El ERE de extinción de Segur Ibérica afectará a entre 300 y 500 trabajadores

En un primer lugar, se habló de que el ERE iba a afectar a la totalidad de la plantilla, unas 4.000 personas, aunque ahora la mayoría de los empleados van a ser reubicados en una nueva compañía.

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo de la compañía Segur Ibérica afectará a entre 300 y 500 trabajadores, aunque el proceso de negociación para abordar las condiciones continúa abierto, según han informado a Europa Press fuentes sindicales involucradas en la negociación.

En un primer lugar, se habló de que el ERE iba a afectar a la totalidad de la plantilla, unas 4.000 personas, aunque ahora la mayoría de los trabajadores van a ser reubicados en una nueva compañía.

Las organizaciones sindicales quieren que durante el proceso se den todo tipo de garantías que dejen claro que los trabajadores no van a perder sus condiciones actuales al pasar a la nueva empresa. Así se lo señalarán a los representantes de la compañía en la reunión que mantendrán durante los próximos días.

La compañía, que fue presidida por el exministro de Defensa Pedro Morenés hasta su entrada en el Gobierno, contaba con unos 4.000 trabajadores en varias ciudades españolas, como Cataluña, Madrid, Valencia, Alicante o Murcia, entre otras.

El pasado 27 de abril el magistrado Jorge Montull Urquijo aprobó el plan de liquidación de Segur Ibérica y sus filiales en el registro mercantil número 3 de Madrid, según se desprende del auto judicial.

Este plan contempla la venta de la empresa en tres etapas. En la primera de ellas, se venderán las unidades productivas de Segur Ibérica y su consorcio a I-Sec International Security, la única empresa que presentó oferta.

Concretamente, las actividades del consorcio pasarán a ejecutarse a través de I-Sec Spain Services Management, mientras que el negocio de Segur Ibérica se realizará en I-Sec Spain Security Management.

El precio por unidad productiva es de 20.000 euros e incluye el edificio de oficinas de Madrid de Segur Ibérica, que tiene un valor de 7,2 millones de euros, según consta en el auto judicial. Por otra parte, las actividades de Grandes Sistemas y Segur Fuego las efectuará Inviseg Sistemas.

En una segunda fase, se venderán de forma directa las unidades productivas y los demás activos de la empresa que queden fuera de la primera fase y en una tercera se subastarán los activos que queden.

Las organizaciones sindicales, por su parte, están aún a la espera de que el administrador concursal los convoque para explicarles los diferentes pasos que se van a dar y para que puedan plantear las dudas relacionadas con la relación definitiva de unidades productivas que se venden en la primera fase, el calendario del ERE y la estructura territorial de I-Sec Oviedo.

El Grupo Segur, al que pertenece Segur Ibérica, cuenta con seis direcciones territoriales (Noroeste, Norte, Centro, Cataluña, Levante y Sur) y 27 delegaciones repartidas por el país.

El Gobierno pide a la Fiscalía que investigue a la empresa canaria Sinergias de Seguridad

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha recibido la aprobación del Consejo de Ministros para enviar a la Fiscalía General del Estado un expediente de "infracción" sobre la Seguridad Social cursada por la Inspección Provincial de Trabajo de Las Palmas a Sinergias de Vigilancia y Seguridad.

Esta empresa, según CC.OO, UGT y CSIF, empleando fuentes mercantiles, forma parte de la órbita de influencia de Seguridad Integran Canaria (SIC). A partir de ahora, será la Fiscalía General de Estado quien analice el procedimiento sobre esta sociedad anónima.

En concreto, el acuerdo del Gobierno da luz verde a la suspensión del "procedimiento administrativo sancionador" incoado desde la Seguridad Social en Las Palmas. Pero activa la maquinaria jurídica desde el Ministerio Fiscal.

Los sindicatos del sector de la seguridad privada tildan a esta empresa como una marca blanca de SIC, cosa que ha rechazado la empresa en diversas ocasiones.

Un vigilante afectado tras intervenir ante el incendio de una caravana en el aparcamiento de la Feria (Sevilla).

Un vigilante de seguridad ha resultado afectado por inhalación de humor tras intervenir en el incendio de una caravana estacionada en uno de los aparcamiento de la Feria de Abril de la capital hispalense.

Según informa Emergencias Sevilla en su perfil de Facebook, en torno a las 15,00 horas se ha recibido un aviso en el Cecop del Dispositivo Especial de la Feria alertando sobre un incendio que se estaba produciendo en una caravana estacionada en uno de los aparcamientos de la Feria de Abril, el cual, tal y como indican las primeras investigaciones, pudo originarse en la cocina.

Inmediatamente, los vigilantes del mismo acudieron para auxiliar y pudieron rescatar del interior a la familia, procediendo a controlar el incendio mediante extintores, que finalmente, ha sido extinguido por los Bomberos del dispositivo especial.

A raíz del incidente, uno de los vigilantes que intervinieron ha sufrido lesiones leves y ha resultado afectado de manera leve por inhalación de humos, hechos por los cuales ha sido trasladado a un centro asistencial para su atención sanitaria. La familia ocupante de la caravana, de su parte, ha sido salido ilesa del suceso.

Desde Emergencias Sevilla quieren "poner en valor la actuación inmediata del vigilante, que no dudó en intervenir para rescatar a la familia implicada en el siniestro, con una actuación decisiva".

Detenido por denunciar una falsa agresión por parte de un vigilante de seguridad en Algeciras

La Policía Nacional ha detenido en Algeciras a una persona por supuestamente simular ser víctima de una agresión por parte de un vigilante de seguridad que prestaba servicio en la estación de autobuses de la localidad.

Tras la denuncia, los investigadores contactaron con varios trabajadores de la estación para ampliar los datos y tomaron declaración a los testigos presenciales, descubriendo finalmente que se había tratado de una reyerta entre dos personas en estado de embriaguez.

Por ello, según ha informado la Policía, los agentes constataron que la víctima faltó a la verdad en su denuncia, ya que la labor del vigilante de seguridad fue la de separar y mediar para que la agresión no llegara a mayores.

PSOE lleva al Congreso y Senado las condiciones laborales de los vigilantes de los edificios de Defensa

El Grupo Socialista en el Congreso y en el Senado ha anunciado que retomará esta semana el "problema laboral" de los vigilantes de seguridad de los edificios pertenecientes al Ministerio de Defensa, elevando iniciativas para "presionar al Gobierno en su política de contratación de empresas que prestan servicios en dependencias públicas y no respetan el convenio nacional".

