El Gobierno aprueba una partida de 33 millones para contratar vigilantes privados en las cárceles.
El Consejo de Ministros ha autorizado a la Secretaría de Estado de Seguridad la contratación de vigilantes privados para que presten apoyo a la Policía y la Guardia Civil en la seguridad en los 67 centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior. El coste del contrato asciende a 33.387.743,03 euros, distribuido en las anualidades 2014 y 2015, por lo que, al ser superior a doce millones de euros, debe contar con la previa autorización del Consejo de Ministros.
En el año 2013 se inició un proyecto piloto consistente en la contratación de servicios de apoyo a la seguridad en los centros penitenciarios, que se desarrolló en 21 de los 67 centros penitenciaros existentes. En total se contrataron 56 puestos de trabajo de veinticuatro horas y un puesto de trabajo de doce. Para ello se emplearán 254 vigilantes de seguridad en tareas de vigilancia desde puestos fijos, operadores de circuitos cerrados de televisión y control de accesos.
El Gobierno señala que "tras el análisis efectuado de esa experiencia piloto, la conclusión ha sido la adecuación de ese modelo de seguridad a las necesidades existentes". Esas necesidades pasan por "compensar la falta de personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debido a la disminución de la Oferta Pública de Empleo. En este sentido, hay tareas en la vigilancia de los centros penitenciarios que pueden ser realizadas por vigilantes de seguridad".
También se busca "optimizar los recursos disponibles y un uso eficiente de los fondos públicos al establecer un reparto de funciones según la competencia, preparación y cualidades del personal, obteniendo un alto grado de seguridad con los medios disponibles". También "destinar el mayor número posible de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la realización de funciones exclusivas de ellos, como la custodia de presos y penados fuera de los recintos en hospitales o sedes judiciales, o el traslado de internos".
67 CENTROS PENITENCIARIOS
Por todo ello, se ha preparado un expediente de contratación que cubra los 67 centros penitenciarios y los vigilantes de seguridad pasarán a ejercer parte de las tareas ahora desempeñadas por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, si bien siempre bajo la supervisión y el control de los mismos como responsables de la seguridad de cada centro.
El volumen total del contrato afecta a 67 centros penitenciarios e implica 202 puestos de trabajo (181 de veinticuatro horas y 22 de doce horas), lo que supone más de 800 personas empleadas.
El coste del contrato se estructura en tres partidas destinadas a cubrir diferentes servicios: una, dedicada al coste anual de los puestos fijos de personal; otra, a los puestos de prestaciones variables (puestos con jornadas de 12 horas y días de prestación variables, bien de lunes a viernes o bien de lunes a sábado); y bolsa de horas, para abonar posibles refuerzos que solicite el órgano de contratación.
El contrato conlleva la adopción de especiales cautelas orientadas a preservar al máximo cualquier información relacionada con los servicios de seguridad a prestar, así como con los movimientos de salida y entrada de reclusos.
Por ello, la tramitación del expediente se hará mediante procedimiento negociado sin publicidad, dado que concurren circunstancias excepcionales que exigen la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado (artículos 13.2 y 170 f) del texto refundido de la Ley de contratos del sector público), declarado por resolución del Ministro del Interior de 1 de abril de 2014. Está previsto que el contrato tenga una duración de un año. Su ejecución comenzará el 22 de junio de 2014 o a partir de la fecha de la formalización, si ésta fuese posterior.
El Gobierno gastará más de 33 millones de euros en dos años en su plan de incorporar vigilantes privados a las prisiones.
El Gobierno gastará 33 millones de euros entre 2014 y 2015 en su plan para incorporar vigilantes de seguridad privada al perímetro exterior de las prisiones en sustitución de la Guardia Civil, según admite el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria escrita al diputado de IU, Ricardo Sixto.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 30 de mayo el acuerdo por el que "se autoriza al Ministerio del Interior la contratación del servicio de apoyo a la seguridad en los centros penitenciarios dependientes" del Departamento del ministro Fernández Díaz. El citado acuerdo incluye un expediente de contratación para cubrir 67 centros.
