Resolución de 4 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal para las empresas de seguridad para el periodo julio 2015-2016.
Las peleas entre vigilantes ponen en duda el plan de privatización en las prisiones.
En la cárcel de Huelva los vigilantes se han pegado, amenazado e incluso uno echó de la carretera a otro. La Guardia Civil ha judicializado los incidentes y el sindicato ACAIP pide una evaluación del plan.
“La situación es esperpéntica, grotesca, disparatada”. Así define un miembro de la Guardia Civil destinado en la prisión de Huelva los últimos meses vividos en este centro penitenciario. Los vigilantes que tienen que controlar el perímetro exterior de la cárcel tienen que ser a su vez vigilados porque se llevan mal. Y eso que solo son siete en la plantilla. Peleas, agresiones e incluso persecuciones en la carretera que terminan con coches fuera de la calzada son algunos de los incidentes que han tenido lugar.
Los agentes de la Benemérita destacados en la prisión, hartos de aguantar a sus 'compañeros', han elevado al juzgado una denuncia en la que piden que dos de ellos no vuelvan a prestar servicio en el centro penitenciario. El titular del Juzgado número 4 de instrucción de Huelva ya ha abierto diligencias. Además, de los siete trabajadores implicados (todos de la empresa Ombuds) tres están de baja, según fuentes penitenciarias.
Los incidentes también han provocado las quejas de los sindicatos, que vuelven a poner en duda el proyecto de privatización de la seguridad exterior de las prisiones, la solución que buscó el Ministerio del Interior para ayudar a cuadrar las cuentas de las empresas de seguridad que se quedaron sin parte de su negocio tras el fin de la violencia de ETA, la protección de amenazados.
El sindicato de funcionarios de prisiones Acaip acaba de enviar un escrito a la Subdelegación del Gobierno de Huelva para interesarse sobre si estos incidentes "se han puesto en conocimiento del órgano encargado de evaluar la idoneidad de este programa de apoyo a la seguridad de los centros penitenciarios" y, sobre todo, para conocer si "se ha dado traslado a las autoridades judiciales". Interior, de momento, nunca ha informado públicamente de cómo se está desarrollando este programa, que lleva ya dos años funcionando.
El primer incidente se produjo el pasado 29 de enero, cuando dos de los vigilantes se pelearon en la garita de entrada al centro penitenciario. Francisco Javier C. R. agredió a Marco Antonio P. L. y le causó heridas sangrantes en la mejilla y en la cabeza. Ambos tuvieron que ser trasladados al hospital. La disputa, según la denuncia de la Guardia Civil, se había iniciado porque los dos vigilantes no se ponían de acuerdo sobre el puesto de cada uno al iniciar su turno: el control de entrada o el control de cámaras de seguridad.
Manuel Antonio declaró ante el juzgado que Francisco Javier le quiso quitar el arma, que le insultó y que le amenazó. “Me cogió del cuello, me zarandeó y me golpeó en la cara con su puño derecho; caí al suelo y siguió pegándome puñetazos y rodillazos hasta que vino otro compañero y nos separó”, aseguró. Francisco Javier, por su parte, también denunció agresiones por parte de Marco Antonio. “Me pegó un guantazo en la cara; tras eso, intentó propinarme dos puñetazos, uno lo esquivé y otro me dió en la cara; en el transcurso de los hechos, intentó quitarme el arma y ésta cayó al suelo cargada; me amenazó con pegarme un tiro porque me dijo que me tenía ganas”, dijo Francisco Javier. Tras escuchar sus declaraciones, el juez ha pedido los informes médicos de las lesiones, señalan fuentes jurídicas.
"Bochornoso espectáculo"
El segundo incidente se produjo el 4 de julio, cuando Antonio D. G., precisamente el vigilante que medió en la pelea de enero, intentó echar de la carretera a otro compañero, Ángel Javier S. M. Este también puso una denuncia y solicitó el testimonio de un taxista que al parecer vio lo sucedido. El guardia civil que elabora su denuncia relata que “Ángel, en estado de nerviosismo, reiteró textualmente 'aquí va a pasar algo con Antonio, estoy harto de decirlo, no me deja trabajar ni vivir en paz', rompiendo a llorar y diciendo que está teniendo problemas laborales de todo tipo con Antonio”.
El tercer incidente se produjo el 9 de agosto de 2015, con Antonio D.G. de nuevo implicado. El vigilante amenazó en la sala de monitores a otro compañero, de nombre Ángel, porque el primero se había pasado del tiempo de descanso estipulado y el segundo se lo había recriminado. El mando de la Guardia Civil en la prisión de Huelva ha pedido a la empresa Ombuds que los dos vigilantes implicados en la pelea de enero “no vuelvan a prestar servicio en este centro debido al bochornoso espectáculo ofrecido”. La Guardia Civil les ha incoado además un expediente para la revocación de sus licencias de armas.
Guardias armados Ver foto
No acaban aquí las anomalías. La Guardia Civil también ha recriminado a Ombuds que haya enviado a la prisión como sustitutos de los agentes privados que están de baja a otros dos vigilantes sin licencia de armas, “cuando el servicio que se presta en la barrera del centro obligatoriamente ha de ser con arma”. El instituto armado pide a Ombuds que solucione este problema "para no tener que informar del incumplimiento del pliego de condiciones suscrito entre Ombuds y el Ministerio del Interior".
