demandas realizadas por un traslado indiscriminado de dos vigilantes de seguridad desde las instalaciones de Maersk España a Torraspapel, el Juzgado de lo Social da la razón a los trabajadores representados, representado por CC OO, y obliga a Securitas a la readmisión de los dos trabajadores abonándoles los salarios dejados de percibir. «La actuación de la emrpesa en este conflicto es más sangrante aún si cabe, en primer lugar porque dejó a los trabajadores en la misma situación de los dos anteriores, es decir, sin percibir nómina ni posibilidad de solicitar subsidio de desempleo y con la agravante que , una vez condenada Securitas a readmitir a los afectados en Maerks España, con sentencia firme, está hace caso omiso a su Señoría y no aplica la sentencia aún teniéndola notificada», señala el sindicato. Según la central sindical, esta situación dio lugar al cambio de empresa de seguridad en Maerks España, «cerrando la puerta al retorno de los trabajadores». En opinión de los sindicalistas, esta actuación suponía «una clara intención de pisotear más a sus trabajadores».
La tercera sentencia favorable a un trabajador de Securitas defendido por Comisiones Obreras, anula una sanción «muy grave» impuesta a un vigilante de seguridad que le costó al trabajador varios días de empleo y sueldo, siendo también está firme sin derecho a recurso por la denunciada. Por ello, la empresa tendrá que borrar esta falta del historial laboral y abonar los días descontados por ello.
Miguel Ángel Páramo Benavente, responsable de Seguridad Privada de CC OO en el Campo de Gibraltar, cree que la gestión llevada por los responsables de Securitas Seguridad España en lacomarca «ha llevado a la deriva la delegación de esta zona, llegando a desaparecer y provocando despidos innecesarios que no hacen más que minar la ya débil situación laboral que sufre la comarca».
«Securitas se cerró en banda al diálogo y solución por esta vía de los conflictos creados por ellos mismos, lo que la llevó a la pérdida de varios centros de trabajo que suponían pilares fundamentales para ella en la comarca, tales como Maersk España». «Lo que está claro», prosiguió el sindicalista, «es que desde CC OO seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores de seguridad privada, cueste lo que nos cueste, contra cualquier empresa que los vulnere, sentencias como estás nos hacen más fuertes para dignificar cada día este sector».
En otra de las demandas realizadas por un traslado indiscriminado de dos vigilantes de seguridad desde las instalaciones de Maersk España a Torraspapel, el Juzgado de lo Social da la razón a los trabajadores representados, representado por CC OO, y obliga a Securitas a la readmisión de los dos trabajadores abonándoles los salarios dejados de percibir. «La actuación de la emrpesa en este conflicto es más sangrante aún si cabe, en primer lugar porque dejó a los trabajadores en la misma situación de los dos anteriores, es decir, sin percibir nómina ni posibilidad de solicitar subsidio de desempleo y con la agravante que , una vez condenada Securitas a readmitir a los afectados en Maerks España, con sentencia firme, está hace caso omiso a su Señoría y no aplica la sentencia aún teniéndola notificada», señala el sindicato. Según la central sindical, esta situación dio lugar al cambio de empresa de seguridad en Maerks España, «cerrando la puerta al retorno de los trabajadores». En opinión de los sindicalistas, esta actuación suponía «una clara intención de pisotear más a sus trabajadores».
La tercera sentencia favorable a un trabajador de Securitas defendido por Comisiones Obreras, anula una sanción «muy grave» impuesta a un vigilante de seguridad que le costó al trabajador varios días de empleo y sueldo, siendo también está firme sin derecho a recurso por la denunciada. Por ello, la empresa tendrá que borrar esta falta del historial laboral y abonar los días descontados por ello.
Miguel Ángel Páramo Benavente, responsable de Seguridad Privada de CC OO en el Campo de Gibraltar, cree que la gestión llevada por los responsables de Securitas Seguridad España en lacomarca «ha llevado a la deriva la delegación de esta zona, llegando a desaparecer y provocando despidos innecesarios que no hacen más que minar la ya débil situación laboral que sufre la comarca».
«Securitas se cerró en banda al diálogo y solución por esta vía de los conflictos creados por ellos mismos, lo que la llevó a la pérdida de varios centros de trabajo que suponían pilares fundamentales para ella en la comarca, tales como Maersk España». «Lo que está claro», prosiguió el sindicalista, «es que desde CC OO seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores de seguridad privada, cueste lo que nos cueste, contra cualquier empresa que los vulnere, sentencias como estás nos hacen más fuertes para dignificar cada día este sector».
El Gobierno vasco agradece a trabajadores y empresas de seguridad privada su aportación en la lucha contra ETA
El Consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares, ha trasladado a empresas y trabajadores de la seguridad privada el agradecimiento ''en nombre de la sociedad vasca'' por su aportación fundamental en la lucha contra ETA.
Ares ha destacado el enorme esfuerzo que los profesionales de este sector han realizado en circunstancias muy difíciles como ''defensores de la democracia'' y ''guardianes de la libertad de muchas personas amenazadas por ETA'', lo que ''ha permitido salvar muchas vidas''.
Asimismo, el titular de Interior ha recordado el gran trabajo que realizaron las empresas cuando tuvieron que montar un elevado número de operativos de protección hasta entonces inexistentes en circunstancias de máxima urgencia, en la segunda mitad de los años noventa.
Ares ha trasladado estas reflexiones a una treintena de representantes de nueve empresas de seguridad y cuatro centrales sindicales que han asistido a la reunión de algo más de una hora de duración celebrada el viernes en la sede del Gobierno Vasco en Vitoria.
Ares ha destacado el enorme esfuerzo que los profesionales de este sector han realizado en circunstancias muy difíciles como ''defensores de la democracia'' y ''guardianes de la libertad de muchas personas amenazadas por ETA'', lo que ''ha permitido salvar muchas vidas''.
Asimismo, el titular de Interior ha recordado el gran trabajo que realizaron las empresas cuando tuvieron que montar un elevado número de operativos de protección hasta entonces inexistentes en circunstancias de máxima urgencia, en la segunda mitad de los años noventa.
Ares ha trasladado estas reflexiones a una treintena de representantes de nueve empresas de seguridad y cuatro centrales sindicales que han asistido a la reunión de algo más de una hora de duración celebrada el viernes en la sede del Gobierno Vasco en Vitoria.
Segur Ibérica 'ficha' como presidente al ex secretario de Estado de Seguridad Pedro Morenés
Segur Ibérica ha nombrado nuevo presidente a Pedro Morenés, ex secretario de Estado de Defensa y de Seguridad, según informó la compañía de seguridad privada.
La firma ha nombrado también a la ex ministra de Ciencia y Tecnología Anna Birulés como nueva consejera de la sociedad, que enmarcó estos nombramientos en su "nueva etapa de desarrollo".
Segur Ibérica aborda esta nueva fase después de que el pasado mes de septiembre la firma de capital riesgo MCH Private Equity formalizara la adquisición del 55% de su accionariado.
El nuevo presidente de Segur Ibérica, Pedro Morenés, ocupaba desde junio de 2010 el puesto de director general para España de la firma de misiles MBDA. Con anterioridad, en 2009, fue presidente de Construcciones Navales del Norte.
Durante los gobiernos del PP, Pedro Morenés fue nombrado en 1996 secretario de Estado de Defensa, posteriormente (2010), secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y, dos años más tarde, secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica.
Morenés (Vizcaya, 1948) es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, diplomado en Dirección de Empresas por Deusto y diplomado en Derecho Fiscal de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta además con un master por el Bremen Institute of Shipping Economics de Alemania.
De su lado, Birulés es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y PhD Progran por la Universidad de California. Tras dirigir el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha ocupado distintos cargos en el sector privado, entre los que figuran el de vicepresidenta de la inmobiliaria Renta Corporación, consejera-directora de Retevisión, presidenta de EresMas y secretaria general de Banco Sabadell.
La firma ha nombrado también a la ex ministra de Ciencia y Tecnología Anna Birulés como nueva consejera de la sociedad, que enmarcó estos nombramientos en su "nueva etapa de desarrollo".
Segur Ibérica aborda esta nueva fase después de que el pasado mes de septiembre la firma de capital riesgo MCH Private Equity formalizara la adquisición del 55% de su accionariado.
El nuevo presidente de Segur Ibérica, Pedro Morenés, ocupaba desde junio de 2010 el puesto de director general para España de la firma de misiles MBDA. Con anterioridad, en 2009, fue presidente de Construcciones Navales del Norte.
Durante los gobiernos del PP, Pedro Morenés fue nombrado en 1996 secretario de Estado de Defensa, posteriormente (2010), secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y, dos años más tarde, secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica.
Morenés (Vizcaya, 1948) es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, diplomado en Dirección de Empresas por Deusto y diplomado en Derecho Fiscal de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta además con un master por el Bremen Institute of Shipping Economics de Alemania.
De su lado, Birulés es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y PhD Progran por la Universidad de California. Tras dirigir el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha ocupado distintos cargos en el sector privado, entre los que figuran el de vicepresidenta de la inmobiliaria Renta Corporación, consejera-directora de Retevisión, presidenta de EresMas y secretaria general de Banco Sabadell.
Detenido un empresario y desarticulada una red de intrusismo en seguridad
La Policía Nacional ha detenido a un empresario y ha desarticulado una red dedicada al intrusismo en la seguridad privada en el sur de Tenerife, intervención policial que es la primera de este tipo que se desarrolla en España.
La operación policial ha sido realizada por policías adscritos al grupo operativo de seguridad privada de la comisaría del sur de Tenerife y la investigación se inició tras la presentación de varias denuncias sobre la existencia de una red de empresas dedicadas al delito de intrusismo en materia de seguridad privada.
Los policías, según un comunicado, comprobaron que había una re de empresas que ofertaban servicios de seguridad a multitud de hoteles y establecimientos turísticos y comerciales del sur de Tenerife sin estar autorizados para ello.
Al parecer aprovechaban el hecho de que los establecimientos hoteleros desconocían la legislación vigente en materia de Seguridad Privada, presentaban fotocopias de documentación original falsificada y conseguían los contratos bajo la supuesta apariencia de empresa legal.
Para ello estas empresas ofertaban los servicios a un coste muy inferior al del mercado, incluso un 75 por ciento menos que el ofrecido por empresas de seguridad habilitadas por el Ministerio del Interior.
La nota policial informa de que durante la operación se detuvo al líder de la organización, el empresario R.G.E.M., al se le imputaron presuntos delitos como intrusismo, falsificación de documento privado, amenazas, estafa, asociación ilícita, insolvencias punibles y delito contra los derechos de los trabajadores.
Asimismo están imputados el resto de los componentes de la red, que ejercían como testaferros en las diferentes empresas, así como el arquitecto financiero que, según la Policía, ofertaba una imagen de legalidad frente a la actuación inspectora de la administración.
También se han intervenido diversos vehículos y clausurado inmuebles y empresas.
Según la Policía, el dueño de la empresa contrataba a ciudadanos cubanos, que carecían de la titulación necesaria para realizar funciones de Seguridad y a los que se les pagaba salarios muy inferiores a lo estipulados para los vigilantes y trabajaban en turno de 12 horas diarias.
Al parecer el empresario ofertaba a los establecimientos hoteleros un servicio de transporte de dinero, que movía entre 100.000 y 200.000 euros semanales y era realizado en vehículos sin distintivos ni medida alguna de seguridad.
Añade la nota policial que para evitar pagar las continuas sanciones que eran impuestas a esas empresas, el empresario al parecer procedía al cierre y creaba una nueva empresa.
En total se ha llegado a identificar hasta siete empresas distintas, y esta operativa se repetía de forma continua, y los beneficios obtenidos eran invertido en la creación de negocios como restaurantes y cafeterías, donde, según la Policía, se lavaba el dinero procedente del delito de intrusismo en materia de seguridad privada.
La operación policial ha sido realizada por policías adscritos al grupo operativo de seguridad privada de la comisaría del sur de Tenerife y la investigación se inició tras la presentación de varias denuncias sobre la existencia de una red de empresas dedicadas al delito de intrusismo en materia de seguridad privada.
Los policías, según un comunicado, comprobaron que había una re de empresas que ofertaban servicios de seguridad a multitud de hoteles y establecimientos turísticos y comerciales del sur de Tenerife sin estar autorizados para ello.
Al parecer aprovechaban el hecho de que los establecimientos hoteleros desconocían la legislación vigente en materia de Seguridad Privada, presentaban fotocopias de documentación original falsificada y conseguían los contratos bajo la supuesta apariencia de empresa legal.
Para ello estas empresas ofertaban los servicios a un coste muy inferior al del mercado, incluso un 75 por ciento menos que el ofrecido por empresas de seguridad habilitadas por el Ministerio del Interior.
La nota policial informa de que durante la operación se detuvo al líder de la organización, el empresario R.G.E.M., al se le imputaron presuntos delitos como intrusismo, falsificación de documento privado, amenazas, estafa, asociación ilícita, insolvencias punibles y delito contra los derechos de los trabajadores.
Asimismo están imputados el resto de los componentes de la red, que ejercían como testaferros en las diferentes empresas, así como el arquitecto financiero que, según la Policía, ofertaba una imagen de legalidad frente a la actuación inspectora de la administración.
También se han intervenido diversos vehículos y clausurado inmuebles y empresas.
Según la Policía, el dueño de la empresa contrataba a ciudadanos cubanos, que carecían de la titulación necesaria para realizar funciones de Seguridad y a los que se les pagaba salarios muy inferiores a lo estipulados para los vigilantes y trabajaban en turno de 12 horas diarias.
Al parecer el empresario ofertaba a los establecimientos hoteleros un servicio de transporte de dinero, que movía entre 100.000 y 200.000 euros semanales y era realizado en vehículos sin distintivos ni medida alguna de seguridad.
Añade la nota policial que para evitar pagar las continuas sanciones que eran impuestas a esas empresas, el empresario al parecer procedía al cierre y creaba una nueva empresa.
En total se ha llegado a identificar hasta siete empresas distintas, y esta operativa se repetía de forma continua, y los beneficios obtenidos eran invertido en la creación de negocios como restaurantes y cafeterías, donde, según la Policía, se lavaba el dinero procedente del delito de intrusismo en materia de seguridad privada.
La policía pide ayuda para desenmascarar a los "gorilas"
El intrusismo ha sido siempre un problema de la vigilancia privada. Pero con la crisis el problema se ha agudizado. Tanto es así que el propio jefe de la Policía, Daniel Salgado, pide ayuda a los guardias de seguridad para desenmascarar a 'gorilas' y 'matones' que trabajan sin la preparación necesaria.
Esa fue una de las conclusiones de la quinta edición de la Convención de Seguridad Privada, organizada por la Comisaría y por las compañías de sector. Con la que está cayendo, los empresarios meten la tijera en sus gastos. Y en el primer sitio en el que recortan es en la seguridad. La consecuencia es que terminan contratando personal sin habilitación para que realicen las funciones de vigilancia. Personas que no están preparadas, pero que resultan más baratas. Lo que quizás no sepan estos empresarios es que estas prácticas pueden acarrearles multas que, en algunos casos, alcanzan los 30.000 euros.
La fórmula a la que recurren son las llamadas empresas de servicios, tal y como explicaron fuentes de la Comisaría. Es decir, uniforman a un trabajador y le encomiendan labores de vigilancia para las que no han sido formados. Solo pueden llevar uniforme, porra y grilletes y lucir la placa blanca con letras en rojo los vigilantes que estén habilitados por el Ministerio de Interior. “Todo lo demás es sancionable”, se encargó de recordar el subdelegado del Gobierno, Fernando Calahorro. En la provincia, unas 3.000 personas están autorizadas para ser vigilante de seguridad. No obstante, el negocio no está muy boyante. “Ahora mismo, están trabajando unos 550”, explica fuentes del sector, lo que supone un 30 por ciento menos que hace justo un año. “Es la pescadilla que se muerde la cola. Las empresas contratan a cualquiera, aunque no esté habilitado”, dice el director de una firma del sector. “Os pido vuestra ayuda en la erradicación de estas prácticas que tanto perjudican al vigilante de seguridad”, pidió el comisario.
Para ser guardia privado es necesario superar una formación en un centro reglado. Y, después, aprobar un examen que hace el Ministerio de Interior, donde se ponen a prueba los conocimientos del vigilante y su preparación física. Superadas esas pruebas, ya pueden trabajar, aunque siempre contratados por una empresa homologada.
Esa fue una de las conclusiones de la quinta edición de la Convención de Seguridad Privada, organizada por la Comisaría y por las compañías de sector. Con la que está cayendo, los empresarios meten la tijera en sus gastos. Y en el primer sitio en el que recortan es en la seguridad. La consecuencia es que terminan contratando personal sin habilitación para que realicen las funciones de vigilancia. Personas que no están preparadas, pero que resultan más baratas. Lo que quizás no sepan estos empresarios es que estas prácticas pueden acarrearles multas que, en algunos casos, alcanzan los 30.000 euros.
La fórmula a la que recurren son las llamadas empresas de servicios, tal y como explicaron fuentes de la Comisaría. Es decir, uniforman a un trabajador y le encomiendan labores de vigilancia para las que no han sido formados. Solo pueden llevar uniforme, porra y grilletes y lucir la placa blanca con letras en rojo los vigilantes que estén habilitados por el Ministerio de Interior. “Todo lo demás es sancionable”, se encargó de recordar el subdelegado del Gobierno, Fernando Calahorro. En la provincia, unas 3.000 personas están autorizadas para ser vigilante de seguridad. No obstante, el negocio no está muy boyante. “Ahora mismo, están trabajando unos 550”, explica fuentes del sector, lo que supone un 30 por ciento menos que hace justo un año. “Es la pescadilla que se muerde la cola. Las empresas contratan a cualquiera, aunque no esté habilitado”, dice el director de una firma del sector. “Os pido vuestra ayuda en la erradicación de estas prácticas que tanto perjudican al vigilante de seguridad”, pidió el comisario.
Para ser guardia privado es necesario superar una formación en un centro reglado. Y, después, aprobar un examen que hace el Ministerio de Interior, donde se ponen a prueba los conocimientos del vigilante y su preparación física. Superadas esas pruebas, ya pueden trabajar, aunque siempre contratados por una empresa homologada.
