Remitiros el acta de constitución de la Comisión Paritaria de interpretación y aplicación del Convenio/2015 (Acta numero 1) y el Acta 2 correspondiente a la interpretación de diversas cuestiones planteadas.
La Guardia Civil busca en sa Indioteria 800.000 euros robados por un vigilante en 2012 (Baleares).
Este viernes se reactivó el caso de la saca de dinero sustraída en 2012 por un vigilante jurado en un vuelo de Menorca a Mallorca. La Guardia Civil montó un gran operativo en la barriada de sa Indioteria y llevó a cabo tres registros tras descubrirse una nueva pista que ubica los 800.000 euros robados en esa zona.
El robo millonario se produjo el 12 de julio de 2012, durante un vuelo de Iberia entre las dos islas. Un vigilante conocido como «Xisco», que por entonces tenía 48 años, fue informado de que debía recoger cuatro sacas con dinero, pero cuando llegó a pie de pista y revisó el avión, encontró que había cinco sacas. Se las llevó todas y sólo ingresó en el almacén las cuatro programadas. La última, con 802.798 euros, se la quedó en su furgoneta.
Después, condujo hasta el poblado gitano de Son Banya y enterró el dinero en uno de los descampados. Siempre según su relato, que sostuvo cuando fue detenido y también durante el juicio, después «alguien» le sustrajo la saca y nunca más la volvió a ver. Un año después, el vigilante de la empresa Trablisa fue juzgado y aceptó una condena de dos años y medio, aunque el dinero no apareció.
Este viernes la Guardia Civil montó un gran operativo en la barriada de sa Indioteria, cerca del polígono de Son Castelló.
Durante el operativo, autorizado por un juzgado de Vía Alemania, los agentes del aeropuerto llevaron a cabo tres registros, incluido un garaje, y utilizaron perros adiestrados especialistas en buscar dinero escondido. Al final, no se halló ni rastro de los 800.000 euros.
CCOO solicita a AENA que se modifiquen las tarjetas de identificación del personal de Seguridad del Aeropuerto de Manises - Valencia.
En el día de hoy, CCOO de Construcción y Servicios de País Valencià ha solicitado formalmente a AENA, que sean modificadas las tarjetas de identificación que expide la Oficina Técnica de Seguridad de AENA para todo el personal de seguridad Privada que trabaja en el Aeropuerto de Manises – Valencia.
Dicha medida es solicitada por que en las tarjetas de identificación que deben de llevar visible por seguridad todos los trabajadores propios y ajenos que realizan su trabajo en dicho aeropuerto, llevan inscritos su nombre, apellidos y su número de DNI.
CCOO de Construcción y Servicios del País Valenciano entiende que esta medida puede poner en riesgo la salvaguarda de su privacidad, su intimidad e incluso su seguridad de todo el personal de Seguridad Privada, puesto que “Se ha de proteger la identidad y los datos personales de los Vigilantes de Seguridad intervinientes en detenciones y posteriores juicios, evitando así la publicidad de sus datos personales”.
De hecho, las tarjetas identificativas de AENA para personal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, llevan solamente el número de su Tarjeta de Identificación Profesional “TIP” para proteger igualmente sus datos, lo que es por lo que se solicita el mismo trato para el personal de Seguridad Privada.
La actual Ley 5/2014, de 4 de abril de Seguridad Privada, en su artículo 31 sobre protección jurídica de agente de la autoridad, establece “que se considerarán agresiones y desobediencias a agentes de la autoridad las que se cometan contra el personal de seguridad privada, debidamente identificado, cuando desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, situaciones que se dan en el servicio que se desarrolla en el Aeropuerto de Manises y es también por lo que se le requiere el mismo trato en ese sentido que a los miembros de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Dicha medida también viene avalada por la Sentencia de la Audiencia Nacional de 20 de noviembre de 2013 contra la Orden del Ministerio del Interior INT/318/2011 de 1 de febrero, donde establece que no figure el número de Documento Nacional de Identidad, en la Tarjeta de Identidad Profesional de los Vigilantes de Seguridad, y por lo tanto menos todavía en una tarjeta de identificación de un cliente.
