Aena aguanta el pulso a los grandes de la seguridad y mantiene su macroconcurso

• Confiará en grupos medianos tras el repliegue de Prosegur y Eulen
• Al mayor gasto suma la revisión de los contratos ante incrementos de tráfico

La dirección de Aena va a seguir adelante con la licitación de los contratos de seguridad privada en su red de aeropuertos pese a las presiones ejercidas por los grandes agentes del sector. Consciente de la ausencia de Securitas, el repliegue de Prosegur y ante las quejas públicas de Eulen por las condiciones de contratación, el presidente del operador aeroportuario, Jaime García Legaz, ha dado la orden de mantener en pie el proceso confiando en empresas de menor tamaño interesadas por el concurso. Con 360 millones de presupuesto para dos años, esta es una de las mayores llamadas a la seguridad privada en España.

Entre los ausentes hay quejas por baja rentabilidad. Prosegur es, de lejos, la principal proveedora de servicios de seguridad de Aena, con 17 contratos activos en la red de aeropuertos por un volumen total de 155 millones. En el actual proceso solo ha presentado candidatura para disputar los aeropuertos del Sureste (Alicante y Almería) y del área Andalucía Oeste (Jerez y Sevilla), con un volumen de licitación de 17 y 9 millones, respectivamente. Solo el control de pasajeros de Barajas, actualmente ofrecido por esta compañía, tiene un presupuesto de 58 millones.

La práctica ausencia de Prosegur y Eulen, y la reseñada renuncia de Securitas, se produce a pesar del incremento en un 25% del presupuesto de licitación. Los 360 millones recogen el 2% del alza salarial que marca el nuevo convenio colectivo y el 9% extra que los ministerios de Fomento, Interior y Empleo acordaron el pasado mes de noviembre con patronal y sindicatos para los vigilantes dedicados al sector aeroportuario.

Además de esa mejora, Aena ha tenido en cuenta la necesidad de un mayor número de efectivos e incluye cláusulas de revisión automática de las prestaciones económicas si se produce un incremento de pasajeros. Por la parte de los más de 5.000 vigilantes jurados en los aeropuertos, los pliegos buscan garantizar el cobro de las nóminas y el cumplimiento del convenio so pena de rescisión del contrato.

El operador dependiente de Fomento ha licitado estos servicios de forma simultánea en toda la red -algunos contratos han tenido que ser rescindidos antes de tiempo- con el fin de recoger los cambios derivados de la negociación colectiva y adaptar los pliegos a las necesidades que surgen por el boom turístico que vive España. Con un total de 250 millones de viajeros, de los que 82 millones fueron turistas internacionales, el año pasado la huelga del personal de Eulen colapsó el aeropuerto de Barcelona-El Prat en pleno verano. Una situación que Aena trata de evitar ahora a toda costa.

Primera fase en marcha

La compañía está evaluando ya las ofertas técnicas, tras lo que adjudicará estos servicios a las propuestas más económicas. Pese a basarse en el precio, la compañía ha eludido utilizar el sistema de subasta electrónica para no incentivar las bajas, y ha elevado el nivel de exigencia en el filtro de la fase técnica, subiendo la puntuación mínima necesaria desde los 60 puntos sobre 100 a un nuevo listón de 70. Quienes pasen este primer corte podrán aspirar a las adjudicaciones.

Solo la posibilidad de que alguno de los lotes quede desierto daría paso a una relicitación y la entrada de cualquiera se haya quedado fuera. Pero García Legaz ya ha manifestado en público su confianza en la solvencia y experiencia de las empresas concurrentes.

ICTS tiene en la actualidad contratos por 36 millones con Aena (Girona, Reus, Zaragoza, Asturias, Bilbao, Málaga y Vigo). Ombuds, una de las inversiones del fondo JZ International en España, atesora experiencia en el sector público y ya ha estado entre los proveedores de Aena. Abydos va por dos de los grandes contratos: el control de pasajeros de El Prat y el de Palma de Mallorca. Ilunion se presenta prácticamente a todos los lotes para actualizar su relación con Aena, para la que ya trabajó como Vinsa. Y Trablisa, que se disputa Barajas con Ilunion, viene de gestionar la seguridad privada en Palma de Mallorca.

Fuente: cinco días

Indignación en AENA con el portazo de Prosegur a sus principales licitaciones

El operador aeroportuario ha visto esta semana como su principal proveedor de seguridad rechaza participar en los concursos para los próximos dos años alegando falta de rentabilidad

Las condiciones del nuevo pliego para la contratación del servicio de seguridad de AENA se han presentado esta semana con bastante polémica. El líder del mercado Prosegur ha cerrado la posibilidad de optar a estos concursos alegando sus precios tan bajos que no los hacen rentables mientras que el gigante sueco Securitas, que gestiona aeropuertos por todo el mundo, tampoco se ha presentado y abandonó los aeropuertos españoles en 2016. Eulen, tercera en discordia que sufrió una huelga en El Prat en pleno agosto 2017, ha reducido drásticamente su interés.

Las críticas de las grandes al precio ofertado por AENA han sentado mal en el operador aeroportuario, algunos de cuyos directivos han manifestado al resto de compañías de seguridad el cabreo con el portazo -injustificado según su punto de vista- que ha dado Prosegur al operador semipúblico. Actualmente la compañía de la familia Revoredo es la adjudicataria de Barajas, Alicante, Gran Canaria, Tenerife, Valencia, Ibiza... las adjudicaciones más grandes excepto Barcelona, Málaga y Palma. Maneja un tercio del presupuesto de AENA para seguridad privada, por valor de 155 millones. Ahora sólo se ha presentado a dos lotes de Alicante y Sevilla.

Prosegur ha asegurado que "nos encantaría habernos presentado a más, pero no ha sido posible". AENA no ha querido confirmar la indignación que sí han manifestado sus directivos en reuniones con compañías del sector. Y mientras tanto, el resto de empresas observan este plantón de las grandes y ven como en los concursos pueden entrar algunas compañías con menos pulmón financiero y sin experiencia en aeropuertos.

Algunas de las compañías que sí se han presentado por ejemplo a Barajas y El Prat son Ilunion (de la ONCE), Ombuds, Eulen, Sureste, ICTS o la empresa mallorquina especializada en blindados Trablisa.

Muchos riesgos

Fuentes empresariales consultadas aseguran que la huelga de vigilantes de Eulen del año pasado ha puesto a las grandes sobre aviso: una gran concesión puede convertirse en un gran problema reputacional si se sigue el ejemplo de la huelga de Eulen el pasado verano, que produjo un caos en uno de los picos de trabajo del año. "Simplemente han pensado que a este precio no les compensa tomar el riesgo con todos los problemas que supone la gestión de un gran aeropuerto". 

Consultada por este diario, AENA recuerda que ha incrementado un 26% el presupuesto de los concursos con respecto actual "para incorporar los pluses que acordaron los sindicatos" tras el conflicto en el aeropuerto de Barcelona en el que se pactaron mejoras salariales para los vigilantes, con sueldos base próximos a los 1.000 euros mensuales. Pero las grandes piensan que aunque la licitación ha aumentado, el incremento de precio no cubre los incrementos de coste que va a haber. "Hay una parte técnica y luego una subasta donde se va a precio", argumentan.

