SANTIAGO CARRILLO, ICONO DE LA LUCHA CONTRA FRANCO,D.E.P.
Santiago Carrillo, fallecido este martes, fue secretario general del Partido Comunista de España (PCE) de 1960 a 1982, además de uno de los artífices de la Transición española y un firme defensor de la reconciliación nacional. Con la llegada de la democracia, compatibilizó su clara militancia republicana con su admiración por el rey, con quien mantuvo una excelente relación y al que defendió como motor de la Transición y del que ensalzó su labor en el 23-F.
Hijo de un militante del PSOE y de UGT, nació en Gijón, el 18 de enero de 1915, aunque pronto se trasladó a Madrid con su familia. Militante de las Juventudes Socialistas desde 1928, tras la unificación de esta organización con las Juventudes Comunistas, en abril de 1936, fue elegido secretario general de la nueva formación. En julio de 1936 se afilió al Partido Comunista (PCE).
A pesar de su juventud, tuvo un papel destacado en la vida política de Madrid tras el levantamiento militar del 18 de julio de 1936, a la vez que escalaba puestos en el Partido. Como delegado de Orden Público y miembro de la Junta de Defensa de Madrid, desde el 6 de noviembre de 1936, le han responsabilizado de la matanza de militares sublevados en Paracuellos (Madrid) del 7 y 8 de ese mes, aunque Carrillo siempre defendió que fue obra de descontrolados.
En febrero de 1939 cruzó la frontera francesa y comenzó un exilio de 38 años, que le llevó a la Unión Soviética, EEUU, Argentina, México y Argelia, hasta que fijó su residencia en París. 'Delfín' de Dolores Ibárruri, La Pasionaria desde 1946, en el VI Congreso del PCE (1960) en el que ésta fue elegida presidenta, Carrillo fue elegido secretario general, cargo que ocupó hasta 1982. Fue partidario de la independencia política respecto a la URSS, postura que afianzó tras la invasión de Checoslovaquia en 1968 y defendió la autonomía de los países europeos para buscar su propio camino hacia el socialismo.
Para España, desde 1956 propició una "política de reconciliación nacional", apoyando un pacto de todas las fuerzas "antifranquistas". En 1974 creó, con Rafael Calvo Serer, la Junta Democrática. Tras la muerte del dictador, usó distintas fórmulas de presión para conseguir la legalización del PCE, como la convocatoria de una rueda de prensa en Madrid el 10 de diciembre de 1976, que provocó su detención, el día 22 de ese mes, cuando portaba una peluca que le hizo famoso en toda España.
Fue elegido diputado en los primeros comicios democráticos de junio de 1977 y como representante comunista participó en los Pactos de la Moncloa. Reelegido diputado en 1979, en esta Legislatura vivió el golpe de Estado del 23-F y fue uno de los tres políticos, junto al presidente del Gobierno, Adolfo Suárez y al vicepresidente, general Gutiérrez Mellado, que permaneció en su escaño, desobedeciendo las órdenes del coronel Tejero.
Tras una grave crisis interna, acentuada por la derrota sufrida en las generales de octubre de 1982, el 6 de noviembre de ese año presentó su dimisión con secretario general del PCE. En 1985 se separó definitivamente del mismo y creó un nuevo grupo político, Partido de los Trabajadores-Unidad Comunista, con el que acudió a las elecciones de 1986, aunque no obtuvo escaño.
Después de largas negociaciones, el 27 de octubre de 1991 firmó el ingreso de los miembros de esa formación en el PSOE, como una corriente interna bajo el nombre de "Unidad de Izquierda", aunque él quedó fuera, al considerar que "su larga historia de dirigente comunista" le daba "autoridad moral para sostener la posición de sus camaradas", pero le inhabilitaba para "desempeñar cualquier papel protagonista".
Desde entonces, comenzó a dedicarse a escribir libros y artículos en los medios de comunicación y a dar conferencias y participar en tertulias radiofónicas. Recibió numerosos reconocimientos por su actuación durante la Transición, sobre todo a partir de 2005, fecha de su noventa cumpleaños, como la cena homenaje, ofrecida el 16 de marzo, a la que asistieron destacadas personalidades, entre ellas el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero. El 20 de octubre de ese año fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Madrid, aunque el acto se vio boicoteado por jóvenes de extrema derecha. El 17 de enero de 2008 fue galardonado por la Fundación Sabino Arana, por "su contribución en el restablecimiento de la democracia" en España tras la dictadura de Franco. En diciembre de 2008 le fue concedida la Medalla al Mérito del Trabajo.
Al margen de la política, Carrillo se consideraba periodista, profesión que comenzó a ejercer a los 16 años, como redactor de "El Socialista". En abril del 1994 fue elegido miembro de honor de la Agrupación de Periodistas de la UGT y en junio de 2005 fue homenajeado por la Asociación de la Prensa de Madrid. Autor de numerosos libros, en 1993 presentó sus Memorias y diez años después publicó La memoria en retazos. En 2008 publicó La crispación en España. De la Guerra Civil a nuestros días y Dolores Ibárruri. Pasionaria, una fuerza de la naturaleza. El 6 de abril de 2010 presentó Los viejos camaradas. El 18 de enero 2011, día en el que cumplía 96 años, presentó un nuevo libro La difícil reconciliación de los españoles. En esa obra, el exsecretario general del PCE lamentaba la "mentalidad medieval" que, a su juicio, aún tenía la Iglesia española.
Un mes después participó en los actos de recuerdo del 23-F, al cumplirse el treinta aniversario de la intentona golpista. En 2008 pasó por el hospital en dos ocasiones por problemas cardiacos leves, en octubre de 2011 estuvo dos días ingresado por una infección urinaria y el 19 de abril de 2012 fue intervenido de apendicitis y permanceció hospitalizado hasta el 4 de mayo. De nuevo, el 17 julio, y por espacio de dos días, estuvo ingresado en un hospital de Madrid a causa de un problema de riego sanguíneo.
Estaba casado con Carmen Menéndez con quien tenía tres hijos: Santiago, Jorge y José. Este último fue elegido rector de la Universidad Complutense en abril de 2011.
ESABE. Varias decenas de vigilantes de los juzgados se concentran por el impago de las nóminas de julio y agosto
Varias decenas de vigilantes de seguridad de los juzgados de Sevilla se han
vuelto a concentrar este viernes frente a las puertas del edificio Noga de la
capital hispalense debido al impago de las nóminas correspondientes a los meses
de julio y agosto por parte de la empresa Esabe Vigilancia, encargada del
servicio de seguridad en las sedes judiciales, todo ello "a pesar de los 59.000
euros que abonó la Junta".
Así, fuentes del Sindicato de Trabajadores de Seguridad de Andalucía (STS-A) han informado a Europa Press de que la concentración se ha llevado a cabo entre las 10,00 y las 13,00 horas de este viernes a fin de "mostrar la disconformidad" de los vigilantes con Esabe, "que adeuda a día de hoy los salarios de julio y agosto", además de una paga extraordinaria.
De este modo, han sido varias decenas de vigilantes los que se han concentrado frente al edificio judicial ubicado en la avenida de la Buhaira portando una pancarta en la que se podía leer 'Contra los retrasos reiterados de los salarios, contra el chantaje de Esabe a los trabajadores y por el cumplimiento del Estatuto y el convenio".
En este sentido, fuentes de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta consultadas por Europa Press han querido dejar claro que los pagos "están garantizados" ya que "cuentan con cobertura presupuestaria", como "así se demuestra con el abono de la cantidad que se desbloqueó en agosto, que permitió a la empresa afrontar las nóminas pendientes".
Y es que durante el pasado verano, y gracias a un pago por parte de la Junta de Andalucía a Esabe, se abonó a los trabajadores las nóminas correspondientes a los meses de mayo y junio, lo cual supuso "un alivio" para los vigilantes, que subrayan que "no pueden pasarse meses y meses con una sola paga, es una injusticia".
En total, son 36 los trabajadores afectados por las irregularidades en los pagos, irregularidades que han venido motivando diversas movilizaciones ante los juzgados del edificio Noga y las sedes de El Prado de San Sebastián, las últimas realizadas durante el pasado mes de julio.
La situación de los 36 vigilantes de seguridad afectados ha sido calificada por el sindicato de "extrema necesidad, y urgencia", ya que están siendo "acosados por los bancos y demás acreedores que les exigen el pago inmediato de las deudas".
Fuente:
Así, fuentes del Sindicato de Trabajadores de Seguridad de Andalucía (STS-A) han informado a Europa Press de que la concentración se ha llevado a cabo entre las 10,00 y las 13,00 horas de este viernes a fin de "mostrar la disconformidad" de los vigilantes con Esabe, "que adeuda a día de hoy los salarios de julio y agosto", además de una paga extraordinaria.