Dinamia vende su participación en Segur Ibérica por 13 millones de euros
Dinamia Capital Privado, sociedad gestionada por Nmas1, ha acordado vender toda la participación que ostentaba en las sociedades Segur Ibérica y Hortus Mundi (Grupo Segur) por unos 13 millones de euros, con lo que Dinamia (Madrid: DIN.MC - noticias) multiplicaría por 1,24 veces su inversión inicial, ha informado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los compradores son los inversores financieros MCH Private Equity y Corpfin Capital, actuales accionistas de ambas compañías, y a la propia sociedad Segur Ibérica, empresa dedicada al sector de la seguridad privada.
Dinamia Capital Privado invirtió en la compañía en marzo de 2004 junto con el fondo Nmás1 Private Equity Fund LP, el cual ha vendido su participación en las mismas condiciones que Dinamia.
El cierre de dicha transacción, previsto para el próximo mes de septiembre, está sujeto a la obtención de las autorizaciones pertinentes de las autoridades españolas de defensa de la competencia.
La venta de la participación en Grupo Segur se enmarca en la estrategia de Dinamia de rotación y rejuvenecimiento de la cartera desde compañías maduras y de exposición a servicios exclusivamente en España, hacia compañías sólidas, líderes, con visibilidad de ingresos y mayormente exportadoras, explicó la empresa en un comunicado.
Los compradores son los inversores financieros MCH Private Equity y Corpfin Capital, actuales accionistas de ambas compañías, y a la propia sociedad Segur Ibérica, empresa dedicada al sector de la seguridad privada.
Dinamia Capital Privado invirtió en la compañía en marzo de 2004 junto con el fondo Nmás1 Private Equity Fund LP, el cual ha vendido su participación en las mismas condiciones que Dinamia.
El cierre de dicha transacción, previsto para el próximo mes de septiembre, está sujeto a la obtención de las autorizaciones pertinentes de las autoridades españolas de defensa de la competencia.
La venta de la participación en Grupo Segur se enmarca en la estrategia de Dinamia de rotación y rejuvenecimiento de la cartera desde compañías maduras y de exposición a servicios exclusivamente en España, hacia compañías sólidas, líderes, con visibilidad de ingresos y mayormente exportadoras, explicó la empresa en un comunicado.
Sanción de 60.000 € a Segur Ibérica por grabar gluteos en el aeropuerto de Gando
La sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, impuso en una sentencia del pasado 8 de julio, dos multas de 40.001 y 20.000 euros a la empresa Segur Ibérica por sendas infracciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) mientras prestaban su servicio de vigilancia en el aeropuerto grancanario de Gando.
El tribunal ha reducido el importe de las sanciones (inicialmente eran de 60.000 y 30.000 euros) pero confirma la tesis de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que había multado al Grupo Segur después de que una trabajadora denunciara a un compañero porque utilizaba las cámaras de seguridad para enfocar «determinadas partes de la anatomía del personal femenino objeto de grabación, dirigiéndose el objetivo de forma especial hacia las zonas pectorales y las nalgas de las empleadas y viajeras que trabajaban en el aeropuerto o utilizaban sus instalaciones», tal como puede leerse en la resolución de la AEPD.
El caso comezó en octubre de 2007, cuando la Guardia Civil denunció en la Agencia lo ocurrido en el centro de control de videocámaras. De la denuncia derivaron dos sanciones a Segur Ibérica: por infringir el artículo 4.1 de la LOPD y el artículo 12.2 de la misma ley.
Las dos infracciones se consideraron «graves» y fueron penadas con 30.000 y 60.101 euros, respectivamente, cantidades que ahora ha recortado la Audiencia Nacional. La empresa elevó un recurso de reposición al director de la AEPD, que no fue atendido y a continuación la sociedad interpuso reclamación por vía contencioso-administrativa para conseguir la nulidad de las resoluciones de la Agencia.
El juez respalda la decisión del director de la AEPD, aunque ha reducido las multas. Lo que sí quedó probado desde el principio es que el vigilante en cuestión utilizó las cámaras del aeropuerto para observar a las mujeres, compañeras o usuarias del recinto. Segur Ibérica lo despidió y, además, reconoció en el escrito que entregó a la AEPD que ya había detectado «un comportamiento anómalo del empleado».
El tribunal ha reducido el importe de las sanciones (inicialmente eran de 60.000 y 30.000 euros) pero confirma la tesis de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que había multado al Grupo Segur después de que una trabajadora denunciara a un compañero porque utilizaba las cámaras de seguridad para enfocar «determinadas partes de la anatomía del personal femenino objeto de grabación, dirigiéndose el objetivo de forma especial hacia las zonas pectorales y las nalgas de las empleadas y viajeras que trabajaban en el aeropuerto o utilizaban sus instalaciones», tal como puede leerse en la resolución de la AEPD.
El caso comezó en octubre de 2007, cuando la Guardia Civil denunció en la Agencia lo ocurrido en el centro de control de videocámaras. De la denuncia derivaron dos sanciones a Segur Ibérica: por infringir el artículo 4.1 de la LOPD y el artículo 12.2 de la misma ley.
Las dos infracciones se consideraron «graves» y fueron penadas con 30.000 y 60.101 euros, respectivamente, cantidades que ahora ha recortado la Audiencia Nacional. La empresa elevó un recurso de reposición al director de la AEPD, que no fue atendido y a continuación la sociedad interpuso reclamación por vía contencioso-administrativa para conseguir la nulidad de las resoluciones de la Agencia.
El juez respalda la decisión del director de la AEPD, aunque ha reducido las multas. Lo que sí quedó probado desde el principio es que el vigilante en cuestión utilizó las cámaras del aeropuerto para observar a las mujeres, compañeras o usuarias del recinto. Segur Ibérica lo despidió y, además, reconoció en el escrito que entregó a la AEPD que ya había detectado «un comportamiento anómalo del empleado».
Prosetecnisa no ha pagado la extra de julio
Comisiones Obreras informa de que los vigilantes de seguridad que prestan servicios en las distintas dependencias municipales(El Puerto de Santa Maria) manifiestan que a fecha de hoy no han cobrado sus nóminas correspondientes a la paga extra del mes de julio.
A finales del mes de junio, destacan en comunicado de prensa, los trabajadores recibieron una carta de la empresa de seguridad privada Prosetecnisa, adjudicataria del servicio, indicando que el Ayuntamiento mantiene una deuda con ellos y que este mes iba a tener problemas para abonar las nóminas. “En julio no cobramos hasta mediados de mes pero sólo el abono mensual, no la paga extra”, explican.
Desde que la empresa hizo el anuncio a los trabajadores, los responsables del sector de CCOO, Álvaro Montaño y Juan Cornejo, en un intento de mediar en el conflicto, mantuvieron una reunión con el concejal de Policía Local, Carlos Coronado, el cual se comprometió a enviar un pago, no todo el importe de la deuda pero sí parte, a la empresa a primeros del mes de julio.
“Según hemos comprobado, el pago se ha efectuado por parte del Consistorio. Tras un intento por parte del Ayuntamiento y Comisiones Obreras de ponerse en contacto con la empresa para mediar en el asunto, no hemos recibido respuesta alguna. Y los trabajadores siguen sin percibir su salario”, informan en comunicado de prensa.
Según la información recibida, sólo los trabajadores adscritos al Ayuntamiento siguen sin cobrar, ya que el resto de la plantilla de Prosetecnisa sí ha percibido el salario. Entienden por tanto que "se vuelve a repetir la misma estrategia empresarial del año pasado, utilizando el burdo chantaje de utilizar a los trabajadores para presionar al Ayuntamiento".
Ante la reiterada situación Comisiones Obreras va a convocar una manifestación ante el Consistorio el día 28 de este mes para reivindicar sus derechos.
A finales del mes de junio, destacan en comunicado de prensa, los trabajadores recibieron una carta de la empresa de seguridad privada Prosetecnisa, adjudicataria del servicio, indicando que el Ayuntamiento mantiene una deuda con ellos y que este mes iba a tener problemas para abonar las nóminas. “En julio no cobramos hasta mediados de mes pero sólo el abono mensual, no la paga extra”, explican.
Desde que la empresa hizo el anuncio a los trabajadores, los responsables del sector de CCOO, Álvaro Montaño y Juan Cornejo, en un intento de mediar en el conflicto, mantuvieron una reunión con el concejal de Policía Local, Carlos Coronado, el cual se comprometió a enviar un pago, no todo el importe de la deuda pero sí parte, a la empresa a primeros del mes de julio.
“Según hemos comprobado, el pago se ha efectuado por parte del Consistorio. Tras un intento por parte del Ayuntamiento y Comisiones Obreras de ponerse en contacto con la empresa para mediar en el asunto, no hemos recibido respuesta alguna. Y los trabajadores siguen sin percibir su salario”, informan en comunicado de prensa.
Según la información recibida, sólo los trabajadores adscritos al Ayuntamiento siguen sin cobrar, ya que el resto de la plantilla de Prosetecnisa sí ha percibido el salario. Entienden por tanto que "se vuelve a repetir la misma estrategia empresarial del año pasado, utilizando el burdo chantaje de utilizar a los trabajadores para presionar al Ayuntamiento".
Ante la reiterada situación Comisiones Obreras va a convocar una manifestación ante el Consistorio el día 28 de este mes para reivindicar sus derechos.
Los sindicatos de seguridad privada critican que no sea obligatorio hacer trabajar en pareja a los agentes
Los sindicatos SIPVS y CC.OO. sostienen que así la agresión se podría haber minimizado o evitado; según UGT, se hubiera producido de todas formas, Renfe lamenta la muerte del vigilante y niega "rotundamente" las acusaciones de reducción de plantilla
La muerte del vigilante Rafael G. J. la mañana de este viernes en la estación de tren de Castelldefels ha generado un aluvión de críticas entre los diferentes sindicatos del sector en Catalunya, aunque no tienen una posición unánime. Según UGT, el mayoritario, lamentablemente la muerte se habría producido aunque la dotación de agentes hubiera sido mayor. CC.OO., en cambio, considera que con dos vigilantes "la agresión mortal se hubiera podido evitar" sin lugar a dudas y el independiente SIPVS va más allá y culpa a Renfe y Prosegur del fallecimiento por haber reducido la plantilla en la estación hace un año.
Pese a haber sido consultados por LV.es ni Renfe ni la empresa Prosegur han querido pronunciarse sobre esta acusación de insuficiencia de efectivos durante el suceso. "En primer lugar, lo más importante ahora es la familia de la persona fallecida y en segundo lugar, la investigación de los Mossos d'Esquadra", ha sostenido un portavoz de Renfe. "Las acusaciones que han lanzado algunos sindicatos son rotundamente falsas, como que se haya reducido la plantilla en Castelldefels. Todas las empresas tienen unos recursos, que se optimizan lo mejor posible para ofrecer el mejor servicio posible", ha manifestado la misma fuente.
El presunto recorte de gastos y agentes, según los sindicatos
El Sindicato Independiente de Profesionales de Vigilancia y Servicios de Catalunya (SIPVS) ha denunciado la mañana de este viernes que Renfe y la empresa de seguridad Prosegur, en la que trabajaba el vigilante fallecido, habrían reducido a la mitad la plantilla de agentes en la estación con el objetivo de recortar gastos. "Hace un año había dos agentes en la estación de Castelldefels, dotados de armas de fuego, pero para reducir los gastos se dejó a un único vigilante y sin arma", explica Pedro Oliva, gerente del sindicato, el segundo en representatividad en Catalunya. En la actualidad, según Oliva, los vigilantes utilizan como única protección personal una porra y unas esposas.
José Antonio Roldán, responsable de Seguridad Privada del sindicato CC.OO., el tercero en representatividad de este sector en Catalunya, ha declarado no tener conocimiento del recorte denunciado por SIPVS, pero ha asegurado que “las medidas de seguridad personal para los vigilantes privados no son suficientes”: “Indiscutiblemente se hubiera podido evitar con dos agentes, porque no es lo mismo repeler una agresión de uno contra uno, que hacerlo entre dos”, ha lamentado. Roldán se queja, además, de la falta de equiparación con la policía en lo que a medidas de protección personal se refiere: “No se entiende que la ley no obligue a que los vigilantes vayan, al menos, de dos en dos, si realizan tareas semejantes a las de los cuerpos policiales y a ellos sí se les hace patrullar en pareja”.
"Esto no hubiera sucedido si Prosegur y Renfe no hubieran hecho el recorte, porque el presunto asesino hubiera visto más gente, no se hubiera rebotado tanto y se habría marchado a su casa", juzga Oliva, que también es miembro del Comité de Empresa de Prosegur. "Y al final de su jornada, Rafael [la víctima] también hubiera podido regresar a su casa", añade. Rafael G. J. era un veterano de la vigilancia privada, "con diez años de experiencia como mínimo", según Oliva.
El gerente del SIPVS anuncia que su organización exigirá una investigación al Comité de Prevención de Riesgos Laborales, para que determine si además de un asesinato ha habido un accidente laboral. "Habrá que ver si este trabajador tenía todas las herramientas necesarias para realizar su labor y pedir a la Inspección de Trabajo que tome las medidas necesarias para que el personal de Seguridad Privada no quede desamparado por motivos económicos", sostiene. También avisa que la reducción de efectivos en las estaciones no es sólo un riesgo para la vida de los vigilantes, sino también para cualquier usuario del tren: "Por la estación de Castelldefels pasan miles de personas cada día, es incomprensible que haya un único agente para garantizar la seguridad de tantos pasajeros”.
José Antonio Roldán, de CC.OO., también considera que se trata de un accidente laboral, "porque el agente estaba en su lugar de trabajo", y que las investigaciones deberán determinar “si ha habido negligencia de la empresa contratante, del cliente y de las Administraciones”. También reivindica que hace años que su sindicato defiende el cambio legal y una protección extra para los vigilantes de transportes blindados, que a su juicio deberían dotarse de armas más potentes y chalecos antibala. “Hay una campaña generalizada –sostiene– para que se retiren las armas a los vigilantes, pero debe reflexionarse en qué sitios no hacen falta y en qué sitios sí”.
Según UGT, la muerte del vigilante no estaría vinculada al recorte
El sindicato mayoritario en la profesión, UGT, ha sostenido una postura menos contundente y ha considerado que la agresión al agente Rafael G. J. no ha sido directamente causada por la reducción de plantilla. “El agresor podía haber matado a la víctima tanto si era un agente como dos, porque el puñetazo mortal se lo hubiera podido dar igualmente”, ha asegurado Josep Gironès, responsable de la Federación de Servicios de UGT Catalunya.
No obstante, ha destacado que la tarea de los guardias de seguridad es un servicio público pese a depender de una contratación privada, por lo que “se les debe reconocer su función como agentes de la autoridad” y “garantizarse una contratación en mejores condiciones, para que su servicio pueda ser de más calidad”. “Pese a que es un trabajo con un cierto grado de peligrosidad física, podrían reducirse los riesgos si la Conselleria, el Ministerio del Interior y las empresas de seguridad ponen los recursos adecuados”, ha afirmado Gironès.
Los tres sindicatos, así como también la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada de la USOC (FTSP-USOC), han expresado su condena a la agresión y su apoyo a la familia de la víctima, a la que harán llegar su pésame.
La muerte del vigilante Rafael G. J. la mañana de este viernes en la estación de tren de Castelldefels ha generado un aluvión de críticas entre los diferentes sindicatos del sector en Catalunya, aunque no tienen una posición unánime. Según UGT, el mayoritario, lamentablemente la muerte se habría producido aunque la dotación de agentes hubiera sido mayor. CC.OO., en cambio, considera que con dos vigilantes "la agresión mortal se hubiera podido evitar" sin lugar a dudas y el independiente SIPVS va más allá y culpa a Renfe y Prosegur del fallecimiento por haber reducido la plantilla en la estación hace un año.
Pese a haber sido consultados por LV.es ni Renfe ni la empresa Prosegur han querido pronunciarse sobre esta acusación de insuficiencia de efectivos durante el suceso. "En primer lugar, lo más importante ahora es la familia de la persona fallecida y en segundo lugar, la investigación de los Mossos d'Esquadra", ha sostenido un portavoz de Renfe. "Las acusaciones que han lanzado algunos sindicatos son rotundamente falsas, como que se haya reducido la plantilla en Castelldefels. Todas las empresas tienen unos recursos, que se optimizan lo mejor posible para ofrecer el mejor servicio posible", ha manifestado la misma fuente.
El presunto recorte de gastos y agentes, según los sindicatos
El Sindicato Independiente de Profesionales de Vigilancia y Servicios de Catalunya (SIPVS) ha denunciado la mañana de este viernes que Renfe y la empresa de seguridad Prosegur, en la que trabajaba el vigilante fallecido, habrían reducido a la mitad la plantilla de agentes en la estación con el objetivo de recortar gastos. "Hace un año había dos agentes en la estación de Castelldefels, dotados de armas de fuego, pero para reducir los gastos se dejó a un único vigilante y sin arma", explica Pedro Oliva, gerente del sindicato, el segundo en representatividad en Catalunya. En la actualidad, según Oliva, los vigilantes utilizan como única protección personal una porra y unas esposas.
José Antonio Roldán, responsable de Seguridad Privada del sindicato CC.OO., el tercero en representatividad de este sector en Catalunya, ha declarado no tener conocimiento del recorte denunciado por SIPVS, pero ha asegurado que “las medidas de seguridad personal para los vigilantes privados no son suficientes”: “Indiscutiblemente se hubiera podido evitar con dos agentes, porque no es lo mismo repeler una agresión de uno contra uno, que hacerlo entre dos”, ha lamentado. Roldán se queja, además, de la falta de equiparación con la policía en lo que a medidas de protección personal se refiere: “No se entiende que la ley no obligue a que los vigilantes vayan, al menos, de dos en dos, si realizan tareas semejantes a las de los cuerpos policiales y a ellos sí se les hace patrullar en pareja”.
