Constituida de la Comisión Regional de Seguridad Privada de Castilla-La Mancha.


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El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, ha presidido esta mañana la constitución de la Comisión Regional de Seguridad Privada de Castilla-La Mancha.

Entre las funciones de la Comisión Regional de Seguridad Privada estará la coordinación de las actividades de la seguridad privada, como asesorar al Ministerio del Interior sobre criterios generales de aplicación, desarrollo y coordinación de carácter complementario de la normativa vigente sobre seguridad privada, proponer criterios de homogeneización de actuaciones administrativas cuando sean precisos, intercambiar experiencias de los distintos sectores representados en la Comisión, o informar sobre las circunstancias o criterios a tener en cuenta para la concreción de las medidas de seguridad a las que se refiere el Reglamento de Seguridad Privada.

A la Comisión han asistido el Jefe Superior de Policía de Castilla-La Mancha, Juan Carlos Ortiz, el General Jefe de la 2ª Zona de la Guardia Civil, Alfredo González, el director de Protección Ciudadana de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Antonio Puerto, el secretario de la Federación de Municipios y Provincias, Fermín J. Cerdán y representantes del sector empresarial y de los agentes sociales de Castilla-La Mancha.

Día de la Seguridad privada.


Comparecencia del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados

El secretario de Estado de Seguridad entrega 65 menciones honoríficas a trabajadores de la seguridad privada.

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha hecho entrega hoy con motivo del Día de la Seguridad Privada, de las menciones honoríficas categoría A a 65 trabajadores de la seguridad privada que gracias a su cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han contribuido a la mejora de la seguridad ciudadana, ha manifestado Martínez.

Francisco Martínez ha señalado que estas menciones se conceden desde el año 2011, año en que se reguló su concesión, y se otorgan por acciones especialmente peligrosas o penosas, por acciones con trascendencia social o que denoten iniciativa profesional.

El secretario de Estado de Seguridad ha destacado el buen entendimiento que sobre el terreno existe entre policías, guardias y empleados de la seguridad privada y ha señalado que es fundamental que exista esta cooperación entre la seguridad pública y privada, siendo ésta última complemento de la labor que realizan nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha afirmado Martínez. En esta línea, ha insistido también en la necesidad de que los ciudadanos sean corresponsables de su propia seguridad ya que su seguridad dependerá también de las medidas que adopten para evitar ser víctimas de un delito.

Durante este acto, que ha tenido lugar en la Escuela Nacional de Protección Civil en Madrid, el secretario de Estado de Seguridad ha agradecido la labor de los más de 88.000 vigilantes de seguridad que están en activo en nuestro país, los cerca de 4.500 escoltas, los 1.200 vigilantes de explosivos y los 400 jefes de seguridad sin los que la actividad de los centros comerciales, bancos o comercios sería prácticamente imposible, ha afirmado Martínez.

Entre los trabajadores que han recibido esta distinción, el secretario de Estado de Seguridad ha mencionado la actuación de un vigilante de seguridad que facilitó la labor policial para liberar a un niño que fue secuestrado durante el robo de un vehículo. Además, Martínez ha recordado el trabajo de otros dos vigilantes que salvaron a una persona que había sufrido un derrame cerebral aplicándole los primeros auxilios hasta que acudió la ambulancia.


Rosa Romero (Alcaldesa de Ciudad Real) reconoce la labor que la seguridad privada realiza en la defensa de los derechos y libertades y la seguridad ciudadana.

La alcaldesa de Ciudad Real ha asistido al acto de entrega de diplomas con motivo de la celebración del Día de la Seguridad Privada organizado por la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

Rosa Romero destacaba que este día, “es un reconocimiento a la labor que este colectivo realiza como auxiliar y colaborador de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado en pro de la defensa de nuestros derechos y libertades y de la seguridad ciudadana”.

“En esta trascendental tarea que la Guardia Civil y la Policía Local tienen , y que realizan desde la excelente profesionalidad de sus agentes para garantizar la tranquilidad, la convivencia en paz y la seguridad de los españoles, estos cuerpos , cuentan con la ayuda del colectivo de seguridad privada que también contribuye a ello”, ha expresado la alcaldesa.

La primer edil recordaba, que el pasado mes de marzo, el Congreso de los Diputados dio el visto bueno a la nueva Ley de Seguridad, que amplía las competencias de los vigilantes y les habilita para nuevas funciones, complementando la acción policial, y que los agentes de seguridad privada, gozan también del respaldo constitucional y de la valoración por parte de la sociedad española.

Romero destacaba igualmente, que el Ayuntamiento de Ciudad Real “ha confiado la seguridad de los centros sociales de la capital y de la Casa Consistorial a la seguridad privada, lo que nos ha permitido destinar a los agentes de la Policía Local que antes se ocupaban de estas tareas a patrullar y vigilar las calles” y subrayaba “la buena sintonía, coordinación y estrecha colaboración de la Policía Local con los agentes de seguridad privada en eventos que tienen lugar en la ciudad o la labor que desempeñan en la vigilancia de la estación del AVE”, de hecho, la alcaldesa hacía referencia a que el Reglamento de distinciones de la Policía Local de Ciudad Real reconoce explícitamente la labor de la seguridad privada con una mención honorífica.

La primer edil agradecía “el trabajo que en pro de la seguridad ciudadana y el bienestar de nuestros vecinos realizan los agentes de seguridad privada que realizan su labor en la capital”.


Menciones honoríficas al 'Día de la Seguridad Privada' en Granada.


Como cada año, y en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, se hecho entrega en el salón de actos, de lasMenciones Honoríficas a los servicios prestados y colaborados con el Cuerpo Nacional de Policía de Granada, a los vigilantes, personal y empresas de seguridad privada, actos enmarcados en el ‘Día de la Seguridad Privada‘, instituido el pasado día 21 de mayo de 2013 por la Dirección General de la Policía.

El acto estuvo presidido por el Subdelegado del Gobierno en Granada don Santiago Pérez López, y junto a él haciendo entrega de los diplomas el Comisario Jefe Provincial don Fernando Martín Ibarra, Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada don Manuel Llamas, Comisaría Jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana don Julio Ros y el Inspector Jefe, Jefe de la Sección de Seguridad Ciudadana don Pedro del Corral.

El evento fue organizado por la Unidad de Seguridad Privada en colaboración con la Oficina de Prensa y Relaciones Informativas de esta Comisaría Provincial de Granada, quienes reunieron en la sede de la Jefatura a las diferentes empresas de seguridad privada y a su personal para concederles las menciones y homenajes a que se han hecho acreedores. Dio la bienvenida el Comisario Jefe Provincial, quien hizo una semblanza de la importancia del sector en la contribución a la seguridad pública.