Los sindicatos avisan

Desde los sindicatos también señalan que de facto AENA está incumpliendo los acuerdos llegados con los sindicatos y la patronal en una mesa de trabajo durante el otoño pasado. Alternativa Sindical ha señalado que AENA "contrata 100% a precio y que pone en situación de vulnerabilidad "a los más de 6.000 vigilantes que trabajan en sus instalaciones. No es posible que sea la propia administración pública la que esté generando precariedad laboral", argumentan.

Por su parte UGT ha enviado una carta a Jaime García-Legaz, presidente del operador público, para advertirle de esta situación. El directivo murciano entró en la compañía en octubre de 2017 tras haberse curtido durante años primero como economista de doctrina liberal en la Fundación FAES de José María Aznar, como diputado del PP y finalmente como secretario de Estado de Comercio. Tras su llegada AENA, aseguran, ha endurecido sus criterios.

Buenos tiempos en AENA

Esta "puño cerrado" de AENA se produce además, destacan los sindicatos, en unos años en que sus resultados son óptimos. En febrero cumplió 3 años en bolsa en los que la acción ha subido un 176%. Es ahora mismo una de las joyas de la corona del sector empresarial público español y cada anuncio de nuevos récords en el turismo español, cada nueva línea que Ryanair abre desde los aeropuertos españoles supone dinero automático en su caja a través de las tasas aeroportuarias. En 2017 AENA ganó 1.232 millones y aumentó su dividendo un 70%, del que el Estado se embolsó 500.

"La previsión es de que el tráfico en los aeropuertos siga subiendo y todo ello quiere hacerse sin mejorar las condiciones de los que velan por la seguridad", concluyen.

Fuente: Vozpopuli

Accidente laboral: indemnización de 48.000 euros a un vigilante de supermercado agredido al salir del trabajo

Un trabajador, vigilante jurado que prestaba servicios en un supermercado en la ciudad de Bilbao, ha visto estimada su demanda, interpuesta contra la empresa y las compañías de seguro dada la falta de medidas de prevención frente a los riesgos existentes en el centro de trabajo.

La sentencia, dictada el pasado 5 de diciembre de 2017 por el Juzgado de lo Social núm. 7 de Bilbao, concluye la dejación empresarial en la prevención, facilitando que el empleado pudiera ser objeto de un ataque coordinado y planificado a la salida del centro de trabajo, además de ser amenazado de muerte por los individuos que le agredieron.

Parece que las agresiones están conectadas con las incidencias que el trabajador tuvo con varios varones jóvenes a los que sorprendió llevándose artículos del supermercado escondidos entre la ropa, resultando un forcejeo y amenazas de agresión frente al trabajador, que resultó lesionado.

En la última de las agresiones sufridas, y tras extenderse parte de accidente in itinere, el empleado causó baja por incapacidad temporal debido a múltiples contusiones, siendo atendido hospitalariamente.

Con posterioridad cursó una nueva baja médica, esta vez por trastorno ansioso depresivo, derivando en un trastorno de estrés postraumático de carácter crónico, solicitando que le fuera asignado un nuevo centro de trabajo.

Falta de medidas de prevención

La sentencia refleja que en aquellos momentos existía por entonces una problemática de grave conflictividad, al haber ocurrido poco después otra agresión a otro vigilante, lo que propició la apertura de un Acta de Inspección y se valorase por la empresa la implementación de una serie de medidas de seguridad que luego incumplió, acaeciendo una segunda agresión a ese otro trabajador en marzo de 2013.

La empleadora era consciente de la problemática, sin que se llegase a informar a la nueva empresa adjudicataria del servicio de dichos extremos, pese a ser su obligación.

El juzgador echa en falta una previa y suficiente evaluación de los riesgos del centro, pues la entonces vigente no llegaba a contemplar ni a evaluar la posible violencia física externa para los trabajadores del centro, a pesar del clima de conflictividad existente y de las amenazas recibidas en ese sentido.

Responsabilidad de las empresas concurrentes

Tanto la empresa principal como la subcontratada son consideradas responsables de la falta de prevención de riesgos, pues la normativa no solo impone unas obligaciones preventivas para las empresas concurrentes que contraten o subcontraten con otras la realización de obras y servicios correspondientes a su propia actividad, sino también, los empresarios titulares del centro de trabajo devienen en deudores de seguridad

Cuantificación de los daños

En lo relativo a la reparación del daño causado al trabajador, la sentencia tiene en cuenta que para reparar los daños causados, nuestro sistema de Seguridad Social protege con prestaciones económicas la pérdida de capacidad laboral que sufre una persona a causa de un accidente laboral.

No obstante hay que tener en cuenta que el sistema solo otorga protección contra la pérdida de retribuciones que conlleva esa merma de capacidad laboral y no siempre lo hace con prestaciones que cubran el 100 por 100 de lo que ganaría trabajando. Esto implica que puede existir una merma de ingresos (lucrocesante), y además un daño no compensado por la Seguridad Social, como sería el daño moral, el dolor e incertidumbre de la situación en sí, la no posibilidad de hacer vida normal, la influencia de las secuelas en otros aspectos de la vida del trabajador...

Teniendo todo esto presente, considera ajustado a derecho condenar a las demandadas al pago de 48.829,22 de euros, más los intereses legales, condenando además a la aseguradora al abono del interés del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.

Justifica la condena a la aseguradora a dicho abono del artículo 20 LCS, entre otras razones, a que ni siquiera ofreció una indemnización mínima, pese a conocer cabalmente la concurrencia del accidente y el resultado lesivo para el trabajador.

La sentencia no es firme, pudiendo las empresas recurrir en suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Fuente: noticiasjuridicas.com

Prisión para un atracador que maniató a un vigilante y se llevó 190.000 euros

El Equipo Territorial de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Playa de las Américas detuvo a un varón, Y. C. A., de 31 años, vecino de San Miguel de Abona, como presunto autor de un delito de robo con violencia y otro de detención ilegal.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del día 29 de agosto del 2017, cuando se produjo un robo en el interior de un establecimiento sito en un centro comercial de Costa del Silencio, término municipal de Arona. Al citado centro comercial accedieron en horas de madrugada de ese día cuatro individuos, ocultando sus rostros para evitar ser reconocidos por las cámaras de seguridad de que disponía el centro. Una vez en el interior, los cuatro atracadores sorprendieron al vigilante de seguridad de dicho complejo, y tras intimidarlo y agredirlo con varios golpes por todo el cuerpo lo ataron de pies y manos a la vez que lo amordazaron, consiguiendo de esta forma que no diera voz de alerta y actuar con tranquilidad.

Una vez inmovilizado el personal de seguridad, al que causaron lesiones de las que tuvo que ser asistido posteriormente en centro hospitalario, forzaron accesos de un establecimiento de ese centro comercial y consiguieron apoderarse de una caja fuerte de grandes dimensiones. La misma contenía, según denunció posteriormente el perjudicado en dependencias de la Guardia Civil de Playa de las Américas, una cantidad cercana a los 190.000 euros en efectivo. Una vez cometido el hecho, los autores abandonaron el lugar llevándose la caja fuerte en un vehículo, dejando al vigilante tirado en el suelo herido, maniatado y amordazado. Esta persona pudo ser liberada horas después, cuando lo encontró en ese estado una mujer que ejercía las labores de limpieza del centro comercial y que fue la encargada de dar la voz de alarma a los servicios de emergencia.

