Cinco detenidos, tres menores, por una brutal paliza a dos vigilantes del Metro de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a cinco jóvenes, tres de ellos menores, por presuntamente dar una brutal paliza a dos vigilantes de seguridad del Metro de Barcelona y a un tercer profesional de la seguridad privada fuera de servicio en octubre de 2017.

Según ha informado la policía catalana este viernes en un comunicado, el 22 de octubre de madrugada, los detenidos abordaron a los vigilantes en un vagón de la Línea 5 y les dieron puñetazos, patadas y golpes en todo el cuerpo con las porras que les acababan de robar, incluso cuando uno de ellos estaba inconsciente en el suelo.

Un vigilante quedó con dos dedos y un diente rotos, otro con un corte en la frente que necesitó seis puntos de sutura, y el tercero que intervino para separarles necesitó 14 puntos de sutura en la mandíbula y 17 en la cabeza.

Ese día, este grupo, que estaba formado por seis jóvenes de nacionalidad hondureña y ecuatoriana, entraron en el Metro manteniendo una actitud hostil hacia los otros usuarios, generando altercados y desafiando a los dos vigilantes.

Antes de agredirles, empezaron a increparles e insultarles y les arrebataron las credenciales del uniforme y las porras, que luego usaron en la agresión.

La investigación para localizarles la ha realizado el Área de seguridad del transporte metropolitano de los Mossos, en colaboración con la Unidad de seguridad y protección civil de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), y las imágenes de las cámaras de seguridad han sido claves.

Finalmente, el 10 de enero los Mossos desplegaron un operativo que permitió la detención de cinco de los agresores en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), donde residen, por delitos de lesiones y atentado a agentes de seguridad y tras pasar a disposición judicial los dos adultos han ingresado en prisión.

La Fiscalía de Menores ha dejado en libertad con cargos a los menores detenidos y la investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.


Antiviolencia propone una sanción de 60.001 euros al presunto agresor del vigilante del Wanda que perdió un ojo

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado proponer una sanción muy grave de 60.001 euros, así como prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de 5 años, para el acusado de propinar un puñetazo a un vigilante de seguridad del Estadio Wanda Metropolitano, que le hizo perder el ojo izquierdo durante el partido entre el Atlético de Madrid y Real Madrid celebrado el pasado 18 de noviembre.

Los hechos ocurrieron minutos antes de la finalización del partido cuando el agresor trató de entrar por uno de los tornos de acceso que custodiaba el vigilante pese a que ya se encontraban cerrados. Fue entonces cuando este individuo, español y de 27 años, le propinó un fuerte puñetazo en el ojo izquierdo y huyó del lugar a la carrera.

La víctima fue asistida en un primer momento por los servicios médicos de emergencia presentes en el estadio, pero ante la gravedad de las lesiones fue trasladado al Hospital Ramón y Cajal, donde tras ser operado se le tuvo que extraer el globo ocular izquierdo.

El individuo, tras la presunta agresión, se dio a la fuga, aunque posteriormente fue identificado y detenido por la Policía el 1 de diciembre, después de una investigación que incluyó el visionado y análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad del estadio. El hombre está acusado de un delito de lesiones graves.



Los escoltas olvidados del País Vasco: "Nos jugamos la vida y no tenemos ni para comer"

Unos 3.000 escoltas trabajaron en el País Vasco. Seis años después de la tregua, malviven desubicados por España. Ocho de ellos cuentan su historia: "No tengo ni para comida"

Están a miles, diseminados por España. Se jugaron la vida en el País Vasco defendiendo a políticos, jueces, periodistas… y ahora la mayoría está en las colas del paro, de vigilantes de seguridad por 800 euros, desahuciados, en algún pequeño bar que han montado… Seis años después de que ETA anunciara una tregua indefinida, los más de 3.000 escoltas que durante años combatieron el terrorismo en Euskadi dicen sentirse desprotegidos, abandonados y en muchos casos amargados. “Nadie se acuerda de nosotros y digo yo que alguna línea tendremos que escribir en la historia de este país”, cuenta Gema Ruiz Regato, una de las pocas mujeres de la profesión. Estas son las vidas de ocho de ellos.

Óscar, de 41 años, trabajó de escolta entre 1998 y 2012. Entró muy joven, en cuanto dejó el ejército. Él es de Pamplona, aunque lo habitual es que al norte llegasen de fuera. “Siendo de aquí era un poco más duro porque la gente no lo veía bien. Si alguien se enteraba nos llamaban 'txakurras' [perros], nos insultaban…”. En 2012, un año después de la tregua, se fue al paro. Así estuvo tres años y medio. “Buscaba trabajo, pero no ponía en el currículum que había sido escolta, lo he llevado en secreto y no quiero que se sepa".

"Cuando estás allí piensas que tu enemigo vive al lado, que cualquiera puede serlo"

Ahora cuenta que su situación apenas ha mejorado. “Ahora echo unas horas de vigilante, pero solo ocho horas mensuales. Mi casa pende de un hilo, salimos porque mi padre, que está jubilado, me da la mitad de su pensión y mis hermanas me dan dinero para comida. Estuvimos en la calle luchando y pasándolo mal y ahora solo pedimos que se acuerden de nosotros. Suena mal decirlo, pero me siento un poco un apestado”.

A casi 800 kilómetros al sur está José Ángel. Tras dejar el ejército, este cartagenero llegó en 1999 al norte para trabajar de guarda de seguridad en la autovía de Leizarán y después fue escolta, donde pasó la mayor parte de los 16 años. “Era salir por la mañana y despedirte de tu mujer: 'Si no vuelvo, no vuelvo'. No es un trabajo, es una forma de vida en la que o te mataban o no. Tres compañeros se pegaron un tiro en la cabeza, otro se disparó en la pierna. Yo tuve que disparar un par de veces porque era dar o que te dieran”, cuenta. Hoy está en el bar que ha montado en una barraca a las afueras de Cartagena.

Con una cerveza y mientras el sol se pone recuerda aquellos días: “Tengo mil historias. Yo vivía con mi mujer, pero nadie nos veía juntos. Ella llevaba un bar y yo era un cliente más. Si nos íbamos a pasar el día fuera del pueblo, ella cogía el autobús hasta otra zona y yo la recogía lejos de casa y a la vuelta, lo mismo. Como cada 15 días tenía un coche nuevo, para que no lo identificaran, al hijo de mi pareja le dijimos que vendía coches. A veces, el padre de algún compañero de colegio del niño me pedía que le consiguiera un coche de segunda mano que estuviera bien. Entonces tenía que llamar a la empresa en la que los alquilábamos y pedir uno. Tenía que mantener la apariencia. Cuando el niño tuvo 14 años ya le dijimos la verdad”.

