Santander y BBVA recortan los gastos en seguridad privada por la debilidad de ETA

Los dos grandes bancos del país han reducido drásticamente una de las partidas más blindadas y hasta ahora intocables: los gastos de seguridad y vigilancia personal de la cúpula. La percepción –verdadera o no-- de que el peligro terrorista ha desaparecido casi por completo en España ha llevado al Banco Santander y BBVA a suprimir coches blindados y escoltas para la mayoría de consejeros del banco que hasta ahora disfrutaban de este servicio. Sólo se han salvado de los recortes los presidentes Emilio Botín y Francisco González, según ha podido saber Economía Digital.

Los expresidentes y consejeros de Banco Santander, que hasta hace pocos años contaban con coches blindados y escolta, se han quedado sólo con un coche convencional con conductor. 

La medida ya había afectado a los últimos consejeros de la entidad, como Francisco Luzón, que fue expulsado el año pasado por intentar hacerse con la presidencia del banco y José María Amusátegui, ex presidente del Banco Central Hispano, que también se quedó sólo con un chófer. 

Seguridad de Estado 

El fuerte aparataje de seguridad de los principales bancos del país fue diseñado en los años de mayor actividad de la banda terrorista ETA. Cada banco contaba entonces con unos 40 escoltas, la mayoría con formación de élite y procedentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, la Casa Real, los GEO y la Policía Nacional. Ahora, la cifra se ha reducido a poco más de 15 escoltas en cada banco. 

Las entidades bancarias no escatimaron gastos para adquirir coches blindados Mercedes, Audi y Lexus y establecer servicios de vigilancia las 24 horas en domicilios de los consejeros con escoltas y casetas de seguridad. El BBVA, que antes contaba con policías en excedencia, dispone ahora de los servicios de la empresa privada Prosegur. 

Refuerzo en el exterior

En el primer banco de España, Emilio Botín es el único que continúa con la seguridad extrema y no viaja en otro coche diferente a sus Mercedes blindados en la fábrica de Alemania (no se fía de las plantas certificadas para hacer el mismo trabajo en Italia). También siguen disfrutando de coche blindado todos los miembros de su familia. 

Y aunque en España la seguridad se relaja, cada vez que Botín viaja a América Latina solicita intervención de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Jamás sale de noche y los únicos recorridos que repite son los que le conducen al aeropuerto, el hotel y las sedes bancarias.

Fuente: economiadigital.es

Laudo sobre Alerta y Control por su petición de descuelgue del convenio sectorial.

El arbrito designado por la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos ha dado la razón a la empresa Alerta y Control para que esta pueda inaplicar el Convenio Colectivo Estatal de la Empresas de Seguridad Privada.

                                      

             Comunicado CC.OO. Cantabria                 Acceso al laudo

Altercado de los escoltas de Aznar con los vigilantes de seguridad del TSJ de Madrid

Los escoltas del expresidente del Gobierno, José María Aznar, provocaron un grave altercado con personal de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la tarde del pasado viernes.Los agentes que custodian a Aznar quisieron entrar por la fuerza en el párking del TSJ, mientras su protegido estaba en un acto privado en la calle General Castaños, muy cerca de la calle Génova.

Todo comenzó cuando los agentes, con el coche blindado oficial, quisieron entrar en el garaje sin la debida autorización, por las buenas. Los vigilantes del TSJ les impidieron la entrada, lo que puso de mal humor a los escoltas de Aznar, que aducían que pertenecían a Presidencia del Gobierno y podían entrar donde mejor les pareciera para la seguridad de su protegido, que no estaba presente. Para reforzar su tesis, llamaron a la célula de seguridad de Moncloa, que acreditó que eran agentes destinados a la custodia de personalidades, en este caso José María Aznar.

Los vigilantes del TSJ también pidieron instrucciones a la superioridad, que les respaldó en su negativa: allí no entraba el coche de Aznar.

Cuando el incidente amenazaba a pasar a mayores, los escoltas desaparecieron a toda velocidad por una razón de lo más inesperada.Por la zona apareció un fotógrafo de prensa. Había que evitar a toda costa una imagen de pelea, que es lo que estaba a punto de pasar.

Es habitual ver en Madrid los coches oscuros de cristales tintados y erizados de antenas aparcar en los lugares más inverosímiles… y prohibido. Esta vez no pudieron.

Fuente: estrelladigital.es

El PSOE denuncia irregularidades en la contratación de la seguridad privada del Ayuntamiento de Almería.

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado las irregularidades que viene presentando la contratación por parte del Ayuntamiento de los servicios de seguridad que se prestan por parte de una empresa privada en distintas dependencias municipales en los últimos tres años.

Déborah Serón, concejala del PSOE en el Ayuntamiento, ha asegurado que, si bien el servicio sale a concurso “siempre es prorrogado a la misma empresa, ya que es impugnado por otros licitadores debido a las deficiencias que presenta la convocatoria pública”.

“Hasta en dos ocasiones ha salido el contrato a concurso, las mismas que ha sido impugnado, lo que ha permitido al Ayuntamiento prorrogar el contrato original con esta empresa a la que tiene que pagarle mediante contratos menores, lo que encarece considerablemente el gasto por este servicio”, ha asegurado.

En su opinión, “el PP está impidiendo que el Ayuntamiento se beneficie de la bajada de presupuesto que supone la concurrencia de varias empresas y, por el contrario, prorrogue sine die la figura del contrato menor con una única empresa”.

“No sabemos si trata de incompetencia o habrá otras razones, pero lo cierto es que solo una empresa factura todos los meses como horas extraordinarias servicios que deben estar recogidos en la licitación a la espera de que el Ayuntamiento, bien el área de Seguridad, bien la de Hacienda, convoquen de forma correcta el concurso público para medirse con otras empresas”, ha manifestado.

Por último ha recordado que este tipo de prácticas se observan también en otros servicios municipales como los que se presentan en el Centro de la Mujer o los de la central semafórica y mantenimiento de semáforos, en tanto se resuelve el litigio con la empresa adjudicataria de la Ciudad Digital, Telvent.

Fuente: teleprensa.com

Roban en la sala La Riviera (Madrid) más de 10.000 euros y dejan maniatado al vigilante de seguridad.

Entre tres y cuatro personas robaron al final de la tarde de ayer más de 10.000 euros en la sala La Riviera, ubicada en el Paseo Virgen del Puerto de la capital, donde, además, dejaron maniatado al vigilante, que estuvo más de seis horas hasta que se pudo liberar.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid han confirmado a Europa Press que el suceso tuvo lugar a las 20 horas, cuando tres o cuatro personas abordaron al vigilante cuando se disponía a entrar en la sala de música.