Según ha indicado el PSOE a Europa Press, sólo en Defensa, el conflicto laboral afecta a 450 trabajadores en España y de éstos, medio centenar se encuentran destinados en la provincia de Cádiz. Por su parte, la diputada nacional del PSOE por la provincia Miryam Alconchel ha señalado que "a partir del 1 de mayo entra en vigor el contrato de adjudicación del Ministerio de Defensa a Marsegur Seguridad Privada", y ha añadido que "esperamos que desistan de imponer la precariedad en los salarios de los empleados como habían anunciado a los trabajadores y se avengan a razones, así como que no veamos nóminas a la baja". 

Alconchel ha recordado que ha registrado preguntas al Gobierno en relación a este conflicto, en el que sostiene "que el Gobierno no puede mirar para otro lado y amparar la explotación laboral en edificios públicos". 

En este sentido, ha explicado que el Gobierno ha adjudicado recientemente a Marsegur el contrato por valor de 19 millones de euros del Ministerio de Defensa, "a pesar de ser una empresa denunciada en los tribunales de justicia porque aplica su propio convenio en lugar del estatal, que es más favorable a los trabajadores". 

Alconchel ha recordado que en su pregunta parlamentaria denunciaba los "temores de la plantilla sobre la aplicación de una reducción de salarial media de un 45 por ciento sobre lo que han venido cobrando con la empresa cesante", y advertía al Ministerio de "ser cómplice de la barbaridad de conducir a este colectivo del mileurismo a la indigencia laboral, ya que con las condiciones que pretenden imponer los sueldos nunca superarían los 750 euros". 

En este sentido, Alconchel ha señalado que la respuesta parlamentaria ofrecida, "el Gobierno justifica, como en otras concesiones realizadas a la misma empresa en otros ministerios, que presentan la oferta económicamente más ventajosa", lo que a juicio de la dirigente socialista es "a costa de quitar derechos adquiridos a los trabajadores". 

Asimismo, Alconchel ha destacado las "propias incoherencias del Gobierno", ya que "si bien por un lado dice que los órganos de contratación no deben, ni pueden, interferir en el funcionamiento y organización internos de una empresa contratista, ni en la forma en la que se conduzca la negociación colectiva, por otro lado, asegura que ello no significa que el órgano de contratación pueda desatender el hecho de que la contratista debe cumplir, escrupulosamente, la normativa de carácter social, laboral, y de Seguridad Social durante la prestación de los servicios".

"La realidad es que estamos hablando de una empresa de la que es accionista Miguel Ángel Ramírez, cuya empresa Seguridad Integral Canaria que antes ganaba todos los contratos está siendo investigada por fraude fiscal y fraude a la Seguridad Social", ha manifestado Alconchel, que ha apuntando "la paradoja de que habiendo subido de 16 a 19 millones el contrato de Defensa con el cambio de nombre de la empresa quieran ahora pagarle menos a los trabajadores". 

Por ello, la diputada ha asegurado que "el PSOE llegará hasta el final en este asunto que no huele nada bien, pues existe una extraña concentración de contratos hacia una misma empresa denunciada en los tribunales por no respetar convenio que además está vinculada a un empresario canario, condenado e indultado por el Gobierno del PP en 2013 y que vuelve a estar investigado por fraude a Hacienda y a la Seguridad Social". 

Alconchel ha destacado que el Gobierno "reconoce" en la respuesta parlamentaria que el Pliego de Cláusulas del acuerdo marco de servicios de vigilancia para el Ministerio de Defensa configura, como condición especial de ejecución, con el carácter de obligación esencial, el cumplimiento de las obligaciones laborales y con la Seguridad Social, tributarias, y de cumplimiento de normas de prevención de riesgos laborales y de coordinación de actividades empresariales, por parte del contratista, en relación con el personal que presta los servicios. 

Por ello, para la dirigente socialista, "si es verdad que el incumplimiento de estas obligaciones puede conllevar al órgano de contratación a resolver el acuerdo marco, cómo es posible que el Gobierno no tenga en cuenta que la filial de esta empresa ya ha generado una deuda en cotizaciones a la Seguridad Social de once millones de euros y debe nueve millones a Hacienda". 

El Gobierno "ahora a posteriori y tras haber permitido la nueva concesión, dice que ha elevado consultas para ver la posibilidad de incluir, como criterio de valoración de ofertas para futuros contratos, el compromiso de la empresa licitadora de aplicar las condiciones establecidas en el convenio colectivo estatal, si son más favorables". 

Para Alconchel, no se entiende "por qué ese brindis al futuro cuando tiene en estos momentos una papeleta que resolver, por qué si la empresa está denunciada por aplicar un convenio por debajo del estatal no ha tomado cartas ya en el asunto".

Viriato Seguridad está siendo investigada por presunto fraude fiscal

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato USO (FTSP-USO) puso en conocimiento de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional las presuntas irregularidades cometidas por la empresa de seguridad Viriato, cuyo grupo operativo de fraudes emitió un informe que ha llevado consigo que el juzgado de instrucción número 1 de Molina de Segura esté investigando a esta empresa de seguridad con sede en Lorquí.

El secretario general de FTSP-USO, Basilio Alberto Febles, en declaraciones a la Cadena SER, ha denunciado que la empresa Viriato ha estado pagando las horas extra a sus trabajadores en negro, en dinero 'B' y en metálico.

Según este sindicato, desde el año 2009, esta empresa habría pagado de forma irregular a sus trabajadores en sobres de color marrón con etiquetas blancas en las que figura el nombre del trabajador. Estos trabajadores podrían estar percibiendo en dinero 'B' hasta el 30 % de su jornada laboral.

Por este motivo, el juzgado de Molina de Segura está investigando a esta mercantil por los presuntos delitos de defraudación a la Hacienda Pública (con relación al IRPF) y a la Tesorería de la Seguridad Social (por la no cotización de horas a la Seguridad Social).

USO exige el cumplimiento del convenio colectivo, el pago a sus 600 trabajadores en tiempo y forma y que no represalien a aquellos empleados que denuncien presuntas irregularidades.

Basilio Alberto Febles ha añadido que la empresa Viriato ha despedido a dos trabajadores por colaborar con la policía durante la investigación del pago de dinero.

El responsable sindical ha lamentado la forma de actuar de las empresas de seguridad que ha calificado de "piratas" y que recurren al fraude para tener un mayor margen de beneficios. Basilio Alberto Febles ha lamentado que este tipo de empresas trabajen, sobre todo, con las administraciones.

Viriato Seguridad acusa a USO de difamar y querer hacer daño

El gerente de Viriato Seguridad, José López Molina, ha negado a la Cadena SER las acusaciones del sindicato USO, al que acusa de difamar y querer hacer daño, tanto a la empresa como a él a título personal.