Entre las múltiples gestiones en relación con dicho suceso se efectuó una minuciosa inspección ocular del lugar, hallando indicios biológicos que habían dejado uno de los autores del hecho al cortarse mientras manipulaba en el interior del establecimiento en el que se perpetró el robo.

Con la colaboración del Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses en Santa Cruz de Tenerife, se permitió, mediante cotejo del ADN, la identificación de uno de los autores que intervino en el hecho y a quien pertenecía la sangre hallada durante la inspección ocular llevada a cabo. Se da la circunstancia de que el presunto autor identificado poseía ya antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio.

Una vez detenido, el varón fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Arona, cuya autoridad judicial decretó su ingreso en prisión.

Fuente: La opinión

CCOO condena las agresiones a dos vigilantes de seguridad en Metro de Bilbao

CCOO ha denunciado una nueva agresión en el Metro de Plentzia a dos vigilantes de seguridad privada este sábado 17 de marzo a las 8:15 h al intentar impedir que una usuaria accediera a las instalaciones al no validar el titulo de transporte.

En el momento de intervención de los vigilantes, la usuaria propino un puñetazo a una de las vigilantes produciéndola un corte en el labio y la rotura de las gafas al otro vigilante.

Esta nueva agresión se suma a un sinfín más que los vigilantes de seguridad privada vienen sufriendo durante los últimos años, algunas de ellas con consecuencias graves.

"Desde CCOO Construcción y Servicios de Euskadi condenamos dichas agresiones y exigimos a Metro Bilbao más dotación de personal en las estaciones para garantizar la seguridad de los y las usuarias y de los propios trabajadores de estas instalaciones" han declarado los representantes sindicales.

Fuente: CC.OO.

APROSER condena las continuas agresiones a los profesionales de la seguridad privada

Aproser, Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad, quiere condenar la agresión que han sufrido dos vigilantes de seguridad privada por parte de varios radicales del Olympique de Marsella en el estadio de San Mamés en Bilbao. Como consecuencia de los golpes recibidos, uno de los vigilantes recibió una herida por objeto punzante en el lado izquierdo del cuello. El otro, fue tratado de una herida inciso contusa en la mano y presentaba fracturas del cuarto y quinto metacarpiano así como una herida en el dorso de la mano derecha.

Hechos como este, que ya están empezando a ser tan repetitivos como intolerables, muestran la necesidad y la relevancia del cometido que afrontan diariamente los VIGILANTES de seguridad privada en el desempeño de sus funciones, que no es otro que la salvaguarda de la seguridad ciudadana en constante colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El vigilante de seguridad privada, realiza un trabajo absolutamente necesario para la sociedad, complementario y subordinado al de la seguridad pública y, muchas veces, asumiendo responsabilidades muy por encima de las exigibles en el desarrollo de sus actividades cuando se observa que la integridad del ciudadano está en peligro.

Por ello, desde Aproser queremos poner de manifiesto, una vez más, nuestra firme condena a estas agresiones. Asimismo, reclamamos que el nuevo reglamento de seguridad privada desarrolle adecuadamente la protección jurídica del vigilante, que prevé la ley de seguridad privada, para los profesionales del sector, y que estos lamentables actos conlleven para sus responsables las mismas consecuencias que tendría una agresión a un agente de la seguridad pública.

Hace unos días un partido político pedía mayor protección jurídica para un bombero que para un vigilante de seguridad. Nosotros, no entrando en provocaciones que darían lugar a mayores comentarios al respecto, entendemos que ambos se merecen la misma y la máxima posible, al igual que otras funciones y servicios complementarios y auxiliares de la seguridad pública, esto es, de la seguridad que requiere el ciudadano y que se configura como un derecho fundamental.

Por último, queremos trasladar nuestro reconocimiento y agradecimiento por la labor que realizan cada día de forma continuada y dilatada en el tiempo los profesionales de seguridad privada, en especial los vigilantes de seguridad, que se configuran como la primera línea para alerta y prevención de posibles delitos.

Fuente:Aproser

Preavisos de huelga en Novo Segur

                              

Dirección Gral. de Empleo y S.S.                                   Ministerio de Interior

El Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada propone una Guía de Buenas Prácticas en la contratación de servicios de Seguridad Privada

Ver documento

Sindicatos piden más medidas de protección para los vigilantes en estadios

Los sindicatos han reclamado equipos de protección para los vigilantes de seguridad privada que actúan en campos de fútbol, como medida para evitar agresiones como las que ayer sufrieron dos vigilantes en San Mamés por parte de hinchas radicales del Olympique de Marsella.

UGT y Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada han coincido hoy en exigir equipos de protección para los vigilantes similares a los que utilizan los policías, como cascos o chalecos antipinchazos.

Además, Alternativa Sindical ha denunciado el "intrusismo" en su actividad mediante la figura regulada por la UEFA y la FIFA del "steward", los azafatos que llevan chaleco amarillo pero realizan también labores de vigilantes, y que la mayoría de los clubes no tienen un director de seguridad como exige la ley.

Así mismo, este sindicato acusa a las empresas de seguridad de priorizar el beneficio sobre la seguridad laboral de sus trabajadores y denuncia que a los hinchas radicales se les hacen, por falta de personal, cacheos menos minuciosos que al resto de aficionados.

Por su parte, UGT también ha reclamado medios de seguridad para los vigilantes y ha anunciado que pedirá una reunión urgente al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, para aumentar la autoprotección y reforzar la protección jurídica de los vigilantes tipificando los ataques que sufren como "agresiones a la autoridad".

También CCOO ha condenado la agresión sufrida ayer por los dos vigilantes de San Mamés y ha expresado su "máxima repulsa" por estos "lamentables hechos".

Por su parte, el sindicato de la Ertzaintrza Esan ha lamentado "profundamente" la agresión a los vigilantes y ha destacado la profesionalidad de los ertzainas que ayer participaron en el dispositivo de seguridad, "cuando una parte importante de la sociedad vasca se nos había echado encima tildándonos de vagos y caraduras".

Fuente: La vanguardia

Ultras del Marsella hieren a dos vigilantes de seguridad en San Mamés

El ataque se ha producido en los primeros minutos del partido del Athletic en la Europa League. Detenidos tres hinchas del equipo francés.

Los violentos del fútbol la volvieron a liar ayer en Bilbao tan solo tres semanas después de que un ertzaina muriese de un infarto durante los enfrentamientos entre ultras del Athletic y el Spartak. Ayer dos guardias de la seguridad privada del Athletic resultaron heridos por arma blanca en el estadio de San Mames, agredidos por ultras de Olympique de Marsella, aunque su vida no corre peligro. Uno de ellos, de 57 años, fue herido con arma blanca en el cuello, junto a las bocas de acceso al estadio. El vigilante fue atendido inicialmente por los propios compañeros así como miembros de la Ertzaintza y la Policía Municipal, antes de ser trasladado al Hospital público de Basurto, a unos cientos de metros de estadio. El hombre quedó allí ingresado en observación una vez comprobado que su vida no corría peligro y que todo estaba controlado.