Dicho Tribunal estableció que la inclusión del número del DNI en la TIP y que este número del DNI se muestre a terceros, supone una infracción del deber de secreto amparado por la legislación de protección de datos y pone en riesgo la salvaguarda de su privacidad, su intimidad e incluso su seguridad, ya que como se alega en dicha sentencia, “Se ha de proteger la identidad y los datos personales de los Vigilantes de Seguridad intervinientes en juicios, evitando la publicidad de estos datos”, ya que es un riesgo para los trabajadores de Seguridad Privada el tener que exhibir su número de DNI a personas de todo tipo e incluso a delincuentes.
Los miembros de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuando realizan cualquier intervención policial y posteriormente juicios, queda solamente registrado su número de TIP y ningún otro dato más, lo que también ocurre desde hace poco tiempo con las intervenciones de los Vigilantes de Seguridad, cayendo en una incongruencia que si solo debe de constar el TIP de los Vigilantes de Seguridad en las diligencias policiales y judiciales, que cuando efectúe el vigilante un registro, una detención o solo una llamada de atención a alguien, queden expuestos sus datos personales en una tarjeta a ojos de todo el mundo, ya que si el ciudadano quiere identificar al vigilante puede hacerlo mediante el número del TIP.
Sin acuerdo: la demanda por acoso de un escolta contra Tita Cervera sigue adelante.
“No tengo nada que ver en tu despido. De veras. Siempre me he llevado bien contigo y quiero que sepas que no he dado ninguna instrucción a mis abogados. Tampoco le he dicho nada a mi madre”. Borja Thyssen circulaba por la calle Rubén Darío de Madrid hace unos días. Vio al demandante, quien fue la sombra de su madre durante casi 9 años, y decidió parar a hablar con él. A sus oídos había llegado que él podría estar tras la caída en desgracia del escolta. “No ha sido así”, le aseguró Borja.
Este jueves se ha celebrado en la plaza de los Cubos de Madrid el acto de conciliación entre el trabajador despedido y Casesa, la empresa de seguridad deCarmen Thyssen. Un nuevo acto de una dramaturgia judicial que comenzó a escribirse el pasado 26 de enero con la presentación de una demanda por acoso laboral, ya admitida a trámite. Y ayer las espadas continuaban igual de afiladas, nos explica el abogado del escolta, Víctor Valladares: “Al no llegar a un acuerdo, presentamos una demanda por despido nulo. Reclamamos el derecho de indemnidad: cuando mi cliente presenta la anterior demanda por reclamación de cantidad y resulta despedido, se vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva. Y eso es nulo. La empresa se enfrenta a la readmisión de mi cliente y la restitución de los salarios dejados de percibir”.
En total, la baronesa y su empresa de seguridad se enfrentarán en los próximos meses a un total de seis acciones judiciales: demandas por despido nulo, acoso laboral, reclamación de horas extraordinarias, de horas nocturnas, otra por vacaciones y una querella que ahora mismo está recurrida en reforma. Casesa pagaba al escolta y a Casesa le paga Carmen Thyssen. De hecho, según consta en la demanda por acoso, al escolta no lo despidió Casesa sino el representante de la Tita Cervera, también demandado, obedeciendo una orden directa. “No vuelvas tras el permiso de paternidad. La señora Thyssen no quiere”.
Demandas por más de 300.000 euros
¿Cuánto debería pagar la baronesa si el escolta triunfa en juicio? La suma final de este alud de demandas será de 300.000 euros. Carmen Thyssen solo figura en la de acoso laboral y ahí le correspondería la parte proporcional de 60.000 euros. Sin embargo, si su empresa de seguridad no pagó al empleado lo que legítimamente le correspondía para ser más competitivos ante tan prestigioso cliente, ¿a quién cree el lector que repercutirá la factura si pierde en juicio?
Esto nos lleva al punto clave. Qué cobró y qué debería haber cobrado el escolta despedido. “El convenio de seguridad privada marca una jornada laboral de1.782 horas anuales. Lo que exceda tiene consideración de horas extraordinarias. Y se pagan bastante mejor. Pues bien, trabajó 6.400 horas. Está todo documentado. Ahora divide: salen a 18 horas diarias y alrededor de 142.000 euros que debería haber cobrado”. Y nos referimos solo al último año: las reclamaciones de cantidad tienen un período de prescripción efímero. Las de los otros ocho años están perdidas.
