La caída del gran conseguidor, Juan José Prados del Pino (Esabe).

  • La fuga del dueño del grupo Esabe destapa una red de favores en el negocio de la seguridad
  • Un directivo entrega a la Justicia 200 sellos falsificados de organismos oficiales para concurrir a concursos millonarios
En el número 15 de la calle de Belfast, en un polígono industrial a las afueras de Madrid, una nave gigantesca acoge los restos de lo que hasta hace muy pocos meses era una de las mayores empresas de seguridad de España: cámaras acorazadas, 30 vehículos blindados, maquinaria de limpieza y alarmas valoradas en dos millones que serán desahuciados por abandono el próximo día 24 si sus dueños no se presentan a rescatarlos.

Su propietario, Juan José Prados del Pino, de 65 años, no está ni se le espera. Permanece desaparecido desde octubre de 2012 junto a su esposa, María Pilar García de la Torre, de 58, y uno de sus tres hijos, un adulto con una discapacidad, y ha eludido por el momento la acción judicial. Una juez de Madrid le acusa de delitos contra la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores —adeuda más de 30 millones de euros— y ha dictado una orden de búsqueda y captura internacional. Las primeras pistas conducen hacia Argentina y Portugal.

Ni la policía que le investiga, ni la juez que instruye el caso, ni los 2.000 trabajadores que le han denunciado por impago de sus nóminas saben cuantificar el tamaño exacto del agujero que ha dejado a su plantilla y a la Seguridad Social este hombre grueso, paternalista, emprendedor y maestro en comprar voluntades entre los funcionarios de las administraciones donde sus empresas obtenían millonarios concursos públicos. Entre ellos, el del propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social, cuya sede vigilaban sus hombres, al que facturó más de seis millones de euros. En su palco del Real Madrid, de 20 plazas, y en su yate Sweet Dreams 2, de 31 metros de eslora, se acomodaron una larga lista de funcionarios y algunos sindicalistas. “Era un gran conseguidor”, confiesa uno de sus extrabajadores y amigo.

¿Para qué se utilizaron los tampones de los Ministerios de Fomento y Justicia, la Agencia Valenciana de Salud, la Empresa Municipal de Aguas de Sevilla o la Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, donde Esabe consiguió contratos por ocho millones? ¿Y las plantillas de la Gerencia Territorial de Extremadura, la Intervención del Ayuntamiento de Leganés, el hospital General Universitario de Alicante o la Junta Municipal de La Latina de Madrid? Los inspectores de la Unidad de Seguridad Privada, que dirige el comisario Esteban Gándara, creen que Esabe falsificó documentos de las administraciones donde concursaba para simular que estaba al corriente con la Seguridad Social. Sin esa acreditación no podría concurrir. Uno de los imputados ha confesado que en Valencia un tal Eloy facilitó los concursos del hospital de la Fe. “Tuvo que haber connivencia entre políticos y la empresa”, apunta Antonio Duarte, secretario de FTSP-USO, que ha denunciado a Esabe.El caso acaba de tomar un giro inesperado. Antonio Silva, uno de los directivos de Esabe detenido e imputado junto a otras diez personas en una redada policial en diciembre de 2012, ha entregado a la juez Purificación Romero, titular del Juzgado número 37 de Madrid, 200 sellos de caucho, clichés, plantillas y pegatinas de decenas de organismos oficiales de Valencia, Madrid, Badalona, Cáceres y Sevilla con los que supuestamente se falsificaron documentos públicos, según aseguran fuentes de la investigación a El PAÍS..

Juan José Prados trabajaba a finales de los ochenta como director financiero de Esabe Ingeniería, propiedad de José Luis Aguirre, entonces una de las compañías de seguridad más grandes de España. La empresa quebró poco después y Prados montó con cinco personas ESB (luego rebautizada como Esave y Esabe) en un modesto piso del barrio madrileño de Ciudad Lineal. El vigilante Manuel Jurado fue una de las primeras 25 personas que comenzó a trabajar con él: “Consiguió el contrato de vigilancia de Nuevos Ministerios y abrió delegaciones por toda España. Iba a los concursos a la baja, con ofertas muy agresivas. Si había que cubrir un servicio con 100 vigilantes, él lo hacía con 80, y el resto, con horas extraordinarias. En temas financieros era un hacha, enseguida sacaba la calculadora y hacía números”.

En 2009 llegaron las primeras denuncias. Los trabajadores recibían sus salarios con atraso y cobraban las horas extra en talones cruzados y fuera de la nómina. José María Ramos, un inspector de trabajo, comenzó a asomar su nariz por Esabe, y María G., la jefa de recursos humanos de la empresa, a acudir todos los martes a la Inspección de Trabajo a parar los golpes. “Había muchas propuestas de sanción, pero hacíamos alegaciones y recursos para demorarlas un año”, recuerda la extrabajadora, de 32 años. Llegaron sanciones millonarias que no se pagaban y comenzaron los embargos de cuentas. En 2011, Prados dejó de abonar las horas extra a sus empleados y hubo una avalancha de reclamaciones en los juzgados. El siguiente paso fue no pagar los salarios. Un vigilante al que se le adeudaban varios meses se ahorcó en Sevilla.El sueño de Prados era emular a la antigua Esabe y lo logró. Extendió el negocio de la vigilancia al transporte de fondos, a las alarmas, la limpieza y los servicios auxiliares. La plantilla creció hasta 6.000 personas. En pocos años saltó del pisito en Ciudad Lineal a alquilar un edificio entero en la madrileña calle de Cronos con gimnasio, escuela de formación y un enorme sótano donde instaló la base de transporte de fondos y las cámaras acorazadas. En el parquin aguardaban un Ferrari rojo y el Audi 8 de su chófer. Su despacho estaba en la cuarta planta con una mesa de mármol blanca donde se reunía con sus directivos, a los que convenció con sobresueldos para que figuraran como administradores de sus empresas. Muchos días les recordaba que él era “Dios”. Llama la atención que Prados no aparece en ninguna de las 23 sociedades del grupo. “Se estaba desvinculando por su edad”, esgrime Alberto Salido, su abogado.