Esta empresa de seguridad es una de las diez firmas de seguridad que se han llevado el contrato para vigilar el exterior de los 67 centros penitenciarios que hay en España (sin contar los de Cataluña). El Ministerio del Interior paga 33 millones de euros anuales a estas empresas. El objetivo era recolocar a 800 escoltas que debido al fin de la amenaza de ETA habían perdido su trabajo, aunque a día de hoy solo el 10% de los vigilantes contratados trabajaron de escoltas en el País Vasco y Navarra. En octubre está previsto que se ponga en marcha la tercera fase de este plan de privatización, aunque Interior aún no ha confirmado si se pondrá en marcha o finalmente se retrasará.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también se ha mostrado crítico con el plan: "Llevamos casi tres años con los puestos duplicados y los gastos duplicados, porque no se ha cumplido lo que dijo Interior, que los guardias civiles dejaríamos las prisiones para hacer labores de seguridad ciudadana porque nos iban a sustituir los vigilantes. No es verdad. Fue un pretexto para colocar a los vigilantes", señala un portavoz de AUGC.
Acaip señala que "habría que reflexionar sobre el proceso de selección, la capacitación, las condiciones de trabajo y los requisitos que se exigen a los vigilantes que prestan servicio en la seguridad perimetral; algunos de los vigilantes implicados en estos sucesos tenían acceso a armas de fuego, lo que supone una fuente de preocupación añadida". El Confidencial ha intentado, sin éxito, conocer la versión de la empresa Ombuds.
Condenado a cinco años por tratar de matar al vigilante de la Escuela de Ingeniería (Málaga).
La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a cinco años de cárcel a un hombre que entró a robar una bicicleta en la Escuela de Ingeniería Superior de la capital, ubicada en la calle Doctor Ortiz Ramos, y trató de matar al vigilante disparándole hasta en tres ocasiones, pero el seguro del arma lo impidió.
A las 18.15 horas del 11 de febrero de 2014, el acusado se encontraba en la Escuela de Ingeniería Superior, cuando «fue sorprendido por el vigilante de seguridad del edificio», quien lo encontró agachado, «manipulando la cadena de su bicicleta en la zona de estacionamiento».
Al verse sorprendido en su acción, se deshizo de una herramienta que llevaba, mientras el otro le decía: «Vete y déjame, no me busques la ruina, vete y déjame tranquilo». Pero no quiso marcharse pese a la insistencia del vigilante. El procesado agarró una mochila que había junto a él «con intención de sacar el arma que escondía, momento en el que el guarda se abalanzó por la espalda para evitarlo, sin conseguirlo».
El encausado, con la intención de acabar con su vida, sacó la pistola –una Tanfoglio, modelo GT28, sin número visible–, «apuntándole del hombro a la cabeza». Así, le dijo: ´Que te mato, que te mato´, y apretó el disparador, sin lograr percutirla al encontrarse activado el seguro manual».
Al ver que no disparaba, con el mismo ánimo, «la montó de nuevo, activando la corredera, expulsando en ese momento el cartucho anterior, que cayó al suelo». «Al no haber conseguido su propósito tras estos dos intentos, volvió a disparar, si bien ya no había más munición en el cargador, quedando la pistola bloqueada», precisa el tribunal.
El asaltante se percató de que el arma no disparaba y, con el fin de zafarse del vigilante, «le golpeó con la culata en la cara, alcanzándole en la zona de la ceja, de forma que logró derribarlo». Le provocó un traumatismo junto al ojo derecho y una herida que requirió de sutura. Tardó trece días en curarse de sus secuelas, quedándole una cicatriz en forma de equis cercana a la ceja, lo que supone un ligero perjuicio estético.
El encausado, que se conformó con los hechos, tiene antecedentes penales cancelables y es consumidor de drogas que alteran sus facultades de entender y querer (intelectivas y volitivas).
Dos vigilantes de seguridad salvan la vida a una anciana en un hipermercado de Vigo.
La celeridad, la calma y la profesionalidad con las que intervinieron fueron claves para salvarle la vida. Dos vigilantes de Ilunión Seguridad han salvado la vida de una anciana que sufrió una parada cardiorrespiratoria cuando esperaba su turno para pagar en la caja del hipermercado de Alcampo Vigo
Según informó Ilunión Seguridad en una nota, los hechos se produjeron el pasado día 12, a las 11:45 horas, cuando la mujer, de unos 80 años de edad y que se encontraba en una de las cajas para abonar su compra, comenzó a encontrarse mal.
"Ante esta situación, uno de los clientes avisó a la vigilante de seguridad de Ilunión María Duarte, que en esos momentos estaba cerca".
Al llegar, la vigilante encontró a la anciana en el suelo, sin conocimiento y con una brecha en la cabeza consecuencia de la caída. Tras comprobar que la mujer se encontraba en parada cardiorrespiratoria, dio aviso a control de seguridad y comenzó a realizarle un masaje cardíaco hasta que llegó su compañero José Luis Paz con un desfibrilador.