En total, la baronesa y su empresa de seguridad se enfrentarán en los próximos meses a un total de seis acciones judiciales: demandas por despido nulo, acoso laboral, reclamación de horas extraordinarias, de horas nocturnas, otra por vacaciones y una querella que ahora mismo está recurrida en reforma. Casesa pagaba al escolta y a Casesa le paga Carmen Thyssen. De hecho, según consta en la demanda por acoso, al escolta no lo despidió Casesa sino el representante de la Tita Cervera, también demandado, obedeciendo una orden directa. “No vuelvas tras el permiso de paternidad. La señora Thyssen no quiere”.
Tal era el grado de confianza que le merecía a la baronesa, que el escolta estaba empadronado en la misma casa que Carmen Thyssen, en su mansión de La Moraleja, en Madrid. Casi nueve años pegado a ella. Oyéndolo todo. Viéndolo todo. Callándolo todo… Dejaron de contar con él cuando se encontraba en permiso de paternidad. La causa no fue pérdida de confianza entre empleador y empleado. Según cree la parte demandante, un padre primerizo difícilmente aceptaría continuar 18 horas cobrando menos de lo que debiera. De pronto, la sombra de la baronesa fue prescindible.
Finalmente, queda una querella que podría hacer mucho más daño a la baronesa. Su representante ofreció al escolta el puesto de director de seguridad del Museo Thyssen en enero de 2016, cuando se jubilase el actual, saltándose así todas las normas legales conocidas, asegura el demandante. Un puesto creado ad hoc y al margen del concurso público preceptivo. Y eso puede revestir un presunto delito. Si esa querella, inicialmente inadmitida pero recurrida en reforma, resulta finalmente admitida a trámite, los 300.000 euros de la vía civil serán la más suave de las pesadillas de Carmen Cervera.
CCOO y el Comité de Delta Seguridad denuncian la agresión al Vigilante de seguridad en Lanbide.
- El trabajador de Delta Seguridad resultó herido y tuvo que ser trasladado a la mutua con una contusión en la cara
CCOO de Construcción y Servicios de Euskadi y el presidente del comité de empresa de Delta Seguridad, que realiza los servicios de vigilancia de las oficinas del servicio vasco de empleo Lanbide, manifiestan su indignación por la agresión que el compañero de la oficina de Txurdinaga a sufrido el día 11/03/15.
Desde CCOO de Construcción y Servicios de Euskadi y el Comité de Empresa de Delta Seguridad se exige al Gobierno Vasco que tome medidas y refuerce la seguridad en estos servicios para evitar que vuelva a suceder hechos tan lamentables.
Hay que apuntar, que muchos usuarios que acuden a Lanbide, acuden con problemas económicos y personales graves, debido a la situación de crisis actual y, ante las negativas de algunas de sus demandas y solicitudes, se ponen nerviosos y agresivos, pagándolo al final con los Vigilantes de Seguridad que tienen que intervenir poniendo en peligro su integridad física, como ha sido el caso.
Esta misma semana, otro Vigilante de Seguridad de otra oficina de Lanbide, ha sido recusado por un cliente, supuestamente, por no intervenir en algún altercado con algún usuario de forma más contundente, como así se refleja en comunicación por escrito que la empresa le ha enviado a él y al comité de empresa donde, aparte de varios motivos, reflejaban textualmente el siguiente texto " Se ha observado que el citado Vigilante de Seguridad tiene un comportamiento que está lejos de transmitir confianza y seguridad al personal de la oficina. Como ejemplo de este comportamiento citaremos las siguientes: No intervenir cuando los usuarios se alteran. (...) Mala intervención en conflictos. Actitud pasiva ante los incidentes... "
A CCOO y al presidente del comité de empresa, cabe preguntar ante estos casos, ¿qué protocolo tiene que seguir los compañeros y compañeras para ejercer su trabajo en las oficinas de Lanbide sin poner en peligro su trabajo o su integridad física.
Esta agresión se suma también a las ocurridas recientemente en el metr:, cuatro Vigilantes heridos en la parada de Santurtzi y dos más en la de Barakaldo.