La vida que recuerda era la de una angustia: “Cuando estás allí piensas que tu enemigo vive al lado, que cualquiera puede serlo. De mis 20 vecinos calculo que había tres 'abertzales' y uno de ETA. Una vez la Ertzaintza me llamó y me dijo que los etarras tenían la matrícula de mi coche y de mi moto, que me tenía que ir. Para ti, allí todo el mundo era etarra. Luego ya veías que algunos no, pero en principio y por precaución actuabas como si todos lo fueran”.

"Venían a trabajar de escoltas de fuera. Pasaban los primeros meses en Ermua, Rentería, Eibar o Elgoibar, zonas duras, y la mayoría pedía volver"

Este tipo grande con barba recuerda sus primeros días. “En uno de mis primeros servicios como escolta llevaba a una concejal mayor. A un lado en un semáforo se paró un coche de la Ertzaintza y pasaron por el paso de cebra tres chavales cargando algo. Saludé a los ertzaintas con la cabeza. De repente, de un autobús que estaba delante se empezó a bajar la gente y empezó a arder. Los chicos esos lo habían quemado y se fueron andando. Yo miraba a los ertzainas, pero no se movieron hasta un rato después que ordenaron el tráfico. Llamé a Interior y les dije: 'Oye, aquí acaban de quemar un autobús y un coche de la Ertzainza que estaba al lado no ha hecho nada'. Me dijeron que me fuera de allí. Eso era el País Vasco entonces”.

Esos años de la 'kale borroka' quedan hoy lejísimos, su vida no puede ser más distinta. Su mujer vino con él del País Vasco y cuando alguien llama con antelación prepara un marmitako en la tasca “la vasca” que dicen que es para chuparse los dedos. “Hago cursos de seguridad y chapuzas, pero no nos dieron nada”.

Los últimos escoltas salieron del País Vasco el pasado mes de marzo, pero ya quedaban muy pocos. “En 2011, semanas antes de la tregua, la empresa me ofreció irme a Andalucía. Ya sabíamos que venía la tregua. Era para ir de vigilante y nadie quería porque de ganar casi 4.000 euros pasabas a menos de la mitad. Yo acepte”. Óscar Arias habla desde Málaga, donde se ha recolocado. “Yo he tenido suerte, aunque al principio lo pasamos muy mal. Soy de Bilbao y esto es muy distinto. Mi mujer estuvo durante meses llorando a diario”. Cada dos por tres le llaman compañeros preguntando si puede colocarlos.

Óscar cuenta que aun así le resultó muy duro. “Las empresas ofrecían a mucha gente de fuera venir al País Vasco. Pero pasaban los primeros meses en Ermua, Rentería, Eibar o Elgoibar, zonas duras, y la mayoría pedían volver a sus pueblos aunque aquí ganaran el triple”. Él, como muchos, se fue a vivir a Castro Urdiales, el primer pueblo de Cantabria si se va desde Euskadi. Era una forma de poder respirar. “Al final todo el mundo te conocía. Decíamos que te habían 'mordido'. En un pueblo pequeño cuando miraban al alcalde siempre buscaban alrededor a los que íbamos a una distancia de él. Entrabas a un bar y te decían que allí no te daban de comer aunque vieses a todas las mesas con comida”.

Los que no eran vascos lo tenían peor para pasar desapercibidos. Sobre todo por el acento. “Yo iba con la 'txapela', barba y pelo largo. Si entraba un bar decía “¡Apa!” o “¡Agur!” y procuraba hablar poco, pero en algún momento pedías un café y veías que te habían pillado que eras de fuera. Ya sabías que ahí no podías volver, pero es que, joder, en algún sitio tienes que tomar café”.

Gema Ruiz Regato, presidenta de la asociación Las sombras olvidadas de Euskadi y Navarra, recuerda las promesas tras la tregua. “El subdelegado del Gobierno nos reunió en un hotel y nos prometió que nos iba a reubicar en los perímetros de las cárceles. En efecto, se privatizó la seguridad de las prisiones, pero no nos recolocaron. Beneficiaron a las empresas de seguridad que estaban en el País Vasco, pero ellas metieron a la gente que le daba la gana”. Otra de las salidas por las que pelearon era para dedicarse a proteger a mujeres amenazadas por violencia machista, pero las escoltas salen con cuentagotas. Javier, otro escolta, critica los que les cuesta conseguir una reunión en Interior: "Luego al hermano de Ignacio González bien que lo reciben rápidamente".

Gema, de 50 años, pasó 10 en el País Vasco como escolta. Es de las primeras mujeres que fueron. “No queremos dar pena, pero estamos formados con el dinero del Estado y ahora no servimos para nada. Hay gente en situaciones precarias”. Ella ha pasado años en el paro y desde hace tres meses ha vuelto a trabajar para una empresa de seguridad. Su reclamación además de laboral es de reconocimiento: “Digo yo que alguna línea mereceremos en la historia de este país. Creo que España tiene una obligación moral con los escoltas”.

"Solo trabajo ocho horas al mes. Mi padre me da la mitad de su pensión y mis hermanas para comida"

Muchos han sufrido un enorme golpe salarial. “Ganábamos bien, y es cierto, pero yo salía a las 5.30 de mi casa y volvía a medianoche. Una vez hice el cálculo y salía a tres euros la hora. Te pagaban igual si trabajabas tres horas o doce”. Y eso, por una vida muy exigente: “Yo en Euskadi compartía piso con dos desconocidas a las que les decía que era enfermera en el hospital de Basurto. Eso sí, mi habitación estaba cerrada con pestillo. A veces te reconocían por la calle y te insultaban o escupían: 'txakurra', hija de puta. Ya sabías que te habían 'mordido”. “Ahora nos dicen que nos reciclemos. ¿Cómo? La gente no tiene dinero y con 50 años no es tan fácil”, protesta.

El cordobés José Luis Corpas ha vuelto a su tierra. De 54 años, estuvo en el País Vasco entre 2005 y 2014. “Tengo compañeros que han sido desahuciados, un drama total. Somos los olvidados de la victoria contra ETA. Despidieron a la gente de mala manera. Nos han dejado en la miseria. Hace un mes, un compañero se suicidó”. Corpas pasó dos años en el paro y ahora está con un contrato de obra y servicio de vigilante de seguridad. “De escolta empecé ganando 4.000 euros y terminé ganando 2.000. Ahora como vigilante de seguridad se pagan 940 euros y tengo suerte. Lo que no entiendo es que si estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista yo, que estoy formado, esté de vigilante solo con una porra y unos grilletes”.