Por parte de las autoridades y mandos del Cuerpo Nacional de Policía deGranada, se procedió a realizar la entrega de los diplomas a los homenajeados, siendo un total de casi 46 personas, entre vigilantes y personal que trabajan para las Empresas de Seguridad, de Categoría A y B. Posteriormente el presidente de Aproser en Andalucía, Miguel Sánchez, tomó la palabra para agradecer al personal de seguridad privada y a los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la excelente relación existente que sin duda contribuye a la mejora de la seguridad en la sociedad.

Clausuró el acto el Subdelegado del Gobierno, mencionando unas palabras de agradecimiento a todos los asistentes de allí presentes, manifestando la importante labor profesional que los vigilantes, personal y empresas de Seguridad Privada estaban realizando. Asimismo, hizo referencia a la colaboración tan necesaria que prestan al Cuerpo Nacional de Policía deGranada en la prevención y lucha contra la delincuencia. En esa felicitación pública, animó a los homenajeados a que siguieran en esa línea de servicio que llevan a cabo para conseguir una provincia más segura y libre.

Seguridad pública y privada

Con la entrada en vigor de la nueva ley de Seguridad Privada dentro de 15 días la seguridad pública y privada afronta nuevos retos en materia de colaboración. Hay que destacar el importante papel de la seguridad privada en Granada, que se ha convertido en una pieza fundamental no sólo por su aportación a la seguridad de todos los ciudadanos sino también como motor de la economía.

Actualmente existen a nivel nacional casi 1.500 empresas de seguridad y despachos de detectives autorizados, 988 centros de formación y 560 departamentos de seguridad. En total hay más de 297.000 habilitaciones de personal que incluyen vigilantes de seguridad, vigilantes explosivos, escoltas privados, jefes de seguridad, directores de seguridad, detectives o guardas.

Celebración del VIII Día de Seguridad Privada en Extremadura

Vídeo del acto de celebración del VIII Día de Seguridad Privada en el Hotel 'Las Lomas' en Mérida (Badajoz), que ha contado con la asistencia del delegado del Gobierno en Extremadura, Germán López Iglesias.


El Día de la Seguridad Privada se premia a 31 personas en Guadalajara.
Todos los distinguidos con los jefes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Guadalajara.

Con motivo de la celebración del Día de la Seguridad Privada, en Guadalajara se ha llevado a cabo la entrega de 31 diplomas en el Salón de Actos de la Caja Rural. El acto ha estado presidido por el Subdelegado del Gobierno, que ha destacado que en la provincia trabajan unos 500 agentes de seguridad privada y que existe una gran colaboración entre estos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Al acto también asistían el Comisario Jefe del Cuerpo Nacional de Policía, Francisco Trallero; el Tte. Coronel de la Guardia Civil, Jefe de la Comandancia de Guadalajara, Pascual Luis Segura; la Fiscal Jefe de la Audiencia Provincia de Guadalajara, María Dolores Guiard; el inspector Jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana, José Arroyo y la Comandante Jefa de personal y operaciones de la Guardia Civil, Cristina Moreno. 

Este año, los diplomas son a propuesta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que han decidido entregar 31 Menciones Honoríficas por su colaboración y distinción en la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al siguiente personal de seguridad privada:

Juan Carlos Álvarez, José Fermín Caro, David Conde, Valentín Espadero, Javier Fernández, Ángel Ramón Fernández, Juan Carlos Galán, Jesús Ángel García, Lorenzo Gil, Esteban González, Marco Antonio Manzano, José María Marchante, Daniel Marinov, Guillermo Martín, Francisco Antonio Martín, Fernando Martínez, Juan Ángel Moya, Gregorio Moya, Melitón Navalón, Carlos Olaya, Pilar Palancar, José Pablo Pérez, Francisco Javier Pérez, Antonio Romero, Ángel Sánchez, Jesús Sanz, José Luis Serrano, José Antonio Silva y Antonio Vázquez.

Tras la entrega de las menciones, la fiscal jefe intervenía y destacaba la importancia que tiene la seguridad privada en el mantenimiento de la seguridad en conjunto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Detallaba también que la nueva legislación al respecto de este área será fundamental para su regulación.

"El 5 de junio entra en vigor esta Ley que hace una regulación conjunta de la seguridad privada y le atribuye un fundamental papel para la salvaguarda de este fundamental valor para la sociedad española. La actual regulación es más sistemática, más redonda, y se reconoce el papel que de hecho ya está haciendo la seguridad privada en todos los ámbitos de la sociedad" manifestaba.

Declaraba Guiard que "se trata de dotar de un marco jurídico adecuado para que todo sepamos en qué ámbito nos movemos y la subordinación que se deben unos cuerpos a otros". Tras su intervención, tomaba la palabra el subdelegado de Gobierno que destacó que en este día lo que se trata de hacer es reconocer el trabajo del personal de seguridad privada.

"Hacen un trabajo sacrificado y profesional y queríamos reconocérselo" declaraba. Juan Pablo Sánchez recalcaba que existe una gran colaboración entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las empresas de seguridad privada.

"Con la nueva Ley lo que se pretende es mejorar e incrementar la colaboración entre la seguridad pública y privada, siempre bajo el control de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La Ley avanza también en la garantía jurídica de los vigilantes jurados, para frenar el intrusismo en este sector" detallaba el subdelegado de Gobierno.

Recordó que la anterior Ley se aprobó en 1992 y que, "aunque era una buena ley, ya era momento de cambiarla, para mejorarla y, la prueba de que era necesario es que ha sido muy bien recibida por el sector" afirmó.

Sánchez destacó como datos significativos referidos al sector, que la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía lleva expedidas unas 250.000 habilitaciones en toda España al personal de seguridad privada (vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, escoltas privados, directores y jefes de seguridad), correspondiendo la expedición de las habilitaciones de los guardias particulares del campo y los guardias de caza a la Dirección General de la Guardia Civil.

En la provincia de Guadalajara, prestan servicio de vigilancia y protección, unos 500 vigilantes de seguridad y 20 guardas de campo. Todos están integrados en sus respectivas empresas: Prosegur, Vasbe, Eulen Seguridad, Securitas Seguridad España, Falcón Seguridad, CSI Cassesa, Vinsa, Segurisa, Ombuds, Halcón Seguridad, Resator, Seguridad Integral Canaria, Huecar Seguridad, Segur Ibérica y otras.