CCOO de Construcción y Servicios de Euskadi ha declarado "no nos cabe duda que en el sector de la Seguridad se está primando lo presupuestos a la baja y donde la empresa que licite más barato, se lleva la plica, con el resultado de peores servicios y consecuencias evidentes de peligro para los y las trabajadoras. La seguridad queda en segundo plano".
"Desde CCOO denunciaremos cualquier actitud de las empresas o de los clientes que conlleven a la falta de medios y protecciones de seguridad de los y las trabajadoras del sector, que no le quepa duda a nadie. Con la seguridad no se juega".
Los vigilantes de las oficinas del SAE convocan huelga contra la reducción de su jornada (Sevilla).
Los vigilantes de seguridad de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo de Sevilla convocan huelga los días 10 de cada mes.
La protesta se mantendrá hasta el mes de octubre todos los días 10 de cada mes excepto si caen en fin de semana o festivo que se pasaría al día siguiente. El motivo, los continuos retrasos en las nóminas y la rebaja en el número de horas de trabajo. "Así lo hemos decidido en asamblea y los 22 trabajadores hemos decidido secundar la huelga", ha asegurado Francisco Cáceres, secretario General de la Sección Sindical de UGT en la empresa de seguridad Templar.
Los vigilantes de seguridad de las 18 oficinas del Servicio Andaluz de Empleo de la provincia de Sevilla han decidido iniciar en abril una huelga intermitente cada día 10 del mes. En principio la protesta se mantendrá hasta octubre "cuando mucho nos tememos que intentarán reducir la jornada laboral a cinco horas tal y como ya están haciendo en las oficinas nuevas", ha afirmado Francisco Cáceres.
"Actualmente ya hay compañeros a los que les han rebajado la jornada a cinco horas y tienen que irse, por ejemplo, a Lora del Río sin pagarles los desplazamientos. Si cobran 450 euros al mes, ¿cómo les va a compensar? Es imposible", ha insistido Cáceres.
El líder sindical añade que a la precariedad laboral por la rebaja de horas de trabajo se unen los continuos retrasos en el pago de nóminas, "algo que sufrimos desde hace dos años. Ahora mismo nos deben a todos las horas extra del año pasado y parte de los pluses que no están actualizados: transporte, uniformes, etc.".
Ya se han presentado más de setenta denuncias ante la inspección de trabajo "pero de momento nada parece resolver la situación y el Servicio Andaluz de Salud no exige a la empresa que se atenga al convenio colectivo del sector en vigor". Por todo ello, los trabajadores reunidos en asamblea el pasado lunes decidieron convocar una huelga intermitente hasta octubre. Harán paros los días 10 de cada mes.
Madrid Semanal Digital nº 380, 10 de Marzo de 2015.
En este número 380, las noticias más destacadas son:
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El representante de CCOO en el Comité de Empresa de Seguridad Bizala comparece en el Parlamento Vasco.
El delegado de CCOO de Construcción y Servicios de Euskadi de Seguridad Bizala Seguridad S.A, empresa con 250 trabajadores y en concurso de acreedores, exponen su caso ante el Parlamento Vasco.
En la mañana del 4 de marzo, el delegado de CCOO de Construcción y Servicios de Euskadi, y miembro del comité de empresa de Bizala, en nombre toda la plantilla ha comparecido en el Parlamento Vasco exponiendo ela situación en que se encuentra actualmente la plantilla por los incumplimientos de la empresa.
Desde CCOO de Construcción y Servicios de Euskadi, queremos hacer mención y dar nuestro reconocimiento a la lucha y defensa que parte de este comité, y muchos y muchas de las compañeras de Bizala, han realizado en la defensa de sus puestos de trabajo, como forma de mantener su única forma de sustento, que no es otra que la de ganarse el pan con su esfuerzo y su trabajo de forma honrada.
Desde esta CCOO, como sindicato de clase que apoya a los trabajadores y las trabajadoras, hemos estado apoyando en las movilizaciones que se han realizado, transmitiendolo a los medios de comunicación como altavoz de la situación tan lamentable en que se encontraba la plantilla de Bizala, denunciando ante Inspección de Trabajo los incumplimientos de lo mas básico en condiciones laborales que se estaban dando en los servicios y también esta vez, aportando nuestro granito de arena en el texto que se ha leído en el Parlamento Vasco.