Tras aplicar a la anciana una descarga y recuperar sus constantes vitales, la colocaron en posición de seguridad. Asimismo, después de frenar la hemorragia de la brecha en la cabeza, ambos vigilantes permanecieron con la mujer hasta la llegada de los servicios de urgencia.
La rápida actuación de María Duarte y José Luis Paz, así como la calma y la profesionalidad con las que intervinieron, fueron claves para salvarle la vida. De hecho, desde el 061 telefonearon al citado centro de Alcampo para felicitarles por la intervención de estos vigilantes.
Una denuncia del presidente de Seguridad Integral Canaria destapa una red corrupta en el Ministerio de Defensa,
- En prisión provisional dos tenientes coroneles de la Dirección de Asuntos Económicos por cobrar presuntamente sobornos de empresa a cambio de agilizar trámites y “no crear problemas”
- El empresario canario se prestó a colaborar con el CNI y la Guardia Civil para sorprender a los sospechosos recibiendo parte del dinero que le reclamaban
Dos tenientes coroneles del Ejército español permanecen desde abril en prisión preventiva incomunicada como presuntos cabecillas de una trama de sobornos a empresas a las que pedían dinero a cambio de tratos de favor en el Ministerio de Defensa. Una denuncia ante el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del empresario grancanario Miguel Ángel Ramírez, presidente de Seguridad Integral Canaria, puso a la Guardia Civil en la pista, y al titular del Juzgado Togado Militar Central número 2 a decretar la prisión provisional de los tenientes coroneles C.P.R. y E.R.R. y tres empresarios que supuestamente accedieron a pagar sobornos.
Los dos militares detenidos pidieron a Miguel Ángel Ramírez 20.000 euros al mes para agilizarle los pagos del contrato de seguridad privada que su empresa Seguridad Integral Canaria había obtenido mediante subasta electrónica. La mordida, según consta en la investigación, iría destinada a agilizar los pagos del contrato y a “no crear problemas” a la empresa adjudicataria.
Ambos militares, efectivamente, trabajan en la Dirección de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa, uno como secretario de la Junta de Contratación del Ejército y el otro como responsable en la Subdirección de Contratación, y tienen entre sus atribuciones vigilar el cumplimiento de los contratos que suscribe el ministerio.
Ramírez se negó a pagar y puso en conocimiento del CNI el asunto para que actuara en consecuencia. Este órgano de información, dependiente del mismo ministerio, transfirió la información a la Guardia Civil a través de la subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, para que la investigación adquiriera carácter oficial y pudiera judicializarse.
El instituto armado contactó entonces con el denunciante y acordó con él una serie de pasos para sorprender in fraganti a los presuntos extorsionadores. Entre otras acciones se puso en marcha una entrega vigilada de dinero, es decir, el pago de una cantidad económica exigida por los sospechosos pero en presencia remota de agentes de la Guardia Civil que grabaron y registraron en vídeo la reunión.
La entrega se celebró en el lujoso restaurante Casa Nemesio, en Plaza de Castilla, Madrid, a donde acudieron los sospechosos y el empresario canario provisto de micrófonos proporcionados por la Guardia Civil. Era la prueba definitiva para que la Fiscalía pudiera presentar denuncia ante la Justicia militar, lo que ocurrió en abril pasado.
Al término de otra comida celebrada en Madrid entre uno de los militares detenidos y directivos de la compañía Proman, la Guardia Civil encontró en poder del primero dos sobres con 2.000 euros cada uno en su interior, según informa El País.
Los hijos de los dos tenientes coroneles han conseguido contratos de trabajo para dos de las compañías sospechosas de haber aceptado el pago de sobornos, la mencionada Proman y la Unión Castellana de Alimentación (Ucalsa). En mayo fueron detenidos tres directivos de estas dos compañías, uno de Ucalsa, M.R.A., y dos de Proman, A.C.A. y L.B.M., aunque quedaron en libertad tras prestar declaración.
Miguel Ángel Ramírez se ha negado a valorar estos hechos a Canarias Ahora alegando que se encuentran bajo secreto de sumario. Ha reconocido, eso sí, que figura como imputado en la causa por esa “entrega controlada” a petición de la Guardia Civil, pero asegura que el juez sobreseerá la parte que le afecta en cuanto le tome declaración.
Agrede a un vigilante para irse sin pagar de un supermercado (Castellón).
La Policia Nacional ha detenido a un español de 49 años, como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, tras sustraer mercancía de un supermercado de Castellón y en su huida arremeter contra el vigilante que intentaba detenerle.
Los agentes que acudieron al aviso descubrieron que el ahora detenido había cogido productos del interior del supermercado introduciéndolos en una bolsa, para luego salir apresuradamente por la línea de cajas, teniendo que ser perseguido por el vigilante de seguridad. Al ser interceptado no dudó en empujar e intentar golpear al trabajador.
Amenaza con un arma de fuego a un vigilante para robar en las obras del azud (Badajoz).
- El hombre ha sido detenido por su presunta autoría de un delito de robo con violencia e intimidación.
