Comunicación URGENTE concurso de acreedores Segur Ibérica, Consorcio y Segur fuego

Esta misma mañana, tras muchas gestiones, se nos ha remitido comunicado por parte de la Administración concursal de como se van a ir desarrollando los pagos. Van a liberar un "adelanto" de 30 días de salario el día de hoy. A partir de ahí, contar deuda y hacer frente a ella dependiendo de la tesorería.

Os solicitamos que deis difusión al comunicado de la administración concursal y que vayáis recogiendo la información de las deudas a los trabajadores y trabajadoras de vuestros distintos ámbitos para poder reclamarlas. 



Protesta de la vigilancia privada en el aeropuerto de Girona por no cobrar la nómina de noviembre

Los vigilantes de seguridad privada y auxiliares del aeropuerto de Girona se concentrarán este 8 de enero delante de la terminal para denunciar el impago de salarios por parte de Segur Ibérica SA, en concurso de acreedores desde finales de noviembre pasado. Desde entonces, la sesentena de trabajadores han sido subrogados en la nueva empresa ICTS Hispania pero esta no se hace responsable del dinero que se les debe.

UGT denunció los impagos hace unas semanas y ahora han decidido convocar una concentración de protesta de 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Les deben unos 3.500 euros a cada trabajador, entre la paga de noviembre y las liquidaciones pendientes –media paga de verano, la paga de navidad y la de beneficios en su parte proporcional.

También hay una treintena de vigilantes de seguridad privada del Hospital Trueta y el Santa Caterina de Salt afectados, que también estaban contratados por Seguo Ibérica y que desde el 1 de enero de este mes han sido subrogados por Phoenix.

“Estamos desesperados porque no sabemos cuándo cobraremos lo que se nos debe, hay muchas familias con problemas económicos por culpa de estos atrasos”, se quejaba este miércoles Cristina Soalleiro, que es vigilante de seguridad privada en el aeropuerto de Girona y la responsable de la secretaría adjunta de la política sindical de la UGT en las comarcas gerundenses.

El sindicato denunciaba la situación hace unas semanas y señalaba Aena como responsable subsidiaria de los impagos después de que Segur Ibérica dejara el servicio y entrara en concurso de acreedores. Ahora, sin embargo, aseguran que Aena ha hecho el pago a la empresa pero que el administrador concursal “lo ha parado todo” y no se sabe qué pasará ni cuando podrán cobrar el dinero que se les debe a cada trabajador, entre 3.000 y 3.500 por término medio por cada afectado.

Además, denuncian que la actual empresa por la que trabajan en el aeropuerto, ICTS Hispania, les hizo firmar un documento diciéndolos que era para poder hacer oficial la subrogación pero que en realidad lo eximía de pagar los posibles atrasos. Según Soalleiro, “cuando las empresas subrogan tienen tres años de responsabilidad solidaria con la empresa que se marcha pero ICTS Hispania nos hizo firmar un nuevo contrato que los deja libres de responsabilidad ante los pagos y conceptos insatisfechos para la anterior empresa”.

Ahora están estudiando qué validez legal tiene eso porque consideran que no se ajusta a la normativa vigente. En el aeropuerto de Girona hay una sesentena de trabajadores en esta situación. Son vigilantes de seguridad privada, encargados de examinar las maletas y el equipaje de los usuarios así como del centro de control, junto con auxiliares que comprueban los billetes de los pasajeros que embarcan.

Soalleiro lamenta que se tengan que encontrar en una situación así en un plena campaña de Nadal y con unos días donde hay mucha actividad en el aeropuerto.

El Trueta y Santa Caterina también afectados

La concentración de este domingo también contará con representantes de los vigilantes de seguridad privada de los hospitales Trueta y el Santa Caterina de Salt, que son una treintena. Como el aeropuerto de Girona, también trabajaban por Segur Ibérica SA, pero fueron subrogados por Phoenix el 1 de enero, de manera que aparte de los mismos atrasos también se les debe la nómina de diciembre. Finalmente, también hay los vigilantes de Aigües del Ter i Llobregat (ATLL) que, según UGT, siguen trabajando por Segur Ibérica.

ERE Segur Ibérica, Acta final del periodo de consultas.

La Empresa comienza recordando que, como ya se anunció durante el transcurso de la anterior reunión, el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Madrid declaró con efectos del pasado día 22 de diciembre el concurso voluntario de acreedores de las sociedades que integran el Grupo Segur (Segur Ibérica, Consorcio y Segur Fuego). Igualmente, con posterioridad, se circuló copia del auto del mencionado Juzgado en el que se acuerda nombrar Administrador Concursal a Landwell-PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services S.L.

Por ese motivo, la Empresa informa de que en el día de hoy comparece D. Julio Ichaso Urrea, como representante persona física del Administrador Concursa!, acompañado por Doña Marta Alamán y por D. Luciano Muriel, como asesores.

La Empresa continua señalando que, dado que esta es la última reunión programada de la comisión negociadora y que se ha agotado el plazo máximo del periodo consultas iniciado el pasado 28 de noviembre de 2016, le interesa dejar constancia de su posición final, una vez consensuada con la Administración Concursal, en cuanto al despido colectivo y sus propuestas con vistas a intentar alcanzar un acuerdo, en los términos que se indican a continuación:

La Empresa se ratifica en la existencia de las causas económicas alegadas para la tramitación del presente despido colectivo, que considera que no cabe poner en duda, por un lado, porque así se desprende de la abundante información económica aportada al inicio del periodo de consultas y, por otro, porque la declaración del concurso de acreedores de la Empresa y el resto de sociedades del Grupo Segur han venido a ratificar su insolvencia y, con ello, la existencia de causas económicas justificativas del presente despido colectivo. Como consecuencia de lo anterior, la Empresa se ratifica en la necesidad de proceder a la extinción de todas las relaciones laborales, en el marco del plan de liquidación que se desarrollará en el procedimiento concursal recientemente declarado…



UGT pide a la Tesorería General de la Seguridad Social de Donostia, cliente de Segur Ibérica, que colabore en la búsqueda de soluciones ante el impago de salarios

UGT denuncia la difícil situación que están atravesando 11 trabajadores de Segur Ibérica que prestan sus servicios en la Tesorería General de la Seguridad Social de Donostia, que llevan desde el mes de noviembre sin cobrar sus salarios y la paga extraordinaria. Un panorama que podría dilatarse en el tiempo, según responsables de UGT, dado que a finales de noviembre Segur Ibérica anunciaba a sus trabajadores, cerca de 4.000 en todo el estado, su intención de solicitar un concurso voluntario de acreedores, junto con un ERE de extinción de empleo de toda la plantilla.