De este modo accedieron al interior, donde forzaron la caja fuerte con una radial y se llevaron entre 10.000 y 12.000 euros, según las mismas fuentes. Los autores huyeron del lugar dejando maniatado al vigilante, que se logró soltar hacia las 2 de la madrugada.

Fuente: Europa press

Herido de arma blanca un vigilante del Hospital Infanta Elena (Huelva).

Un paciente que se negaba a abandonar el hospital hiere a uno de los vigilantes del centro

Agentes de la Policía Nacional han detenido a S.M.R., de 54 años, con antecedentes policiales, tras herir con un arma blanca a unvigilante de seguridad del Hospital Infanta Elena.

El paciente del hospital se negaba a abandonar el centro, los vigilantes hablaron con él y lo acompañaron al autobús. El presunto agresor regresó al centro hospitalario y sacó un arma blanca con la que hirió a uno de los vigilantes.

El detenido junto con el atestado instruido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

Fuente: ABC

Los propios compañeros del agredido redujeron al hombre de 54 años de edad y con antecedentes policiales, que luego fue arrestado y puesto a disposición judicial por agentes de la Policía Nacional.

La Policía Nacional ha detenido ha S.M.R., de 54 años, con antecedentes policiales como presunto autor de las lesiones producidas por arma blanca a un vigilante de seguridad del hospital Infanta Elena.

Los hechos se produjeron cuando el paciente, que había sido dado de alta, se negó a abandonar el hospital. Los vigilantes de seguridad, le convencieron y le acompañaron al autobús, pero regresó y enfurecido trató de agredir con una navaja a uno de ellos que logró esquivarle, pero aún así resultó herido en una mano.

Los agentes de la dotación de un vehículo policial radio-patrulla acudieron a la llamada y procedieron a la detención del individuo que ya había sido reducido por los vigilantes de seguridad del hospital.

El detenido junto con el atestado instruido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

Fuente: huelvabuenasnoticias,com

"Ningún trabajador debe estar en riesgo de entrar en prisión por defender sus derechos"

• Concentración en Madrid en solidaridad con los perseguidos por ejercer el derecho a la huelga
• CCOO y UGT denuncian que "la libertad, 40 años después, está en peligro"

Convocados por CCOO y UGT, varios miles de personas se han concentrado esta mañana en la madrileña Plaza de Callao para denunciar "la ofensiva penal" contra los sindicatos y el derecho constitucional a la huelga y mostrar su apoyo a los más de 265 encausados, para las que el Ministerio Fiscal pide en conjunto un total de 120 años de cárcel, por su participación en huelgas. "Estamos aquí porque la huelga no es un delito, es un derecho que quieren arrebatarnos por la vía de meter miedo utilizando el Código Penal", señaló el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, que denunció el intento de hacer retroceder 40 años la historia de nuestro país.

8 años de cárcel para 8 trabajadores de AIRBUS; 4 años y medio a la secretaria general de CCOO de Baleares; 3 a sindicalistas de Navantia; 2 a un trabajador de Coca Cola, ... a lo que hay que sumar las sentencias condenatorias en Pontevedra, Vigo o Granada, con ingreso en prisión, y la absolutoria en Rioja, son parte de la extensa relación de peticiones de las distintas fiscalías en las causas abiertas contra 265 personas, que para Toxo ponen de manifiesto la “campaña de acoso y derribo” contra el sindicalismo y quienes ejercen su derecho a la huelga, “el principal instrumento de que disponen los trabajadores para defender sus derechos”, como lo definió por su parte el secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún.

“Esto no es tolerable”, aseveró Toxo, al tiempo que denunció la impunidad de que gozan los empresarios. “¿Cuántos están imputados hay por impedir el derecho de huelga o vulnerar los derechos de los trabajadores y trabajadoras? ¿Cuántos empresarios han ingresado en prisión por despedir trabajadores tras presentarse como candidatos en las elecciones sindicales?”, se preguntó.

“Ningún trabajador debe entrar en la cárcel por defender sus derechos”, continuó Toxo, que explicó que los sindicatos están dispuestos a movilizarse y denunciar en todas las instancias nacionales e internacionales la persecución que sufren los sindicatos. En este sentido, exigió al Gobierno, que “es tan diligente en vulnerar derechos que lo sea en proteger a los que luchan para proteger esos derechos”. 

“Sin derecho de huelga no hay democracia”, afirmó Toxo ante los delegados sindicales de ambos sindicatos, trabajadores de empresas con conflictos, como Coca Cola, concejales y diputados de Izquierda que acudieron a primera hora de la mañana a la Plaza de Callao. En su opinión, la democracia está en peligro, el Gobierno quiere acabar con ese derecho pero no se atreve a aprobar una ley restrictiva de huelga, por eso utilizan el Código Penal para reprimir el sindicalismo y limitar derechos. “Esto no es tolerable”, dijo rotundo: “No hicimos un viaje de 35 años por la democracia para ahora perder derechos que han costado sacrificios y años de cárcel”, advirtió.

“La libertad, 40 años después, está en peligro”

Con esta advertencia comenzó su intervención el secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, en la que mandó un mensaje de ánimo a todos los encausados por ejercer el derecho de huelga que es “el principal instrumento de defensa de los trabajadores”.

Cedrún hizo un llamamiento a la sociedad y a las instituciones democráticas para que eviten y corrijan la actuación de fiscales y jueces que juzgan contra la libertad y ha recordado que “todos y todas corremos el riesgo de que nos hagan una instrucción por ejercer el derecho de huelga”. “Debemos evitar que ningún trabajador entre en prisión”, recalcó.

En la concentración, además de los responsables confederales y de Madrid de CCOO y UGT, intervinieron dos sindicalistas perseguidas por participar en la última huelga general, las secretarias generales de CCOO de Baleares y la de de Cantabria de UGT, así como el presidente de la Confederación Sindical Internacional, Joao Felicio, que mostró su apoyo a los sindicatos españoles y defendió el derecho de huelga: “El derecho de huelga es un derecho humano y no puede ser derribado por ningún gobierno”, señaló, criticando en este sentido al Gobierno español, al que calificó de ruin por aliarse con los empresarios y con el capital e ir contra el mundo del trabajo para aprovecharse de la crisis, “una crisis creada por ellos que quieren que paguemos los trabajadores y trabajadoras”.