—¿Tú sabes quién es Dios?

—No.

—Lo conoces bien, lo tienes delante.

Así describe el vigilante Francisco Quintero, de 46 años, padre de dos hijos, la conversación que tuvo con Prados cuando le comunicó en su despacho que le iban a embargar su piso de 50 metros en Carabanchel (Madrid) por no poder pagar la hipoteca. “Me dio buenas palabras, pero no cobré y perdí mi casa. Siempre decía que él cuidaba por sus hombres y mujeres”.

Prados logró con regalos muchos favores, información sobre los concursos y que le agilizaran algunos pagos en Madrid y Valencia. “Fiestas, relojes y hasta un BMV 320. Era muy espléndido con los funcionarios que movían los contratos”, confiesa uno de sus extrabajadores y amigo.El puente del Pilar de 2012, Prados y su esposa se despidieron de sus empleados más fieles: “Hasta el lunes”. Fue la última vez que se les vio en la sede de la calle de Cronos. Dos meses después llegó la redada policial del comisario Gándara. “Lo buscamos, pero no lo localizamos”, asegura un responsable policial. Salido, el abogado de Prados, afirma que estaba en su casa de Málaga y que se reunió con él hasta esfumarse. “Nos vimos en mi despacho este pasado verano. Luego se marchó, temía un linchamiento. La Administración le debe casi 20 millones. No pagaba porque no le pagaban. Esa es la causa de todo”.

El yate del empresario ha desaparecido. La juez no aceptó la petición de embargo de la Policía. La última vez que fue avistado iba rumbo a Gibraltar. “Allí tenía algo”, afirma una de sus exdirectivas.

Trabajadores de seguridad privada se manifiestan en todo el Estado en contra de los descuelgues del convenio Colectivo.

MANIFIESTO

                                                    
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MADRID

Más de 2000 personas se han concentrado hoy frente a la sede de APROSER, principal patronal del sector de seguridad privada, por el mantenimiento del actual Convenio Colectivo. A día de hoy casi todas las empresas han anunciado descuelgues, EREs y modificaciones laborales, dejando virtualmente muerto el actual marco normativo que regulaba el sector.

El sector de la Seguridad Privada cuenta con más de 80000 trabajadores a nivel nacional y unos 30000 en la Comunidad de Madrid. Como ha ocurrido en los últimos años la patronal del sector ha anunciado que no puede cumplir con lo que firma en Convenio Colectivo. La última vez no ha tardado ni seis meses en anunciar que no puede cumplir lo pactado.

La crisis, la cotización de pluses, etc., cualquier escusa es buena para rebajar los salarios de sus trabajadores. Se da la circunstancia que la parte social se ha congelado el salario más de una vez en los últimos convenios, incluso en la ultima rerenegociacion del convenio se han rebajado los salarios un 2%, merma económica de carácter temporal y que ahora quieren mantener en el tiempo.

Las empresas armadas con la reforma laboral han aprendido un nuevo mantra "O te rebajas el salario o te aplico la reforma laboral, y va ser Peor". Eso es para lo que vale la nueva legislación laboral del Gobierno para: amenazar, destruir empleos, salarios, condiciones de trabajo y marcos reguladores de las relaciones laborales como los convenios sectoriales. 

La parte social ha hecho ejercicios de responsabilidad en los últimos años, con congelaciones y rebajas salariales muy duras para los trabajadores. Todo con el objetivo de salvaguardar el empleo y el sector de la Seguridad Privada. Por su parte los empresarios se han dedicado al cainismo, ha concursar cada vez más y más bajo, incluso sabiendo que no pueden cumplir con los costes del convenio, como ha sido el caso de metro de Madrid y el aeropuerto de Barajas.

Las grandes empresas del sector como Securitas, Prosegur, Ombuds y Eulen incluso presentan EREs, cuando el número de horas extras es ingente e indecente, todo un insulto a los millones de parados del país. Mientras que a la administración, por cierto el mayor usuario de servicios de seguridad de España, parece no importarle demasiado, esta de su parte, les hacen una nueva ley de seguridad privada para que facturen un poquito más y ya está, la seguridad de los ciudadanos y los trabajadores es cosa secundaria. 

Los vigilantes a pesar de las amenazas de descuelgues ha dicho "Basta ya". La concentración orientada a delegados y notificada para 150 personas se ha visto desbordada. Los sindicatos más representativos del sector abordarán en breve un calendario de movilizaciones más contundentes.


           


CASTILLA-LA MANCHA

CCOO CLM está celebrando asambleas informativas y planteando movilizaciones para expresar el rechazo a las pretensiones patronales. En Albacete ya han puesto fecha de inicio, el próximo día 18, con una concentración ante la subdelegación del Gobierno.

Las grandes empresas de Seguridad Privada han anunciado su intención de proponer en las mesas de negociación un descuelgue del actual convenio colectivo del sector.

Algunas de ellas plantean la negociación de acuerdos de empresa para rebajar las actuales condiciones salariales de sus trabajadores. En algún caso van mas allá y plantean también presentar ERES de extinción.

Los trabajadores del sector de Seguridad Privada, con salarios mileuristas, vienen soportando desde hace años pérdidas en su poder adquisitivo. Entre 2009 y 2012 han tenido una subida de el 2,34%, muy por debajo de los incrementos del IPC; y en el 2013 han visto rebajadas sus nóminas en 3,13% al suprimirse el plus de transporte y de vestuario en las pagas extras.

La Federación de Servicios Privados de CCOO celebra estos días asambleas informativas con los trabajadores del sector en todas las provincias de CLM y del país para expresar el rechazo a las pretensiones patronales.

Los trabajadores del sector en Albacete, reunidos ayer en asamblea en la sede de CCOO, han planteado movilizaciones que comenzarán con una concentración el día 18 de febrero ante la subdelegación del Gobierno. Se unen así a las distintas movilizaciones en defensa del convenio colectivo que se están llevando a cabo en toda españa.