La Policía Nacional ha detenido en Badajoz a un hombre de 49 años de edad acusado de robar en las obras de los colectores del azud y amenzar a un vigilante de seguridad que le sorprendió.
Los hechos ocurrieron el pasado 7 de septiembre sobre las diez y media de la noche. Los agentes recibieron el aviso de un presunto robo con violencia.
La víctima, un vigilante de seguridad de las obras, denunció que había visto como un hombre forzada el candado de la caseta del material. Cuando le llamó la atención, este le habría amenazado con un arma de fuego. El vigilante huyó por temor a resultar herido y avisó a la Policía. El presunto autor huyó en un camión que había sido visto por la zona días antes. Habían desaparecido dos baterías y combustible de uno de los vehículos.
Con la descripción del hombre y del vehículo, la Policía lo interceptó en la entrada de la Urbanización La Pilara y encontró una de las baterías.
El Gobierno elude dar ayudas a la seguridad privada de atuneros en el Índico.
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha eludido hoy en el Senado recuperar las ayudas para financiar los gastos de los atuneros para la contratación de guardias de seguridad privados con el fin de defenderse contra los piratas en el océano Índico.
El senador del PNV Iñaki Asagasti ha preguntado, durante el Pleno de la Cámara Alta, si el Gobierno piensa volver a dar las subvenciones otorgadas en 2010 y 2011 por la Administración General del Estado para contratar seguridad privada a bordo de los atuneros que operan en el Índico.
García Tejerina ha recordado que durante aquellos años la pesca en esas aguas estaba "seriamente amenazada" por la piratería y que a partir de 2012 se "suspendieron" esas ayudas por la mejora "importante" de la seguridad en la zona, gracias en parte al éxito de la operación militar naval Atalanta de la Unión Europea (UE).
La ministra ha añadido que la misión Atalanta continúa, liderada por España y con el buque "Galicia" de la Armada al mando, y que su actuación garantiza que los atuneros que faenan en el Índico puedan trabajar "con seguridad".
Además, ha subrayado que la amenaza de la piratería de países como Somalia en caladeros del Índico es "cada vez más reducida".
Anasagasti ha insistido en los gastos que representa para los atuneros la contratación de guardas privados, que en el caso de la flota vasca ascenderán a 5,2 millones de euros en 2015.
El senador ha recordado que el Gobierno vasco financiará un 25 % de estos costes y ha manifestado que la Administración General del Estado "tiene obligaciones y no las está cumpliendo".
Anasagasti ha apuntado que los compromisos militares "se están cumpliendo", pero hace falta esas subvenciones para una flota que genera un retorno de la actividad empresarial y que ha vivido un descenso de los ingresos por la caída del 80 % de los precios del atún.
Acuden a robar y el vigilante les espanta a cuchilladas (Burgos).
Acudieron a robar y fueron recibidos a cuchilladas. Esta experiencia vivieron G.H.G., E.H.H. y C.F.L. recientemente, cuando Z.S. se excedió en sus funciones de vigilancia y la arremetió contra ellos con un arma blanca. Tanto los priemros, por el intento de robo, como el segundo, por lesiones, han sido detenidos por la Policía Nacional.
G.H.G., de 36 años; E.H.H., de 24, y C.F.L., de 29, denunciaron en la Comisaría de Burgos que, cuando se dirigieron a un recinto festivo ubicado en las afueras de Burgos, la persona que ejercía de vigilante de noche les había recibido a cuchilladas, hiriendo a dos de ellos en el cuello y las manos. Por este motivo, una aptrulla acudió al lugar y detuvo a Z.S., de 36 años, imputándole además de un delito de lesiones.
Lo que las tres víctimas no habían anunciado a los agentes de la Policía eran sus intenciones en el recinto. Y es que, según pudieron determinar los efectivos policiles, estos habían acudido al lugar con la intnción de robar diverso material gracias al conocimiento que uno de ellos tenía del lugar tras haber estado vinculado con la empresa que explota el negocio.
Tras saltarse la valla, Z.S., que ejercía de vigilante de noche, les dio el alto y les solicitó que desistieran en su empeño, a lo que se negaron e incluso se enfrentaron, lo que proopició su airada reacción.
Por este motivo, los tres denunciantes y víctimas de la agresión, todos ellos con diversos antecedentes delictivos fueron arrestados días después acusados de intento de robo.
Convenio Colectivo de Seguridad privada 2015-16
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ordena la inscripción del Convenio Colectivo en el correspondiente Registro así como disponer su publicación en el BOE.
Un abogado del TJUE cree que la ley española repara de forma suficiente la discriminación sexual.La opinión del abogado se refiere al caso de Arjona Camacho, que trabajó como vigilante de seguridad para Securitas
Un abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró hoy "suficiente" la indemnización prevista en la legislación española por los daños y perjuicios derivados de una discriminación por sexo.
El letrado recuerda que la normativa europea "da a los Estados miembros libertad para elegir los medios que han de poner en práctica para garantizar que la reparación o indemnización ofrecida a las víctimas de discriminación por razón de sexo sea disuasoria, siempre que se garantice el cumplimiento del objetivo que se persigue".