Ante esta situación el sindicato solicita de nuevo la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social de Donostia, cliente de Segur Ibérica, para la búsqueda urgente de soluciones de los trabajadores que prestan servicios en sus instalaciones.

El responsable de seguridad privada de UGT en Euskadi, Isidro Campo, denuncia que el impago está provocando a las familias de los vigilantes serias dificultades para cubrir sus necesidades básicas, lo que especialmente en estas fechas supone una situación indignante y profundamente injusta.

Precisamente por ello Isidro Campo, lamenta que a pesar de haber expuesto ya esta problemática a la Tesorería General de la Seguridad Social de Donostia, no haya habido ningún tipo de compromiso, de momento, por parte de esta Administración.

Para el responsable de UGT este tipo de situaciones a menudo son evitables, ya que cuando se realizan los procesos de adjudicación de servicios, resulta imprescindible que las Administraciones además de primar el factor económico, tengan en cuenta que el presupuesto destinado a las empresas contratadas por el erario público sea suficiente para respetar las condiciones laborales de los trabajadores.

Isidro Campo recuerda que a veces las empresas para poder adecuar el presupuesto a las exiguas ofertas presentadas acaban realizando impagos a las plantillas o a otros proveedores, lo que finalmente puede suponer un proceso largo de concurso de acreedores, en el que los trabajadores padecen un auténtico calvario.

La plantilla de Segur Ibérica y Consorcio de Servicios convoca una concentración en el aeropuerto de Bilbao

Los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios de seguridad privada y servicios auxiliares convocan una concentración en el aeropuerto de Bilbao el martes día 10 a las 12:00 h en protesta por el impago de sus salarios y finiquitos que les adeuda SEGUR IBÉRICA y CONSORCIO DE SERVICIOS.

Desde CCOO de Construcción y Servicios de Euskadi han declarado que "entendemos que AENA es subsidiario del pago de estas deudas, ya que era conocedor de ello y desde nuestro sindicato le solicitamos que retuviera el pago de las facturaciones para que fueran abonadas directamente a los y las compañeras. En vez de eso, AENA realizó el pago a SEGUR IBÉRICA y CONSORCIO DE SERVICIOS y ese dinero se lo han quedado".

"Para CCOO esta situación que están sufriendo los compañeros y compañeras es una INJUSTICIA, por lo que hemos convocado el martes día 10 a las 12: 00 h una concentración en el aeropuerto de Bilbao a la cual te invitamos y solícitamos tu solidaridad. A todos nos puede pasar".

La antigua empresa de Morenés en liquidación. Recibió 80 millones en contratos públicos en cinco años

  • La empresa ha recibido numerosas adjudicaciones públicas durante los últimos cuatro años.
  • Al parecer hay un grupo que podría estar interesado en comprarla, pero por ahora no hay nada cerrado.
  • Luis Lada, ex de Telefónica, era el Presidente del Grupo.
El futuro del Grupo Segur (que engloba a Segur Ibérica, Segur Fuego 2005 y Consorcio de Servicios) y que es una de las empresas de seguridad más importante del país, resulta cada vez más incierto. Los administradores concursales han tomado las riendas de la compañía, después de que el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid haya decidido abrir la fase de liquidación tras el concurso voluntario de acreedores al que se ha suscrito la compañía. Una responsabilidad que recae en PWC que ya se ha comenzado las tareas de análisis de la empresa, según la documentación a la que ha podido acceder Merca2.

Entre los asuntos pendientes, según explican fuentes sindicales, estará el intentar poner al día las nóminas de los trabajadores. Al parecer, hay varios empleados (de los más de 4.700 que tiene la empresa) que todavía no han cobrado el mes de noviembre, y hay poca esperanza en que puedan cobrar la de diciembre y la extra de Navidad. Lo que sí está claro es que el ERE planteado hace mes y medio, que afectará a 321 trabajadores, sigue adelante, aunque los sindicatos temen que la intención de la empresa sea que se haga cargo de los atrasos y las indemnizaciones el FOGASA.

La empresa participa regularmente en concursos públicos. Durante los últimos años ha recibido 80 millones de euros en adjudicaciones

La mayor parte de los trabajadores afectados corresponde a los servicios centrales. El resto de la plantilla son -en su mayoría- vigilantes de seguridad. Según explican fuentes sindicales existe una tradición de subrogar las plantillas, por lo que en caso de que la empresa cerrara, la compañía que asumiera esos servicios se haría cargo de los empleados.

Ahora bien, el futuro de Segur Ibérica viene ligado también al de un grupo inversor que, al parecer, sigue interesado en comprarla, aunque no se ha cerrado todavía el acuerdo. Este será, precisamente, otro de los puntos que tendrá que abordar el administrador concursal en las próximas semanas. Se trata, según informó la propia Segur Ibérica hace unos meses, de un grupo europeo con intereses en España. Sin embargo, se desconoce el nombre por confidencialidad. Aunque en el sector se habla de que podrían estar encima de la mesa compañías como Securitas, Seguriber o Prosegur. También hay, incluso, quien habla de una empresa israelí.

Se da la circunstancia de que la caída de Segur Ibérica se produce, casi en el tiempo, con el adiós de Pedro Morenés como ministro de Defensa quien era presidente de la empresa de seguridad antes de cambiar al sector público. Morenés se incorporó al primer gabinete de Mariano Rajoy, y durante estos casi cinco años (contando el tiempo de Gobierno en funciones) la Administración del Estado ha adjudicado algo más de 80 millones de euros a Segur Ibérica para cubrir distintos servicios de seguridad.

Lo datos de la Plataforma de Contratación del Estado reflejan que fue en abril el último mes en el que el Grupo Segur logró contratos de la Administración. En concreto, el 18 de abril logró un contrato de Patrimonio Nacional para la vigilancia de algunas dependencias por importe de 600.000 euros. Un mes antes, y con el Gobierno ya en funciones, Navantia decidió adjudicar también el contrato de vigilancia de todos sus centros por un importe total de nueve millones de euros.

Un grupo europeo está interesado en hacerse con la empresa

Cabe decir que no en todos esos contratos estuvo directamente implicado el ministro Pedro Morenés, ya que muchos son adjudicaciones de empresas públicas. Sin embargo, resulta llamativo que -pese a todo- la compañía siga teniendo problemas económicos. Algo que también llama la atención de los sindicatos de la empresa que califican la gestión de “capciosa e ineficiente”.

Morenés, según datos del Registro Mercantil, dejó la presidencia del Grupo Segur el 30 de enero de 2012. Tras él ha habido otros tres presidentes: Jaime Hernández Soto, José Luis Novales y Luis Lada (ex Telefónica), el actual presidente, que ahora cesará con la disolución del Consejo de Administración tras la llegada de los Administradores Concursales.