De este modo, han sido varias decenas de vigilantes los que se han concentrado frente al edificio judicial ubicado en la avenida de la Buhaira portando una pancarta en la que se podía leer 'Contra los retrasos reiterados de los salarios, contra el chantaje de Esabe a los trabajadores y por el cumplimiento del Estatuto y el convenio".
En este sentido, fuentes de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta consultadas por Europa Press han querido dejar claro que los pagos "están garantizados" ya que "cuentan con cobertura presupuestaria", como "así se demuestra con el abono de la cantidad que se desbloqueó en agosto, que permitió a la empresa afrontar las nóminas pendientes".
LA SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS JUDICIALES ESTÁ "GARANTIZADA"
Al hilo de ello, las mismas fuentes han señalado que la seguridad de los edificios judiciales de Sevilla "está garantizada" con los actuales efectivos, tanto públicos como privados.Y es que durante el pasado verano, y gracias a un pago por parte de la Junta de Andalucía a Esabe, se abonó a los trabajadores las nóminas correspondientes a los meses de mayo y junio, lo cual supuso "un alivio" para los vigilantes, que subrayan que "no pueden pasarse meses y meses con una sola paga, es una injusticia".
En total, son 36 los trabajadores afectados por las irregularidades en los pagos, irregularidades que han venido motivando diversas movilizaciones ante los juzgados del edificio Noga y las sedes de El Prado de San Sebastián, las últimas realizadas durante el pasado mes de julio.
La situación de los 36 vigilantes de seguridad afectados ha sido calificada por el sindicato de "extrema necesidad, y urgencia", ya que están siendo "acosados por los bancos y demás acreedores que les exigen el pago inmediato de las deudas".
Fuente:
LOS DERECHOS SOCIALES PERDIDOS
El Consejo de Ministros del 13 de julio aprobó un nuevo conjunto de medidas de ajuste. Tienen un carácter profundamente antisocial y reducen derechos sociales en tres áreas: protección al desempleo, servicios públicos y condiciones salariales y laborales de los empleados públicos. A ellas hay que añadir la última reforma laboral y las medidas fiscales regresivas. Están inscritas en una estrategia liberal-conservadora de ampliación de la austeridad para las capas populares y debilitamiento de lo público y el Estado de bienestar, son injustas y tienen graves consecuencias sociales y un gran déficit democrático. Veámoslas detenidamente.
1) Debilitamiento de la protección social a las personas desempleadas
Las principales medidas de este primer tipo son las siguientes. Se rebajan diez puntos porcentuales (del 60% al 50% de las bases de cotización) el importe de la prestación contributiva que se cobra a partir del séptimo mes de desempleo (se mantiene el 70% los primeros seis meses); puede afectar a cerca un millón del total de 1,3 millones que reciben prestaciones contributivas. 2,8 millones de españoles permanecen sin ningún tipo de protección públicaSe elimina el subsidio no contributivo de los mayores de 52 años y hasta la edad de 55 años en que se fija ahora el derecho, siendo obligatoria su finalización a la primera edad posible de jubilación; del total de 1,3 millones que perciben este subsidio asistencial se ven perjudicados unos 300.000. Igualmente, se restringe el acceso a la renta activa de inserción que durante seis meses percibían las personas desempleados mayores de 45 años, con rentas inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI) de 641 euros, introduciendo mayores exigencias de búsqueda de empleo y eliminando a los desempleados inscritos pero sin haber conseguido previamente derechos contributivos; afecta a unas 650.000 personas. El tope de la indemnización del FOGASA, para personas despedidas de empresas insolventes, desciende un 20% (de 150 días a 120) y el máximo del importe pasa de tres veces y media el SMI mensual (2.243 euros) a dos veces (1.282 euros), es decir, se recorta el 42%. Así mismo, se amplían las exigencias de ‘búsqueda activa de empleo' o reinserción laboral, así como los controles y las capacidades sancionadoras de la administración para poder expulsar beneficiarios de estas prestaciones, sólo con ‘indicios' de fraude o sin aportar todos los requisitos y documentos que demuestren la mejora de su empleabilidad. A todo ello hay que añadir el incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social pagadas por el beneficiario de la prestación contributiva, que antes financiaba el INEM, con lo que su retribución neta se reduce un 3,4%. Hasta el año 2014, solamente la reducción del gasto en protección contributiva al desempleo se calcula en cerca de 14 mil millones de euros.
Por otro lado, el decreto-ley aprobado el 24 de agosto sobre la renovación el plan PREPARA aprueba dos medidas contradictorias, una mejora parcial y un recorte significativo. Desde hace dos años, una media de 200.000 personas desempleadas que agotaban la prestación contributiva ha cobrado un subsidio, durante seis meses, debiendo participar en un programa de inserción profesional.1,7 millones de hogares tienen todos sus miembros activos en paro Ahora, por una parte, se eleva de 400 euros a 450 el importe a percibir sólo por las personas desempleadas que tienen responsabilidades familiares (pareja y dos hijos menores de 26 años) y sin ingresos. Por otra parte, la más sustancial, se elimina su percepción para muchos beneficiarios, especialmente jóvenes, al computar la renta familiar en vez de la individual, y además, se endurecen los requisitos: constatación de que se busca activamente empleo y que la situación de paro sea de larga duración (más de un año). El primero supone mayores controles administrativos persiguiendo la baja del sistema, ya que no hay expectativas de crecimiento del empleo, dada la situación económica, y al mismo tiempo, se reducen los recursos públicos para políticas activas de empleo. El segundo consiste en dejar sin acceso a las personas (jóvenes) que no han llegado a estar empleadas durante tres años, periodo de cotización necesario para cobrar doce meses la prestación contributiva previa, ya que este subsidio se cobra una vez finalizada la prestación contributiva y se exige estar un año en paro (dentro de los últimos 18 meses).
Además, de los 5,7 millones de personas desempleadas (según la EPA-2012-2º trimestre) sólo cobran una prestación o un subsidio de desempleo 2,9 millones (según el paro registrado del INEM), por lo que hay 2,8 millones permanecen sin ninguna protección pública, y 1,7 millones de hogares tienen todos sus miembros activos en paro.La desprotección social conlleva el intento de reafirmar la ideología liberal-conservadora En definitiva, el paro masivo, la reducción de la protección pública y el desamparo de las personas desempleadas están generando un mayor empobrecimiento de los sectores más desfavorecidos, un descenso en sus trayectorias laborales y personales y un deterioro de sus capacidades humanas, académicas y profesionales, con especial repercusión entre la gente joven. La desprotección social conlleva el intento de diluir la responsabilidad de las instituciones públicas y reafirmar la ideología liberal-conservadora, culpando a las personas desempleadas de su propia situación de paro. La ausencia de políticas de reactivación de empleo decente y estos nuevos recortes de la protección al desempleo están consolidando nuevas brechas sociales y dificultades para la integración social. Es preciso ampliar la cobertura e intensidad de la protección social al desempleo y al riesgo de pobreza y exclusión, fortalecer las adecuadas políticas de formación y cualificación profesional y estimular la creación de empleo con plenos derechos sociales y laborales.
2) Deterioro de la calidad de servicios públicos fundamentales
Este decreto de julio recorta 5.811 millones de euros el gasto de las Comunidades Autónomas, siendo el grueso de su presupuesto estos servicios esenciales, que se verán afectados. Si se añade el recorte aprobado del gasto de los servicios ofrecidos por el Gobierno central y los Ayuntamientos, la reducción del gasto público llega a 9.220 millones de euros. La reducción del gasto público contando Gobierno, Comunidades y Ayuntamientos llega a 9.220 millonesEn particular, adopta una medida que tiene un impacto directo sobre la protección a la dependencia. Se reduce la financiación pública estatal al sistema de dependencia, se pospone la ampliación al grado moderado de dependencia, se aumenta el copago que deberán realizar las personas dependientes y se reducen los servicios que se ofrecen. Las principales medidas concretas son: reducción de los importes medios de las prestaciones económicas asociadas a los grados de dependencia, por la vía de eliminar la subdivisión en los dos niveles de cada uno de los tres grados de dependencia; rebaja de un 15% de la prestación por cuidador familiar que determina el Estado, descenso ampliable por las comunidades autónomas si así lo deciden, y el cuidador pasa a asumir la cotización social en vez del Estado como antes. Este recorte se acumula a las primeras medidas aprobadas por el Gobierno del PP, en diciembre pasado, (recorte de 9.000 millones en el presupuesto de los ministerios y paralización del calendario de aplicación de la ley de dependencia), así como las adoptadas en abril: aumento del copago farmacéutico, incluido el nuevo pago por los pensionistas, exentos hasta entonces; la exclusión de los inmigrantes sin papeles de la tarjeta sanitaria; el aumento de la ratio de alumnos por aula, con el consiguiente despido de interinos y la menor calidad de la enseñanza, y la subida de las tasas universitarias con mayores dificultades para el acceso a la educación superior de los sectores menos pudientes. E igualmente se suma la de junio: el llamado medicamentazo, con la exclusión de la subvención pública de 417 medicamentos básicos y de gran consumo.
