Los trabajadores de Seguridad IntegralCanaria se movilizan por sus condiciones laborales
Los trabajadores de Seguridad Integral Canaria, empresa de seguridad privada cuyo propietario es Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, han sido convocados por Comisiones Obreras (CCOO) y la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO) a sendas concentraciones programadas a partir de las 10:00 de la mañana el próximo martes (CCOO) y viernes (FTSP-USO), respectivamente. El objetivo, protestar por las condiciones laborales que sufren los trabajadores a los que representan y por el "descuelgue del vigente convenio colectivo estatal de esta empresa de seguridad privada".
Días antes de conocer estas acciones, la FTSP-USO sacaba a la luz un comunicado donde advertía de que esta empresa de seguridad, con amplia presencia en organismos dependientes del Gobierno de Canarias, como el Palacio de Justicia de la capital tinerfeña, Presidencia del Gobierno o los Edificios Múltiples I y II, entre otros, se había convertido en pionera a la hora de aplicar la nueva reforma laboral, "haciéndolo además de la peor forma posible ya que aplica medidas a sus trabajadores que van mas allá de lo que contempla la reforma".
Basilio Febles, secretario de Organización del sindicato, señaló ayer que precisamente se hallaban en medio de una asamblea para determinar el calendario de movilizaciones que comenzarán el viernes con concentraciones en el Palacio de Justicia, Presidencia del Gobierno y el Edificio Múltiples II a cuenta de "las malas prácticas" llevadas a cabo por parte de Seguridad Integral Canaria, empresa que "a principios del año 2011 quitó de la nómina del mes de enero 100 euros a todos sus trabajadores, supuestamente para financiar su deuda. Esta medida se aplicaría durante varios meses y luego se devolvería a los trabajadores, cuando la empresa tuviera beneficios". Los trabajadores estiman que "la cantidad ascendía a 160.000 euros mensuales que pretendían recaudar a costa de sus trabajadores", añadió.
Asimismo, el sindicato ha denunciado que esta compañía "ha tenido que abonar los costes originados por los despidos y procesos judiciales realizados durante los años 2010 y 2011, de aproximadamente un millón de euros, cantidad que se puede ver incrementada al existir aún numerosos juicios pendientes". Según refleja el comunicado, los datos fueron suministrados por la propia empresa y solo "es un ejemplo de cómo funciona cuando aplica el denúnciame y que decida el de la toga, que pronuncian algunos directivos".
Por ello, el Comité de Empresa, donde la FTSP-USO es mayoritaria, se ha posicionado "en contra de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo que quieren imponer a los trabajadores".
Mientras, la empresa se defiende manifestando que la recesión les ha obligado a "tomar una serie de decisiones y medidas para sobrellevar esta situación. Por eso hemos ofrecido al sindicato algún tipo de negociación y no se ha querido sentar a negociar y las ha rechazado tajantemente", afirmó Leonardo Clemente, responsable de la compañía en la provincia tinerfeña.
Según Clemente, "tenemos que entender que hasta a los funcionarios les han querido subir una hora diaria. Eso supone más o menos lo que nosotros estamos ofreciendo. Además, preferimos subir la productividad de nuestro personal y no bajarles el sueldo. Ellos tienen una forma de pensar, nosotros otra y lo que no ha habido es diálogo, así que nos tendremos que ir a un arbitraje", añadió.
De hecho, apuntó, "existe un convenio donde se habían acordado unas posibles subidas y mientras en España a la gente se le está bajando el sueldo, ellos todavía quieren una subida en el salario".
También hizo mención a "la paga de beneficios, que, "seguramente, no habrán mencionado porque no les interesa, en abril de 2013. Ellos quieren defender el convenio actual y nosotros, en la situación que nos encontramos, a cuenta del retraso en el pago de nuestros clientes, empresas que mayoritariamente dependen del Gobierno de Canarias, tenemos retrasos que nos está llevando a una situación financiera de estudio", relató.
"Pase lo que pase, la empresa ha garantizado el mantenimiento de los puestos de trabajo, pero supongo que tampoco se lo habrán mencionado", lamentó Clemente.
Días antes de conocer estas acciones, la FTSP-USO sacaba a la luz un comunicado donde advertía de que esta empresa de seguridad, con amplia presencia en organismos dependientes del Gobierno de Canarias, como el Palacio de Justicia de la capital tinerfeña, Presidencia del Gobierno o los Edificios Múltiples I y II, entre otros, se había convertido en pionera a la hora de aplicar la nueva reforma laboral, "haciéndolo además de la peor forma posible ya que aplica medidas a sus trabajadores que van mas allá de lo que contempla la reforma".
Basilio Febles, secretario de Organización del sindicato, señaló ayer que precisamente se hallaban en medio de una asamblea para determinar el calendario de movilizaciones que comenzarán el viernes con concentraciones en el Palacio de Justicia, Presidencia del Gobierno y el Edificio Múltiples II a cuenta de "las malas prácticas" llevadas a cabo por parte de Seguridad Integral Canaria, empresa que "a principios del año 2011 quitó de la nómina del mes de enero 100 euros a todos sus trabajadores, supuestamente para financiar su deuda. Esta medida se aplicaría durante varios meses y luego se devolvería a los trabajadores, cuando la empresa tuviera beneficios". Los trabajadores estiman que "la cantidad ascendía a 160.000 euros mensuales que pretendían recaudar a costa de sus trabajadores", añadió.
Asimismo, el sindicato ha denunciado que esta compañía "ha tenido que abonar los costes originados por los despidos y procesos judiciales realizados durante los años 2010 y 2011, de aproximadamente un millón de euros, cantidad que se puede ver incrementada al existir aún numerosos juicios pendientes". Según refleja el comunicado, los datos fueron suministrados por la propia empresa y solo "es un ejemplo de cómo funciona cuando aplica el denúnciame y que decida el de la toga, que pronuncian algunos directivos".
Por ello, el Comité de Empresa, donde la FTSP-USO es mayoritaria, se ha posicionado "en contra de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo que quieren imponer a los trabajadores".
Mientras, la empresa se defiende manifestando que la recesión les ha obligado a "tomar una serie de decisiones y medidas para sobrellevar esta situación. Por eso hemos ofrecido al sindicato algún tipo de negociación y no se ha querido sentar a negociar y las ha rechazado tajantemente", afirmó Leonardo Clemente, responsable de la compañía en la provincia tinerfeña.
Según Clemente, "tenemos que entender que hasta a los funcionarios les han querido subir una hora diaria. Eso supone más o menos lo que nosotros estamos ofreciendo. Además, preferimos subir la productividad de nuestro personal y no bajarles el sueldo. Ellos tienen una forma de pensar, nosotros otra y lo que no ha habido es diálogo, así que nos tendremos que ir a un arbitraje", añadió.
De hecho, apuntó, "existe un convenio donde se habían acordado unas posibles subidas y mientras en España a la gente se le está bajando el sueldo, ellos todavía quieren una subida en el salario".
También hizo mención a "la paga de beneficios, que, "seguramente, no habrán mencionado porque no les interesa, en abril de 2013. Ellos quieren defender el convenio actual y nosotros, en la situación que nos encontramos, a cuenta del retraso en el pago de nuestros clientes, empresas que mayoritariamente dependen del Gobierno de Canarias, tenemos retrasos que nos está llevando a una situación financiera de estudio", relató.
"Pase lo que pase, la empresa ha garantizado el mantenimiento de los puestos de trabajo, pero supongo que tampoco se lo habrán mencionado", lamentó Clemente.
COMUNICADO DE LA SECCIÓN SINDICAL
Madrid a 29 de Enero de 2012.
Ante las dudas que han surgido en relación a los últimos acontecimientos acaecidos en Segur Ibérica y la relación entre esta y el Comité de Empresa, la Sección Sindical de C.C.O.O. os comunica que:
A principios del mes de Enero se nos solicita, por parte de la dirección de la empresa, mantener una reunión con el Comité de Empresa; la cual tiene lugar el día 12 de Enero, asisten por parte de la empresa: Juan Manuel González Herrero, Director Nacional de Recursos Humanos, José Manuel del Pino Orozco, Director Territorial Zona Centro y Aritz Larrea, Director General del Grupo Segur.
Realizan una exposición en la que explican que por culpa de una serie de servicios que dan perdidas a la empresa y que por otra parte hay otra serie de servicios que se retrasan en el pago, la empresa tuvo que adoptar una serie de medidas, como despedir a trabajadores de la oficina, o dejar servicios por insostenibles para la empresa, o no participar en concursos de otros servicios que salen a mercado por ser del todo inasumible el precio hora que se pretende asignar.
Una vez hecha la exposición nos comunican que quieren contar con la aprobación del Comité de Empresa para aplicar una serie de recortes con el fin de abaratar costes; estos recortes estarían sustentados exclusivamente sobre diferentes conceptos, todos ellos afectarían en exclusiva al personal operativo (Vigilantes de Seguridad).
Una vez finalizada la exposición la dirección de la empresa se retira de la reunión, quedando el comité reunido, pasamos a reflexionar y opinar sobre la situación expuesta por la dirección de la Empresa.