CANTABRIA

Más de un centenar de vigilantes de seguridad ha secundado, ante la Delegación del Gobierno, la concentración de protesta convocada por los sindicatos UGT, CCOO y CSIF en contra de la decisión de las grandes empresas del sector, principalmente Securitas y Prosegur, de descolgarse e inaplicar su convenio colectivo al amparo de la vigente reforma laboral.
Según precisó Alberto González, responsable regional de Seguridad Privada de UGT, "si las grandes empresas se descuelgan de sus convenios colectivos, el sector se romperá en pedazos justo antes de que se ponga en marcha la nueva Ley de Seguridad Privada".

"La patronal nos está echando un pulso y vamos a ver en qué termina", agregó González, tras matizar que los sindicatos que han convocado la movilización de hoy en todo el país "se volverán a reunir para debatir un nuevo calendario de movilizaciones si las grandes empresas del sector no rectifican su decisión inicial de inaplicar sus convenios colectivos".

En el mismo sentido se expresó el portavoz de CCOO, Antonio Helguera, para quien "lo que están haciendo las grandes empresas de seguridad privada no tiene sentido, y más, con los beneficios que tienen en la actualidad pese a la crisis económica". 

Helguera reiteró que "no entendemos el planteamiento de las empresas pero lo que está claro es que si siguen adelante se puede ir al traste el propio convenio colectivo sectorial y algo fundamental en nuestra actividad profesional, la subrogación de servicios".

Por su parte, el responsable regional de seguridad privada de CSIF, José Ángel Trapero, identificó a las grandes empresas de seguridad privada como "aves de presa que planean sobre los trabajadores y sus familias", tras criticar que "estas grandes empresas van a dejar el sector hundido si siguen adelante y acogiéndose a lo que la reforma laboral les permite".



ANDALUCIA

Los vigilantes de seguridad privada iniciarán una serie de movilizaciones en protesta contra la bajada salarial que están sufriendo en las últimas semanas, que consideran un "chantaje" de la patronal de empresas de seguridad (Aproser). La mayoría de las grandes compañías están rebajando el sueldo a sus empleados y se han salido de los salarios marcados por el convenio del sector. 

Todos los sindicatos con representación entre los trabajadores de la seguridad privada -UGT, CCOO, STS-A, USO, CSIF y ATES- ofrecieron ayer una rueda de prensa para denunciar las irregularidades que está cometiendo la patronal. 

Las rebajas salariales responden, según las empresas, a que ahora han de cotizar una serie de complementos salariales como pluses y dietas y esto ha llevado a una merma de entre el 2% y el 3%. 

Para los sindicatos, esto no es más que un "chantaje", ya que para que una empresa pueda descolgarse del convenio ha de hacerlo estrictamente porque atraviese una situación delicada económicamente. "Que todas las empresas del sector se pongan de acuerdo para hacerlo al mismo tiempo es sospechoso", expuso el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Seguridad en Andalucía (STS-A), Antonio Fernández Acacio, que pidió a las centrales con presencia en la mesa de negociación -CCOO, UGT y USO- que no firmen convenios por provincias que puedan bajar el sueldo marcado en el acuerdo estatal. 

Los representantes sindicales del sector anunciaron que mañana viernes habrá una concentración a las puertas de la sede de la patronal, en el edificio Galia Puerto. El próximo 17 de febrero los vigilantes organizarán una caravana informativa y acudirán a las sedes de los principales clientes, como la Junta de Andalucía y la Universidad de Sevilla, para explicarles la situación en la que se encuentran. Los sindicatos recuerdan que un vigilante cobra una media de 900 euros al mes y que en los últimos años han sufrido bajadas salariales.


GALICIA

Protestaron contra la aplicación de ERE y el descuelgue de convenios, que significará rebajas salariales de hasta el 30%

Vigilantes de seguridad de diferentes empresas del sector se concentraron esta tarde delante de la sede de Prosegur, que cuenta con una plantilla en Lugo de 60 trabajadores, ante el próximo ERE que pretende negociar la empresa. 

Se sumaron trabajadores de otras compañías del sector que están dispuestas, al igual que Prosegur, a descolgarse del convenio nacional del sector lo que, en algunos casos supondrá una reducción del 30% de los salarios. La movilización la convocaron CIG, UGT, Comisiones Obreras y USO.


BIZKAIA

Trabajadores de seguridad privada Se han concentrado, esta mañana, frente al Ayuntamiento de Bilbao y han convocado diversas manifestaciones para los próximos días.
                       
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NAVARRA

Trabajadores del sector de seguridad privada se han concentrado esta mañana frente a la empresa Securitas Seguridad España, situada en el polígono Agustinos, para denunciar el proceso de descuelgue del convenio sectorial que están llevando a cabo empresas del sector.

El convenio de seguridad privada actual, con vigencia 2012-2014, contemplaba una modificación en 2013 del plus de transporte y vestuario, que supuso que los trabajadores cobraran ese año 282 euros menos, informa CCOO en un comunicado.

Se acordó en la firma del convenio una subida económica para el 2014, pero según el sindicato los empresarios del sector "una vez más incumplen lo acordado y mantienen su actitud de no aplicar las tablas económicas del 2014 sino las del 2013".

La Federación de Servicios Privados de CCOO de Navarra entiende que la propuesta de mantener vigentes las tablas del 2013 "no puede trasladarse a los trabajadores, que ven cómo aumenta el coste de la vida" y en ese sentido solicita a la patronal y empresas del sector que cumplan el convenio firmado y no se descuelguen.

Si no se avanza en la negociación, el próximo 14 de febrero los trabajadores volverán a concentrarse frente a otras empresas de seguridad privada, como Eulen o Prosegur.



CANARIAS

Unos 300 trabajadores del sector de la seguridad privada y de los servicios auxiliares se han concentrado este viernes en la Plaza España de Palma en contra de los descuelgues del convenio que provocan la reducción de su salario.