"Esto no hubiera sucedido si Prosegur y Renfe no hubieran hecho el recorte, porque el presunto asesino hubiera visto más gente, no se hubiera rebotado tanto y se habría marchado a su casa", juzga Oliva, que también es miembro del Comité de Empresa de Prosegur. "Y al final de su jornada, Rafael [la víctima] también hubiera podido regresar a su casa", añade. Rafael G. J. era un veterano de la vigilancia privada, "con diez años de experiencia como mínimo", según Oliva.
El gerente del SIPVS anuncia que su organización exigirá una investigación al Comité de Prevención de Riesgos Laborales, para que determine si además de un asesinato ha habido un accidente laboral. "Habrá que ver si este trabajador tenía todas las herramientas necesarias para realizar su labor y pedir a la Inspección de Trabajo que tome las medidas necesarias para que el personal de Seguridad Privada no quede desamparado por motivos económicos", sostiene. También avisa que la reducción de efectivos en las estaciones no es sólo un riesgo para la vida de los vigilantes, sino también para cualquier usuario del tren: "Por la estación de Castelldefels pasan miles de personas cada día, es incomprensible que haya un único agente para garantizar la seguridad de tantos pasajeros”.
José Antonio Roldán, de CC.OO., también considera que se trata de un accidente laboral, "porque el agente estaba en su lugar de trabajo", y que las investigaciones deberán determinar “si ha habido negligencia de la empresa contratante, del cliente y de las Administraciones”. También reivindica que hace años que su sindicato defiende el cambio legal y una protección extra para los vigilantes de transportes blindados, que a su juicio deberían dotarse de armas más potentes y chalecos antibala. “Hay una campaña generalizada –sostiene– para que se retiren las armas a los vigilantes, pero debe reflexionarse en qué sitios no hacen falta y en qué sitios sí”.
Según UGT, la muerte del vigilante no estaría vinculada al recorte
El sindicato mayoritario en la profesión, UGT, ha sostenido una postura menos contundente y ha considerado que la agresión al agente Rafael G. J. no ha sido directamente causada por la reducción de plantilla. “El agresor podía haber matado a la víctima tanto si era un agente como dos, porque el puñetazo mortal se lo hubiera podido dar igualmente”, ha asegurado Josep Gironès, responsable de la Federación de Servicios de UGT Catalunya.
No obstante, ha destacado que la tarea de los guardias de seguridad es un servicio público pese a depender de una contratación privada, por lo que “se les debe reconocer su función como agentes de la autoridad” y “garantizarse una contratación en mejores condiciones, para que su servicio pueda ser de más calidad”. “Pese a que es un trabajo con un cierto grado de peligrosidad física, podrían reducirse los riesgos si la Conselleria, el Ministerio del Interior y las empresas de seguridad ponen los recursos adecuados”, ha afirmado Gironès.
Los tres sindicatos, así como también la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada de la USOC (FTSP-USOC), han expresado su condena a la agresión y su apoyo a la familia de la víctima, a la que harán llegar su pésame.
Muere un vigilante de Renfe en Castelldefels tras la agresión de un viajero
Un vigilante de seguridad de la empresa Prosegur, contratada por Renfe, ha resultado muerto a primeras horas de la mañana en la estación de Castelldefels (Barcelona) tras ser agredido por un joven que viajaba en el tren y que se ha enfrentado a varios pasajeros antes de que interviniera la víctima.
Según los Mossos d'Esquadra el vigilante "ha muerto como consecuencia de la agresión". Un comunicado de la institución revela que el presunto autor del homicidio, Sergio M.G. un joven español de 20 años y vecino de Castelldefels, ha sido detenido por efectivos de la policía local en la misma estación y trasladado a las dependencias de Gavá.
Fuentes del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han explicado que el personal médico de las dos ambulancias desplazadas al lugar ha intentado reanimar a la víctima, Rafael G.J. de 44 años y padre de un niño, con resultados negativos.
Las primeras informaciones suministradas por algunos testigos dan cuenta de que el agresor viajaba en el tren, donde ya había provocado altercados e incidentes a otros viajeros.
Al bajar en Castelldefels, el agresor ha continuado fastidiando a los pasajeros y el vigilante le ha recriminado su actitud. Ha sido entonces cuando ha comenzado una pelea entre los dos y una persecución por el interior del recinto de la estación, que el agresor ha abandonado saltando una de las vallas.
En el exterior de la estación ha continuado la discusión y la posterior agresión que ha acabado con la muerte del vigilante.
El alcalde de Castelldefels, Joan Sau, se ha mostrado consternado y ha dado "su pésame" a la familia y a los compañeros de la víctima.
"Es un hecho muy lamentable y triste", ha dicho el alcalde, que ha destacado la "rápida y eficaz" actuación de la policía local, que ha sido la que ha practicado la detención. Según el alcalde, el agresor es "conocido" en la ciudad.
Entre tanto, el responsable del Bar Boga Boga, Antonio, ha explicado que en el momento del suceso limpiaba la parte trasera de establecimiento. "Me han sobresaltado los gritos y los golpes. He salido y he visto a dos chicos pelarse. Después me he ido a atender a un repartidor y, cuando he vuelto, el vigilante ya estaba en el suelo", ha dicho. Asegura que la víctima "era muy conocida y una persona muy amable y afable".
El responsable del bar Guetxo, muy próximo a la estación, ha explicado que "se ha oído un ruido muy fuerte, muchos golpes y gritos" y ha apuntado que "algunos de los viajeros que había en aquel momento han retenido al agresor hasta que ha llegado la policía local".
Una de las personas que ha contribuido a retener al agresor ha sido el repartidor de periódicos gratuitos que cada mañana trabaja en la zona. "Se ha ido muy afectado", han dicho testigos de los hechos.
La crisis y la reducción de personal
Por su parte, el gerente del Sindicato Independiente de Profesionales de la Vigilancia y Servicios de Catalunya, Pedro Luis Oliva, ha denunciado que el recorte de presupuesto por parte de Renfe ha limitado el número de vigilantes en esa estación considerada una de las más problemáticas por la afluencia de usuarios.
Oliva ha dicho que en la citada estación habían dos vigilantes y que como consecuencia de la reducción de presupuesto sólo ha quedado uno para atender el servicio de vigilancia.
"Pero, además, este vigilante de seguridad, solo tiene para defender a los usuarios y para defenderse así mismo, una defensa (porra) y unos grilletes (esposas). Veremos si la Inspección de Trabajo toma las medidas necesarias para que el personal de seguridad privada no quede desamparado ante actos como estos, única y exclusivamente por motivos económicos", ha añadido.
Oliva también ha destacado que la victima llevaba como mínimo 10 años prestando sus servicios a la empresa Prosegur.
Los Mossos d'Esquadra del Área Territorial de Investigación de la Región Metropolitana Sur, que ya están observando las cámaras de seguridad de la estación, se han hecho cargo de las primeras pesquisas para esclarecer los hechos.
Según los Mossos d'Esquadra el vigilante "ha muerto como consecuencia de la agresión". Un comunicado de la institución revela que el presunto autor del homicidio, Sergio M.G. un joven español de 20 años y vecino de Castelldefels, ha sido detenido por efectivos de la policía local en la misma estación y trasladado a las dependencias de Gavá.
Fuentes del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han explicado que el personal médico de las dos ambulancias desplazadas al lugar ha intentado reanimar a la víctima, Rafael G.J. de 44 años y padre de un niño, con resultados negativos.
Las primeras informaciones suministradas por algunos testigos dan cuenta de que el agresor viajaba en el tren, donde ya había provocado altercados e incidentes a otros viajeros.
Al bajar en Castelldefels, el agresor ha continuado fastidiando a los pasajeros y el vigilante le ha recriminado su actitud. Ha sido entonces cuando ha comenzado una pelea entre los dos y una persecución por el interior del recinto de la estación, que el agresor ha abandonado saltando una de las vallas.
En el exterior de la estación ha continuado la discusión y la posterior agresión que ha acabado con la muerte del vigilante.
El alcalde de Castelldefels, Joan Sau, se ha mostrado consternado y ha dado "su pésame" a la familia y a los compañeros de la víctima.
"Es un hecho muy lamentable y triste", ha dicho el alcalde, que ha destacado la "rápida y eficaz" actuación de la policía local, que ha sido la que ha practicado la detención. Según el alcalde, el agresor es "conocido" en la ciudad.
Entre tanto, el responsable del Bar Boga Boga, Antonio, ha explicado que en el momento del suceso limpiaba la parte trasera de establecimiento. "Me han sobresaltado los gritos y los golpes. He salido y he visto a dos chicos pelarse. Después me he ido a atender a un repartidor y, cuando he vuelto, el vigilante ya estaba en el suelo", ha dicho. Asegura que la víctima "era muy conocida y una persona muy amable y afable".
El responsable del bar Guetxo, muy próximo a la estación, ha explicado que "se ha oído un ruido muy fuerte, muchos golpes y gritos" y ha apuntado que "algunos de los viajeros que había en aquel momento han retenido al agresor hasta que ha llegado la policía local".
Una de las personas que ha contribuido a retener al agresor ha sido el repartidor de periódicos gratuitos que cada mañana trabaja en la zona. "Se ha ido muy afectado", han dicho testigos de los hechos.
La crisis y la reducción de personal
Por su parte, el gerente del Sindicato Independiente de Profesionales de la Vigilancia y Servicios de Catalunya, Pedro Luis Oliva, ha denunciado que el recorte de presupuesto por parte de Renfe ha limitado el número de vigilantes en esa estación considerada una de las más problemáticas por la afluencia de usuarios.
Oliva ha dicho que en la citada estación habían dos vigilantes y que como consecuencia de la reducción de presupuesto sólo ha quedado uno para atender el servicio de vigilancia.
"Pero, además, este vigilante de seguridad, solo tiene para defender a los usuarios y para defenderse así mismo, una defensa (porra) y unos grilletes (esposas). Veremos si la Inspección de Trabajo toma las medidas necesarias para que el personal de seguridad privada no quede desamparado ante actos como estos, única y exclusivamente por motivos económicos", ha añadido.
Oliva también ha destacado que la victima llevaba como mínimo 10 años prestando sus servicios a la empresa Prosegur.
Los Mossos d'Esquadra del Área Territorial de Investigación de la Región Metropolitana Sur, que ya están observando las cámaras de seguridad de la estación, se han hecho cargo de las primeras pesquisas para esclarecer los hechos.
Los vigilantes del metro denuncian las amenazas y agresiones constantes de los carteristas
El metro es la jungla de los carteristas”, dice el responsable sectorial de seguridad privada de la Unión General de Trabajadores (UGT), Juan Antonio Ramos, refiriéndose a la ola de robos en el subsuelo de Barcelona y a la impunidad con la que actúan los hurtadores. Los vigilantes de seguridad – unos 300, según estima UGT- de las empresas Prosegur, Securitas y Eulen desplegados por la red del metro en diferentes turnos lidian cada día con unos 150 ladrones que frecuentan estaciones y vagones, una tarea complicada y arriesgada. Denuncian insultos, amenazas constantes, agresiones e, incluso, persecuciones por parte de los delincuentes. “Se ha dado el caso de que el carterista llega a perseguir al vigilante hasta su domicilio para intimidarlo”, comenta Ramos. Y a veces llegan a las manos. Las acciones violentas contra vigilantes “no son un hecho aislado ya que ocurren a menudo”, señala el secretario general de seguridad privada de la Unión Sindical Obrera de Catalunya (USOC), José Paz Iglesias. En este sentido los sindicatos calculan que cada semana se producen entre cuatro y seis agresiones físicas - no sólo de ladrones- a guardas de seguridad en el transporte público de Barcelona, aunque a veces estas cifras se superan.
La secuencia hasta las acometidas siempre suele ser la misma. En un primer momento, intentan escapar por todos los medios de ser retenidos por el personal de seguridad, pero frustrado este objetivo, no dudan en sacar una navaja, un puño americano o un machete. “Los carteristas siempre son los mismos porque no van a la cárcel ni se les expulsa. Es lógico. Si les cortamos el paso cada vez que quieren entrar, al final acaban enfrentándose a nosotros, agrediéndonos porque piensan que les estamos fastidiando su trabajo”, explica Iglesias. La mayoría son bandas organizadas, algunas de ellas muy peligrosas. La batalla a la que se enfrentan cada día estos trabajadores está haciendo mella en su salud y su resistencia psíquica, según denuncia Ignacio Arroyo, secretario de organización del Sindicato Profesional de Seguridad Privada (SPS) y miembro del comité de empresa de Prosegur. “La cantidad de bajas laborales – por agresiones y depresiones- que hay entre los vigilantes de los transportes públicos de Barcelona es una barbaridad”, asegura.
Los vigilantes reclaman más efectivos en el metro
Como posible solución al problema los sindicatos exigen aumentar los efectivos de vigilancia en el subsuelo urbano de Barcelona, donde se produce la mayor concentración de incidencias en materia de seguridad en los transportes públicos del área metropolitana. “Sólo hay un 25% de los guardias de seguridad de los que debería de haber”, se lamenta el responsable sectorial de seguridad privadad de Comisiones Obreras (CC.OO), José Antonio Roldán. La reducida plantilla fuerza cada vez más al personal a patrullar en solitario. “He visto compañeros ir solos en un vagón y tenerse que enfrentar sin efectivos de refuerzo al delincuente de turno”, comenta. Fuentes del comité de empresa de Prosegur también critican el hecho de que se hayan incrementado “los agentes únicos”, lo que “genera más conflicto porque éstos no pueden plantar cara a un grupo numeroso de personas”. En esta línea, la USOC reclama aumentar “el número de unidades caninas” y que se suprima “el patrullaje en solitario”.
Por su parte, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) asegura que no puede facilitar el número de vigilantes de seguridad del metro porque las cifras fluctúan diariamente en función de las festividades y los eventos que acoja la ciudad y porque contrata los servicios “por horas”.
Los sinsabores de ir a la caza del carterista
En el supuesto de que el vigilante coja al ladrón ‘in fraganti’, lo retendrá hasta que lleguen los Mossos d’Esquadra para identificarlo, pero si éstos ven que no tiene antecedentes ni ningún juzgado lo reclama por un caso pendiente, lo dejan en libertad. El personal de seguridad se siente impotente delante de esta situación. Por eso, el sector comparte la reclamación de un cambio legislativo que facilite el encarcelamiento o la expulsión de las bandas organizadas en caso de que sus miembros sean reincidentes. Pero las modificaciones normativas que piden los vigilantes no acaban aquí. También se sienten indefensos porque la ley no les considera con “carácter de agentes de la autoridad”, lo cual marca una diferencia notable con respecto a los cuerpos policiales. Si un usuario del metro atenta contra un vigilante se le puede atribuir una falta o un delito por lesiones – dependiendo de si la lesión requiere o no un seguimiento médico superior al día- , mientras que si se trata de un agente, el atacante también es acusado de un delito de atentado y desobediencia contra la autoridad.
“Difícilmente puedes ofrecer seguridad si tú mismo no la tienes”, comenta el responsable sectorial de seguridad privada de CC.OO. Los vigilantes reivindican un cambio de la Ley 23/1992, de 30 de junio, de Seguridad Privada, para que incluya el carácter de agente de la autoridad en el desempeño de las funciones de vigilante. El sector ha acogido positivamente la ley Ómnibus que debatirá en breve el parlamento catalán, porque la norma reconoce a estos trabajadores la condición de agentes de la autoridad como colaboradores de los cuerpos de policía de Catalunya cuando presten servicio en infraestructuras de transporte público.
La secuencia hasta las acometidas siempre suele ser la misma. En un primer momento, intentan escapar por todos los medios de ser retenidos por el personal de seguridad, pero frustrado este objetivo, no dudan en sacar una navaja, un puño americano o un machete. “Los carteristas siempre son los mismos porque no van a la cárcel ni se les expulsa. Es lógico. Si les cortamos el paso cada vez que quieren entrar, al final acaban enfrentándose a nosotros, agrediéndonos porque piensan que les estamos fastidiando su trabajo”, explica Iglesias. La mayoría son bandas organizadas, algunas de ellas muy peligrosas. La batalla a la que se enfrentan cada día estos trabajadores está haciendo mella en su salud y su resistencia psíquica, según denuncia Ignacio Arroyo, secretario de organización del Sindicato Profesional de Seguridad Privada (SPS) y miembro del comité de empresa de Prosegur. “La cantidad de bajas laborales – por agresiones y depresiones- que hay entre los vigilantes de los transportes públicos de Barcelona es una barbaridad”, asegura.
Los vigilantes reclaman más efectivos en el metro
Como posible solución al problema los sindicatos exigen aumentar los efectivos de vigilancia en el subsuelo urbano de Barcelona, donde se produce la mayor concentración de incidencias en materia de seguridad en los transportes públicos del área metropolitana. “Sólo hay un 25% de los guardias de seguridad de los que debería de haber”, se lamenta el responsable sectorial de seguridad privadad de Comisiones Obreras (CC.OO), José Antonio Roldán. La reducida plantilla fuerza cada vez más al personal a patrullar en solitario. “He visto compañeros ir solos en un vagón y tenerse que enfrentar sin efectivos de refuerzo al delincuente de turno”, comenta. Fuentes del comité de empresa de Prosegur también critican el hecho de que se hayan incrementado “los agentes únicos”, lo que “genera más conflicto porque éstos no pueden plantar cara a un grupo numeroso de personas”. En esta línea, la USOC reclama aumentar “el número de unidades caninas” y que se suprima “el patrullaje en solitario”.
Por su parte, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) asegura que no puede facilitar el número de vigilantes de seguridad del metro porque las cifras fluctúan diariamente en función de las festividades y los eventos que acoja la ciudad y porque contrata los servicios “por horas”.
Los sinsabores de ir a la caza del carterista
En el supuesto de que el vigilante coja al ladrón ‘in fraganti’, lo retendrá hasta que lleguen los Mossos d’Esquadra para identificarlo, pero si éstos ven que no tiene antecedentes ni ningún juzgado lo reclama por un caso pendiente, lo dejan en libertad. El personal de seguridad se siente impotente delante de esta situación. Por eso, el sector comparte la reclamación de un cambio legislativo que facilite el encarcelamiento o la expulsión de las bandas organizadas en caso de que sus miembros sean reincidentes. Pero las modificaciones normativas que piden los vigilantes no acaban aquí. También se sienten indefensos porque la ley no les considera con “carácter de agentes de la autoridad”, lo cual marca una diferencia notable con respecto a los cuerpos policiales. Si un usuario del metro atenta contra un vigilante se le puede atribuir una falta o un delito por lesiones – dependiendo de si la lesión requiere o no un seguimiento médico superior al día- , mientras que si se trata de un agente, el atacante también es acusado de un delito de atentado y desobediencia contra la autoridad.