Llegamos a la conclusión de darnos por enterados de los problemas en estos servicios, pero también llegamos a la conclusión de que la empresa no ha venido a proponernos un plan viable, ni siquiera una negociación, sino a proponernos que seamos cómplices de esta estrategia empresarial, ya que no se nos ha hecho ninguna propuesta asumible, sino que han venido a decirnos lo que unilateralmente tenían pensado hacer. Ha sido esta reunión una exposición por parte de la Empresa la cual quiere paliar la situación actual con el sacrificio, como siempre de los más débiles, los trabajadores. En esta reunión se nos hace saber por parte de la empresa que se van a realizar los recortes con nosotros o sin nosotros. A lo cual respondemos que estas reformas y recortes se pueden realizar de tres formas: CONTANDO CON EL COMITÉ, SIN CONTAR CON EL COMITÉ O EN CONTRA DEL COMITÉ.
No vamos a entrar a valorar la osadía de la que hace gala la Empresa realizando este tipo de proposiciones, ni vamos a cuantificar cuan poco conoce a los miembros de la Sección Sindical de CC.OO. Vá a ser más sencillo y sobre todo para quién pueda dudar, JAMAS podrá contar con nuestro beneplácito para realizar recortes o modificaciones que perjudiquen a los trabajadores.
Ante las dudas que han surgido en relación a los últimos acontecimientos acaecidos en Segur Ibérica y la relación entre esta y el Comité de Empresa, la Sección Sindical de C.C.O.O. os comunica que:
A principios del mes de Enero se nos solicita, por parte de la dirección de la empresa, mantener una reunión con el Comité de Empresa; la cual tiene lugar el día 12 de Enero, asisten por parte de la empresa: Juan Manuel González Herrero, Director Nacional de Recursos Humanos, José Manuel del Pino Orozco, Director Territorial Zona Centro y Aritz Larrea, Director General del Grupo Segur.
Realizan una exposición en la que explican que por culpa de una serie de servicios que dan perdidas a la empresa y que por otra parte hay otra serie de servicios que se retrasan en el pago, la empresa tuvo que adoptar una serie de medidas, como despedir a trabajadores de la oficina, o dejar servicios por insostenibles para la empresa, o no participar en concursos de otros servicios que salen a mercado por ser del todo inasumible el precio hora que se pretende asignar.
Una vez hecha la exposición nos comunican que quieren contar con la aprobación del Comité de Empresa para aplicar una serie de recortes con el fin de abaratar costes; estos recortes estarían sustentados exclusivamente sobre diferentes conceptos, todos ellos afectarían en exclusiva al personal operativo (Vigilantes de Seguridad).
Una vez finalizada la exposición la dirección de la empresa se retira de la reunión, quedando el comité reunido, pasamos a reflexionar y opinar sobre la situación expuesta por la dirección de la Empresa.
Llegamos a la conclusión de darnos por enterados de los problemas en estos servicios, pero también llegamos a la conclusión de que la empresa no ha venido a proponernos un plan viable, ni siquiera una negociación, sino a proponernos que seamos cómplices de esta estrategia empresarial, ya que no se nos ha hecho ninguna propuesta asumible, sino que han venido a decirnos lo que unilateralmente tenían pensado hacer. Ha sido esta reunión una exposición por parte de la Empresa la cual quiere paliar la situación actual con el sacrificio, como siempre de los más débiles, los trabajadores. En esta reunión se nos hace saber por parte de la empresa que se van a realizar los recortes con nosotros o sin nosotros. A lo cual respondemos que estas reformas y recortes se pueden realizar de tres formas: CONTANDO CON EL COMITÉ, SIN CONTAR CON EL COMITÉ O EN CONTRA DEL COMITÉ.
No vamos a entrar a valorar la osadía de la que hace gala la Empresa realizando este tipo de proposiciones, ni vamos a cuantificar cuan poco conoce a los miembros de la Sección Sindical de CC.OO. Vá a ser más sencillo y sobre todo para quién pueda dudar, JAMAS podrá contar con nuestro beneplácito para realizar recortes o modificaciones que perjudiquen a los trabajadores.
Los vigilantes de seguridad en el aeropuerto Tenerife Sur, en huelga por los horarios
Un grupo de trabajadores de la seguridad privada en el aeropuerto Tenerife Sur ha iniciado hoy una huelga para exigir mejores condiciones en los horarios, con relevos para poder comer, ir al baño o descansar mientras realizan trabajos en el control de equipajes.
Así lo ha manifestado hoy el delegado del sindicato mayoritario Intersindical Canaria, Santiago Alcocer, quien añade que hay otra manifestación prevista para el 9 de diciembre en el aeropuerto y a partir del día 16 la protesta será indefinida.
Acusan a la empresa Vinsa Seguridad de no escuchar sus reivindicaciones y de no querer mejorar la "calidad de vida" de los 153 vigilantes que operan en este aeropuerto.
Alcocer dice que está en juego gran parte de la seguridad del aeropuerto.
Aclara que no están en contra de AENA sino de "los turnos impuestos que nos perjudican, pues hay ocasiones en que pasamos ocho horas sin descansar".
"Los relevos del personal eran antes relativamente puntuales, hoy en día ya no hay para comer o ir al baño", insistió Alcocer.
El comité de huelga también pide más apoyo de la Guardia Civil en las tareas de seguridad, que "nunca se han mermado en el aeropuerto, sino queremos que nos oigan", explicó Alcocer.
La empresa adjudicataria de la seguridad no ha querido hacer declaraciones.
Así lo ha manifestado hoy el delegado del sindicato mayoritario Intersindical Canaria, Santiago Alcocer, quien añade que hay otra manifestación prevista para el 9 de diciembre en el aeropuerto y a partir del día 16 la protesta será indefinida.
Acusan a la empresa Vinsa Seguridad de no escuchar sus reivindicaciones y de no querer mejorar la "calidad de vida" de los 153 vigilantes que operan en este aeropuerto.
Alcocer dice que está en juego gran parte de la seguridad del aeropuerto.
Aclara que no están en contra de AENA sino de "los turnos impuestos que nos perjudican, pues hay ocasiones en que pasamos ocho horas sin descansar".
"Los relevos del personal eran antes relativamente puntuales, hoy en día ya no hay para comer o ir al baño", insistió Alcocer.
El comité de huelga también pide más apoyo de la Guardia Civil en las tareas de seguridad, que "nunca se han mermado en el aeropuerto, sino queremos que nos oigan", explicó Alcocer.
La empresa adjudicataria de la seguridad no ha querido hacer declaraciones.
RESULTADOS ELECCIONES SINDICALES SEGUR IBÉRICA-MADRID
Me complace informaros que tras las elecciones sindicales celebradas en el día de ayer en la sede social de la empresa, el nuevo Comite de Empresa queda compuesto de la siguiente manera:
- CC.OO. 7 delegados
- USO 5 delegados
- UGT 3 delegados
- Alt.Sin. 3 delegados
- Ates 3 delegados
- Sivpm 2 delegados
Tambien aprovecho la ocasión para daros las gracias por haber vuelto a depositar vuestra confianza en la candidatura de CC.OO. y esperamos poder devolveros esa confianza con nuestro esfuerzo y trabajo.
Daniel García Ferreño
- CC.OO. 7 delegados
- USO 5 delegados
- UGT 3 delegados
- Alt.Sin. 3 delegados
- Ates 3 delegados
- Sivpm 2 delegados
Tambien aprovecho la ocasión para daros las gracias por haber vuelto a depositar vuestra confianza en la candidatura de CC.OO. y esperamos poder devolveros esa confianza con nuestro esfuerzo y trabajo.
Daniel García Ferreño
La justicia da la razón a vigilantes de seguridad privada
«Al fin se hace justicia». Varios de los trabajadores que denunciaron a Securitas Seguridad España por traslado indiscriminado e indefensión dieron por terminada «una pesadilla que ha durado cerca de un año». Sostienen , según informó ayer CC OO, que durante este periodo han padecido «una indefensión total. En este sentido, afirmaron que, «como ha quedado demostrado en los juicios, Securitas se las arregló para que dos de ellos no pudieran ser subrogados por la empresa Franjus Security, por no facilitarle la documentación necesaria para ello a esta última, dejándolos en un vacio laboral total». Los afectados, según el sindicato, no cobraban nómina de ninguna de las dos empresas y tampoco podían solicitar el subsidio de desempleo mientras esperaban el día del Juicio. En este caso, el juez obliga a Franjus Security nueva adjudicataria de la Seguridad de Torrapapel, centro donde prestaban sus servicios los denunciantes con la empresa Securitas, a subrogar a los dos trabajadores afectados y al pago de los salarios que dejaron de percibir los Vigilantes de Seguridad
En otra de las demandas realizadas por un traslado indiscriminado de dos vigilantes de seguridad desde las instalaciones de Maersk España a Torraspapel, el Juzgado de lo Social da la razón a los trabajadores representados, representado por CC OO, y obliga a Securitas a la readmisión de los dos trabajadores abonándoles los salarios dejados de percibir. «La actuación de la emrpesa en este conflicto es más sangrante aún si cabe, en primer lugar porque dejó a los trabajadores en la misma situación de los dos anteriores, es decir, sin percibir nómina ni posibilidad de solicitar subsidio de desempleo y con la agravante que , una vez condenada Securitas a readmitir a los afectados en Maerks España, con sentencia firme, está hace caso omiso a su Señoría y no aplica la sentencia aún teniéndola notificada», señala el sindicato. Según la central sindical, esta situación dio lugar al cambio de empresa de seguridad en Maerks España, «cerrando la puerta al retorno de los trabajadores». En opinión de los sindicalistas, esta actuación suponía «una clara intención de pisotear más a sus trabajadores».