Según las explicaciones del Gobierno a IU, "las empresas que actualmente están participando en el apoyo a la seguridad de los centros penitenciarios son nueve, que han constituido una UTE (Unión Temporal de Empresas)". IU informa en un comunicado que, según los datos aportados en la contestación, el coste del contrato asciende a 33,3 millones de euros, distribuidos en las anualidades 2014 y 2015.
RECUERDA LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD
El proyecto piloto para implantar la seguridad privada en el perímetro exterior de 21 prisiones habría costado ya 7,3 millones de euros, según Sixto, quien realizó una batería de preguntas acerca de los "motivos por los que mantiene el Gobierno el proyecto de privatización de la seguridad exterior de las prisiones", cuando ni en 2012 ni en 2013 fueron convocadas plazas de empleo público para el cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias.
En este sentido, Sixto preguntaba además "si considera el Gobierno necesario destinar 7,3 millones de euros para que la seguridad privada se haga cargo de la seguridad exterior de los Centros Penitenciarios", y "cómo justifica" ese gasto "destinado a financiar la primera fase del proyecto de implantación de la seguridad privada, en el marco de las políticas de austeridad que está aplicando en las administraciones públicas".
Según IU, el Gobierno de Mariano Rajoy argumenta que el plan obedecía "tanto al principio de optimización de los recursos humanos y materiales asignados a la seguridad de las instalaciones públicas como a la conveniencia estratégica de concentrar el servicio prestado directamente por funcionarios policiales en aquellas funciones relacionadas con la seguridad de los centros penitenciarios para las que resulta más apropiada su mayor cualificación y especialización".
IU denuncia que la respuesta del Gobierno deja sin explicar otra de las cuestiones planteadas por Sixto acerca de "qué ahorro le ha supuesto la contratación de seguridad privada para el perímetro exterior de los centros penitenciarios".
Interior incorpora la seguridad privada a todas las prisiones.
Otros 800 vigilantes se sumarán este mes a los 254 que controlan desde el año pasado el exterior de 21 cárceles en aplicación de un plan piloto
El proceso de privatización de la seguridad en los centros penitenciarios españoles avanza de forma imparable. A los 254 agentes que se incorporaron el año pasado en 21 de los 68 centros penitenciarios dependientes de la administración central, en el marco de un plan piloto puesto en marcha por Interior, se sumarán en los próximos días otros 800 agentes que se incorporarán a la totalidad de los centros.
Estas incorporaciones no supondrán, inicialmente, la salida de la Guardia Civil y la Policía Nacional de las prisiones. Eso queda para una tercera fase.
El cometido de los agentes de la seguridad privada, de momento, se reducirá a la vigilancia del perímetro de las cárceles, lo que implica control de vallados y muros exteriores, la supervisión de las cámaras de seguridad y la comprobación de los accesos reservados a familiares de los reclusos, entre otras funciones. Inicialmente no está previsto que tengan ningún tipo de contacto con los internos.
La tercera fase del plan se pondrá en marcha previsiblemente en julio del año que viene, una vez que se emita un nuevo informe positivo relativo a la segunda experiencia realizado por Guardia Civil, Policía e Instituciones Penitenciarias.
En esa última fase será cuando se produzca una reducción de plantilla en las unidades de la Guardia Civil dedicadas hasta el momento a controlar los accesos y las cámaras. El Ministerio del Interior se ha comprometido a que los agentes que actualmente llevan a cabo estas tareas pasarán a engrosar los departamentos de conducción y traslado de presos, labor que únicamente pueden realizar funcionarios del instituto armado.