“Los derechos no se heredan, deben defenderse día a día”

Junto a las voces solidarias, también se pudo escuchar las voces de los perseguidos por la Fiscalía, como la de la secretaria de CCOO de Baleares, Katiana Vicens, que simbolizó en su persona a los otros y otras encausados, algunos de los cuales, como los 8 de Airbus o el compañero de Coca Cola, se encontraban presentes en la concentración. Katiana lanzó un mensaje de compromiso y lucha: “Si mañana convocamos otra huelga, participaré de nuevo en los piquetes”, aseguró. “La gente no puede tener miedo a secundar una huelga porque eso es lo que intentan, amedrentarnos para no participar en ellas”.

Además, recordó, “los derechos no se heredan, deben defenderse día a día porque si no luchamos, lo perdemos todo”. “Prefiero perder unos días de libertad que perder mis derechos para toda la vida”, una afirmación que es toda una declaración de intenciones, con la que concluyó la secretaria general de CCOO de Baleares.

 

                                                           Fuente: CC.OO.

CC.OO. denuncia que los ajustes en la seguridad privada afectan a los juzgados de Extremadura

Los ajustes en el servicio de seguridad privada en las instalaciones judiciales han dejado a los juzgados de Villanueva y Montijo sin ninguna vigilancia, mientras que la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en Cáceres, se ha quedado sin el turno de noche, según denuncian sindicatos y comité de empresa.

Además, han sufrido reajustes en la plantilla los palacios de Justicia de las Audiencias de Cáceres y Badajoz, con una reducción de unas 30 horas semanales, según informan fuentes del comité de empresa de Prosegur, empresa concesionaria del servicio de vigilancia de Justicia en Extremadura.

El reajuste también se ha notado en juzgados como los de Coria y Trujillo, donde la vigilancia está establecida únicamente desde las 9.00 hasta las 14.00 horas.

Las sede judiciales de Villanueva de la Serena y Montijo se han quedado sin vigilancia, mientras que la sede del TSJEx ha sufrido un recorte del 70 por ciento de horas, que suponen unas 10.000 horas menos al año y reducir la plantilla de cinco vigilantes a dos, lo que conduce -según el comité de empresa- a que se incumplan los descansos establecidos.

Por su parte, el secretario de organización de la Federación de Construcción y Servicios Públicos de Comisiones Obreras, Antonio Pino, indica que el sector de la seguridad privada en la región ha sufrido una pérdida del 30 por ciento de los empleos debido a la crisis y que además se enfrenta a "un grave problema de intrusismo laboral".

Ante este panorama se ha impulsado en la provincia de Cáceres la Comisión Mixta de Seguridad Privada a través de la Subdelegación del Gobierno y de la que forman parte el Teniente Coronel de la Guardia Civil, los Jefes de la Policía Nacional, representantes sindicales y academias de formación.

Entre sus funciones se encuentran establecer criterios de homogeneización de actuaciones entre administraciones, intercambiar experiencias, actividades de formación y asesoramiento entre otras.

Uno de los impulsores de la mencionada comisión ha sido el presidente de la Asociación de Directores de Seguridad Privada de Extremadura (Adisex), Alfredo Fondón, quien además hace hincapié en que este organismo servirá "para dar voz al colectivo de trabajadores en seguridad privada" y que luchará "contra el intrusismo y a favor de la profesión".

El presidente de Adisex adelanta que están en conversaciones con la Delegación del Gobierno para crear la Comisión Mixta Regional, que también velará por la figura del director de seguridad privada, obligatoria en infraestructuras críticas como pueden ser la Central Nuclear de Almaraz y el embalse de Alcántara -que están dotadas de esta figura- o los complejos hospitalarios que, en el caso del de San Pedro de Alcántara, no lo tiene.

Fuente: EFE

Informe de la UCSP sobre la inactividad del personal de seguridad privada y renovación de TIP.

Informe de la Unidad Central de Seguridad Privada que refleja su postura ante las numerosas consultas efectuadas al eliminar el periodo de inactividad para el personal de seguridad privada en la Ley 5/2014, de 4 de Abril, de Seguridad Privada, asi como la manera que le afectaria esta supresión a los canjes de los denominados Vigilantes Jurados, con la entrada en vigor de la misma.

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La amenaza de ETA sobre el TAV obligó a gastar 32 millones de euros en seguridad privada en Gipuzkoa.

La amenaza terrorista de ETA sobre las empresas y trabajadores que ejecutan las obras de la red ferroviaria de alta velocidad obligó al Gobierno Vasco y los contratistas a destinar entre los años 2008 y 2012 casi 32 millones de euros en seguridad privada sólo para aquellos tramos ubicados en Guipúzcoa.

La cifra total de dinero público destinado a la seguridad de las obras del tren de alta velocidad (TAV) en el conjunto de Euskadi es mucho mayor, ya que a esos 32 millones de euros hay que sumar los costes de seguridad asociados en los tramos que atraviesan Álava y Vizcaya cuya gestión es competencia de la Administración del Estado.

El Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial facilita esta información en respuesta a una pregunta parlamentaria de EH Bildu. La coalición abertzale pide el dato del dinero invertido para contratar seguridad privada en los tramos de Guipúzcoa de las obras del TAV y cuestiona por las razones que llevaron al Gobierno Vasco a considerar necesario establecer medidas de protección.

La consejera Ana Oregi explica que la decisión de destinar dinero público a garantizar la seguridad de las obras está provocada por ETA y los atentados que perpetró durante 2008 contra diversos agentes ligados a la ejecución de esta infraestructura: "La presión fue creciendo hasta que el 3 de diciembre de 2008 asesina a Inaxio Uria, empresario de la construcción que participaba en las obras".

Oregi subraya a continuación que ETA hizo público en enero de 2009 un comunicado en el que afirmaba que responsables y técnicos del TAV eran su objetivo, justificaba el asesinato de Uria y lo enmarcaba en la "campaña armada" dirigida contra las obras del TAV. Y reproduce algunos de los párrafos del comunicado que no dejan lugar a dudas de las intenciones de la organización terrorista.

ETA, recuerda la titular de Medio Ambiente y Política Territorial, amenazó a través de su escrito a ingenieros, técnicos superiores, responsables o dirigentes de empresas. La banda les pidió que suspendieran las obras y advirtió que mientras en caso de continuar adelante "los citados responsables y sus propiedades serán objetivo de ETA".

ETS gastó 5,5 millones

La contratación de seguridad privada se produjo entre 2008 y 2012, y cesó a partir de entonces una vez constatada la veracidad del anuncio de ETA de finales de 2011 del fin de su actividad terrorista. La sociedad pública Euskal Trenbide Sarea (ETS) afrontó en ese periodo de cinco años un gasto de 5,5 millones de euros para servicios de seguridad y actuaciones preventivas.