Hubo mucho abuso. "Hay gente que va de honorable y luego te hacía hacer 70km para comprar el pan"

Los consultados tienen algo en común: añoran el trabajo de escolta, como si pese a las amenazas esa fuese su pasión, mucho más que estar de vigilante. “Tuve que cambiar tres veces de domicilio. Me pintaron un anagrama de ETA en el coche y en mi buzón pusieron una bala. Estuve en Irún, Rentería, Hernani, Tolosa, una zona muy complicada”, recuerda Corpas. “He estado al pie del cañón y defendía a gusto la democracia española, pero ahora han pasado de nosotros como de la mierda”. Corpas compara su situación con la de policías y guardias civiles: “El síndrome del norte es solo para policías y guardias civiles. ¿Qué pasa, que como somos de empresas privadas para nosotros no existe?”.

Si alguien parece haber sufrido ese síndrome del norte es J. G. A., un escolta al que un día en una revisión médica rutinaria en la empresa le quitaron el arma. “Estaba narcotizado y bebía mucho. Apenas dormía. La médico me dijo que yo era un peligro con el arma y me dieron una pensión. Me lo tomé muy mal porque era mi pasión, imagínate que a ti te quitan el trabajo de periodista de un día para otro. Tardé muchos años en comprender que hicieron bien”. Ahora trabaja en una empresa de limpieza. “Voy con mi furgoneta, limpio portales y hago algo de jardinería. Trabajo solo y me gusta, pero sigo vigilando los contenedores y haciendo las mismas rutinas que cuando era escolta”.

Muchos coinciden en que el sistema de escoltas ha generado despilfarro y abusos. Todos han firmado contratos de confidencialidad y no pueden dar nombres. Pero las historias que cuentan son todas similares: cargos públicos que derrochaban kilómetros aprovechando que el coche era oficial por la escolta, uso para fines privados… “No puedo contar lo que he escuchado, pero hay gente que va de honorable y luego usaba el coche del escolta para pasear a su novio por San Sebastián o que hacía 70 kilómetros para comprar un panque le gustaba mucho. Eso lo hacían porque los kilómetros no los pagaban ellos”.

"Apenas dormía. La médico me dijo que yo era un peligro con el arma y me dieron una pensión"

José Ángel recuerda una historia que suena parecida: “A alguien le dabas un coche con dos personas a su disposición y todos los gastos pagados y empezaba a tirar de él. 'Nos vamos a Bilbao a comprar. ¿Comemos en Pamplona? Vamos'. Al final, a veces estaba el tipo borracho en un hotel a las tantas y tú en la puerta. Hacían cosas que sin escolta no hubieran hecho porque habrían ahorrado en viajes. En eso hubo mucho abuso. Había quien te llevaba a pillar coca”.

Los escoltas explican que era mejor tener que escoltar a un juez que a un político. “Los jueces venían de fuera a hacer su trabajo e iban del juzgado a casa, los políticos se mueven mucho”, cuenta uno. Aunque el terrorismo se juzga en la Audiencia Nacional, allí se levantaban los cadáveres y al principio también 'kale borroka'. Los escoltas revisaban el correo para que no hubiera bombas. Uno recuerda los anónimos que les llegaban para que se inhibieran en algunos casos. “Señoría, otra carta', le decía yo. He visto cómo una causa pasaba por cinco juzgados. Había que tener muchos huevos”.

Uno recuerda a un concejal que hacía 3.000 kilómetros al mes en coche aunque solo iba al Ayuntamiento a un pleno en ese tiempo. Otro cuenta la historia de ese edil que quiso entrar con la bandera de España al hombro en el casco viejo de Bilbao un domingo a media mañana: “Le dije que yo no entraba. Llamé a la Ertzaintza y dije que suspendía el servicio. Me dijeron que de acuerdo, que lo esperara fuera y si salía vivo que lo retomara. Tú tienes que cuidar del protegido, pero para eso primero tienes que cuidar de tu compañero. Si pasa algo a los escoltas, el protegido está muerto”.

A los problemas laborales se suma que muchos se han quedado en tierra de nadie. Se fueron de sus casas a pasar los mejores años de su vida profesional fuera y ahora no tienen arraigo en ningún sitio. Antonio es andaluz pero vive en Pamplona. “Vine aquí de fuera y aislé a mis hijos por miedo. Les decía que dijeran que su padre trabajaba en la Volkswagen. Ahora apenas tienen amigos y me siento responsable”. Como otros, sobrevive en precario con trabajos de seguridad. El problema es que en plena crisis el sector de la seguridad no pudo absorber a miles de escoltas. O no quiso, ya que venían con mejores sueldos y preparación que lo que se requería en un sector muy precario.

Los escoltas sienten que su relato se ha ignorado, que nadie les pregunta a la hora de escribir la historia de la lucha contra ETA. Quizá porque no están organizados, porque había muchas empresas y cada uno era de un rincón de España y aunque se muerden la lengua no pueden contar todo lo que vieron. Uno lo explica: “Yo no sé cómo fueron las negociaciones del Gobierno de Zapatero con ETA, pero tengo mi parte del puzle. Una noche, el protegido al que escoltaba nos llevó a un caserío que era la boca del lobo. Allí estaba todo el mundo armado y nadie sabía quién mandaba. Vi a Eguiguren, a Otegi, a Permach. Los etarras iban con sus pistoleros. Había gente del Ejército, del CNI, hasta que nos dijeron que nos fuéramos. No queríamos obedecer porque no sabíamos con quién los dejábamos, pero nos teníamos que ir”.

Esos años el País Vasco era un hervidero de armas. “Siempre pensé que la peor desgracia podía venir de un petardo. Un día hice un cálculo y me salían 25 armas por metro cuadrado en el País Vasco. En cuanto dejaba al paquete me alejaba. Cuando había actos iba todo el mundo armado y siempre pensé que a la menor se podía liar. En San Sebastián acabábamos siempre en la discoteca Kabutzia, y a las tres de la mañana conocías a todo el mundo: el de los malos, el del CNI, el guardia civil… Decíamos de broma que tendrían que poner un arco de metales en la entrada y no dejar a pasar a quien no fuera armado”.

Condenados a un año de cárcel por agredir a una vigilante que les sorprendió robando en una tienda (Mallorca).

Una pareja de acusados admitió en los juzgados de Vía Alemania ser responsable de un delito de robo con violencia en grado de tentativa.

Un juzgado penal de Palma ha condenado a sendas penas de un año de prisión a dos acusados, un hombre y una mujer, por agredir con patadas a una vigilante de seguridad que les sorprendió cuando robaban perfumes en un conocido comercio de la plaza de España, en la ciudad, a mediados de septiembre de 2016.