“Difícilmente puedes ofrecer seguridad si tú mismo no la tienes”, comenta el responsable sectorial de seguridad privada de CC.OO. Los vigilantes reivindican un cambio de la Ley 23/1992, de 30 de junio, de Seguridad Privada, para que incluya el carácter de agente de la autoridad en el desempeño de las funciones de vigilante. El sector ha acogido positivamente la ley Ómnibus que debatirá en breve el parlamento catalán, porque la norma reconoce a estos trabajadores la condición de agentes de la autoridad como colaboradores de los cuerpos de policía de Catalunya cuando presten servicio en infraestructuras de transporte público.
Agentes de seguridad privada del aeropuerto de Sevilla convocan huelga los días 15, 16 y 17 para pedir mejores condiciones
Los agentes de seguridad del aeropuerto de Sevilla de la empresa privada Trablisa se han declarado en huelga los días 15, 16 y 17 de julio, según han anunciado fuentes del sindicato CSIF, que precisa que estos empleados demandan que "se mejoren nuestras condiciones de trabajo, pues así mejoraran las del usuario".
Las fuentes sindicales han declarado a Europa Press que "los trabajadores han intentado negociar con la empresa en muchas ocasiones pero sin ningún resultado" y recuerdan que lo que quieren conseguir con esta huelga es que Trablisa "rectifique varios reglamentos, procedimientos y, sobre todo, contra el convenio de seguridad privada" y han asegurado que "por ahora la empresa ha hecho caso omiso".
Los trabajadores han manifestado que "se han empeorado las condiciones de trabajo", ante lo que quieren "negociar".
No obstante, han advertido de que si no se hace caso a sus peticiones, harán otra huelga en el mes de agosto. Además aseguran que "todo viene desde el año pasado y que no van a esperar más tiempo".
De esta forma, la huelga se va a realizar los días 15, 16 y 17 de julio, días en los que habrá servicios mínimos sobre el 65 por ciento.
Los agentes de seguridad privada en huelga se situarán en el túnel de salida de pasajeros, con pancartas y con todo el personal, para que "los pasajeros sepan de nuestra situación". "No queremos imponer nada a la empresa, lo único que queremos es que cumplan los acuerdos", han aseverado.
Fuente: Europa Press
Las fuentes sindicales han declarado a Europa Press que "los trabajadores han intentado negociar con la empresa en muchas ocasiones pero sin ningún resultado" y recuerdan que lo que quieren conseguir con esta huelga es que Trablisa "rectifique varios reglamentos, procedimientos y, sobre todo, contra el convenio de seguridad privada" y han asegurado que "por ahora la empresa ha hecho caso omiso".
Los trabajadores han manifestado que "se han empeorado las condiciones de trabajo", ante lo que quieren "negociar".
No obstante, han advertido de que si no se hace caso a sus peticiones, harán otra huelga en el mes de agosto. Además aseguran que "todo viene desde el año pasado y que no van a esperar más tiempo".
De esta forma, la huelga se va a realizar los días 15, 16 y 17 de julio, días en los que habrá servicios mínimos sobre el 65 por ciento.
Los agentes de seguridad privada en huelga se situarán en el túnel de salida de pasajeros, con pancartas y con todo el personal, para que "los pasajeros sepan de nuestra situación". "No queremos imponer nada a la empresa, lo único que queremos es que cumplan los acuerdos", han aseverado.
Fuente: Europa Press
Agentes de seguridad privada del aeropuerto (Sevilla) convocan huelga los días 15, 16 y 17 para pedir mejores condiciones
Los agentes de seguridad del aeropuerto de Sevilla de la empresa privada Trablisa se han declarado en huelga los días 15, 16 y 17 de julio, según han anunciado fuentes del sindicato CSIF, que precisa que estos empleados demandan que "se mejoren nuestras condiciones de trabajo, pues así mejoraran las del usuario".
Las fuentes sindicales han declarado a Europa Press que "los trabajadores han intentado negociar con la empresa en muchas ocasiones pero sin ningún resultado" y recuerdan que lo que quieren conseguir con esta huelga es que Trablisa "rectifique varios reglamentos, procedimientos y, sobre todo, contra el convenio de seguridad privada" y han asegurado que "por ahora la empresa ha hecho caso omiso".
Los trabajadores han manifestado que "se han empeorado las condiciones de trabajo", ante lo que quieren "negociar".
No obstante, han advertido de que si no se hace caso a sus peticiones, harán otra huelga en el mes de agosto. Además aseguran que "todo viene desde el año pasado y que no van a esperar más tiempo".
De esta forma, la huelga se va a realizar los días 15, 16 y 17 de julio, días en los que habrá servicios mínimos sobre el 65 por ciento.
Los agentes de seguridad privada en huelga se situarán en el túnel de salida de pasajeros, con pancartas y con todo el personal, para que "los pasajeros sepan de nuestra situación". "No queremos imponer nada a la empresa, lo único que queremos es que cumplan los acuerdos", han aseverado.
Fuente: Europa Press
Las fuentes sindicales han declarado a Europa Press que "los trabajadores han intentado negociar con la empresa en muchas ocasiones pero sin ningún resultado" y recuerdan que lo que quieren conseguir con esta huelga es que Trablisa "rectifique varios reglamentos, procedimientos y, sobre todo, contra el convenio de seguridad privada" y han asegurado que "por ahora la empresa ha hecho caso omiso".
Los trabajadores han manifestado que "se han empeorado las condiciones de trabajo", ante lo que quieren "negociar".
No obstante, han advertido de que si no se hace caso a sus peticiones, harán otra huelga en el mes de agosto. Además aseguran que "todo viene desde el año pasado y que no van a esperar más tiempo".
De esta forma, la huelga se va a realizar los días 15, 16 y 17 de julio, días en los que habrá servicios mínimos sobre el 65 por ciento.
Los agentes de seguridad privada en huelga se situarán en el túnel de salida de pasajeros, con pancartas y con todo el personal, para que "los pasajeros sepan de nuestra situación". "No queremos imponer nada a la empresa, lo único que queremos es que cumplan los acuerdos", han aseverado.
Fuente: Europa Press
La Fiscalía pide 15 años de cárcel para la banda que golpeo al Vigilante de Seguridad de Logista
El 10 de agosto del año pasado, una banda de atracadores entró por la fuerza en las instalaciones de Logista, la empresa que distribuye el tabaco a los estancos de la provincia.
Eran las 3 de la madrugada y la alarma se disparó, dando el aviso a la empresa de vigilancia que custodiaba las instalaciones. Poco después, un vigilante se acercó al lugar, pero los delincuentes detectaron su presencia y comenzaron a golpearlo de forma violenta. Luego lo esposaron, le taparon la cara y le obligaron a comunicarse con la central varias veces para informar de que todo estaba en orden.
La agresión fue brutal y el vigilante necesitó atención médica durante casi medio año, unos hechos que van a ser dilucidados en el juicio que celebrará mañana la Audiencia Provincial de Badajoz. En el banquillo se sentarán dos ciudadanos rumanos detenidos por su presunta participación en los hechos.
El relato realizado por la Fiscalía explica que ese delito fue cometido el 10 de agosto del pasado año. Aquella madrugada, una banda de delincuentes logró apoderarse de 38 cajones de tabaco de la marca Marlboro valorados en 73.150 euros propiedad de Logista H10, la empresa que tienen sus instalaciones en la calle Joaquín Sánchez Valverde del polígono El Nevero.
La diferencia entre este robo y otros ocurridos con anterioridad en estas mismas instalaciones estriba en que los delincuentes fueron sorprendidos por el vigilante, con quien la emprendieron a golpes sirviéndose de palos y otros instrumentos similares. «Igualmente, y por un período de más de 90 minutos, neutralizaron la capacidad deambulatoria del mismo, esposándolo y tapándole la cara con una prenda».
La fiscalía añade que los ladrones usaron el Nissan Micra que utilizaba el vigilante, propiedad de la empresa Segurex, para empotrarlo contra el almacén del que sustrajeron el tabaco. Más tarde,usaron ese mismo coche para huir a Toledo, donde apareció el vehículo un día después en situación de siniestro total.
Gestiones realizadas por el Cuerpo Nacional de Policía permitieron detener a Marian C. y Vasile D. como presuntos participantes en los hechos descritos. Ambos son rumanos y se enfrentan mañana a una petición de pena que asciende a 15 años.
La Fiscalía los encuentra culpables de un delito de robo con violencia o intimidación, otro de lesiones y un tercer delito de detención ilegal. Para cada una de las acusaciones pide una pena de prisión de 5 años, por lo que solicita un total de 15 años de cárcel para cada uno de los detenidos.
Igualmente propone que indemnicen al vigilante de seguridad atacado con 8.760 euros por las lesiones causadas; que entreguen otros 4.840 euros a Segurex por el vehículo; y que paguen casi 80.000 euros a Logista H10 por el tabaco sustraído y los daños provocados en las instalaciones.
Fuente:Hoy.es
Eran las 3 de la madrugada y la alarma se disparó, dando el aviso a la empresa de vigilancia que custodiaba las instalaciones. Poco después, un vigilante se acercó al lugar, pero los delincuentes detectaron su presencia y comenzaron a golpearlo de forma violenta. Luego lo esposaron, le taparon la cara y le obligaron a comunicarse con la central varias veces para informar de que todo estaba en orden.
La agresión fue brutal y el vigilante necesitó atención médica durante casi medio año, unos hechos que van a ser dilucidados en el juicio que celebrará mañana la Audiencia Provincial de Badajoz. En el banquillo se sentarán dos ciudadanos rumanos detenidos por su presunta participación en los hechos.
El relato realizado por la Fiscalía explica que ese delito fue cometido el 10 de agosto del pasado año. Aquella madrugada, una banda de delincuentes logró apoderarse de 38 cajones de tabaco de la marca Marlboro valorados en 73.150 euros propiedad de Logista H10, la empresa que tienen sus instalaciones en la calle Joaquín Sánchez Valverde del polígono El Nevero.
La diferencia entre este robo y otros ocurridos con anterioridad en estas mismas instalaciones estriba en que los delincuentes fueron sorprendidos por el vigilante, con quien la emprendieron a golpes sirviéndose de palos y otros instrumentos similares. «Igualmente, y por un período de más de 90 minutos, neutralizaron la capacidad deambulatoria del mismo, esposándolo y tapándole la cara con una prenda».
La fiscalía añade que los ladrones usaron el Nissan Micra que utilizaba el vigilante, propiedad de la empresa Segurex, para empotrarlo contra el almacén del que sustrajeron el tabaco. Más tarde,usaron ese mismo coche para huir a Toledo, donde apareció el vehículo un día después en situación de siniestro total.
Gestiones realizadas por el Cuerpo Nacional de Policía permitieron detener a Marian C. y Vasile D. como presuntos participantes en los hechos descritos. Ambos son rumanos y se enfrentan mañana a una petición de pena que asciende a 15 años.
La Fiscalía los encuentra culpables de un delito de robo con violencia o intimidación, otro de lesiones y un tercer delito de detención ilegal. Para cada una de las acusaciones pide una pena de prisión de 5 años, por lo que solicita un total de 15 años de cárcel para cada uno de los detenidos.
Igualmente propone que indemnicen al vigilante de seguridad atacado con 8.760 euros por las lesiones causadas; que entreguen otros 4.840 euros a Segurex por el vehículo; y que paguen casi 80.000 euros a Logista H10 por el tabaco sustraído y los daños provocados en las instalaciones.
Fuente:Hoy.es
Detenido por agredir a un Vigilante de Seguridad en la estación de tren
La Policía Nacional ha detenido a un joven, de 26 años, por agredir a un vigilante de seguridad y encontrarse en situación irregular, en la Estación de ferrocarril de la Plaza La Bohemia.
El vigilante que viajaba en el tren observó como una mujer avisaba a su pareja, un hombre que estaba dormido, de que el tren se había parado porque habían llegado a Gijón.
Al despertarse reaccionó violentamente dando un empujón a la mujer y tirándola contra los asientos. La mujer contestó a la agresión dándole a su vez un tortazo. El vigilante observando la discusión y las mutuas acometidas trató de mediar en la discusión y que cesasen en su violenta actitud.
Lejos de ello, el joven agredió al vigilante alentado por tres amigos que esperaban en el andén y que increparon al vigilante para que no se metiera en la relación, por lo que tuvo que intervenir otro compañero de seguridad y los agentes policiales.
Identificaron a todos los presentes y procedieron a la detención del agresor de origen boliviano por encontrase en situación irregular en España. Se dio cuenta a la Autoridad Judicial de la actitud violenta mantenida por la pareja.
Fuente:Europa Press
El vigilante que viajaba en el tren observó como una mujer avisaba a su pareja, un hombre que estaba dormido, de que el tren se había parado porque habían llegado a Gijón.
Al despertarse reaccionó violentamente dando un empujón a la mujer y tirándola contra los asientos. La mujer contestó a la agresión dándole a su vez un tortazo. El vigilante observando la discusión y las mutuas acometidas trató de mediar en la discusión y que cesasen en su violenta actitud.
Lejos de ello, el joven agredió al vigilante alentado por tres amigos que esperaban en el andén y que increparon al vigilante para que no se metiera en la relación, por lo que tuvo que intervenir otro compañero de seguridad y los agentes policiales.
Identificaron a todos los presentes y procedieron a la detención del agresor de origen boliviano por encontrase en situación irregular en España. Se dio cuenta a la Autoridad Judicial de la actitud violenta mantenida por la pareja.
Fuente:Europa Press
Sanción a la empresa en la que trabajaba un vigilante asesinado
Cuatro años después del crimen de un joven vigilante en Mos, y casi dos desde que los culpables fueron juzgados y condenados, la Audiencia Nacional acaba de desestimar un recurso presentado por la empresa para la que trabajaba confirmando así una sanción de 90.000 euros por una infracción a la Ley de Seguridad Privada.
Según consta en el fallo de la sala de lo Contencioso, este proceso se inicia a raíz del crimen del vigilante que trabajaba para dicha empresa. Tras los sucesos, acontecidos en 2007, se abrió una investigación interna para aclarar si la empresa estaba prestando servicios de vigilancia sin estar autorizada para ello.
Tras tomar declaración al responsable de la empresa ser ordena también el interrogatorio a los compañeros del fallecido quienes manifiestan que su trabajo consiste en recoger un vehículo de la empresa para la que se ofrecía el servicio en la nave de Mos y con él realizar rondas de vigilancia por los diferentes almacenes de la citada empresa, comprobando si las puertas están cerradas, si hay humo, en cuyo caso avisarían a los bomberos, y comprobar si alguna puerta o ventana ha sido forzada en cuyo caso llamarían a la Guardia Civil. Además, aseguraron que el tiempo en comprobar cada nave-almacén es de unos 15 o 20 minutos.
Tras esta investigación, en 2008, se le impone una sanción por infracción de la Ley de Seguridad, que fue recurrida alegando que las funciones eran de custodia. El recurso ha sido desestimado.
El cuerpo del joven José Álvarez Nión, de 22 años, que trabajaba como vigilante para la empresa sancionada en el polígono de O Rebullón, aparecía con varios disparos. Era el 15 de agosto de 2007. Los autores del crimen, dos delincuentes, fueron detenidos poco después y juzgados en 2009. Reconocieron haber matado al joven de dos disparos. Aquella noche se habían desplazado hasta el polígono a fumar unos porros, dijeron.
La mala suerte quiso que el joven se topara con ellos y acabó falleciendo. Un jurado popular les encontró culpables y fueron condenados a 15 años de prisión.
Resuelto el crimen, y cuatro años después de que ocurriera, la empresa para la que trabajaba acaba de recibir una sentencia que rechaza el recurso interpuesto contra la sanción establecida en 2008 tras la investigación interna abierta .
Según consta en el fallo de la sala de lo Contencioso, este proceso se inicia a raíz del crimen del vigilante que trabajaba para dicha empresa. Tras los sucesos, acontecidos en 2007, se abrió una investigación interna para aclarar si la empresa estaba prestando servicios de vigilancia sin estar autorizada para ello.
Tras tomar declaración al responsable de la empresa ser ordena también el interrogatorio a los compañeros del fallecido quienes manifiestan que su trabajo consiste en recoger un vehículo de la empresa para la que se ofrecía el servicio en la nave de Mos y con él realizar rondas de vigilancia por los diferentes almacenes de la citada empresa, comprobando si las puertas están cerradas, si hay humo, en cuyo caso avisarían a los bomberos, y comprobar si alguna puerta o ventana ha sido forzada en cuyo caso llamarían a la Guardia Civil. Además, aseguraron que el tiempo en comprobar cada nave-almacén es de unos 15 o 20 minutos.
Tras esta investigación, en 2008, se le impone una sanción por infracción de la Ley de Seguridad, que fue recurrida alegando que las funciones eran de custodia. El recurso ha sido desestimado.
El cuerpo del joven José Álvarez Nión, de 22 años, que trabajaba como vigilante para la empresa sancionada en el polígono de O Rebullón, aparecía con varios disparos. Era el 15 de agosto de 2007. Los autores del crimen, dos delincuentes, fueron detenidos poco después y juzgados en 2009. Reconocieron haber matado al joven de dos disparos. Aquella noche se habían desplazado hasta el polígono a fumar unos porros, dijeron.
La mala suerte quiso que el joven se topara con ellos y acabó falleciendo. Un jurado popular les encontró culpables y fueron condenados a 15 años de prisión.
Resuelto el crimen, y cuatro años después de que ocurriera, la empresa para la que trabajaba acaba de recibir una sentencia que rechaza el recurso interpuesto contra la sanción establecida en 2008 tras la investigación interna abierta .