La opinión del abogado se refiere al caso de Arjona Camacho, que trabajó como vigilante de seguridad para Securitas Seguridad España, y tuvo varias bajas por enfermedad durante dos embarazos fruto de un tratamiento de fertilidad, que terminaron en sendos abortos.
Después del segundo aborto, la afectada se reincorporó a la empresa e hizo campaña a favor de una central sindical, en un proceso que terminó en elecciones de los representantes de los trabajadores de Securitas.
En ese periodo volvió a quedarse embarazada, y fue objeto de un despido disciplinario.
Pocas semanas después, sufrió un nuevo aborto.
El juez español que lleva el caso consideró el despido nulo, por constituir una discriminación por razón de sexo, y planteó conceder a Arjona una indemnización por daños y perjuicios que se eleva a 3.000 euros, importe que considera "suficiente" para reparar el daño sufrido.
No obstante, se dirigió al Tribunal de Justicia de la UE para preguntarle si, a efectos de lograr un objetivo disuasorio, no sería necesario condenar al empresario al pago de 3.000 euros adicionales en concepto de "daños punitivos", algo que es ajeno a la tradición jurídica española.
El abogado recuerda que la Directiva aplicable se limita a exigir que la reparación o la indemnización sean efectivas, proporcionales y disuasorias, y que el legislador de la UE no concibió la reparación o indemnización, en cuanto a tales, como una sanción.
También considera que el sistema establecido por la legislación española en caso de discriminación por razón de sexo es conforme con la Directiva siempre que se conceda una reparación pecuniaria íntegra de todas las facetas del perjuicio sufrido por la víctima.
Además, cree que esa compensación íntegra es adecuada y suficiente para garantizar el efecto disuasorio real de las medidas nacionales.
Por último, señala que en los países donde no existe la figura de los daños punitivos, como es el caso de España, la garantía de obtener una reparación íntegra ya se entiende en si misma como medio disuasorio frente a la discriminación.
Acta Comisión Negociadora Convenio Colectivo Seguridad Privada.
Adjunto la circular informativa emitida por CC.OO.de la reunión de hoy de la comisión negociadora del convenio colectivo de empresas de seguridad, así como el acta de la misma y el acta de la reunión del Observatorio Sectorial.
CCOO pide al consejero de Presidencia del gobierno de Canarias que obligue a Seguridad Integral Canaria a que cumpla en el servicio en los juzgados
- La empresa de Ramírez no aplica el convenio colectivo nacional sino uno propio.
CCOO, a través de su secretario general, José Manuel Ojeda, se dirige a la consejería de Presidencia, Justicia, e Igualdad y a la dirección general de Relaciones con la Administración de Justicia, para exigir el cumplimiento de las bases del pliego de condiciones del servicio de Seguridad Privada en las dependencias de los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria.
En la carta remitida a estos dos organismos públicos se les recuerda que ya en 2014 CCOO de Construcción y Servicios les solicitó que se instara a la empresa Seguridad Integral Canaria, concesionaria del servicio, a cumplir con el convenio nacional de empresas de Seguridad Privada, rescindiendo el contrato en caso contrario, según determinan las propias bases del concurso público.
Hemos de recordar que la dirección de esta empresa aplica a sus trabajadores y trabajadores un convenio propio con diferencia salariales muy significativas y que se encuentra judicializado por esta organización frente a un sinfín de irregularidades, denunciadas por el propio secretario general de CCOO de Construcción y Servicios, trabajador de Sicsa en esas dependencias judiciales, y quien fue expedientado y despedido por sus manifestaciones antes los medios de comunicación.
Hasta la fecha las administraciones públicas relacionadas con los juzgados de Canarias hacen oídos sordos a los requerimientos de nuestra central sindical, hecho que les convierte en coautores en el incumplimiento de las condiciones exigidas en los pliegos, potenciando con su silencio la conflictividad laboral entre el personal de seguridad de los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria y la controvertida Seguridad Integral Canaria.
Las empresas del sector de la seguridad privada que más facturan.
El negocio de la seguridad privada mueve en España un total de 3.200 millones de euros cada año, y da empleo a casi 90.000 personas de manera directa. Sin embargo, las grandes empresas de esta industria no han sido inmunes a la crisis económica, obligadas a recortar sueldos y despedir trabajadores. Consulte el ranking completo
Así, la principal empresa del sector de la seguridad privada fue Securitas, tras facturar 362 millones en 2013, un 9% menos que el ejercicio precedente.
Le sigue en la clasificación Prosegur, con ingresos de 183 millones, lejos de los 861 millones generados en 2012.
En tercera posición se ubica Eulen Seguridad, que generó ventas por valor de 175 millones, un 5% menos que el año anterior.
En cuarta plaza se encuentra Segur Ibérica, tras facturar un total de 159 millones, un 6% más que en 2012.
Aparece en quinto lugar Castellana de Seguridad, tras generar ventas por valor de 134 millones.
A continuación aparece Vigilancia Integrada (VINSA), con ingresos por 121 millones, un 2% más.
Sube tres escalones, hasta la séptima posición, Ombuds, tras facturar 68 millones.