El secretario general de la Federación de Servicios Privados de CCOO, Miquel Ángel Pardo, ha censurado la actuación de la Administración porque, según ha dicho, es la responsable de que las contratas se realicen a la baja y, que desde hace cuatro años, se haya producido una merma económica en sus salarios del 6 por ciento.

Según ha señalado, durante la concentración de este viernes, la patronal estatal se ha descolgado del convenio actualmente en vigor debido a la nueva reducción de su salario planteada.

Durante el acto, se han podido leer carteles "Somos vigilantes, no animales", entre otros.


ARAGÓN

Los trabajadores de la seguridad privada aragonesa se movilizan contra las "malas prácticas" de la patronal, ha informado Comisiones Obreras (CC.OO.) en Aragón.

La protesta se ha convocado por UGT y CC.OO. para el jueves, 13 de febrero, a las 18.00 horas, en la plaza de España de Zaragoza, y finalizará frente a la sede de Delegación del Gobierno en Aragón.

El objetivo de esta manifestación, según los sindicatos, es trasladar a la opinión publica el rechazo de los trabajadores de la seguridad privada a los sucesivos descuelgues y ERE aplicados por la patronal del sector, "al amparo de la reforma laboral aprobada por el Gobierno".

UGT y CC.OO. han criticado esta "mala praxis" de la patronal que como en el caso de Prosegur ha supuesto un ERE que empeora "notablemente" las condiciones laborales y el salario de sus trabajadores.

La representación de los trabajadores reclama mayor "estabilidad y profesionalidad" para el sector de la seguridad privada, un convenio estatal que proporcione garantías a los trabajadores.

Asimismo, los sindicatos han recordado también al Gobierno que tras las reformas realizadas en el sector, los vigilantes pueden realizar su trabajo en la vía pública y es por ello, por lo que no debería permitir los abusos cometidos por la patronal que perjudican notablemente su labor profesional.


BARCELONA

Unos doscientros trabajadores de diferentes empresas de seguridad privada se han concentrado hoy frente a la sede de Fomento de Trabajo, en Barcelona, contra el "descuelgue del actual convenio de Seguridad Privada" y la rebaja de sus condiciones salariales que, según denuncia Comisiones Obreras, pretenden llevar a cabo las compañías del sector.

Según los datos ofrecidos por el sindicato, los trabajadores de este ámbito vienen soportando desde hace algunos años pérdidas de poder adquisitivo, ya que entre 2009 y 2012 han tenido una subida del 2,34% pero en el 2013 han visto rebajadas sus nóminas en un 3,13% al suprimirse el plus de transporte y de vestuario en las pagas extras. Durante la concentración algunos trabajadores han lanzado huevos contra la fachada de Fomento de Trabajo.




VALENCIA

  • Los sindicatos CCOO y UGT han convocado hoy una concentración frente a la Delegación de Gobierno de Valencia ante la situación de desregularización del sector. 
  • Denuncian que las empresas de seguridad se están descolgando del convenio, con la consecuente pérdida de derechos laborales y económicos de las plantillas.
Protesta ante el incumplimiento del convenio y la pérdida de derechos laborales.

La Agrupación de Seguridad Privada de CCOO Valencia y UGT Seguridad han convocado hoy una concentración de trabajadores ante la Delegación del Gobierno de Valencia. Centenares de trabajadores y trabajadoras han protestado contra la desregularización del sector de seguridad y la pérdida de derechos laborales y económicos de los trabajadores.

Las empresas del sector de Seguridad (Prosegur, Securitas, Segur Ibérica, etc.) se están descolgando del Convenio estatal de aplicación, poniendo como excusa la crisis cuando algunas de ellas están teniendo beneficios de centenares de millones de euros. La patronal pretende despedir a centenares de personas, modificar las condiciones de trabajo (realizar más horas de jornada), abaratar el salario o trasladar el coste de la cotización del transporte al trabajador o trabajadora. En definitiva, aplicar la reforma laboral para aumentar aún más sus cuantiosos beneficios, a costa de la pérdida de los derechos sociales y económicos.

CCOO y UGT afirman que ante esta situación los trabajadores han dicho “basta”, ya que en 2013 ya aceptaron y sufrieron una reducción de salario a cambio del compromiso de mantener el empleo, que no se ha cumplido.

Responsabilidad de la Administración

Los sindicatos consideran que las administraciones públicas son corresponsables, pues permiten estas actuaciones de las empresas y que se beneficien con dinero público, mientras baja la calidad del servicio y se elimina el empleo. Las empresas quieren crear un trabajo de bajo coste para así, al amparo de la próxima Ley de Seguridad Privada, obtener mayor beneficio.


CIUDAD REAL


Los sindicatos UGT, CCOO y USO se han unido en defensa del sector de la seguridad privada y en contra de la decisión de distintas empresas de descolgarse del convenio por el que actualmente se rigen los alrededor de 1.000 trabajadores que hay en este sector en la provincia.

Por ello, en la tarde de ayer protagonizaron la primera concentración en la plaza del Pilar e indicaron que era «el inicio» de las movilizaciones en protesta por la actitud que estaba teniendo la patronal, que pretende el descuelgue del convenio estatal «a raíz del plus del transporte» que el Estado comunicó que iba ser cotizable y que ha hecho que las empresas anuncien que no pueden asumirlo y que deben que ser los trabajadores quienes hagan frente al mismo, según indicó José Luis Cobos, responsable de Seguridad Privada regional de UGT. 

Sin embargo, para los sindicatos, se trata de «una excusa» que se suma a la congelación del salario que vienen padeciendo los trabajadores que, además, han visto cómo se ha modificado en tres ocasiones las condiciones del convenio y «no ha sido respetado» por la patronal, según indicó Alejandro Jiménez, representante de CCOO.

En el mismo sentido se pronunció Belén del Álamo, secretaria de Acción Sindical de UGT y quien criticó que la patronal les viene «engañando a lo largo de tres años» y que ahora hay empresas que ya han comunicado el descuelgue del convenio a sabiendas de que el sector de la seguridad privada tiene «dificultades para movilizarse», aunque insistieron en su intención de impulsar una campaña de movilizaciones siguiendo la línea de protestas que se promuevan desde Madrid o Barcelona.