A esta cifra, y teniendo en cuenta que sólo se refieren a la seguridad de los tramos guipuzcoanos, hay que añadir los casi 26,5 millones de euros que destinaron al mismo fin los contratistas de las obras, lo que arroja una cifra total de cerca de 32 millones de euros.

El tramo en el que ETS gastó más dinero en seguridad fue Ordizia-Itsasondo, con 4,1 millones de euros, seguido por Legorreta y Tolosa, con 3,4 y 3,5 millones de euros respectivamente. Otros tramos superaron los 2 millones de euros en gasto de seguridad: Bergara-Antzuola, Beasain Oeste, Beasain Este y Tolosa-Hernialde, y el resto quedó por debajo de esa cantidad.

La respuesta parlamentaria de Oregi termina con la confirmación de que "no será necesario disponer de servicios de seguridad" en las obras del TAV "en tanto y cuanto no exista riesgo alguno para la integridad física de las personas, ni riesgo de posibles daños en los bienes relacionados" con este proyecto.

Fuente: Diario vasco

Interior rectifica su ley de seguridad y los vigilantes privados no reprimirán protestas.

El Ministerio del Interior ha introducido nuevos cambios en el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana con la intención de asegurarse la constitucionalidad del texto y rebajar la controversia que habían generado la mayoría de sus artículos, destinados a sustituir toda la legislación vigente desde 1992 sobre la persecución por la vía administrativa de los comportamientos incívicos y los desórdenes públicos. En los próximos días podrían producirse, además, otras modificaciones tras la aprobación del informe del Consejo de Estado, el último de los cuatro órganos consultivos que se han pronunciado sobre la norma.

Según ha podido saber este diario, finalmente, la cartera que encabeza Jorge Fernández Díaz ha dado marcha atrás y ha decidido eliminar del articulado la posibilidad de que los vigilantes de seguridad privada puedan colaborar con las Fuerzas de Seguridad públicas en el mantenimiento del orden durante las manifestaciones y concentraciones. Pero no es el único cambio que Interior ha introducido a última hora. Los menores sancionados por consumo o posesión de drogas podrán evitar la multa si acreditan que están sometiéndose a un tratamiento de desintoxicación. Hasta ahora, el texto no hacía ningún tipo de distinción en función de la edad.

Vigilantes en las manifestaciones

La posibilidad de que las empresas de seguridad privada se encargaran de mantener el orden en las manifestaciones era una de las principales novedades que recogía el anteproyecto de Interior. En la actualidad, sólo los funcionarios de la Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y, en algunos casos, policías locales, están habilitados para poder limitar el ejercicio del derecho de manifestación. Pero el Ministerio pretendía incluir en las facultades del sector de seguridad este otro servicio, siguiendo el espíritu liberalizador de la Ley de Seguridad Privada publicada por el BOE el pasado 4 de abril, que ampliaba considerablemente las capacidades del sector privado de la seguridad.

La fórmula que escogió Interior para atribuir ese servicio a las empresas de seguridad era confusa. Aprovechó el artículo 23, que se refería a la colaboración entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para el mantenimiento de la seguridad en reuniones y manifestaciones, para establecer en su punto segundo que “igualmente, las empresas y el personal de seguridad privada están obligados a colaborar eficazmente” en esa función con Policía, Guardia Civil y otros cuerpos. Aunque no se hacía de forma explícita, ese punto iba a permitir que vigilantes privados reprimieran concentraciones violentas mano a mano con agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP), por ejemplo, una imagen inédita en España.

Y así seguirá siendo. Según fuentes cercanas a la confección de la ley, Interior ha decidido eliminar cualquier referencia a la participación de la seguridad privada en la contención de las protestas en vía pública. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal, dos de los cuatro órganos consultivos a los que Interior envió la norma –los otros dos son la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Estado–, no consideraron que esa ampliación de facultades fuera inconstitucional, pero sí advirtieron de que esa competencia está reservada en exclusiva a los funcionarios. Interior ha tenido en cuenta el aviso.

Desintoxicación de menores

En cuanto al consumo o tenencia de drogas, la última versión del borrador rebaja la sanción para los menores de edad. Según las fuentes consultadas, el texto especificará que los jóvenes que sin haber cumplido los 18 años sean sancionados por utilizar o llevar estupefacientes podrán evitar la multa si demuestran que están en tratamiento para eliminar la supuesta adicción. Valdrá con que presenten un informe firmado por un especialista que acredite que se están sometiendo a un proceso para dejar las drogas. Los menores que no cumplan ese requisito serán tratados a todos los efectos como los mayores de edad, es decir, se expondrán a sanciones de entre 1.001 y 30.000 euros.

Interior deberá realizar aún más cambios en los próximos días. El pasado viernes, el Consejo de Estado envió al Ministerio su informe sobre la ley. Fuentes que han tenido acceso al documento aseguran que, en general, el órgano consultivo ha respaldado el proyecto, entre otros motivos porque Interior ya le remitió el pasado 26 de mayo una versión muy depurada del borrador inicial que incluía las observaciones realizadas por el resto de órganos consultivos.

Críticas del Consejo de Estado

Con todo, el Consejo de Estado ha planteado modificaciones que Interior estudia ahora cómo incorporar. En concreto, el órgano consultivo ha pedido al departamento de Fernández Díaz que establezca un tiempo máximo para la identificación de infractores en comisaría. La última versión que manejaba el Ministerio no recoge ninguna limitación horaria. El Consejo de Estado considera que esas diligencias deberían durar un máximo de seis horas y sostiene que, si en ese tiempo, las Fuerzas de Seguridad no consiguen averiguar la identidad del detenido deben dejarlo en libertad.

El otro punto que ha censurado el Consejo de Estado afecta a la persecución del escalamiento en infraestructuras críticas, otra de las novedades que también introduce la ley. Este artículo está especialmente pensado para sancionar el acceso de activistas o manifestantes a instalaciones como centrales nucleares, cámaras legislativas u otros edificios significativos. El Consejo no cuestiona esta nueva tipología, pero sí reprocha al Gobierno que no difunda previamente qué infraestructuras están calificadas como críticas. En la actualidad, la lista es secreta por motivos de seguridad, pero el órgano consultivo cuestiona que se pueda sancionar a alguien por vulnerar una protección que desconocía.

Facilitar la tramitación

Con los cambios, el Gobierno trata de evitar que las principales novedades de la ley con respecto a la que se aplica desde 1992 puedan ser tumbadas en el futuro por el Tribunal Constitucional. Pero este retroceso en varias de las innovaciones fundamentales que contemplaba en un primer momento la norma también pretende facilitar su tramitación parlamentaria. Los principales partidos de la oposición anunciaron pocas horas después de conocer la primera versión del articulado que se opondrían frontalmente a su aprobación al considerar que atentaban contra libertades y derechos fundamentales. El Ministerio del Interior ha tratado de deslegitimar ese discurso asumiendo casi todas las recomendaciones formuladas por los órganos consultivos. Y espera que esas rectificaciones allanen el camino que deberá recorrer la ley a la vuelta del verano en el Congreso y el Senado.