La tercera sentencia favorable a un trabajador de Securitas defendido por Comisiones Obreras, anula una sanción «muy grave» impuesta a un vigilante de seguridad que le costó al trabajador varios días de empleo y sueldo, siendo también está firme sin derecho a recurso por la denunciada. Por ello, la empresa tendrá que borrar esta falta del historial laboral y abonar los días descontados por ello.
Miguel Ángel Páramo Benavente, responsable de Seguridad Privada de CC OO en el Campo de Gibraltar, cree que la gestión llevada por los responsables de Securitas Seguridad España en lacomarca «ha llevado a la deriva la delegación de esta zona, llegando a desaparecer y provocando despidos innecesarios que no hacen más que minar la ya débil situación laboral que sufre la comarca».
«Securitas se cerró en banda al diálogo y solución por esta vía de los conflictos creados por ellos mismos, lo que la llevó a la pérdida de varios centros de trabajo que suponían pilares fundamentales para ella en la comarca, tales como Maersk España». «Lo que está claro», prosiguió el sindicalista, «es que desde CC OO seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores de seguridad privada, cueste lo que nos cueste, contra cualquier empresa que los vulnere, sentencias como estás nos hacen más fuertes para dignificar cada día este sector».
En otra de las demandas realizadas por un traslado indiscriminado de dos vigilantes de seguridad desde las instalaciones de Maersk España a Torraspapel, el Juzgado de lo Social da la razón a los trabajadores representados, representado por CC OO, y obliga a Securitas a la readmisión de los dos trabajadores abonándoles los salarios dejados de percibir. «La actuación de la emrpesa en este conflicto es más sangrante aún si cabe, en primer lugar porque dejó a los trabajadores en la misma situación de los dos anteriores, es decir, sin percibir nómina ni posibilidad de solicitar subsidio de desempleo y con la agravante que , una vez condenada Securitas a readmitir a los afectados en Maerks España, con sentencia firme, está hace caso omiso a su Señoría y no aplica la sentencia aún teniéndola notificada», señala el sindicato. Según la central sindical, esta situación dio lugar al cambio de empresa de seguridad en Maerks España, «cerrando la puerta al retorno de los trabajadores». En opinión de los sindicalistas, esta actuación suponía «una clara intención de pisotear más a sus trabajadores».
La tercera sentencia favorable a un trabajador de Securitas defendido por Comisiones Obreras, anula una sanción «muy grave» impuesta a un vigilante de seguridad que le costó al trabajador varios días de empleo y sueldo, siendo también está firme sin derecho a recurso por la denunciada. Por ello, la empresa tendrá que borrar esta falta del historial laboral y abonar los días descontados por ello.
Miguel Ángel Páramo Benavente, responsable de Seguridad Privada de CC OO en el Campo de Gibraltar, cree que la gestión llevada por los responsables de Securitas Seguridad España en lacomarca «ha llevado a la deriva la delegación de esta zona, llegando a desaparecer y provocando despidos innecesarios que no hacen más que minar la ya débil situación laboral que sufre la comarca».
«Securitas se cerró en banda al diálogo y solución por esta vía de los conflictos creados por ellos mismos, lo que la llevó a la pérdida de varios centros de trabajo que suponían pilares fundamentales para ella en la comarca, tales como Maersk España». «Lo que está claro», prosiguió el sindicalista, «es que desde CC OO seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores de seguridad privada, cueste lo que nos cueste, contra cualquier empresa que los vulnere, sentencias como estás nos hacen más fuertes para dignificar cada día este sector».
El Gobierno vasco agradece a trabajadores y empresas de seguridad privada su aportación en la lucha contra ETA
El Consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares, ha trasladado a empresas y trabajadores de la seguridad privada el agradecimiento ''en nombre de la sociedad vasca'' por su aportación fundamental en la lucha contra ETA.
Ares ha destacado el enorme esfuerzo que los profesionales de este sector han realizado en circunstancias muy difíciles como ''defensores de la democracia'' y ''guardianes de la libertad de muchas personas amenazadas por ETA'', lo que ''ha permitido salvar muchas vidas''.
Asimismo, el titular de Interior ha recordado el gran trabajo que realizaron las empresas cuando tuvieron que montar un elevado número de operativos de protección hasta entonces inexistentes en circunstancias de máxima urgencia, en la segunda mitad de los años noventa.
Ares ha trasladado estas reflexiones a una treintena de representantes de nueve empresas de seguridad y cuatro centrales sindicales que han asistido a la reunión de algo más de una hora de duración celebrada el viernes en la sede del Gobierno Vasco en Vitoria.
Ares ha destacado el enorme esfuerzo que los profesionales de este sector han realizado en circunstancias muy difíciles como ''defensores de la democracia'' y ''guardianes de la libertad de muchas personas amenazadas por ETA'', lo que ''ha permitido salvar muchas vidas''.
Asimismo, el titular de Interior ha recordado el gran trabajo que realizaron las empresas cuando tuvieron que montar un elevado número de operativos de protección hasta entonces inexistentes en circunstancias de máxima urgencia, en la segunda mitad de los años noventa.
Ares ha trasladado estas reflexiones a una treintena de representantes de nueve empresas de seguridad y cuatro centrales sindicales que han asistido a la reunión de algo más de una hora de duración celebrada el viernes en la sede del Gobierno Vasco en Vitoria.
Segur Ibérica 'ficha' como presidente al ex secretario de Estado de Seguridad Pedro Morenés
Segur Ibérica ha nombrado nuevo presidente a Pedro Morenés, ex secretario de Estado de Defensa y de Seguridad, según informó la compañía de seguridad privada.
La firma ha nombrado también a la ex ministra de Ciencia y Tecnología Anna Birulés como nueva consejera de la sociedad, que enmarcó estos nombramientos en su "nueva etapa de desarrollo".
Segur Ibérica aborda esta nueva fase después de que el pasado mes de septiembre la firma de capital riesgo MCH Private Equity formalizara la adquisición del 55% de su accionariado.
El nuevo presidente de Segur Ibérica, Pedro Morenés, ocupaba desde junio de 2010 el puesto de director general para España de la firma de misiles MBDA. Con anterioridad, en 2009, fue presidente de Construcciones Navales del Norte.
Durante los gobiernos del PP, Pedro Morenés fue nombrado en 1996 secretario de Estado de Defensa, posteriormente (2010), secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y, dos años más tarde, secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica.
Morenés (Vizcaya, 1948) es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, diplomado en Dirección de Empresas por Deusto y diplomado en Derecho Fiscal de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta además con un master por el Bremen Institute of Shipping Economics de Alemania.
De su lado, Birulés es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y PhD Progran por la Universidad de California. Tras dirigir el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha ocupado distintos cargos en el sector privado, entre los que figuran el de vicepresidenta de la inmobiliaria Renta Corporación, consejera-directora de Retevisión, presidenta de EresMas y secretaria general de Banco Sabadell.
La firma ha nombrado también a la ex ministra de Ciencia y Tecnología Anna Birulés como nueva consejera de la sociedad, que enmarcó estos nombramientos en su "nueva etapa de desarrollo".
Segur Ibérica aborda esta nueva fase después de que el pasado mes de septiembre la firma de capital riesgo MCH Private Equity formalizara la adquisición del 55% de su accionariado.
El nuevo presidente de Segur Ibérica, Pedro Morenés, ocupaba desde junio de 2010 el puesto de director general para España de la firma de misiles MBDA. Con anterioridad, en 2009, fue presidente de Construcciones Navales del Norte.
Durante los gobiernos del PP, Pedro Morenés fue nombrado en 1996 secretario de Estado de Defensa, posteriormente (2010), secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y, dos años más tarde, secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica.
Morenés (Vizcaya, 1948) es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, diplomado en Dirección de Empresas por Deusto y diplomado en Derecho Fiscal de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta además con un master por el Bremen Institute of Shipping Economics de Alemania.
De su lado, Birulés es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y PhD Progran por la Universidad de California. Tras dirigir el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha ocupado distintos cargos en el sector privado, entre los que figuran el de vicepresidenta de la inmobiliaria Renta Corporación, consejera-directora de Retevisión, presidenta de EresMas y secretaria general de Banco Sabadell.
Detenido un empresario y desarticulada una red de intrusismo en seguridad
La Policía Nacional ha detenido a un empresario y ha desarticulado una red dedicada al intrusismo en la seguridad privada en el sur de Tenerife, intervención policial que es la primera de este tipo que se desarrolla en España.
La operación policial ha sido realizada por policías adscritos al grupo operativo de seguridad privada de la comisaría del sur de Tenerife y la investigación se inició tras la presentación de varias denuncias sobre la existencia de una red de empresas dedicadas al delito de intrusismo en materia de seguridad privada.
Los policías, según un comunicado, comprobaron que había una re de empresas que ofertaban servicios de seguridad a multitud de hoteles y establecimientos turísticos y comerciales del sur de Tenerife sin estar autorizados para ello.