De estas, tienen sede en Guadalajara: Prosegur, Eulen y Securitas Seguridad España. También, trabajan en la provincia empresas de seguridad dedicadas a la instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad como SDC y Seamp.

El acto concluía con un pequeño piscolabis y las protocolarias fotos de grupo de los distintos distinguidos.

Día de la Seguridad Privada en Huelva.

El subdelegado del Gobierno en Huelva, Enrique Pérez Viguera, ha destacado hoy que la nueva Ley de Seguridad Privada que entrará en vigor el próximo 5 de junio “refuerza la prevención y la protección de los ciudadanos”, al tiempo que “permitirá consolidad un sector económico que da empleo a 1.200 personas en una treintena de empresas asentadas en la provincia de Huelva”.

Pérez Viguera ha realizado estas afirmaciones durante el acto de celebración del IV Día de la Seguridad Privada en Huelva que se ha llevado a cabo en la sede de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) y en el que se ha hecho entrega de 14 menciones honoríficas a vigilantes de seguridad en reconocimiento a su trayectoria profesional, su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) o por haber protagonizado una actuación especialmente destacada.

El subdelegado, quien ha presidido este acto, ha estado acompañado por el comisario de la Policía Nacional, Antonio Placer; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil; Ezequiel Romero; el presidente de la FOE, Antonio Ponce; el presidente de la Federación Andaluza de Empresas de Seguridad, Enrique López; y el representante de Aproser en Huelva, Luis Rojas.
El subdelegado ha remarcado que la nueva Ley de Seguridad Privada aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado mes de marzo, “dará cobertura legal a servicios que de hecho ya prestan las empresas del sector, combatirá con más fuerza el intrusismo y abre nuevas vías de cooperación y coordinación entre la seguridad pública y privada”.

El subdelegado ha puesto de ejemplo de “colaboración eficaz” entre las FCSE y la seguridad privada la lucha diaria contra los hurtos en tiendas y centros comerciales de la capital onubense, servicio que se ha intensificado a raíz de la puesta en marcha en julio del año pasado del Equipo de Hurtos de la Comisaría Provincial.

“A día de hoy, cuando ni siquiera se ha cumplido un año de la puesta en marcha de este operativo de la Policía Nacional, los hurtos han bajado un 14,6% en la ciudad de Huelva, lo que supone 150 hurtos menos que en el mismo periodo de 2013”, ha subrayado Pérez Viguera.

Seguridad integral

El comisario del Cuerpo Nacional de Policía, por su parte, ha recalcado que la nueva normativa que regula la Seguridad Privada “profesionaliza más el sector, permite adaptarse a un entorno cada vez más globalizado y acomete la necesidad de contemplar cambios ante la tendencia a la integración de las distintas seguridades en un concepto de seguridad integral”.

En el mismo sentido se ha referido el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Ezequiel Romero, quien se ha comprometido a intensificar los contactos y reuniones de coordinación con las empresas del sector.

El anfitrión del acto, el presidente de la FOE, ha incidido en la necesidad de disponer de un marco de seguridad y ha apostado por la máxima cooperación entre los sectores públicos y privados “para dar las respuestas correctas”.

“En las sociedades democráticas, es imprescindible crear un marco de seguridad en todos los ámbitos y especialmente en aquellos que tienen que ver con determinadas actividades empresariales, ya que de ello depende en una medida muy importante la visión que de Huelva se pueda tener dentro y fuera”, ha subrayado Antonio Ponce.

Reconocimiento

El Día de la Seguridad Privada ha tenido como eje central la entrega de 14 menciones honoríficas a miembros del sector de la seguridad privada en Huelva en reconocimiento a su labor profesional, por su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o por haber protagonizado actuaciones de especial relevancia. También ha sido galardonado el subteniente de la Guardia Civil José Antonio Hernández Calero.

El subdelegado, por último, ha valorado el trabajo que desempeñan los profesionales de la seguridad privada, “una labor de marcado carácter preventivo y disuasorio y que en la mayoría de los casos es invisible y silenciosa ante los ciudadanos”.



Mérida acoge la celebración del Día de la Seguridad Privada.

El alcalde, Pedro Acedo, ha asistido hoy al Día de la Seguridad Privada en Extremadura; un acto que ha estado presidido por el delegado del Gobierno en la región, Germán López Iglesias.

En su intervención, Acedo ha destacado “la importancia del sector se refleja en las casi 1.500 empresas de seguridad privada que hay en España. El sector en Extremadura engloba a 20 empresas y cuenta con un capital humano de 2.000 personas, 1.250 de ellas vigilantes de seguridad y el resto personal de centros de formación, detectives privados, personal administrativo y directivo”.

“El Día de la Seguridad Privada en Extremadura se celebra en la capital autonómica por tercera vez; ya lo hizo en 2005 y 2010 y, en el acto de hoy, queremos homenajear a los hombres y mujeres que trabajan en este sector, y destacar su importancia como colaboradores que son de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”.

En este acto se han entregado varias menciones honoríficas que la Jefatura Superior de Policía en Extremadura ha decidido conceder a trabajadores de empresas de seguridad privada que han tenido un comportamiento meritorio a lo largo del pasado año. Con estas entregas se quiere poner de manifiesto también la colaboración intensa que hay con la seguridad pública, en el mismo objetivo de garantizar la protección y seguridad ciudadana.


Burgos

La nueva Ley de Seguridad Privada tiene “luces y sombras”, pero desde el sector se recibe con gran satisfacción dado que supone reconocer el trabajo complementario, que no sustitutivo, que realizan las empresas de seguridad privada. No se trata de privatizar la seguridad, puesto que sigue siendo responsabilidad exclusiva de los Cuerpos y Fuerzas del Estado, sino de potenciar la coordinación y colaboración con este sector empresarial, completamente implicado en la sociedad. Así lo ha explicado Alfonso Tapia, presidente del colectivo en Burgos, durante la celebración del Día de la Seguridad Privada.

Entre los aspectos más positivos de la nueva normativa, que viene a sustituir a la legislación de 1992, se encuentra una mayor concreción en la distribución de competencias, así como la lucha contra el intrusismo profesional y el fraude empresarial. Tapia ha recordado que, de acuerdo con el texto aprobado, se prohíbe la entrada en el sector a personas condenadas por delitos fiscales o contra la Seguridad Social, al mismo tiempo que se potencia perseguir a todas aquellas empresas que defraudan, no respetan los derechos de los trabajadores y suponen una competencia desleal para las que sí cumplen con la ley.
Más ambición

A pesar de esas “luces”, la Ley de Seguridad Privada presenta también algunas “sombras”. Alfonso Tapia considera que, la “madurez y profesionalidad del sector” hacen posible plantearse nuevas y más ambiciosas tareas y funciones. En estos momentos, la seguridad privada actúa principalmente en la protección de entidades financieras, joyerías, estaciones de servicio, empresas, grupos industriales, tanto en el medio rural como en el urbano. En la provincia, se cuenta con alrededor de 800 trabajadores, directos e indirectos.

La colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado es muy fluida. El pasado año se desarrollaron más de 360 actuaciones conjuntas, según los datos ofrecidos por el subdelegado del Gobierno en Burgos. José María Arribas ha recordado que existen varias líneas de colaboración: Red Azul, con Policía Nacional, y Plan Coopera, con Guardia Civil. Este Día de la Seguridad Privada sirve para reconocer el trabajo que realiza el sector, sensibilizando a la ciudadanía sobre su utilidad social y su contribución a la seguridad. Además, se han entregado las menciones honoríficas y los reconocimientos a vigilantes de seguridad que han destacado por su trabajo en los últimos dos años.



Detenido un segundo hombre por agredir a vigilantes de seguridad del Metro de Madrid.

La Policía Nacional ha detenido al segundo hombre que presuntamente agredió el pasado sábado a tres vigilantes de Metro de Madrid después de que los ahora arrestados, vestidos con camisetas del Atlético de Madrid, entraran en el suburbano sin pagar.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía, este hombre fue localizado unas horas después del suceso, la mañana del domingo, y ha pasado ya a disposición judicial, al igual que el primer detenido.

Ambos están acusados de un delito de lesiones. Son españoles, de 25 y 32 años y carecen de antecedentes policiales.

El suceso tuvo lugar el sábado a las 21.22 horas, minutos después de que el Atlético se alzase con el título de la Liga de fútbol en el partido contra el Barcelona, cuando un grupo de entre 15 y 20 personas con camisetas del club madrileño se saltó sin pagar los tornos de la estación de Metro de Pirámides.

Uno de los agresores fue detenido por la Policía Nacional a su llegada al lugar del suceso y el otro logró huir.

La Policía Nacional de Madrid informó ayer de que uno de los vigilantes de seguridad sufrió un corte en la oreja por el que recibió 20 puntos de sutura; otro, con una posible fractura en el tabique nasal, recibió un pequeño corte en el ojo derecho, mientras que el tercero tiene contusiones por todo el cuerpo.

Fuentes de Metro de Madrid señalaron que los tres fueron trasladados al Hospital Doce de Octubre, donde fueron dados de alta poco después.

Casi 300.000 trabajadores de seguridad privada habilitados en 1.500 empresas.



Casi 300.000 personas, entre vigilantes de seguridad, escoltas, detectives y directivos, están habilitados en las cerca de 1.500 empresas de seguridad privada, un sector que mañana celebra su día con el estreno de una nueva ley que entrará en vigor en quince días.

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha inaugurado hoy la reunión anual de la Comisión Nacional de Seguridad Privada, en la que algo más de medio centenar de participantes han debatido sobre la implantación de la administración electrónica y el plan RED AZUL de colaboración entre el sector y la Policía Nacional.

Una iniciativa, a la que ya están adheridas más de 600 empresas, que ha permitido el incremento en un 83 por ciento en esa cooperación, según ha resaltado Cosidó.

A su juicio, la seguridad privada se ha convertido en una "pieza fundamental" en España y en un "motor" de su economía, ya que cuenta con casi 1.500 empresas, 988 centros de formación y 560 departamentos de seguridad.

La Policía Nacional tiene la competencia de la inspección y control sobre estas empresas y ha impuesto en el último año 723 sanciones, con un incremento del 96 por ciento sobre el ejercicio anterior y relacionadas con el intrusismo empresarial y laboral y comunicados de falsas alarmas.

El director de la Policía, Ignacio Cosidó, inaugura la reunión anual de la Comisión Nacional de Seguridad Privada.

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha inaugurado hoy la reunión anual de la Comisión Nacional de Seguridad Privada, órgano consultivo que él preside y que está adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad. A este encuentro, desarrollado en el Complejo Policial de Canillas, han asistido algo más de medio centenar de representantes de la Administración, tanto estatal como autonómica, y del sector de la seguridad privada. El director de la Policía ha destacado el importante papel de la seguridad privada en España, que se ha convertido en una pieza fundamental no sólo por su aportación a la seguridad de todos los ciudadanos sino también como motor de la economía. Cosidó ha señalado que "la seguridad pública y privada afrontan nuevos retos en materia de colaboración" con la entrada en vigor de la nueva ley de Seguridad Privada dentro de 15 días. Precisamente esta reunión ha abordado la reforma normativa necesaria tras el desarrollo reglamentario de la nueva ley.

Mejora y eficiencia de la seguridad pública

Los asistentes a esta reunión anual de la Comisión han analizado también la puesta en marcha de la segunda fase del Plan Estratégico SEGURPRI, que comprende el periodo 2014-2015 y cuyos objetivos son la completa implantación de la Administración Electrónica, el aumento de la colaboración nacional e internacional y el Programa Reforma sobre el marco normativo. Objetivos que promueven la modernización e impulsan la eficiencia y el ahorro.

Otra de las iniciativas conjuntas que inciden en una mejora y eficiencia de la seguridad pública es el denominado Plan RED AZUL, al que ya se han adherido más de 600 empresas, y que ha favorecido el incremento en un 83% de la colaboración del sector privado con la Policía Nacional durante el pasado año.

Actualmente existen casi 1.500 empresas de seguridad y despachos de detectives autorizados, 988 centros de formación y 560 departamentos de seguridad. En total hay más de 297.000 habilitaciones de personal que incluyen vigilantes de seguridad, vigilantes explosivos, escoltas privados, jefes de seguridad, directores de seguridad, detectives o guardas.

Durante este encuentro se han analizado también las inspecciones realizadas en el sector de la seguridad privada por parte de la Policía Nacional. Estas inspecciones se han incrementado en un 96% durante el pasado año y han motivado la imposición de 723 sanciones, la mayoría por intrusismo empresarial y laboral y comunicados de falsas alarmas. En esta reunión, la Comisión Nacional de Seguridad Privada ha apostado también por reforzar la estrategia de lucha contra el intrusismo intensificando las inspecciones a través del nuevo Plan Nacional.

Día de la Seguridad Privada

Precisamente mañana se celebra el Día de la Seguridad Privada, con actos en distintas provincias, en el que se entregarán menciones honoríficas a miembros de la seguridad privada que han sobresalido en el cumplimiento de sus funciones y por su especial colaboración con la Policía Nacional.