El otro miembro de la seguridad de San Mamés fue agredido por los ultras que estaban radicados en las localidades reservadas para la afición rival. En un momento dado del partido, los ultras del OM sacaron bengalas y pirotecnias que están prohibidas. Se produjeron incidentes en esa zona del campo, ya que muchas bengalas fueron arrojadas contra el público de San Mamés con el consabido peligro para la integridad física de los aficionados. En el transcurso de esos incidentes fue cuando resultó herido el otro vigilante a causa de otra agresión con arma blanca en la mano, que también obligó al traslado al hospital de Basurto, donde fue tratado de la fractura del cuarto y quinto metacarpo, aunque fue dado de alta a las pocas horas. De momento, los incidentes se han saldado con tres detenidos, presuntamente ultras del OM, y la Ertzaintza estaba investigando la implicación de cada uno en los sucesos.

El primer ataque se produjo a las 19.15, según el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, un cuarto de hora después de que se iniciase el partido entre el equipo francés y el Athletic, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Europa League. Ambos heridos estuvieron en todo momento estables y fuera de peligro.

Según las primeras informaciones de la Ertzaintza, el vigilante habría llamado la atención a unos aficionados del Marsella y luego fue agredido por ellos. El hombre fue trasladado al hospital con una herida de arma blanca en lado izquierdo del cuello. El sindicato CC OO, al que pertenece uno de los agredidos, informó de que dentro del estadio se produjo una “batalla campal”, a la vez que condenaba los hechos.

Incidentes previos

Los radicales del equipo francés también causaron pequeños incidentes por el centro de la ciudad después de haber sido vigilados por la Ertzaintza en su trayecto desde la frontera francesa hasta Bilbao. Sin embargo, la policía vasca les intervino armas blancas, porras de hierro y otros materiales violentos, todo un arsenal que explicaba a las claras cuales eran las intenciones de los casi mil radicales del OM que viajaron a Bilbao. Los ultras fueron inicialmente aparcadosen una zona de obras donde se construye la península de Zorrozaurre, el enésimo megaproyecto de transformación de la ciudad. “Estamos en en medio de ninguna parte”, escribieron en sus redes sociales algunos de esos ultras franceses. Pero el día es largo y dio para que recorrieran el centro, agredieran a un fotógrafo de El Correo (Ignacio Pérez) y exhibieran sus bengalas. También se pudo ver a un ultra del OM, Santos Mirasierra que en 2008 fue condenado por agredir a un policía en el Vicente Calderón. Aparentemente hacía de interlocutor entre los ultras y la Ertzaintza.

Los ultras del Marsella ya protagonizaron incidentes en San Mamés en 2016 con bengalas en el estadio y enfrentamientos en la ciudad antes del partido. Dados los precedentes, Bilbao se había preparado para recibir a los radicales, de los más peligrosos de Europa. La Ertzaintza valló la explanada del estadio para que las aficiones de ambos equipos no se juntasen, medida que funcionó.

Al final el OM venció también en San Mamés y consiguió su pase a la siguiente ronda. Mucha gente en Bilbao respiró más tranquila.

Fuente: El país

Aena se despide del chollo de los contratos ‘low cost’

Este 9 de marzo entra en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que se centra en la calidad por delante de la oferta más ventajosa económicamente en los concursos públicos. Una ley que da de lleno contra la política de Aena, que ya no podrá aprovecharse de los chollos de los contratos a la baja. De hecho, esta podría ser el fin definitivo de las continuas huelgas, aunque ni el sector público ni las propias empresas están preparadas para esta legislación y existen ciertas dudas.

La nueva Ley de Contratos Públicos, aprobada definitivamente por el Congreso de los Diputados, transpone con retraso una directiva europea. Con entrada en vigor llegan muchas novedades en las contrataciones públicas que afectan a empresas públicas como Aena, pero también a otras compañías de seguridad privada como Marsegur –ahora Novo Segur– o Eulen, que no podrán someter a sus trabajadores a contratos precarios, por ejemplo.

Entre las principales novedades de la ley es que se da preferencia a la calidad por encima del precio de contratación. De esta forma, se elimina el concepto de oferta económicamente más ventajosa y se sustituye por la de mejor calidad-precio. Las ofertas low cost se conocen como bajas temerarias. Del precio que Aena estima que cuesta una obra, servicio, suministro o asistencia para la empresa pública resulta que los proveedores licitan por una cantidad menor. Así funciona la contratación en el sector público.

“En la nueva Ley hemos intentado atenuar el fenómeno de las bajas temerarias con la introducción de criterios cualitativos que, en determinados contratos, no pueden ser inferiores a ciertos porcentajes de la evaluación para que esta no se base exclusivamente en el precio”, indican fuentes de Ciudadanos.

Asimismo, la ley tiene muy en cuenta los convenios colectivos de las empresas adjudicatarias. Entre las causas de resolución del contrato destaca el impago de los salarios por arte del contratista o el incumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de los trabajadores.

“Otra novedad que me parece igualmente destacable en relación a los efectos y extinción del contrato es que los pagos se deberán realizar en los mismos términos que los contemplados para la Administración, por lo general en el plazo de 30 días desde la aprobación de la factura”, explica el abogado del bufete Melián Abogados, Juan Carlos García Melián.

También se acortan los plazos de presentación de una oferta y se establece un plazo de contratación de cinco años prorrogable en determinados casos, entre otras. Y, además, se establece un límite del 20% a la figura de los modificados. Eso quiere decir que los sobrecostes de los contratos estarán más controlados.

Los contratos low cost de Aena

Si las aerolíneas de bajo coste acaparan más de la mitad de los pasajeros transportados en los 46 aeropuertos de la red de Aena, los contratos “tirados de precio” del gestor público también se caracterizan por ser low cost.

Las cifras en Aena entre 2012 y 2017 son bastante reveladoras ante esta situación. Según el Gobierno, en respuesta a las preguntas del grupo parlamentario Ciudadanos, un total de 1.153 obras, suministros, asistencias o servicios fueron adjudicados con más del 30% de disminución del coste, 631 con más del 40% y 304 con más del 50%. En total, se trata de 2.088 de más de 300.000 euros con bajas superiores al 30%.

Además, en ese periodo comprendido de cinco años, el número de expedientes de más de 300.000 euros que quedaron desiertos fue de 240. Y el de los que fueron anulados alcanzó los 948. Es decir, ni siquiera las empresas quisieron entrar a concursas por un contrato tan bajo que impediría pagar un salario digno a sus trabajadores o poder acometer el proyecto sin declararse en suspensión de pagos, entre otras cosas.

En el caso de Enaire –matriz de Aena– se licitaron 987 expedientes, de los cuales, el 21% (208) se hicieron por más de 300.000 euros. De estos, 40 contratos se adjudicaron con bajas de más del 30%, 22 con bajas de más del 40% y 8 con bajas de más del 50%.

¿Fin de las huelgas?