Al parecer aprovechaban el hecho de que los establecimientos hoteleros desconocían la legislación vigente en materia de Seguridad Privada, presentaban fotocopias de documentación original falsificada y conseguían los contratos bajo la supuesta apariencia de empresa legal.
Para ello estas empresas ofertaban los servicios a un coste muy inferior al del mercado, incluso un 75 por ciento menos que el ofrecido por empresas de seguridad habilitadas por el Ministerio del Interior.
La nota policial informa de que durante la operación se detuvo al líder de la organización, el empresario R.G.E.M., al se le imputaron presuntos delitos como intrusismo, falsificación de documento privado, amenazas, estafa, asociación ilícita, insolvencias punibles y delito contra los derechos de los trabajadores.
Asimismo están imputados el resto de los componentes de la red, que ejercían como testaferros en las diferentes empresas, así como el arquitecto financiero que, según la Policía, ofertaba una imagen de legalidad frente a la actuación inspectora de la administración.
También se han intervenido diversos vehículos y clausurado inmuebles y empresas.
Según la Policía, el dueño de la empresa contrataba a ciudadanos cubanos, que carecían de la titulación necesaria para realizar funciones de Seguridad y a los que se les pagaba salarios muy inferiores a lo estipulados para los vigilantes y trabajaban en turno de 12 horas diarias.
Al parecer el empresario ofertaba a los establecimientos hoteleros un servicio de transporte de dinero, que movía entre 100.000 y 200.000 euros semanales y era realizado en vehículos sin distintivos ni medida alguna de seguridad.
Añade la nota policial que para evitar pagar las continuas sanciones que eran impuestas a esas empresas, el empresario al parecer procedía al cierre y creaba una nueva empresa.
En total se ha llegado a identificar hasta siete empresas distintas, y esta operativa se repetía de forma continua, y los beneficios obtenidos eran invertido en la creación de negocios como restaurantes y cafeterías, donde, según la Policía, se lavaba el dinero procedente del delito de intrusismo en materia de seguridad privada.
La operación policial ha sido realizada por policías adscritos al grupo operativo de seguridad privada de la comisaría del sur de Tenerife y la investigación se inició tras la presentación de varias denuncias sobre la existencia de una red de empresas dedicadas al delito de intrusismo en materia de seguridad privada.
Los policías, según un comunicado, comprobaron que había una re de empresas que ofertaban servicios de seguridad a multitud de hoteles y establecimientos turísticos y comerciales del sur de Tenerife sin estar autorizados para ello.
Al parecer aprovechaban el hecho de que los establecimientos hoteleros desconocían la legislación vigente en materia de Seguridad Privada, presentaban fotocopias de documentación original falsificada y conseguían los contratos bajo la supuesta apariencia de empresa legal.
Para ello estas empresas ofertaban los servicios a un coste muy inferior al del mercado, incluso un 75 por ciento menos que el ofrecido por empresas de seguridad habilitadas por el Ministerio del Interior.
La nota policial informa de que durante la operación se detuvo al líder de la organización, el empresario R.G.E.M., al se le imputaron presuntos delitos como intrusismo, falsificación de documento privado, amenazas, estafa, asociación ilícita, insolvencias punibles y delito contra los derechos de los trabajadores.
Asimismo están imputados el resto de los componentes de la red, que ejercían como testaferros en las diferentes empresas, así como el arquitecto financiero que, según la Policía, ofertaba una imagen de legalidad frente a la actuación inspectora de la administración.
También se han intervenido diversos vehículos y clausurado inmuebles y empresas.
Según la Policía, el dueño de la empresa contrataba a ciudadanos cubanos, que carecían de la titulación necesaria para realizar funciones de Seguridad y a los que se les pagaba salarios muy inferiores a lo estipulados para los vigilantes y trabajaban en turno de 12 horas diarias.
Al parecer el empresario ofertaba a los establecimientos hoteleros un servicio de transporte de dinero, que movía entre 100.000 y 200.000 euros semanales y era realizado en vehículos sin distintivos ni medida alguna de seguridad.
Añade la nota policial que para evitar pagar las continuas sanciones que eran impuestas a esas empresas, el empresario al parecer procedía al cierre y creaba una nueva empresa.
En total se ha llegado a identificar hasta siete empresas distintas, y esta operativa se repetía de forma continua, y los beneficios obtenidos eran invertido en la creación de negocios como restaurantes y cafeterías, donde, según la Policía, se lavaba el dinero procedente del delito de intrusismo en materia de seguridad privada.
La policía pide ayuda para desenmascarar a los "gorilas"
El intrusismo ha sido siempre un problema de la vigilancia privada. Pero con la crisis el problema se ha agudizado. Tanto es así que el propio jefe de la Policía, Daniel Salgado, pide ayuda a los guardias de seguridad para desenmascarar a 'gorilas' y 'matones' que trabajan sin la preparación necesaria.
Esa fue una de las conclusiones de la quinta edición de la Convención de Seguridad Privada, organizada por la Comisaría y por las compañías de sector. Con la que está cayendo, los empresarios meten la tijera en sus gastos. Y en el primer sitio en el que recortan es en la seguridad. La consecuencia es que terminan contratando personal sin habilitación para que realicen las funciones de vigilancia. Personas que no están preparadas, pero que resultan más baratas. Lo que quizás no sepan estos empresarios es que estas prácticas pueden acarrearles multas que, en algunos casos, alcanzan los 30.000 euros.
La fórmula a la que recurren son las llamadas empresas de servicios, tal y como explicaron fuentes de la Comisaría. Es decir, uniforman a un trabajador y le encomiendan labores de vigilancia para las que no han sido formados. Solo pueden llevar uniforme, porra y grilletes y lucir la placa blanca con letras en rojo los vigilantes que estén habilitados por el Ministerio de Interior. “Todo lo demás es sancionable”, se encargó de recordar el subdelegado del Gobierno, Fernando Calahorro. En la provincia, unas 3.000 personas están autorizadas para ser vigilante de seguridad. No obstante, el negocio no está muy boyante. “Ahora mismo, están trabajando unos 550”, explica fuentes del sector, lo que supone un 30 por ciento menos que hace justo un año. “Es la pescadilla que se muerde la cola. Las empresas contratan a cualquiera, aunque no esté habilitado”, dice el director de una firma del sector. “Os pido vuestra ayuda en la erradicación de estas prácticas que tanto perjudican al vigilante de seguridad”, pidió el comisario.
Para ser guardia privado es necesario superar una formación en un centro reglado. Y, después, aprobar un examen que hace el Ministerio de Interior, donde se ponen a prueba los conocimientos del vigilante y su preparación física. Superadas esas pruebas, ya pueden trabajar, aunque siempre contratados por una empresa homologada.
Esa fue una de las conclusiones de la quinta edición de la Convención de Seguridad Privada, organizada por la Comisaría y por las compañías de sector. Con la que está cayendo, los empresarios meten la tijera en sus gastos. Y en el primer sitio en el que recortan es en la seguridad. La consecuencia es que terminan contratando personal sin habilitación para que realicen las funciones de vigilancia. Personas que no están preparadas, pero que resultan más baratas. Lo que quizás no sepan estos empresarios es que estas prácticas pueden acarrearles multas que, en algunos casos, alcanzan los 30.000 euros.
La fórmula a la que recurren son las llamadas empresas de servicios, tal y como explicaron fuentes de la Comisaría. Es decir, uniforman a un trabajador y le encomiendan labores de vigilancia para las que no han sido formados. Solo pueden llevar uniforme, porra y grilletes y lucir la placa blanca con letras en rojo los vigilantes que estén habilitados por el Ministerio de Interior. “Todo lo demás es sancionable”, se encargó de recordar el subdelegado del Gobierno, Fernando Calahorro. En la provincia, unas 3.000 personas están autorizadas para ser vigilante de seguridad. No obstante, el negocio no está muy boyante. “Ahora mismo, están trabajando unos 550”, explica fuentes del sector, lo que supone un 30 por ciento menos que hace justo un año. “Es la pescadilla que se muerde la cola. Las empresas contratan a cualquiera, aunque no esté habilitado”, dice el director de una firma del sector. “Os pido vuestra ayuda en la erradicación de estas prácticas que tanto perjudican al vigilante de seguridad”, pidió el comisario.
Para ser guardia privado es necesario superar una formación en un centro reglado. Y, después, aprobar un examen que hace el Ministerio de Interior, donde se ponen a prueba los conocimientos del vigilante y su preparación física. Superadas esas pruebas, ya pueden trabajar, aunque siempre contratados por una empresa homologada.
Dinamia vende su participación en Segur Ibérica por 13 millones de euros
Dinamia Capital Privado, sociedad gestionada por Nmas1, ha acordado vender toda la participación que ostentaba en las sociedades Segur Ibérica y Hortus Mundi (Grupo Segur) por unos 13 millones de euros, con lo que Dinamia (Madrid: DIN.MC - noticias) multiplicaría por 1,24 veces su inversión inicial, ha informado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los compradores son los inversores financieros MCH Private Equity y Corpfin Capital, actuales accionistas de ambas compañías, y a la propia sociedad Segur Ibérica, empresa dedicada al sector de la seguridad privada.