Detenido un vigilante de seguridad por robar en tienda donde trabajaba en Tui (Pontevedra).
La Guardia Civil ha detenido a un vigilante de seguridad de un comercio de electrodomésticos de Tui por robar en esa tienda y después vender la mercancía en internet con la ayuda de su novia, que también ha sido arrestada.
El hombre apagaba las cámaras de seguridad cuando le tocaba turno de noche y abría la verja con el mando, del que tenía copia, en un proceder que venía repitiendo desde el pasado octubre, informaron fuentes del instituto armado.
Después, su novia ponía lo sustraído a la venta en internet.
Los dos arrestados no tenían antecedentes, y en el registro de su casa fueron intervenidos tres aspiradores, un deshumidificador, tres cafeteras, dos robots de cocina y un aspirador vertical, presuntamente robados.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Tui los ha dejado en libertad con cargos tras tomarles declaración.
Cuatro años de prisión para una madre y su hija por agredir al vigilante de un súper donde robaron (Almeria).
El Juzgado de lo Penal número 4 de Almería ha condenado a dos años de prisión a una mujer y a otros dos a su hija acusadas de un delito de robo con violencia después de que ambas atacaran a la vigilante de seguridad de un supermercado quien trató de retenerlas al percatarse de que ambas trataban de abandonar el establecimiento sin abonar varios productos.
El fallo, consultado por Europa Press, condena también a cada una de las acusadas a 12 días de vigilancia permanente y a la prohibición de acercarse a menos de 200 metros durante seis meses a la guarda jurado, a la que deberán indemnizar con 150 euros por las lesiones causadas.
Los hechos tuvieron lugar el pasado 15 de enero cuando, sobre las 18,00 horas, ambas mujeres se dirigieron hasta la superficie comercial LIDL ubicada en el barrio de El Puche, donde cogieron varios productos que "ocultaron bajo sus ropas con la intención de no abonar su importe".
No obstante, la vigilante de seguridad del supermercado se percató de la acción de ambas mujeres, a las que recriminó su actitud al tiempo que les indicaba que dejaran los objetos que trataban de llevarse. Pese a todo, las mujeres hicieron "caso omiso" de las advertencias y comenzaron a increpar a la vigilante, quien trató de retenerlas hasta la llegada de la policía.
Al verse finalmente retenidas, las acusadas comenzaron a revolverse contra la vigilante, a la que empujaron y propinaron "diversos puñetazos y golpes" hasta que consiguieron huir con la mercancía, que finalmente no ha sido recuperada ni reclamada por el supermercado.
Como consecuencia del ataque, la vigilante sufrió contusiones en la región cervical, interescapular y en hombro izquierdo que precisaron una sola asistencia facultativa. El juez acuerda la suspensión provisional de la pena bajo la condición de que las acusadas no vuelvan a delinquir en los próximos dos años.
Gaceta Sindical. Consejo Confederal aprueba código ético CCOO
Último número de Gaceta Sindical en el que informamos de la reunión del Consejo Confederal que, con carácter extraordinario y ampliado a 400 personas, se ha celebrado hoy, 4 de marzo, para debatir y aprobar el documento: “Medidas para reforzar las mejores prácticas de gobierno y control en CCOO” (más conocido como Código Ético de CCOO), con las que se mejora la transparencia y el control de la actuación el sindicato.
Audiencia Nacional, impugnación de convenio de Magasegur.
La Audiencia Nacional sala de lo social en sentencia reciente 029/2015 de 25 de febrero, estima la demanda de impugnación de convenio colectivo firmado y negociado por la empresa MAGASEGUR Y LA REPRESENTACIÓN SINDICAL, compuesta por un pseudo-comité de tres desconocidos miembros de la USO y la sección sindical del CSI-CSIF. El 12 de Diciembre de 2014, se presento demanda en conflicto colectivo por parte de la USO contra la empresa MAGASEGUR S.L y las secciones sindicales de la USO y el CSI-CSIF en dicha empresa.
Efectivamente, y aunque suene contradictorio, los supuestos afiliados y representantes de la USO, no resultaron ser tales, sino meros trabajadores que ‘motu proprio’, sin conocimiento del Sindicato y en connivencia con la empresa demandada, acordaron la aprobación de un Convenio colectivo de empresa viciado en su consentimiento y elaboración.