Los armadores logran que Defensa apoye las armas pesadas en los atuneros
El aumento del número de ataques de piratas que operan en las aguas del Cuerno de África y el mayor nivel de violencia utilizado en sus asaltos preocupan seriamente a los armadores de la flota atunera española que faena en el océano Índico. De ahí que las dos principales patronales del sector, Opagac y Anabac, lleven meses insistiendo al Ministerio de Defensa que permita el embarque de ametralladoras pesadas en los pesqueros.
Ayer, la ministra Carme Chacón logró dar un paso en esta dirección. En viaje oficial por el este de África, Chacón se reunió ayer con el presidente de Seychelles, James Alix Michel, y consiguió el compromiso de crear una comisión bilateral para estudiar el asunto de las armas de gran calibre.
A finales de 2009, cuando el Gobierno dio luz verde al embarque de seguridad privada para proteger a los atuneros de los ataques piratas, se abrió la posibilidad de que los vigilantes pudieran llevar armamento militar. Así, el Ejecutivo dio el visto bueno a que pudieran utilizar ametralladoras pesadas Browning M2 calibre .50. Sin embargo, el Gobierno de Seychelles se negó a autorizar este tipo de armas. Puerto Victoria, la capital del archipiélago, es la ciudad de referencia de la mayor parte de los atuneros de pabellón español que faenan en la zona.
En la actualidad, los vigilantes de la empresa Segur Ibérica que trabajan en los 17 barcos vascos y gallegos que pescan en el Índico están armados con fusiles de asalto G36 y ametralladoras medias MG3. También disponen de pistolas, chalecos antibalas y gafas de visión nocturnas.
El gesto del Gobierno de Seychelles no le va a salir gratis a España. La ministra ha tenido que ofrecer cursos de formación para militares y policías del país en tareas de búsqueda y salvamento marítimo por parte de la Fuerza Aérea.
Cursos de abordaje
Asimismo, infantes de marina de la Armada española que forman parte de la operación internacional Atalanta instruirán a la guardia costera del archipiélago en técnicas de abordaje e inspección de buques, informó ayer el Ministerio de Defensa.
Además, España va a instalar una unidad permanente de telemedicina dentro de la red hospitalaria de las Seychelles que estará en contacto con el hospital militar Gómez Ulla y que también servirá para atender a los pescadores y vigilantes españoles.
El uso de seguridad privada está evitando nuevos secuestros entre los atuneros españoles. No obstante, su despliegue (suelen trabajar cuatro vigilantes en cada buque) está teniendo un serio impacto económico. Los armadores deben costear la mitad del servicio. El otro 50% se lo reparten el Estado y las comunidades autónomas. El coste estimado de la seguridad para los atuneros vascos, que son mayoría con 12 barcos, asciende en esta campaña a los 5,97 millones de euros.
Ayer, la ministra Carme Chacón logró dar un paso en esta dirección. En viaje oficial por el este de África, Chacón se reunió ayer con el presidente de Seychelles, James Alix Michel, y consiguió el compromiso de crear una comisión bilateral para estudiar el asunto de las armas de gran calibre.
A finales de 2009, cuando el Gobierno dio luz verde al embarque de seguridad privada para proteger a los atuneros de los ataques piratas, se abrió la posibilidad de que los vigilantes pudieran llevar armamento militar. Así, el Ejecutivo dio el visto bueno a que pudieran utilizar ametralladoras pesadas Browning M2 calibre .50. Sin embargo, el Gobierno de Seychelles se negó a autorizar este tipo de armas. Puerto Victoria, la capital del archipiélago, es la ciudad de referencia de la mayor parte de los atuneros de pabellón español que faenan en la zona.
En la actualidad, los vigilantes de la empresa Segur Ibérica que trabajan en los 17 barcos vascos y gallegos que pescan en el Índico están armados con fusiles de asalto G36 y ametralladoras medias MG3. También disponen de pistolas, chalecos antibalas y gafas de visión nocturnas.
El gesto del Gobierno de Seychelles no le va a salir gratis a España. La ministra ha tenido que ofrecer cursos de formación para militares y policías del país en tareas de búsqueda y salvamento marítimo por parte de la Fuerza Aérea.
Cursos de abordaje
Asimismo, infantes de marina de la Armada española que forman parte de la operación internacional Atalanta instruirán a la guardia costera del archipiélago en técnicas de abordaje e inspección de buques, informó ayer el Ministerio de Defensa.
Además, España va a instalar una unidad permanente de telemedicina dentro de la red hospitalaria de las Seychelles que estará en contacto con el hospital militar Gómez Ulla y que también servirá para atender a los pescadores y vigilantes españoles.
El uso de seguridad privada está evitando nuevos secuestros entre los atuneros españoles. No obstante, su despliegue (suelen trabajar cuatro vigilantes en cada buque) está teniendo un serio impacto económico. Los armadores deben costear la mitad del servicio. El otro 50% se lo reparten el Estado y las comunidades autónomas. El coste estimado de la seguridad para los atuneros vascos, que son mayoría con 12 barcos, asciende en esta campaña a los 5,97 millones de euros.
CCOO denuncia la situación que atraviesan los 60 empleados de Cosegur Balear, que arrastra una deuda de 1,5 millones
La Federación de Actividades Diversas de CCOO en Baleares ha denunciado la "gravísima situación" que atraviesan los empleados de la empresa de seguridad privada Cosegur Balear -unos 60 trabajadores-, debido al "presumible" estado de insolvencia de la compañía, que arrastra una deuda de alrededor de 1,5 millones de euros con la Agencia Tributaria.
En un comunicado, el sindicato ha lamentado que por el momento a los trabajadores se les ha comunicado que no van a cobrar sus salarios correspondientes al mes de junio, aunque posiblemente a mediados de mes se les realice un ingreso en sus cuentas de unos 500 euros.
En este contexto, la entidad sindical ha advertido de que no está "dispuesta a permitir que los trabajadores se conviertan nuevamente en el chivo expiatorio de la mala gestión y de las irregularidades empresariales", por lo que en tal sentido y entre otras medidas, se está elaborando un calendario de movilizaciones que comenzarán el próximo 20 de julio, a las 11.00 horas, ante la sede de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Tal y como apuntan desde CCOO, la información que la empresa ha trasladado a los propios trabajadores apunta a que ésta podría haber presentado un concurso de acreedores en el Juzgado de lo Mercantil. Cosegur es adjudicataria de numerosos servicios de seguridad entre los que se encuentran numerosos organismos públicos, concretamente catorce Consellerias, la Dirección Provincial del INSS y la Universitat de les Illes Balears (UIB).
"Lo que resulta realmente incomprensible es por qué a una empresa que arrastra tal déficit con la Agencia Tributaria se le ha permitido concurrir a concursos públicos y se le han adjudicado servicios, toda vez que se supone que las empresas concurrentes han de acreditar solvencia", asevera la entidad sindical, que señala como el ejemplo más reciente la adjudicación del servicio de seguridad de la Conselleria de Agricultura a mediados del pasado mes de mayo.
Tal y como recalca, funcionarios de la propia Conselleria han manifestado que, en su momento, Cosegur aportó documentación acreditativa de su solvencia, si bien desde el sindicato han solicitado por escrito copia de esta documentación dado que "no acertamos a comprender cómo es posible que Cosegur, en el mes de mayo de 2011, sea solvente cuando obra en nuestro poder una declaración de embargo de la Agencia Tributaria" remitida al Fogaiba el pasado 4 de marzo de 2011.
"Tampoco entendemos cómo la Conselleria de Agricultura, una vez tiene conocimiento de la situación económica real de la empresa y nos consta que así es, no inicia de oficio las actuaciones tendentes a rescindir su contrato con Cosegur Balear", añaden desde CCOO.
En un comunicado, el sindicato ha lamentado que por el momento a los trabajadores se les ha comunicado que no van a cobrar sus salarios correspondientes al mes de junio, aunque posiblemente a mediados de mes se les realice un ingreso en sus cuentas de unos 500 euros.
En este contexto, la entidad sindical ha advertido de que no está "dispuesta a permitir que los trabajadores se conviertan nuevamente en el chivo expiatorio de la mala gestión y de las irregularidades empresariales", por lo que en tal sentido y entre otras medidas, se está elaborando un calendario de movilizaciones que comenzarán el próximo 20 de julio, a las 11.00 horas, ante la sede de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Tal y como apuntan desde CCOO, la información que la empresa ha trasladado a los propios trabajadores apunta a que ésta podría haber presentado un concurso de acreedores en el Juzgado de lo Mercantil. Cosegur es adjudicataria de numerosos servicios de seguridad entre los que se encuentran numerosos organismos públicos, concretamente catorce Consellerias, la Dirección Provincial del INSS y la Universitat de les Illes Balears (UIB).
"Lo que resulta realmente incomprensible es por qué a una empresa que arrastra tal déficit con la Agencia Tributaria se le ha permitido concurrir a concursos públicos y se le han adjudicado servicios, toda vez que se supone que las empresas concurrentes han de acreditar solvencia", asevera la entidad sindical, que señala como el ejemplo más reciente la adjudicación del servicio de seguridad de la Conselleria de Agricultura a mediados del pasado mes de mayo.
Tal y como recalca, funcionarios de la propia Conselleria han manifestado que, en su momento, Cosegur aportó documentación acreditativa de su solvencia, si bien desde el sindicato han solicitado por escrito copia de esta documentación dado que "no acertamos a comprender cómo es posible que Cosegur, en el mes de mayo de 2011, sea solvente cuando obra en nuestro poder una declaración de embargo de la Agencia Tributaria" remitida al Fogaiba el pasado 4 de marzo de 2011.
"Tampoco entendemos cómo la Conselleria de Agricultura, una vez tiene conocimiento de la situación económica real de la empresa y nos consta que así es, no inicia de oficio las actuaciones tendentes a rescindir su contrato con Cosegur Balear", añaden desde CCOO.
Los sindicatos de seguridad privada desean trasladar su inquietud ante Ares y Camacho
Los sindicatos representados en el sector de la seguridad privada han solicitado una reunión urgente con el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, y el secretario de Estado de la Seguridad, Antonio Camacho, para tratar la retirada de escoltas privados a personas amenazadas en Euskadi y Navarra.
Fuentes sindicales informaron ayer de que los sindicatos con representación en el sector (CC OO, ELA, UGT y CSI-F) han reclamado sendas reuniones con Ares y Camacho "a la mayor brevedad posible" dada "la inquietud generada dentro del colectivo" por el ajuste anunciado en el servicio de protección a personas amenazadas por el terrorismo.
Según explicaron, la "preocupación" en el colectivo está motivada por "el plan puesto en marcha por la Administración para la retirada en dos fases de los escoltas privados que prestan su servicio de protección personal" a ciudadanos amenazados del País Vasco y Navarra. Los sindicatos citados consideran que estos planes afectarían laboralmente "de forma muy grave" al colectivo de escoltas privados, que, según han evidenciado las mismas fuentes, "han venido desarrollando su actividad desde hace más de 15 años con un resultado altamente satisfactorio e incuestionable".
El sindicato CC OO considera que la situación "puede tener un efecto de reconversión en este sector de profesionales. Según fuentes de dicha central, alguna empresa de seguridad "ya tiene previsto presentar un ERE -Expediente de Regulación de Empleo-" para sus trabajadores.
Por su parte, el consejero vasco del Interior, Rodolfo Ares, advirtió también ayer de que "no hace falta que el PP nos diga que estemos vigilantes" porque el Gobierno vasco va a mantener la política de "tolerancia cero con Bildu" y va a exigir "que se cumplan las leyes".
En una entrevista en la Sexta2, se refirió, de esta forma, a la iniciativa del PP en el Congreso para que se "extreme" la vigilancia a Bildu. Ares ha dicho que "no hace falta que el PP nos diga que estemos vigilantes" porque, dijo, "vamos a mantener la política de vigilancia y tolerancia cero y vamos a exigir que se cumplan las leyes". Finalmente, el consejero aseguró que no tiene "voluntad ni ofertas" de irse a Madrid y su decisión es dedicarse a la política en Euskadi".
Fuentes sindicales informaron ayer de que los sindicatos con representación en el sector (CC OO, ELA, UGT y CSI-F) han reclamado sendas reuniones con Ares y Camacho "a la mayor brevedad posible" dada "la inquietud generada dentro del colectivo" por el ajuste anunciado en el servicio de protección a personas amenazadas por el terrorismo.
Según explicaron, la "preocupación" en el colectivo está motivada por "el plan puesto en marcha por la Administración para la retirada en dos fases de los escoltas privados que prestan su servicio de protección personal" a ciudadanos amenazados del País Vasco y Navarra. Los sindicatos citados consideran que estos planes afectarían laboralmente "de forma muy grave" al colectivo de escoltas privados, que, según han evidenciado las mismas fuentes, "han venido desarrollando su actividad desde hace más de 15 años con un resultado altamente satisfactorio e incuestionable".
El sindicato CC OO considera que la situación "puede tener un efecto de reconversión en este sector de profesionales. Según fuentes de dicha central, alguna empresa de seguridad "ya tiene previsto presentar un ERE -Expediente de Regulación de Empleo-" para sus trabajadores.
Por su parte, el consejero vasco del Interior, Rodolfo Ares, advirtió también ayer de que "no hace falta que el PP nos diga que estemos vigilantes" porque el Gobierno vasco va a mantener la política de "tolerancia cero con Bildu" y va a exigir "que se cumplan las leyes".
En una entrevista en la Sexta2, se refirió, de esta forma, a la iniciativa del PP en el Congreso para que se "extreme" la vigilancia a Bildu. Ares ha dicho que "no hace falta que el PP nos diga que estemos vigilantes" porque, dijo, "vamos a mantener la política de vigilancia y tolerancia cero y vamos a exigir que se cumplan las leyes". Finalmente, el consejero aseguró que no tiene "voluntad ni ofertas" de irse a Madrid y su decisión es dedicarse a la política en Euskadi".
Las centrales nucleares piden armas de guerra para sus vigilantes
Los propietarios de las centrales atómicas y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) quieren
que sus vigilantes de seguridad privada porten armamento de guerra, como ya ocurre en
los atuneros españoles que faenan en aguas tomadas por piratas somalíes. Según ha podido
saberPúblico, los responsables de los ocho reactores atómicos se reunieron el jueves en el
Ministerio del Interior con representantes del CSN, jefes de la Guardia Civil de las provincias
con centrales, Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y abogados del Estado para dar forma a la
propuesta, que ya estudia la Secretaría de Estado de Seguridad, dirigida por Antonio
Camacho, número dos de Alfredo Pérez Rubalcaba.
que sus vigilantes de seguridad privada porten armamento de guerra, como ya ocurre en
los atuneros españoles que faenan en aguas tomadas por piratas somalíes. Según ha podido
saberPúblico, los responsables de los ocho reactores atómicos se reunieron el jueves en el
Ministerio del Interior con representantes del CSN, jefes de la Guardia Civil de las provincias
con centrales, Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y abogados del Estado para dar forma a la
propuesta, que ya estudia la Secretaría de Estado de Seguridad, dirigida por Antonio
Camacho, número dos de Alfredo Pérez Rubalcaba.
Las empresas de seguridad piden el reconocimiento de los vigilantes privados como "agentes de la autoridad"
Que los vigilantes privados estén reconocidos como "agentes de la autoridad" es un de los retos planteados por las empresas de seguridad en la celebración de la I Jornada Técnica de Seguridad celebrada en la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM), entidad que organizó el encuentro junto a la Asociación de Empresas de Seguridad de la Región de Murcia (ARESMUR).
La propuesta se planteó ante un público formado por empresas de seguridad procedentes de diferentes puntos de la Región, coincidente en avanzar hacia la mejora de la protección del personal de seguridad privada como colaborador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en casos, circunstancias y servicios específicos, según se expuso durante la jornada que fue inaugurada por Carlos Llorente, jefe superior de Policía, mientras la clausura estuvo a cargo de Encarna Ortiz, presidenta de Aresmur, además de contarse entre los asistentes con Ginés Martínez, director del Servicio Regional de Empleo y Formación.
No es la primera vez que en foros análogos al celebrado en FREMM se hace esta petición, que llega en un momento de buena sintonía entre la seguridad pública y privada, como fue el II Congreso Nacional de Seguridad Privada, celebrado recientemente bajo el lema "avanzamos juntos".
Desde las empresas de seguridad se está demandando retos como la revisión y mejora del modelo de seguridad privada, la potenciación de los departamentos de seguridad de las empresas, la creación de una titulación oficial en esta materia, la continuidad en la potenciación de la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el aumento de la protección jurídica de los profesionales del sector, entre otros desafíos expuestos por Luis González, secretario general de la Federación Empresarial Española de Seguridad.
La acción más inmediatas dentro del sector es la adaptación de las empresas a partir del 18 de agosto a las órdenes aprobadas por el Ministerio de Interior sobre regulación de la seguridad privada en ámbitos como los sistemas de alarmas, comisiones mixtas, además de medidas de seguridad privada y personal, sobre las que se trataron en el evento en donde se expuso que esta mayor regulación conllevará una disminución de las falsas alarmas y de los trámites administrativos. Para ello, se contó con la presencia de Francisco Jiménez, comisario jefe de la Brigada Operativa de Personal de la Unidad Central de Seguridad Privada.
Por otra parte, las empresas se encuentran inmersas en su adecuación a las normas UNE o UNE-EN, por las que se está regulando los requisitos a cumplir por los sistemas de seguridad, de cara a un mayor control sobre el intrusismo, mayor calidad del servicio y evitar la incertidumbre.
La propuesta se planteó ante un público formado por empresas de seguridad procedentes de diferentes puntos de la Región, coincidente en avanzar hacia la mejora de la protección del personal de seguridad privada como colaborador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en casos, circunstancias y servicios específicos, según se expuso durante la jornada que fue inaugurada por Carlos Llorente, jefe superior de Policía, mientras la clausura estuvo a cargo de Encarna Ortiz, presidenta de Aresmur, además de contarse entre los asistentes con Ginés Martínez, director del Servicio Regional de Empleo y Formación.
No es la primera vez que en foros análogos al celebrado en FREMM se hace esta petición, que llega en un momento de buena sintonía entre la seguridad pública y privada, como fue el II Congreso Nacional de Seguridad Privada, celebrado recientemente bajo el lema "avanzamos juntos".