Detrás de estas cifras se esconden las huelgas de los vigilantes de El Prat o las de limpieza del aeropuerto de Ibiza del pasado año. Las empresas de servicios que “tira los precios” para llevarse un contrato se ven tentada a aumentar la carga de trabajo en sus trabajadores o a bajar sueldos.

Lejos de aprender la lección, el gestor aeroportuario lanzó en diciembre el concurso para el servicio de seguridad privada en los aeropuertos españoles por importe de 370,3 millones de euros. La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO detectó ciertas irregularidades en los pliegos, por lo que se interpuso un recurso.

Aena se vio obligada suspender el plazo de presentación de ofertas, previsto hasta el 2 de febrero. Curiosamente antes de la entrada en vigor de la nueva ley. El motivo: de nuevo la sombra de un contrato low cost.

En la práctica, se trata de un procedimiento que se realiza para “bajar el precio del servicio, algo que aumentaría la conflictividad como ocurrió este verano en El Prat”, recuerda Basilio Alberto Febles, secretario general de Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO (FTSP-USO).

Los límites no están claros

No obstante, Aena se defiende alegando que algunos de los contratos que otorgan se rigen por la ley de Sectores Excluidos para “obras de 5.548.000 euros de mínimo y servicios y suministros de 443.000 euros como mínimo”. Por debajo de ello, la nueva ley sí se aplicará.

Según el abogado experto, algunos contratos que realiza Aena, no todos, están sujetos a la normativa de contratación de sectores especiales (agua, la energía, los transportes y los servicios postales). La Directiva 2014/25 que regula esos sectores aún no ha sido traspuesta a nuestra legislación, algo por los que España podría ser sancionada.

Así, Aena podría jugar su as bajo la manga para algunos contratos. Pero en términos generales, la nueva ley pondrá fin a los contratos a la baja.

¿El sector público está preparado?

Ni la Administración Pública, ni las empresas públicas y privadas están preparadaspara esta nueva legislación. “No existe suficiente profesionalización del personal que ha de gestionar la contratación según esta nueva norma, norma que es bastante compleja”, explica el abogado. Y es que esta nueva ley contiene 334 artículos, 57 disposiciones adicionales, 10 disposiciones transitorias, seis disposiciones finales y tres anexos. Todo ello en 294 páginas.

En segundo lugar, el abogado habla de un cambio “radical” ya que se “establece la obligatoriedad de que las comunicaciones y publicaciones que se realicen en todo el proceso se realicen de principio a fin de manera electrónica, a través de plataformas interoperables y formatos abiertos y reutilizables”.

Pero no solo los expertos en derecho público coinciden en su complejidad, sino también los propios trabajadores de la administración pública. “Para la Administración Pública va a ser un reto. Y no va a ser fácil cumplir con los objetivos”, indica el director general de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda, Pablo Arellano.

En definitiva, la nueva ley traerá muchos cambios, algunos de los cuales ni siquiera se prevén por su complejidad. Pero lo único claro es que los contratos low cost de Aena no se producirán como los conocemos hoy en día.

Fuente: merca2.es

Un vigilante les plantó cara

Un vigilante de seguridad les plantó cara, desarmado. "Querían rematarlos y dispararon sin cesar; pudo haber una masacre", contó después a la prensa. D. encañonó al guarda y lo conminó a que se hiciera a un lado: "Si no te apartas te parto por la mitad". El vigilante le insistió que tirase el arma. El padre y sus hijos huyeron pero siguieron disparando desde el coche.

El encausado que presuntamente encañonó al guarda se expone a la mayor petición de condena. D. G. M. -tío de la chica embarazada- se enfrenta a13 años y medio si la Audiencia aprecia delito de atentado a personal de seguridad privada. Si la sala califica los hechos como amenazas, la máxima pena posible será de 12 años. Comparte con los otros 5 acusados dos delitos de intento de homicidio (8 años en total), desórdenes públicos (1 año) y tenencia ilícita de armas (1). A los tres primeros acusados se les imputan daños (multa de 3.600 euros).

La Fiscalía quiere que los 6 implicados indemnicen a cada víctima con 1.500 euros, y al Sergas por la atención médica (1.181). Si son condenados, los tres primeros tendrán que pagar los daños ocasionados en el CHUO (2.649 euros), y en dos vehículos que recibieron disparos (838). La fiscal pide a la Audiencia que proyecte los vídeos -corrieron por las redes- sobre el suceso del hospital.

Fuente: Faro de Vigo

Doble denuncia contra la empresa privada que controla la seguridad en los juzgados madrileños

El sindicato libre de seguridad, mayoritario en el sector de la seguridad privada, presenta esta mañana dos denuncias contra la empresa "Alerta y Control" que ya gestiona los accesos en los órganos judiciales regionales.

Alerta y Control ha presentado oferta para renovar ese concurso sin tener un plan de igualdad de sexos, condición básica que fija la Administración para optar a cualquier contrato público

La empresa Alerta y Control continúa en los tribunales. Paradójico que la compañía que se encarga de la seguridad en los órganos judiciales de la región vuelva a ser denunciada por graves incumplimientos laborales con sus trabajadores.

Pero ahora la demanda va por partida doble: por un lado, denuncia por un presunto delito de estafa: ha presentado su oferta saltándose la ley, está obligada a tener un plan de igualdad y por otro demanda de Lo social por violación de derechos sindicales.

Jose Carlos Fernández, portavoz del Sindicato Libre de Seguridad, ha señalado a RadioMadrid.es que el ejecutivo regional también debe dar explicaciones sobre este proceso de licitación porque ha permitido que una empresa que no cumple la normativa concurra a este procedimiento.

El concurso para renovar este contrato asciende a 17 millones de euros. Ahora se encuentra en fase de licitación.

La Comunidad de Madrid ha señalado a la SER que la empresa Alerta y Control cumple cumple con todos los requisitos para estar en el concurso, y recuerda que el plan de igualdad no es un requisito imprescindible para ello.

Fuente: Cadena Ser

Podemos denuncia en el PE la situación de vigilantes de seguridad en España

La delegación de Podemos en el Parlamento Europeo (PE) advirtió hoy sobre el deterioro de las condiciones laborales del sector de la seguridad privada en España, un colectivo al que, denuncian, se niega el derecho a hacer huelga.

Podemos atribuye la precarización de las condiciones de los vigilante privados a la reforma laboral que impulsó el Partido Popular en 2012, sobre la que, anunciaron hoy, preguntarán a la Comisión Europea (CE) si cumple con la legislación comunitaria.

"Nos llaman la atención las cláusulas por ejemplo sobre el sector de la imposibilidad de hacer huelga. Creemos que eso choca con una serie de directivas europeas", dijo el portavoz de Podemos en la Eurocámara, Miguel Urbán, que añadió que se trata de una serie de condiciones que "limitan claramente la capacidad de los trabajadores para reivindicar sus derechos".

Urbán criticó igualmente que la reforma laboral facilite la "intrusión de empresas piratas" en el sector y dijo que su grupo está valorando llevar esta pieza legislativa ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

Denunció también que no hay una "transposición correcta de las cláusulas sociales" en el ámbito de la contratación pública de los servicios de seguridad y criticó los "elementos de corrupción palpables" en este sentido.