Prisión para un joven por darle una brutal paliza a otro en la plaza de Armas. Fue retenido por un vigilante de seguridad hasta la llegada de la policia.

Dos años de cárcel y una indemnización de 1.348 euros por una brutal paliza. Eso es lo que le cayó a D.J.E, un joven de 23 años condenado por un delito de lesiones utilizando métodos o formas concretamente peligrosas. Este es el castigo por los hechos acaecidos en abril del 2011. El condenado caminaba acompañado de otros tres jóvenes por la calle Tierra en dirección a la plaza de Armas, cuando decidieron increpar e insultar a una pareja que, viendo la que se avecinaba, aceleró el paso.

Pero lejos de dejarles tranquilos les siguieron, y uno de los individuos les lanzó un casco de cristal que afortunadamente no les alcanzó. El joven de la pareja les recriminó tal acción, la excusa perfecta para abalanzarse sobre él y comenzar a golpearle con patadas y puñetazos hasta derribarle.

Estando ya en el suelo y tras haber perdido el conocimiento, los tres continuaron propinándole golpes mientras su novia intentaba apartarles. Pero por las inmediaciones se encontraba un vigilante de seguridad, que acudió al lugar tras oír voces y retuvo al agresor y a uno de sus acompañantes menor de edad.

Tras esposarle dada su extrema violencia, puso los hechos en conocimiento del Cuerpo Nacional de Policía. Además de una fractura y diversas heridas, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico y le quedó como secuela una ligera desviación del tabique nasal.

Identifican a empleados de Miguel Ángel Ramírez (Seguridad Integral Canaria y Grupo Ralons) acusados de agredir a jóvenes sindicalistas.


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El pasado 30 de marzo, dos jóvenes sindicalistas integrados en los Comités de Unidad Obrera (CUOs) de Gran Canaria denunciaban que habían sido "amenazados y agredidos físicamente" por dos empleados de seguridad de Miguel Ángel Ramírez. 

El presidente de Seguridad Integral Canaria, el Grupo Ralons y la Unión Deportiva Las Palmas al que el Gobierno central libraba, concediéndole un indulto, de una condena a tres años y un día de cárcel que le había sido impuesta por un delito contra la ordenación del territorio.

Acusado durante años por trabajadores y sindicatos de vulnerar la Ley de Seguridad Privada, quebrantar la legislación laboral o cometer presuntos fraudes, Ramírez se encuentra actualmente imputado por dos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, a las que -según el sindicato FSP-USO- podría haber defraudado hasta 40 millones de euros.

Con el objeto de denunciar estas prácticas y los "abusos laborales" denunciados en las empresas de Miguel Ángel Ramírez los dos jóvenes miembros de los CUO repartían octavillas en las inmediaciones del Estadio de Gran Canaria, el mencionado día, cuando -según refieren- fueron agredidos por dos fornidos "hombres del presidente".

Tras presentar una denuncia ante la Policía Nacional, los denunciantes han sido informados por los propios trabajadores de Seguridad Integral Canaria de la identidad de los presuntos agresores, a los que fotografiaron en el momento en el que se produjo el altercado. 

"Los agresores - afirman en su página web - son Gilberto Alvarado Castellano y Manuel Farías Barrios. Se trata - indican en la citada fuente - "de dos empleados de Miguel Ángel Ramírez, y por el puesto que ocupa el primero de ellos en la empresa se confirma que los dos elementos fueron enviados por este empresario explotador de la clase obrera".

De acuerdo a las informaciones recogidas por los afectados y publicadas en Unidad-Obrera,Gilberto Alvarado - el hombre que aparece a la derecha de la imagen que encabeza esta nota informativa - sería un jefe de Servicio de Seguridad Integral Canaria y miembro del de empresa de esta compañía. "Es - afirman desde los CUO de Gran Canaria - el ejemplo más evidente del perfil que existe dentro de este comité de empresa y clarifica los intereses por los que trabaja el mismo".

El otro presunto agresor ha sido identificado como Manuel Farías Barrios. "En este caso - dicen los denunciantes - se trata de un simple vigilante de seguridad sin mayores responsabilidades en el organigrama de la empresa de Miguel Ángel Ramírez".

Los miembros de los CUO de Gran Canaria "han agradecido" a los trabajadores de SIC la identificación de los dos acusados de la agresión, apuntando al respecto que "la lucha frente alcacique Ramírez solo se puede librar con la constancia y el trabajo de todos y todas a la hora de denunciar sus prácticas abusivas y delictivas".

"Redoblaremos nuestro esfuerzo en nuestra tarea de denuncia de las prácticas de Miguel Ángel Ramírez y de apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Seguridad Integral Canaria hasta que dicho explotador no ceje en el abuso que ejerce sobre sus trabajadores y trabajadoras" -concluyen desde este colectivo.

Mil policías, 130 efectivos del Samur y seguridad privada vigilarán las celebraciones de la final de la champions.

Un total de 700 policías nacionales, 300 policías municipales, 130 efectivos del Samur-Protección Civil y decenas de trabajadores de seguridad privada del Real Madrid y del Atlético vigilarán las celebraciones programadas por el ganador de la Liga europea de Campeones.

Así lo han dispuesto en una reciente reunión celebrada en la Delegación del Gobierno en Madrid, en la que han participado mandos de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Madrid, de la Guardia Civil y del Ayuntamiento, han informado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Cristina Cifuentes.

El dispositivo de la Policía Nacional estará formado por un número importante de agentes agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), así como funcionarios de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Unidad de Caballería, motocicletas y guías caninos.

Los agentes nacionales, junto con los agentes municipales y los efectivos del Samur se desplegarán en los entornos exteriores de ambos estadios, que abrirán sus puertas en la tarde del sábado para ver el partido, en las fuentes donde celebrar los triunfos ambos clubes una vez termines los encuentros y en los fastos oficiales de ambos equipos.

Además, unos 600 vigilantes de seguridad del Real Madrid trabajarán el sábado y 900 el domingo, si gana la Copa europea este equipo. Por su parte, el club rojiblanco podrán 300 guardias de seguridad.

Por su parte, la Guardia Civil intensificará la vigilancia en el aeropuerto de Barajas durante la llegada de los equipos.

Además, la Policía Nacional ha aumentado los efectivos de paisano que trabajan en la Brigada Móvil que opera en los trenes que unen Madrid y Lisboa en los momentos en los que viajan los aficionadas. Para evitar enfrentamientos, los aficionados del Real que viajen a la capital portuguesa saldrán de la estación ferroviaria de Chamartín y los del Atlético desde la de Atocha.