Desde las empresas de seguridad se está demandando retos como la revisión y mejora del modelo de seguridad privada, la potenciación de los departamentos de seguridad de las empresas, la creación de una titulación oficial en esta materia, la continuidad en la potenciación de la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el aumento de la protección jurídica de los profesionales del sector, entre otros desafíos expuestos por Luis González, secretario general de la Federación Empresarial Española de Seguridad.
La acción más inmediatas dentro del sector es la adaptación de las empresas a partir del 18 de agosto a las órdenes aprobadas por el Ministerio de Interior sobre regulación de la seguridad privada en ámbitos como los sistemas de alarmas, comisiones mixtas, además de medidas de seguridad privada y personal, sobre las que se trataron en el evento en donde se expuso que esta mayor regulación conllevará una disminución de las falsas alarmas y de los trámites administrativos. Para ello, se contó con la presencia de Francisco Jiménez, comisario jefe de la Brigada Operativa de Personal de la Unidad Central de Seguridad Privada.
Por otra parte, las empresas se encuentran inmersas en su adecuación a las normas UNE o UNE-EN, por las que se está regulando los requisitos a cumplir por los sistemas de seguridad, de cara a un mayor control sobre el intrusismo, mayor calidad del servicio y evitar la incertidumbre.
El Delegado del Gobierno en Andalucia destaca la labor de los profesionales de la seguridad privada y su colaboración con las FCSE
El delegado del Gobierno en Andalucía, Luis García Garrido, ha reconocido la importante labor que a diario desarrollan los más de 11.000 profesionales que integran el sector de la seguridad privada en Andalucía, así como la permanente colaboración de éstos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).
Durante la clausura de unas jornadas celebradas en Sevilla, en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), con motivo del Día de Seguridad Privada, García Garrido ha destacado la necesaria actualización de los profesionales de la seguridad privada y la cualificación con la que deben contar, en cumplimiento de los requisitos recogidos en el marco normativo del sector, que ha sido objeto de análisis en estas jornadas.
A juicio del delegado del Gobierno en Andalucía, este sector requiere una constante actualización y una formación cada vez más cualificada de sus miembros, como ingrediente básico para que se ofrezcan unos servicios de mayor calidad.
García Garrido ha abogado por seguir profundizando en la cooperación y la coordinación en materia de seguridad, tanto entre las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como entre éstas y el sector de la seguridad privada. Según García Garrido, la seguridad es una prioridad para el Gobierno, y así lo demuestran —ha apuntado— los esfuerzos realizados en los últimos años y, como consecuencia de ello, los buenos resultados obtenidos con la reducción de la criminalidad en España y Andalucía.
El delegado del Gobierno ha aludido a la importancia de la seguridad como marco general para el desarrollo de la vida de la ciudadanía en libertad y en una sociedad democrática, y ha recordado el importante papel que la Administración General del Estado tiene como garante de las libertades, tanto individuales como colectivas, a través de las FCSE.
A la clausura de las jornadas sobre seguridad privada han asistido el jefe superior de Policía de Andalucía Occidental, Antonio Jesús Figal Fuentes; y el general jefe de la IV Zona de la Guardia Civil, Laurentino Ceña Coro; así como el secretario general de la CEA, Antonio Carrillo, y representantes de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), de la Asociación Provincial de Empresas de Seguridad de Sevilla (Apess), de la Asociación Estatal de Formación de Seguridad Privada (Asefosp) y de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de Sevilla.
Durante la clausura de unas jornadas celebradas en Sevilla, en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), con motivo del Día de Seguridad Privada, García Garrido ha destacado la necesaria actualización de los profesionales de la seguridad privada y la cualificación con la que deben contar, en cumplimiento de los requisitos recogidos en el marco normativo del sector, que ha sido objeto de análisis en estas jornadas.
A juicio del delegado del Gobierno en Andalucía, este sector requiere una constante actualización y una formación cada vez más cualificada de sus miembros, como ingrediente básico para que se ofrezcan unos servicios de mayor calidad.
García Garrido ha abogado por seguir profundizando en la cooperación y la coordinación en materia de seguridad, tanto entre las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como entre éstas y el sector de la seguridad privada. Según García Garrido, la seguridad es una prioridad para el Gobierno, y así lo demuestran —ha apuntado— los esfuerzos realizados en los últimos años y, como consecuencia de ello, los buenos resultados obtenidos con la reducción de la criminalidad en España y Andalucía.
El delegado del Gobierno ha aludido a la importancia de la seguridad como marco general para el desarrollo de la vida de la ciudadanía en libertad y en una sociedad democrática, y ha recordado el importante papel que la Administración General del Estado tiene como garante de las libertades, tanto individuales como colectivas, a través de las FCSE.
A la clausura de las jornadas sobre seguridad privada han asistido el jefe superior de Policía de Andalucía Occidental, Antonio Jesús Figal Fuentes; y el general jefe de la IV Zona de la Guardia Civil, Laurentino Ceña Coro; así como el secretario general de la CEA, Antonio Carrillo, y representantes de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), de la Asociación Provincial de Empresas de Seguridad de Sevilla (Apess), de la Asociación Estatal de Formación de Seguridad Privada (Asefosp) y de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de Sevilla.
Interior encargará la seguridad de las comisarías a vigilantes privados
Lo que se venía barruntando desde hace meses será finalmente una realidad y el departamento de Interior sustituirá a los er-tzainas que ejercen actualmente las tareas de control y vigilancia de las comisarías por agentes de seguridad privada. Así lo denunció ayer el sindicato ESAN, que situó la implantación de esta medida el próximo 1 de agosto y definió la situación generada como "grave", ya que supone, a su juicio, un "ataque a los intereses laborales de los ertzainas, además de un rebaje de la calidad del servicio que se ofrece a los ciudadanos".
Fuentes de la central abertzale afirmaron a este diario que esta iniciativa ha podido verse acelerada por la decisión de retirar escoltas privados a dirigentes políticos tras los comicios del 22-M. Así, muchos de estos guardaespaldas pasarían a trabajar en las comisarías de la Ertzaintza.
"Hay que reconocerles un mérito, no les podemos dejar en la estacada", habrían afirmado dirigentes de la Consejería de Interior, según las mismas fuentes. La reducción de la protección a cargos y excargos políticos, muy criticada en los últimos meses, ha sido justificada desde Interior por la actual tregua de ETA y la crisis económica.
En un comunicado, agregó que se va a realizar un estudio para habilitar en las ertzain etxeas de armeros específicos para que los agentes de empresas privadas depositen sus armas cuando no están en horario de trabajo. Así se lo habría transmitido el jefe de División de Seguridad Ciudadana en un escrito a los jefes territoriales, y éstos a su vez a los distintos jefes de unidad. Todo ello para que personal privado realice funciones de seguridad y atención al ciudadano.
Un portavoz de ESAN agregó que la contratación de agentes privados puede afectar a más de 200 puestos, teniendo en cuenta que hay 26 comisarías y que existen tres turnos de trabajo. Dicha cifra puede aumentar a entre 250 y 300 si esta medida se aplica a otros lugares donde la Ertzaintza realiza labores de vigilancia, como los juzgados.
Actualmente, esta situación se da en la macrocomisaría de Erandio, en la Academia de Arkaute, en la sede del Gobierno Vasco en Lakua y en comisarías como Oiartzun y juzgados como el de Vitoria, donde ya se sustituyó a los ertzainas por vigilantes contratados a empresas.
Fuentes de la central abertzale afirmaron a este diario que esta iniciativa ha podido verse acelerada por la decisión de retirar escoltas privados a dirigentes políticos tras los comicios del 22-M. Así, muchos de estos guardaespaldas pasarían a trabajar en las comisarías de la Ertzaintza.
"Hay que reconocerles un mérito, no les podemos dejar en la estacada", habrían afirmado dirigentes de la Consejería de Interior, según las mismas fuentes. La reducción de la protección a cargos y excargos políticos, muy criticada en los últimos meses, ha sido justificada desde Interior por la actual tregua de ETA y la crisis económica.
En un comunicado, agregó que se va a realizar un estudio para habilitar en las ertzain etxeas de armeros específicos para que los agentes de empresas privadas depositen sus armas cuando no están en horario de trabajo. Así se lo habría transmitido el jefe de División de Seguridad Ciudadana en un escrito a los jefes territoriales, y éstos a su vez a los distintos jefes de unidad. Todo ello para que personal privado realice funciones de seguridad y atención al ciudadano.
Un portavoz de ESAN agregó que la contratación de agentes privados puede afectar a más de 200 puestos, teniendo en cuenta que hay 26 comisarías y que existen tres turnos de trabajo. Dicha cifra puede aumentar a entre 250 y 300 si esta medida se aplica a otros lugares donde la Ertzaintza realiza labores de vigilancia, como los juzgados.
Actualmente, esta situación se da en la macrocomisaría de Erandio, en la Academia de Arkaute, en la sede del Gobierno Vasco en Lakua y en comisarías como Oiartzun y juzgados como el de Vitoria, donde ya se sustituyó a los ertzainas por vigilantes contratados a empresas.
Detenidos medio centenar de Vigilantes de Seguridad con titulaciones falsas
Trabajaban en Madrid, Cuenca, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Badajoz con
títulos comprados y algunos tenían antecedentes penales
La Policía Nacional ha detenido enMadrid, Cuenca, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Badajoz a medio centenar de vigilantes de seguridad, algunos de ellos con antecedentes penales, que habían comprado títulos falsos que les han permitido trabajar en decenas de empresas en los últimos años.
Entre los 55 arrestados se encuentran el director y un profesor de un centro de estudios privado de Madrid, que vendían los diplomas de formación de vigilante de seguridad a un precio que oscilaba entre los 500 y los 1.000 euros.
Según ha informado la Policía Nacional, otros seis detenidos, que trabajaban de vigilantes, se encargaban de la captación de clientes y de la distribución de los diplomas, cuya venta ha podido reportar a la red unos beneficios cercanos a los 60.000 euros.
Con estos títulos falsos, personas carentes de la preparación necesaria y, en algunos casos, con delitos previos, han ejercido como vigilantes de seguridad de forma fraudulenta.
Entre los delitos que se les imputan figuran el de falsedad documental, intrusismo
profesional y tenencia ilícita de armas. En los registros practicados en varios domicilios, los agentes han encontrado varios revólveres, diplomas, tarjetas de identificación profesional de vigilantes de seguridad y de escolta privado, placas y abundante material informático y documental que está siendo analizado por la Policía Científica.
Las operación, desarrollada por la Unidad Central de Seguridad Privada de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana continúa abierta.
títulos comprados y algunos tenían antecedentes penales
La Policía Nacional ha detenido enMadrid, Cuenca, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Badajoz a medio centenar de vigilantes de seguridad, algunos de ellos con antecedentes penales, que habían comprado títulos falsos que les han permitido trabajar en decenas de empresas en los últimos años.
Entre los 55 arrestados se encuentran el director y un profesor de un centro de estudios privado de Madrid, que vendían los diplomas de formación de vigilante de seguridad a un precio que oscilaba entre los 500 y los 1.000 euros.
Según ha informado la Policía Nacional, otros seis detenidos, que trabajaban de vigilantes, se encargaban de la captación de clientes y de la distribución de los diplomas, cuya venta ha podido reportar a la red unos beneficios cercanos a los 60.000 euros.
Con estos títulos falsos, personas carentes de la preparación necesaria y, en algunos casos, con delitos previos, han ejercido como vigilantes de seguridad de forma fraudulenta.
Entre los delitos que se les imputan figuran el de falsedad documental, intrusismo
profesional y tenencia ilícita de armas. En los registros practicados en varios domicilios, los agentes han encontrado varios revólveres, diplomas, tarjetas de identificación profesional de vigilantes de seguridad y de escolta privado, placas y abundante material informático y documental que está siendo analizado por la Policía Científica.
Las operación, desarrollada por la Unidad Central de Seguridad Privada de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana continúa abierta.
TSJA estima que días libres no son descontables y Prosegur pagará 5 millones
La empresa de seguridad privada Prosegur deberá abonar a sus trabajadores de toda España unos cinco millones de euros tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que considera que no se pueden deducir de las nóminas los días libres retribuidos.
La sentencia ha dado la razón a Comisiones Obreras en un litigio contra la empresa, al estimar el recurso de súplica interpuesto contra la dictada por el Juzgado de lo Social número Dos de Huelva que permitía a Prosegur rebajar las nóminas de los trabajadores cuando éstos disfrutaban de días de permisos retribuidos.
La sentencia declara "no ajustado a derecho los descuentos económicos que efectúa la empresa tras disfrute de licencia o permiso por no considerar que un día de licencia o permiso equivale a un día de trabajo, al equiparar la empresa día de licencia a jornada ordinaria que calcula sobre la jornada mensual de 162 horas", recogida en el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad.
El responsable del Área de Seguridad Privada del Sindicato Provincial de Actividades Diversas de CCOO de Huelva, Antonio Gallardo, ha señalado que se ha tratado de un proceso difícil, "que se inició hace ahora un año cuando interpusimos un Conflicto Colectivo previo a la vía judicial ante el Sistema Extrajudicial de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA)".
"La empresa no se avino a razones por lo que en julio de 2009 interpusimos una demanda ante el Juzgado de lo Social número Dos de Huelva que dicto sentencia a favor de la empresa y que es la que ahora ha revocado el TSJA, dando la razón a los trabajadores y trabajadoras de Prosegur, que podrán disfrutar a partir de ahora los permisos regulados en el Convenio sin que por ello la empresa reduzca sus salarios", ha indicado.
Según Gallardo, CCOO está estudiando la fórmula que va a utilizar para reclamar las cantidades dejadas de percibir por los trabajadores.
La sentencia ha dado la razón a Comisiones Obreras en un litigio contra la empresa, al estimar el recurso de súplica interpuesto contra la dictada por el Juzgado de lo Social número Dos de Huelva que permitía a Prosegur rebajar las nóminas de los trabajadores cuando éstos disfrutaban de días de permisos retribuidos.
La sentencia declara "no ajustado a derecho los descuentos económicos que efectúa la empresa tras disfrute de licencia o permiso por no considerar que un día de licencia o permiso equivale a un día de trabajo, al equiparar la empresa día de licencia a jornada ordinaria que calcula sobre la jornada mensual de 162 horas", recogida en el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad.
El responsable del Área de Seguridad Privada del Sindicato Provincial de Actividades Diversas de CCOO de Huelva, Antonio Gallardo, ha señalado que se ha tratado de un proceso difícil, "que se inició hace ahora un año cuando interpusimos un Conflicto Colectivo previo a la vía judicial ante el Sistema Extrajudicial de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA)".
"La empresa no se avino a razones por lo que en julio de 2009 interpusimos una demanda ante el Juzgado de lo Social número Dos de Huelva que dicto sentencia a favor de la empresa y que es la que ahora ha revocado el TSJA, dando la razón a los trabajadores y trabajadoras de Prosegur, que podrán disfrutar a partir de ahora los permisos regulados en el Convenio sin que por ello la empresa reduzca sus salarios", ha indicado.
Según Gallardo, CCOO está estudiando la fórmula que va a utilizar para reclamar las cantidades dejadas de percibir por los trabajadores.
Permisos retribuidos Elecciones 22/05/2011
1.- Permiso retribuido para los trabajadores que participen como electores.a)Trabajadores cuyo horario de trabajo no coincida con el de apertura de las mesas electorales o lo haga por un periodo inferior a dos horas: no tendrán derecho a permiso retribuido.
b)Trabajadores cuyo horario de trabajo coincida en dos o más horas y menos de cuatro con el horario de apertura de las mesas electorales: disfrutaran de permiso retribuido de dos horas.
c)Trabajadores cuyo horario de trabajo coincida en cuatro o más horas y menos de seis con el horario de apertura de las mesas electorales: disfrutaran de permiso retribuido de tres horas.
d)Trabajadores cuyo horario de trabajo coincida en seis horas o más con el horario de apertura de las mesas electorales: disfrutaran de permiso retribuido de cuatro horas.
En todos los supuestos anteriores cuando, por tratarse de trabajadores contratados a tiempo parcial, realizasen estos una jornada inferior a la habitual en su actividad, la duración del permiso antes reseñado se reducirá en proporción a la relación entre la jornada de trabajo que desarrollen y la jornada habitual de los trabajadores contratados a tiempo completo en la misma empresa.
Corresponderá al empresario la distribución en base a la organización del trabajo, del periodo en que los trabajadores dispongan del permiso para acudir a votar.
2.- Permiso retribuido para trabajadores que tengan la condición de Presidente o Vocales de las mesas electorales, Interventores y Apoderados.Los Presidentes, Vocales e Interventores tendrán derecho a permiso retribuido durante toda la jornada laboral correspondiente al día de la votación, si no disfrutan en tal fecha del descanso semanal, y de cinco horas en la jornada correspondiente al día inmediatamente posterior. Cuando se trate de Apoderados, el permiso comprenderá únicamente la jornada correspondiente al día de la votación. Si alguno de los trabajadores comprendidos en este apartado, hubiera de trabajar en el turno de noche en la fecha inmediatamente anterior a la jornada electoral, la empresa, a petición del interesado, deberá cambiarle el turno, a efectos de poder descansar la noche anterior al día de la votación.
3.- Reducciones de jornada.De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 37.3.d) del Estatuto de los Trabajadores, las reducciones de jornada derivadas de los permisos y desarrolladas en los anteriores apartados, no supondrán merma de la retribución que por todos los conceptos vinieran obteniendo los trabajadores, sirviendo como justificación adecuada la presentación de certificación de voto o, en su caso, la acreditación de la mesa electoral correspondiente.
b)Trabajadores cuyo horario de trabajo coincida en dos o más horas y menos de cuatro con el horario de apertura de las mesas electorales: disfrutaran de permiso retribuido de dos horas.
c)Trabajadores cuyo horario de trabajo coincida en cuatro o más horas y menos de seis con el horario de apertura de las mesas electorales: disfrutaran de permiso retribuido de tres horas.
d)Trabajadores cuyo horario de trabajo coincida en seis horas o más con el horario de apertura de las mesas electorales: disfrutaran de permiso retribuido de cuatro horas.