Desde Merca2 hemos intentado hablar con la dirección de comunicación de la empresa sin que por el momento hayamos recibido respuesta por su parte.

Vigilante de seguridad agredido en el Metro de Bilbao: «Sentí un golpe en la espalda, me tiraron y patearon la cabeza»

Dos vigilantes del metro de Bilbao fueron apaleados en San Mamés después de impedir que uno de los agresores se abalanzara sobre una chica.

«¡Apoyo en San Mamés. Nos están apaleando!». Txema G. tuvo tiempo de pulsar el botón de la pastilla que lleva enganchada en el pecho del uniforme para pedir ayuda por la emisora. El otro vigilante acababa de ser derribado de un puñetazo y él, al ir a auxiliarle, también terminó en el suelo. «Es muy triste ver a un compañero tirado de un porrazo», confiesa a EL CORREO, aún dolorido por los golpes que le han obligado a coger la baja.

Le tocó trabajar en Nochebuena a partir de la una de la madrugada, cuando se abre el metro en Bilbao. Pero lo peor no fue eso. Cubrían las estaciones de San Mamés y Sarriko, que no están entre las consideradas conflictivas, donde los vigilantes deben ponerse un chaleco antipunzón aunque no sea de su talla.

Estaban a punto de terminar el turno, sobre las 7.40 horas, cuando él y su compañero Aitor, que llevan años trabajando como guardas, los últimos de ellos contratados por la empresa de seguridad Prosegur en el metro de Bilbao, escucharon «unos gritos procedentes del andén 2, que va a Basauri». El más corpulento de ellos, Aitor, se asomó para comprobar lo que ocurría y vio «a un chico muy excitado, gritando a una chica a la que iba a agredir», por lo que se interpuso. «Y todo fue para evitar que una mujer fuera atacada... Se habría caído de espaldas por las escaleras», se duele Txema.

Airado, el joven se dirigió hacia la salida y «dio un golpetazo a las máquinas validadoras. Como nosotros tenemos que proteger las instalaciones, se lo recriminamos», relata el uniformado. Entonces, aquel individuo «se giró y le dio a mi compañero con el puño cerrado en la cara, le partió la dentadura, le abrió una herida en la encía y le derribó con todo lo grande que es». Por puro instinto, Txema sacó la defensa, «que lo tenemos prohibido», y acudió a «dar apoyo» a su colega. Cuando estaba junto a él, «sentí un golpe en la espalda, me tiraron al suelo y me patearon la cabeza». Al caer, se partió el labio y empezó a sangrar: «Estaba como atontado». Sólo recuerda que vio «cuatro zapatillas en el suelo», por lo que en la denuncia que ha interpuesto en la Ertzaintza ha contabilizado entre «dos o tres agresores». Su compañero se levantó para ayudarle y «volvieron a arremeter contra él, le dejaron bloqueado».

Luxación del pulgar

En ese momento, se acercaron unos chavales que, a su juicio, formaban parte del mismo grupo que los agresores: «Me ayudaron a levantar y me dijeron que iban bastante bebidos, que les dejara marchar».

Txema y Aitor subieron por las escaleras hasta la salida, pero no llegaron a alcanzarles. En ese momento, aparecieron sus compañeros para ayudarles, ya que «por la noche los trenes pasan cada veinte minutos». Cuando paró la primera unidad, se desplazaron hasta la base de Bolueta y un encargado les llevó a la mutua de urgencias, donde a Txema le diagnosticaron una luxación en el dedo pulgar, que está «algo astillado», y dos chichones en la cabeza.

La mañana de Navidad, mientras a ellos les atendían en la mutua hubo más peleas. «Encima de que tienen un servicio de metro toda la noche para que puedan salir de juerga, no lo valoran», protesta.Hace siete años sufrió otra agresión, le tuvieron que practicar «cuatro puntos de sutura por un cabezazo». Recientemente, además, han llevado a juicio a un grupo de guitarristas que tienen prohibido tocar en el metro, acusados de «amenazas e intento de agresión». Los insultos son habituales, especialmente por parte de los que «vienen pasados de alcohol los fines de semana, y te los tienes que tragar, no puedes contestar; también del típico gracioso que se cuela delante de tus narices». Los vigilantes se quejan de que «todavía hay gente que no se da cuenta de que estamos para servirles, por lo que piden «concienciación y respeto».

El ministro del Interior destaca el nuevo Reglamento de Seguridad Privada como una prioridad

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha destacado entre las prioridades de su mandato el impulso al nuevo Reglamento de Seguridad Privada, que “debe ser abordado durante esta Legislatura, en desarrollo de la Ley que ya fue acordada por varios grupos“.

En palabras del ministro, el nuevo reglamento “resulta imprescindible para la efectividad de las novedades que ha incorporado la Ley 5/2014, de 4 de abril, de seguridad privada, que tuvo una excelente acogida dentro de este importante sector”.

El titular de Interior hizo estas declaraciones durante la comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para explicar las líneas de gestión del Ministerio del Interior para esta Legislatura.

Durante su intervención, Zoido destacó que el sector de la seguridad privada facturó en 2015, 3.481 millones de euros y da trabajo a 100.000 personas. Es un sector “puntero y reconocido tecnológicamente a nivel mundial, y es necesario para el correcto desempeño de los grandes sectores económicos de este país, como son el Comercio, la Banca o los Transportes“, manifestó el ministro.

Ere en Segur Ibérica

Actas de la cuarta reunión




Segur Ibérica rebaja de 453 a 316 los afectados por el despido colectivo

Dirección y representantes sindicales de la empresa de seguridad Segur Ibérica se reunieron ayer en Madrid para continuar con la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción planteado por la firma, pero el proceso está estancado. Los sindicatos denuncian que la compañía únicamente aporta cifras de las bajas previstas en función de la plantilla que le va quedando como consecuencia de la marcha continuada (día tras día) de trabajadores -por la pérdida de distintos servicios y la subrogación de esos empleados por parte de las firmas que los asumen- y la previsión de venta de parte de su estructura. Por ello, las centrales sindicales aseguran que es "imposible" negociar posibles alternativas, como reubicaciones, al desconocer cuáles son los afectados reales del despido colectivo.

Segur Ibérica cuantificó ayer en 316 los empleados que prevé incluir en el ERE, frente a los 453 anunciados la semana pasada. La compañía rebajó de 280 a 163 los profesionales operativos (vigilantes) incluidos en el proceso, un descenso que responde a que parte de los afectados se benefició ya de subrogaciones, y de 173 a 153 los de estructura (oficinas), al prever que unos 20 trabajadores se incluyan en la venta de Grupo Segur (matriz de Segur Ibérica) a una firma multinacional. De hecho, la empresa de seguridad sostiene que la cifra del personal de oficinas puede bajar aún en 60 personas más si se cumple la mejor de las previsiones en la venta del grupo.