Sobre la investigación judicial que se está llevando a cabo por parte del juzgado de instrucción número 1 de Molina de Segura, José López Molina, ha declinado pronunciarse a la espera de que hable la justicia y haya una sentencia sobre la investigación de presuntos delitos de fraude fiscal, aunque ha defendido la forma de actuar de la empresa.

De hecho, acusa a USO de utilizar como testigos a personas que no han estado trabajando para la empresa. También asegura que esta mercantil no tiene 600 trabajadores, como se pone de manifiesto en la denuncia del sindicato, ya que ni siquiera llega a una plantilla de 200 personas, según López Molina.

Sobre el despido de dos trabajadores, el gerente de Viriato Seguridad, asegura que los despidos fueron procedentes.

El gerente de Viriato Seguridad dice estar preocupado por la imagen que este proceso judicial puede dando de la empresa.

CCOO denuncia las "deficientes condiciones de seguridad" de los vigilantes de SFM (Mallorca)

CCOO ha denunciado este martes las "deficientes condiciones de seguridad" en las que, según dicen, realizan su trabajo los vigilantes de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).

En un comunicado, el sindicato recuerda que el pasado 22 de abril un vigilante de seguridad de la Estación Intermodal de Palma detuvo a un individuo que había robado un bolso a una mujer.

Según indica CCOO, la Policía confiscó al detenido varios cuchillos y jeringuillas y, por ello, consideran que la detención por parte del trabajador de seguridad fue "una intervención de riesgo" ya que éste no llevaba en ese momento el preceptivo chaleco anticortes.

El sindicato explica que este tipo de intervenciones, "relativamente habituales tanto en la estación Intermodal de Palma como en el resto de estaciones", ponen de manifiesto la profesionalidad de estos trabajadores, el riesgo que asumen, y las graves carencias en materia de seguridad en las que trabajan.

En este sentido, indican que actualmente sólo hay seis chalecos anticortes para un total de 30 trabajadores que integran la dotación de vigilantes de seguridad para las diferentes estaciones.

Sobre esta deficiencia, añaden, tiene conocimiento tanto SFM, como la empresa de seguridad para la que trabajan, Trablisa. Además, recuerdan que mantuvieron una reunión con representantes del Govern en la que el Ejecutivo se comprometió a exigir a la empresa que dote a sus vigilantes de estas prendas de protección con carácter individual.

"Esperemos que no tenga que ocurrir una desgracia para que esta medida se lleve a efecto y para que Trablisa deje de priorizar otros intereses a la seguridad de sus trabajadores", concluye CCOO.

Prisión para el hombre que le arrancó una oreja al vigilante de una cofradía (Málaga)

El vigilante, de 28 años, tuvo que ser trasladado al Hospital Comarcal de la Axarquía y posteriormente al Hospital Regional de Málaga, donde fue intervenido y continúa ingresado.

Un juzgado de Vélez-Málaga (Málaga) ha decretado prisión sin fianza para el hombre de 33 años que agredió al vigilante de seguridad del tinglado de la Cofradía del Huerto y los Desamparados del municipio, al que atacó con un bate de béisbol y le desprendió una oreja.

Fuentes judiciales han informado hoy a Efe de que el juez ha ordenado el ingreso en prisión del agresor, vecino de Torrox y con numerosos antecedentes policiales, ante la gravedad de las heridas que causó al vigilante.

El hombre se pasó en la madrugada del pasado domingo por el tinglado del Huerto y al acceder, sufrió un impacto en la cabeza con uno de los varales de los tronos y se hizo una brecha, situación de la culpó al vigilante, con el que el empezó a discutir y a decirle de que iba a denunciarlo por no advertirle del peligro.




Un empresario de seguridad despide a sus empleados por denunciar que cobran en 'B'

La Policía asegura que se limitaron a colaborar con la Justicia, que mantiene imputado al dueño de la mercantil por delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública.

El propietario de la empresa de seguridad Viriato, José L. M., despidió el pasado 10 de marzo a dos de sus empleados después de que estos denunciaran ante la Policía Nacional que cobraban en dinero negro las horas extraordinarias que echaban. En sendas cartas remitidas a los ya extrabajadores, la mercantil les comunica a ambos el despido disciplinario y argumenta que se lleva a cabo porque los dos han "transgredido la buena fe contractual". Las misivas aseguran que la sociedad toma esta decisión no por colaborar con la Justicia, sino por "manipular imágenes, documentos y hechos a sabiendas de que así, y a través de la autoridad policial, inferían un grave daño de imagen a la empresa".

El dueño de la mercantil, que se encuentra imputado por el Juzgado número 1 de Molina de Segura (Murcia) por delito contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública gracias al testimonio de estos ahora exempleados, acusa a los trabajadores de mentir en sus declaraciones, que apuntaban a que la compañía les daba "dinero en efectivo en sobres pequeños de color marrón", extremo que la Policía considera confirmado en sus informes, basados en las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación de autobuses de Cartagena, que captaron a dos vigilantes recibiendo las mencionadas entregas.

Entre 60 y hasta 500 euros

Las imágenes, concluye la Policía, "corroboran" que el pago en negro se realiza en este recinto en los citados sobres, que cuentan con una pegatina blanca donde se reflejan el nombre, los apellidos y la cantidad a percibir por el vigilante en concepto de horas extra, que fluctuaba según el mes. En concreto, se situaba entre los 60 euros de las épocas en las que menos horas extras hacían los empleados hasta los 500 que en ocasiones recibían en verano, cuando por necesidades del servicio tenían que trabajar más tiempo.La firma considera que las acusaciones de los empleados son falsas, que los sobres marrones los usa para entregar documentación laboral tipo nóminas o registros de jornada, que los testimonios ante la Policía de estos dos trabajadores y de otros estaban planificados con anterioridad, que las imágenes grabadas fueron fruto de un montaje previo y que en ellas no se puede discernir el contenido de los sobres. Todo se ha hecho, según la mercantil, con el fin de "urdir una trama para desprestigiar y hundir a la empresa".

Aprovecha de este modo Viriato para defenderse en el marco del procedimiento judicial que instruye el Juzgado número 1 de Molina de Segura tras la denuncia presentada por el abogado Ismael Franco en nombre del secretario general de la Federación de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera, Basilio Febles, quien en su escrito encuadra el comportamiento de la mercantil en el marco de los "comportamientos dañinos" que están realizando empresas de seguridad propiciados por la crisis económica.