La pareja de sospechosos admitió en la vista oral su responsabilidad en los hechos y se declaró autora de un delito de robo con violencia en grado de tentativa. Ambos aceptaron un año de cárcel. Tras reconocer los cargos, el magistrado dictó sentencia 'in voce'. Además, la condena les fue suspendida y se les apreció la circunstancia atenuante de reparación del daño. Inicialmente, la fiscalía solicitaba para cada uno una pena de cuatro años de prisión.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de septiembre de 2016, sobre las siete menos cuarto de la tarde, cuando la pareja entró en una conocida tienda ubicada en la plaza de España de Palma. Allí, ambos se apoderaron de distintos frascos de perfume, valorados en más de 210 euros, que introdujeron en una bolsa que llevaban con la intención de no pagar. Cuando ya se disponían a abandonar el establecimiento y salían del local, fueron interceptados por la vigilante de seguridad del comercio. Esta profesional, en compañía de otra empleada de la tienda, les pidieron que devolvieran los efectos sustraídos.

Acto seguido, los dos sospechosos reaccionaron de forma violenta y empezaron a gritar y forcejear dando patadas a la vigilante, quien resultó herida en un hombro, dos dedos de una mano y en la pierna izquierda. La afectada precisó asistencia médica y tardó en curar de las lesiones siete días.

Gracias a la intervención de las dos mujeres, consiguieron evitar que los dos acusados huyeran del lugar y también recuperaron los artículos sustraídos.

Agrede a un vigilante del metro en la estación de Etxebarri (Bizkaia).

El agresor, en aparente estado de embriaguez, había cogido el suburbano en Matiko, donde el personal de seguridad le había amonestado por entrar con un perro de gran tamaño.

Un vigilante de la Línea 3 del metro fue agredido ayer presuntamente por un hombre de mediana edad en la estación de Kukullaga, en Etxebarri, según informaron fuentes policiales. El individuo, que presentaba síntomas de «embriaguez», había sido interceptado por la víctima y otros dos empleados de seguridad, después de que un compañero les avisase desde Matiko de que un varón había subido a la unidad con un perro de gran tamaño.

El supuesto agresor ya mantuvo una primera discusión con el vigilante de la estación bilbaína, que le advirtió de que no podía viajar con su mascota en el suburbano. Sin embargo, hizo caso omiso. Cuando llegó a Etxebarri, sobre las 18.30 horas, se enfrentó a los tres agentes que le esperaban y golpeó a uno de ellos, aunque pudo ser reducido. El agredido no «necesitó atención sanitaria ni fue trasladado a ningún centro médico», según los medios citados.

Avisados por los empleados de Euskotren -operadora de esta línea del metro-, al lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y de la Ertzaintza. Los agentes calmaron al presunto agresor para que no generase más incidentes y este finalmente se marchó con su perro, caminando por la N-634 hacia Basauri. El vigilante le ha denunciado por agresión, por lo que en las próximas horas podría ser imputado.

Con motivo de la agresión, Euskotren ha convocado a una concentración el sábado 30 a las 12:00 en al estación de Atxuri a toda la plantilla y ha emitido un comunicado donde ha mostrado «su más absoluta repulsa ante esta y todas las agresiones sufridas hacia los trabajadores y trabajadoras durante su jornada laboral».

También han señalado que «resulta absolutamente inaceptable que haya trabajadores que reciban insultos, amenazas o incluso agresiones por el simple hecho de realizar su trabajo».

Vigilante de Metro-Madrid deja la huelga de hambre tras 17 días por motivos de salud

El vigilante de seguridad del Metro Daniel Galán, contratado por la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), ha abandonado la huelga de hambre que comenzó el pasado 11 de diciembre para denunciar que lleva dos meses sin cobrar por motivos de salud que le están incapacitando físicamente.

"Lo dejo a sabiendas de que no hemos conseguido nuestro objetivo, que era simple y llanamente cobrar nuestras nóminas", ha manifestado a Efe Galán, de 42 años y que ha estado todos estos días bajo control del Samur.

Aunque ha asegurado que se siente "fuerte mentalmente", Galán ha reconocido que estos 17 días de huelga le han provocado una "merma considerable de energía" que le "incapacita para llevar una vida normal".

Galán, que lleva 15 años trabajando como vigilante de seguridad de Metro y que continúa en la empresa, no se arrepiente de haber iniciado esta protesta y espera que "haya servido para remover conciencias".

Es más, ha llamado a sus compañeros a continuar con las protestas para "intentar dignificar" la profesión y ha asegurado que él seguirá acudiendo a todas las manifestaciones que se convoquen para reivindicar el pago de las nóminas de 550 trabajadores de SIC tras dos meses sin cobrar.

Este vigilante lleva días denunciando que tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento se desentienden del problema.

Por su parte, el consejero delegado de Metro, Borja Carabante, se interesó por su situación y le transmitió que la compañía del suburbano paga a la empresa subcontratada SIC y que no puede abonar directamente las nóminas a los trabajadores.

Un vigilante recibe seis puntos en un ojo y en la nariz tras ser agredido en el metro en Astrabudua (Bizkaia).

El trabajador y un compañero acudieron al andén porque dos personas estaban alterando el orden y habían roto una maquina expendedora de la tarjeta Barik.

Un vigilante de seguridad tuvo que recibir seis puntos de sutura en el párpado derecho y en la nariz tras ser agredido el lunes, a las 10.15 horas, en la estación del metro de Astrabudua. 

El trabajador y un compañero acudieron al andén porque dos personas estaban alterando el orden y habían roto una maquina expendedora de la tarjeta Barik. 

Sin embargo, al intentar identificarles y retenerles mientras llegaba la Ertzaintza, uno de ellos se revolvió y «le dio un puñetazo en la cara», según denunciaron fuentes sindicales. 

Ambos aprovecharon la confusión para darse a la fuga. 

El informe de la Policía autonómica confirma que el agresor rompió las gafas del vigilante, de más de 50 años, que fue atendido en la mutua de la empresa. Metro Bilbao se ha solidarizado con el empleado de seguridad.

AUTO DE DECLARACIÓN DE CONCURSO ACREEDORES DE INTEGRAL CANARIA (SIC)



Nueva agresión contra dos vigilantes de seguridad de la estación de tren (Tarragona).

Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo cuando los empleados intentaban evitar que un grupo de jóvenes pintara un convoy de la instalación ferroviaria. Según la versión de las víctimas recibieron golpes por todo el cuerpo.

Han perdido la cuenta. Dos vigilantes de seguridad de la estación de tren de Reus han sido de nuevo víctimas de una agresión por parte de un grupo de jóvenes grafiteros. Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo y los agredidos fueron dos empleados de entre 35 y 40 años de edad de la empresa de seguridad Trabilsa. 
«Estábamos vigilando los convoyes cuando empezamos a oler a spray. Nos acercamos a uno de los trenes, mi compañero por un lado y yo por el otro.