3) Rebaja de los salarios de los empleados públicos y aumento de su jornada laboral con la consiguiente expulsión de personal interino y contratado
Se suprime la paga extra de Navidad para la gran mayoría de los 2,7 millones de empleados del sector público, lo que supone aproximadamente la reducción de un 7% de los ingresos salariales y pudiendo prorratear los descuentos en las nóminas mensuales anteriores a esa fecha; sólo quedan exentos los que cobran menos de 962 euros (1,5 veces el salario mínimo interprofesional).Se disminuye entre un 50% y un 25% la cantidad percibida en una situación de incapacidad temporal debido a una enfermedadSe disminuye entre un 50% y un 25% la cantidad percibida en situación de incapacidad temporal por enfermedad común, que tendrá un máximo del 50% del salario en los tres primeros días de baja por enfermedad y un máximo del 75% entre los días 4 y 20. Se reducen de seis a tres los días disponibles para asuntos particulares. El personal laboral (0,7 millones) de la administración podrá ver modificados o suspendidos sus convenios colectivos, con el pretexto de insuficiencias presupuestarias. Hay que añadir la generalización del aumento de jornada laboral de 35 a 37,7 horas semanales, aprobado en diciembre pasado, incluyendo su posible ampliación, con lo que supone de no renovación de contratos temporales o interinos, reducción de empleo e incremento del paro. Se favorece la movilidad de los empleados públicos en los distintos ámbitos de la administración, y se evita que personal de empresas contratadas adquieran una relación laboral con el Estado. Oficialmente, el recorte de gasto público previsto por estas medidas, para el año 2012, es de 5.430 millones de euros, aunque el saldo neto derivado de los menores ingresos por cotizaciones sociales del personal adscrito al Régimen General (24,4% de esa cantidad) y por IRPF (por encima del 24,75%), será muy inferior (algunas estimaciones lo sitúan en unos 3.000 millones), y sin contar el impacto negativo sobre el consumo.A todo ello hay que añadir la congelación del sueldo para 2012 de los empleados públicos decidida en diciembre por el gobierno del PP y la prevista para el año 2013, acumuladas a la reducción del cinco puntos del salario en el año 2010 y su congelación para el año 2011, aprobadas por el anterior gobierno socialista.
4) Una reforma laboral injusta y antisocial
El Gobierno del PP aprobó el pasado mes de febrero una reforma laboral profundamente regresiva: abarata y facilita el despido, recorta derechos y condiciones laborales, precariza el empleo y debilita la regulación laboral y la negociación colectiva. La reforma laboral abarata y facilita el despido, recorta derechos, precariza el empleo y debilita la negociación colectivaSus objetivos son dobles: por un lado, la subordinación de trabajadores y trabajadoras, el abaratamiento de los costes laborales y asegurar una inserción laboral en la inseguridad, y, por otro lado, el incremento de los beneficios empresariales y el fortalecimiento de la capacidad empresarial para disponer arbitrariamente de las personas empleadas y en paro. El resultado es un fuerte desequilibrio en las relaciones laborales: por una parte, mayor indefensión para las capas trabajadoras y marginación de sus representantes sindicales, y por otra parte, mayor poder y control empresarial. Lejos de constatar el fracaso de las anteriores reformas laborales para crear empleo, asegurar su calidad y atender las demandas ciudadanas de superar el paro y garantizar la protección al desempleo, esta contrarreforma laboral del PP profundiza su contenido regresivo y desarrolla su impacto antisocial. Esta agresiva contrarreforma de las derechas (PP y CIU) profundiza el retroceso laboral impuesto por las dos reformas del Gobierno socialista anterior: la reforma laboral de junio de 2010, con el abaratamiento del despido, y la reforma de la negociación colectiva de julio de 2011, con el debilitamiento de la capacidad contractual de los sindicatos. En su conjunto es un recorte generalizado de las garantías colectivas e individuales de trabajadores y trabajadoras, una marginación del sindicalismo en la regulación de las relaciones laborales, un incremento del poder empresarial.
5) Medidas fiscales regresivas
La principal es la elevación desde el 1 de septiembre del tipo reducido de IVA desde el 8% al 10% y del tipo normal del 18% al 21%. Junto con el incremento decidido por el anterior gobierno socialista en el año 2010, en los dos últimos años el tipo general se ha incrementado 3 puntos y el tipo normal 5 puntos.El incremento impositivo es de 2.300 millones de euros en el año 2012, 10.130 en 2013 y 9.670 en 2014 Además, algunos productos pasan del tipo reducido al normal, es decir, se incrementan 13 puntos. Es el impuesto más regresivo porque afecta al consumo de la población y, proporcionalmente, es superior para las capas populares. El impacto oficial es de un incremento impositivo de 2.300 millones de euros en el año 2012 (se aplica sólo en el último trimestre del año), 10.130 millones en 2013 y 9.670 millones en 2014. Es un importe significativo que se detrae de los recursos de la mayoría de la sociedad, y disminuye el consumo y el empleo. Por otro lado, se aumenta la fiscalidad del tabaco y se retiran algunas deducciones del Impuesto de Sociedades. El conjunto de las medidas aprobadas en julio supone una reducción de 1,2 puntos del déficit en el año 2012 y 0,9 puntos adicionales en el año 2013, aunque los compromisos adquiridos por el Gobierno con las instituciones comunitarias son una reducción prácticamente el doble.
La presión fiscal en España es muy inferior a la media de la Unión Europea. En el año 2011 era del 35,1% del PIB, 9,5 puntos menos que la media europea (44,6%), habiendo bajado cinco puntos desde el máximo del año 2007 (41,1%). Esa menor presión fiscal está distribuida en todos los tipos de impuestos. Con datos desagregados del año 2010 (en que la diferencia existente era de 7,8 puntos), respecto de la media europea en España se ingresaba menos en impuestos indirectos (2,4 puntos de los que 1,4 eran en el IVA), en impuestos directos (2,1 puntos), en cuotas sociales (2,3 puntos) y en tasas y precios públicos (1 punto). Hay pues margen para un incremento de la fiscalidad. La cuestión, para que aumente la equidad del sistema, es qué medidas se adoptan. La solución pasa por incrementar los ingresos fiscales con una reforma fiscal que sea profunda, progresiva y equitativaAparte de la lucha contra el fraude fiscal y contando con el incremento del IRPF (menos regresivo que el del IVA) adoptado por el gobierno del PP en diciembre pasado, existe un margen amplio para el incremento del impuesto de sociedades, particularmente a las grandes empresas con un tipo de gravamen del 30% pero cuyo tipo efectivo es la mitad, debido a las múltiples deducciones existentes hasta ahora. Este impuesto de sociedades fue rebajado cinco puntos en la reforma fiscal del gobierno socialista en el año 2006. Para hacerse una idea del impacto de esa rebaja, entre los años 2007 y 2010, el descenso más pronunciado de los ingresos fiscales fue el derivado del impuesto de sociedades que se recortó un 64% (17.521 millones de euros en un año según el Ministerio de Hacienda); más de la mitad de esa cantidad (unos 8.000 millones) correspondía a la reducción impositiva, y cerca de la otra mitad a la disminución de la actividad económica. El nuevo del Gobierno del PP ha confirmado esa rebaja regresiva del tipo de gravamen del impuesto de sociedades realizada por el Ejecutivo del PSOE. Igualmente, se podrían incrementar otros impuestos, algunos recientemente eliminados como los de sucesiones (más de 2.500 millones anuales) o simbólicos como el del patrimonio (incluido las SICAV) y otros prácticamente inexistentes, como los medioambientales o a las transacciones financieras, además del impuesto especial a las grandes fortunas que propone el partido socialista.