Por su parte, Javier Acero, representante de USO criticó que desde las empresas «se escudan» en la crisis para mermar los derechos de los trabajadores y subrayó la profesionalidad de los empleados de este sector, de la que se benefician, principalmente, las administraciones públicas.

Así lo puso de manifiesto tras reconocer que el descuelgue es una posibilidad que contempla la ley. Ello implicaría que el sueldo de los trabajadores se fijaría en la negociación con cada empresa, partiendo del mínimo del salario mínimo interprofesional, detallaron.

Documentación relativa al convenio de la empresa Eas.

Ante las dudas surgidas en relación al proceso de negociación del convenio de la empresa Eas Tecno System y a la actuación de los representantes del sindicato Csif, para aclarar todas las dudas, publico la documentación correspondiente al proceso.

Como veréis fueron los delegados del Csif los que solicitaron la apertura de las negociaciones y los que se encargaron de todo el proceso, firmando un acuerdo de empresa en unas condiciones salariales lamentables para todos sus compañeros.

                                
     Solicitud Csif negociación          Propuesta comité            Propuesta empresa
                                          

CC.OO, UGT y CSIF de Cantabria convocan una concentración el viernes contra los "incumplimientos" del convenio de seguridad privada

CC.OO, UGT y CSIF han convocado una concentración el próximo viernes, 7 de febrero, a partir de las 11.00 horas, frente a la Delegación del Gobierno en Cantabria para protestar contra el "descuelgue" y los "incumplimientos" que, a su juicio, se vienen produciendo del convenio colectivo de las empresas de seguridad privada.

En un comunicado, los tres sindicatos han instado a las empresas de seguridad privada a respetar el actual convenio vigente y que todos los trabajadores mantengan sus derechos y unas condiciones laborales "dignas", tal y como está establecido.

Han denunciado que, a pesar de que durante los últimos años estas empresas "han obtenido grandes beneficios", las compañías han ido "recortando los sueldos y empeorando las condiciones laborales de un sector castigado por sí solo".

Los sindicatos convocantes han solicitado que el resto de los sindicatos que tienen representación en el sector se sumen a la concentración del viernes y les han exigido que "no firmen ningún acuerdo con las empresas que empeoren las condiciones recogidas en el convenio sectorial".

Nueve meses de cárcel para un vigilante de seguridad de un pub albaceteño por agredir a una joven.

Un portero de un pub de la zona del campus albaceteño tendrá que pagar 2.103 euros a una joven a la que agredió, hecho por el que ha sido también condenado a una pena de nueve meses de prisión.

Un portero de un pub de la zona del campus albaceteño tendrá que pagar 2.103 euros a una joven a la que agredió, hecho por el que ha sido también condenado a una pena de nueve meses de prisión. 

Según recoge la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Albacete, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha quedado probado que, sobre la una de la madrugada del sábado 11 de junio de 2011, la joven agredida se encontraba bailando en el pub en el que el acusado, G.M.V., trabajaba allí de vigilante de seguridad. 

En un momento dado, el acusado se acercó a la denunciante, la cogió fuertemente del brazo izquierdo y la empujó contra una diana, donde se golpeó la cara. A continuación, la sacó al vestíbulo, zarandeándola, y de ahí a la calle, donde le golpeó la cabeza contra una pared y la empujó entre dos motocicletas.

A consecuencia de esta agresión, la joven sufrió hematomas en ambos brazos, en la espalda y en la cara, así como un esguince en el tobillo derecho, lesiones de las que tardó 22 días en curarse.

Concentración de vigilantes de seguridad en Madrid.

Debido a la intención patronal de renegociar el Convenio Colectivo en términos inasumibles para los trabajadores y ante los descuelgues, despidos y modificaciones planteados por las grandes empresas del sector, que desencadenaran una pérdida de condiciones laborales y salariales de todos los trabajadores del sector.

Os convocamos a la concentración en la sede de Aproser, C/Marqués de Urquijo nº 5, el próximo día 7 de Febrero, de 09.30 a 11.00 horas.


EL FUTURO DE LA PROFESION DEPENDE DE NUESTRA FUERZA Y LA UNION QUE DEMOSTREMOS.


LUCHA POR TUS DERECHOS

DAR LA MAXIMA DIFUSION A LA CONCENTRACION

Segurisa comunica su intención de descolgarse del convenio.

Una empresa gallega de seguridad, la primera en bajar un 30 % los sueldos.

Alcor Seguridad, una compañía con 500 empleados en la comunidad y que lleva la seguridad de la Ciudad de la Cultura, tiene vigente desde el pasado verano un nuevo convenio.

El vertiginoso proceso de devaluación salarial al que se enfrentan los 4.500 empleados del sector de la seguridad en Galicia, en el que las empresas se están descolgando del convenio marco estatal, tiene en una firma de Monforte a su principal exponente. Alcor Seguridad, una compañía con 500 empleados en la comunidad gallega y que lleva la seguridad de la Ciudad de la Cultura, tiene vigente desde el pasado verano un nuevo convenio. Y ha sido la primera en Galicia en acometer un duro ajuste en las condiciones de sus empleados.

Entre la reducción del salario base y la aplicada en algunos complementos, los trabajadores de Alcor perciben ahora unos 300 euros menos cada mes. Con todas las retribuciones prorrateadas, cobran poco más de mil euros al mes (12 mensualidades). La paga de beneficios ha sido eliminada.

Mientras las asambleas se suceden por toda Galicia en un sector contra las cuerdas por las armas que otorga a las empresas la nueva reforma laboral, el propietario de Alcor Seguridad, Carlos Somoza, explicaba ayer que lo ocurrido en su compañía «no es más que un ajuste que impone la demanda del mercado».