Empezamos a hacer ruido para ahuyentar a los grafiteros, pero se encararon con nosotros y nos empezaron a pegar», relata uno de los vigilantes agredidos. Añade que «eran más de una docena de chavales, y nos empezaron a dar patadas por todo el cuerpo, y mientras huían nos empezaron a tirar los botes de pintura». 

Él mismo puedo reconocer a uno de los jóvenes, ya que el resto, según su versión de los hechos, «iban encapuchados y con el rostro cubierto». Añade que «fue otro compañero de otra empresa de seguridad el que llamó a la policía y la ambulancia para que nos atendieran».

Fuentes de los Mossos d’Esquadra confirmaron los hechos al Diari. La policía recibió el aviso pasadas las tres de la madrugada del domingo. «Un grupo de jóvenes de entre 16 y 20 años estaba pintando el lateral de un convoy de tres vagones, cuando fueron sorprendidos por los vigilantes de seguridad», explican las fuentes. Las mismas corroboran que «los jóvenes rociaron con espray a los vigilantes, que al inhalar el aerosol se marearon, y también tenían contusiones. Después, los jóvenes huyeron corriendo». 

Ambos vigilantes fueron trasladados hasta el Hospital Sant Joan de Reuspara ser atendidos y valorar la gravedad de las lesiones recibidas. «Yo recibí el alta rápidamente después de realizarme diferentes pruebas, pero mi compañero fue el que se llevó la peor parte, incluso le pintaron la cara con spray y le tuvieron que hacer un TAC por los golpes que recibió en la cabeza», explica el vigilante de seguridad. Al cierre de esta edición, la segunda víctima todavía permanecía ingresada en el centro hospitalario reusense, a la espera de su evolución.

Agresiones constantes

Los ataques a vigilantes de seguridad de la estación de tren de la capital del Baix Camp no ceden. De hecho, en menos de un mes uno de ellos ya ha sufrido dos agresiones. «Es la segunda vez en menos de 30 días, y no se ha hecho nada para parar esta situación», asegura. El agredido también recrimina que los jóvenes grafiteros «se sienten con el derecho de pintar los convoyes porque sienten total impunidad ante la justicia, saben que no les harán nada». Añade que «estamos indefensos, no sabemos qué hacer. Hasta que no ocurra algo más grave y que lamentaremos todos». 

Con este rotativo también contactó otro compañero de los dos vigilantes agredidos para relatar la secuencia de los hechos. «Pintan los trenes, nos amenaza, nos pegan y no les pasada nada», critica. Explica que «mis compañeros tampoco pueden hacer nada para defenderse ante este tipo de agresiones, ya que solo llevan la porra y las esposas». Desde hace tiempo, el colectivo de vigilantes de seguridad denuncia la situación precaria en la que se ven obligados a trabajar cada día. «Cobramos apenas 900 euros con un mísero plus de peligrosidad. Enfrentándonos a estos jóvenes nos jugamos la vida. No compensa», concluye el empleado.

El TSJ avala el despido de un vigilante que dejó su puesto para ir a comprar agua (Murcia)

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) desestimó el recurso presentado por un vigilante de seguridad contra la sentencia que declaró procedente su despido, sin derecho a indemnización alguna. Este se produjo por haber abandonado su puesto durante tres cuartos de hora para ir a comprar agua, según declaró.

La resolución indica que el juzgado de lo Social al que correspondió su demanda declaró probado que este trabajador de la empresa de seguridad, S., fue despedido en septiembre de 2016, después de que se comprobara que se ausentó de las instalaciones en las que prestaba sus servicios, ubicadas en San Pedro.

En la carta en la que la empresa le comunicaba el cese como autor de una falta muy grave, se recogían los hechos y la mala imagen que habían creado ante los responsables de la sociedad que había contratado sus servicios tras sufrir un incendio. En su descargo, el trabajador aseguró que se había ausentado para comprar agua y que se había perdido.

Seguridad Integral Canaria entra en concurso de acreedores

La compañía asegura que recurre a esa medida para poder afrontar el pago de los salarios de sus trabajadores y desbloquear los embargos de sus cuentas corrientes

Seguridad Integral Canaria ha presentado hoy voluntariamente concurso de acreedores para poder afrontar el pago de los salarios de sus trabajadores de la manera más inmediata posible. La empresa recurre a esta fórmula para desbloquear los embargos de sus cuentas corrientes, que impiden el normal funcionamiento.

Así lo ha anunciado la compañía propiedad del empresario y también presidente de la UD Las Palmas, Miguel Angel Ramírez. Seguridad Integral Canaria asegura que el bloqueo de las cuentas en los últimos meses proviene de una demanda de algunos sindicatos y trabajadores que no entendieron la realidad de la empresa exigiendo el abono total de las diferencias salariales, debido a una sentencia que anula el convenio que la empresa aplicó, pactado con los representantes mayoritarios de los trabajadores, conforme a la reforma laboral de 2012.

Además añade que ese bloqueo por parte de sindicatos alineados con intereses de empresas competidoras imposibilitó atender los pagos a Seguridad Social y Hacienda, que, a su vez, reclamaron embargos.

Ante esa situación, la única herramienta legal que entendemos puede restablecer el normal funcionamiento de la empresa es el concurso de acreedores con la intención de no dejar deuda alguna en línea con la historia de la empresa, que en sus 22 años de existencia ha venido afrontando sin problemas sus obligaciones.

Tal es la convicción de Seguridad Integral Canaria en su solvencia, basada en que su activo es netamente superior a su pasivo, que la intención no es solicitar quita alguna, pese a que la ley lo permite, sino adaptar los pagos a la liquidez de la compañía, según un calendario que garantizaría la viabilidad de la empresa y el cobro por parte de los acreedores. La empresa toma esta decisión con la vocación de seguir ofreciendo sus servicios con normalidad.

La empresa admite que las dificultades que sufre en una crisis económica general reflejada en contratos de las administraciones públicas con presupuestos a la baja, la crisis particular del sector de la seguridad privada que ha supuesto la liquidación de decenas de empresas con pérdida de puestos de trabajo y graves conflictos en otras empresas que prestan sus servicios en diferentes aeropuertos de la Península, así como la desactivación judicial de la reforma laboral de 2012, con sucesivas y múltiples sentencias en contra de convenios de empresa previstos en esa ley.