Dinamia Capital Privado invirtió en la compañía en marzo de 2004 junto con el fondo Nmás1 Private Equity Fund LP, el cual ha vendido su participación en las mismas condiciones que Dinamia.
El cierre de dicha transacción, previsto para el próximo mes de septiembre, está sujeto a la obtención de las autorizaciones pertinentes de las autoridades españolas de defensa de la competencia.
La venta de la participación en Grupo Segur se enmarca en la estrategia de Dinamia de rotación y rejuvenecimiento de la cartera desde compañías maduras y de exposición a servicios exclusivamente en España, hacia compañías sólidas, líderes, con visibilidad de ingresos y mayormente exportadoras, explicó la empresa en un comunicado.
Los compradores son los inversores financieros MCH Private Equity y Corpfin Capital, actuales accionistas de ambas compañías, y a la propia sociedad Segur Ibérica, empresa dedicada al sector de la seguridad privada.
Dinamia Capital Privado invirtió en la compañía en marzo de 2004 junto con el fondo Nmás1 Private Equity Fund LP, el cual ha vendido su participación en las mismas condiciones que Dinamia.
El cierre de dicha transacción, previsto para el próximo mes de septiembre, está sujeto a la obtención de las autorizaciones pertinentes de las autoridades españolas de defensa de la competencia.
La venta de la participación en Grupo Segur se enmarca en la estrategia de Dinamia de rotación y rejuvenecimiento de la cartera desde compañías maduras y de exposición a servicios exclusivamente en España, hacia compañías sólidas, líderes, con visibilidad de ingresos y mayormente exportadoras, explicó la empresa en un comunicado.
Sanción de 60.000 € a Segur Ibérica por grabar gluteos en el aeropuerto de Gando
La sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, impuso en una sentencia del pasado 8 de julio, dos multas de 40.001 y 20.000 euros a la empresa Segur Ibérica por sendas infracciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) mientras prestaban su servicio de vigilancia en el aeropuerto grancanario de Gando.
El tribunal ha reducido el importe de las sanciones (inicialmente eran de 60.000 y 30.000 euros) pero confirma la tesis de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que había multado al Grupo Segur después de que una trabajadora denunciara a un compañero porque utilizaba las cámaras de seguridad para enfocar «determinadas partes de la anatomía del personal femenino objeto de grabación, dirigiéndose el objetivo de forma especial hacia las zonas pectorales y las nalgas de las empleadas y viajeras que trabajaban en el aeropuerto o utilizaban sus instalaciones», tal como puede leerse en la resolución de la AEPD.
El caso comezó en octubre de 2007, cuando la Guardia Civil denunció en la Agencia lo ocurrido en el centro de control de videocámaras. De la denuncia derivaron dos sanciones a Segur Ibérica: por infringir el artículo 4.1 de la LOPD y el artículo 12.2 de la misma ley.
Las dos infracciones se consideraron «graves» y fueron penadas con 30.000 y 60.101 euros, respectivamente, cantidades que ahora ha recortado la Audiencia Nacional. La empresa elevó un recurso de reposición al director de la AEPD, que no fue atendido y a continuación la sociedad interpuso reclamación por vía contencioso-administrativa para conseguir la nulidad de las resoluciones de la Agencia.
El juez respalda la decisión del director de la AEPD, aunque ha reducido las multas. Lo que sí quedó probado desde el principio es que el vigilante en cuestión utilizó las cámaras del aeropuerto para observar a las mujeres, compañeras o usuarias del recinto. Segur Ibérica lo despidió y, además, reconoció en el escrito que entregó a la AEPD que ya había detectado «un comportamiento anómalo del empleado».
El tribunal ha reducido el importe de las sanciones (inicialmente eran de 60.000 y 30.000 euros) pero confirma la tesis de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que había multado al Grupo Segur después de que una trabajadora denunciara a un compañero porque utilizaba las cámaras de seguridad para enfocar «determinadas partes de la anatomía del personal femenino objeto de grabación, dirigiéndose el objetivo de forma especial hacia las zonas pectorales y las nalgas de las empleadas y viajeras que trabajaban en el aeropuerto o utilizaban sus instalaciones», tal como puede leerse en la resolución de la AEPD.
El caso comezó en octubre de 2007, cuando la Guardia Civil denunció en la Agencia lo ocurrido en el centro de control de videocámaras. De la denuncia derivaron dos sanciones a Segur Ibérica: por infringir el artículo 4.1 de la LOPD y el artículo 12.2 de la misma ley.
Las dos infracciones se consideraron «graves» y fueron penadas con 30.000 y 60.101 euros, respectivamente, cantidades que ahora ha recortado la Audiencia Nacional. La empresa elevó un recurso de reposición al director de la AEPD, que no fue atendido y a continuación la sociedad interpuso reclamación por vía contencioso-administrativa para conseguir la nulidad de las resoluciones de la Agencia.
El juez respalda la decisión del director de la AEPD, aunque ha reducido las multas. Lo que sí quedó probado desde el principio es que el vigilante en cuestión utilizó las cámaras del aeropuerto para observar a las mujeres, compañeras o usuarias del recinto. Segur Ibérica lo despidió y, además, reconoció en el escrito que entregó a la AEPD que ya había detectado «un comportamiento anómalo del empleado».
Prosetecnisa no ha pagado la extra de julio
Comisiones Obreras informa de que los vigilantes de seguridad que prestan servicios en las distintas dependencias municipales(El Puerto de Santa Maria) manifiestan que a fecha de hoy no han cobrado sus nóminas correspondientes a la paga extra del mes de julio.
A finales del mes de junio, destacan en comunicado de prensa, los trabajadores recibieron una carta de la empresa de seguridad privada Prosetecnisa, adjudicataria del servicio, indicando que el Ayuntamiento mantiene una deuda con ellos y que este mes iba a tener problemas para abonar las nóminas. “En julio no cobramos hasta mediados de mes pero sólo el abono mensual, no la paga extra”, explican.
Desde que la empresa hizo el anuncio a los trabajadores, los responsables del sector de CCOO, Álvaro Montaño y Juan Cornejo, en un intento de mediar en el conflicto, mantuvieron una reunión con el concejal de Policía Local, Carlos Coronado, el cual se comprometió a enviar un pago, no todo el importe de la deuda pero sí parte, a la empresa a primeros del mes de julio.
“Según hemos comprobado, el pago se ha efectuado por parte del Consistorio. Tras un intento por parte del Ayuntamiento y Comisiones Obreras de ponerse en contacto con la empresa para mediar en el asunto, no hemos recibido respuesta alguna. Y los trabajadores siguen sin percibir su salario”, informan en comunicado de prensa.
Según la información recibida, sólo los trabajadores adscritos al Ayuntamiento siguen sin cobrar, ya que el resto de la plantilla de Prosetecnisa sí ha percibido el salario. Entienden por tanto que "se vuelve a repetir la misma estrategia empresarial del año pasado, utilizando el burdo chantaje de utilizar a los trabajadores para presionar al Ayuntamiento".
Ante la reiterada situación Comisiones Obreras va a convocar una manifestación ante el Consistorio el día 28 de este mes para reivindicar sus derechos.
A finales del mes de junio, destacan en comunicado de prensa, los trabajadores recibieron una carta de la empresa de seguridad privada Prosetecnisa, adjudicataria del servicio, indicando que el Ayuntamiento mantiene una deuda con ellos y que este mes iba a tener problemas para abonar las nóminas. “En julio no cobramos hasta mediados de mes pero sólo el abono mensual, no la paga extra”, explican.
Desde que la empresa hizo el anuncio a los trabajadores, los responsables del sector de CCOO, Álvaro Montaño y Juan Cornejo, en un intento de mediar en el conflicto, mantuvieron una reunión con el concejal de Policía Local, Carlos Coronado, el cual se comprometió a enviar un pago, no todo el importe de la deuda pero sí parte, a la empresa a primeros del mes de julio.
“Según hemos comprobado, el pago se ha efectuado por parte del Consistorio. Tras un intento por parte del Ayuntamiento y Comisiones Obreras de ponerse en contacto con la empresa para mediar en el asunto, no hemos recibido respuesta alguna. Y los trabajadores siguen sin percibir su salario”, informan en comunicado de prensa.
Según la información recibida, sólo los trabajadores adscritos al Ayuntamiento siguen sin cobrar, ya que el resto de la plantilla de Prosetecnisa sí ha percibido el salario. Entienden por tanto que "se vuelve a repetir la misma estrategia empresarial del año pasado, utilizando el burdo chantaje de utilizar a los trabajadores para presionar al Ayuntamiento".
Ante la reiterada situación Comisiones Obreras va a convocar una manifestación ante el Consistorio el día 28 de este mes para reivindicar sus derechos.
Los sindicatos de seguridad privada critican que no sea obligatorio hacer trabajar en pareja a los agentes
Los sindicatos SIPVS y CC.OO. sostienen que así la agresión se podría haber minimizado o evitado; según UGT, se hubiera producido de todas formas, Renfe lamenta la muerte del vigilante y niega "rotundamente" las acusaciones de reducción de plantilla
La muerte del vigilante Rafael G. J. la mañana de este viernes en la estación de tren de Castelldefels ha generado un aluvión de críticas entre los diferentes sindicatos del sector en Catalunya, aunque no tienen una posición unánime. Según UGT, el mayoritario, lamentablemente la muerte se habría producido aunque la dotación de agentes hubiera sido mayor. CC.OO., en cambio, considera que con dos vigilantes "la agresión mortal se hubiera podido evitar" sin lugar a dudas y el independiente SIPVS va más allá y culpa a Renfe y Prosegur del fallecimiento por haber reducido la plantilla en la estación hace un año.