"Al final muchos de los contratos se hacen en los palcos de los principales equipos de fútbol, ya sea en Las Palmas o en el Bernabéu o en cualquier otro. Eso es una forma demasiado normal de funcionar en nuestro país", subrayó.

La delegación de Podemos en la Eurocámara recibió hoy a 18 representantes de 18 organizaciones diferentes dentro del sector de la seguridad privada en España, que emplea a entre 70.000 y 80.000 personas.

"Queremos poner el foco sobre un sector demasiado opaco y demasiado acostumbrado a la corrupción (...). Creemos que eso no solo debe tener un espacio en el Parlamento Europeo sino que las instituciones (europeas) se deben pronunciar sobre ello", declaró Urbán.

El europarlamentario recibió a los trabajadores acompañado por el diputado de Unidos Podemos en el Congreso Alberto Rodríguez y las diputadas de Podemos en la Asamblea de Madrid Isabel Serra y Elena Sevillano.

Esta última se refirió al sector como "precarizado por la reforma laboral, problemas de contratación pública y corrupción", mientras que Rodríguez, también portavoz de Empleo de Podemos en el Congreso, dijo que la "reivindicación mayoritaria y unánime" de los vigilantes privados es el "hachazo" de la reforma laboral a sus condiciones.

En la práctica esto ha supuesto, según el diputado, "bajadas de salarios tremendas, un descontrol absoluto de regulación en las jornadas, precariedad y facilitación de despidos", por los que pidió "tumbar" la reforma laboral para que los convenios del sector y territoriales vuelvan a tener prevalencia sobre los de la empresa.

Fuente:finanzas.com

Los vigilantes de seguridad del Ministerio de Defensa denuncian que llevan dos meses sin cobrar

La concentración ha sido convocada en la Dirección de Acuartelamientos, en la calle Mayor número 79, a solicitud de los Vigilantes de Seguridad que trabajan para el Ministerio de Defensa, por el sindicato Unión Independiente de Trabajadores (UIT) con apoyos a la convocatoria de la Asociación Nacional de Vigilantes de Defensa (ANVIDEF), del Movimiento 27 VVSS Unidos y de los sindicatos: Sindicato Libre de Seguridad (SLS), Sindicato Nacional de Trabajadores (SNT) y Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios (STSyS).

Denuncian la “grave situación” que sufren los Vigilantes de Seguridad (cerca de 1.500 trabajadores) de la empresa Novosegur Seguridad Privada S.L., que trabajan en las instalaciones del Ministerio de Defensa y en otros organismos públicos y clientes privados.

Recientemente, aseguran, esta mercantil ha comunicado la presentación de un Concurso de acreedores y aún no ha abonado las nóminas del mes de enero, después de haber sometido a sus empleados a bajadas de salario de alrededor del 40% e impagos repetidos desde que resultó adjudicataria de los contratos del Ministerio de Defensa.

Fuente: El confidencial

Condenado a 20 años de prisión el autor de la muerte de un vigilante en Tafira

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a penas que suman 20 años, seis meses y un día de prisión al ciudadano marroquí Yassin Othman, de 30 años, como autor del asesinato y robo del grancanario José Manuel T.M., de 38 años, el 7 de febrero de 2017 en Tafira .

El magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Pedro Herrera, de acuerdo con el veredicto emitido por el jurado encargado del caso el pasado miércoles, condena a Othman como autor de un delito de asesinato con la agravante por alevosía y ensañamiento con la atenuante cualificada de confesión (16 años), otro de robo con violencia (tres años, seis meses y un día) y un tercero de obstrucción a la Justicia.

La resolución declara probado que, a la 01.30 horas del 7 de febrero de 2017, el acusado se situó en un lugar próximo a la residencia de José Manuel T.M., el restaurante El Lentiscal de la antigua carretera de Tafira, y cuando vio que éste salía de su casa y se dirigía a la parada de guaguas, "empuñando el cuchillo de notables dimensiones que había traído de casa, se colocó a la espalda del primero".

"De improviso, y sin que José Manuel le viera venir", continúa, con el propósito de terminar con su vida, comenzó el acusado a clavarle varias veces el cuchillo en la cabeza" y en el brazo derecho, cuando la víctima se giró.

A consecuencia del ataque, José Manuel cayó y quedó en el suelo de rodillas, lo que "fue aprovechado a su vez por el acusado para situarse encima y continuar con su acción, clavando el cuchillo en la cara, ojos y cuellos del agredido, para finalmente apuñalarle tres veces al menos en el tórax", expone el fallo.

En total, recapitula la sentencia, la víctima recibió 43 puñaladas. Falleció poco después del ataque, desangrado por una de las heridas, la que le perforó el pulmón.

Tras ejecutar "esa violenta y extrema acción", detalla la Audiencia, Othman "se apoderó de la mochila que portaba José Manuel, que contenía sus efectos personales y un total de 550,04 euros que provenían del sueldo cobrado ese mes por el fallecido.

El acusado había sido amigo de su víctima, y le atacó, según declaró probado el jurado, porque ésta había declarado en su contra en una investigación judicial abierta a raíz de la denuncia de otro vecino de Tafira que acusaba a Othman de robo y amenazas.

El asesino admitió de manera espontánea ante la Guardia Civil la autoría del crimen y facilitó la localización del arma homicida, expone el fallo.

La resolución es susceptible de recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y éste, de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 

El condenado tendrá que pagar una indemnización de más de 40.000 euros al hermano del fallecido.

Fuente:Rtvc

Novosegur solicita el concurso de acreedores

La empresa de seguridad privada Novosegur (antes Marsegur) ha comunicado al comité de empresa de Madrid que ha solicitado la declaración de concurso de acreedores tras adeudar dos nóminas a la plantilla e irregularidades en los últimos meses. Desde enero los trabajadores habían convocado una hulega indefinida, después de que en diciembre, el Tribunal Supremo confirmara la nulidad del convenio colectivo de la compañía que fijaba salarios muy inferiores a los del sector, alrededor del 40% menos. En los últimos años se había hecho con contratos públicos en ministerios como Defensa.

En Aragón se encarga de la seguridad del Hospital Militar, Capitanía y el Centro de reclutamiento Militar, además de la delegación territorial de Hacienda. «Estamos en el limbo hasta que Defensa decida por la vía de urgencia», han explicado desde OSTA. Los sindicatos esperan que se haga cargo otra u otras compañías del sector y subroguen a los trabajadores. En la comunidad aragonesa son alrededor de 70 empleados de los 1.000 en toda España, según UGT. Los sindicatos quieren que los trabajadores puedan volver a trabajar cuanto antes. "Vamos a esperar a que nombren administrador concursal e intentar que los servicios que tiene asignados la compañía sean pasados a otras, aprovechando que el convenio de seguridad recoge la subrogación", han indicado desde Fesmc UGT.

Los sindicatos UGT, CC.OO y FTSP-USO, integrantes del Observatorio Sectorial de Seguridad Privada, "venimos analizado y combatiendo a este tipo de empresas, teniendo claro que tirar precios en las adjudicaciones públicas para luego rebajar las condiciones salariales a los trabajadores no tiene ninguna lógica y es una política empresarial errónea que lleva de forma inevitable al cierre de la empresa", han apuntado en un comunicado.