Las Administraciones, en su afán por reducir el gasto corriente ante la brusca caída de ingresos, han bajado el gasto de vigilancia de los edificios públicos. Y tanto el sector público como las empresas están sacando los concursos cada vez más ajustados de precio. «En este contexto no nos queda otra que cambiar condiciones para garantizar la viabilidad de la firma y así lo han entendido los trabajadores», recuerda Somoza.

Desde algunos sindicatos consideran que el ejemplo de Alcor tendrá un efecto de arrastre sobre un sector donde todas las compañías, tanto grandes como medianas, ya han anunciado su intención de ir hacia convenios de empresa.

«Por el arco del triunfo»

«Muchas firmas, en los últimos tiempos, en mayor o menor medida, se han estado pasando el convenio marco estatal por el arco del triunfo: y los sindicatos lo sabían, lo han permitido y lo han consentido. Así de claro lo digo. Nosotros hemos firmado un convenio para que se cumpla y se adapte al mercado», sostiene el propietario de Alcor.

Los representantes de los trabajadores en Galicia, en este contexto, culpan a las Administraciones y organismos públicos de generar las condiciones de abaratamiento para que las empresas de seguridad inicien un camino de devaluación que tiene pocos precedentes en otras actividades.

El vigilante; al que amenazaron de muerte, sorprende «in fraganti» a tres encapuchados que entraron en una depuradora de Cambados (A Coruña).

Tres personas encapuchadas entraron en la madrugada del domingo al lunes en una depuradora de mariscos de Castrelo (Cambados) y amenazaron de muerte al vigilante para que les dijese donde estaba oculto el dinero y la combinación de la caja fuerte. Finalmente, los ladrones se marcharon sin hacer daño al trabajador y con un botín consistente "en unas pocas monedas", según uno de los responsables de la empresa, Antón Cordal.

Los hechos sucedieron sobre la una de la mañana. "El vigilante suele llegar antes -explica Cordal-, pero ese día se da la circunstancia de que se quedó dormido y se retrasó un poco". Al parecer, nada más llegar ya se encontró en el patio a una persona, con el rostro cubierto, y al lado de una escalera de la propia empresa, colocada bajo una de las ventanas de la oficina, que está a cuatro metros de altura.

"Tenía un destornillador en la mano y lo amenazó", añade el empresario. Según éste, el ladrón pidió al vigilante la combinación de la caja fuerte y le preguntó dónde se ocultaba el dinero. Además "le dijo que si llamaba a la policía lo matarían", le quitó el teléfono móvil y se lo rompió. Según manifestó posteriormente el vigilante, el hombre que le amenazó no hablaba en gallego ni tenía acento español. "Se cree que podía ser una persona del Este de Europa", explica Antón Cordal.

A los pocos minutos de entrar el vigilante, sin embargo, los ladrones decidieron irse. Mientras el que amenazó al guarda esperaba abajo, otros dos habían subido por la escalera y entrado a las oficinas a través de una ventana "que abrieron sin demasiadas dificultades", señala el responsable de la depuradora.

Parece ser que en cuanto supieron que el vigilante había llegado se pusieron nerviosos y que intentaron salir por dentro de la nave "porque quisieron echar abajo una puerta a patadas". Pero no lo consiguieron, con lo que marcharon de nuevo por las escaleras y abandonaron la propiedad. Escaparon corriendo a través del monte.

Antón Cordal sostiene que el botín fue muy escaso y cree que "no debían de llevar mucho tiempo dentro porque tampoco desordenaron ni revolvieron demasiado". En cuanto al vigilante, un hombre de unos 35 años y de los más veteranos de la empresa, "se encuentra afectado, pero le estamos dando apoyo entre todos porque en estos momentos hay que trabajar".

Perros amedrentados

Para acceder a la nave de Mariscos Cordal hay que saltar un pequeño muro. Los dueños de la empresa tienen en el recinto cinco perros, entre ellos mastines y pastores alemanes, y Antón Cordal sostiene que "debieron hacerle algo a los perros, porque estaban como amedrentados".

La empresa lleva más de 15 años en su ubicación actual, en O Facho (Castrelo) y según Antón Cordal "es la primera vez que nos entran en la nave en sí". Pero hace un año ya sufrieron otro robo, cuando una o más personas accedieron al interior del recinto y robaron el gasoil de los camiones aparcados. También entonces lo hicieron aprovechando el momento en el que no había vigilancia nocturna. "Se ve que controlan antes para saber los horarios de los vigilantes", concluye el empresario.

Concentración de vigilantes de seguridad en Sevilla.

Un sindicato informa de la reunión de Mesa Negociadora del Convenio de Seguridad Privada que tuvo lugar el pasado día 17 de enero y de las consecuencia de la decisión de la patronal de realizar descuelgues salariales.

La patronal de Seguridad privada dejaba constancia en dicha reunión por escrito sus intenciones de realizar descuelgues generalizados e incumplir la subida salarial pactada para este año 2014, empleando para ello todas las armas que la destructiva reforma laboral les pone en su manos.

Los sindicatos presentes en el sector de la Seguridad Privada en Andalucía (UGT, CCOO, USO, CSIF, SPV, STSA y ATES) en coordinación con las Federaciones Sindicales Estatales, en reunión celebrada el pasado 29 de enero en Sevilla, convocan CONCENTRACIÓN a nivel regional el próximo 7 de febrero a la 9:30 horas, dicha concentración tendrá lugar en la sede Aproser Andalucía, situada en la Carretera de la Esclusa Edificio Galia Puerto Sevilla.

El sindicato insiste en que los descuelgues ya han comenzado. Se inician en Securitas Seguridad España,S.A, Segur-Ibérica y Prosegur dando así el pistoletazo de salida.

Waldo Marín , responsable de la Federación de Servicios de UGT Sevilla se muestra rotundo en sus afirmaciones “No vamos a permanecer impasibles, ha llegado la hora de la UNIDAD de todos los trabajadores/as y de sus sindicatos, para enfrentarnos con determinación contra los enemigos del sector que son el Gobierno y sus malditas Reformas Laborales, y una Patronal inmoral que traslada todo el costo de la crisis a sus trabajadores”.