Tales hechos, así como el convenio emanado de dichos acuerdos, fueron impugnados por la USO ante los tribunales, solicitando la nulidad del mismo por falta de representatividad y legitimidad de los aparentes representantes de la USO.
Todos estos extremos han sido apreciados y corroborados por la Audiencia Nacional, dando debido cumplimiento con esta sentencia, susceptible de Casación.
Madrid Semanal Digital nº 379, 3 de Marzo de 2015.
En este número 379, las noticias más destacadas son:
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Sentencia por modificación sustancial de las condiciones de trabajo contra Seguridad Integral Canaria en Metro-Madrid.
La sentencia estima la demanda interpuesta por CC.OO. y otros sindicatos por modificación sustancial de las condiciones de trabajo de los vigilantes de seguridad que prestan servicio en Metro-Madrid y declara la nulidad de incluir a los vigilantes sin servicio fijo en servicios de retenes, condenando a S.I.C. a reponer a los trabajadores afectados a sus condiciones anteriores.
Informativo Digital Acción Sindical Confederal, nº 31, marzo 2015
El número 31, publicado en marzo 2015, incluye los siguientes artículos :
- Aumentar los salarios para combatir la desigualdad y la pobreza laboral
- 8 de marzo contra la brecha salarial
- No somos delincuentes, somos sindicalistas
- Las lagunas del sistema de protección social
- ¿Está cambiando el modelo de crecimiento?
- Diálogo Social Tripartito: Mesa de Industria
- Informe de Crecimiento 2015
- Empleo en España 2014
- Plan de Acción 2015 en Euskadi
- Necesidad de una agenda europea contra la xenofobia y el racismo
- OIT: Una estrategia de inversión orientada al empleo para Europa
- Salarios y negociación colectiva en el sur de Europa
- Balance de actividad en el SIMA
- Reforma laboral y estructura de la negociación colectivaRevisión de la reforma laboral por el Tribunal Supremo
- Convenios de empresas y externalización de servicios
- En la industria está la clave
- Estadística negociación colectiva
Interior apela a la confidencialidad para ocultar los contratos de vigilancia privada de las cárceles.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha apelado a la confidencialidad de los contratos para negar al Congreso de los Diputados la información sobre las condiciones que han de cumplir las empresas privadas de seguridad a las que ha adjudicado la vigilancia de las cárceles. La misma “confidencialidad” que la derecha política reprocha al profesor y dirigente de PodemosJuan Carlos Monedero en sus contratos privados para realizar estudios e informes técnicos para clientes extranjeros le sirve ahora al Ejecutivo del PP para esquivar el control parlamentario sobre la privatización de la seguridad de las prisiones. La cuestión de fondo es que al menos una de las empresas se beneficia de las contratas carcelarias mientras despide a los trabajadores.
Los portavoces socialistas de Interior, Antonio Trevín, y de Justicia, Rosa Aguilar, se han visto burlados en su pretensión de obtener las cláusulas de los contratos de Interior con las empresas privadas de seguridad a las que se ha adjudicado la vigilancia del perímetro y las entradas de los centros penitenciarios, que hasta ahora realizaba la Guardia Civil. Interior ha extendido la confidencialidad a las llamadas “cláusulas administrativas particulares” en las que se recogen “los derechos y obligaciones de las partes”. No argumenta motivos de seguridad, sino “razones técnicas”, para fundamentar esa decisión en la que ahora se apoya para negar la información al Parlamento. También considera confidencial el pliego de condiciones técnicas que deben regir la realización de los servicios y los medios empleados en su ejecución.
De este modo, el ministro Fernández Díaz escamotea la petición de responsabilidades políticas ante los incumplimientos de las empresas. ¿Tenía la empresa Ombuds el compromiso de mantener el empleo con el nuevo cometido en las prisiones? El ministro no lo aclara. La entidad que preside Rodrigo Cortina López, hijo del exdirector de la Agrupación Operativa de los servicios secretos, juzgado y absuelto de su participación en el golpe de Estado del 23-F, es una de las más favorecidas por las adjudicaciones de Interior desde la primera fase del plan de privatización de la vigilancia de las cárceles. En concreto, Ombuds ha obtenido un tercio de los 33 millones de euros en juego, dedicados en 2014, a las contratas carcelarias.