Al mismo tiempo, el gasto público en España, en el año 2011, es el 43,6%, inferior en 5,8 puntos a la media europea (49,4%). En el periodo 2007-2009 se produjo un significativo aumento del 39,1% del PIB al 46,3%, más de siete puntos, derivado fundamentalmente del incremento de 3 puntos porcentuales del gasto en prestaciones sociales (desempleo y pensiones) y 1,8 en la remuneración de los empleados públicos. Sin embargo, generado por los distintos recortes sociales de mayo de 2010 (congelamiento de pensiones y rebaja salarial de los empleados públicos), en ese año el gasto público bajó al 45,6% y en el año 2011 al citado 43,6%, es decir, un total de tres puntos en dos años. Además, hay que contar que, últimamente, la partida del pago por intereses de la deuda pública es la que tiene mayor incremento sin que, por supuesto, suponga un beneficio para la población sino, sobre todo, para los especuladores y acreedores extranjeros.
Una de las medidas problemáticas adoptadas por el último decreto de julio es la rebaja de dos puntos en las cotizaciones sociales de las empresas (unos 5.000 millones de euros) que constituyen un ahorro de costes laborales de las empresas. Lejos de la versión oficial de que revertirá en mayor inversión y competitividad para nuestras empresas exportadoras, van a ir a parar, fundamentalmente, al aumento de los beneficios empresariales sin mejorar el empleo. Al mismo tiempo, ponen en peligro los ingresos de la Seguridad Social y puede ser un pretexto para un nuevo recorte de las pensiones.
La conclusión es que no estamos ante un excesivo gasto público que haya que contener sino que todavía resta una gran diferencia, particularmente de gasto social, respecto de la media europea. El problema fundamental es la limitada presión fiscal en España, muy inferior a la de la Unión Europea y la Eurozona, causante principal del elevado déficit público. La solución pasa por incrementar los ingresos fiscales con una reforma fiscal profunda, progresiva y equitativa, todavía más necesaria para impulsar políticas de reactivación económica, renovación del aparato productivo y creación de empleo decente, así como para sostener y consolidar nuestro débil Estado de bienestar.
6) Síntesis
En resumen, el Gobierno del PP, durante estos meses, ha reforzado y ampliado las medidas antisociales de ajuste y austeridad. Amparado por las instrucciones y orientaciones de las instituciones europeas, con esta política regresiva aprovecha la situación de crisis económica para modificar los equilibrios de reparto de rentas y las garantías de protección social y servicios públicos en beneficio de los empresarios y las capas altas y en perjuicio de la mayoría de la sociedad, las capas trabajadoras y, particularmente, los sectores más desfavorecidos y en desempleo. Esta política supone un plan sistemático para cambiar profundamente el modelo socialEsta política liberal-conservadora supone un plan sistemático para cambiar profundamente el modelo social y avanzar en una salida regresiva a la crisis. Supone ante la ciudadanía un justo descrédito de la clase política, empeñada en hacer recaer los mayores costes de la crisis en la mayoría popular. El reto para las izquierdas, el sindicalismo y los grupos y movimientos sociales progresistas es impedir los recortes antisociales, hacer fracasar esa estrategia, reactivar la ciudadanía y conformar un bloque social unitario, en defensa del empleo decente, los derechos sociales y laborales y el refuerzo del Estado de bienestar. Las convocatorias de protestas colectivas, particularmente la gran marcha hacia Madrid que tiene lugar hoy, y la participación masiva en la consulta popular contra los recortes y los ajustes, junto con las distintas movilizaciones en marcha, son un buen cauce para manifestar la indignación ciudadana y exigir un cambio de la política social, laboral y económica que garantice una salida más justa y equitativa de la crisis.
Antonio Antón.Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
http://www.publico.es/espana/442346/los-derechos-sociales-perdidos
La Audiencia Nacional anula un ERE de Segur Iberica no pactado en todos los centros de trabajo
La Audiencia Nacional ha anulado el despido colectivo de 32 trabajadores de la empresa Segur Ibérica por fraude de ley. La sentencia echa abajo el expediente pese a que se pactó en dos de los tres centros de trabajo de la empresa porque en el tercero no llegó a un acuerdo con los representantes de los trabajadores y trató de hacerlo individualmente con varios de los empleados. Esto, según la sentencia emitida por el magistrado de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, Manuel Poves, es un fraude de ley.
La empresa Segur Ibérica, SA, presentó en marzo ante la Dirección General de Trabajo comunicación para iniciar un ERE para la extinción de 12 contratos de trabajo en Navarra, seis en Álava y 14 en Vizcaya. El periodo de consultas entre la empresa y los representantes de los trabajadores acabó con acuerdo en los centros de trabajo de Álava y Vizcaya. No así en el centro de Navarra terminó sin acuerdo, donde Segur Ibérica mantuvo contactos individuales con algunos trabajadores de la plantilla con el objeto de llegar a acuerdos concretos con ellos a la vez que se celebraban las reuniones entre ambas partes.
Para la Audiencia, esas reuniones “vaciaron de contenido” el periodo de consultas, al restar fuerza a la negociación colectiva, y por tanto declara que el despido colectivo en Navarra estuvo realizada en fraude de ley. Pero los magistrados van más allá, ya que anulan todo el expediente en los otros dos centros de trabajo.
El tribunal señalado que los despidos colectivos deben tramitarse de manera global con un resultado “homogéneo” para la totalidad de los trabajadores afectados. Aquí es donde el tribunal da un salto cualitativo, pues entiende que solo existe una actuación de la empresa “aunque se diversifique” y, así, la nulidad del despido que afecta al centro de trabajo de Navarra “por fuerza ha de contaminar la totalidad de la decisión extintiva empresarial”. Es decir, todo el ERE se declara nulo. Según la sentencia, el legislador “apuesta por un proceso único, con resultado homogéneo que no quede al albur del contenido que consiga según el centro de trabajo”.
Este fallo consolida el papel negociador de los representantes de los trabajadores al dictar que una empresa no puede iniciar conversaciones paralelas con empleados individualmente durante el periodo de consultas de un despido colectivo.
acceso a la sentencia
La empresa Segur Ibérica, SA, presentó en marzo ante la Dirección General de Trabajo comunicación para iniciar un ERE para la extinción de 12 contratos de trabajo en Navarra, seis en Álava y 14 en Vizcaya. El periodo de consultas entre la empresa y los representantes de los trabajadores acabó con acuerdo en los centros de trabajo de Álava y Vizcaya. No así en el centro de Navarra terminó sin acuerdo, donde Segur Ibérica mantuvo contactos individuales con algunos trabajadores de la plantilla con el objeto de llegar a acuerdos concretos con ellos a la vez que se celebraban las reuniones entre ambas partes.
Para la Audiencia, esas reuniones “vaciaron de contenido” el periodo de consultas, al restar fuerza a la negociación colectiva, y por tanto declara que el despido colectivo en Navarra estuvo realizada en fraude de ley. Pero los magistrados van más allá, ya que anulan todo el expediente en los otros dos centros de trabajo.
El tribunal señalado que los despidos colectivos deben tramitarse de manera global con un resultado “homogéneo” para la totalidad de los trabajadores afectados. Aquí es donde el tribunal da un salto cualitativo, pues entiende que solo existe una actuación de la empresa “aunque se diversifique” y, así, la nulidad del despido que afecta al centro de trabajo de Navarra “por fuerza ha de contaminar la totalidad de la decisión extintiva empresarial”. Es decir, todo el ERE se declara nulo. Según la sentencia, el legislador “apuesta por un proceso único, con resultado homogéneo que no quede al albur del contenido que consiga según el centro de trabajo”.
Este fallo consolida el papel negociador de los representantes de los trabajadores al dictar que una empresa no puede iniciar conversaciones paralelas con empleados individualmente durante el periodo de consultas de un despido colectivo.
acceso a la sentencia
Interior implantará seguridad privada en la vigilancia auxiliar de las cárceles tras el verano
El Ministerio del Interior acometerá durante el último trimestre del año la implantación de efectivos de seguridad privada en labores de "vigilancia auxiliar" en las cárceles, según han confirmado a Europa Press fuentes del Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz. Esta iniciativa se pondría en práctica en cerca de una veintena de centros penitenciarios.
Estas mismas fuentes han precisado que el plan no contempla que la seguridad privada sustituya a la Guardia Civil o los funcionarios de prisión en las labores que les son propias, sino que su función será la de prestar "vigilancia auxiliar" como el control externo o la visualización de monitores del circuito cerrado de seguridad de los centros.
Desde el Ministerio estiman que la medida se pondrá en marcha en una veintena de centros, si bien advierten de que esa cifra podría variar. Se trata de una oferta realizada por el Departamento al sector de la Seguridad Privada, aunque no se ha cerrado ningún acuerdo concreto con ninguna empresa ni se ha fijado aún el número de efectivos que sería necesario para cubrir las necesidades previstas.