Como adelantó El Confidencial, el objetivo de Fernández Díaz es que el anteproyecto sea aprobado por el Consejo de Ministros durante este mismo mes de julio para que sea remitido automáticamente a la Cámara Baja antes de las vacaciones de agosto. Ese es el único plazo que permitiría a Interior publicar la norma en el BOE antes de que termine 2014. Con ese calendario conseguiría, por un lado, que la norma pasara el trámite del Consejo de Ministros en pleno verano, con la contestación social en fase de letargo por el periodo estival, y por otro, evitaría que la tramitación de una ley tan polémica como esta se colara en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015.

Fuente: El confidencial

El nuevo reglamento de la seguridad privada, para diciembre.

Salamanca acoge este jueves el III Congreso de la Seguridad Privada en Castilla y León, un encuentro en el que el presidente de editorial Bromal y Seguritecnia, Javier Borredá, ha desvelado que el nuevo reglamento del sector saldrá a la luz de aquí al mes de diciembre, después de que el pasado 5 de junio se aprobara la nueva ley que regula las funciones de estos trabajadores. 

Entre otros aspectos, la nueva normativa concede a los vigilantes de seguridad el trato de agente de la autoridad durante el ejercicio de sus funciones, además de actualizar los límites de su labor para luchar contra nuevas formas de delincuencia, según el director de seguridad de Caja Rural de Salamanca, Juan Carlos Robledo.

El subdelegado del Gobierno en Salamanca, Javier Galán, fue el encargado de inaugurar el encuentro. Destacó que la nueva ley crea una frontera más nítida entre las funciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los agentes de seguridad privada.

Fuente: La gaceta de Salamanca

El subdelegado del Gobierno en Salamanca, Javier Galán, ha inaugurado esta mañana el III Congreso de Seguridad Privada en Castilla y León organizado por Seguritecnia y Caja Rural de Salamanca y que cuenta con la colaboración especial de la Delegación del Gobierno en Castilla y León. 

Con la presencia de unas 130 personas representantes de 60 empresas de seguridad, Javier Galán destacó que la seguridad se asienta de forma estable sobre la Guardia Civil, la Policía Nacional y la seguridad privada, “estando cada uno en su sitio” y añadió “es gravísima la responsabilidad que nos cae, pero también es un orgullo”. En Salamanca la colaboración Fuerzas de Seguridad con la seguridad privada “funciona muy bien, sin distorsiones que alteren la convivencia”. Respecto a la nueva Ley de Seguridad Privada en marcha desde el 5 de junio de este año, afecta tanto a los servicios que prestaba antes como a la coordinación y establece de manera clara los límites de la actuación de cada uno. Esta nueva Ley, según Galán, pretende solucionar las lagunas que había y dejar claras las competencias. 

Otro de los participantes en esta jornada, el presidente de Seguritecnia, Javier Borredá, destacó el paso adelante que supone la aplicación de la nueva ley y aseguró que el reglamento de seguridad privada saldrá antes de navidades. “Vamos por delante de Europa”, con las nuevas tecnologías hay que cambiarlo todo, formar más a los profesionales.

 Por su parte, Juan Carlos Robledo, director de seguridad de Caja Rural de Salamanca, explicó que la seguridad privada complementa al servicio de seguridad público. “Podemos beneficiar a la seguridad en general, hay intervenciones de vigilantes, escoltas que aportan seguridad”. Se trata “de ser un complemento de la seguridad pública”. Robledo afirmó que la nueva Ley también recoge los delitos asociados a las nuevas tecnologías y apuntó que entre los nuevos aspectos de la normativa referida a los vigilantes, en el ejercicio de sus funciones adquieren la protección jurídica de agente de la autoridad, “que era necesario”. “Se ha dado un paso en este sentido, pero siempre dependiendo de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, nosotros somos un complemento, nunca podemos sustituir a la seguridad pública”. También aseguró que Salamanca y Castilla y León son un referente en seguridad privada, con la Escuela de Policía de Ávila, academias privadas, empresas propias y el Inteco en León. 

              

      

Fuente: salamancatvaldia.es

Seguridad Integral Canaria pagaba las horas extras como dietas.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autonoma de Canarias dicta una sentencia donde se reconoce que la empresa SIC abonaba a sus trabajadores mensualmente y de forma irregular las horas extras a traves de transferencia bancaria en concepto de "dietas",como consecuencia de esto, desestima el recurso presentado por la empresa y la condena al abono de todas las horas extras ya que "no es conforme a derecho imputar que el pago de dietas era para abonar horas extras".

 

Ver la sentencia

Propuesta del observatorio de seguridad privada.

Propuesta de desarrollo reglamentario de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 5/2014 de 4 de Abril, de seguridad privada. 

Ver el documento

El TSJCV eleva 5 años la condena a un camionero que atropelló a un vigilante de seguridad en Albal (Valencia).

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha elevado de diez a quince años la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Valencia a un camionero que atropelló mortalmente al vigilante de un almacén de frutas de Albal (Valencia) tras una discusión.

La Sala de lo Civil y Penal ha estimado el recurso presentado por el Ministerio Fiscal contra la sentencia dictada en noviembre de 2013 que condenó por homicidio al vigilante, al estimar que el delito debe ser asesinato y no homicidio al apreciar alevosía, según la sentencia hecha pública hoy por el TSJCV.

Los hechos ocurrieron en febrero de 2012, cuando un camionero que llevaba un vehículo articulado y que tenía que descargar un cargamento de fruta en una empresa de Albal tuvo una discusión verbal con el vigilante.

Este se situó delante del camión para evitar que abandonara el lugar, si bien el acusado aceleró el vehículo y le atropelló, a conciencia de que con esa actuación "existía una alta posibilidad de causar la muerte" al vigilante.

Además, continuó la marcha "a gran velocidad, pasando por encima del cuerpo" del vigilante, quien dado lo súbito de la acción y el volumen y peso del camión "no tuvo ninguna oportunidad de defenderse" y murió en el acto, según los hechos probados de la sentencia de la Audiencia de Valencia dictada tras un juicio con jurado.

La Audiencia le absolvió de un delito de asesinato -que pedían el ministerio fiscal y la acusación particular- y le condenó como autor de un delito de homicidio a la pena de diez años de prisión, así como al pago por parte de la aseguradora de 137.629 euros a la viuda y 11.463 euros a cada uno de los dos hijos del vigilante.