Desde Seguridad Integral Canaria lamentan profundamente los perjuicios que esta situación ha causado sobre todo a los trabajadores, a los que queremos pedir perdón públicamente, y esperamos poder compensarles. Al mismo tiempo, lamentan que la intransigencia de algunos sindicatos haya provocado el bloqueo de nuestras cuentas al exigir el abono inmediato de los atrasos por diferencias salariales respecto al convenio sectorial, lo que nos ha imposibilitado cumplir con los pagos a la Seguridad Social y Hacienda, que, a su vez, también han ejecutado un bloqueo bancario, todo lo cual nos ha abocado a recurrir al concurso de acreedores.

Por último, la compañía de seguridad privada ha mostrado su agradecimiento a los proveedores que estuvieron a nuestro lado en los momentos buenos, a su comprensión en estos delicados momentos, y esperamos que sigan estando cuando ya se atisba una solución para la continuidad de la empresa de manera solvente y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

PSOE y Podemos exigen al Gobierno regional “soluciones” para los vigilantes de Metro

PSOE y Podemos han exigido al Gobierno regional "soluciones" para los vigilantes de Metro, que llevan dos meses sin cobrar por el impago por parte de la empresa adjudicataria del servicio, Seguridad Integral Canaria, mientras que desde el Ejecutivo se estudia la viabilidad jurídica para usar el aval de la compañía para abonar las nóminas. 

Durante el Pleno de la Asamblea, que debate el Presupuesto para 2018, la diputada de Podemos Elena Sevillano ha recordado que España se encuentra en nivel 4 de alerta terrorista pero sin embargo en Metro la seguridad está "comprometida" por la situación de los vigilantes. 

"Señora Cifuentes, a 50 metros de su despacho Daniel (un vigilante de seguridad) lleva 11 días sin comer, en huelga de hambre, porque no se cobra de un servicio que depende de este Gobierno, ¿no le da vergüenza?", le ha dicho a la dirigente madrileña. 

En esta misma línea se ha posicionado el parlamentario de PSOE Diego Cruz, considerando que "quien hizo el contrato, hizo la trampa". Asimismo, ha lamentado la situación que se vive, "con la Comunidad mirando para otro lado". 

"Los trabajadores merecen que hoy se dé una solución definitiva, sino sería una vergüenza en términos morales", ha defendido.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha retenido el aval aportado por la empresa Seguridad Integral Canaria cuando logró ser adjudicataria del servicio y estudia la viabilidad jurídica para poder utilizar esa cantidad a pagar los retrasos en las nóminas de los trabajadores de esta compañía. 


Metro retendrá el aval dado por Seguridad Integral Canaria para ver si puede utilizarse para pagar a los vigilantes

Metro de Madrid ha retenido el aval aportado por la empresa Seguridad Integral Canaria cuando logró ser adjudicataria del servicio y estudia la viabilidad jurídica para poder utilizar esa cantidad a pagar los retrasos en las nóminas de los trabajadores de esta compañía.

Fuentes del suburbano han explicado a Europa Press que así lo ha trasladado el consejero delegado de Metro, Borja Carabante, durante un encuentro improvisado con empleados que estaban concentrándose en las inmediaciones de la estación de Moncloa, donde se presentaba el tren de la Navidad en el suburbano. 

La consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, también se ha acercado a estos trabajadores para conocer su situación. Fuentes de este departamento indican que la cantidad del aval asciende a dos millones de euros.

Por su parte, desde Metro han señalado que se va a retener dicho aval y se estudia la posibilidad desde el punto de vista jurídico y técnico para ver si se puede destinar a abonar los salarios atrasados de los trabajadores.

En declaraciones a Europa Press, el delegado del Sindicato Unión Independiente de Trabajadores (UIT), Tomás Rodríguez, ha señalado que llevan sin cobrar sus nóminas durante dos meses y que estos "problemas de atraso en los pagos" no son nuevos por parte de la empresa.

A su juicio, este aspecto tampoco es nuevo para Metro, que "ya lleva conociendo desde el primer momento los problemas que hay y ya sabía lo que iba a pasar".


Huelga de hambre de un vigilante de Metro: «No nos pagan y prefiero estar así a perder la dignidad»

Un trabajador de la empresa Seguridad Integral Canaria que presta servicio en el suburbano de Madrid inició ayer una protesta indefinida por los impagos que arrastra la plantilla, de al menos dos meses.

Un vigilante de la empresa Seguridad Integral Canaria que presta servicio en Metro de Madrid inició ayer una huelga de hambre indefinida en protesta por los impagos que arrastra la plantilla, de al menos dos meses.

Según ha comentado este vigilante en un vídeo publicado en redes sociales, la huelga de hambre tiene carácter indefinido y se trasladará a diferentes estaciones del suburbano durante su protesta para difundir la situación que atraviesa la plantilla.

«No nos pagan ni tienen intención de hacerlo, he optado por la única manera en la que se puede hacer algo dentro de la legalidad», ha asegurado el vigilante para relatar que su intención es que «todo el mundo se entere de lo que puede hacer una persona por reclamar sus derechos, su salario y su dignidad».

«Estaré todo lo que pueda, hasta que el cuerpo aguante», ha relatado en este vídeo para recalcar que la situación de los vigilantes de esta empresa que hacen servicio en Metro es «indignante» debido a los retrasos en el pago de sus nóminas.

Los empleados de esta empresa llevan durante las últimas semanas realizando diversas protestas de cara a exponer su situación debido al impago de sus nóminas del mes de octubre y de noviembre.

Así, el 1 de diciembre medio centenar de vigilantes del Metro de Madrid protestaron frente a la Asamblea de Madrid porque 550 trabajadores de la empresa Seguridad Integral Canaria no han cobrado las nóminas de noviembre y entre 60 y 100 de ellos tampoco las de octubre, por lo que piden ser escuchados por los diputados autonómicos.

Por su parte, la Comunidad de Madrid recalcó que sancionará a las empresas de Seguridad de Metro que incumplan contratos y garantizará «sueldos dignos» para los trabajadores de las mismas. De hecho, esta trabajando en un nuevo pliego de condiciones que contemple la posibilidad de rescindir el contrato con la adjudicataria en el caso de incumplimiento.


Los ministerios siguen contratando vigilantes 'low cost' pese al toque de Fomento

Ni la nueva ley de contratos ni el acuerdo vinculante que firmó Fomento con los sindicatos han impedido que las administraciones públicas sigan recurriendo a empresas 'piratas'.

Los ‘piratas’ de la seguridad aún no tienen los días contados. Novo Segur, empresa conocida por pagar 789 euros brutos al mes a sus vigilantes en instituciones públicas como el Ministerio de Defensa -que no renovará el contrato-, acaba de ganar doce adjudicaciones con organismos tan variados como la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (Interior) o la Inspección General de Sanidad de la Defensa. Ni la recién aprobada Ley de Contratos ni el acuerdo para mejorar las condiciones de los empleados -impulsado por Íñigo de la Serna (Fomento)- lo han impedido.