"Las cuantías de las defraudaciones en una plantilla tan amplia como la de la mercantil denunciada es muy elevada", según el sindicato, que habla de "millones de euros" con base en "otros comportamientos similares" llevados a cabo por firmas parecidas —a las que la organización denomina 'piratas'— que también se encuentran inmersas en procedimientos judiciales. La cantidad exacta que ha defraudado Viriato, sin embargo, aún no está determinada en sede judicial, ya que por el momento no ha habido informe al respecto de la Agencia Tributaria.

Defensa adjudica los servicios de seguridad a una empresa denunciada por imponer "precarias" condiciones laborales.

El Ministerio de Defensa ha adjudicado por casi 19 millones de euros los servicios de seguridad a la empresa Marsegur Seguridad Privada, denunciada ante el Ministerio de Trabajo por el sindicato FTSP-USO por imponer "precarias" condiciones laborales a sus empleados. 

La adjudicación aparece publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras la decisión de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa. Se trata de los servicios de seguridad, de vigilantes con y sin armas, para el Departamento dirigido por María Dolores de Cospedal y sus Organismos Autónomos. 

El asunto ha llegado al Congreso de los Diputados de mano de PSOE y Unidos Podemos, que registraron sendas preguntas escritas al Gobierno manifestando su preocupación por las condiciones laborales impuestas por la empresa en un nuevo convenio colectivo.

En su respuesta, recogida por Europa Press, el Ejecutivo explicó que Marsegur había sido la adjudicataria del servicio de seguridad del Ministerio de Defensa por haber presentado la oferta económicamente más ventajosa. 


Condenan a la empresa Eulen por despedir a dos vigilantes del Pazo de Tor (Lugo)

Un juzgado de lo social de Lugo acaba de declarar improcedente el despido de un vigilante del pazo de Tor por parte de la empresa de seguiridad Eulen. Ahora tendrá que indemnizarlo o readmitirlo y será el propio trabajador el que decida con cuál de estas dos opciones se queda, porque cuando fue despedido era delegado sindical. La empresa condenada se hizo cargo de la seguridad del pazo de Tor por encargo de la Diputación en sustitución de la monfortina Alcor.

Los dos vigilantes de seguridad que prestaban servicio en esas instalaciones formaban parte de la plantilla de Alcor y reclamaban que Eulen los mantuviese en sus puestos. Tanto ellos como Alcor interpretaban que la empresa nueva estaba obligada a hacerlo por el principio de subrogación, que compromete a las concesionarias de servicios públicos a quedarse con el personal con el que se encuentren cuando ganan el contrato para gestionar una nueva concesión.

Pero Eulen se negó, con el argumento de que en ese caso no estaba legalmente obligada a subrogarlos, y los despidió. Los dos afectados demandaron tanto a Eulen como a Alcor y ahora el juzgado de lo social número tres de Lugo acaba de fallar a favor de uno de ellos. El afectado era en Alcor delegado de un sindicato denominado Central Sindical Obrera Independiente, que tiene el 30% de la representación laboral en esa empresa. Un portavoz de ese sindicato denunciaba ayer el silencio de la Diputación ante el despido de estos dos trabajadores por parte de Eulen, en contraste con la beligerancia de esta institución contra Alcor cuando la empresa monfortina rebajó los sueldos de su plantilla por debajo del convenio general del sector.

Acta y anexos Comisión Negociadora Convenio Colectivo 4 de abril de 2017

Estimados compañeros:

os mandamos el acta del día de hoy de la mesa negociadora del convenio colectivo estatal de empresas de seguridad privada.

seguiremos informando


El Tribunal Supremo desestima el recurso de impugnación por parte de AESPRI del Convenio Colectivo Estatal

Desestimado el recurso de casación interpuesto por la representación letrada de ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL -AESPRI- contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el 17 de diciembre de 2015, en el procedimiento número 284/2015, seguido a instancia del citado recurrente, en contra del Convenio Colectivo Estatal de las empresas de seguridad privada.



El Govern de Cataluña ultima un decreto que ordena el ejercicio de competencias en seguridad privada

La Conselleria de Interior de la Generalitat está ultimando un decreto que regulará el ejercicio de sus competencias en materia de seguridad privada, determinará los órganos a los que corresponde ejercerlas y organizará las funciones que ha asumido el Govern, especialmente tras la aprobación de nueva Ley de seguridad ciudadana.

Actualmente, según datos de la Dirección General de Administración de Seguridad, en Catalunya hay 13.218 vigilantes de seguridad, 353.274 conexiones de alarmas a centrales receptoras y 101 centrales con conexiones en esta comunidad.

Asimismo, hay 340 empresas de seguridad que prestan servicios en Catalunya, de las cuales 198 son exclusivamente catalanas, según la misma fuente.

En una entrevista de Europa Press, la subdirectora general de Seguridad Interior, Maite Casado, ha explicado que con la Ley 5/2014 de seguridad privada "no solo se consolidan las competencias sino que se consiguen más competencias y este decreto refuerza y recuerda que las competencias de la seguridad privada son de la Generalitat".

Tras la aprobación de dicha ley estatal, la Generalitat ha ampliado sus competencias en seguridad privada, asumiendo, además de la apertura de empresas de seguridad con ámbito de actuación en Catalunya, la de delegación de empresas que actúen en este territorio.

Según recoge el propio decreto, se han asumido las competencias relativas a la apertura de despachos de detectives y sus sucursales con domicilio en Catalunya, con la novedad de posibilidad la apertura de establecimientos mediante declaración responsable.

Corresponderá a la Generalitat la competencia de autorizar las actividades y servicios de seguridad privada que se lleven a cabo en esta comunidad, y las competencias de control, inspección y sanción se asumen en su máxima dimensión tanto en las actividades como en los servicios.

En videovigilancia, corresponde a la Generalitat autorizar la utilización de cámaras por parte de vigilantes de seguridad y guardas rurales con finalidades de seguridad privada para captar imágenes y sonido de vías y espacios públicos.

Una de las competencias que por el momento mantiene el Estado es la formación y habilitación de los vigilantes privados, por lo que de momento mantiene la elaboración de los exámenes para ser vigilante de seguridad, los programas y las pruebas, pese a que la Generalitat los reclama.

COMPETENCIAS

Corresponde a la Generalitat la autorización, recepción de declaración responsable o comunicación de apertura de las empresas de seguridad y las delegaciones, los despachos de detectives y sucursales en este mismo ámbito, las centrales receptoras de alarmas, los centros de formación, los departamentos de seguridad y los establecimientos obligados a adoptar medidas de seguridad con domicilio en Catalunya y ámbito de actuación limitado a este territorio.

Es competencia de la Generalitat, según este decreto, la autorización de actividades y servicios de seguridad privada que se lleven a cabo en Catalunya y requieren de autorización o control previo y la inspección, control y sanción estas actividades.