Los jugadores y el resto de los directivos de los clubes futbolísticos viajarán acompañados hasta Lisboa por cinco agentes de la Policía Nacional que, junto a los jefes de seguridad de los equipos, vigilarán la seguridad y coordinarán los temas de seguridad con la policía portuguesa en el caso de que hubiera algún disturbio o detenido español.

La Policía lusa, por su parte, ha preparado también un importante dispositivo de seguridad en la ciudad, que será especialmente visible en el estadio y en el Metro. Y también en el entrono del parque Eduardo VII, donde se concentrarán los 'vikingos' y en la plaza del Rossío, donde estarán los madridistas.

Madrid semanal Digital nº 343, 20 de mayo de 2014.

En este número 343, las noticias más destacadas son “La Inspección de Trabajo levanta acta de infracción contra Coca-Cola”; “CCOO e IU de Madrid coinciden en la necesidad de un cambio importante en las políticas actuales” y el editorial: “Huelgas vulneradas”:




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Convenio colectivo de Magasegur S.L.

 Resolución  de 6 de Mayo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica en el BOE de el Convenio colectivo de Magasegur, S.L.

El vigilante de seguridad acusado de guardar un arsenal en su casa evita la cárcel al admitir los hechos.

El vigilante acusado de tener en el barrio de Los Ángeles de Alicante uno de los mayores arsenales de armas intervenido en la ciudad aceptó una condena de dos años de prisión al admitir los hechos en el juicio celebrado ayer en la Audiencia Provincial.

La conformidad cerrada entre las defensas y el fiscal le evitará ir a la cárcel, al carecer de antecedentes penales y haber estado ya en prisión preventiva por estos hechos tras su arresto en mayo de 2009. Además, la Audiencia le prohibirá el llevar cualquier tipo de arma durante los próximos cinco años , mientras que las que integraban el arsenal han sido decomisadas. Otros dos acusados más, un hombre que medió para la venta de una de las pistolas y el comprador de ésta, aceptaron también una condena de seis meses cada uno y la prohibición de llevar armas durante dos años.

En total había sesenta armas cortas (pistolas y revólveres); 39 armas largas (rifles, subfusiles, escopetas, etc.); 38 armas blancas (katanas, sables, dagas), así como cajas con abundante munición de distintos calibres y fabricantes; y granadas, minas, obuses. La mayor parte de este material estaba inutilizado, ya que una de sus fuentes de procedencia eran las subastas de armas que celebra periódicamente la Guardia Civil. Otras se adquirían a coleccionistas. En el caso de las armas inutilizadas se podían poseer en el domicilio sin limitación de número; otras estaban operativas y requerían de permiso, pero eran antiguas y necesitaban un tipo de munición que ya no se fabrica. Sin embargo, algunas de ellas habían sido manipuladas para volver a poder a utilizarse de nuevo. De hecho, la Policía detectó la venta de una de estas armas a un particular.

Según fuentes cercanas al caso, la defensa del vigilante iba a plantear que sufría un tipo de síndrome de Diógenes, que le hacía coleccionar estas armas de manera compulsiva. Se había llegado a pedir la declaración de un perito para hablar de este supuesto trastorno del acusado. La Fiscalía consideraba que en cualquier caso estos supuestos trastornos no limitaban sus facultades, por lo que era perfectamente imputable por estos hechos.

Hasta el punto de que la rebaja de la pena solicitada no se ha debido a razones médicas, sino a los estudios de las armas. Inicialmente se le pedían siete años de cárcel por un delito de tenencia armas y municiones de guerra. Con la conformidad de ayer se quedó en un delito de tenencia ilícita de armas penado con dos años. Fuentes cercanas al caso explicaron que un subfusil intervenido sí podría ser considerado un arma de guerra, pero el calibre de la munición que utilizaba no lo era.

Un sindicato exige la dimisión del jefe de Seguridad de Metro-Madrid tras las ultimas agresiones a vigilantes de seguridad.

El sindicato ha exigido hoy la dimisión del director de Seguridad de Metro de Madrid al considerar que no reforzó en grado suficiente el dispositivo en la estación donde el pasado sábado un grupo de personas agredió a tres vigilantes.

La Policía Nacional ha detenido por el momento a dos varones de 25 y 32 años y sin antecedentes que presuntamente participaron en la agresión a tres vigilantes de Metro de Madrid del pasado sábado, después de que los ahora arrestados, vestidos con camisetas del Atlético de Madrid, entraran en el suburbano sin pagar.

El suceso tuvo lugar el sábado a las 21.22 horas, minutos después de que el Atlético se alzase con el título de la Liga de fútbol en el partido contra el Barcelona, cuando un grupo de entre 15 y 20 personas con camisetas del club madrileño se saltó sin pagar los tornos de la estación de Metro de Pirámides.

Uno de los vigilantes de seguridad sufrió un corte en la oreja por el que recibió 20 puntos de sutura; otro, con una posible fractura en el tabique nasal, recibió un pequeño corte en el ojo derecho, mientras que el tercero tiene contusiones por todo el cuerpo.

Los tres fueron trasladados al Hospital Doce de Octubre, donde fueron dados de alta poco después.

A raíz de este suceso, el sindicato ha recalcado que la responsabilidad de la seguridad de usuarios y trabajadores de Metro de Madrid corresponde al director de Seguridad de Metro, al que ha acusado de no prever que la estación de Pirámides, la más cercana al estadio Vicente Calderón, se llenaría de aficionados por la celebración de la victoria en Liga del Atlético de Madrid.

Además, el sindicato ha ligado este capítulo a la "reducción de la seguridad y la vigilancia" en la red del suburbano, que lleva a cabo en la línea 5 la empresa Seguridad Integral Canaria.

Según el sindicato, esta política de recorte deja a 1.000 vigilantes de metro "a merced de las agresiones".

El Gobierno privatizará la seguridad exterior de otras 42 cárceles, aunque no sabe el coste.