De los cuatro lotes en los que se dividió el plan, la empresa de los Cortina obtuvo uno presupuestado en 7.671.805 euros y parte de otro, al que concurrió en unión temporal con Eulén y otras, por valor de 9.853.429,59 euros. Interior no aclara qué centros penitenciarios le adjudicó ni si la empresa ha cumplido sus compromisos. Los diputados sólo han podido saber a través de los representantes sindicales que en 2014 los jefes de Ombuds plantearon un Ere y echaron a 151 trabajadores a la calle.
Se da la circunstancia de que entre los argumentos que utilizó en su día el ministro Fernández Díaz para justificar su plan de privatización de la “seguridad exterior” de las prisiones figuraba la necesidad de mantener el empleo en las empresas de seguridad que daban servicio de escolta a los cargos públicos y dirigentes del PP amenazados por ETA. Ombuds figuraba entre las más solicitadas y beneficiadas, acaso por los antiguos vínculos de José Luis Cortina Prieto con el presidente fundador del PP, Manuel Fraga. En 2007 recibió de Interior, con el Gobierno del PSOE, más de 30 millones de los 90 destinados a aquel servicio específico de protección.
En el caso de esa empresa, que también presta el servicio de protección y vigilancia en el Metro de Madrid, el argumento del titular de Interior ha quedado en entredicho por el ERE y los despidos. Otras empresas beneficiadas para “salvar” el empleo, también han ajustado sus plantillas, aunque de forma menos traumática. No era sensibilidad social precisamente, sino afán de beneficio a costa de lo público lo que, como va quedando de relieve, latía tras el plan privatizador del ministro. Pero para evitar que le exijan responsabilidades políticas, he ahí su portazo a la transparencia.
Juzgan a nueve personas por el robo millonario de joyas en un centro comercial de Marbella.Vigilante de seguridad cómplice.
La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar a partir de este lunes a nueve personas por su presunta relación con el robo de más de cuatro millones de euros en joyas y otros objetos en un centro comercial de Puerto Banús, en la localidad malagueña de Marbella. Uno de los acusados, aunque no por el fiscal, es Miguel Montes Neiro, conocido como el preso común más antiguo de España, según han informado fuentes judiciales.
Los hechos sucedieron el 18 de noviembre de 2012. Tres de los acusados se pusieron de acuerdo para llevar a cabo este robo, según la acusación pública, a la que ha tenido acceso Europa Press, teniendo como cómplice a uno de los vigilantes de seguridad, también procesado, que previamente había cambiado el turno para estar trabajando el día fijado.
Según el fiscal, esos tres acusados se presentaron a primeras horas de la tarde en la puerta de empleados del centro comercial como supuestos trabajadores para hacer obras, y lograron entrar gracias a la ayuda del vigilante. Se pusieron pasamontañas para no ser identificados y apuntaron con un arma al jefe de seguridad y al auxiliar, a los que ataron y colocaron cinta adhesiva en la boca.
Hicieron lo mismo, señala el ministerio público, con tres trabajadores que realizaban obras para un local. Los dos vigilantes y los empleados, que estaban atados y a los que pusieron una capucha de tela en la cabeza, permanecieron retenidos en una sala hasta las 19.30 horas. Asimismo, los procesados cogieron las grabaciones de las cámaras de seguridad y todo tipo de llaves de la zona de joyería.
2,3 millones de euros
El fiscal señala que se apoderaron de joyas y relojes de gran valor. Así, el valor de lo sustraído y recuperado asciende a 2,3 millones de euros; mientras que lo no recuperados supone 2,4 millones de euros. Tras esto, los tres acusados dejaron maniatados a las cinco personas y abandonaron el lugar, quedándose el vigilante acusado en el centro, "aparentando haber sido víctima de estos hechos".
Asimismo, la Fiscalía señala que los procesados contactaron con tres personas, a las que también acusa, a los que ofrecieron las joyas y relojes. Se indica que uno de ellos adquirió varios objetos procedentes del botín y a dos mujeres se les intervino en los registros de las viviendas en las que residían -una de ellas junto a un acusado- algunas piezas, conociendo que eran del atraco.