Pese a haber sido consultados por LV.es ni Renfe ni la empresa Prosegur han querido pronunciarse sobre esta acusación de insuficiencia de efectivos durante el suceso. "En primer lugar, lo más importante ahora es la familia de la persona fallecida y en segundo lugar, la investigación de los Mossos d'Esquadra", ha sostenido un portavoz de Renfe. "Las acusaciones que han lanzado algunos sindicatos son rotundamente falsas, como que se haya reducido la plantilla en Castelldefels. Todas las empresas tienen unos recursos, que se optimizan lo mejor posible para ofrecer el mejor servicio posible", ha manifestado la misma fuente.
El presunto recorte de gastos y agentes, según los sindicatos
El Sindicato Independiente de Profesionales de Vigilancia y Servicios de Catalunya (SIPVS) ha denunciado la mañana de este viernes que Renfe y la empresa de seguridad Prosegur, en la que trabajaba el vigilante fallecido, habrían reducido a la mitad la plantilla de agentes en la estación con el objetivo de recortar gastos. "Hace un año había dos agentes en la estación de Castelldefels, dotados de armas de fuego, pero para reducir los gastos se dejó a un único vigilante y sin arma", explica Pedro Oliva, gerente del sindicato, el segundo en representatividad en Catalunya. En la actualidad, según Oliva, los vigilantes utilizan como única protección personal una porra y unas esposas.
José Antonio Roldán, responsable de Seguridad Privada del sindicato CC.OO., el tercero en representatividad de este sector en Catalunya, ha declarado no tener conocimiento del recorte denunciado por SIPVS, pero ha asegurado que “las medidas de seguridad personal para los vigilantes privados no son suficientes”: “Indiscutiblemente se hubiera podido evitar con dos agentes, porque no es lo mismo repeler una agresión de uno contra uno, que hacerlo entre dos”, ha lamentado. Roldán se queja, además, de la falta de equiparación con la policía en lo que a medidas de protección personal se refiere: “No se entiende que la ley no obligue a que los vigilantes vayan, al menos, de dos en dos, si realizan tareas semejantes a las de los cuerpos policiales y a ellos sí se les hace patrullar en pareja”.
"Esto no hubiera sucedido si Prosegur y Renfe no hubieran hecho el recorte, porque el presunto asesino hubiera visto más gente, no se hubiera rebotado tanto y se habría marchado a su casa", juzga Oliva, que también es miembro del Comité de Empresa de Prosegur. "Y al final de su jornada, Rafael [la víctima] también hubiera podido regresar a su casa", añade. Rafael G. J. era un veterano de la vigilancia privada, "con diez años de experiencia como mínimo", según Oliva.
El gerente del SIPVS anuncia que su organización exigirá una investigación al Comité de Prevención de Riesgos Laborales, para que determine si además de un asesinato ha habido un accidente laboral. "Habrá que ver si este trabajador tenía todas las herramientas necesarias para realizar su labor y pedir a la Inspección de Trabajo que tome las medidas necesarias para que el personal de Seguridad Privada no quede desamparado por motivos económicos", sostiene. También avisa que la reducción de efectivos en las estaciones no es sólo un riesgo para la vida de los vigilantes, sino también para cualquier usuario del tren: "Por la estación de Castelldefels pasan miles de personas cada día, es incomprensible que haya un único agente para garantizar la seguridad de tantos pasajeros”.
José Antonio Roldán, de CC.OO., también considera que se trata de un accidente laboral, "porque el agente estaba en su lugar de trabajo", y que las investigaciones deberán determinar “si ha habido negligencia de la empresa contratante, del cliente y de las Administraciones”. También reivindica que hace años que su sindicato defiende el cambio legal y una protección extra para los vigilantes de transportes blindados, que a su juicio deberían dotarse de armas más potentes y chalecos antibala. “Hay una campaña generalizada –sostiene– para que se retiren las armas a los vigilantes, pero debe reflexionarse en qué sitios no hacen falta y en qué sitios sí”.
Según UGT, la muerte del vigilante no estaría vinculada al recorte
El sindicato mayoritario en la profesión, UGT, ha sostenido una postura menos contundente y ha considerado que la agresión al agente Rafael G. J. no ha sido directamente causada por la reducción de plantilla. “El agresor podía haber matado a la víctima tanto si era un agente como dos, porque el puñetazo mortal se lo hubiera podido dar igualmente”, ha asegurado Josep Gironès, responsable de la Federación de Servicios de UGT Catalunya.
No obstante, ha destacado que la tarea de los guardias de seguridad es un servicio público pese a depender de una contratación privada, por lo que “se les debe reconocer su función como agentes de la autoridad” y “garantizarse una contratación en mejores condiciones, para que su servicio pueda ser de más calidad”. “Pese a que es un trabajo con un cierto grado de peligrosidad física, podrían reducirse los riesgos si la Conselleria, el Ministerio del Interior y las empresas de seguridad ponen los recursos adecuados”, ha afirmado Gironès.
Los tres sindicatos, así como también la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada de la USOC (FTSP-USOC), han expresado su condena a la agresión y su apoyo a la familia de la víctima, a la que harán llegar su pésame.
La muerte del vigilante Rafael G. J. la mañana de este viernes en la estación de tren de Castelldefels ha generado un aluvión de críticas entre los diferentes sindicatos del sector en Catalunya, aunque no tienen una posición unánime. Según UGT, el mayoritario, lamentablemente la muerte se habría producido aunque la dotación de agentes hubiera sido mayor. CC.OO., en cambio, considera que con dos vigilantes "la agresión mortal se hubiera podido evitar" sin lugar a dudas y el independiente SIPVS va más allá y culpa a Renfe y Prosegur del fallecimiento por haber reducido la plantilla en la estación hace un año.
Pese a haber sido consultados por LV.es ni Renfe ni la empresa Prosegur han querido pronunciarse sobre esta acusación de insuficiencia de efectivos durante el suceso. "En primer lugar, lo más importante ahora es la familia de la persona fallecida y en segundo lugar, la investigación de los Mossos d'Esquadra", ha sostenido un portavoz de Renfe. "Las acusaciones que han lanzado algunos sindicatos son rotundamente falsas, como que se haya reducido la plantilla en Castelldefels. Todas las empresas tienen unos recursos, que se optimizan lo mejor posible para ofrecer el mejor servicio posible", ha manifestado la misma fuente.
El presunto recorte de gastos y agentes, según los sindicatos
El Sindicato Independiente de Profesionales de Vigilancia y Servicios de Catalunya (SIPVS) ha denunciado la mañana de este viernes que Renfe y la empresa de seguridad Prosegur, en la que trabajaba el vigilante fallecido, habrían reducido a la mitad la plantilla de agentes en la estación con el objetivo de recortar gastos. "Hace un año había dos agentes en la estación de Castelldefels, dotados de armas de fuego, pero para reducir los gastos se dejó a un único vigilante y sin arma", explica Pedro Oliva, gerente del sindicato, el segundo en representatividad en Catalunya. En la actualidad, según Oliva, los vigilantes utilizan como única protección personal una porra y unas esposas.
José Antonio Roldán, responsable de Seguridad Privada del sindicato CC.OO., el tercero en representatividad de este sector en Catalunya, ha declarado no tener conocimiento del recorte denunciado por SIPVS, pero ha asegurado que “las medidas de seguridad personal para los vigilantes privados no son suficientes”: “Indiscutiblemente se hubiera podido evitar con dos agentes, porque no es lo mismo repeler una agresión de uno contra uno, que hacerlo entre dos”, ha lamentado. Roldán se queja, además, de la falta de equiparación con la policía en lo que a medidas de protección personal se refiere: “No se entiende que la ley no obligue a que los vigilantes vayan, al menos, de dos en dos, si realizan tareas semejantes a las de los cuerpos policiales y a ellos sí se les hace patrullar en pareja”.
"Esto no hubiera sucedido si Prosegur y Renfe no hubieran hecho el recorte, porque el presunto asesino hubiera visto más gente, no se hubiera rebotado tanto y se habría marchado a su casa", juzga Oliva, que también es miembro del Comité de Empresa de Prosegur. "Y al final de su jornada, Rafael [la víctima] también hubiera podido regresar a su casa", añade. Rafael G. J. era un veterano de la vigilancia privada, "con diez años de experiencia como mínimo", según Oliva.
El gerente del SIPVS anuncia que su organización exigirá una investigación al Comité de Prevención de Riesgos Laborales, para que determine si además de un asesinato ha habido un accidente laboral. "Habrá que ver si este trabajador tenía todas las herramientas necesarias para realizar su labor y pedir a la Inspección de Trabajo que tome las medidas necesarias para que el personal de Seguridad Privada no quede desamparado por motivos económicos", sostiene. También avisa que la reducción de efectivos en las estaciones no es sólo un riesgo para la vida de los vigilantes, sino también para cualquier usuario del tren: "Por la estación de Castelldefels pasan miles de personas cada día, es incomprensible que haya un único agente para garantizar la seguridad de tantos pasajeros”.
