Son la mano derecha de la Policía en la lucha contra la delincuencia. Aliados naturales en la tarea de prevenir atentados contra la propiedad ajena. Su simple presencia disuade a malhechores o les obliga, al menos, a esforzarse para burlar su guardia. Son los vigilantes de seguridad privados, un colectivo con 473 profesionales habilitados en la comarca, conforme al registro de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, pero con apenas un centenar de miembros en activo, según extrapolación realizada por personal del gremio. Un sector del que la crisis ha descubierto, muy a su pesar, su vulnerabilidad. En la carrera de recortes realizada por todo tipo de instituciones, tanto públicas como privadas, la vigilancia, junto con la limpieza, han sido las primeras en caer. Sin ir más lejos, la reciente licitación de la vigilancia de seguridad del campus administrativo de la Universidad de Oviedo reduce de 47 a 20 el personal asignado a esta tarea. Si a esto se le añade el creciente aumento del intrusismo que denuncian asociaciones como AVISPA (Asociación de Vigilantes de Seguridad del Principado de Asturias), el panorama resulta desmoralizador para unos profesionales que reivindican su trabajo y su formación como principal garantía para atajar el delito.
Prosegur y Securitas son las máximas empleadoras en la comarca con 40 y 33 agentes en servicio, respectivamente, según los datos facilitados por las propias compañías. No en vano, las grandes del sector suelen acaparar el 80% del mercado en cualquier punto del panorama nacional. A distancia, Prosetenicsa, con un número indeterminado de vigilantes pero con cuatro clientes en su cartera de Avilés, y de Eulen, con tres vigilantes. A estas cifras hay que sumarle los contratos eventuales, vigilancia para ferias, mercadillos y demás actividades estacionales. En el último mes, del 15 de julio al 15 de agosto, la unidad territorial de Seguridad Privada de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, registró 63 contratos de servicio en Avilés. Un balón de oxígeno para un sector maltrecho pero menos inflado de lo que debiera debido a las denominadas empresas de servicios auxiliares, con personal que hace las veces de vigilante de seguridad sin contar con formación específica y a mitad de precio, según alerta AVISPA. De los veinte euros/hora que cuesta contratar a un vigilante, estas compañías solicitan la mitad, entre nueve y diez. La contratación más reciente en Avilés se pudo ver en el mercadillo medieval de Alcabala, instalado entre las calles de la Ferrería, los Alas, la Fruta y la plaza del Carbayo.
Una situación que viene a hundir a un maltrecho sector que lejos de erigirse en fundamental en el marco de un complicado panorama con el aumento de la delictividad como resultado más palpable, ha sido de los primeros en ser rescindidos por las empresas. Prefieren correr el riesgo a pagar por un trabajo preventivo y de alerta. En el punto de mira, además, la administración pública que, según asociaciones y gerentes de empresas de vigilancia, es la que «tira los precios» en las licitaciones públicas. Remitiéndonos, de nuevo, a la publicada por el Boletín Oficial del Principado de Asturias el pasado 26 de agosto para la adjudicación del servicio de vigilancia y seguridad en el Campus administrativo Llamaquique-Buenavista, en su punto 3, 'tramitación y procedimiento', recoge como criterio de adjudicación «en su caso: el precio más bajo».
Es la alerta asociativa y sindical de un colectivo que, pese a la incertidumbre, sigue estando al pie del cañón ante un trabajo «totalmente vocacional», en el caso de Alfredo Montes, concejal de Medio Ambiente por Izquierda Unida en Castrillón. Recién finalizado su paso por el Ejército, entró a trabajar en Prosegur y, tras un periodo en Madrid, fue destinado como escolta al País Vasco. De vuelta a Asturias, se haría cargo de la seguridad en varias estaciones de ferrocarril, la última la de Avilés. En los buenos tiempos llegaron a ser ocho agentes con arma velando por la seguridad de los usuarios y trabajadores de una instalación cuya empresa gestora redujo al mínimo su presencia. Ahora solo se vigila dos horas diarias y sin arma, lo que rebaja el precio contratado.