Además, la coordinación de servicios de seguridad e investigación privada con los Mossos d'Esquadra y Policías Locales, así como algunos aspectos de la formación en seguridad privada a través del Instituto de Seguridad Pública de Catalunya (ISPC).

Menores agreden a un vigilante de seguridad de 66 años en la estación de Abando (Bilbao)

CC.OO. Euskadi exige a la empresa que contrate más personal, ante el aumento de "este tipo de sucesos, cada vez más agresivos"

Un grupo de menores de entre 15 y 17 años agredieron, este pasado martes, a un vigilante de la empresa de seguridad Prosetecnisa, que les afeó su comprotamiento en la bilbaina estación de Abando. Como consecuencia de los golpes, el trabajador, de 66 años de edad, sufrió varias contusiones y tuvo que ser operado de un dedo, fracturado como consecuencia del incidente.

Según ha denunciado la Federación de Construcción y Servicios de CCOO de Euskadi, esta nueva agresión ocurrió el pasado martes, alrededor de las cinco y media de la tarde. El vigilante, que se encontraba solo en los servicios de la estación de Abando, recriminó su comportamiento a varios adolescentes, de entre 15 y 17 años, quienes, según apunta la central, pertenecen al Centro de Menores de Amorebieta.

Los jóvenes comenzaron a empujar al vigilante y, seguidamente, le propinaron varios puñetazos y patadas. Como consecuencia, el trabajador, de 66 años de edad, presentó varias contusiones por todo el cuerpo y un dedo fracturado, del que ha tenido que ser intervenido.

QUEJAS

CC.OO. ha advertido de que "las quejas de los vigilantes de seguridad en este servicio son abundantes", ya que durante los últimos años "este tipo de sucesos son muchos y cada vez más agresivos".

Acuerdo SIMA Convenio de Empresas de Seguridad

En el procedimiento de mediación instado por Comisiones Obreras de Construcción y Servicios contra las patronales del sector de seguridad ante los continuos retrasos para la conformación del banco empresarial de la Comisión Negociadora del Convenio Sectorial, se ha alcanzado un acuerdo para el reparto de dicho banco empresarial, de tal forma que APROSER (en quien ha delegado expresamente UAS) contará con 12 miembros en la Mesa y FES contará con 3 miembros en la Mesa.

La reunión para la definitiva constitución de la Mesa tendrá lugar el día 4 de abril de 2017.



Caos en Segur Ibérica: liquidación, impago de nóminas y 300 despidos

El BOE publica la liquidación de la empresa, que achaca su mala situación al "aumento de costes laborales" que se ha dado en 2016.

Concentración ante las puertas de la empresa en Galicia

Segur Ibérica, una empresa controlada en su capital por los fondos de capital riesgo MCH Private Equity y Corpfin, vive los últimos días de su existencia tras haber sido creada en 1999 -el Grupo Segur es de 1978- y haber llegado a dar empleo a más de 7.000 trabajadores. Todo ello es pasado que no volverá, después de haberse publicado en el BOE este mismo miércoles la liquidación de la empresa tal y como ha decretado el juzgado mercantil número 3 de Madrid.

El pasado noviembre se dio a conocer que la tercera empresa de seguridad privada de España preparaba un ERE para miles de personas. Tras varios meses de negociaciones, los sindicatos y la compañía rebajan mucho la cifra de despidos que en principio se barajó. Finalmente se despedirá a entre 200 y 300 personas que forman parte de los servicios centrales de la empresa y de aquellos guardias de seguridad que no tenían un servicio asignado. El resto de los empleados han sido subrogados a las otras compañías de seguridad -los Prosegur, Securitas, etc.- que se han ido haciendo con sus mejores contratos. Segur Ibérica tenía clientes de raigambre como Adif, AENA, Museo del Prado y aún mantiene a Metro de Madrid o Navantia, los astilleros públicos.

Pero el caos en la compañía en estos días de liquidación es total: algunas filiales han entrado en concurso de acreedores esta misma semana -concretamente Hortus Mundi, S.L, EAS Tecno System, S.L, EAS Tecnoservice, S.L., Prosenrosa, S.L. y SPN Empauxer, S.L. y unos 50 empleados reclaman que no han cobrado sus sueldos del mes de marzo y que su situación es desesperada "ya que sólo entra este miserable sueldo en muchas casas". Algunos empleados han intentado esta semana contactar con PWC, a quien ha sido adjudicada la administración concursal de algunas de sus filiales.

"El motivo ha sido el aumento de costes"

Fuentes de la compañía consultadas por este diario han asegurado que "el ERE sólo afecta al personal que no está adscrito a ningún contrato, no trabaja de uniforme, y a la parte de la estructura afectada por la liquidación. Serán entre 200 y 300 personas, menos del 10% tal y como indicamos cuando se dijo que serían 4.000 despidos. Muchos se han subrogado a otras compañías aunque la decisión final la tomará el administrador concursal".

La compañía ha asegurado que el motivo de este concurso viene dado por la subida de costes: "Hay un porcentaje muy alto de compañías de seguridad que por la subida de convenio, por ejemplo con la cotización de plus de transporte o de vestuario, nos ha repercutido en los precios. No ha sido por la guerra de precios porque nosotros no hemos sido especialmente baratos, no nos hemos descolgado del convenio. Son los costes. El año pasado la subida de costes salariales supuso un 2,5% con un IPC negativo del 0,8%. Si el sector maneja márgenes del 5%, 6% o 7% te puedes imaginar. Los años pasados quebraron Falcon y LPM y este año van a quebrar más".

Se hunden los fondos propios

Los fondos propios de la compañía han ido desapareciendo desde el año 2010, en que alcanzaron sus máximos. Así, de los 66 millones de euros que se lograron en dicho año pasaron a 44 millones en 2011, 37 millones en 2014 y 28 en 2015. Pero curiosamente la cifra de negocio apenas ha caído en la crisis, manteniéndose muy próxima a los 170 millones de euros desde el año 2008. De igual modo, los gastos en personal, también bastante estables, no superaron los 160 millones de euros en 2015 mientras la facturación era 9 millones de euros superior.

Anulan la condena al vigilante de un centro de salud acusado de agredir a un paciente (Murcia)

La Audiencia Provincial de Murcia ha anulado la pena de multa de 60 euros impuesta a un vigilante de seguridad del centro de salud Cartagena-Este, al que un Juzgado de Instrucción de esta última ciudad condenó por causar lesiones a un paciente.

Por el contrario, la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, mantiene las dos penas impuestas al paciente, por importe de 60 euros cada una, por los delitos leves de lesiones y amenazas.