En todos los supuestos anteriores cuando, por tratarse de trabajadores contratados a tiempo parcial, realizasen estos una jornada inferior a la habitual en su actividad, la duración del permiso antes reseñado se reducirá en proporción a la relación entre la jornada de trabajo que desarrollen y la jornada habitual de los trabajadores contratados a tiempo completo en la misma empresa.
Corresponderá al empresario la distribución en base a la organización del trabajo, del periodo en que los trabajadores dispongan del permiso para acudir a votar.
2.- Permiso retribuido para trabajadores que tengan la condición de Presidente o Vocales de las mesas electorales, Interventores y Apoderados.Los Presidentes, Vocales e Interventores tendrán derecho a permiso retribuido durante toda la jornada laboral correspondiente al día de la votación, si no disfrutan en tal fecha del descanso semanal, y de cinco horas en la jornada correspondiente al día inmediatamente posterior. Cuando se trate de Apoderados, el permiso comprenderá únicamente la jornada correspondiente al día de la votación. Si alguno de los trabajadores comprendidos en este apartado, hubiera de trabajar en el turno de noche en la fecha inmediatamente anterior a la jornada electoral, la empresa, a petición del interesado, deberá cambiarle el turno, a efectos de poder descansar la noche anterior al día de la votación.
3.- Reducciones de jornada.De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 37.3.d) del Estatuto de los Trabajadores, las reducciones de jornada derivadas de los permisos y desarrolladas en los anteriores apartados, no supondrán merma de la retribución que por todos los conceptos vinieran obteniendo los trabajadores, sirviendo como justificación adecuada la presentación de certificación de voto o, en su caso, la acreditación de la mesa electoral correspondiente.
WEB DE EMPLEADOS DE SEGUR IBERICA
A partir del 15 de Abril, se pondra en marcha la nueva pagina web del empleado, una intranet que ofrecerá multitud de utilidades a los trabajadores de la compañia.
a través de esta nueva herramienta será posible consultar la nómina, imprimirla, solicitar anticipos y consultar cuadrantes cerrados.
La intranet irá aumentando progresivamente la oferta de utilidades disponibles e incluirá, asimismo, cualquier información de interés para la plantilla.
El acceso se realizara a traves de la dirección http://empleados.gruposegur.com, donde estará disponible el manual con las instrucciones que deben seguirse para realizar el registroy poder así acceder a la información deseada.
Con esta iniciativa, se da por fin respuesta, a una vieja petición de esta Sección Sindical de CCOO.
a través de esta nueva herramienta será posible consultar la nómina, imprimirla, solicitar anticipos y consultar cuadrantes cerrados.
La intranet irá aumentando progresivamente la oferta de utilidades disponibles e incluirá, asimismo, cualquier información de interés para la plantilla.
El acceso se realizara a traves de la dirección http://empleados.gruposegur.com, donde estará disponible el manual con las instrucciones que deben seguirse para realizar el registroy poder así acceder a la información deseada.
Con esta iniciativa, se da por fin respuesta, a una vieja petición de esta Sección Sindical de CCOO.
Comunicado del Comite de Empresa a los trabajadores de Metro-Madrid
Madrid a 23 de Febrero de 2011
A todos los V.S que prestais servicio en las instalaciones de Metro, os informamos que tras mantener reunion con la Direcccion de la Empresa por parte de las Secciones Sindicales de UGT, CC.OO y USO, se acuerda:
-Respeto absoluto en las nominas en todos los anterior que se viniesen abonando, antes de la subrogacion y se detallan los conceptos a cobrar en las nominas que serian:
135,76 € x 15= 2036.4/11= 185.12 ( Plus peligrosidad en metro)
Plus peligrosidad x 15 pagas / 11 meses
0.67 € por hora extra realizada aparte del concepto de horas que corresponda.
0.10 € por hora festiva añadido a los 0.84 € que corresponden.
1.14 € por hora extra realizada en concepto de horas de peligrosidad.
-Todos los trabajadores que presten servicio de 16:00h a 02:00h se les abonara la jornada trabajada con un maximo de 8 horas en concepto de nocturnidad diarias.
-Respeto de los turnos de vacaciones al modo de cómo se venian haciendo hasta antes de la subrogacion con Segur Iberica. Habria posibilidad de mejora, si entre Comité y Empresa se llegase a un acuerdo, con el visto bueno de los trabajadores.
-Sobre el descanso del bocadillo, informaros que mantendremos una proxima reunion antes del 15 de Marzo. Para esa fecha la Dirección, habra intentado coordinarse con las demas empresas para optimizar la forma en que se puede aplicar este descanso de manera comun a todas. Caso contario, este Comité formado por UGT, CC.OO y USO, esta legitimado y mantendra una negociacion unilateral con la Dirección, con el objetivo de llegar a un acuerdo para beneficio exclusivo de la plantilla de Segur Ibérica. Acuerdo que refrendareis vosotros en Asamblea.
-Respecto a la uniformidad, nos comentan que ya se han entregado en el dia de ayer las fundas porta grilletes y se procedera a entregar un jersey y un polo más, de momento.
-La Dirección informa sobre la nueva disposición publicada en el BOE del recientemente pasado 18 de febrero (Pag 18358) y reseña el Art 26. Considerandolos particulares y contrarios a la Ley, aquellos medios de defensa que sean contrarios a los reglamentados, como sprays anticacos, extensibles… etc.
Os seguiremos informando según vayan aconteciendo las nuevas novedades.
A todos los V.S que prestais servicio en las instalaciones de Metro, os informamos que tras mantener reunion con la Direcccion de la Empresa por parte de las Secciones Sindicales de UGT, CC.OO y USO, se acuerda:
-Respeto absoluto en las nominas en todos los anterior que se viniesen abonando, antes de la subrogacion y se detallan los conceptos a cobrar en las nominas que serian:
135,76 € x 15= 2036.4/11= 185.12 ( Plus peligrosidad en metro)
Plus peligrosidad x 15 pagas / 11 meses
0.67 € por hora extra realizada aparte del concepto de horas que corresponda.
0.10 € por hora festiva añadido a los 0.84 € que corresponden.
1.14 € por hora extra realizada en concepto de horas de peligrosidad.
-Todos los trabajadores que presten servicio de 16:00h a 02:00h se les abonara la jornada trabajada con un maximo de 8 horas en concepto de nocturnidad diarias.
-Respeto de los turnos de vacaciones al modo de cómo se venian haciendo hasta antes de la subrogacion con Segur Iberica. Habria posibilidad de mejora, si entre Comité y Empresa se llegase a un acuerdo, con el visto bueno de los trabajadores.
-Sobre el descanso del bocadillo, informaros que mantendremos una proxima reunion antes del 15 de Marzo. Para esa fecha la Dirección, habra intentado coordinarse con las demas empresas para optimizar la forma en que se puede aplicar este descanso de manera comun a todas. Caso contario, este Comité formado por UGT, CC.OO y USO, esta legitimado y mantendra una negociacion unilateral con la Dirección, con el objetivo de llegar a un acuerdo para beneficio exclusivo de la plantilla de Segur Ibérica. Acuerdo que refrendareis vosotros en Asamblea.
-Respecto a la uniformidad, nos comentan que ya se han entregado en el dia de ayer las fundas porta grilletes y se procedera a entregar un jersey y un polo más, de momento.
-La Dirección informa sobre la nueva disposición publicada en el BOE del recientemente pasado 18 de febrero (Pag 18358) y reseña el Art 26. Considerandolos particulares y contrarios a la Ley, aquellos medios de defensa que sean contrarios a los reglamentados, como sprays anticacos, extensibles… etc.
Os seguiremos informando según vayan aconteciendo las nuevas novedades.
A/a: trabajadores de Segur Iberica en Metro-Madrid
Desde el día 1 de febrero formas parte de la plantilla Segur Ibérica, no sabemos sin con gusto o a disgusto, esperemos que si es esto último, cambie con el tiempo.
Todas las empresas son iguales y ésta no va a ser menos, decimos esto, porque en todas cuecen habas, de la empresa que vienes Prosegur, también, pero aquí es en menor cuantía.
Deseamos que tu estancia en Segur Ibérica sea lo más agradable posible, si esto no fuera así y por algún motivo necesitaras nuestra ayuda, asesoramiento, entregarnos algún documento o escrito, realizar reclamaciones, solucionar o aclarar cualquier duda o tema, estamos a tu disposición en:
Edificio Segur
C/ Juan de Mariana, 15, 1ª planta
28045 Madrid
No dudes en llamarnos, mandarnos un correo o personarte en nuestro local.
Si tienes que tratar un tema con la empresa y requiere nuestra presencia, sólo tienes que comunicárnoslo e ipso facto estaremos en el momento oportuno. Si quieres que el Comité de Empresa trate algún caso en concreto en su seno y con posterioridad trasladarlo a la dirección de Recursos Humanos mándanos el escrito. Las soluciones, si las hay se buscan y si no, se trata de mediar en el conflicto intentando llegar a un acuerdo satisfactorio por ambas partes.
Próximamente informaremos, ya que la empresa no lo hace, del ORGANIGRAMA de la Zona Centro y en particular del servicio del Metro Madrid, de momento estará en la Plaza Elíptica hasta su ubicación final en Arganzuela-Planetario. Queremos que sepáis a quien dirigiros en cada momento sobre cuadrantes, servicios, nóminas, licencias retribuidas o no, reclamaciones, etc., para que no perdáis el tiempo, pero tener en cuenta, que siempre estamos a vuestra disposición para cualquier menester con la empresa.
Ante cualquier duda o problema que te surja llámanos o mándanos un correo electrónico, para contestarte facilítanos tu nombre, teléfono y eMail.
Te tendremos puntualmente informado de todo lo que suceda en la empresa, así como, de lo que nos solicites.
Adelante compañero y compañera.
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Todas las empresas son iguales y ésta no va a ser menos, decimos esto, porque en todas cuecen habas, de la empresa que vienes Prosegur, también, pero aquí es en menor cuantía.
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Próximamente informaremos, ya que la empresa no lo hace, del ORGANIGRAMA de la Zona Centro y en particular del servicio del Metro Madrid, de momento estará en la Plaza Elíptica hasta su ubicación final en Arganzuela-Planetario. Queremos que sepáis a quien dirigiros en cada momento sobre cuadrantes, servicios, nóminas, licencias retribuidas o no, reclamaciones, etc., para que no perdáis el tiempo, pero tener en cuenta, que siempre estamos a vuestra disposición para cualquier menester con la empresa.
Ante cualquier duda o problema que te surja llámanos o mándanos un correo electrónico, para contestarte facilítanos tu nombre, teléfono y eMail.
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Adelante compañero y compañera.
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Demandas Horas Extras 2010
Os informamos que todo aquel que desee realizar la demanda sobre la reclamación de la diferencia en el abono de las horas extras del año 2010, tiene que cumplimentar la carpeta que en el sindicato o en tu Sección Sindical tendremos al efecto y entregar fotocopia de las nóminas de 2010 y de la nómina de enero de 2011, por lo que será necesario realizar dicha gestión en el mes de febrero.
Sobre este asunto de las demandas de las horas extras es conveniente aclarar para conocimiento de todos que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el cálculo del valor de las horas extras, en su página 16 establece:
.......El apartado 2 únicamente excluye de la “consideración de salario” las indemnizaciones o suplidos, las prestaciones e indemnizaciones de seguridad social y las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.....................
Ninguno de los juzgados de lo social de Madrid, evidentemente de aquellos que están celebrando juicio, está contemplando el plus de transporte y el de vestuario en el cálculo de las demandas. Algunos juzgados también quitan otros conceptos variables como plus festivo y plus nocturno. Por tanto ante la falta de un criterio común de interpretación de la norma en los diferentes juzgados, seguimos incluyendo todos los conceptos en las demandas presentadas.
Recordar que es importantísimo comunicar los cambios de dirección y teléfono desde que se interpusieron las demandas, a efectos de notificación con los juzgados, así como reenviar al sindicato (Fax: 91 536 51 74; 91 467 61 64) lo antes posible cualquier comunicación del juzgado que llegue a domicilios particulares.
Sobre este asunto de las demandas de las horas extras es conveniente aclarar para conocimiento de todos que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el cálculo del valor de las horas extras, en su página 16 establece:
.......El apartado 2 únicamente excluye de la “consideración de salario” las indemnizaciones o suplidos, las prestaciones e indemnizaciones de seguridad social y las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.....................
Ninguno de los juzgados de lo social de Madrid, evidentemente de aquellos que están celebrando juicio, está contemplando el plus de transporte y el de vestuario en el cálculo de las demandas. Algunos juzgados también quitan otros conceptos variables como plus festivo y plus nocturno. Por tanto ante la falta de un criterio común de interpretación de la norma en los diferentes juzgados, seguimos incluyendo todos los conceptos en las demandas presentadas.
Recordar que es importantísimo comunicar los cambios de dirección y teléfono desde que se interpusieron las demandas, a efectos de notificación con los juzgados, así como reenviar al sindicato (Fax: 91 536 51 74; 91 467 61 64) lo antes posible cualquier comunicación del juzgado que llegue a domicilios particulares.
La Federación Estatal de Actividades Diversas lleva a los tribunales al Ministerio del Interior por marcar unos servicios mínimos abusivos el 29-S
La Federación Estatal de Actividades Diversas de CCOO ha interpuesto recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la Resolución del Ministerio del Interior que fijaba el porcentaje del Personal de Seguridad Privada adscrito a los servicios declarados esenciales durante el desarrollo de la huelga general de ámbito estatal.
La Federación considera que dicha resolución contenía unos servicios mínimos claramente abusivos y ha lesionado gravemente los derechos de huelga y de libertad sindical de este colectivo.
La Federación considera que dicha resolución contenía unos servicios mínimos claramente abusivos y ha lesionado gravemente los derechos de huelga y de libertad sindical de este colectivo.
CCOO teme que Metro de Madrid pretenda ahorrar en detrimento de la seguridad
CCOO ha denunciado hoy que Metro de Madrid, que ha sacado a subasta por primera vez en su historia la adjudicación de la seguridad para conseguir un precio más ajustado, "sólo piensa en ahorrar aunque sea en detrimento de la seguridad de los pasajeros y del salario del personal encargado de la vigilancia".
Así lo ha advertido hoy el responsable de Seguridad Privada de CCOO de Madrid, Javier Torrejón, quien asegura que en el pliego de condiciones de la subasta para la renovación del servicio de seguridad, cuyo plazo de presentación de solicitudes termina mañana, "prima el valor económico por encima del técnico y la calidad".
Según Torrejón, las empresas de seguridad privada que actualmente prestan servicio en el suburbano madrileño "tienen un coste mínimo aproximado de 21 euros por hora" para garantizar el cobro de los salarios al personal de seguridad y Metro de Madrid rebaja esa cantidad a "18 euros".
También afirma que en el pliego de condiciones se rebaja "de una manera importante" el número de horas de servicio.
Por contra, fuentes de Metro de Madrid han asegurado a Efe que la seguridad "no mermará" porque las empresas que se presenten deberán ofrecer el mismo servicio de seguridad por menos dinero, pero con el mismo número de vigilantes, las mismas horas de servicio y sin que a los vigilantes se les vaya a pagar menos.
Lo que pasará es que las empresas que concurran a este servicio tendrán menos margen de beneficios, han agregado las mismas fuentes.
De la seguridad en el metro madrileño se encargan ahora casi 2.000 personas de cinco empresas.
Los nuevos contratos entrarán en vigor el 1 de febrero de 2011 y tendrán una duración de cuatro años. EFE
Así lo ha advertido hoy el responsable de Seguridad Privada de CCOO de Madrid, Javier Torrejón, quien asegura que en el pliego de condiciones de la subasta para la renovación del servicio de seguridad, cuyo plazo de presentación de solicitudes termina mañana, "prima el valor económico por encima del técnico y la calidad".
Según Torrejón, las empresas de seguridad privada que actualmente prestan servicio en el suburbano madrileño "tienen un coste mínimo aproximado de 21 euros por hora" para garantizar el cobro de los salarios al personal de seguridad y Metro de Madrid rebaja esa cantidad a "18 euros".
También afirma que en el pliego de condiciones se rebaja "de una manera importante" el número de horas de servicio.
Por contra, fuentes de Metro de Madrid han asegurado a Efe que la seguridad "no mermará" porque las empresas que se presenten deberán ofrecer el mismo servicio de seguridad por menos dinero, pero con el mismo número de vigilantes, las mismas horas de servicio y sin que a los vigilantes se les vaya a pagar menos.
Lo que pasará es que las empresas que concurran a este servicio tendrán menos margen de beneficios, han agregado las mismas fuentes.
De la seguridad en el metro madrileño se encargan ahora casi 2.000 personas de cinco empresas.
Los nuevos contratos entrarán en vigor el 1 de febrero de 2011 y tendrán una duración de cuatro años. EFE
Propuesta no de ley que contempla la posibilidad de proteger a las mujeres maltratadas con miembros de la seguridad privada
El Partido Popular va a presentar una propuesta no de ley en el Parlamento de Andalucía en la que, entre otras cosas, contempla la posibilidad de que a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil que protegen a las mujeres maltratadas se unan también miembros de la seguridad privada. El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, anunció esta idea ayer en Córdoba, donde la presentó ante varios colectivos de mujeres.
Arenas relaciona su petición con la, según él, "espectacular" caída en el número de agentes de policía y guardias civiles. Ambos cuerpos serían los encargados de coordinar a la seguridad privada en las labores de protección a las mujeres. Arenas valoró el trabajo realizado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en esta materia, pero la reducción de la plantilla obliga, según él, a replantearse la estrategia. Por ello, solicita la incorporación de la Policía Local en este servicio, además del uso de la seguridad privada.