Contra esta sentencia las partes presentaron varios recursos, entre ellos el Ministerio fiscal, que consideraba que en los hechos probados de la sentencia se apreciaba alevosía como circunstancia concurrente, y con ella la calificación de los hechos como asesinato y no como homicidio.

El TSJCV considera que el recurso de la Fiscalía debe ser estimado, ya que ante los hechos probados no cabe acoger la ausencia del elemento subjetivo de la alevosía, ya que la acción del atropello "viene vinculada con el previsible resultado de la muerte del vigilante, la asunción por el acusado de dicha consecuencia, con el carácter súbito de la acción y la imposibilidad de defenderse".

En consecuencia, revoca parcialmente la sentencia en relación con la no apreciación de alevosía en su modalidad sorpresiva y de desvalimiento, y condena al acusado por el delito de asesinato a la pena de quince años de prisión.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo dentro del plazo de cinco días desde la última notificación.

Fuente: EFE

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Estimados compañeros y compañeras: CCOO de Madrid, a través de su Secretaría de Administración y Servicios ha realizado un díptico donde se señalan una parte de los servicios que el sindicato brinda a sus afiliados y afiliadas. En esta ocasión se señalan aquellos que más pueden interesar de cara al verano, es decir, los de Ocio y Tiempo Libre, aunque el abanico de servicios que ofrece el sindicato abarca a la mayoría de las ramas y actividades. En cualquier caso, toda la información recogida en el díptico se puede consultar y ampliar en la página web del sindicato: http://servicios.ccoo.es/servicios/ En el diptico se recogen principalmente ofertas en la Comunidad de Madrid, aunque tambien se incluyen aquellos englobados en establecimientos de CC.OO. en el conjunto del Estado.                                                                                  Ver el diptico

Edificios de Cáceres quedan sin vigilancia por la pérdida de empleos en seguridad privada.

La recién creada Comisión Mixta de Seguridad Privada en la provincia de Cáceres recibe las primeras denuncias por intrusismo, uno de los principales problemas del sector. Mientras, inmuebles como el Complejo Hospitalario, la Ciudad Deportiva o edificios de la Universidad de Extremadura pierden en seguridad.

El recorte en las licitaciones de las administraciones públicas y el intrusismo laboral son los principales problemas con los que se encuentra la seguridad privada, un sector que está además inmerso en una serie de cambios debido a la nueva Ley de Seguridad Privada que entró en vigor el pasado 4 de junio y que concede más funciones a los vigilantes, entre ellas la de poder prestar servicio en centros penitenciarios o en zonas oficiales como aeropuertos previa autorización, así como la regulación del control de las videocámaras.

En la región hay unos 1.600 vigilantes de seguridad privada, 700 en la provincia cacereña, y en lo que va de crisis se han perdido el 30 por ciento de los puestos de trabajo y numerosos edificios públicos de la ciudad han perdido en seguridad. Así, el secretario de organización de la Federación de Construcción y Servicios Públicos de Comisiones Obreras, Antonio Pino, detalla que el Hospital San Pedro de Alcántara ha recortado en 3.000 las horas de vigilancia al año y el Auditorio no tiene ningún vigilante.

Además el Centro de Enseñanza Integrado contaba con dos vigilantes las 24 horas y se ha quedado sólo con uno para el turno de noche, al igual que la Ciudad Deportiva que también sólo cuenta con la vigilancia nocturna o las Facultades de la Universidad de Extremadura, que han pasado de tener vigilancia individual a contar con una única patrulla para todo el campus, según indica Pino.

Asimismo el representante sindical alerta de las “condiciones abusivas” que están sufriendo los vigilantes que conservan su trabajo pasando de realizar 162 horas mensuales a 200 horas y en algunos casos “hasta 230 horas con un sueldo de 867 euros al mes” denuncia Pino.

A todo esto hay que añadir el intrusismo laboral, así en obras y empresas como plantas de placas solares, se ha dejado de contratar a personal formado y especializado y el circuito cerrado de televisión es controlado por personas fuera de la seguridad privada, “sin que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado puedan perseguirlo al no contar con los recursos suficientes”, señala el secretario de la Federación de Servicios Públicos de CC.OO.

Ante este panorama se ha impulsado en la provincia la Comisión Mixta de Seguridad Privada a través de la Subdelegación del Gobierno y de la que forman parte el Teniente Coronel de la Guardia Civil, los Jefes de la Policía Nacional, representantes sindicales y academias de formación y tiene entre sus funciones: establecer criterios de homogeneización de actuaciones entre administraciones, intercambiar experiencias, actividades de formación y asesoramiento entre otras.

Uno de los impulsores de la mencionada comisión ha sido el presidente de la Asociación de Directores de Seguridad Privada de Extremadura (ADISEX), Alfredo Fondón, quien además ha hecho hincapié en que este organismo servirá “para dar voz al colectivo de trabajadores en seguridad privada” y que luchará “contra el intrusismo y a favor de la profesión”, algo que según Fondón, también potencia la nueva Ley, que sustituye a la anterior de 1992.

Para Fondón la normativa supone “un paso adelante importante” en cuanto a abrir nuevos campos de trabajos. De esta forma, ya ha salido a licitación la vigilancia privada del centro penitenciario de Cáceres, en el cual se va a establecer un turno de 24 horas y otro de 12 horas.

El presidente de ADISEX, ha anunciado que están en conversaciones con la Delegación del Gobierno para crear la Comisión Mixta Regional, que también velará por la figura del director de seguridad privada, obligatoria en infraestructuras críticas como pueden ser la Central Nuclear de Almaraz, el embalse de Alcántara o complejos hospitalario, incumpliéndose en este último caso en la capital cacereña.

Vigilancia en los Palacios de Justicia

Los recortes en vigilancia, promovidos por el ministerio de Justicia, han afectado a Extremadura dejando a los Juzgados de Montijo y Villanueva de la Serena sin vigilancia y perdiendo la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en Cáceres el turno de noche. 

Además han sufrido recortes y reajustes en la plantilla los Palacios de Justicia de las Audiencias Provinciales de Cáceres y Badajoz con una reducción de unas 30 horas semanales, según el comité de empresa de Prosegur, empresa concesionaria del servicio de vigilancia de Justicia. 

El reajuste también se ha notado en Juzgados como los de Coria y Trujillo en donde la vigilancia está establecida únicamente de 9:00 a 14:00 horas. Pero sin duda, los edificio que más han perdido son los de Villanueva de la Serena y Montijo que se han quedado sin vigilancia las 24 horas y la sede del TSJEx, que ha sufrido un recorte del 70 por ciento de horas de vigilancia, en total unas 10.000 horas menos al año y que ha supuesto dejar a la plantilla de cinco vigilantes en dos, siendo el resto recolocado por la empresa en otros servicios.