Los nuevos contratos se hacen públicos poco después de que el ministerio capitaneado por María Dolores de Cospedal se comprometiera a acabar su relación con la antigua Marsegur (ahora Novo Segur) en cuanto expire el contrato en marzo, momento en el que sacará una nueva licitación. Los vigilantes de esta empresa se pusieron en huelga en octubre para denunciar una pérdida de poder adquisitivo de casi 400 euros al mes, con sueldos un 30% inferiores a las tablas del convenio de seguridad estatal.

No obstante, esta práctica hasta ahora era legal (y demasiado habitual). Los convenios de empresa podían prevalecer sobre el sectorial, situación que cambia con la nueva Ley de Contratos del Sector Público: sobre papel, el precio pierde peso como criterio de adjudicación en favor de otros como la calidad del servicio, los pliegos deberán incluir cláusulas sociales y las empresas estarán obligadas a aplicar el convenio colectivo del sector, con salarios notablemente superiores a lo que paga Novo Segur (entre otras).

Pero la nueva Ley, ya publicada en el BOE, no entrará en vigor hasta dentro de cuatro meses. Hasta entonces, las administraciones públicas podrán seguir contratando con empresas que tiran los precios a fin de presentar la oferta económica más ventajosa. El ejemplo más reciente es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad), que adjudicó recientemente un contrato de dos años a Novo Segur para sus servicios de vigilancia: en teoría, iba a arrancar el 1 de enero de 2018 y cuenta con un presupuesto de 114.674 euros, según el expediente consultado por este periódico en la plataforma de contratación del sector público.

No obstante, el Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios (STS) intervino "una vez enterado de las formas de proceder" de la empresa adjudicataria. "Se les expulsó del proceso, tal y como permite la actual Ley de Contratación del Sector Público, descartando así a una empresa pirata que presentó la oferta más baja con diferencia notable", matiza Héctor Castaño, delegado sindical.

Le siguen organismos dependientes del Ministerio de Empleo como laTesorería General de la Seguridad Social en las direcciones provinciales de Ciudad Real o Tenerife, con un plazo de ejecución de 12 meses y un importe de adjudicación no superior a los 307.447 euros en ninguno de los casos. También destaca el servicio de vigilancia del Instituto Nacional de la Seguridad Social en León (88.510 euros), otorgado igualmente a la antigua Marsegur. El Confidencial ha intentado ponerse en contacto con la empresa, sin éxito.

“Las direcciones provinciales funcionan como organismos autónomos que toman sus propias decisiones de contratación”, justifican fuentes de Empleo. Y dejan claro que el departamento de Fátima Báñez fue de los primeros en incorporar cláusulas sociales en los pliegos para garantizar unas condiciones laborales mínimas. “Se hizo en julio de 2017, antes de que se aprobara la nueva ley, y se envió una recomendación a los citados organismos para que las aplicaran”. Este ministerio ya fue noticia por contratar en el pasado con Sinergias de Vigilancia y Seguridad, otra empresa ‘pirata’ que pagaba un sueldo base de 660 euros al mes y superaba el salario mínimo interprofesional por los pluses, como desveló ‘El País’.

La violenta agresión de un hombre a un vigilante en una estación de Cercanías de Madrid

El agresor golpeó con una porra al vigilante y después a una joven que intentó ayudar.

Antena 3 Noticias publica hoy un exclusiva un vídeo que muestra cómo un hombre se cuela en una estación de Cercanías de Madrid tras agredir a un vigilante de seguridad. Las imágenes muestran cómo el agresor corre luego tras una chica la que golpea hasta que varios viajeros acuden en su ayuda.



Detenido el supuesto agresor de un vigilante del estadio Wanda que perdió un ojo

Agentes de la Policía Nacional han detenido esta mañana a un hombre acusado de un delito de lesiones graves tras propinar un puñetazo al vigilante de seguridad del Estadio Wanda Metropolitano durante la celebración del encuentro entre Atlético de Madrid y Real Madrid, el pasado 18 de noviembre. El arrestado es integrante del grupo radical Frente Atlético y tiene diversos antecedentes policiales, alguno de ellos por hechos similares, según fuentes de la investigación.

Los hechos que motivaron la presente detención ocurrieron minutos antes de la finalización del partido cuando este hombre trató de entrar por uno de los accesos que custodiaba el vigilante cuando los tornos de entrada se encontraban ya cerrados. Fue entonces cuando este individuo le propinó un fuerte puñetazo en el ojo izquierdo y huyó del lugar a la carrera.

La víctima fue asistida en un primer momento por los servicios médicos de emergencia presentes en el Estadio, pero ante la gravedad de las lesiones fue trasladado al hospital donde tras ser operado, le tuvo que ser extraído el globo ocular izquierdo. 

El visionado y análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad del estadio permitió a los agentes de la Brigada Provincial de Información (dedicada a la lucha antiterrorista y contra los grupos antisistema) identificar y localizar al autor de los hechos. Se trata de un hombre español de 27 años de edad el cual fue detenido el día de hoy como presunto autor de un delito de lesiones graves. En las próximas horas será puesto a disposición judicial.

Los vigilantes de seguridad piden ser agentes de la autoridad para evitar más agresiones

Las últimas agresiones a vigilantes de seguridad que desempeñan su trabajo en ciudades como Madrid o Barcelona han llevado a este colectivo, a través de sus representantes sindicales, a exigir que se les considere agentes de la autoridad y se les faciliten más medidos de autoprotección. 

El pasado fin de semana un vigilante de seguridad del Estadio Wanda Metropolitano perdió un ojo tras ser golpeado por un hombre que quiso entrar cuando el partido estaba a punto de finalizar y no atendió a las explicaciones del trabajador, golpeándole tan fuerte que perdió el globo ocular. 

Esta agresión se suma a otras dos ocurridas a finales de octubre: una en Madrid, concretamente en la estación de Cercanías de Nuevos Ministerios, donde un hombre golpeó repetidamente a un vigilante que le pedía que pagase, hasta que la víctima fue socorrida por una chica y luego por más compañeros y policías que lograron reducir a un hombre totalmente exaltado.

La otra fue en Barcelona, donde varios pasajeros de Metro de Barcelona agredieron a tres vigilantes de seguridad, que sufrieron lesiones de diversa consideración, al intentar calmarles cuando estaban provocando alborotos en el interior de un convoy de la línea 5. UGT ha denunciado en un comunicado que en las últimas semanas el colectivo de vigilantes de seguridad privada "ha sufrido un número considerable de agresiones en el desempeño de sus funciones", que condenan enérgicamente y ante las que muestran su apoyo. 