Los sindicatos convocantes planteamos la UNIDAD DE ACCIÓN como instrumento imprescindible para hacer frente al ataque frontal que estamos sufriendo, con una Patronal de corta visión empresarial y que pretende destruir el Convenio Colectivo y el Sector, con políticas de rebaja de precios que incurren en bajas temerarias y coadyuvantes del Dumping Social y Laboral.

FES- UGT traslada calendario de MOVILIZACIÓN Y CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR DE SEGURIDAD PRIVADA a toda la opinión pública, así como las impresentables propuestas de esta leonina patronal.

El vigilante de seguridad que mató a un camarero en Ibiza afirma que le vio vendiendo droga.

El acusado, un experto en artes marciales portugués, reconoce la agresión, pero asegura que no tuvo la intención de matar.
La fiscalía reclama 15 años por este homicidio en Eivissa, mientras que la defensa cree que se trató de una imprudencia

Homicidio o imprudencia con resultado de muerte. El jurado popular deberá decidir si Paulo César Martín Baptista, un experto en artes marciales portugués, que está acusado de matar a un compañero de trabajo, cometió uno de estos dos delitos. La fiscalía se decanta por imputarle un homicidio, al igual que la acusación particular, y le reclama una pena de quince años de prisión. La defensa acepta la agresión, pero niega la intención de matar. El jurado dispone de una grabación, donde se muestra la agresión, para alcanzar un veredicto.

Estos hechos ocurrieron en Eivissa el día 19 de agosto de 2011. El acusado trabajaba como jefe de seguridad en la discoteca de un hotel de Eivissa. Había conseguido el trabajo utilizando una identidad falsa. Tras ser condenado por extorsión en Portugal, había huido de su país y se escondió en la isla. Según la acusación, el vigilante de seguridad mantuvo una primera discusión con Abel Ureña, la víctima, que trabajaba de camarero en el hotel. Le propinó un primer puñetazo cuando la víctima estaba recogiendo las mesas de la zona VIP. Minutos después volvió a golpearle por segunda vez. La agresión se produjo en la zona de descanso del personal. El vigilante entró en la habitación y al tiempo que gritaba "lo mato, lo mato", lanzó un golpe directo a la cabeza del camarero.

La víctima perdió de inmediato el conocimiento y no lo volvió a recuperar. Fue ingresado en un hospital de Eivissa. Cuando llevaba 20 días en coma sufrió una hemorragia masiva en el cerebro y murió. El acusado tuvo tiempo más que suficiente para huir. De hecho, el mismo día de la agresión, consciente de la gravedad del golpe, compró un billete para viajar a Barcelona. De allí huyó a Holanda, donde fue detenido meses más tarde.

El acusado, que negó que fuera un experto en artes marciales como sostiene la acusación, explicó al jurado el motivo que le llevó a pelearse con el camarero. Detalló en su declaración que sorprendió a Abel Ureña cuando estaba entregando unos sobres a unas clientas y ellas le daban algo a cambio. Interpretó que se trataba de una venta de drogas. Afirmó que le pidió explicaciones al camarero y le exigió que le mostrara lo que escondía en la mano. No quiso hacerlo y tuvo que forzarle. Tenía un billete de 100 euros. "Me dijo que era una propina de una clienta". El acusado obligó a Abel a que le acompañara. Buscó a un encargado de la sala, para explicarle lo que había visto y proponerle que le despidieran por dedicarse a vender droga.

Sin embargo, según su versión, fue una sorpresa que su propia novia le pidiera que se replanteara la decisión. "Me confesó que había sido ella quien le había propuesto a Abel que vendiera esa droga". Aún así, le contó al jefe de la sala lo que había visto. El acusado interpretó que existía una cierta connivencia entre Abel y el otro empleado, porque se reían de la situación y el responsable no mostró ningún interés en despedirle. El acusado confesó que se sintió humillado y le propinó un manotazo en la cara a Abel, que cayó al suelo. Instantes después volvió a golpearle. Esta vez le propinó un fuerte puñetazo. La agresión al camarero fue recogida en el vídeo de seguridad.

Trablisa y Garda comunican su intención de descolgarse del convenio.

                                     

                                       Trablisa                                      Garda

Comunicado de CC.OO. sobre el acuerdo en Eas.

Comunicado de la secretaria de Acción Sindical de la Federación Estatal de Servicios privados de CC.OO. sobre la actuación del sindicato Csif en la empresa Eas Tecno Systems.

Revista Noticias Diversas nº 4, Enero 2014.

Revista digital número 4 de Noticias Diversas con información sobre nuestros sectores y acontecimientos de actualidad.

La reforma laboral pone contra las cuerdas a 4.500 empleados de seguridad en Galicia.

Las empresas se descuelgan en Galicia del convenio estatal y plantean bajadas de sueldo que alcanzan hasta el 30 %.