El Juzgado, en la sentencia que ahora queda revocada en parte, declaró probado que los incidentes que desembocaron en el juicio se produjeron el dos de diciembre de 2015, cuando el paciente se quejó del trató que recibía en el citado centro de salud.

De la discusión -añadía el juez- se pasó a una pelea entre ambos, que resultaron lesionados.

Ahora, la Audiencia, al estimar el recurso que presentó el vigilante de seguridad, dice que "la mera existencia de dos partes de lesiones derivados de un mismo incidente no implica, necesariamente, una situación de riña aceptada".

Y añade que la actuación del apelante no es constitutiva de la falta por la que fue condenado, ya que cumplía con su obligación "frente a un usuario que estaba alterando el orden y que le dirigió, al menos, una frase de contenido amenazante".

Indica así mismo el tribunal que el vigilante estaba facultado para "para conducir fuera del local a quien estuviera alterando el orden en su interior".

Identificado el asesino del vigilante de seguridad tiroteado en El Viso (Sevilla) en 2008

  • La Guardia Civil está a la espera de que el juez de Carmona autorice una rueda de reconocimiento.
  • Ya ha sido reconocido fotográficamente por los testigos.
Ocho años y medio después, el asesinato de Jerónimo Luna, vigilante de seguridad de la empresa Prosegur muerto en un atraco el pasado 15 de julio de 2008, podría estar a punto de resolverse. Según fuentes de la investigación, el caso estaría muy próximo a su cierre, tanto que el autor material de los hechos habría sido ya fotográficamente identificado por alguno de los testigos quedando únicamente a la espera de que el juzgado de Carmona que lleva la instrucción del caso autorice la realización de una rueda de reconocimiento para afianzar la acusación. Para ello tendría que dictar una orden de detención sobre el sospechoso.


Los agentes del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil, encargados de la investigación del caso, ya se habrían entrevistado nuevamente con los testigos del asesinato de Luna, uno de los dos vigilantes del furgón blindado de Prosegur que en julio de 2008 fue atracado a tiros en El Viso del Alcor y que falleció poco después en el hospital. Por entonces se abrieron muchas líneas de investigación que no dieron los resultados esperados, pero una información recibida hace unos meses por los agentes que investigan los hechos hizo que se procediera a la reapertura del caso, encontrando por fin la llave del cerrojo.

Poco ha trascendido acerca del presunto autor del crimen. Las fuentes lo describen como un individuo muy bragado, con antecedentes por hechos de la misma índole en otras localidades de la provincia de Sevilla. Así pues, a la espera de la realización de nuevas diligencias y lo que posteriormente dictamine el juzgado, los investigadores de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil confían en poder cerrar un caso que se alarga ya por más de ocho años tras un infatigable trabajo.

El tiroteo ocurrió sobre las once menos veinte de la mañana. Luna y Castillo llegaron a El Viso del Alcor en un furgón conducido por un tercer vigilante. La sucursal del Banco Santander de la calle Real era la primera parada. Esta vía es de sentido único y es difícil aparcar en ella en las horas centrales del día. Esta circunstancia obligaba a estacionar el furgón blindado en la calle Corredera, paralela a la calle Real y que se comunica con ésta por el pasillo central del mercado de abastos. Un vez que aparcaron el furgón, donde se quedó esperando el vigilante que iba al volante, los dos profesionales de seguridad atravesaron el mercado y se dirigieron a la entidad bancaria, situada en el número 45 de la calle Real. Allí recogieron varias sacas con 100.000 euros. El atracador ya estaba a la espera.Jerónimo Luna era un padre de familia de 48 años que trabajaba de vigilante de seguridad en la empresa Prosegur. Su puesto habitual no era en ese furgón sino en la sede de la Radio Televisión Andaluza (RTVA). Sin embargo, era habitual que echara horas extras y ese martes 15 de julio de 2008 era uno de los integrantes del furgón que fue atacado en un callejón cuando regresaba de una sucursal del Banco Santander. De los siete disparos que efectuó el asesino, cinco impactaron en diferentes partes del cuerpo de Diego Castillo, el otro vigilante de seguridad, y otro en el abdomen de Jerónimo Luna, que a la postre resultó mortal. El vigilante falleció horas más tarde en el Hospital Virgen del Rocío, donde no se pudo hacer nada por su vida debido a la cantidad de sangre que había perdido.

Tras salir del banco, los dos vigilantes ni siquiera llegaron a acceder de nuevo al mercado para emprender el itinerario de regreso. En la misma rampa de acceso a la plaza de abastos, un individuo armado que circulaba en una motocicleta de gran cilindrada les disparó a bocajarro. Los dos vigilantes se desplomaron de inmediato. El atracador, que en ningún momento se quitó el casco para no ser identificado, aprovechó entonces para llevarse el dinero y huir en la motocicleta a toda velocidad.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron más de cuarenta guardias civiles, que tomaron declaración a todos los testigos del suceso y establecieron un dispositivo para controlar las salidas y entradas de El Viso del Alcor para tratar de impedir la huida del asesino. Aquella primera investigación no llegó a buen puerto y pronto se estancaría sin resultados.Todo transcurrió con el mercado abierto al público. Los vecinos y placeros huyeron despavoridos al escuchar las detonaciones. Al cesar el tiroteo llegaron las primeras personas para auxiliar a las víctimas. Luna estaba tendido en el suelo, totalmente inconsciente. Algunos de los testigos intentaron hacerle un torniquete para detener la hemorragia. El otro vigilante de seguridad apenas podía mantenerse de pie. Pocos instantes después llegaron los servicios de emergencias sanitarias del 061. Tras evaluar las heridas, optaron por la evacuación en helicóptero al hospital Virgen del Rocío, donde Jerónimo Luna moriría esa misma tarde. Su compañero fue ingresado en el hospital Virgen de Valme y pudo salvar la vida.

La empresa Prosegur sufría uno de los varapalos más duros de su historia. Los compañeros del vigilante asesinado portaron al día siguiente el féretro con los restos mortales de Jerónimo Luna hasta el cementerio de San Fernando de Sevilla, donde recibió sepultura. Los vecinos de El Viso del Alcor mostraron desde el primer momento una gran implicación y colaboración para atrapar al autor de los hechos y resolver lo antes posible un caso que ahora, ocho años y medio después, estaría sólo pendiente de que el juez autorice una rueda de reconocimiento para poder cerrarlo.