Impagos a los trabajadores

Los representantes de la plantilla alertaron además de que la empresa sigue con los impagos a muchos trabajadores, tanto de salarios como de finiquitos, "lo que complica la situación económica de muchas familias en estas fechas tan especiales". "Hay cerca de un centenar de empleados en esta situación en Galicia", denunciaron fuentes sindicales, que critican la actitud de la empresa en la negociación del ERE porque impide avanzar y alcanzar una solución. "En ningún momento concreta los afectados y no llega a haber negociación. Hay variación de datos según evoluciona la situación de la empresa", concluyen.

Una decena de jóvenes propinan una brutal paliza a dos vigilantes del metro (Bilbao)

Los guardas, uno de ellos con la dentadura rota y otro con golpes en la cabeza, están de baja tras la agresión, que se registró a las 7.45 horas en la estación de San Mamés

La Nochebuena, con su banda sonora de discoteca para los que salen de fiesta y regada con alcohol, trajo una Navidad dolorosa para dos de los vigilantes del metro que tenían que trabajar en tan señalada fecha. Los guardas de seguridad - que ejercen en el interior de las instalaciones pero que no forman parte de la plantilla ya que el suburbano contrata con Prosegur este servicio-, sufrieron a primera hora de la mañana de ayer una brutal paliza en la estación de San Mamés. Metro Bilbao ya ha interpuesto una denuncia.

Eran las 7.45 horas cuando los dos empleados fueron a mediar en una discusión entre un joven y una chica porque él «estaba comenzando a ponerse violento con ella», según relataron posteriormente los vigilantes a un delegado de CC OO de la firma de seguridad. La trifulca tenía lugar junto a las máquinas dispensadoras de los billetes. Abajo, en el andén -en la vía dos, en dirección a Bilbao-, charlaba un grupo de «una decena de jóvenes, de unos veintipico años y ajenos a la pareja a la que habían separado». Esta cuadrilla estaba esperando el metro para marcharse a casa tras la noche de juerga. «Debían tener ganas de lío. Oyeron el jaleo arriba y la tomaron con los vigilantes», explicó el delegado sindical a EL CORREO.

Los agresores subieron las escaleras, saltaron por las máquinas canceladoras y comenzaron a golpear a los vigilantes, que apenas tuvieron margen de maniobra, según denunciaron las víctimas. «Les dieron puñetazos en la cabeza, les tiraron al suelo y les siguieron propinando patadas por todo el cuerpo», explicó el representante de CC OO. Los guardias de Prosegur, de baja médica, tuvieron que ser trasladados a la Intermutual, donde les atendieron. Además de varias contusiones, uno de ellos tiene la dentadura rota, y otro una luxación en el dedo, que le fue entablillado, y golpes en la cabeza. Los agresores salieron corriendo en dirección a Termibus. La Ertzaintza ya trabaja en la identificación de los mismos. Tanto la Policía autónoma, ante la que han presentado sendas denuncias los vigilantes, como el personal de Metro Bilbao realizan el visionado de las cámaras de seguridad, que grabaron toda la escena, además de comprobar las cancelaciones de las tarjeta Barik cuando accedieron al suburbano.

Movilizaciones

Fuentes de CC OO, que condenó «rotundamente» la agresión sufrida por ambos trabajadores, explicaron que este miércoles se reunirá el comité de empresa y no descartan convocar movilizaciones. Reclamaron tanto a Prosegur como a la dirección del Metro más medios de seguridad para los vigilantes.

«Creemos que en este último episodio tienen parte de responsabilidad tanto Metro Bilbao como Prosegur, porque llevamos años pidiendo medidas y hacen oídos sordos porque implicarían un incremento de presupuesto, por lo que estamos indefensos», dijo el delegado de CC OO. Según explicó, «solo tenemos porra y grilletes, ni siquiera chaleco anticortes o spray de pimienta. Cualquier día te pueden dar una puñalada y el chaleco nos protegería. Si solo tuviéramos el spray y se te echasen encima diez como en el último caso, alguno hubiera desistido y las consecuencias serían menores», dijo.

Lo cierto es que los empleados del metro se enfrentan cada año a episodios violentos, insultos y amenazas, incluyendo actos de intimidación con armas blancas. En octubre del año pasado, sindicalistas, trabajadores y vigilantes se manifestaron, precisamente, frente a la estación de San Mamés en repulsa por las agresiones que sufren «cada vez más a menudo», después de que se produjeran dos ataques contra empleados en tan solo cinco días.

Adif deja en suspenso su 'macrocontrato' de seguridad y vigilancia de 123 millones

Adif ha dejado en suspenso el concurso público que abrió a mediados del pasado mes noviembre para contratar los servicios de vigilancia y seguridad de todas sus estaciones de tren y del resto de instalaciones para los tres próximos años (2017-2019), estimado en 123,10 millones de euros, tras presentar USO un recurso contra los pliegos del proceso.

El sindicato considera que las condiciones fijadas para participar en el concurso "facilitaban el acceso de empresas 'piratas' a este contrato", según informó la formación.

Tras presentar USO el recurso el pasado 22 de noviembre, a través de su Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO), Adif publica este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio de que se deja en suspenso el procedimiento de contratación.

Así, las fecha de presentación de ofertas al contrato por parte de las empresas interesadas, fijada para el próximo 30 de diciembre, quedan aplazadas.

Adif licitó en noviembre el contrato de servicios de seguridad y vigilancia de sus estaciones e instalaciones dividido en seis lotes, en función de las las distintas áreas geográficas.

El importe de cada lote oscila entre los 5,24 millones correspondientes a los servicios de seguridad para todas las instalaciones del Norte del país y los 16,88 millones a los que ascienden las del centro.

SEGUNDO GRAN CONTRATO DE SEGURIDAD.

Se trata del segundo gran contrato del ámbito de los servicios de seguridad y vigilancia que se fallará en el sector ferroviario en un año, dado que a comienzos de este ejercicio Renfe adjudicó su correspondiente contrato de seguridad, también por un plazo de tres años y por importe de 173 millones de euros.

En el caso de la operadora, el contrato también se repartió en distintos lotes, que se repartieron entre un total de nueve compañías, concretamente Eulen, Prosegur, Ombuds, Segur Ibérica, Garda Servicios de Seguridad, Mega 2 Seguridad, Protección y Seguridad Técnica, Servicios Integrales de Seguridad y Transportes Blindados.