Las principales empresas que operan en el sector de la seguridad privada en Galicia han empezado a descolgarse del convenio colectivo marco estatal, vigente hasta finales del 2014. Amparadas en la controvertida reforma laboral aprobada por Rajoy, las compañías plantean modificaciones de horarios y bajadas salariales que, en algunos casos, alcanzan ya el 30 %. Una situación que afecta en la comunidad a 4.500 trabajadores.
Las asambleas entre sindicatos y trabajadores se están sucediendo por toda Galicia. Y el escenario no es muy alentador: el objetivo, para el 2015, finalizada la vigencia del marco estatal, es que cada compañía tenga su propio convenio y se elimine la práctica de la subrogación, muy arraigada en este sector. Es esto lo que permitía que al cambiar la concesión de la seguridad de un edificio, los trabajadores pasasen a la nueva empresa manteniendo sus condiciones. En la práctica, una garantía de empleo. «Estamos ante una situación muy delicada, indefensos por los cambios de la reforma laboral y con miles de trabajadores en Galicia en una situación de incertidumbre», sostiene Enrique Llames, de CC.OO. Los empleados gallegos de empresas de seguridad, un sector donde operan firmas como Prosegur, Vinsa, Seguriberica, Eulen o Prosenorsa, entre otras, aguardaban este año una mejora de las condiciones, pero ha sucedido todo lo contrario.
Cuando se inició la crisis, las empresas y sus plantillas acordaron una congelación salarial, que estaba vigente desde el 2007. El pasado año 2013 se les redujo el sueldo un 1,87 % (una cantidad equivalente a 237 euros al año) y este 2014 los trabajadores aguardaban recuperar un 2 % y la bajada que se había aplicado el año anterior. Nada de eso ha sucedido. En las modificaciones que se están aplicando en los descuelgues del convenio juegan un papel determinante las ampliaciones de horario. La reforma legal de Interior, que otorga a los guardias de seguridad competencias antes reservadas a las policías, aventura una mayor carga de trabajo con menor sueldo, según denuncian los sindicatos.
Con el convenio marco estatal, un empleado de seguridad privada cobra 15 pagas anuales de 1.036 euros brutos y algunas empresas, que han visto sus ingresos muy reducidos, están rebajando hasta 300 euros.

El TSXG anula el listado de trabajadores incluidos el ERE de extinción de Securitas en Pontevedra.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dictado sentencia en la que se anula el listado de trabajadores de la provincia de Pontevedra de la empresa Securitas Seguridad España incluidos en un Expediente de Regulación de Empleo de carácter extintivo, que afectaba a 28 empleados (de una plantilla total de 178).

El acuerdo para la aplicación del ERE, que inicialmente fue suspensivo, se firmó en mayo pasado, después de que la empresa y los representantes de los trabajadores hubieran pactado los criterios para seleccionar a los empleados que integrarían esa lista de despedidos.

Así, el acuerdo contemplaba que se incluiría preferentemente a trabajadores que acumulasen sanciones, que presentasen alto absentismo, que hubieran protagonizado incidencias o estuvieran afectados por rotaciones solicitadas por los clientes.

Veinte afiliados de 28 despedidos

Sin embargo, según ha explicado la CIG en una rueda de prensa, la empresa presentó un listado de 28 personas en las que no se cumplían esos criterios y en la que, además, «la CIG resultaba excesivamente perjudicada». De hecho, 20 de los incluidos eran afiliados de este sindicato.

La central nacionalista denunció este hecho ante la Inspección de Trabajo, y la empresa elaboró una nueva lista en la que, no obstante, seguía habiendo 16 afiliados de la CIG. Por ello, el sindicato recurrió a los tribunales, que ahora le han dado la razón.

Tras la anulación de ese listado, Securitas (que tiene cinco días para presentar un recurso de casación ante el Supremo) debe reincorporar a esos trabajadores, que han estado cobrando de organismos públicos al haber estado en situación de ERE y luego en el paro.

Vulneración de derechos

El responsable de negociación colectiva de CIG-Servizos, Pedro Pérez, ha puntualizado que el sindicato no se opone a la aplicación del ERE, pero sí a la forma en que se elaboró el listado, porque vulnerar el derecho de libertad sindical de los afectados.

De hecho, en la sentencia del TSXG, se pone de manifiesto que la empresa incumplió los criterios pactados para seleccionar a los trabajadores que serían despedidos, y considera que «hay indicios racionales de discriminación sindical».

Nueva lista

«El problema ahora es que no sabemos cómo va a elaborar la nueva lista, ni qué va a pasar con los trabajadores afectados, con sus cotizaciones, o con las prestaciones que percibieron», ha apuntado Pedro Pérez, quien también ha recordado que el conflicto se agravará por las actuales tensiones en la negociación del convenio colectivo y el 'descuelgue' de la empresa.

El anuncio de Securitas de que necesitaba recurrir a un ERE en la provincia de Pontevedra por causas «organizativas y productivas» se produjo en abril de 2013, pocos días después de que Pescanova prescindiese de 21 trabajadores de esta empresas que realizaban servicios de seguridad y auxiliares en la pesquera.

El modelo de seguridad privada de Castellón en las cárceles se extiende al resto de cárceles españolas.

El Ministerio del Interior prevé exportar el modelo de Castellón de vigilancia privada en el perímetro de los centros penitenciarios al resto de cárceles españolas. El modelo comenzó a funcionar el pasado 7 de mayo en las dos cárceles de la provincia como plan piloto. Ahora, el Gobierno central ha decidido que se extienda a la totalidad de los centros penitenciarios, algo que está contemplado en la nueva ley de seguridad privada que prepara el Gobierno. En España hay un total de 68 centros penitenciarios.

El modelo comenzó a operar en 21 prisiones españolas, incluidas Castellón y Albocàsser. Inicialmente estaba previsto que funcionara durante nueve meses. Ahora ha decidido prorrogarlo cinco meses más. Además, tiene previsto que el mismo se amplíe al resto de cárceles españolas en los mismos términos que ya se venía aplicando en Castellón y Albocàsser, según fuentes del Ministerio del Interior.

En la provincia de Castellón dos empresas privadas se encargan de esta vigilancia perimetral, Ombdus, en Albocàsser, y Segur Ibérica, en Castellón con un total de 27 guardias jurados, que efectuaron un curso de formación.

Desde el Ministerio explican que los funcionarios de prisiones y la Guardia Civil siguen prestando las mismas funciones que venían realizando hasta ahora; por tanto, no se han desviado agentes de la Guardia Civil fuera de las cárceles para vigilar las calles. “Las empresas privadas prestan labores auxiliares de vigilancia”, según las mismas fuentes.

Estos guardas jurados no asumen las conducciones de presos, a cargo de la guardia civil, ni tienen contacto con los internos, misión que compete a los funcionarios de prisiones. Los guardias civiles tutelan a los guardas de seguridad en las cárceles controlando los accesos a las prisiones y el circuito de videovigilancia.

Uno de cada cinco de estos guardas que comenzaron a trabajar en Castellón era anteriormente escolta en el País Vasco.