Por estos hechos, el ministerio público acusa a cuatro procesados de un delito de robo con violencia y de cinco de detención ilegal; mientras que a tres de ellos se les achaca, además, un delito más de robo por un coche sustraído. Las penas solicitadas oscilan entre los 41 y los 34 años de prisión. También acusa a tres personas por receptación, solicitando entre dos y un año y medio de cárcel.
En su momento, el fiscal no acusó a Montes Neiro, que fue detenido e imputado en el transcurso de la investigación policial y judicial; aunque sí lo acusan una empresa de joyería y dos aseguradoras, personadas como acusación particular, que solicitan un año o un año y cuatro meses por un delito de receptación, al situar su participación en el momento de ofrecer el botín.
Los vigilantes denuncian que en el tren y el metro reinan los vándalos (Barcelona)
Una treintena de agentes privados de seguridad se manifestaron ayer frente a la puerta principal de la estación de Sants para denunciar que, sin más y mejor ayuda policial y judicial, no serán capaces de poner fin a la creciente inseguridad que, según ellos, testigos de primera mano, sufren los pasajeros en los trenes deRodalies de Renfe, en Ferrocarrils de la Generalitat y también en el metro de Barcelona. El conflicto, asegura, se arrastra desde hace tiempo, pero el hecho de que el pasado 3 de enero un vigilante de la estación de Sants, Rafael, presente en la protesta, fuera empujado a las vías por una banda y resultara herido, ha desbordado el vaso de la paciencia.
Aquel suceso ocurrió a las siete de la tarde, una hora tranquila, salvo porque era sábado. Javier Taltavull, portavoz de la protesta, explicó que tienen muy claro cuáles son los momentos más tensos en la red del ferrocarril. La ida y el regreso de algunas discotecas del Maresme suelen ser horas conflictivas. Los trenes con destino al Vallès son también temibles en ocasiones. En el metro, según uno de los vigilantes que acudió a la manifestación, las líneas L-1 y la L-4 son las menos seguras. La inseguridad --explicaron-- tiene muchas caras. A veces se trata de la acción de carteristas que actúan con sigilo. Los pasajeros, en esos casos, apenas perciben lo que sucede, salvo que sean las víctimas directas de los ladrones. Peor es cuando grupos de jóvenes intentan entrar por la fuerza en los andenes, sin billete. Eso es lo que sucedió el pasado 3 de enero, cuando Rafael fue empujado a la vía. Una decena de vándalos rompió los cristales de las puertas por las que acceden al andén los pasajeros con maleta y después se enfrentaron a los Mossos d'Esquadra.
Agente muerto en Madrid
Aquella tangana ocurrió un día después de que en Madrid falleciera un agente de policía en circunstancias similares, salvo que, para su desgracia, fue empujado justo cuando pasaba un convoy. Los vigilantes avisan: o se ponen soluciones al clima creciente de inseguridad que denuncian o algún día se lamentará una desgracia irreparable también aquí. De hecho, ya estuvo de ocurrir semanas atrás. «Quim, uno de nuestros compañeros, permanece en la UCI desde hace semanas. Fue agredido en la estación de El Prat», explicaron los manifestantes.
De todos los ejemplos que los vigilantes pusieron sobre lo que deben afrontar de forma habitual, tal vez el más acongojante sea el de qué sucede en algunos trenes de cercanías de madrugada, cuando los viajeros que van a trabajar coinciden en el mismo convoy con grupos que retornan de una noche de juerga. Lo máximo que podemos hacer a veces es aconsejar a los viajeros que se junten en los vagones de cabeza y ahí les podemos garantizar algo de seguridad. Mientras, en los vagones de cola --según contaron-- se fuma, se bebe alcohol y se hace el gamberro , y todo ello, por supuesto, sin billete correspondiente. No es un lugar seguro, ni siquiera para los vigilantes.
Los manifestantes subrayaron que ellos son víctimas de esta degradada situación, pero también los viajeros, en especial los extranjeros, que no es extraño que se queden sin sus carteras y cámaras de fotos nada más descender del tren en la estación de Sants.
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