En este lugar, Montes ha pasado alguno de sus mejores y peores momentos de su vida. Su corpulenta presencia deja paso a un carácter abierto y afable que le ha granjeado muchas amistades en el ir y venir de los usuarios de tren y autobús. Pero todos ellos, aunque por número sumen más, le impiden borrar de su retina un suceso que marcó su vida. La trágica agresión a la joven langreana Cristina Fanjul, en el año 2000, por la que perdió los ojos. Fue Montes el que escuchó sus gritos y auxilió a la joven antes de la llegada de los servicios de emergencia.
Turnos y rutina
Ahora presta servicio en la margen izquierda de la ría de Avilés, para el Puerto y el Polígono de las Arobias con Prosetenicsa. De nueve de la noche a ocho de la mañana. Turnos de once y doce horas diarias, con un máximo de 162 al mes, «que me permiten acumular mucho tiempo libre a la semana» y trabajar en Consistorio castrillonense, además de como secretario de la agrupación local de IU. Él, como Leopoldo Fernández 'Poldo', llevan a cabo la rutina establecida para la primera hora de trabajo. Se trata de verificar el orden y el estado de las cosas. En el caso del segundo, junto con su compañero de la empresa Grespro, recorren, a pie y en vehículo, todo el perímetro y recovecos del Parque Empresarial del Principado de Asturias.
Vallados, ventanas, cierres de portones y cajetines de alarmas son los puntos sensibles de cualquier recinto, sea polígono industrial o edificio público. «Cuando pillamos a alguien 'in fraganti' avisamos rápidamente a las fuerzas de seguridad e intentamos que no se escape y, si vemos que podemos, lo reducimos», explica Poldo. Aunque las noches, en general, son tranquilas, las situaciones comprometidas son inevitables. «Una zona industrial tan grande es propicia para los ladrones», una circunstancia que ha propiciado alguna que otra persecución por el polígono porque fuera de él está prohibido «a no ser que contemos con permiso expreso de la policía». «Somos sus auxiliares», asegura a la vez que indica que la colaboración, al menos en cuanto a su experiencia personal se refiere, siempre ha sido positiva.
Los ataques más habituales suelen ser por robo, pero los objetos de deseo y el perfil del delincuente han variado. Poldo detalla que ya no pasa como antes cuando «eran casi siempre gitanos» los responsables de unas sustracciones que han derivado hacia el combustible de camiones y la chatarra.
Manuel Ángel López pasa por ser el vigilante más veterano de la comarca de Avilés. Con 32 años de servicio a sus espaldas, trabaja para la empresa Ombuds. Desempeña su función en la terminal de Renfe de La Maruca desde hace un año, aunque previamente se encargó de la vigilancia de la estación de tren de Gijón donde, entre otras anécdotas propias de la profesión, se encontró atendiendo el parto de una mujer que rompió aguas en el interior de un vagón. Fue el primero en coger al recién nacido.
Como a sus compañeros, le gusta la noche, turno en el que ha trabajado un 90% de su vida profesional. Ahora lo hace de nueve de la noche a ocho de la mañana en «una ronda continua». «La Maruca -donde trabaja ahora- era más conflictiva hace unos años, cuando había que hacer frente al robo de chatarra y aluminio». Asevera esta afirmación Mario José Alonso, gerente de la empresa de seguridad Prosetenicsa y responsable estatal de seguridad privada del sindicato Comisiones Obreras durante quince años, de 1982 a 2007. «Lo de Avilés es una comedia; hay muchas localizaciones de gitanos que juegan al gato y al ratón con la vigilancia», afirma. Alonso sabe que «la Policía tiene perfectamente localizados a los delincuentes», pero confirma la impresión del resto de vigilantes consultados, los asaltos «ahora son producidos por gente de fuera, no necesariamente extranjeros, sino residentes en León o Cantabria que se desplazan hasta Asturias para robar», una táctica que dificulta el trabajo de investigación de las fuerzas policiales.
Alonso incide, además, en las 'heridas' de un sector que tiene la esperanza puesta en la ley de seguridad privada que actualmente se encuentra en trámite en el Congreso de los Diputados para actualizar la actual, que data de 1992. «Regula, entre otras cosas, la protección de datos, la grabación de cámaras de vídeo y el intrusismo» que, junto con salarios por debajo de convenio firmados por los sindicatos en empresas como Alcor Seguridad, según denuncia Mario José Alonso, están hundiendo a un sector que en 2012 empleaba en todo Asturias a 1.600 trabajadores, según los datos manejados por AVISPA.