Recolocaciones
Las razones esgrimidas por los responsables de Interior para privatizar la seguridad en los centros penitenciarios fueron fundamentalmente dos: recolocar a los más de 2.000 escoltas que prestaban servicios de protección a políticos y personalidades en el País Vasco y Navarra hasta la primavera de 2012, por el cese de la actividad armada de ETA y recuperar efectivos de la Guardia Civil para otros servicios -fundamentalmente la seguridad ciudadana- y paliar el recorte de nuevas incorporaciones al haberse fijada una tasa de reposición de las vacantes por cualquier causa en un 10%, como consecuencia de la crisis económica.
La realidad, según fuentes sindicales de prisiones y de la Guardia Civil es otra bien diferente. Aseguran que la incorporación de los ex escoltas, al menos en los 21 centros donde se implantó el plan piloto, ha sido mínima y las posibilidades de incorporar a los servicios de seguridad ciudadana a agentes procedentes de prisiones, según reconocieron mandos de la Guardia Civil a sus representantes, en la práctica, será más bien remota, porque supondría un notable incremento del presupuesto, por la diferencia en los complementos de destino.
Cuatro lotes
La segunda fase del plan de incorporación de la seguridad privada a las prisiones supondrá la creación de 202 puestos de trabajo -181 de 24 horas y 22 de 12 horas- con un presupuesto total de 33.387.743 euros, aprobado en un Consejo de Ministros del pasado mes de abril.
El contrato que en estos momentos sigue en fase de adjudicación -por afectar a servicios de seguridad se tramita por el «procedimiento negociado sin publicidad»-, se estructura en cuatro lotes divididos por zonas geográficas.
Está previsto formalmente que cada lote se adjudique a un licitador diferente. Según fuentes del sector al concurso de ha presentado una UTE -Unión Temporal de Empresas- encabeza por Ombuds, en la que se integran Coviar, Seguriber, Prosegur Segur Ibérica, Prosetecnisa, Seguritas, Sabico y Vinsa.
Salvo variaciones de última hora, son las mismas que ya se repartieron los cerca de ocho millones que se destinaron al plan piloto puesto en marcha hace un año.
El negocio para el sector lo completan los 14 centros penitenciarios radicados en Cataluña que gestiona la administración catalana que también apostó fuerte por la privatización del servicio. Un sistema que no le gusta a nadie y que no se justifica, según los sindicatos
Oficialmente la valoración del plan piloto implantado en 21 centros y que generó 56 puestos de trabajo de 24 horas y uno de doce, ocupando en ello a 254 agentes, fue positivo, lo que justifica su extensión al resto de los centros, pero a los sindicatos de funcionarios de prisiones se le ha negado el acceso al informe de evaluación porque «esta basado en datos que afectan a la seguridad de los centros» .
Uno de las centros donde se implantó el plan piloto fue el de A Parda, en Pontevedra. El balance de los funcionarios de prisiones y guardias civiles es manos optimista que el oficial. «El sistema este no le gusta a nadie -explica Enrique Mosquera, portavoz de Acaip, el sindicato mayoritario de los funcionarios-, ni a la Guardia Civil, cuando se habla con ellos de forma particular, ni a ninguno de los funcionarios que trabajamos en los centros, a pesar de que no tenemos ninguna relación con los vigilantes».
El mismo portavoz añade que la medida «no tiene ninguna justificación, porque el servicio estaba funcionando bien». Niega categóricamente que el cambio suponga un ahorro para el erario público. «Lo único evidente -apunta- es que con esto alguien se beneficia y por eso de hace».
La Guardia Civil, según el portavoz nacional de la AUGC, Rafael Sánchez, no se cree que la seguridad privada no se incorpora como complemento sino como recambio y no solo de guardias civiles, sino también de funcionarios de prisiones. El sentir generalizado entre los agentes afectados, según el portavoz de la AUGC, es de «intranquilidad y cabreo», por el miedo a perder el destino. Recuerda que el compromiso de dejar al persona afectado en la misma ciudad es meramente verbal.