Un gaditano hijo de guardia civil que se crió en el País Vasco

La víctima del tiroteo, Jerónimo Luna Torres, tenía 48 años y era padre de un niño de ocho. Presidía en su barrio de Pino Montano la Asociación de Familias Adoptantes de Andalucía (Afaan), entidad que lleva actualmente su nombre. Luna nació en Zahara de la Sierra (Cádiz) y pasó su infancia y adolescencia en el País Vasco, donde estaba destinado su padre, guardia civil. Se instaló en Sevilla poco antes de casarse. Trabajaba para Prosegur como vigilante en Canal Sur, casi siempre en el edificio de la Cartuja, pero como tenía licencia de armas hacía de vez en cuando trabajos especiales como el de El Viso del Alcor para sacar algo más de dinero a fin de mes. Sin ser socio, Jerónimo Luna colaboraba habitualmente con la asociación Ben Basso de defensa del patrimonio, materia de la que era un apasionado. Le gustaba mucho la cultura rusa y la Semana Santa de Sevilla. Salía de costalero en la Cena.

Acta de reunión Convenio Seguridad Privada

Estimadas compañeras y compañeros:

Adjunto os remito el acta y documento anexo para vuestro conocimiento e interés.

Un Saludo
                      

                   Acta                                                                    Nota informativa

Segur Ibérica, tercera mayor empresa de seguridad, entra en liquidación tras perder 40 millones

La compañía que fue presidida por el exministro Pedro Morenés se deja una docena de contratos desde que anunció el expediente de regulación de empleo el pasado noviembre

La tercera compañía de seguridad privada del país, Segur Ibérica, ha entrado en un proceso de liquidación. Así lo refleja la propia sociedad en el Registro Mercantil, donde aparece también la apertura del concurso que inició la compañía el pasado 22 de diciembre. La firma presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) en noviembre que en principio -según afirmó la compañía- no iba a afectar a toda la plantilla (4.000 empleados), sino a un reducido número de trabajadores, extremo que ha quedado ahora en evidencia al decretarse el proceso de liquidación.

La empresa, que fue presidida por el exministro Pedro Morenés antes de su entrada en el primer Gobierno de Mariano Rajoy, es parte del Grupo Segur, que en 2015 facturó 237,95 millones de euros, un 5,7% más que el año anterior, y cuenta con un total de 7.800 empleados. Sin embargo, desde que anunció el ERE, la mercantil ha reducido considerablemente sus ingresos. En concreto, desde noviembre, ha perdido contratos que le suponían rentas superiores a los 40 millones de euros.

Las adjudicaciones que se ha dejado por el camino Segur Ibérica en estos últimos cuatro meses las había otorgado Adif (12 millones de euros), Aena (11,3 millones), Acciona (5 millones), Museo del Prado (4), Mutua Madrileña (2,1), Universidad de A Coruña (1,2), EDP España (1,2), Viesgo (1,2), ENCE (822.000 euros), Lidl (593.000), Cellnex (500.000) y Media Mark (360.000). Todas ellas han sido ahora entregadas a otras empresas de seguridad. La más reciente, la del Museo del Prado, que ha sido concedida a Prosegur, principal grupo del sector con una facturación de 896 millones de euros en 2015.

La crisis de Segur Ibérica se ha producido en un contexto complejo para el sector. El incremento de las denominadas empresas pirata -llamadas así por los sindicatos por conseguir contratos presentando ofertas muy baratas a costa de reducir los salarios de los trabajadores por debajo de convenio, una práctica fomentada por la reforma laboral- ha afectado al resto de compañías, algunas de las cuales han sucumbido y acabado funcionando igual. Entre estas últimas está Segur Ibérica, que durante los últimos años ha optado por tirar los precios para conseguir algunos contratos.

La principal patronal del sector, Aproser, paradójicamente en línea con los sindicatos, ha criticado duramente la reforma laboral que permitía este tipo de prácticas a base de bajar el sueldo hasta cantidades ridículas. De hecho, ha exigido que todos sus asociados paguen por encima de convenio si quieren seguir vinculados a la asociación, requisito que no quiso abrazar Segur Ibérica, que decidió abandonar la patronal.

Tanto la presión ejercida por Aproser como la de algunas organizaciones como la Unión Sindical Obrera (USO) contra las empresas piratas parece estar empezando a ser escuchada por las administraciones públicas, que son las principales adjudicatarias de servicios de seguridad privada. Al menos por algunas. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha revisado los baremos de adjudicación de contratos de seguridad de sus edificios después de que decenas de vigilantes se pusieran en huelga por la concesión de los servicios de la Consejería de Presidencia y Justicia a la mercantil 'pirata' Sinergias, que nada más hacerse con la adjudicación bajó el sueldo a los empleados que subrogó un 40%.

La reforma de los criterios emprendida por esta pequeña parte del sector público implica reducir el peso del factor precio en la adjudicación para que las empresas que se descuelgan del convenio tengan menos posibilidades de ganar el concurso e incrementar el de la oferta técnica, más centrada en la prestación de un servicio profesional. En esta línea, de hecho, Prosegur, por ejemplo, acaba de ganar el concurso del Museo del Prado. La mercantil contaba precisamente con el mejor informe técnico, episodio que hace pensar en la existencia de un cambio real de sensibilidad por parte de algunos contratistas públicos.

En este cambio de tendencia en la contratación también ha influido la lucha en los tribunales que la Federación de Seguridad Privada de USO ha emprendido contra las empresas pirata como Seguridad Integral Canaria, Falcon, Magasegur, Protección y Seguridad Galaica, LPM Seguridad o la ya extinta Esabe, que además de tirar los precios, según el sindicato, han defraudado a la Seguridad Social más de 80 millones de euros, como ha reconocido la propia Agencia Tributaria en los diferentes procesos judiciales que se siguen contra estas mercantiles.

Un grupo de jóvenes agrede a un vigilante de seguridad de la estación de Vilanova i la Geltrú

Un grupo de jóvenes ha agredido este sábado por la mañana a un vigilante de seguridad de la estación de Vilanova i la Geltrú (Garraf), según ha informado Renfe.

Los hechos han pasado cuando faltaban unos diez minutos para las nueve de la mañana, cuando los chicos querían pasar por el paso subterráneo de la estación para ir al otro lado de las vías, y tomar un atajo sin comprar billete. Cuando el vigilante se lo ha impedido, dos chicos y una chica lo han increpado y agredido a puñetazos y patadas.

El afectado, de 52 años, ha resultado herido de poca gravedad. Según la compañía ferroviaria, ha sufrido varias contusiones y una luxación en un dedo y ha sido evacuado en una ambulancia del SEM en el Hospital Sant Antoni Abat. Renfe ha anunciado que denunciará los hechos a los Mossos d'Esquadra. De hecho, según la compañía, esta es el punto con más vandalismo de todo Catalunya.