Tríptico informativo "Riesgos específicos de las vigilantes de seguridad"




Acta 3 Reunión ERE Segur Ibérica


En la reunión mantenida hoy entre empresa y sindicatos, la empresa ha trasladado que los trabajadores que se pueden ver afectados son 4.713 trabajadores. 833 de estos trabajadores están pendientes de ser subrogados en fechas próximas, 3.427 son personal subrogable,  280 no son al no estar adscritos a ningún servicio, siendo 173 personal de estructura. 

Por lo tanto el E.R.E. terminará afectando de lleno a 453 trabajadores, 280 no subrogables y 173 de estructura. 

La parte sindical ha trasladado a la parte empresarial el tema del abono de las nóminas. 

                          
          Ver acta 3                                           Ver nota prensa

Detenidos cuatro jóvenes latinos por dar una paliza a tres vigilantes en La Rambla (Mallorca).



Agentes de la Policía Local de Palma procedieron a la detención decuatro jóvenes de nacionalidad colombiana acusados de propinar una brutal paliza a tres vigilantes de seguridad en La Rambla. Los hechos tuvieron lugar a las dos de la madrugada del domingo al lunes, en la zona del mercadillo de Navidad de La Rambla. Entre los arrestados se encuentran dos chicos menores de edad y dos adultos de 19 y 21 años, respectivamente.

«Uno de los vigilantes que tenemos en la plaza España comunicó al resto de compañeros que por la calle de los Olmos estaban bajando un grupo de jóvenes latinos tirando las papeleras, dando patadas a las persianas de los locales, etc... 

Cuando estos cuatro individuos llegaron a La Rambla, comenzaron a pegar patadas a los cubos de basura y a las casetas. Cuando uno de los integrantes del personal de seguridad les recriminó su acción, sin mediar palabra alguna, uno de los chicos se giró y se abalanzó contra el profesional lanzándole varias patadas que afortunadamente el vigilante pudo bloquear y acto seguido le lanzó una botella de whisky», relata Benny Bestard, gerente de la empresa de seguridad GPS. 

Tras el primer ataque, la pandilla de vándalos se marchó. Mientras tanto, el segundo vigilante acudió en auxilio de su compañero. Una vez que los dos integrantes de seguridad estaban juntos en la fuente de La Rambla, pudieron observar cómo regresaba de nuevo el grupo de chicos con las manos en la espalda. «Cuando llegan a la altura de ellos, uno de los colombianos sacó un cuchillo de grandes dimensiones y atacó al vigilante. Afortunadamente, con la defensa pudo repeler la agresión, pero inmediatamente, los otros tres se lanzaron a por ellos esgrimiendo cadenas, cuchillos e incluso un retrovisor de una moto. 

A partir de ese momento los vigilantes retrocedieron para evitar la agresión y solicitaron ayuda al personal de de la Tesorería de la Seguridad Social. El vigilante que salió en ayuda de sus compañeros también fue agredido por el grupo de jóvenes violentos con una cadena», señala Bestard. Las víctimas presentan múltiples golpes en todo el cuerpo.

Segur Ibérica plantea incluir en el ERE al 10% de su actual plantilla, 453 trabajadores

El plan incluye los 173 empleados de oficinas y 280 vigilantes n 2.500 de los casi 7.000 profesionales de la empresa fueron subrogados a otras firmas tras la pérdida de servicios.

La empresa de seguridad privada Segur Ibérica cuantificó ayer por primera vez -en la tercera reunión del periodo de consultas del ERE- a los sindicatos el impacto que tendrá el despido colectivo en la plantilla: afectará a 453 trabajadores, de un total de entre 4.300 y 4.500 que integran actualmente la empresa, lo que equivale a un 10% del total. Son los 173 trabajadores de estructura (oficinas) de la compañía y 280 operativos (vigilantes) no adscritos a un servicio concreto. Pero estas cifras tienen matices: el número de afectados de la parte administrativa depende de qué estructuras se incluyan en la venta de Grupo Segur (matriz de Segur Ibérica) a una multinacional interesada en adquirirlo. Y las bajas en la plantilla operativa dependen de los servicios que la empresa quiera mantener. "Son datos muy escuetos, no desagregados por comunidades, poco concretos y muy condicionados a decisiones futuras de la empresa, por lo que es imposible negociar nada", denunciaron representantes sindicales presentes en el encuentro de ayer, que insisten en que la firma actúa de mala fe en la negociación.

De hecho, la empresa está en pleno proceso de "pérdida intencionada" de servicios con la finalidad de deshacerse de la mayor parte de su plantilla pues los trabajadores que prestan esos servicios tienen que ser subrogados (asumidos) por la empresa que entra. Solo en las últimas semanas Segur Ibérica pasó de tener cerca de 7.000 trabajadores -unos 700 en Galicia- a los actuales 4.300-4.500. "Y bajando. Mañana mismo [por hoy] los vigilantes que prestaban servicio a Acciona dejan la empresa. Y en los próximos días les seguirán otros", sentencian fuentes sindicales.

Los representantes de los trabajadores sostienen que los afectados finales por el ERE serán todos aquellos que sigan en plantilla tras el fin de las subrogaciones y la venta de Grupo Segur. "La empresa está abandonando servicios y pretende cerrar todo lo que pueda por subrogaciones antes del 31 de diciembre", aseguran.

Los sindicatos, sin embargo, denuncian que la documentación aportada por Segur Ibérica es insuficiente y no permite negociar, al no detallar los afectados exactos "para poder estudiar posibles reubicaciones". Tampoco ven voluntad de negociación en cuanto a la propuesta económica. La empresa afirma que su situación no va a permitir indemnizaciones superiores a los 20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades y que incluso puede ser que los trabajadores tengan que recurrir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para poder cobrar -si la venta de Grupo Segur no se concreta- ante la falta de liquidez de la compañía.

Al margen del ERE, las centrales sindicales denuncian la persistencia de los impagos en toda España. Actualmente, aseguran, hay 900 trabajadores que no cobraron la nómina de noviembre, unos 150 en Galicia. Y aseguran que hay casos críticos, como el de un trabajador de A Coruña "al que sus compañeros han tenido que entregar alimentos al quedar sin dinero tras el pago del alquiler y de facturas".

Segur Ibérica pasa a tener administrador único

En el Boletín Oficial del Registro Mercantil del pasado día 7 de Diciembre, aparecía publicado el cese de la cúpula de Segur Ibérica, y el nombramiento de un administrador único de la empresa.