José Antonio Roldán, de CC.OO., también considera que se trata de un accidente laboral, "porque el agente estaba en su lugar de trabajo", y que las investigaciones deberán determinar “si ha habido negligencia de la empresa contratante, del cliente y de las Administraciones”. También reivindica que hace años que su sindicato defiende el cambio legal y una protección extra para los vigilantes de transportes blindados, que a su juicio deberían dotarse de armas más potentes y chalecos antibala. “Hay una campaña generalizada –sostiene– para que se retiren las armas a los vigilantes, pero debe reflexionarse en qué sitios no hacen falta y en qué sitios sí”.
Según UGT, la muerte del vigilante no estaría vinculada al recorte
El sindicato mayoritario en la profesión, UGT, ha sostenido una postura menos contundente y ha considerado que la agresión al agente Rafael G. J. no ha sido directamente causada por la reducción de plantilla. “El agresor podía haber matado a la víctima tanto si era un agente como dos, porque el puñetazo mortal se lo hubiera podido dar igualmente”, ha asegurado Josep Gironès, responsable de la Federación de Servicios de UGT Catalunya.
No obstante, ha destacado que la tarea de los guardias de seguridad es un servicio público pese a depender de una contratación privada, por lo que “se les debe reconocer su función como agentes de la autoridad” y “garantizarse una contratación en mejores condiciones, para que su servicio pueda ser de más calidad”. “Pese a que es un trabajo con un cierto grado de peligrosidad física, podrían reducirse los riesgos si la Conselleria, el Ministerio del Interior y las empresas de seguridad ponen los recursos adecuados”, ha afirmado Gironès.
Los tres sindicatos, así como también la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada de la USOC (FTSP-USOC), han expresado su condena a la agresión y su apoyo a la familia de la víctima, a la que harán llegar su pésame.
Muere un vigilante de Renfe en Castelldefels tras la agresión de un viajero
Un vigilante de seguridad de la empresa Prosegur, contratada por Renfe, ha resultado muerto a primeras horas de la mañana en la estación de Castelldefels (Barcelona) tras ser agredido por un joven que viajaba en el tren y que se ha enfrentado a varios pasajeros antes de que interviniera la víctima.
Según los Mossos d'Esquadra el vigilante "ha muerto como consecuencia de la agresión". Un comunicado de la institución revela que el presunto autor del homicidio, Sergio M.G. un joven español de 20 años y vecino de Castelldefels, ha sido detenido por efectivos de la policía local en la misma estación y trasladado a las dependencias de Gavá.
Fuentes del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han explicado que el personal médico de las dos ambulancias desplazadas al lugar ha intentado reanimar a la víctima, Rafael G.J. de 44 años y padre de un niño, con resultados negativos.
Las primeras informaciones suministradas por algunos testigos dan cuenta de que el agresor viajaba en el tren, donde ya había provocado altercados e incidentes a otros viajeros.
Al bajar en Castelldefels, el agresor ha continuado fastidiando a los pasajeros y el vigilante le ha recriminado su actitud. Ha sido entonces cuando ha comenzado una pelea entre los dos y una persecución por el interior del recinto de la estación, que el agresor ha abandonado saltando una de las vallas.
En el exterior de la estación ha continuado la discusión y la posterior agresión que ha acabado con la muerte del vigilante.
El alcalde de Castelldefels, Joan Sau, se ha mostrado consternado y ha dado "su pésame" a la familia y a los compañeros de la víctima.
"Es un hecho muy lamentable y triste", ha dicho el alcalde, que ha destacado la "rápida y eficaz" actuación de la policía local, que ha sido la que ha practicado la detención. Según el alcalde, el agresor es "conocido" en la ciudad.
Entre tanto, el responsable del Bar Boga Boga, Antonio, ha explicado que en el momento del suceso limpiaba la parte trasera de establecimiento. "Me han sobresaltado los gritos y los golpes. He salido y he visto a dos chicos pelarse. Después me he ido a atender a un repartidor y, cuando he vuelto, el vigilante ya estaba en el suelo", ha dicho. Asegura que la víctima "era muy conocida y una persona muy amable y afable".
El responsable del bar Guetxo, muy próximo a la estación, ha explicado que "se ha oído un ruido muy fuerte, muchos golpes y gritos" y ha apuntado que "algunos de los viajeros que había en aquel momento han retenido al agresor hasta que ha llegado la policía local".
Una de las personas que ha contribuido a retener al agresor ha sido el repartidor de periódicos gratuitos que cada mañana trabaja en la zona. "Se ha ido muy afectado", han dicho testigos de los hechos.
La crisis y la reducción de personal
Por su parte, el gerente del Sindicato Independiente de Profesionales de la Vigilancia y Servicios de Catalunya, Pedro Luis Oliva, ha denunciado que el recorte de presupuesto por parte de Renfe ha limitado el número de vigilantes en esa estación considerada una de las más problemáticas por la afluencia de usuarios.
Oliva ha dicho que en la citada estación habían dos vigilantes y que como consecuencia de la reducción de presupuesto sólo ha quedado uno para atender el servicio de vigilancia.
"Pero, además, este vigilante de seguridad, solo tiene para defender a los usuarios y para defenderse así mismo, una defensa (porra) y unos grilletes (esposas). Veremos si la Inspección de Trabajo toma las medidas necesarias para que el personal de seguridad privada no quede desamparado ante actos como estos, única y exclusivamente por motivos económicos", ha añadido.
Oliva también ha destacado que la victima llevaba como mínimo 10 años prestando sus servicios a la empresa Prosegur.
Los Mossos d'Esquadra del Área Territorial de Investigación de la Región Metropolitana Sur, que ya están observando las cámaras de seguridad de la estación, se han hecho cargo de las primeras pesquisas para esclarecer los hechos.
Según los Mossos d'Esquadra el vigilante "ha muerto como consecuencia de la agresión". Un comunicado de la institución revela que el presunto autor del homicidio, Sergio M.G. un joven español de 20 años y vecino de Castelldefels, ha sido detenido por efectivos de la policía local en la misma estación y trasladado a las dependencias de Gavá.
Fuentes del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han explicado que el personal médico de las dos ambulancias desplazadas al lugar ha intentado reanimar a la víctima, Rafael G.J. de 44 años y padre de un niño, con resultados negativos.
Las primeras informaciones suministradas por algunos testigos dan cuenta de que el agresor viajaba en el tren, donde ya había provocado altercados e incidentes a otros viajeros.
Al bajar en Castelldefels, el agresor ha continuado fastidiando a los pasajeros y el vigilante le ha recriminado su actitud. Ha sido entonces cuando ha comenzado una pelea entre los dos y una persecución por el interior del recinto de la estación, que el agresor ha abandonado saltando una de las vallas.
En el exterior de la estación ha continuado la discusión y la posterior agresión que ha acabado con la muerte del vigilante.
El alcalde de Castelldefels, Joan Sau, se ha mostrado consternado y ha dado "su pésame" a la familia y a los compañeros de la víctima.
"Es un hecho muy lamentable y triste", ha dicho el alcalde, que ha destacado la "rápida y eficaz" actuación de la policía local, que ha sido la que ha practicado la detención. Según el alcalde, el agresor es "conocido" en la ciudad.
Entre tanto, el responsable del Bar Boga Boga, Antonio, ha explicado que en el momento del suceso limpiaba la parte trasera de establecimiento. "Me han sobresaltado los gritos y los golpes. He salido y he visto a dos chicos pelarse. Después me he ido a atender a un repartidor y, cuando he vuelto, el vigilante ya estaba en el suelo", ha dicho. Asegura que la víctima "era muy conocida y una persona muy amable y afable".
El responsable del bar Guetxo, muy próximo a la estación, ha explicado que "se ha oído un ruido muy fuerte, muchos golpes y gritos" y ha apuntado que "algunos de los viajeros que había en aquel momento han retenido al agresor hasta que ha llegado la policía local".
Una de las personas que ha contribuido a retener al agresor ha sido el repartidor de periódicos gratuitos que cada mañana trabaja en la zona. "Se ha ido muy afectado", han dicho testigos de los hechos.
La crisis y la reducción de personal
Por su parte, el gerente del Sindicato Independiente de Profesionales de la Vigilancia y Servicios de Catalunya, Pedro Luis Oliva, ha denunciado que el recorte de presupuesto por parte de Renfe ha limitado el número de vigilantes en esa estación considerada una de las más problemáticas por la afluencia de usuarios.
Oliva ha dicho que en la citada estación habían dos vigilantes y que como consecuencia de la reducción de presupuesto sólo ha quedado uno para atender el servicio de vigilancia.
"Pero, además, este vigilante de seguridad, solo tiene para defender a los usuarios y para defenderse así mismo, una defensa (porra) y unos grilletes (esposas). Veremos si la Inspección de Trabajo toma las medidas necesarias para que el personal de seguridad privada no quede desamparado ante actos como estos, única y exclusivamente por motivos económicos", ha añadido.
Oliva también ha destacado que la victima llevaba como mínimo 10 años prestando sus servicios a la empresa Prosegur.
Los Mossos d'Esquadra del Área Territorial de Investigación de la Región Metropolitana Sur, que ya están observando las cámaras de seguridad de la estación, se han hecho cargo de las primeras pesquisas para esclarecer los hechos.