Las organizaciones sindicales denuncian que pese a las sanciones de la Inspección de Trabajo y la huelga, el Ministerio de Defensa le había renovado el servicio hasta el mes de abril.

Fuente:Heraldo.es

Tres ministerios contratan una 'low cost' de seguridad tras declararse ilegal su convenio

Un centro de atención a personas con discapacidad en Cáceres, una tesorería de la seguridad social en Cuenca y varias sedes del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Son las instalaciones de distintos organismos dependientes los ministerios de Sanidad, Economía y Empleo que vigilará Novo Segur (antigua Marsegur), una empresa cuyo convenio colectivo ha sido declarado ilegal de forma definitiva por el Tribunal Supremo el pasado mes de diciembre. Los contratos de seguridad de estos centros, que suman algo más de dos millones de euros, se han adjudicado o formalizado después que el máximo órgano legislativo hiciera pública la sentencia.

Las nuevas adjudicaciones no incumplen la ley de contratación actual, pero van en contra de las cláusulas sociales de contratación, difundidas como recomendaciones el pasado verano a la espera de que entren en vigor en marzo. El mismo Congreso de los Diputados pidió al Gobierno, a través de la Comisión de Defensa, que se dejara de trabajar con esta empresa.

La última sentencia del Supremo, del 19 de diciembre, cierra todas las opciones de legalidad que quedaban al convenio de trabajo de Novo Segur. El Tribunal ha rechazado su recurso de casación, última apelación posible contra una sentencia judicial. El día antes, la secretaría general de CSIC adjudicó seis contratos a esta compañía, por un total de 1,8 millones de euros. El día mismo de la sentencia, Novo Segur consiguió otro, el mayor, de 312.000 euros. Todos ellos entraron en vigor tras su formalización, que se cerró entre finales de diciembre y comienzos de enero, varias semanas después del enunciado del Supremo.

La Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por su parte, cerraron la adjudicación diez días después de la decisión judicial. Los contratos suman, en total, 2,1 millones de euros, tal y como consta en el Portal de Contratación del Estado.

Novo Segur se ha enfrentado a las críticas de los sindicatos y a varios pleitos en los tribunales por las condiciones precarias en las que se trabajan sus empleados. Sus sueldos rondan los 789 euros brutos al mes y las guardias nocturnas se premian con 10 céntimos más, una cantidad idéntica al plus por trabajar los domingos y festivos. Las horas extra se remuneran al mismo precio que las ordinarias. Todo estaba pactado en el Convenio Colectivo de la Empresa, firmado en marzo de 2015. Tras una larga batalla judicial, el Tribunal Supremo lo anuló el pasado mes de junio y ha tumbado, ahora, el último recurso de Marsegur. Otra sentencia, esta vez de la Audiencia Nacional, añadía este mes de enero que Marsegur ha violado el derecho de huelga de sus trabajadores durante las protestas del pasado mes de septiembre.

Fuentes del Ministerio de Empleo aseguran que "las direcciones provinciales funcionan como organismos autónomos que toman sus propias decisiones de contratación" y recalcan, en relación a la sentencia, que no pueden rescindir un contrato a menos que se condene a la firma por haber cometido un delito. La adjudicación por parte del CSIC fue más compleja. La empresa apeló el contrato ante el tribunal administrativo central de recursos contractuales, que confirmó que, de acuerdo con la legislación actual, se le debía asignar la adjudicación por haber presentado la oferta más adecuada. Por otra parte, este periódico no ha conseguido ser atendido por un portavoz de la empresa.

No es un caso aislado

Los vigilantes de esta empresa habían arrancado su protesta para denunciar la pérdida de poder adquisitivo de casi 400 euros al mes, con sueldos un 30% inferiores a las tablas del convenio de seguridad estatal. El Ministerio de Defensa fue el primero en acabar su relación con la antigua Marsegur (ahora Novo Segur). Lo hará una vez finalizado el actual acuerdo Macro, firmado a comienzos del año pasado y que garantiza todavía adjudicaciones a la empresa hasta la nueva licitación, que tendrá lugar en marzo. Gracias a ese contrato, la empresa pudo llevarse otros 200.000 euros para garantizar la seguridad de toda la red sanitaria militar.

También el Ministerio de Fomento dio un paso importante en esta dirección. Tras la huelga en el aeropuerto de El Prat, que hizo estallar el debate sobre la seguridad privada en España, el departamento de De La Serna firmó el un acuerdo vinculante con los sindicatos y las empresas para mejorar las condiciones del sector.

La vigencia legal de estos contratos es posible gracias a la reforma laboral de 2012. El texto dio prioridad en la aplicación a los convenios de empresa sobre los de ámbito superior. La nueva Ley de Contratos Públicos, que entrará en vigor el 9 de marzo, debería evitar situaciones como esta. Sobre el papel, el precio pierde peso como criterio de adjudicación en favor de otros como la calidad del servicio y los pliegos deberán incluir cláusulas sociales. Las empresas, además, estarán obligadas a aplicar el convenio colectivo del sector, con salarios notablemente superiores a lo que pagan empresas como Novo Segur.

El citado caso de la huelga de El Prat recuerda que el de Novo Segur no es un caso aislado. El mismo ministerio de Empleo ya estuvo en el centro del huracán después de que 'El País' desvelara su contrato con otra empresa de servicios de seguridad 'low cost', Sinergias de Vigilancia y Seguridad.

Seguridad Integral Canaria, propiedad del Miguel Ángel Ramírez, presidente del UD Las Palmas, era conocido por ser uno de los mayores contratistas de seguridad 'low cost', con más 200 millones en adjudicaciones públicas. La Seguridad Social le acusa de haber defraudado 14 millones de euros y la empresa ya ha entrado en proceso de liquidación. La sospecha de los sindicatos es que Novo Segur y Sinergias, así como Marservi, otra empresa del sector, no dejen de estar relacionadas con el dueño del club más importante de la comunidad canaria.

Fuente: El confidencial

Denuncian la vulnerabilidad de los vigilantes ante agresiones de grafiteros

El sindicato Alternativa Sindical ha denunciado ante la Inspección Provincial de Trabajo la agresión esta semana a un vigilante de seguridad, que patrullaba solo, por parte de varios grafiteros en los talleres de Renfe en Fuente de San Luis en València.

Según un comunicado del sindicato de trabajadores de seguridad privada, la madrugada del pasado martes, un grupo compuesto por seis grafiteros accedió a los talleres de Fuente de San Luis con la intención de pintar las unidades que quedan estacionadas en vía muerta.

Al ser sorprendidos por el vigilante de seguridad que presta servicio en esas instalaciones, lo rodearon, insultaron y agredieron, incluso mediante el lanzamiento de piedras, según la denuncia sindical.

El miembro de seguridad, mientras evitaba la comisión del delito, intentó avisar, sin éxito, a un compañero que prestaba servicio a unos 200 metros del lugar mediante un geolocalizador que, según el sindicato, no funciona correctamente.