Ante los recelos que pudiese despertar la implicación de empresas privadas en labores que hasta ahora han sido ejercidas por fuerzas públicas, el presidente del PP recordó que en Andalucía existen numerosos ejemplos de contratación de seguridad privada por parte de la Junta, como en el Palacio de San Telmo, que cuenta con vigilantes además de agentes de la llamada policía autonómica. "Si se puede tener seguridad privada para proteger edificios, por qué no para proteger a las mujeres víctimas de malos tratos", se preguntó el líder del PP.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, criticó que se puedan comparar la vigilancia de edificios públicos con la protección de mujeres maltratadas. "En los edificios públicos se usa la vigilancia privada para poner a disposición del ciudadano más efectivos policiales", dijo. Para López Garzón, el presidente del PP, cae en un error al decir que hay menos agentes del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. "Andalucía cuenta con entre un 25 y un 30% más de efectivos de los que contaba cuando gobernaba el PP. Ahora mismo hay 25.000 policías y guardias civiles en la comunidad, la cifra históricamente más alta de la que se ha disfrutado. El mínimo se alcanzó entre 2001 y 2002, cuando el señor Arenas era miembro del Gobierno de España", dijo. Y añadió: "Con sus declaraciones, por fin empezamos a ver algo del programa del PP. Lo que quieres en privatizar España, privatizar sus servicios".
Tanto la Consejería para la Igualdad como la Delegación del Gobierno en Andalucía insisten en que es imprescindible que las mujeres denuncien a sus agresores. "Si no, es imposible que las fuerzas de seguridad tengan constancia de lo que ocurre y no se pueden poner en marcha las medidas de protección", insiste López Garzón, quien recuerda que "la inmensa mayoría de las agresiones se dan dentro del hogar".
En el escrito que va a presentar al Parlamento, el PP recuerda que en 2009 "Andalucía es la comunidad española en la que se han producido un mayor número de mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas", alcanzándose las 14 víctimas (el 25% del conjunto del Estado), mientras que un año antes fueron nueve. El PP subraya el contraste con el resto de España, donde bajó el número de asesinatos machistas en el mismo periodo (de 76 en 2008 se pasó a 55 en 2009). En 2010 se mantienen los porcentajes. Andalucía ha sufrido el 25,5% de los asesinatos de mujeres en España, con 12 muertes. Sólo dos de esas mujeres denunciaron previamente los maltratos.
Arenas relaciona su petición con la, según él, "espectacular" caída en el número de agentes de policía y guardias civiles. Ambos cuerpos serían los encargados de coordinar a la seguridad privada en las labores de protección a las mujeres. Arenas valoró el trabajo realizado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en esta materia, pero la reducción de la plantilla obliga, según él, a replantearse la estrategia. Por ello, solicita la incorporación de la Policía Local en este servicio, además del uso de la seguridad privada.
Ante los recelos que pudiese despertar la implicación de empresas privadas en labores que hasta ahora han sido ejercidas por fuerzas públicas, el presidente del PP recordó que en Andalucía existen numerosos ejemplos de contratación de seguridad privada por parte de la Junta, como en el Palacio de San Telmo, que cuenta con vigilantes además de agentes de la llamada policía autonómica. "Si se puede tener seguridad privada para proteger edificios, por qué no para proteger a las mujeres víctimas de malos tratos", se preguntó el líder del PP.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, criticó que se puedan comparar la vigilancia de edificios públicos con la protección de mujeres maltratadas. "En los edificios públicos se usa la vigilancia privada para poner a disposición del ciudadano más efectivos policiales", dijo. Para López Garzón, el presidente del PP, cae en un error al decir que hay menos agentes del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. "Andalucía cuenta con entre un 25 y un 30% más de efectivos de los que contaba cuando gobernaba el PP. Ahora mismo hay 25.000 policías y guardias civiles en la comunidad, la cifra históricamente más alta de la que se ha disfrutado. El mínimo se alcanzó entre 2001 y 2002, cuando el señor Arenas era miembro del Gobierno de España", dijo. Y añadió: "Con sus declaraciones, por fin empezamos a ver algo del programa del PP. Lo que quieres en privatizar España, privatizar sus servicios".
Tanto la Consejería para la Igualdad como la Delegación del Gobierno en Andalucía insisten en que es imprescindible que las mujeres denuncien a sus agresores. "Si no, es imposible que las fuerzas de seguridad tengan constancia de lo que ocurre y no se pueden poner en marcha las medidas de protección", insiste López Garzón, quien recuerda que "la inmensa mayoría de las agresiones se dan dentro del hogar".
En el escrito que va a presentar al Parlamento, el PP recuerda que en 2009 "Andalucía es la comunidad española en la que se han producido un mayor número de mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas", alcanzándose las 14 víctimas (el 25% del conjunto del Estado), mientras que un año antes fueron nueve. El PP subraya el contraste con el resto de España, donde bajó el número de asesinatos machistas en el mismo periodo (de 76 en 2008 se pasó a 55 en 2009). En 2010 se mantienen los porcentajes. Andalucía ha sufrido el 25,5% de los asesinatos de mujeres en España, con 12 muertes. Sólo dos de esas mujeres denunciaron previamente los maltratos.
La seguridad privada en aeropuerto Los Rodeos convoca huelga
El comité de huelga y la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO-CANARIAS en el aeropuerto de Los Rodeos (Tenerife) han convocado una huelga los próximos días 10 y 12, informó hoy un comunicado del mencionado sindicato.
En el escrito se recuerda que atendiendo a la petición de la empresa adjudicataria del Servicio de Seguridad en el citado aeropuerto (Vinsa Seguridad), el comité de huelga en un claro gesto de facilitar las negociaciones entre la empresa y dicho comité, en su día acordó aplazar las movilizaciones previstas.
"En este plazo de tiempo no ha habido un claro acercamiento de las posturas y todo queda pendiente para la reunión a celebrar entre las partes el día 8 de septiembre", agrega el comunicado.
Los principales motivos para la protesta son el deterioro de los salarios de la plantilla en los últimos años ya que los trabajadores deben trabajar un mayor número de días al mes y percibir menos salario.
Además, el fuerte deterioro de la conciliación de la vida laboral y familiar y el incumplimiento de la ley de Prevención de Riesgos Laborales y del Convenio Colectivo.
En el escrito se recuerda que atendiendo a la petición de la empresa adjudicataria del Servicio de Seguridad en el citado aeropuerto (Vinsa Seguridad), el comité de huelga en un claro gesto de facilitar las negociaciones entre la empresa y dicho comité, en su día acordó aplazar las movilizaciones previstas.
"En este plazo de tiempo no ha habido un claro acercamiento de las posturas y todo queda pendiente para la reunión a celebrar entre las partes el día 8 de septiembre", agrega el comunicado.
Los principales motivos para la protesta son el deterioro de los salarios de la plantilla en los últimos años ya que los trabajadores deben trabajar un mayor número de días al mes y percibir menos salario.
Además, el fuerte deterioro de la conciliación de la vida laboral y familiar y el incumplimiento de la ley de Prevención de Riesgos Laborales y del Convenio Colectivo.
Desmantelada una red de falsificación de títulos para vigilantes de seguridad
La Unidad de Delitos Tecnológicos del Cuerpo Nacional de Policía detuvo en Tenerife y otras partes de España a quince personas, entre las que figura el autor de las titulaciones falsas de Bachiller o Formación Profesional, de 43 años, que regentaba una academia para preparar a trabajadores de seguridad privada.
Miembros del Cuerpo Nacional de Policía desmantelaron una trama dedicada a la falsificación de títulos de Bachiller y Formación Profesional en Tenerife.
La investigación partió de la Unidad de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la capital tinerfeña y comenzó el pasado mes de mayo.
Como resultado de las pesquisas, los agentes capturaron a 15 personas en total, a la vez que lograron identificar al individuo que elaboraba y vendía los documentos falsos.
Otras personas fueron arrestadas por adquirir los citados "títulos" y utilizarlos para acceder a importantes puestos de trabajo e, incluso, para presentarse a oposiciones de empleo público.
La mayoría de los detenidos pertenecen a la actividad de la seguridad privada y residen en Tenerife. No obstante, los funcionarios también descubrieron a personas relacionadas con la sanidad o la náutica.
El entramado delictivo estaba compuesto por un individuo que facilitaba el papel de Estado falso, es decir, el soporte con los modelos de título para Bachiller, FP1 y FP2.
Otro de los implicados elaboraba las titulaciones, para lo que utilizaba programas informáticos, escáner y sellos de caucho que imitan la firma de la titular del Ministerio de Educación.
El resto de los acusados son, fundamentalmente, vigilantes, que necesitaban un título de Bachillerato para acceder a puestos como director o jefe de Seguridad en empresas del subsector.
Los títulos eran elaborados por J.M.F.H., de 43 años. En el momento de su arresto, a dicha persona se le incautó diverso material, como papel de título en blanco, sellos de caucho y numerosas plantillas informatizadas de títulos que ya habían sido impresos y vendidos.
La facilidad para encontrar compradores radicaba en que esta persona regentaba una academia para vigilantes de seguridad y, además, estaba muy relacionada en dicho "mundillo".
Además, llegaba a utilizar tales falsificaciones como regalos en sus relaciones familiares y sentimentales.
Los títulos se podían conseguir previo pago en efectivo de cantidades que oscilaban entre los 800 y los 1.500 euros. A juicio de los investigadores, se trataba de un "módico precio" que eximía a los compradores de estudiar y superar los correspondientes exámenes oficiales. Los trabajos estaban tan bien conseguidos que llegaron a pasar el filtro de diversos organismos públicos.
Todos los implicados se hallan en libertad con cargos a la espera de la finalización de la instrucción del caso. Los responsables de la investigación no descartan que haya más detenciones.
Miembros del Cuerpo Nacional de Policía desmantelaron una trama dedicada a la falsificación de títulos de Bachiller y Formación Profesional en Tenerife.
La investigación partió de la Unidad de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la capital tinerfeña y comenzó el pasado mes de mayo.
Como resultado de las pesquisas, los agentes capturaron a 15 personas en total, a la vez que lograron identificar al individuo que elaboraba y vendía los documentos falsos.
Otras personas fueron arrestadas por adquirir los citados "títulos" y utilizarlos para acceder a importantes puestos de trabajo e, incluso, para presentarse a oposiciones de empleo público.
La mayoría de los detenidos pertenecen a la actividad de la seguridad privada y residen en Tenerife. No obstante, los funcionarios también descubrieron a personas relacionadas con la sanidad o la náutica.
El entramado delictivo estaba compuesto por un individuo que facilitaba el papel de Estado falso, es decir, el soporte con los modelos de título para Bachiller, FP1 y FP2.
Otro de los implicados elaboraba las titulaciones, para lo que utilizaba programas informáticos, escáner y sellos de caucho que imitan la firma de la titular del Ministerio de Educación.
El resto de los acusados son, fundamentalmente, vigilantes, que necesitaban un título de Bachillerato para acceder a puestos como director o jefe de Seguridad en empresas del subsector.
Los títulos eran elaborados por J.M.F.H., de 43 años. En el momento de su arresto, a dicha persona se le incautó diverso material, como papel de título en blanco, sellos de caucho y numerosas plantillas informatizadas de títulos que ya habían sido impresos y vendidos.
La facilidad para encontrar compradores radicaba en que esta persona regentaba una academia para vigilantes de seguridad y, además, estaba muy relacionada en dicho "mundillo".
Además, llegaba a utilizar tales falsificaciones como regalos en sus relaciones familiares y sentimentales.
Los títulos se podían conseguir previo pago en efectivo de cantidades que oscilaban entre los 800 y los 1.500 euros. A juicio de los investigadores, se trataba de un "módico precio" que eximía a los compradores de estudiar y superar los correspondientes exámenes oficiales. Los trabajos estaban tan bien conseguidos que llegaron a pasar el filtro de diversos organismos públicos.
Todos los implicados se hallan en libertad con cargos a la espera de la finalización de la instrucción del caso. Los responsables de la investigación no descartan que haya más detenciones.
Comunicado conjunto CCOO-UGT-USO a todos los trabajadores y trabajadoras de Seguridad Privada
Tras la reunión de la mesa de negociación del Convenio Colectivo que se ha producido en fecha 24 de junio, los sindicatos participantes de la misma comprobamos que el peor de los escenarios posibles se ha hecho realidad.
La patronal se agarra a la situación de los mercados financieros, de la situación del
mercado de trabajo, del decreto de recorte de las pensiones y el gasto público para
afianzar su postura de negar al colectivo de seguridad privada un convenio colectivo.Prueba de esto es la retirada de la propuesta anteriormente presentada por la parte
patronal, que ya era considerada como insuficiente. Con la retirada de esa propuesta, la patronal vincula su esperanza de convenio al decreto de reforma planteado por el gobierno. Se juegan todas sus esperanzas de “desregulación” de las condiciones de trabajo a esa única carta.
Solo aspiran a: reducción del coste de despido, contratos de menor indemnización,
regulación y suspensión de empleo por causas económicas técnicas y organizativas,
ERE´S parciales, ampararse en la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, modificación de las cláusulas de descuelgue y que los mecanismos de la negociación colectiva sectorial sea más flexibles en su propio beneficio.Los representantes de los trabajadores en la mesa negociadora hacemos responsables a los empresarios del sector de la ruptura del marco de negociación Colectiva señalando a la patronal de Seguridad Privada como única responsable.
Ya que vinculan todas sus expectativas a los recortes sociales planteados por el Real
Decreto de Medidas Urgentes para la Reforma Del Mercado Laboral, serán las
movilizaciones ya previstas, incluida la Huelga General del 29 de Septiembre así como
las que acordemos desde hoy en adelante, donde los trabajadores del sector demos la
respuesta que se merece la propuesta patronal de perdida de derechos y de poder
adquisitivo que reiteradamente nos plantean en la negociación colectiva.
SEGURIDAD PRIVADA:
100.000 TRABAJADORES SIN CONVENIO
AHORA Y MAS QUE NUNCA
HUELGA GENERAL 29-S
La patronal se agarra a la situación de los mercados financieros, de la situación del
mercado de trabajo, del decreto de recorte de las pensiones y el gasto público para
afianzar su postura de negar al colectivo de seguridad privada un convenio colectivo.Prueba de esto es la retirada de la propuesta anteriormente presentada por la parte
patronal, que ya era considerada como insuficiente. Con la retirada de esa propuesta, la patronal vincula su esperanza de convenio al decreto de reforma planteado por el gobierno. Se juegan todas sus esperanzas de “desregulación” de las condiciones de trabajo a esa única carta.
Solo aspiran a: reducción del coste de despido, contratos de menor indemnización,
regulación y suspensión de empleo por causas económicas técnicas y organizativas,
ERE´S parciales, ampararse en la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, modificación de las cláusulas de descuelgue y que los mecanismos de la negociación colectiva sectorial sea más flexibles en su propio beneficio.Los representantes de los trabajadores en la mesa negociadora hacemos responsables a los empresarios del sector de la ruptura del marco de negociación Colectiva señalando a la patronal de Seguridad Privada como única responsable.
Ya que vinculan todas sus expectativas a los recortes sociales planteados por el Real
Decreto de Medidas Urgentes para la Reforma Del Mercado Laboral, serán las
movilizaciones ya previstas, incluida la Huelga General del 29 de Septiembre así como
las que acordemos desde hoy en adelante, donde los trabajadores del sector demos la
respuesta que se merece la propuesta patronal de perdida de derechos y de poder
adquisitivo que reiteradamente nos plantean en la negociación colectiva.
SEGURIDAD PRIVADA:
100.000 TRABAJADORES SIN CONVENIO
AHORA Y MAS QUE NUNCA
HUELGA GENERAL 29-S
Los Vigilantes de Seguridad en pie de guerra por unos insultos lanzados desde Onda Cero
El pasado 25 de junio, en el programa ‘Herrera en la onda’ de Onda Cero, el colaborador del programa, Rafael Fernández, profirió graves insultos contra el colectivo de los Vigilantes de Seguridad, a los que tildó de ’seguratas’, ‘ignorantes’ o ’saca perras’.El colectivo está en pie de guerra y ya se están conformando iniciativas desde Internet para organizar protestas frente a la emisora en Madrid y en varias localidades españolas.
Isidro Campo Sº. Sectorial de Seguridad Privada de FeS-UGT Euskadi se ha dirigido a Onda Cero en una carta abierta en la que afirma, acertadamente, que “los Vigilantes de Seguridad trabajan más de 162 horas al mes, en turnos de 24 horas y con jornadas de 8 y 12 horas diarias, para obtener unos ingresos por debajo de los 1000 € mensuales, cosa que ese “señor” no tiene. Miles de trabajadores que conforman el colectivo de Seguridad Privada se juegan diariamente la vida por un salario que roza el mínimo interprofesional. Realizan su trabajo con profesionalidad, esfuerzo, dedicación y con orgullo. El colectivo lo forman, Vigilantes deSeguridad, Escoltas, Vigilantes de Explosivos, Guardas Particulares del Campo, Transporte de Fondos, Manipulado de efectivo, carga de cajeros automáticos, control de masas, etcétera.Ese es el colectivo al que puso la guinda de definirlo como “el que vale, vale, y el que no, para securata”.Creo que el Sector se merece un respeto y una disculpa por parte de “ese señor”
Si quieres ver el video, pincha en el titulo
Isidro Campo Sº. Sectorial de Seguridad Privada de FeS-UGT Euskadi se ha dirigido a Onda Cero en una carta abierta en la que afirma, acertadamente, que “los Vigilantes de Seguridad trabajan más de 162 horas al mes, en turnos de 24 horas y con jornadas de 8 y 12 horas diarias, para obtener unos ingresos por debajo de los 1000 € mensuales, cosa que ese “señor” no tiene. Miles de trabajadores que conforman el colectivo de Seguridad Privada se juegan diariamente la vida por un salario que roza el mínimo interprofesional. Realizan su trabajo con profesionalidad, esfuerzo, dedicación y con orgullo. El colectivo lo forman, Vigilantes deSeguridad, Escoltas, Vigilantes de Explosivos, Guardas Particulares del Campo, Transporte de Fondos, Manipulado de efectivo, carga de cajeros automáticos, control de masas, etcétera.Ese es el colectivo al que puso la guinda de definirlo como “el que vale, vale, y el que no, para securata”.Creo que el Sector se merece un respeto y una disculpa por parte de “ese señor”
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Reforma laboral 2010
Aqui teneis el Real decreto-ley 10/2010, de 16 de Junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.
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