El propietario de una academia falsificaba el diploma y el sello del Ministerio de Educación y los vigilantes de seguridad compraban el título, que les servía para ser jefes, por 1.000 euros
El Juzgado de lo Penal número 4 de Tenerife ha condenado a una docena de responsables de seguridad privada, entre los que destacan dos directivos de la empresa Seguridad Integral Canaria, por falsificar y adquirir títulos de Bachillerato, que eran necesarios para concurrir a la categoría de director de seguridad, nivel requerido para instalarse de manera legal en los puestos que ocupaban. Los acusados han sido condenados a entre tres y diez meses de prisión.
En concreto, los directivos de la compañía insular son Francisco Javier L. F., jefe de Calidad de la mercantil, y Leonardo C. S., gerente en Tenerife de la sociedad presidida por Miguel Ángel Ramírez. El juez les atribuye a ambos un delito continuado de falsedad en documento oficial. Según la resolución, el primero adquirió el título de bachiller a un falsificador “cuando realmente nunca lo obtuvo ni se presentó a examen alguno” y, una vez que lo tuvo bajo el brazo, lo mostró para obtener la habilitación como jefe de seguridad y director de seguridad ante la Comisaría de Policía de Tenerife en mayo de 2009. El título de bachiller fue configurado con fecha 17 de mayo de 2002 a pesar de que había sido confeccionado siete años después.
El segundo, Leonardo C. S., compró el título de bachiller falso por entre 700 y 1.000 euros a la misma persona a la que se lo adquirió Francisco Javier. Con su nuevo título, solicitó a la Comisaría Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía de Tenerife la habilitación como director de seguridad también en mayo de 2009, así como el acceso a las pruebas para jefe de seguridad, categoría que le fue concedida en noviembre de ese mismo año.
Fuentes de la compañía de seguridad canaria indicaron a este periódico que "estas dos personas no tenían la obligación de tener título para los puestos que ocupaban. La empresa nada tiene que ver en este asunto, ya que se trata de una responsabilidad personal".
Ambos directivos de Seguridad Integral Canarias compraron su título, como ellos mismos admiten en la sentencia emitida por conformidad entre las partes, a la misma persona, Julián Manuel F. H., a quien también se lo habían comprado otros 10 falsos responsables de seguridad. Este ciudadano había creado una red de venta de títulos falsos a través de su empresa legalmente constituida, Multiservicios Broker, que tenía como objeto social la gestión de una academia que impartía cursos para obtener la categoría de vigilante de seguridad.
Según la sentencia, en febrero de 2009 Julián Manuel se hizo con 500 diplomas en blanco, 250 que simulaban el título de bachiller y otros 250 que falsificaban el diploma de Formación Profesional. Asimismo, el condenado fabricó unos tampones que falsificaban el sello de la exministra Pilar del Castillo y de su secretario de Estado de Educación, ambos en el cargo entre 2000 y 2004.
Con estas herramientas, confeccionó los falsos títulos y “se dedicó a vender diplomas”, tanto de Bachillerato como de Formación Profesional. En concreto, el falsificador ofertaba los primeros por 1.000 euros y los segundos por 800. La Policía Nacional comenzó a investigar la trama en mayo de 2010. Cuando dio con el cabecilla de la trama, le interrogó y este entregó un 'pendrive' con documentación que reflejaba claramente cómo había estado elaborando los títulos de modo fraudulento.
La empresa de Ramírez tiene adjudicada actualmente la vigilancia de instalaciones públicas como el Ministerio de Defensa, el Metro de Madrid, la Tesorería General de la Seguridad Social o el Palacio Real,contratos que en total superan los 100 millones de euros. El empresario fue indultado por el Gobierno tras ser condenado a tres años de prisión por la ejecución de obras ilegales, medida de gracia que generó notable polémica -a pesar de que posteriormente fue revocada por el Supremo-, debido a la relación de amistad que Ramírez mantiene con el ministro de Industria, José Manuel Soria.
Por otro lado, Hacienda tiene claro que el propietario de Seguridad Integral Canaria ha maquillado la contabilidad de su empresa para presentar como si fueran dietas y kilometraje -exentos fiscalmente- otros conceptos salariales sujetos a retención y evitar así tributar por estos últimos gastos. Así lo puso en evidencia el informe que presentó el pasado junio la Agencia Tributaria ante la jueza de Las Palmas Victoria Rosell -que investiga al empresario por fraude a Hacienda y a la Seguridad Social superior a los 20 millones de euros-, ratificado la pasada semana ante la magistrada por el inspector que lo redactó.
Durante su comparecencia judicial, el perito aseguró haber detectado que Seguridad Integral Canaria ha estado ocultando la realidad contable y presentando como si fueran dietas conceptos que no lo eran. En concreto, dijo que los vigilantes han ingresado una media de 4.000 euros al año en concepto de medias. Algunos trabajadores, asegura, han recibido más del 28% de su salario en forma de dieta, un porcentaje que se encuentra muy por encima de la media de las empresas del sector, que se sitúa entre el 2,8 y el 3%.