Fuente: avuelapluma.es

Vigilantes del metro de Bilbao abortan el ataque de un grupo de grafiteros en Sopela.

Las medidas de protección y la vigilancia presente en los talleres de Metro Bilbao en Sopela frustraron el pasado fin de semana el ataque de un grupo de grafiteros que presuntamente pretendía pintar los trenes que permanecían estacionados en la localidad de Uribe Kosta. Los hechos se produjeron en la madrugada del domingo y un varón llegó a ser identificado, según informaron ayer a EL CORREO fuentes cercanas a la seguridad del suburbano.

La dirección de la empresa pública de transportes reconoció que «varios intrusos» penetraron en el recinto, lo que hizo saltar la alarma «perimetral». No obstante, la compañía dijo no tener claro si se trató de grafiteros u otro tipo de merodeadores, como ladrones o jóvenes ebrios. No muy lejos de la base del suburbano se estaban celebrando las fiestas patronales de la localidad. Con todo, Metro Bilbao quiso destacar que la vigilancia «funcionó» y evitó males mayores.

Con varios sprays de pintura

Las fuentes consultadas por este diario sostienen que los guardias que acudieron a verificar la veracidad del aviso emitido por los sistemas de seguridad se toparon con «entre cinco y diez desconocidos». Al sentirse descubiertos, los encapuchados emprendieron la huida. Sin embargo, uno fue interceptado e identificado. Las mismas fuentes refieren que portaba varios recipientes de pintura.

El ataque abortado en Sopela se produce en un momento en el que los grafiteros se están mostrando especialmente activos en el territorio. En las últimas semanas, la Policía ha detenido a seis personas por ejecutar pintadas vandálicas en los trenes. El año pasado, Euskotren y Renfe tuvieron que destinar 400.000 euros en Bizkaia a borrar las huellas dejadas por los 'francotiradores' del spray. Muchas de las incursiones que llevan a cabo son grabadas por cámaras y subidas a internet.

Fuente: El correo

Madrid Semanal Digital nº 349, 1 de Julio de 2014.

En este número 349, las noticias más destacadas son "Ni un paso atrás en defensa de los derechos de huelga y libertad sindical"; "¡Libertad detenidos por luchar!" y el editorial: "¡Estás imputado, estás imputada!": Ver la revista Acceso a números anteriores

CCOO dice que el vigilante de seguridad del centro de menores Es Pinaret, que denunció a unos compañeros sufre un 'infierno' a nivel laboral

CCOO ha asegurado este martes que el vigilante de seguridad del centro de menores de Es Pinaret que denunció a unos compañeros que realizaban supuestas "actividades neonazis" ha sufrido desde entonces, pese a que éstos fueron destinados a otras instalaciones, "un auténtico infierno hasta el punto de que tuvo que solicitar la baja temporal por motivos psicológicos".

Según ha informado el sindicato en un comunicado, "el último día del culebrón" fue este lunes cuando la gerente del centro "en una actitud absolutamente injustificada y revanchista, habría denegado a este trabajador la reincorporación a su puesto de trabajo en Es Pinaret".

CCOO ha explicado que el trabajador finalizaba este lunes sus vacaciones, que le fueron asignadas tras la baja laboral de larga duración por motivos psicológicos. Asimismo, ha señalado que este trabajador no había tenido "ningún comportamiento reprochable" en su trabajo ni a una mala praxis que justifique esta decisión.

Por todo ello, ha advertido que si esta "arbitrariedad" se llevase a cabo, la Federación de Construcción y Servicios adoptará medidas y no descartan la convocatoria de movilizaciones en los accesos al centro de menores.

Fuente: noticiasmallorca.es

CCOO ha denunciado hoy que la gerencia del centro de menores de Es Pinaret ha impedido reincorporarse a su puesto de trabajo al vigilante de seguridad que denunció comportamientos violentos y amenazas de un grupo de compañeros, decisión que considera "una represalia hacia este trabajador".

El sindicato ha manifestado en un comunicado que la gerencia del centro ha remitido una orden a la dirección de Es Pinaret para no permitir el acceso a las instalaciones, de forma indefinida, a este vigilante.

CCOO ha recordado que este guardia de seguridad denunció en septiembre de 2013 ante la Delegación de Gobierno de Baleares supuestas "actividades neonazis" así como presuntas coacciones y amenazas proferidas por un grupo de vigilantes hacia otros compañeros y personal de Es Pinaret.

La denuncia fue ratificada por la dirección del centro, se abrió una investigación policial, el Govern (responsable de Es Pinaret) interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Menores y los vigilantes supuestamente problemáticos fueron destinados a otros lugares de trabajo.

Según CCOO, desde ese momento la situación laboral y personal del denunciante "se convirtió en un auténtico infierno" hasta el punto de que el trabajador solicitó la baja laboral por motivos psicológicos.

Tras la baja le fueron asignadas las vacaciones, cuyo disfrute finalizó ayer, cuando la gerencia denegó al vigilante la reincorporación a su puesto de trabajo en Es Pinaret, decisión que el sindicato ha calificado como "absolutamente injustificada y revanchista".

El sindicato ha subrayado que el trabajo del guardia de seguridad no ha dado lugar a ningún reproche que justifique tal decisión, que atribuye "única y exclusivamente a una represalia hacia este trabajador".

La Federación de Construcción y Servicios de CCOO ha anunciado que si se mantiene dicha decisión arbitraria, no descarta convocar movilizaciones de protesta en los accesos al centro de menores.

El Govern sacó a concurso en mayo el servicio de vigilancia de los centros para menores Es Pinaret y Es Fusteret con nuevos requisitos para evitar "que se reproduzcan las conductas inadecuadas del pasado" con casos de presuntas agresiones a internos por parte de vigilantes.

Fuente: EFE

La Conselleria de Familia y Servicios Sociales ha negado este martes que se hayan producido "actuaciones arbitrarias" con el personal de seguridad del centro de menores de Es Pinaret.

Pero sí ha reconocido que se ha denegado la entrada a un nuevo vigilante de seguridad después de que éste registrase una "conducta inadecuada".

En un comunicado, la conselleria ha explicado que se ha exigido que se prohíba la entrada a un nuevo vigilante al registrar una conducta inadecuada, del mismo modo que hizo con otros cuatro el pasado mes de octubre.