El pasado 28 de junio, el secretario de Estado de Interior, Ignacio Ulloa, planteó en el Congreso de los Diputados la posibilidad de paliar con seguridad privada la escasez de funcionarios en los centros penitenciarios.
"Lo único que hacemos es poner ingenio y quiero decir que, apelando a la tranquilidad de parte de los diputados que me han preguntado, pero haciéndoles ver que no queda más remedio que buscar alternativas, lo que es la alternativa de la seguridad privada", dijo Ulloa ante la Comisión de Interior de la Cámara Baja.
El 'número dos' de Interior cuestionó que la labor de "mirar un monitor de seguridad" sólo lo pueda hacer un funcionario de prisiones y se preguntó si esa función "la puede desempeñar un ciudadano con una mínima formación que pueda ser contratado y liberar a un funcionario penitenciario en otro lugar". "Dejo la cuestión en el aire, no quiere decir que se vaya a adoptar, pido las sugerencias de los diputados", zanjó.
La proposición no de ley fue debatida en la Comisión de Interior del Congreso a iniciativa de CiU, que finalmente acordó con el PP instar al Gobierno a incluir esta idea en la reforma de la Ley de Seguridad Privada que tiene previsto desarrollar.
En concreto, la iniciativa pedía que miembros de seguridad privada sustituyan a los responsables públicos de seguridad en las funciones de control de accesos y control de cámara de circuito cerrado de televisión, "que podrían ser ampliadas a la seguridad perimetral inmediatamente circundante a los centros penitenciarios llegado el caso, bajo la dirección de los responsables de la seguridad pública" de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas.
El PSOE votó en contra de esta proposición ya que considera "evidente" que se plantea un "beneficio" para las empresas privadas de seguridad que "va en perjuicio" del servicio público, según argumentó el diputado José Zaragoza. Pero además, avisó de que los miembros de la seguridad privada "no están preparados" y requieren formación, algo que "cuesta dinero".
Estas mismas fuentes han precisado que el plan no contempla que la seguridad privada sustituya a la Guardia Civil o los funcionarios de prisión en las labores que les son propias, sino que su función será la de prestar "vigilancia auxiliar" como el control externo o la visualización de monitores del circuito cerrado de seguridad de los centros.
Desde el Ministerio estiman que la medida se pondrá en marcha en una veintena de centros, si bien advierten de que esa cifra podría variar. Se trata de una oferta realizada por el Departamento al sector de la Seguridad Privada, aunque no se ha cerrado ningún acuerdo concreto con ninguna empresa ni se ha fijado aún el número de efectivos que sería necesario para cubrir las necesidades previstas.
El pasado 28 de junio, el secretario de Estado de Interior, Ignacio Ulloa, planteó en el Congreso de los Diputados la posibilidad de paliar con seguridad privada la escasez de funcionarios en los centros penitenciarios.
"Lo único que hacemos es poner ingenio y quiero decir que, apelando a la tranquilidad de parte de los diputados que me han preguntado, pero haciéndoles ver que no queda más remedio que buscar alternativas, lo que es la alternativa de la seguridad privada", dijo Ulloa ante la Comisión de Interior de la Cámara Baja.
El 'número dos' de Interior cuestionó que la labor de "mirar un monitor de seguridad" sólo lo pueda hacer un funcionario de prisiones y se preguntó si esa función "la puede desempeñar un ciudadano con una mínima formación que pueda ser contratado y liberar a un funcionario penitenciario en otro lugar". "Dejo la cuestión en el aire, no quiere decir que se vaya a adoptar, pido las sugerencias de los diputados", zanjó.
RESPALDO DE CIU Y RECHAZO DEL PSOE
Apenas un mes antes, el 29 de mayo, PP y CiU aprobaron en el Congreso de los Diputados una iniciativa que pedía al Gobierno que estudiase la posibilidad de que personal de empresas de seguridad privada se encargase de la vigilancia exterior de las cárceles españolas y su acceso, siempre bajo la dirección de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.La proposición no de ley fue debatida en la Comisión de Interior del Congreso a iniciativa de CiU, que finalmente acordó con el PP instar al Gobierno a incluir esta idea en la reforma de la Ley de Seguridad Privada que tiene previsto desarrollar.
En concreto, la iniciativa pedía que miembros de seguridad privada sustituyan a los responsables públicos de seguridad en las funciones de control de accesos y control de cámara de circuito cerrado de televisión, "que podrían ser ampliadas a la seguridad perimetral inmediatamente circundante a los centros penitenciarios llegado el caso, bajo la dirección de los responsables de la seguridad pública" de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas.
El PSOE votó en contra de esta proposición ya que considera "evidente" que se plantea un "beneficio" para las empresas privadas de seguridad que "va en perjuicio" del servicio público, según argumentó el diputado José Zaragoza. Pero además, avisó de que los miembros de la seguridad privada "no están preparados" y requieren formación, algo que "cuesta dinero".
NOTA DE PRENSA(CCOO,UGT Y USO)
Empresas de Seguridad aplican la reforma para incrementar sus beneficios
Algunas empresas de Seguridad Privada están aplicando de forma indiscriminada la reforma laboral. Este es el caso de SEGURIBER-UMANO y de FALCON, las cuales utilizando de forma irregular los medios que pone a su alcance la reforma, pretenden reducir las condiciones laborales de los trabajadores/as, con el fin de incrementar sus beneficios y abrirse más cuota de mercado.
Los sindicatos entendemos que esto conlleva la ruptura de las relaciones laborales que se establecen como base en el Convenio Estatal de Seguridad Privada y no estamos dispuestos a consentir que esta desfachatez empresarial sirva para precarizar más el sector.
Por este motivo en próximas fechas emprenderemos un calendario de movilizaciones contra estas empresas, que concentraremos en diferentes puntos de la geografía Nacional y en determinados clientes para los que las empresas trabajan, los cuales ya han sido avisados de la situación.
Algunas de las movilizaciones previstas son:
Concentración en la Puerta del Museo del Prado el próximo día 10 a partir de las 10:30 h.
Concentraciones en distintos Carrefour como los de Gijón, Oviedo, San Sebastián, Madrid, Valladolid, Pamplona, La Coruña y Vigo.
Concentraciones en las estaciones de Sevilla, Málaga, Córdoba y Valencia.
Este es el principio de una larga lista que se mantendrá en el tiempo hasta que las empresas entiendan que en este Sector, donde la mano de obra es la facturación, no se puede jugar con los salarios, el presente y el futuro de más de 75.000 familias.
PLAN DE ACCIÓN SINDICAL DE MADRID CONTRA LA EMPRESA SEGURIBER
MUSEO DEL PRADO
Concentración en el Museo del Prado el día 10 de julio, en horario de 10:30 a 12:30 h.
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR-MADRID
Concentraciones Carrefour Alcobendas, día 17 de julio de 10:30 a 12:30 h.
Carrefour Aluche, día 24 de julio de 10:30 a 12:30 h.
Carrefour Hortaleza, día 30 de julio de 10:30 a 12:30 h.
Desde La Federación Regional de Actividades Diversas de CC OO, solicitamos el apoyo a estas movilizaciones, tanto delegados como trabajadores que participéis con vuestra asistencia, porque junto podemos.
DEFIENDE TU SALARIO
Concentración en el Museo del Prado el día 10 de julio, en horario de 10:30 a 12:30 h.
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR-MADRID
Concentraciones Carrefour Alcobendas, día 17 de julio de 10:30 a 12:30 h.
Carrefour Aluche, día 24 de julio de 10:30 a 12:30 h.
Carrefour Hortaleza, día 30 de julio de 10:30 a 12:30 h.
Desde La Federación Regional de Actividades Diversas de CC OO, solicitamos el apoyo a estas movilizaciones, tanto delegados como trabajadores que participéis con vuestra asistencia, porque junto podemos.
DEFIENDE TU SALARIO
El Congreso apoya que las empresas de seguridad privada asuman la vigilancia exterior de las cárceles
El PP y CiU han aprobado este martes en el Congreso de los Diputados una iniciativa que pide al Gobierno que estudie la posibilidad de que personal de empresas de seguridad privada se encargue de la vigilancia exterior de las cárceles españolas y su acceso, siempre bajo la dirección de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
La proposición no de ley ha sido debatida en la Comisión de Interior del Congreso a iniciativa de CiU, que finalmente ha acordado con el PP instar al Gobierno a incluir esta idea en la reforma de la Ley de Seguridad Privada que tiene previsto desarrollar.