  • Ahora solo hay seguridad privada en 21 prisiones, un proyecto piloto que en nueve meses ha costado 7,3 millones de euros. 
  • En una reciente respuesta parlamentaria, el Gobierno anuncia que ampliará la vigilancia privada a todos los centros penitenciarios, excepto Cataluña. 
  • El objetivo es que vigilantes privados controlen la seguridad exterior, supervisados por un pequeño retén de la Guardia Civil. 
  • Los sindicatos critican la falta de transparencia total en este asunto, "que solo persigue dar negocio a las empresas privadas".
El Ministerio del Interior ha confirmado lo que ya estaba previsto: que privatizará la seguridad exterior de todas las cárceles españolas. Ahora, esta vigilancia privada solo funciona en 21 centros penitenciarios como proyecto piloto, en un sistema mixto en el que agentes privados refuerzan la labor de la Guardia Civil. Pero el pasado 24 de abril, en respuesta parlamentaria a la diputada socialista María del Puerto Gallego Arriola, el Gobierno anunció que "en la segunda fase se incorporarán los restantes centros penitenciarios". Hay 63 prisiones que dependen del Estado (las 14 de Cataluña dependen de la Generalitat), por lo que el Ejecutivo del PP tiene previsto llevar la vigilancia privada a los 42 centros que aún no la tienen. No hay fecha para la implantación de esta segunda fase. Tampoco se ha informado cuánto costará, ya que el Gobierno matiza que "no es posible en estos momentos cuantificar el coste que supondrán estos servicios". 

El Gobierno sí asegura que en los diez meses que lleva operativo el proyecto piloto este ha sido positivo, ya que "los servicios prestados han cumplido en su totalidad las condiciones establecidas en el contrato". Interior no puede dar información del informe de evaluación del plan piloto porque "está basado en datos operativos y afectan a la seguridad de los centros". José Ramón López, presidente del sindicato Acaip, critica la falta de transparencia que siempre ha rodeado este proceso de privatización. "Nunca nos han informado ni nos han dado cifras: coste, efectivos contratados, que empresas privadas se llevarán el servicio... y faltaría más que el proyecto piloto no saliera bien. Si antes, por ejemplo, habías doce guardias civiles vigilando un perímetro, y durante diez meses han seguido los doce guardias más cuatro vigilantes privados, cómo para no salir bien". 

Ocho empresas se llevaron, sin concurso, el proyecto piloto de vigilar 21 cárceles 

Adolfo Fernández, de CSIF-Instituciones Penitenciarias, cree que el Gobierno persigue sustituir el modelo público por el privado. "No sabemos si el proyecto piloto ha salido bien. Eso dice el Gobierno. El oscurantismo en este tema es total. Pero en la prisión de Teixeiro, en A Coruña, alguien pintó las paredes de la cárcel, algo que no había pasado antes, lo que demuestra que hubo fallos". Ocho empresas privadas fueron las adjudicatarias del proyecto piloto en 21 prisiones: Ombuds, Coviar, Seguriber, Prosegur Segur Ibérica, Prosetecnisa, Seguritas, Sabico y Vinsa. La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), que aglutina a varias de las ocho empresas adjudicatarias, no ha querido hacer declaraciones a 20 minutos. 

Lo que se prevé, señalan desde Acaip, es implantar un sistema mixto en la seguridad exterior de las cárceles. Es decir, que los vigilantes privados nunca estén solos, sino supervisados por un pequeño retén de la Guardia Civil. Como pasa en los aeropuertos. La argumentación de Interior es que con la actual limitación de contratación pública provocada por la crisis (se han perdido casi 3.000 policías nacionales en solo dos años y hay 2.570 guardias civiles menos), gran parte de los agentes de las prisiones se podrán destinar a otras funciones. 

Nuevo negocio para las empresas de seguridad 

La segunda clave de esta privatización es dar más negocio a las empresas de seguridad, que han perdido contratos con la reducción de la amenaza terrorista y el parón de la obra pública (hay menos obras que vigilar). "Lo que se ha hecho es una redistribución del gasto público con estas empresas. Antes ganaban con los contratos de escoltas y ahora, que ya no tienen estos contratos, lo ganan con las cárceles", señala José Ramón López. Las estadísticas que maneja el Gobierno señalan que hay margen para crecer, porque en España hay 195 vigilantes privados por cada 100.000 habitantes, frente a los 271 de media en la UE. La patronal Aproser, que aglutina a doce empresas que controlan el 70% del negocio de la seguridad en España, informa en su web que la facturación total del sector fue en 2012 (últimos datos) de 2.994 millones de euros, un 6,8% menos que en 2011. Y en 2011 ya cayó un 5% respecto a 2010. Los contratos de vigilancia, por ejemplo, bajaron un 8% en 2012. 

CSIF-Instituciones Penitenciaras cree que Interior debe ser transparente en este tema, ya que ni siquiera se facilitan los contratos con estas empresas, que se adjudicaron sin concurso, sino por invitación. "¿Cuántas empresas llevarán la vigilancia de 62 prisiones?, ¿cuantos vigilantes se contratarán?, ¿cuántos guardias civiles se irán?, ¿es más barata la seguridad privada? Obviamente será más caro, porque hay que pagar el sueldo de los vigilantes y el margen de beneficio de las empresas", señala Fernández. Como ya publicó este diario, otra respuesta parlamentaria informó en julio del año pasado que Interior iba a pagar 7,39 millones de euros a las ocho empresas del proyecto piloto durante nueve meses. Luego una simple extrapolación haría que la misma seguridad en 63 prisiones durante un año costase 30 millones de euros.

La ansiedad, de un trabajador de seguridad privada, agredido, reconocida como accidente laboral.

La dirección del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Bizkaia ha estimado que el estado de ansiedad que se deriva de la agresión física sufrida por un trabajador el pasado año es un accidente de trabajo, según ha informado hoy CCOO.

El 8 de noviembre de 2013, un vigilante de la empresa Seguridad LPM, también miembro del comité en representación de CCOO, fue agredido por un inspector de la compañía en el transcurso de una disputa por motivos de trabajo, lo que motivó una denuncia ante la Ertzaintza, según ha explicado CCOO en un comunicado.

El vigilante de seguridad estuvo un mes de baja por accidente laboral con pronóstico de cervicalgia por agresión en el trabajo, hasta que la mutua Asepeyo le dio el alta al entender que estaba curado.

CCOO ha señalado que el trabajador recibió el alta "pese a que seguían existiendo síntomas de un grave estado de ansiedad que motivaron que el trabajador tuviese que acudir a su médico de cabecera, que le prescribió un nuevo periodo de baja".

La Seguridad Social entiende que este nuevo episodio de baja por cuadro ansioso depresivo también se deriva de la agresión sufrida por el trabajador y que es accidente de trabajo, por lo que hace responsable a la mutua del pago de la prestación económica, según CCOO.

El responsable de Salud Laboral de esta central en Euskadi, Alfonso Ríos, ha denunciado que es una "práctica común" que las mutuas traten de "desentenderse de sus responsabilidades en el pago de las prestaciones derivadas de riesgo psicosocial", por lo que ha instado a la Seguridad Social a corregir estas situaciones.

Dos jóvenes con camisetas del Atlético agreden a tres vigilantes de Metro en Madrid.