"La solicitud a la empresa que en la actualidad presta el servicio de vigilancia de que este trabajador no entrara al centro se debe de a que protagonizó una actuación inadecuada. Esta actuación ya ha sido comunicada por la gerencia de la Fundación s'Estel (de la que depende el centro de Es Pinaret) a la Guardia Civil y está siendo investigada por las autoridades competentes", ha explicado la conselleria.

Así, ha asegurado que el motivo de esta decisión no es ninguna "represalia" del centro o de la conselleria "sino que el Govern continúa actuando contundentemente con el objetivo de asegurar que se preste un servicio de calidad, estable y adecuado para los menores que se encuentran cumpliendo con sus medidas judiciales en el centro, como ha hecho siempre".

En este sentido, ha señalado que, del mismo modo que en octubre la conselleria pidió al director de Es Pinaret que se prohibiera el acceso de cuatro vigilantes que habían mantenido actitudes inadecuadas, se ha hecho lo mismo en este caso. Así, desde el 4 de octubre estos cuatro vigilantes tampoco han vuelto a entrar en el centro.

A finales de este mes empezará a prestar el servicio de seguridad a Es Pinaret y Es Fusteret una nueva empresa que ha sido adjudicataria del concurso de licitación que convocó la conselleria.

El pliego de condiciones técnicas de este servicio incorporó más exigentes requisitos para evitar las conductas registradas en el pasado.

Por ejemplo, entre las condiciones que tendrá que tener presente la nueva empresa está la posibilidad de que el director del centro pueda retirar del servicio a los vigilantes atendiendo una motivación concreta. La dirección también tendrá una parte más activa en la selección de estos trabajadores en el supuesto de que tengan que ser sustituidos y se establece un nivel formativo para los vigilantes relacionado con la delicada tarea que llevan a cabo.

También se hace una descripción más detallada de cuáles son las funciones de estos trabajadores y cómo es el servicio que tienen que prestar, y se establecen penalizaciones muy específicas y que, incluso, por causas concretas, podrían provocar la rescisión del contrato.

El Govern espera que con la entrada de la nueva empresa que prestará el servicio de seguridad a Es Pinaret y Es Fusteret finalicen los problemas que se han dado hasta ahora relacionados con casos concretos de algunos vigilantes de seguridad.

Además, ha asegurado que ha actuado con contundencia desde el primer momento en que se conocieron posibles conductas no apropiadas entre el personal de vigilancia de Es Pinaret, y lo puso en conocimiento de varios organismos competentes. Del mismo modo, trabajó para buscar una solución definitiva que garantizara un servicio adecuado para los menores de los centros socioeducativos que dependen de la Fundación s'Estel.

El Govern ha emitido este comunicado después de que CCOO ha ya señalado que el vigilante de seguridad del centro que denunció a unos compañeros que realizaban supuestas "actividades neonazis" ha sufrido desde entonces, pese a que éstos fueron destinados a otras instalaciones, "un auténtico infierno hasta el punto de que tuvo que solicitar la baja temporal por motivos psicológicos".

Además, el sindicato ha indicado que este lunes la gerente del centro, "en una actitud absolutamente injustificada y revanchista, denegó a este trabajador la reincorporación a su puesto de trabajo en Es Pinaret.

Fuente: ciutat.es

Una sociedad implicada en el 'caso Palau' cobró por vigilar el aeropuerto sin aviones de Castellón.

El contrato de seguridad incluía el control de pasajeros pese a que no aterrizan aviones.

Aerocas, la empresa pública que administró el aeropuerto sin aviones de Castellón hasta que SNC-Lavalin Aeroports asumió la gestión, adjudicó a Vigilancia y Sistemas de Seguridad SA, sociedad investigada en el 'caso Palau', el contrato de prestación del servicio de seguridad privada en el aeródromo.

El ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, firmó el contrato como presidente de Aerocas el 30 de marzo de 2012 e incluía el pago -en dos anualidades- de casi dos millones de euros.Pese a que las instalaciones aún continúan sin recibir pasajeros, el acuerdo incluía el control de filtros de embarque, gestión de cámaras de seguridad o la inspección de detectores de metales. Según la documentación a la que ha tenido acceso EL MUNDO, Aerocas sólo pagó un millón de euros del contrato porque Pasiphae, la consultora de Josep Piqué, advirtió de las irregularidades del contrato tras comprobar que ofrecía servicios inexistentes y estaba sobredimensionado.

Según datos del registro mercantil, Vigilancia y Sistemas de Seguridad está participada por una empresa del sector de la construcción, Gestora de Viviendas SA, que a su vez deriva a otra sociedad cuya actividad se centra en el alquiler de bienes inmuebles, Tresuno SL.La Audiencia de Barcelona está investigando a Vigilancias y Sistemas de Seguridad SA, que cuenta con sede en Valencia, por su presunta implicación en el saqueo del Palau de la Música-Orfeó Català. Según los informes de Fiscalía incluidos en el sumario, Vigilancia y Sistemas de Seguridad SA colaboró en el «expolio» al presentar a El Consorci del Palau de la Música facturas que en realidad correspondían con obras en los domicilios de Félix Millet y Jordi Montull, cabecillas de la trama catalana.

Según el sumario judicial del caso Palau, Juan Antonio Rodes Castañé era representante legal de Vigilancia y Sistemas de Seguridad. Su nombre figura entre la lista de nuevos imputados propuestos por la sección vigésimo primera de la Audiencia de Barcelona en el auto de 12 de junio.

El contrato que firmó Aerocas con esta sociedad incluía la contratación de 27 vigilantes para garantizar la seguridad del Aeropuerto de Castellón pese a que por sus instalaciones no ha pasado ni un sólo pasajero desde su inauguración.

En concreto, según el acuerdo, «las actividades específicas a desarrollar» por parte de Vigilancia y Sistemas de Seguridad era «el control de los filtros de embarque (pasajeros y equipajes de mano), incluyendo máquinas inspectoras de rayos X, arcos detectores de metales, detectores manuales de metales, cabina de onda milimétrica, máquinas inspectoras de calzado».

Además, la adjudicataria se comprometía a diseñar «servicios alternativos requeridos en el ámbito de la seguridad por parte del gestor aeroportuario y de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado» pese a la inactividad del recinto.

El contrato firmado por Carlos Fabra, condenado a cuatro años de prisión por estafa fiscal, estuvo en vigor hasta que la consultora de Piqué recomendó rescindirlo por estar «sobredimensionado» y ser «claramente insaumible» para los gestores actuales.

El aeropuerto de Castellón ha tenido un coste superior a los 200 millones de euros incluidas las reformas posteriores para que los aviones pudieran despegar- y se espera que el primer avión comercial aterrice antes de 2015.

Fuente: El mundo