En octavo lugar se encuentra Seguridad Integral Canaria, tras generar ventas por valor de 62 millones, un 8% más que el año anterior.
Cae hasta la novena plaza Seguriber, después de ingresar 61 millones, un 27% menos que el año anterior.
Cierra la clasificación Segurisa, con una facturación de 43 millones.
La información proviene de la base de datos de empresas de eInforma, marca de INFORMA D&B, compañía líder en el suministro de Información Comercial, Financiera y de Marketing. Cabe destacar que el ranking se ha realizado con empresas con balance individual normalizado. No figuran, por tanto, las empresas que presentan sus estados financieros en el Registro Mercantil con formatos específicos de presentación diferentes a los formatos normalizados del Plan General Contable 2007, que suelen ser aquellos pertenecientes a sectores como los siguientes: actividades financieras, seguros, administración pública y actividades asociativas.
Son empresas con fecha de cierre de balance individual comprendido entre julio de 2013 y junio de 2014 y cuya duración sea de 12 meses.
Detenido por un vigilante de seguridad por hurtar 10.000 euros en el párking de Diputación (Córdoba).
- El vigilante del recinto pudo retenerlo con ayuda de unos viandantes a la altura de la plaza de Colón.
El pasado día 18, agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de un ciudadano chileno, de 39 años de edad, quien fue retenido por un vigilante de seguridad y varios viandantes tras cometer un hurto en el aparcamiento de la Diputación, según un comunicado policial remitido esta mañana a este periódico.
El detenido aprovechó que un hombre que acababa de retirar 10.000 euros de una entidad bancaria para realizar unos pagos se introducía en su vehículo, para distraerlo y facilitar, así, que un cómplice suyo le hurtara el dinero que momentáneamente había dejado en el interior de su coche.
Al darse cuenta de lo ocurrido, la víctima alertó de lo sucedido alvigilante de seguridad del recinto, quien de inmediato emprendió una persecución, logrando darle alcance, junto con unos viandantes, a uno de los implicados en la plaza de Colón.
Reclamado en otras provincias
Una vez en dependencias policiales, los agentes pudieron comprobar cómo al detenido le constaban hasta cuatro identidades distintasen las bases policiales y había estado detenido en 16 ocasiones, la mayoría por delitos contra el patrimonio. Además, contaba en vigorocho reclamaciones judiciales, por sendos juzgados de la costa levantina y Madrid.
Significar que la investigación continúa abierta a fin de tratar de determinar la identidad y proceder a la detención de la otra persona implicada en el hurto.
El Supremo confirma los 22 años de carcel por el asesinato del vigilante de seguridad de Marchena (Sevilla).
- En un primer momento, la Audiencia Provincial de Sevilla absolvió a los dos ciudadanos rumanos acusados por este crimen.
El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso de casación promovido por el hombre condenado por el asesinato en 2009 de un vigilante de seguridad en una planta fotovoltaica de Marchena (Sevilla), durante un robo de cobre, ratificando así los 17 años de prisión impuestos por un delito de asesinato y los cinco años correspondientes aun delito de robo con violencia y uso de medios peligrosos.
En un primer momento, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla absolvió a los dos ciudadanos rumanos acusados por este crimen, al no dar validez a una prueba de ADN, una sentencia anulada no obstante por el Tribunal Supremo, para que la Audiencia Provincial dictara un nuevo fallo en el que se valorase como prueba válida el hallazgo del ADN de Marius, uno de los acusados, en el pantalón de la víctima.
Finalmente, y a través de una sentencia emitida el pasado 7 de enero y recogida por Europa Press, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla absolvió a uno de los dos acusados, identificado como Adi D., y condenó al otro acusado, identificado como Marius L.C., a 22 años de cárcel por delitos de asesinato y robo con violencia y medios peligrosos, así como al pago de una indemnización de 160.992 euros a los padres de la víctima y de 21.448,83 euros a la empresa por el cobre sustraído en la planta fotovoltaica, aunque el acusado se declaró insolvente.
Frente a la sentencia condenatoria, el condenado elevó un recurso decasación al Tribunal Supremo, que a través de una sentencia emitida el 24 de julio y recogida por Europa Press desestima dicho recurso de casación y además impone al recurrente las cosas del procedimiento judicial.
El Supremo rechaza que el descuelgue de un convenio pueda aplicarse con efectos retroactivos.El Alto Tribunal desestima en este fallo las pretensiones de la empresa Ariete Seguridad. CC.OO. celebra el fallo del Supremo sobre el descuelgue porque las empresas "abusan" de esta figura.
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece que la inaplicación de un convenio colectivo (descuelgue) no puede tener efectos retroactivos, aunque se haya pactado así en el acuerdo por el que se modifican las condiciones laborales del convenio.
El Alto Tribunal desestima en este fallo las pretensiones de la empresa Ariete Seguridad (ASSA), que en diciembre de 2013 alcanzó con una mayoría de los representantes de los trabajadores de la Comunidad de Madrid un acuerdo para descolgarse durante el ejercicio 2013 de las condiciones de jornada laboral y salario recogidas en el convenio estatal de empresas de seguridad privada 2012-2014.