Dos jóvenes que vestían camisetas del Atlético agredieron anoche a tres vigilantes del Metro de Madrid en la estación de Pirámides, uno de los cuales ha sido detenido, según han confirmado a Efe fuentes de la Policía Nacional.

El suceso tuvo lugar el sábado a las 21:22 horas, minutos después de que el Atlético se alzase con el título de la Liga de fútbol en el partido contra el Barcelona, cuando un grupo de entre 15 y 20 personas con camisetas del club madrileño se saltaron sin pagar los tornos de la estación.

Los tres vigilantes que trabajaban a esas horas en esa parada de Metro se acercaron para llamarles la atención y fueron agredidos por dos de ellos.

Uno de los agresores fue detenido por la Policía Nacional a su llegada al lugar del suceso y el otro logró huir, aunque los agentes están tratando de identificarlo a través de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la estación.

El detenido es un joven español de 25 años cuyo nombre responde a las iniciales A.C.P.

La Policía Nacional de Madrid ha precisado que uno de los vigilantes de seguridad sufrió un corte en la oreja por el que recibió 20 puntos de sutura; otro, con una posible fractura en el tabique nasal, recibió un pequeño corte en el ojo derecho; mientras que el tercero tiene contusiones por todo el cuerpo.
Fuentes de Metro de Madrid han señalado a Efe que los tres fueron trasladados al Hospital Doce de Octubre, aunque ya han sido dados de alta.

Detenida una pareja por robar una tarjeta de memoria y amenazar con un cutter al personal de seguridad privada.

Un varón de 25 años y una mujer de 24 han sido detenidos en Barakaldo acusados de un delito de robo con violencia e intimidación. Los sospechosos amenazaron con un cutter al personal de seguridad de un comercio después de que los sorprendieran intentando robar una tarjeta de memoria valorada en 65 euros.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, minutos antes de las diez de la noche de este sábado, la Ertzaintza recibía un aviso del personal de seguridad de Megapark, en Barakaldo, en el que daban cuenta de que habían interceptado a dos individuos, un hombre y una mujer, que habían intentado llevarse una tarjeta de memoria de un comercio y, al ser sorprendidos por los vigilantes, uno de ellos, el varón, había sacado un cutter y los había amenazado con él, llegando a agredir a uno de los profesionales.

Personada poco después una patrulla de la Ertzaintza en el lugar, el personal de seguridad relataba lo ocurrido. Uno de los vigilantes había visto cómo la pareja rompía con un cutter el blister en que estaba alojada la tarjeta de memoria y la extraía. Al llamarles la atención, el varón había amenazado al vigilante con el objeto cortante y la pareja había echado a correr hacia la entrada del local.

Allí, el presunto ladrón había amenazado de nuevo a otros dos empleados que pretendían evitar su huída, de manera que él conseguía salir de la tienda, pero su acompañante no, porque era interceptada. Ante esta situación, el sospechoso volvía sobre sus pasos y agredía al vigilante que tenía retenida a la chica, de modo que ambos conseguían salir finalmente de la tienda. Sin embargo, la pareja era poco después interceptada por otros miembros del personal de seguridad del centro comercial.

Ante estos hechos, los ertzainas identificaban a los presuntos ladrones como un varón de 25 años y una mujer de 24 para, acto seguido, proceder a su detención bajo la acusación de un delito de robo con violencia e intimidación.

La Ertzaintza gasta 2,83 millones en seguridad privada para sus centros.

La Ertzaintza gasta cerca de tres millones de euros al año en seguridad privada para custodiar sus macrocomisarías de Erandio y Oiartzun, la sede del Departamento en Bilbo y la Academia de Arkaute. Unos 65 vigilantes privados asumen esas tareas, cuando la plantilla de la Ertzaintza ronda los 8.000 agentes. En total, el Gobierno de Lakua tiene un gasto de 18 millones de euros en seguridad privada.

Vigilantes privados custodian la seguridad de los principales centros de la Ertzaintza. Una práctica que se repite desde hace años y que tiene un enorme coste de dinero público. En 2013 el Departamento de Estefanía Beltrán de Heredia gastó 2,83 millones de euros en la vigilancia de las macrocomisarías de Erandio y Oiartzun, de la sede de Bilbo y de la Academia de Policía de Arkaute.

Estas tareas se encomiendan a diversas empresas de seguridad, (Garda, Sabico, Prosegur, Castellana...) que se van subrogando una plantilla de vigilantes que ronda los 65 empleados.

Cabe recordar que la Ertzaintza dispone de cerca de 8.000 efectivos, con un presupuesto para el cuerpo de 576,5 millones de euros.

Funciones

Entre las funciones encomendadas a los vigilantes privados en los centros policiales está la de proteger los locales y a las personas que se encuentran en los mismos, es decir, principalmente a los ertzainas que hay en el interior.

Deben evitar «la comisión de actos delictivos» y, en el caso de capturar a algún delincuente, «ponerlo inmediatamente a disposición de la Ertzaintza», con la advertencia añadida de que «no pueden proceder a su interrogatorio».

Los guardas de seguridad se encargan además de los controles de identidad en el acceso a estos centros policiales y de permanecer atentos a las pantallas de las cámaras de vigilancia.

El contrato de vigilancia más caro es el del centro de Erandio, en el que trabajan una treintena de vigilantes, con un jefe de servicio y cuatro jefes de equipo. El coste total asciende a 1,47 millones de euros.

La plantilla de vigilantes de Oiartzun es de 14 personas, de las que dos tienen un contrato indefinido mientas que el resto, incluido el jefe de equipo, es «por obra y servicio». También hay un eventual al 22,5% de jornada. El coste total suma esta vez 530.436,16 euros.

En la Academia de Arkaute, donde se forman tanto ertzainas como policías municipales, el coste de la seguridad privada es de 740.337,77 euros, con una veintena de vigilantes armados.

Juzgados y centros de menores

El gasto total del Gobierno de Lakua en seguridad privada es de cerca de 18 millones de euros. De estos, 8,8 millones son para vigilancia de sus propias instalaciones. Otra partida casi similar, de 8,6 millones, se destinó en 2013 a labores de escolta, mientras que 0,5 millones se adjudicaron para vigilancia de sedes de partidos.

Otro de los grandes capítulos en gastos de vigilancia privada es el de palacios de justicia y centros de menores, a los que se destinan 3,33 millones de euros, distribuidos en 2,21 millones y 1,12 millones respectivamente.

La vigilancia de los edificios del Gobierno en Gasteiz, Bilbo y Donostia supone 1,7 millones de euros anuales.