En concreto, la iniciativa pide que miembros de seguridad privada sustituyan a los responsables públicos de seguridad en las funciones de control de accesos y control de cámara de circuito cerrado de televisión, "que podrían ser ampliadas a la seguridad perimetral inmediatamente circundante a los centros penitenciarios llegado el caso, bajo la dirección de los responsables de la seguridad pública" de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas.
Todo esto deberá realizarse además "una vez que se valoren las posibilidades de carácter operativo, técnico y normativo", según dispone el acuerdo alcanzado entre el diputado del PP Conrado Escobar y el de CiU Feliu Guillaume.
Guillaume ha sostenido que la actual situación de austeridad en el gasto obliga a "hacer un esfuerzo de racionalización" en los servicios públicos, algo que cree posible con la colaboración entre la seguridad pública y privada.
Por su parte, el PSOE ha votado en contra de esta proposición ya que considera "evidente" que se plantea un "beneficio" para las empresas privadas de seguridad que "va en perjuicio" del servicio público, según ha argumentado el diputado José Zaragoza. Pero además, ha avisado de que los miembros de la seguridad privada "no están preparados" y requieren formación, algo que "cuesta dinero".
En la misma Comisión de Interior, el PP y el PSOE han acordado reformar la Ley de Seguridad Privada, que data del año 1992, para mejorar su eficacia e impulsar la coordinación entre la seguridad pública y privada, siempre bajo la tutela de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; además de mejorar la coordinación con las comunidades autónomas.
La iniciativa también aborda la confidencialidad y reserva de los datos privados y contempla la adecuada formación y capacitación del personal de las empresas de seguridad privada, evitando el intrusismo.
CONCENTRACION DE VIGILANTES EN METRO-MADRID
Los trabajadores de Seguridad IntegralCanaria se movilizan por sus condiciones laborales
Los trabajadores de Seguridad Integral Canaria, empresa de seguridad privada cuyo propietario es Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, han sido convocados por Comisiones Obreras (CCOO) y la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO) a sendas concentraciones programadas a partir de las 10:00 de la mañana el próximo martes (CCOO) y viernes (FTSP-USO), respectivamente. El objetivo, protestar por las condiciones laborales que sufren los trabajadores a los que representan y por el "descuelgue del vigente convenio colectivo estatal de esta empresa de seguridad privada".
Días antes de conocer estas acciones, la FTSP-USO sacaba a la luz un comunicado donde advertía de que esta empresa de seguridad, con amplia presencia en organismos dependientes del Gobierno de Canarias, como el Palacio de Justicia de la capital tinerfeña, Presidencia del Gobierno o los Edificios Múltiples I y II, entre otros, se había convertido en pionera a la hora de aplicar la nueva reforma laboral, "haciéndolo además de la peor forma posible ya que aplica medidas a sus trabajadores que van mas allá de lo que contempla la reforma".
Basilio Febles, secretario de Organización del sindicato, señaló ayer que precisamente se hallaban en medio de una asamblea para determinar el calendario de movilizaciones que comenzarán el viernes con concentraciones en el Palacio de Justicia, Presidencia del Gobierno y el Edificio Múltiples II a cuenta de "las malas prácticas" llevadas a cabo por parte de Seguridad Integral Canaria, empresa que "a principios del año 2011 quitó de la nómina del mes de enero 100 euros a todos sus trabajadores, supuestamente para financiar su deuda. Esta medida se aplicaría durante varios meses y luego se devolvería a los trabajadores, cuando la empresa tuviera beneficios". Los trabajadores estiman que "la cantidad ascendía a 160.000 euros mensuales que pretendían recaudar a costa de sus trabajadores", añadió.
Asimismo, el sindicato ha denunciado que esta compañía "ha tenido que abonar los costes originados por los despidos y procesos judiciales realizados durante los años 2010 y 2011, de aproximadamente un millón de euros, cantidad que se puede ver incrementada al existir aún numerosos juicios pendientes". Según refleja el comunicado, los datos fueron suministrados por la propia empresa y solo "es un ejemplo de cómo funciona cuando aplica el denúnciame y que decida el de la toga, que pronuncian algunos directivos".
Por ello, el Comité de Empresa, donde la FTSP-USO es mayoritaria, se ha posicionado "en contra de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo que quieren imponer a los trabajadores".
Mientras, la empresa se defiende manifestando que la recesión les ha obligado a "tomar una serie de decisiones y medidas para sobrellevar esta situación. Por eso hemos ofrecido al sindicato algún tipo de negociación y no se ha querido sentar a negociar y las ha rechazado tajantemente", afirmó Leonardo Clemente, responsable de la compañía en la provincia tinerfeña.
Según Clemente, "tenemos que entender que hasta a los funcionarios les han querido subir una hora diaria. Eso supone más o menos lo que nosotros estamos ofreciendo. Además, preferimos subir la productividad de nuestro personal y no bajarles el sueldo. Ellos tienen una forma de pensar, nosotros otra y lo que no ha habido es diálogo, así que nos tendremos que ir a un arbitraje", añadió.
De hecho, apuntó, "existe un convenio donde se habían acordado unas posibles subidas y mientras en España a la gente se le está bajando el sueldo, ellos todavía quieren una subida en el salario".
También hizo mención a "la paga de beneficios, que, "seguramente, no habrán mencionado porque no les interesa, en abril de 2013. Ellos quieren defender el convenio actual y nosotros, en la situación que nos encontramos, a cuenta del retraso en el pago de nuestros clientes, empresas que mayoritariamente dependen del Gobierno de Canarias, tenemos retrasos que nos está llevando a una situación financiera de estudio", relató.
"Pase lo que pase, la empresa ha garantizado el mantenimiento de los puestos de trabajo, pero supongo que tampoco se lo habrán mencionado", lamentó Clemente.
Días antes de conocer estas acciones, la FTSP-USO sacaba a la luz un comunicado donde advertía de que esta empresa de seguridad, con amplia presencia en organismos dependientes del Gobierno de Canarias, como el Palacio de Justicia de la capital tinerfeña, Presidencia del Gobierno o los Edificios Múltiples I y II, entre otros, se había convertido en pionera a la hora de aplicar la nueva reforma laboral, "haciéndolo además de la peor forma posible ya que aplica medidas a sus trabajadores que van mas allá de lo que contempla la reforma".
Basilio Febles, secretario de Organización del sindicato, señaló ayer que precisamente se hallaban en medio de una asamblea para determinar el calendario de movilizaciones que comenzarán el viernes con concentraciones en el Palacio de Justicia, Presidencia del Gobierno y el Edificio Múltiples II a cuenta de "las malas prácticas" llevadas a cabo por parte de Seguridad Integral Canaria, empresa que "a principios del año 2011 quitó de la nómina del mes de enero 100 euros a todos sus trabajadores, supuestamente para financiar su deuda. Esta medida se aplicaría durante varios meses y luego se devolvería a los trabajadores, cuando la empresa tuviera beneficios". Los trabajadores estiman que "la cantidad ascendía a 160.000 euros mensuales que pretendían recaudar a costa de sus trabajadores", añadió.
Asimismo, el sindicato ha denunciado que esta compañía "ha tenido que abonar los costes originados por los despidos y procesos judiciales realizados durante los años 2010 y 2011, de aproximadamente un millón de euros, cantidad que se puede ver incrementada al existir aún numerosos juicios pendientes". Según refleja el comunicado, los datos fueron suministrados por la propia empresa y solo "es un ejemplo de cómo funciona cuando aplica el denúnciame y que decida el de la toga, que pronuncian algunos directivos".
Por ello, el Comité de Empresa, donde la FTSP-USO es mayoritaria, se ha posicionado "en contra de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo que quieren imponer a los trabajadores".
Mientras, la empresa se defiende manifestando que la recesión les ha obligado a "tomar una serie de decisiones y medidas para sobrellevar esta situación. Por eso hemos ofrecido al sindicato algún tipo de negociación y no se ha querido sentar a negociar y las ha rechazado tajantemente", afirmó Leonardo Clemente, responsable de la compañía en la provincia tinerfeña.
Según Clemente, "tenemos que entender que hasta a los funcionarios les han querido subir una hora diaria. Eso supone más o menos lo que nosotros estamos ofreciendo. Además, preferimos subir la productividad de nuestro personal y no bajarles el sueldo. Ellos tienen una forma de pensar, nosotros otra y lo que no ha habido es diálogo, así que nos tendremos que ir a un arbitraje", añadió.
De hecho, apuntó, "existe un convenio donde se habían acordado unas posibles subidas y mientras en España a la gente se le está bajando el sueldo, ellos todavía quieren una subida en el salario".