Los clientes de Segur Ibérica, dispuestos a abonar directamente los pagos a la plantilla para hacer frente a los impagos de salarios

Los sindicatos USO y CCOO iniciaron una ronda de reuniones con los clientes de la compañía de seguridad Segur Ibérica para intentar buscar soluciones al impago de salarios que están sufriendo los empleados y que continuarán durante la próxima semana.

Desde las centrales sindicales destacan la buena predisposición de las empresaspara solucionar este conflicto salarial y que algunos clientes han pedido a los representantes de los trabajadores que colaboren con ellos y reúnan documentos firmados por los vigilantes certificando que no les han abonado las nóminas, para así poder justificar la rescisión de contratos con Segur Ibérica, y en su caso retener la facturación sin incumplir lo acordado.

Los representantes de los trabajadores se muestran contentos aunque son conscientes de que en los contratos públicos habrá mas complicaciones para buscar una vía de solución con celeridad, debido a “trabas burocráticas”.

Por otro lados, advierten que si finalmente hubiera una venta de la compañía por unidades productivas como informa Segur Ibérica en las reuniones del ERE, los más perjudicados serían los vigilantes sin servicio fijo asignado, que serán los que más riesgo corre su empleo y el abono de sus salarios.

Segur Ibérica por su parte, ha asegurado al Comité de Empresa que durante la semana próxima abonarán a parte de la plantilla las cantidades que les adeudan

Los sindicatos CC.OO. y USO se reúnen con clientes de Segur Ibérica para "solucionar el impago de salarios" a empleados

Los sindicatos CC.OO. y USO iniciaron una serie de reuniones con clientes de la empresa de seguridad privada Segur Ibérica, que esta semana solicitó el concurso de acreedores, para "solucionar el impago de salarios" a sus empleados.

En un comunicado de prensa emitido conjuntamente este domingo, los sindicatos han indicado que los clientes de Segur Ibérica han mostrado "gran interés para solucionar el conflicto" y han solicitado a la representación sindical que "reúna documentos firmados por los vigilantes certificando que no les han abonado las nóminas".

Con esta documentación, las empresas que tienen contratada la seguridad con esta compañía podrían "justificar la rescisión" de los acuerdos, así como "retener la facturación sin incumplir lo acordado en los mismos".

Por contra, los sindicatos han asegurado que, en el caso de los contratos públicos, "habrá más complicaciones para buscar una vía de solución con celeridad, debido a trabas burocráticas".

Así las cosas, han trasladado que Segur Ibérica, que cuenta con 700 empleados en Galicia, se ha comprometido con el Comité de Empresa a abonar "a parte de la plantilla las cantidades que les adeudan".

Sindicatos pedirán a clientes de Segur Ibérica colaboración para solucionar los impagos de salarios

Los sindicatos USO, CC.OO. y CIG han iniciado una ronda de visitas a los clientes de la empresa Segur Ibérica con el objetivo de "buscar una solución conjunta" para sus compañeros ante la situación de "impago de salarios" que sufren.

En un comunicado remitido a los medios este jueves, los tres sindicatos presentes en el comité de empresa de A Coruña han explicado que buscan que las empresas y organismos "se involucren" y "retengan la facturación pendiente de abonar a la compañía de seguridad" y "consideren la opción de negociar un pago directo".

Esta medida, según han indicado, ya la han tomado "algunos clientes" con las nóminas del pasado mes de octubre "ante la previsión de un desfalco salarial a los trabajadores".

Y es que los sindicatos denuncian "la falta de voluntad" para solucionar el conflicto por parte de Segur Ibérica, empresa a la que acusan de no facilitar información a los representantes de los trabajadores y de provocar "una sensación completa de indefensión" a los afectados.

Frente a ello, los sindicatos USO, CC.OO. y CIG han destacado su "unidad de acción" para resolver esta situación "con responsabilidad y coherencia".

La próxima reunión del ERE está prevista para el próximo martes, día 13 de octubre, un encuentro en el que estarán presentes dos miembros del USO y CC.OO. presentes en el comité.

Interior eleva a 34,6 M. el gasto anual en la polémica seguridad privada de las cárceles

Ombuds es la gran triunfadora del concurso al hacerse con tres de los cuatro lotes en los que se ha dividido el contrato. El cuarto ha sido para una UTE formada por Coviar, Sabico y Prosetecnica. ACAIP, el sindicato mayoritario en Prisiones, lo califica de "derroche" por el "ineficaz" servicio prestado por estos vigilantes. 

Menos presos, más gasto en seguridad privada. Mientras el número de internos en los cárceles españolas se ha reducido en más de 14.000 reclusos desde 2009, el Ministerio del Interior que dirige Juan Ignacio Zoido gastará más dinero que nunca en contratar 800 vigilantes. En concreto, 34.666.869 euros, según se recogen en la resolución por la que se adjudica el concurso del denominado "servicio de apoyo a la seguridad en centros penitenciarios". Una cifra que supone un incremento de cerca del 4% respecto a la anterior licitación, que fue de poco más de 33 millones. La gran beneficiada ha sido la empresa Ombuds Compañía de Seguridad SA, que se ha hecho con tres de los cuatro lotes en los que se ha dividido el contrato. El cuarto ha sido para una UTE formada por Coviar,Sabico Seguridad SA y Prosetecnica, según la documentación a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

Con esta cantidad, serán cerca de 116 millones de euros el dinero gastado en un proyecto que ha estado rodeado de polémica desde que se puso en marcha en mayo de 2013. De este dinero, 7,3 millones fueron desembolsados en el 'proyecto piloto' que se puso en marcha entonces en 21 cárceles. Entonces se contrató a 254 vigilantes y, aunque estaba previsto que durase nueve meses, finalmente se prolongó ocho meses más con el consiguiente coste añadido. A dicha cantidad se sumaron los 33,3 millones que se invirtieron en la segunda fase iniciada el 1 de octubre de 2014 y que ya abarcó a las 67 prisiones dependientes del Ministerio del Interior. En ella se hicieron 550 nuevas contrataciones. Estaba prevista que durase un año, aunque se prorrogó un año más por el mismo importe. En total 81,3 millones de euros, a los que ahora hay que sumar ahora los 34,6 millones de euros del concurso ahora adjudicado.

Un elevado coste que es criticado por los propios funcionarios de las prisiones. La Agrupación de los Cuerpos de Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), el sindicato mayoritario, vienen denunciando la "ineficiacia" de estos servicios de seguridad privada desde que en 2012, al poco de la llegada de Mariano Rajoy al Palacio de La Moncloa y con Jorge Fernández Díaz al frente de Interior, se conocieron los planes. Entonces, el Gobierno del PP "justificó" el proyecto en la necesidad de recolocar a los escoltas destinados en el País Vasco que se habían quedado en paro tras el fin de la violencia etarra y en un supuesto ahorro económico. "Todo lo dicho era falso y lo único para lo que ha servido es para favorecer a las empresas de seguridad privada que, como todos conocemos, tienen un importante número de responsables con pasado o relaciones políticas de primer nivel", señalan desde ACAIP. De hecho, este sindicato insiste en negar el ahorro económico, ya que la incorporación de los vigilantes privados no ha supuesto una reducción del número de guardias civiles y policías destinados a la custodia de las prisiones.