CC.OO. y UGT presentaron entonces demanda de conflicto colectivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para anular el acuerdo de descuelgue. Su demanda fue estimada parcialmente y el TSJM procedió a anular la parte del acuerdo referida a la retroactividad de sus efectos, al entender que con ello se vulneraba la Ley y la Constitución.
ASSA interpuso entonces recurso de casación ante el Supremo, alegando que las partes negociadoras pueden pactar que los efectos económicos de un descuelgue se retrotraigan a una fecha anterior.
El Alto Tribunal examina en este fallo el ámbito de aplicación temporal que puede tener un acuerdo de descuelgue por razones económicas en materia de jornada laboral anual y salario, y más en concreto si la inaplicación de un convenio puede tener efectos sólo a partir del momento en que se pacta o si es lícito que se acuerde retrotraer los efectos a un momento anterior.
En su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Manuel López García de la Serrana, el Supremo reconoce que el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, en el que se regulan los descuelgues, no limita expresamente la posibilidad de dar eficacia retroactiva al pacto modificativo.
No obstante, precisa que la existencia de esa restricción legal "está implícita en el texto de la norma, que empieza estableciendo que el convenio colectivo obliga a todos los incluidos en su ámbito de aplicación durante todo el tiempo de su vigencia".
"De ese mandato se infiere que el convenio colectivo es de forzosa aplicación mientras no se acuerde su inaplicación parcial, así como que esa inaplicación, el descuelgue o apartamiento de lo en él acordado sólo puede tener efectos a partir del momento en que se acuerda", subraya el Supremo, que insiste en que los descuelgues "actúan hacia el futuro" y no hacia el pasado.
"UN SIMPLE ACUERDO", NO UN CONVENIO.
En su recurso, la empresa de seguridad ASSA argumentaba que los artículos 84.2 y 86.1 del Estatuto de los Trabajadores dan plena libertad y autonomía a los negociadores de los convenios para fijar la vigencia de sus pactos y preferencia aplicativa a los convenios de empresa, lo que autorizaría la retroactividad del descuelgue.
El Supremo responde a este argumento que en este caso no se está ante un convenio colectivo negociado con plena libertad y autonomía que fije su vigencia, sino ante un "simple acuerdo" por el que se concierta la inaplicación de ciertas condiciones del convenio colectivo de aplicación, "lo que comporta que los efectos temporales del acuerdo, su vigencia, sea distinta por existir limitaciones que los negociadores de ese pacto deben respetar".
Asimismo, el Alto Tribunal recuerda que la única norma que contiene el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores sobre la vigencia del pacto novatorio (descuelgue) es la que limita su duración a la entrada en vigor de un nuevo convenio colectivo que sea aplicable en la empresa.
CC.OO. ha celebrado este miércoles que el Tribunal Supremo haya establecido que el descuelgue de un convenio colectivo no puede tener efectos retroactivos, aunque así lo hayan pactado las partes.
El Supremo ha dictado este fallo a raíz del caso de la empresa Ariete Seguridad (ASSA), que en 2013 se descolgó, con carácter retroactivo, de la cuantía salarial y la jornada fijada en el convenio estatal de empresas de seguridad privada 2012-2014.
Para el sindicato, que recurrió la decisión de ASSA ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, esto supone "un ejemplo más de las extralimitaciones y abusos que muchas empresas" hacen de la figura del pacto de inaplicación creada en la reforma laboral de 2012.
En su opinión, los términos legales de esta figura son ya de por sí "muy permisivos y favorables a los intereses empresariales en detrimento de los de los trabajadores", pues con la reforma laboral se ampliaron las causas para la inaplicación y las materias sobre las que las empresas podían descolgarse.
Además, denuncia CC.OO., la reforma abrió la posibilidad a que un órgano tripartito como la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos pudiera decidir sobre la inaplicación en caso de que no se hubiese llegado a un acuerdo entre las partes; negó a los convenios sectoriales la posibilidad de restringir las causas o las materias objeto de inaplicación, y no estableció la obligación de registro y publicación de los acuerdos, sino sólo su depósito ante la autoridad laboral.
"Esta falta de publicidad y la no obligación de la autoridad laboral de realizar sobre este tipo de pactos el control de legalidad propician que casos de incumplimiento como el producido en la empresa Ariete Seguridad puedan no ser una excepción y se hayan podido producir ilegalidades en muchos acuerdos de empresa adoptados bajo presión empresarial, sobre todo en pequeñas empresas y en empresas que carecen de representación legal de los trabajadores", advierte.
De hecho, el sindicato asegura haber denunciado los casos en los que ha detectado irregularidades ante la Inspección de Trabajo o la Justicia, aunque ha recordado que se trata de procesos díficiles y de lenta resolución.
CCOO insta al Gobierno Canario a hacer cumplir a Seguridad Integral Canaria el convenio colectivo.
CCOO ha instado hoy al Gobierno regional a rescindir el contrato por el que se adjudicó el servicio de vigilancia de los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria a Seguridad Integral Canaria si esta empresa no se aviene a cumplir el convenio colectivo nacional de empresas de seguridad privada.