También hizo mención a "la paga de beneficios, que, "seguramente, no habrán mencionado porque no les interesa, en abril de 2013. Ellos quieren defender el convenio actual y nosotros, en la situación que nos encontramos, a cuenta del retraso en el pago de nuestros clientes, empresas que mayoritariamente dependen del Gobierno de Canarias, tenemos retrasos que nos está llevando a una situación financiera de estudio", relató.
"Pase lo que pase, la empresa ha garantizado el mantenimiento de los puestos de trabajo, pero supongo que tampoco se lo habrán mencionado", lamentó Clemente.
COMUNICADO DE LA SECCIÓN SINDICAL
Madrid a 29 de Enero de 2012.
Ante las dudas que han surgido en relación a los últimos acontecimientos acaecidos en Segur Ibérica y la relación entre esta y el Comité de Empresa, la Sección Sindical de C.C.O.O. os comunica que:
A principios del mes de Enero se nos solicita, por parte de la dirección de la empresa, mantener una reunión con el Comité de Empresa; la cual tiene lugar el día 12 de Enero, asisten por parte de la empresa: Juan Manuel González Herrero, Director Nacional de Recursos Humanos, José Manuel del Pino Orozco, Director Territorial Zona Centro y Aritz Larrea, Director General del Grupo Segur.
Realizan una exposición en la que explican que por culpa de una serie de servicios que dan perdidas a la empresa y que por otra parte hay otra serie de servicios que se retrasan en el pago, la empresa tuvo que adoptar una serie de medidas, como despedir a trabajadores de la oficina, o dejar servicios por insostenibles para la empresa, o no participar en concursos de otros servicios que salen a mercado por ser del todo inasumible el precio hora que se pretende asignar.
Una vez hecha la exposición nos comunican que quieren contar con la aprobación del Comité de Empresa para aplicar una serie de recortes con el fin de abaratar costes; estos recortes estarían sustentados exclusivamente sobre diferentes conceptos, todos ellos afectarían en exclusiva al personal operativo (Vigilantes de Seguridad).
Una vez finalizada la exposición la dirección de la empresa se retira de la reunión, quedando el comité reunido, pasamos a reflexionar y opinar sobre la situación expuesta por la dirección de la Empresa.
Llegamos a la conclusión de darnos por enterados de los problemas en estos servicios, pero también llegamos a la conclusión de que la empresa no ha venido a proponernos un plan viable, ni siquiera una negociación, sino a proponernos que seamos cómplices de esta estrategia empresarial, ya que no se nos ha hecho ninguna propuesta asumible, sino que han venido a decirnos lo que unilateralmente tenían pensado hacer. Ha sido esta reunión una exposición por parte de la Empresa la cual quiere paliar la situación actual con el sacrificio, como siempre de los más débiles, los trabajadores. En esta reunión se nos hace saber por parte de la empresa que se van a realizar los recortes con nosotros o sin nosotros. A lo cual respondemos que estas reformas y recortes se pueden realizar de tres formas: CONTANDO CON EL COMITÉ, SIN CONTAR CON EL COMITÉ O EN CONTRA DEL COMITÉ.
No vamos a entrar a valorar la osadía de la que hace gala la Empresa realizando este tipo de proposiciones, ni vamos a cuantificar cuan poco conoce a los miembros de la Sección Sindical de CC.OO. Vá a ser más sencillo y sobre todo para quién pueda dudar, JAMAS podrá contar con nuestro beneplácito para realizar recortes o modificaciones que perjudiquen a los trabajadores.
Ante las dudas que han surgido en relación a los últimos acontecimientos acaecidos en Segur Ibérica y la relación entre esta y el Comité de Empresa, la Sección Sindical de C.C.O.O. os comunica que:
A principios del mes de Enero se nos solicita, por parte de la dirección de la empresa, mantener una reunión con el Comité de Empresa; la cual tiene lugar el día 12 de Enero, asisten por parte de la empresa: Juan Manuel González Herrero, Director Nacional de Recursos Humanos, José Manuel del Pino Orozco, Director Territorial Zona Centro y Aritz Larrea, Director General del Grupo Segur.
Realizan una exposición en la que explican que por culpa de una serie de servicios que dan perdidas a la empresa y que por otra parte hay otra serie de servicios que se retrasan en el pago, la empresa tuvo que adoptar una serie de medidas, como despedir a trabajadores de la oficina, o dejar servicios por insostenibles para la empresa, o no participar en concursos de otros servicios que salen a mercado por ser del todo inasumible el precio hora que se pretende asignar.
Una vez hecha la exposición nos comunican que quieren contar con la aprobación del Comité de Empresa para aplicar una serie de recortes con el fin de abaratar costes; estos recortes estarían sustentados exclusivamente sobre diferentes conceptos, todos ellos afectarían en exclusiva al personal operativo (Vigilantes de Seguridad).
Una vez finalizada la exposición la dirección de la empresa se retira de la reunión, quedando el comité reunido, pasamos a reflexionar y opinar sobre la situación expuesta por la dirección de la Empresa.
Llegamos a la conclusión de darnos por enterados de los problemas en estos servicios, pero también llegamos a la conclusión de que la empresa no ha venido a proponernos un plan viable, ni siquiera una negociación, sino a proponernos que seamos cómplices de esta estrategia empresarial, ya que no se nos ha hecho ninguna propuesta asumible, sino que han venido a decirnos lo que unilateralmente tenían pensado hacer. Ha sido esta reunión una exposición por parte de la Empresa la cual quiere paliar la situación actual con el sacrificio, como siempre de los más débiles, los trabajadores. En esta reunión se nos hace saber por parte de la empresa que se van a realizar los recortes con nosotros o sin nosotros. A lo cual respondemos que estas reformas y recortes se pueden realizar de tres formas: CONTANDO CON EL COMITÉ, SIN CONTAR CON EL COMITÉ O EN CONTRA DEL COMITÉ.
No vamos a entrar a valorar la osadía de la que hace gala la Empresa realizando este tipo de proposiciones, ni vamos a cuantificar cuan poco conoce a los miembros de la Sección Sindical de CC.OO. Vá a ser más sencillo y sobre todo para quién pueda dudar, JAMAS podrá contar con nuestro beneplácito para realizar recortes o modificaciones que perjudiquen a los trabajadores.
Los vigilantes de seguridad en el aeropuerto Tenerife Sur, en huelga por los horarios
Un grupo de trabajadores de la seguridad privada en el aeropuerto Tenerife Sur ha iniciado hoy una huelga para exigir mejores condiciones en los horarios, con relevos para poder comer, ir al baño o descansar mientras realizan trabajos en el control de equipajes.
Así lo ha manifestado hoy el delegado del sindicato mayoritario Intersindical Canaria, Santiago Alcocer, quien añade que hay otra manifestación prevista para el 9 de diciembre en el aeropuerto y a partir del día 16 la protesta será indefinida.
Acusan a la empresa Vinsa Seguridad de no escuchar sus reivindicaciones y de no querer mejorar la "calidad de vida" de los 153 vigilantes que operan en este aeropuerto.
Alcocer dice que está en juego gran parte de la seguridad del aeropuerto.
Aclara que no están en contra de AENA sino de "los turnos impuestos que nos perjudican, pues hay ocasiones en que pasamos ocho horas sin descansar".
"Los relevos del personal eran antes relativamente puntuales, hoy en día ya no hay para comer o ir al baño", insistió Alcocer.
El comité de huelga también pide más apoyo de la Guardia Civil en las tareas de seguridad, que "nunca se han mermado en el aeropuerto, sino queremos que nos oigan", explicó Alcocer.
La empresa adjudicataria de la seguridad no ha querido hacer declaraciones.
Así lo ha manifestado hoy el delegado del sindicato mayoritario Intersindical Canaria, Santiago Alcocer, quien añade que hay otra manifestación prevista para el 9 de diciembre en el aeropuerto y a partir del día 16 la protesta será indefinida.
Acusan a la empresa Vinsa Seguridad de no escuchar sus reivindicaciones y de no querer mejorar la "calidad de vida" de los 153 vigilantes que operan en este aeropuerto.
Alcocer dice que está en juego gran parte de la seguridad del aeropuerto.
Aclara que no están en contra de AENA sino de "los turnos impuestos que nos perjudican, pues hay ocasiones en que pasamos ocho horas sin descansar".
"Los relevos del personal eran antes relativamente puntuales, hoy en día ya no hay para comer o ir al baño", insistió Alcocer.
El comité de huelga también pide más apoyo de la Guardia Civil en las tareas de seguridad, que "nunca se han mermado en el aeropuerto, sino queremos que nos oigan", explicó Alcocer.