El responsable de Seguridad Privada en UGT, Diego Giráldez, ha explicado que defenderán que en el nuevo Reglamento de Seguridad Privada, que ultima el Gobierno, se les dote de mayor cobertura legal y se conceda automáticamente carácter de agente de autoridad a estos profesionales en el desempeño de sus funciones, como ocurría hasta 1992. Partiendo de la base de que esta profesión conlleva riesgos, UGT considera que no es de recibo que no tengan consideración de agentes de la autoridad si son auxiliares de la autoridad pública en una situación de alerta 4 de nivel antiterrorista.

"Las agresiones que recibimos no pueden quedar en una simple y mera falta, en una condena leve por agresión. 

El agredir a un agente de autoridad es un delito que conlleva penas de uno a cuatro años de prisión; hay que tener presente que la Ley de Seguridad Privada obliga a los vigilante a intervenir ante cualquier circunstancia que infrinja las leyes en sus puestos de trabajo", ha añadido. 

En la misma línea, el sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada denuncia que las agresiones a vigilantes "comienzan a ser demasiado frecuentes" y pide una nueva reforma de la Ley de Seguridad Privada porque en su modificación de 2014 "no llegó a colmar las necesidades y carencias de los vigilantes" y "a día de hoy han de subsanarse de manera urgente".

"Nos encontramos en la misma situación de indefensión jurídica y desamparo que en el año 1992, cuando se rubricó la Ley de Seguridad Privada y pasamos de ser vigilantes jurados para convertirnos en vigilantes de seguridad, y nos despojaron del carácter de agente de autoridad", explica el responsable de comunicación de Alternativa Sindical, Alberto García, que aboga por recuperar esa condición y también por contar con más elementos de protección. 

Otra demanda es una mayor formación para los vigilantes, "un pilar básico para el buen desempeño de las funciones a la hora de la prestación del servicio", que debería de ampliarse en general y además ser específica cuando un profesional sea destinado a determinados lugares, como por ejemplo instalaciones militares. 

"Con todo ello se lograría acabar con la impunidad de las que gozan los protagonistas de agresiones graves como las vividas en las últimas semanas", sostiene García.

Acuerdo del Grupo de Trabajo de Seguridad Privada en las infraestructuras de transporte de competencia estatal

                             
 
           Comunicado                                                                Acuerdo
                                                                                     


Convenio Colectivo Estatal de las Empresas Privadas de Seguridad 2017-20


           
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Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad privada

Firmado un acuerdo en el Convenio estatal de seguridad privada



                             Nota informativa                        Ver acuerdo 
                                                             

Negociación Convenio Colectivo

Explicación computo permisos retribuidos,vacaciones e I.T. en la propuesta final del convenio de seguridad privada


Facua denuncia a las principales empresas de seguridad privada por sus líneas 902 de atención al cliente

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a nueve empresas de seguridad privada por remitir a los usuarios a teléfonos de alto coste, con prefijos 902, para contratar sus servicios o gestionar incidencias.

Se trataría de las principales empresas del sector: Prosegur, Securitas Direct, Eulen, Biservicius, Seguridad Integral Canaria, Visor, Marsegur, Securitas Seguridad España y Sinergias de Vigilancia y Seguridad.

La asociación ha remitido sus denuncias a las autoridades de consumo de las comunidades donde las firmas tienen sus respectivos domicilios sociales. En este caso, a las direcciones generales de comercio y consumo de la Comunidad de Madrid, donde lo tienen cuatro de ellas, y de Canarias, donde lo tendrían las otras cinco.

Las nueve empresas ofrecen numeraciones 902 como única vía para que los consumidores contacten telefónicamente. De esta forma, denuncia la asociación, los usuarios se ven abocados a recurrir a ese tipo de números ante cualquier incidencia relacionada con alarmas o servicios de seguridad contratados para sus hogares. Igualmente, Facua recuerda que los usuarios "tienen derecho a reclamar" a la empresa el importe que les suponga cada llamada a esos 902.

Esta acción está enmarcada dentro de la campaña #Stop902 de Facua para movilizar a los usuarios contra este tipo de abusos en los teléfonos de atención al consumidor. Más de cien empresas de diferentes sectores han sido denunciadas por Facua por la vulneración de la legislación de defensa de los consumidores en las numeraciones de sus teléfonos de atención al cliente e información comercial.

Como consecuencia a estas denuncias, las autoridades de consumo de Baleares han abierto expedientes sancionadores a las aerolíneas Ryanair y Air Berlin. Además, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de anunciar la apertura de cinco expedientes sancionadores contra proveedores de servicios de telecomunicaciones por ofertar a empresas la contratación de números 902 a cambio de parte del cobro de la llamada facturada a los clientes como retribución.

DENUNCIAS EN TODOS LOS SECTORES

En este año, la asociación ha presentado paquetes de denuncias por irregularidades similares contra empresas de diferentes sectores como aerolíneas, energéticas, aseguradoras, establecimientos comerciales, compañías de telecomunicaciones, Renfe -que sustituyó el 902 en julio-, la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y su filial Correo Express. La última batería de denuncias presentada por la asociación fue hace unos días contra firmas de mensajería.

La asociación advierte de que el artículo 21.2 del Real Decreto 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, indica que los teléfonos de atención al cliente en los sectores donde no sea obligatoria su gratuidad (telecos, electricidad y gas) no pueden suponer "un coste superior al de la tarifa básica", por lo que si son de pago, sólo resultan admisibles líneas móviles o fijos con prefijo geográfico.

Cermi pide acabar con discriminación de discapacitados en seguridad privada

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha pedido hoy al Ministerio del Interior que desarrolle la Ley de Seguridad Privada para terminar con la exclusión que sufren las personas con discapacidad para ejercer esta actividad profesional.

"Los preborradores del futuro reglamento" contiene medidas encaminadas a avanzar en el acceso y permanencia de personas con discapacidad en el desempeño de funciones de seguridad privada, como vigilantes de seguridad, de las que ahora están rígidamente excluidas, según ha señalado el Cermi en una nota.

Este comité ha enviado una carta al director general de la Policía, Germán López, en la que argumenta que disponer en pocas fechas de un reglamento de desarrollo de la Ley de Seguridad Privada permitirá abrir estas actividades a personas con discapacidad -a determinadas funciones y tareas- y que permanezcan como personal de seguridad a aquellas que siéndolo ya, adquieren una discapacidad sobrevenida.

El Cermi ha destacado que si se responde a sus demandas "no solo se repararía una exclusión hoy sin ninguna justificación, sino que se abrirían nichos de oportunidad laboral para muchas personas con discapacidad, que padecen tasas de inactividad y de desempleo enormemente elevadas en nuestro país", ha concluido el Cermi.