En un comunicado, el sindicato denuncia que Seguridad Integral Canaria funciona con un convenio colectivo propio, con sueldos inferiores a los establecidos en convenio nacional del sector.
CCOO recuerda a la Consejería de Presidencia y Justicia que el pliego de condiciones por el que se adjudicó ese servicio de vigilancia en los juzgados le permite rescindir el contrato si el concesionario no cumple el convenio nacional del sector.
El sector de la seguridad se encomienda a las alarmas para intentar superar la crisis.
Ese apartado es el único que creció el año pasado y por segundo año consecutivo, mientras que la vigilancia sigue cayendo.
La seguridad privada sufre todavía los rigores de la crisis que desde 2009 ha precipitado al sector a una caída acumulada del 24,08% pero tiende aestabilizarse. Así lo constata el informe de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) de 2014 al que ha tenido acceso El Confidencial, un documento que deja entrever las primeras esperanzas de recuperación con el apartado de sistemas y alarmas como motor.
De acuerdo con esta asociación, que aglutina a 12 empresas que representan el 70% del negocio y funciona como patronal, la seguridad privada española facturó el año pasado 3.384 millones de euros, lo que supuso un descenso del 0,24% con respecto al año anterior, cuando entraron en caja 3.392 millones de euros. Aunque aún está lejos de los niveles de 2006 y 2007, cuando el sector crecía a ritmos cercanos al 7%, el descenso es mucho más tenue que el registrado entre 2012 y 2013, cuando cayó en un 6,87 %. La perspectiva de crecimiento para 2015 es del 1,25%, que sería la primera mejora en cinco años.
Estabilización y primeros brotes
En su resumen ejecutivo, Aproser observa que “el conjunto del sector podría estabilizarse e incluso comenzar una tímida recuperación”, aunque de las tres áreas que lo componen –transporte de fondos, sistemas y alarmas y vigilancia- esta última, que es la que más factura, parece estar destinada a pagar la peor parte dentro del sector.
Aunque sigue siendo el área que más negocio genera, pues factura 2.121 millones de euros, la vigilancia presenta el mayor nivel de contracción y tiene previsiones de cierre negativas de cara a 2015. En 2014, la vigilancia cedió un 1,77% con respecto a 2013, cuando con 2.159 millones de euros había caído un 7,99% desde 2012. La mayor demanda de vigilancia proviene del comercio y representa un 19% de los servicios, seguida por la industria y la energía (17%), entidades financieras (16%), edificios e instalaciones públicas (12%) e infraestructuras de transporte (11%). Completan el total menores porcentajes que se reparten entre el sector servicios, residencial, salud y educación.
Mientras, el área de transporte de fondos facturó 290 millones de euros, con un descenso del -1,11%, y los sistemas y alarmas alcanzaron 973 millones ysube un 3,56% en comparación con el anterior ejercicio, en el que este apartado comenzó a despegar con otro ascenso del 1,23%.
Menos vigilantes en activo
En 2014 se registraron 1.539 empresas de seguridad privada, de las que 1.304 fueron habilitadas por el Ministerio del Interior, 200 por la Generalitat de Catalunya y 35 por el Gobierno Vasco. Pero según el Instituto Nacional de Estadística (INE) hay una tendencia a la atomización, pues el 83% de estas empresas tienen menos de 50 trabajadores.
Además, el personal en activo bajó de los 77.100 en 2013 a los 75.650 en 2014, con una presencia masculina prioritaria. El nivel de rotación de personal se mantiene en un 14% y el 84% de los trabajos son indefinidos. El país siguepor debajo de la media europea en el ratio de fuerzas de seguridad privada, pues la proporción comunitaria es de 1 vigilante por cada 264 personas y en España es de 1 por cada 614 habitantes.
En 2014 entró en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, que tenía entre otros fines reducir el intrusismo y ampliar las competencias de los vigilantes privados, no ha impedido que Aproser siga detectando como un problema la incursión de agentes externos en el sector. Otros desafíos que identifica son “la competencia desleal, los bajos precios de licitación, la escasa rentabilidad y la inseguridad jurídica”.
Rechazada la demanda de CSIF contra CCOO por las elecciones sindicales en Segur Ibérica (Córdoba)
Un Juzgado de lo Social de Córdoba ha rechazado la demanda que CSI-CSIF presentó solicitando la nulidad del proceso electoral convocado por CCOO en la empresa Segur Ibérica, empresa que hasta el próximo septiembre tiene adjudicado el servicio de vigilancia y seguridad de las estaciones de ADIF en la provincia cordobesa, como son las de la capital y los municipios de Puente Genil y Villanueva de Córdoba.
Según informa CCOO, la demanda de CSIF se basaba en un supuesto defecto de forma de la convocatoria de las elecciones sindicales, pero el juzgado rechaza la demanda al entender que “fue avisada de la convocatoria de las elecciones con tiempo suficiente como para presentar alegaciones en el plazo legalmente fijado para ello” y que, sin embargo, “lo hizo extemporáneamente”.
En este sentido, CCOO ganó las mencionadas elecciones en los tres centros afectados por la demanda que ha desestimado el juzgado, de forma que los resultados de las mismas tienen validez.
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