La empresa adjudicataria de la seguridad no ha querido hacer declaraciones.
RESULTADOS ELECCIONES SINDICALES SEGUR IBÉRICA-MADRID
Me complace informaros que tras las elecciones sindicales celebradas en el día de ayer en la sede social de la empresa, el nuevo Comite de Empresa queda compuesto de la siguiente manera:
- CC.OO. 7 delegados
- USO 5 delegados
- UGT 3 delegados
- Alt.Sin. 3 delegados
- Ates 3 delegados
- Sivpm 2 delegados
Tambien aprovecho la ocasión para daros las gracias por haber vuelto a depositar vuestra confianza en la candidatura de CC.OO. y esperamos poder devolveros esa confianza con nuestro esfuerzo y trabajo.
Daniel García Ferreño
- CC.OO. 7 delegados
- USO 5 delegados
- UGT 3 delegados
- Alt.Sin. 3 delegados
- Ates 3 delegados
- Sivpm 2 delegados
Tambien aprovecho la ocasión para daros las gracias por haber vuelto a depositar vuestra confianza en la candidatura de CC.OO. y esperamos poder devolveros esa confianza con nuestro esfuerzo y trabajo.
Daniel García Ferreño
La justicia da la razón a vigilantes de seguridad privada
«Al fin se hace justicia». Varios de los trabajadores que denunciaron a Securitas Seguridad España por traslado indiscriminado e indefensión dieron por terminada «una pesadilla que ha durado cerca de un año». Sostienen , según informó ayer CC OO, que durante este periodo han padecido «una indefensión total. En este sentido, afirmaron que, «como ha quedado demostrado en los juicios, Securitas se las arregló para que dos de ellos no pudieran ser subrogados por la empresa Franjus Security, por no facilitarle la documentación necesaria para ello a esta última, dejándolos en un vacio laboral total». Los afectados, según el sindicato, no cobraban nómina de ninguna de las dos empresas y tampoco podían solicitar el subsidio de desempleo mientras esperaban el día del Juicio. En este caso, el juez obliga a Franjus Security nueva adjudicataria de la Seguridad de Torrapapel, centro donde prestaban sus servicios los denunciantes con la empresa Securitas, a subrogar a los dos trabajadores afectados y al pago de los salarios que dejaron de percibir los Vigilantes de Seguridad
En otra de las demandas realizadas por un traslado indiscriminado de dos vigilantes de seguridad desde las instalaciones de Maersk España a Torraspapel, el Juzgado de lo Social da la razón a los trabajadores representados, representado por CC OO, y obliga a Securitas a la readmisión de los dos trabajadores abonándoles los salarios dejados de percibir. «La actuación de la emrpesa en este conflicto es más sangrante aún si cabe, en primer lugar porque dejó a los trabajadores en la misma situación de los dos anteriores, es decir, sin percibir nómina ni posibilidad de solicitar subsidio de desempleo y con la agravante que , una vez condenada Securitas a readmitir a los afectados en Maerks España, con sentencia firme, está hace caso omiso a su Señoría y no aplica la sentencia aún teniéndola notificada», señala el sindicato. Según la central sindical, esta situación dio lugar al cambio de empresa de seguridad en Maerks España, «cerrando la puerta al retorno de los trabajadores». En opinión de los sindicalistas, esta actuación suponía «una clara intención de pisotear más a sus trabajadores».
La tercera sentencia favorable a un trabajador de Securitas defendido por Comisiones Obreras, anula una sanción «muy grave» impuesta a un vigilante de seguridad que le costó al trabajador varios días de empleo y sueldo, siendo también está firme sin derecho a recurso por la denunciada. Por ello, la empresa tendrá que borrar esta falta del historial laboral y abonar los días descontados por ello.
Miguel Ángel Páramo Benavente, responsable de Seguridad Privada de CC OO en el Campo de Gibraltar, cree que la gestión llevada por los responsables de Securitas Seguridad España en lacomarca «ha llevado a la deriva la delegación de esta zona, llegando a desaparecer y provocando despidos innecesarios que no hacen más que minar la ya débil situación laboral que sufre la comarca».
«Securitas se cerró en banda al diálogo y solución por esta vía de los conflictos creados por ellos mismos, lo que la llevó a la pérdida de varios centros de trabajo que suponían pilares fundamentales para ella en la comarca, tales como Maersk España». «Lo que está claro», prosiguió el sindicalista, «es que desde CC OO seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores de seguridad privada, cueste lo que nos cueste, contra cualquier empresa que los vulnere, sentencias como estás nos hacen más fuertes para dignificar cada día este sector».
En otra de las demandas realizadas por un traslado indiscriminado de dos vigilantes de seguridad desde las instalaciones de Maersk España a Torraspapel, el Juzgado de lo Social da la razón a los trabajadores representados, representado por CC OO, y obliga a Securitas a la readmisión de los dos trabajadores abonándoles los salarios dejados de percibir. «La actuación de la emrpesa en este conflicto es más sangrante aún si cabe, en primer lugar porque dejó a los trabajadores en la misma situación de los dos anteriores, es decir, sin percibir nómina ni posibilidad de solicitar subsidio de desempleo y con la agravante que , una vez condenada Securitas a readmitir a los afectados en Maerks España, con sentencia firme, está hace caso omiso a su Señoría y no aplica la sentencia aún teniéndola notificada», señala el sindicato. Según la central sindical, esta situación dio lugar al cambio de empresa de seguridad en Maerks España, «cerrando la puerta al retorno de los trabajadores». En opinión de los sindicalistas, esta actuación suponía «una clara intención de pisotear más a sus trabajadores».
La tercera sentencia favorable a un trabajador de Securitas defendido por Comisiones Obreras, anula una sanción «muy grave» impuesta a un vigilante de seguridad que le costó al trabajador varios días de empleo y sueldo, siendo también está firme sin derecho a recurso por la denunciada. Por ello, la empresa tendrá que borrar esta falta del historial laboral y abonar los días descontados por ello.
Miguel Ángel Páramo Benavente, responsable de Seguridad Privada de CC OO en el Campo de Gibraltar, cree que la gestión llevada por los responsables de Securitas Seguridad España en lacomarca «ha llevado a la deriva la delegación de esta zona, llegando a desaparecer y provocando despidos innecesarios que no hacen más que minar la ya débil situación laboral que sufre la comarca».
«Securitas se cerró en banda al diálogo y solución por esta vía de los conflictos creados por ellos mismos, lo que la llevó a la pérdida de varios centros de trabajo que suponían pilares fundamentales para ella en la comarca, tales como Maersk España». «Lo que está claro», prosiguió el sindicalista, «es que desde CC OO seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores de seguridad privada, cueste lo que nos cueste, contra cualquier empresa que los vulnere, sentencias como estás nos hacen más fuertes para dignificar cada día este sector».
El Gobierno vasco agradece a trabajadores y empresas de seguridad privada su aportación en la lucha contra ETA
El Consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares, ha trasladado a empresas y trabajadores de la seguridad privada el agradecimiento ''en nombre de la sociedad vasca'' por su aportación fundamental en la lucha contra ETA.
Ares ha destacado el enorme esfuerzo que los profesionales de este sector han realizado en circunstancias muy difíciles como ''defensores de la democracia'' y ''guardianes de la libertad de muchas personas amenazadas por ETA'', lo que ''ha permitido salvar muchas vidas''.
Asimismo, el titular de Interior ha recordado el gran trabajo que realizaron las empresas cuando tuvieron que montar un elevado número de operativos de protección hasta entonces inexistentes en circunstancias de máxima urgencia, en la segunda mitad de los años noventa.
Ares ha trasladado estas reflexiones a una treintena de representantes de nueve empresas de seguridad y cuatro centrales sindicales que han asistido a la reunión de algo más de una hora de duración celebrada el viernes en la sede del Gobierno Vasco en Vitoria.
Ares ha destacado el enorme esfuerzo que los profesionales de este sector han realizado en circunstancias muy difíciles como ''defensores de la democracia'' y ''guardianes de la libertad de muchas personas amenazadas por ETA'', lo que ''ha permitido salvar muchas vidas''.
Asimismo, el titular de Interior ha recordado el gran trabajo que realizaron las empresas cuando tuvieron que montar un elevado número de operativos de protección hasta entonces inexistentes en circunstancias de máxima urgencia, en la segunda mitad de los años noventa.
Ares ha trasladado estas reflexiones a una treintena de representantes de nueve empresas de seguridad y cuatro centrales sindicales que han asistido a la reunión de algo más de una hora de duración celebrada el viernes en la sede del Gobierno Vasco en Vitoria.
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