"Negociado sin publicidad"

La nueva adjudicación fue firmada el pasado viernes 2 de diciembre por el nuevo secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y en ella se detalla que Interior había invitado a participar en este procedimiento "negociado sin publicidad" por motivos de seguridad a once empresas. Además de Ombuds y las tres que componen la UTE que se llevó el cuarto lote, también figuran Eulen Seguridad, Garda Servicios de Seguridad SA, Ilunion Seguridad SA, Prosegur, Securitas Seguridad España SA, Seguriber SLU y Seguriberica SA. A todas ellas se les pidió que detallasen en sus ofertas el precio de la hora de sus vigilantes en "puestos armados" y "sin arma", así como en turnos de 24 horas, de doce horas, de lunes a viernes y de lunes a sábado. Entre los aspectos técnicos, se valoró el tiempo para hacer "suplencias derivadas de imprevistos sobrevenidos durante la jornada laboral" y el "número de inspecciones mensuales".

Finalmente, Ombuds se llevó los tres lotes de mayor importe. En concreto, los que cubrirán la seguridad de los centros penitenciarios de Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla (valorado en 10,2 millones de euros), los de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja (8,8 millones), y Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid (7,9 millones). En total, esta empresa se embolsará 26,9 millones. El cuarto lote, el destinado a cubrir las cárceles de Aragón, Baleares, la Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra, estaba valorado en 7,5 millones y es el que se adjudicó la UTE formada por Coviar, Sabico y Prosetecnisa. La adjudicación detalla los precios netos por hora de trabajo de cada vigilante de seguridad según turnos y sin van armados. Van desde los 17,52 euros a los 13,30 euros, según diversas variables.

Tres fases

Pese a las fuertes críticas, que también han llegado desde los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de guardias civiles, Interior sigue dispuesta a seguir adelante con sus planes, aunque ha dilatado los plazos de su aplicación. De hecho, el proyecto contemplaba la puesta en marcha de una tercera y última fase del despliegue de vigilantes a finales de 2015, pero por el momento ya ha prorrogado en dos ocasiones la actual. De hecho, la nueva adjudicación deja al menos hasta finales de 2017 la entrada de este último paso, que incluirá la reducción de funcionarios y su sustitución por estos empleados de empresas de seguridad privada.

Hasta ahora, estos vigilantes se dedican al control del perímetro de los centros penitenciarios y del acceso a los mismos. También están encargados de atender los circuitos cerrados de televisión y la gestión de los saltos de alarmas. Todo ello, bajo la dirección de los integrantes de la Fuerzas de Seguridad del Estado y de los funcionarios de prisiones. Una labor en la que, según denuncian desde ACAIP, ya se ha saldado con numerosos incidentes, algunos de gravedad, tanto entre los propios vigilantes como entre ellos y los agentes policiales. "Ha habido despidos y traslados, pero la Administración no ha cancelado el contrato de las empresas afectadas como hubiera sido lo correcto", destacan portavoces del sindicato. Éstas recuerdan el caso de uno de estos empleados de la empresa privada destinado en la prisión de Albocàsser (Castellón), quien sólo fue apartado de dicho destino tras tres graves incidentes violentos. "En abril de 2016 fue detenido tras matar a otro compañero cuando protegía como vigilante de la misma compañía a un atunero en aguas de Somalia", señalan para recalcar la falta de control de estas empresas sobre sus trabajadores.

Comunicados de CC.OO. en relación al ERE en Segur Ibérica.

                             

            Documento                                            Documento 1
   

Comunicado de CC.OO. sobre procedimientos de despido colectivo de Segur Ibérica y de Consorcio de Servicios



Grupo Segur acuerda su venta a una multinacional de la seguridad tras entrar en concurso de acreedores.

Grupo Segur ha acordado su venta a una multinacional del sector de la seguridad para responder a sus necesidad de adaptación a las condiciones actuales del mercado, anunció la empresa en una nota.

La empresa asegura que, para materializar la compra, Grupo Segur inicia de forma voluntaria un proceso concursal acelerado que le permite legalmente contar con un plazo de tiempo para ordenar "aquellos aspectos administrativos en los que la empresa debe actuar con total responsabilidad pensando en el futuro a corto y largo plazo".

Fuentes del sector indicaron a Europa Press que la empresa ICTS se perfila como el posible comprador de Grupo Segur, cuya filial Segur Ibérica se encuentra inmersa en un ERE para toda la plantilla, formada por unos 4.000 trabajadores. La empresa ha negado que se trate de un ERE extintivo o de cierre.

Segur dice que ya ha trasladado a los representantes de los trabajadores la situación de venta, con el objeto de informarles sobre los aspectos concernientes a este marco de actuación que ahora se inicia.

La empresa adquiriente, afirma Segur, es una multinacional europea, de "contrastada fortaleza y solvente, con grandes capacidades tecnológicas, que busca mercados de inversión en España".

Los compradores han valorado positivamente de Grupo Segur su cartera de clientes de alto valor añadido y, con ello, las opciones de negocio que ofrece, con gran proyección empresarial en el mercado español.

El grupo añade que, con este anuncio, traslada "firmemente" no solo la continuidad de sus servicios con los clientes, sino también su consolidación con el nuevo escenario.

Segur Ibérica presenta concurso y propone despedir a toda la plantilla

Segur Ibérica ha comunicado a los representantes sindicales de los trabajadores que ha solicitado el concurso de acreedores ante los tribunales y que presentará un despido colectivo que, a falta de concretarse exactamente en que áreas se centraría, comienza afectando a toda la empresa. Ha sido este martes, en una comunicación que ha sorprendido a los propios sindicatos por su crudeza. El pasado 8 de noviembre, la compañía desmintió a Vozpópuli que hubiera concurso de acreedores ni que fuera a cerrar, tal y como se había informado.

El sindicato USO, que lanzó un comunicado sobre la reunión, calificó de "jarro de agua fría" la comunicación del concurso. Para ellos, "es una forma de decir que lo que pretenden es abaratar un ERE ya por sí muy abaratado gracias a las últimas reformas laborales". Según aseguran, la empresa ha asegurado que quiere dejar todos los servicios que considera deficitarios, "que según ellos son los que no dejan un margen de beneficio suficiente o que se retrasan sistemáticamente con el pago".