Acta reunión del Convenio de Seguridad privada

Estimados compañeros:

Os informamos de la última reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Estatal de Empresas de Seguridad privada, dónde CCOO de Construcción y Servicios sigue reivindicando la apertura de la mesa negociadora en aras de un convenio colectivo sectorial que mejore las actuales condiciones laborales y sociales del sector.

Os seguiremos informando

Juzgan a tres vigilantes de un centro de menores por agredir a un joven (Madrid). El menor que denunció agresión de tres vigilantes no se presenta al juicio.

Los tres vigilantes de seguridad acusados de agredir a un menor en un centro de acogida del distrito madrileño de Hortaleza serán juzgados mañana por un delito leve de lesiones.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha citado a los tres vigilantes, de la empresa Marsegur Seguridad Privada, para mañana a las 10.20.

Los hechos investigados ocurrieron el 6 de noviembre de 2016 en el centro de primera acogida de menores de Hortaleza, dependiente de la Comunidad de Madrid y en el que, según denunció el menor, fue agredido por varios vigilantes.

El juez en el que recayó la investigación acordó el 16 de noviembre el cambio de centro del menor denunciante tras un informe de la fiscalía en el que se apoyaba esta medida "ante la gravedad de los hechos denunciados".

La Fundación Raíces -que acompañó y solicitó el cambio del centro de este menor- y Save The Children denunciaron en noviembre las "deplorables" e "inaceptables" condiciones de vida de un grupo de menores extranjeros no acompañados, tutelados la mayoría por la Comunidad de Madrid, a la intemperie en un parque del distrito de Hortaleza tras irse del centro de acogida.

Ambas asociaciones aseguraron que los menores preferían dormir en un parque a vivir en el centro porque "el sistema no les protege, les discrimina", y según el testimonio de los niños eran castigados con aislamientos, insultos y agresiones.

La Comunidad de Madrid, por su parte, destacó la "profesionalidad y magnífica" de los trabajadores de los centros de primera acogida para menores en riesgo o desamparo, como los centros de primera acogida Hortaleza e Isabel Clara Eugenia, que prestan una atención integral a estos menores, fomentando su integración social.



El menor que denunció agresión de tres vigilantes no se presenta al juicio.

El juicio contra tres vigilantes de seguridad acusados de agredir a un menor en un centro de menores de la Comunidad de Madrid en el distrito madrileño de Hortaleza ha quedado aplazado ante la inasistencia al mismo del joven que denunció la agresión.

El aplazamiento, acordado a petición de la acusación particular, la Fundación Raíces, aún no tiene fecha, tal y como ha explicado a los periodistas a las puertas de los juzgados de Plaza Castilla la presidenta de este colectivo, Lourdes Reyzabal.

"Hemos solicitado la suspensión y aplazamiento de la vista porque el menor víctima de las agresiones estaba desaparecido desde hace un mes y pico", ha explicado, para añadir que le localizaron ayer a través de un abogado de Barcelona.

La Fundación ha solicitado al juez una nueva fecha para la vista al entender que sin el menor "es imposible llevar a cabo un juicio con garantías" y espera que la Comunidad de Madrid, tutora del joven, "se ocupe de que asista a la nueva citación".

El abogado de la Fundación, Eduardo Fernández, ha explicado que las penas para los presuntos autores de la agresión pueden ir desde multas hasta alejamiento o suspensión de empleo y sueldo por un delito leve de lesiones.

Los hechos investigados ocurrieron el 6 de noviembre de 2016 en el citado centro, en el que, según denunció el menor, fue agredido por varios vigilantes de seguridad, de la empresa Marsegur Seguridad Privada.

El juez en el que recayó la investigación acordó el 16 de noviembre el cambio del centro del menor denunciante tras un informe de la Fiscalía en el que apoyaba esta medida "ante la gravedad de los hechos denunciados".

Detenido un vigilante de seguridad y su hermano por robar 32.000 euros en La Laguna (Tenerife)

Un vigilante de seguridad y su hermano han sido detenidos en La Laguna (Tenerife) como presuntos autores del robo de 32.000 euros en los negocios de dos empresarios de cuya confianza abusaron, según informó la Policía Nacional.

Los detenidos, de 31 y 26 años y de nacionalidad española, sustrajeron el dinero de un local de ocio y una cafetería, a los que accedieron sin forzar los accesos gracias a la confianza que tenían de los dueños.

En uno de los casos, forzaron la caja fuerte del local para acceder al dinero, mientras que en el otro conocían la combinación, de acuerdo con la versión policial.

En los registros realizados en los domicilios de los presuntos implicados se pudo recuperar casi la totalidad del dinero sustraído.

Detenido el director de un centro de formación por expedir títulos falsos de vigilante de seguridad entre sus alumnos (Sevilla)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sevilla al director de un centro de formación, identificado como a A.J.L.R., por la comisión de un delito de falsedad documental al expedir títulos falsos entre sus alumnos aspirantes a vigilantes de seguridad, ya que la formación consistente en 180 horas lectivas incluidas unas prácticas de tiro en galería no llegaron a impartirse por completo. 

Según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, la investigación se inició el pasado mes de enero, cuando nueve alumnos de un centro de formación, aspirantes a las pruebas de acceso a vigilantes de seguridad, se personaron ante la Policía con la finalidad de compulsar un diploma expedido por el referido centro, necesario para acceder a la convocatoria de examen y en el que constan las horas lectivas recibidas. 

Los títulos presentados por los alumnos no acreditaban la formación recibida, por lo que los agentes indicaron a los interesados que debían requerir al centro de formación la expedición de un diploma nuevo en el que constaran que habían recibido 180 horas lectivas, incluidas las prácticas de tiro en galería.

Ante la manifestación de los alumnos de no haber recibido las prácticas de tiro en galería ni el tiro de instrucción, la Policía comprobó que no habían recibido el curso completo, careciendo de validez el diploma que habían obtenido en el centro de formación, por lo que a pesar de haber presentado las instancias y pagar las tasas de examen, no pudieron presentarse al mismo, perdiendo así una convocatoria. 

Cuando los perjudicados pidieron explicaciones al director del centro de formación, éste les emitió otro diploma, con fecha igual que el anterior, con la enmienda de haber recibido el alumno la formación completa, incluidos el tiro de instrucción y las practicas de tiro, aún a sabiendas de que no se habían impartido. 

Al comprobar los agentes este extremo y tomar declaración a todos los perjudicados, procedieron a la detención del director del centro por incurrir en un delito de falsedad documental al introducir datos falsos en un documento oficial. 

Esta intervención se ha llevado a cabo por parte de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, que tiene entre sus funciones la inspección de centros de formación para personal de seguridad privada, a la vez que son los competentes para investigar las denuncias que se reciban sobre las irregularidades cometidas en el ámbito de la seguridad privada.