Los vigilantes del metro denuncian las amenazas y agresiones constantes de los carteristas
El metro es la jungla de los carteristas”, dice el responsable sectorial de seguridad privada de la Unión General de Trabajadores (UGT), Juan Antonio Ramos, refiriéndose a la ola de robos en el subsuelo de Barcelona y a la impunidad con la que actúan los hurtadores. Los vigilantes de seguridad – unos 300, según estima UGT- de las empresas Prosegur, Securitas y Eulen desplegados por la red del metro en diferentes turnos lidian cada día con unos 150 ladrones que frecuentan estaciones y vagones, una tarea complicada y arriesgada. Denuncian insultos, amenazas constantes, agresiones e, incluso, persecuciones por parte de los delincuentes. “Se ha dado el caso de que el carterista llega a perseguir al vigilante hasta su domicilio para intimidarlo”, comenta Ramos. Y a veces llegan a las manos. Las acciones violentas contra vigilantes “no son un hecho aislado ya que ocurren a menudo”, señala el secretario general de seguridad privada de la Unión Sindical Obrera de Catalunya (USOC), José Paz Iglesias. En este sentido los sindicatos calculan que cada semana se producen entre cuatro y seis agresiones físicas - no sólo de ladrones- a guardas de seguridad en el transporte público de Barcelona, aunque a veces estas cifras se superan.
La secuencia hasta las acometidas siempre suele ser la misma. En un primer momento, intentan escapar por todos los medios de ser retenidos por el personal de seguridad, pero frustrado este objetivo, no dudan en sacar una navaja, un puño americano o un machete. “Los carteristas siempre son los mismos porque no van a la cárcel ni se les expulsa. Es lógico. Si les cortamos el paso cada vez que quieren entrar, al final acaban enfrentándose a nosotros, agrediéndonos porque piensan que les estamos fastidiando su trabajo”, explica Iglesias. La mayoría son bandas organizadas, algunas de ellas muy peligrosas. La batalla a la que se enfrentan cada día estos trabajadores está haciendo mella en su salud y su resistencia psíquica, según denuncia Ignacio Arroyo, secretario de organización del Sindicato Profesional de Seguridad Privada (SPS) y miembro del comité de empresa de Prosegur. “La cantidad de bajas laborales – por agresiones y depresiones- que hay entre los vigilantes de los transportes públicos de Barcelona es una barbaridad”, asegura.
Los vigilantes reclaman más efectivos en el metro
Como posible solución al problema los sindicatos exigen aumentar los efectivos de vigilancia en el subsuelo urbano de Barcelona, donde se produce la mayor concentración de incidencias en materia de seguridad en los transportes públicos del área metropolitana. “Sólo hay un 25% de los guardias de seguridad de los que debería de haber”, se lamenta el responsable sectorial de seguridad privadad de Comisiones Obreras (CC.OO), José Antonio Roldán. La reducida plantilla fuerza cada vez más al personal a patrullar en solitario. “He visto compañeros ir solos en un vagón y tenerse que enfrentar sin efectivos de refuerzo al delincuente de turno”, comenta. Fuentes del comité de empresa de Prosegur también critican el hecho de que se hayan incrementado “los agentes únicos”, lo que “genera más conflicto porque éstos no pueden plantar cara a un grupo numeroso de personas”. En esta línea, la USOC reclama aumentar “el número de unidades caninas” y que se suprima “el patrullaje en solitario”.
Por su parte, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) asegura que no puede facilitar el número de vigilantes de seguridad del metro porque las cifras fluctúan diariamente en función de las festividades y los eventos que acoja la ciudad y porque contrata los servicios “por horas”.
Los sinsabores de ir a la caza del carterista
En el supuesto de que el vigilante coja al ladrón ‘in fraganti’, lo retendrá hasta que lleguen los Mossos d’Esquadra para identificarlo, pero si éstos ven que no tiene antecedentes ni ningún juzgado lo reclama por un caso pendiente, lo dejan en libertad. El personal de seguridad se siente impotente delante de esta situación. Por eso, el sector comparte la reclamación de un cambio legislativo que facilite el encarcelamiento o la expulsión de las bandas organizadas en caso de que sus miembros sean reincidentes. Pero las modificaciones normativas que piden los vigilantes no acaban aquí. También se sienten indefensos porque la ley no les considera con “carácter de agentes de la autoridad”, lo cual marca una diferencia notable con respecto a los cuerpos policiales. Si un usuario del metro atenta contra un vigilante se le puede atribuir una falta o un delito por lesiones – dependiendo de si la lesión requiere o no un seguimiento médico superior al día- , mientras que si se trata de un agente, el atacante también es acusado de un delito de atentado y desobediencia contra la autoridad.
“Difícilmente puedes ofrecer seguridad si tú mismo no la tienes”, comenta el responsable sectorial de seguridad privada de CC.OO. Los vigilantes reivindican un cambio de la Ley 23/1992, de 30 de junio, de Seguridad Privada, para que incluya el carácter de agente de la autoridad en el desempeño de las funciones de vigilante. El sector ha acogido positivamente la ley Ómnibus que debatirá en breve el parlamento catalán, porque la norma reconoce a estos trabajadores la condición de agentes de la autoridad como colaboradores de los cuerpos de policía de Catalunya cuando presten servicio en infraestructuras de transporte público.
La secuencia hasta las acometidas siempre suele ser la misma. En un primer momento, intentan escapar por todos los medios de ser retenidos por el personal de seguridad, pero frustrado este objetivo, no dudan en sacar una navaja, un puño americano o un machete. “Los carteristas siempre son los mismos porque no van a la cárcel ni se les expulsa. Es lógico. Si les cortamos el paso cada vez que quieren entrar, al final acaban enfrentándose a nosotros, agrediéndonos porque piensan que les estamos fastidiando su trabajo”, explica Iglesias. La mayoría son bandas organizadas, algunas de ellas muy peligrosas. La batalla a la que se enfrentan cada día estos trabajadores está haciendo mella en su salud y su resistencia psíquica, según denuncia Ignacio Arroyo, secretario de organización del Sindicato Profesional de Seguridad Privada (SPS) y miembro del comité de empresa de Prosegur. “La cantidad de bajas laborales – por agresiones y depresiones- que hay entre los vigilantes de los transportes públicos de Barcelona es una barbaridad”, asegura.
Los vigilantes reclaman más efectivos en el metro
Como posible solución al problema los sindicatos exigen aumentar los efectivos de vigilancia en el subsuelo urbano de Barcelona, donde se produce la mayor concentración de incidencias en materia de seguridad en los transportes públicos del área metropolitana. “Sólo hay un 25% de los guardias de seguridad de los que debería de haber”, se lamenta el responsable sectorial de seguridad privadad de Comisiones Obreras (CC.OO), José Antonio Roldán. La reducida plantilla fuerza cada vez más al personal a patrullar en solitario. “He visto compañeros ir solos en un vagón y tenerse que enfrentar sin efectivos de refuerzo al delincuente de turno”, comenta. Fuentes del comité de empresa de Prosegur también critican el hecho de que se hayan incrementado “los agentes únicos”, lo que “genera más conflicto porque éstos no pueden plantar cara a un grupo numeroso de personas”. En esta línea, la USOC reclama aumentar “el número de unidades caninas” y que se suprima “el patrullaje en solitario”.
Por su parte, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) asegura que no puede facilitar el número de vigilantes de seguridad del metro porque las cifras fluctúan diariamente en función de las festividades y los eventos que acoja la ciudad y porque contrata los servicios “por horas”.
Los sinsabores de ir a la caza del carterista
En el supuesto de que el vigilante coja al ladrón ‘in fraganti’, lo retendrá hasta que lleguen los Mossos d’Esquadra para identificarlo, pero si éstos ven que no tiene antecedentes ni ningún juzgado lo reclama por un caso pendiente, lo dejan en libertad. El personal de seguridad se siente impotente delante de esta situación. Por eso, el sector comparte la reclamación de un cambio legislativo que facilite el encarcelamiento o la expulsión de las bandas organizadas en caso de que sus miembros sean reincidentes. Pero las modificaciones normativas que piden los vigilantes no acaban aquí. También se sienten indefensos porque la ley no les considera con “carácter de agentes de la autoridad”, lo cual marca una diferencia notable con respecto a los cuerpos policiales. Si un usuario del metro atenta contra un vigilante se le puede atribuir una falta o un delito por lesiones – dependiendo de si la lesión requiere o no un seguimiento médico superior al día- , mientras que si se trata de un agente, el atacante también es acusado de un delito de atentado y desobediencia contra la autoridad.
“Difícilmente puedes ofrecer seguridad si tú mismo no la tienes”, comenta el responsable sectorial de seguridad privada de CC.OO. Los vigilantes reivindican un cambio de la Ley 23/1992, de 30 de junio, de Seguridad Privada, para que incluya el carácter de agente de la autoridad en el desempeño de las funciones de vigilante. El sector ha acogido positivamente la ley Ómnibus que debatirá en breve el parlamento catalán, porque la norma reconoce a estos trabajadores la condición de agentes de la autoridad como colaboradores de los cuerpos de policía de Catalunya cuando presten servicio en infraestructuras de transporte público.
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