El objetivo es preparar la venta de la compañía y subrogar a muchos trabajadores

Por su parte, en CCOO destacan que el ERE se inició este pasado lunes 28 pero que "no se ha detallado todavía la afectación real ni señalado listados de puestos teóricamente afectados". La compañía estaría realizando este saneamiento con la intención de ser vendida a algún comprador. A día de hoy, el accionista mayoritario es el fondo español MCH, quien a través de MCH Iberian Capital Fund III, controla Segur Ibérica mientras está presente en el accionariado de Europastry (productor de masas congeladas), Talgo o Lenitudes (operador de hospitales).

A pesar del anuncio de que el ERE está dirigido a todos los trabajadores (el grupo Segur tiene unos 7.000 entre sus empresas Segur Ibérica, EAS, Consorcio de Servicios y Segur Fuego), difícilmente habrá tantos despidos ya que el objetivo es poder subrogar los trabajadores a las empresas comprantes. En muchos casos, el inicio del año podría tomarse como referencia para cambio del contrato. No obstante, el problema por el momento es que puede haber muchos servicios que sean deficitarios y tendrían complicado encontrar comprador.

Convulsos desde el verano

La situación en Segur Ibérica viene siendo compleja ya desde verano. Durante el mes de agosto Vozpópuli fue informado de que Segur Ibérica había sido embargada por parte de un juzgado de Madrid debido a unos impagos. Este diario se dirigió a la misma para comprobar si era cierto o no, recibiendo una negativa categórica por parte de su dirección de comunicación. Todo se debía a un error judicial ya subsanado, aseguraron, enviando posteriormente a este diario la documentación pertinente que así lo aseguraba.

El grupo confirma su venta

Grupo Segur ha enviado un comunicado confirmando que ha acordado su venta a una multinacional del sector de la seguridad para responder a sus necesidad de adaptación a las condiciones actuales del mercado. La empresa asegura que, para materializar la compra, Grupo Segur inicia de forma voluntaria un proceso concursal acelerado que le permite legalmente contar con un plazo de tiempo para ordenar "aquellos aspectos administrativos en los que la empresa debe actuar con total responsabilidad pensando en el futuro a corto y largo plazo". Segur dice que ya ha trasladado a los representantes de los trabajadores la situación de venta, con el objeto de informarles sobre los aspectos concernientes a este marco de actuación que ahora se inicia. La empresa adquiriente, afirma Segur, es una multinacional europea, de "contrastada fortaleza y solvente, con grandes capacidades tecnológicas, que busca mercados de inversión en España".

El Tribunal Supremo respalda el papel de las secciones sindicales

El Supremo ha admitido la legitimidad de las secciones sindicales para negociar un convenio de empresa de ámbito nacional, siempre que acrediten la mayoría de los representantes unitarios.

La aprobación de la reforma laboral de 2012 fue el pistoletazo de salida para que muchas empresas se sentaran a negociar un nuevo convenio que se adaptara a esta normativa. Esto no sólo ha provocado trabajo extra para los representantes legales, sino también para los tribunales, que han tenido que pronunciarse sobre la idoneidad de los nuevos textos.

Esta avalancha de cambios ha provocado, sin embargo, que muchos de estos convenios hayan sido tumbados en los juzgados -al menos, parcialmente- por, entre otras razones, fallos de forma o de negociación. No es el caso del convenio de empresa de Alcor Seguridad que, aunque el Tribunal Supremo ha ratificado que la reducción salarial presentada en las nuevas tablas no tiene efecto retroactivo, no ha sido declarado nulo por el Alto Tribunal, como ha pasado, hasta ahora, con el resto de los documentos negociados por empresas de seguridad privada.

El fallo de la sala de lo social del Supremo, que ha sido dado a conocer recientemente, va más allá y da un espaldarazo a la labor que realizan las secciones sindicales en este tipo de discusiones. "La sentencia admite que la representación sindical puede negociar un convenio de empresa de ámbito nacional a pesar de que el propio sindicato se echara para atrás una vez cerrado el acuerdo e impugnara la decisión acordada por sus propios representantes", comenta Alberto Novoa, abogado laboralista de Ceca Magán.

El Supremo, que respalda la sentencia emitida por la Audiencia Nacional, rechaza la anulación del convenio pretendida por los demandantes -cinco sindicatos- sobre la base de que se había negociado con una comisión híbrida, compuesta por representantes sindicales y por unitarios (delegados de personal y comité de empresa).

Y es que precisamente la segunda vía ha sido tumbada con anterioridad por los tribunales, como recuerda el propio fallo, porque "si se pretende negociar un convenio con los representantes unitarios, deberá acreditarse que representan a todos sus centros de trabajo. [...] La representatividad unitaria no se irradia de un centro a otro".

Para razonar su sentencia, el Tribunal Supremo recuerda el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la legitimación para negociar convenios de empresa por las secciones sindicales que acrediten la mayoría de los representantes unitarios.

Mayoría de representantes

Es el caso del convenio de Alcor Seguridad. Para sortear esta traba y una vez advertidos por la Dirección General de Empleo de posibles defectos en la composición de la comisión negociadora, se constituyó una nueva formada, en esta ocasión, por las secciones sindicales de USO y UGT, que acreditaban la afiliación de 12 de los 17 representantes.

La sentencia concluye que "la bancada social estaba compuesta efectivamente por las secciones sindicales mayoritarias quienes, al suscribir el convenio, lo legitimaron plenamente, por lo que la firma de los representantes unitarios constituye un aporte suplementario de legitimación que, de no haberse producido, no hubiera afectado a la legitimidad del convenio".

Asimismo, el Alto Tribunal también rechaza la parte del recurso de USO que insiste en la falta de legitimidad de los firmantes para suscribir por sí solos un documento de ámbito estatal cuando los representantes sólo pertenecen a tres centros de trabajo.

Elecciones sindicales

Sin embargo, el Supremo señala que "si hay constituido un comité de empresa por elecciones llevadas a cabo en todos los centros de trabajo, y las secciones sindicales integrantes de la comisión negociadora representan la mayoría de los miembros del citado comité que, repetimos, es de toda la empresa, dicho está que las secciones sindicales firmantes tienen legitimación plena para suscribir el referido convenio".

El letrado de Ceca Magán Abogados subraya que esta sentencia es de especial relevancia para las empresas de prestación de servicios, ya que facilita la negociación de los convenios al reforzarse la legitimidad de las secciones sindicales en este tipo de actuaciones, siempre y cuando representen a la mayoría del comité de empresa tras unas elecciones celebradas en todos los centros de trabajo.