Alternativa Sindical explica que este área es un lugar muy habitual donde actúan las bandas organizadas de grafiteros, circunstancia conocida "de sobra" por parte del departamento de seguridad corporativa de Renfe Operativa y de la empresa encargada de la seguridad, pese a lo cual solo presta servicio un único vigilante de seguridad "cuya integridad física peligra".

Tras estos hechos, el servicio de seguridad de los talleres ha quedado provisionalmente reforzado con la presencia de dos vigilantes más en el turno de noche.

El sindicato ve, no obstante, "lamentable y penoso que tenga que ocurrir un incidente de estas características, donde podría haberse dado una verdadera tragedia, para que se adopten medidas".

Del mismo modo, advierte de que se produce la misma situación con los vigilantes de seguridad que prestan servicio en el acompañamiento de trenes de Cercanías.

"Mientras que de lunes a viernes las líneas de Cercanías están custodiadas por una pareja de vigilantes, los fines de semana, cuando más incidentes existen, las parejas son separadas enviando a un único vigilante de seguridad a distintas zonas", critica en su comunicado.

También denuncia la falta de aseos y lugar de descanso para los vigilantes que prestan el servicio en Caudiel, así como para el vigilante que cubre la línea de cercanías C-6 (Valencia Nord-Castellón de la Plana).

De proseguir esas carencias, el sindicato afirma no descartar la presentación de una demanda en vía de conflicto colectivo contra Renfe Operadora y Prosetecnisa por incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Fuente: www.finanzas.com

La 'low cost' Novo Segur mantiene en adjudicaciones públicas los sueldos de su convenio suspendido por el Supremo

• CCOO y UGT aseguran que los encargados de la vigilancia de la dirección provincial de la Seguridad Social en Ciudad Real han visto caer sus salarios un 40% en su primera nómina
• La reducción de "unos 400 euros" se corresponde con la aplicada en otras adjudicaciones gracias a su convenio de empresa, que anuló el Tribunal Supremo en diciembre
• Los sindicatos denuncian que "sigue aplicando el mismo convenio" y critican a la administración pública por continuar contratando a esta compañía

Esperaban con temor sus nóminas y, finalmente, llegaron con retraso y el peor de sus presagios. Los 16 vigilantes de las sedes de la Seguridad Social en Ciudad Real cobraron sus nóminas de enero la semana pasada con un recorte del 40% respecto a su salario anterior, afirman desde Comisiones Obreras y UGT. ¿El motivo? La entrada de la nueva adjudicataria del servicio, Novo Segur (la antigua Marsegur), una empresa de seguridad privada 'low cost' que ha sido condenada por la Audiencia Nacional por vulnerar el derecho a huelga y a la que el Tribunal Supremo anuló su convenio de empresa el pasado diciembre. Los sindicatos denuncian que la empresa "sigue aplicando el convenio" anulado.

Las organizaciones de trabajadores esperaban esta nómina de enero tras la ratificación definitiva del Supremo de la anulación del convenio –que ya había tumbado la Audiencia Nacional antes– para ver qué salarios aplicaba Novo Segur en una nueva adjudicación pública. "Están aplicando el convenio de empresa, lo sabemos por lo que están haciendo en otros servicios", asegura Carlos García Montoya, responsable de Negociación Colectiva de CCOO de Construcción y Servicios en Castilla-La Mancha. Belén del Álamo, de Fesmc UGT en la comunidad, confirma las reducciones en los salarios.

Este medio ha intentado ponerse en contacto con algún portavoz de Novo Segur sin éxito. La opacidad y la nula comunicación son la norma en la compañía, según explica Carlos García. Solo hay un delegado sindical en la empresa en Ciudad Real, que es de CCOO, y "no ha recibido explicación sobre esta rebaja en los salarios", critica. García explica que "los trabajadores están indignados con la propia Administración que, a sabiendas de que este tipo de empresas funcionan así, siguen siendo adjudicatarias y al final nos vemos en este sarao. Nadie nos da ninguna explicación ni esperanza. Es absolutamente increíble".

Esta empresa es una de las varias compañías de seguridad privada de bajo costeque tiran precios por debajo del sector y logran hacerse con multitud de adjudicaciones públicas. Según los sindicatos, están vinculadas al empresario Miguel Ángel Rodríguez, presidente de la UD Las Palmas, a través de una pequeña patronal llamada Acosepri.

Este tipo de compañías disgustan, además de los sindicatos, a la patronal. En el caso de Aproser (Asociación Profesional de Compañías Privadas y Servicios de

Seguridad), su presidente ha criticado la reforma laboral del Gobierno: "Ya nadie duda (tras varios años predicando en este desierto generado por la crisis económica) que la ingeniería en malas prácticas favorecida por la prevalencia del convenio de empresa sobre la negociación colectiva sectorial, aderezada con nuestra peculiar ley de contratos del estado, ha sido un cáncer de gran metástasis en todos los sectores intensivos en mano de obra", escribía Ángel Córdoba Díaz en un artículo.

Adjudicaciones públicas pese a las condenas

En este caso, los trabajadores que han visto esfumarse un 40% de su sueldo están protegiendo las oficinas de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de la Tesorería General de Ciudad Real, dependientes del ministerio que dirige Fátima Báñez. Los representantes sindicales denuncian la paradoja de que una empresa condenada, cuyo convenio fue denunciado por la propia Dirección General de Empleo y Seguridad Social, siga recibiendo adjudicaciones públicas e incluso ligadas a ese Ministerio.

La adjudicación a Novo Segur en Ciudad Real tuvo lugar el pasado noviembre, por un importe de 307.447,41 euros. Fue formalizada solo un día después de la sentencia del Supremo y le otorga el servicio por un periodo de un año, hasta 31 de diciembre de 2018. En los pliegos, el "único criterio de adjudicación" es el "del precio más bajo" ofertado por las empresas concurrentes. Según el documento, pueden quedar excluidas las candidatas con ofertas "anormalmente bajas", pero ninguna fue apartada por este motivo.

Además, hay otra adjudicación dependiente de Empleo, del 14 de diciembre, por parte de la dirección provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Almería. En este caso, el importe es de 27.781,00 euros.

Fuentes del Ministerio de Empleo explican que ambas contrataciones con Novo Segur parten de las direcciones provinciales, que "son unidades de contratación independientes". También justifican que con la actual ley de contratos públicos –que será sustituida en marzo por una nueva norma– es legal que las empresas se descuelguen en los precios por debajo de los convenios colectivos del sector, algo que impedirá la nueva ley.

Sobre si es normal que dependencias de Empleo estén adjudicando servicios a una compañía denunciada por el propio ministerio, las mismas fuentes separan la labor del Ministerio "en materia del orden social" –persiguiendo aquellos convenios nulos por no cumplir con lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores y con actuaciones de la Inspección de Trabajo para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral– con la de "contratación administrativa". En este último punto, no cumplir con el convenio por irregularidades en la representación sindical –que es lo que reconoció el Supremo– no supone un criterio para excluir a una empresa. "Nosotros la única razón para impugnar una adjudicación es por una sentencia firme de fraude a la Seguridad Social o a Hacienda", justifican en Empleo.

Desde el Ministerio insisten en que están promoviendo "la introducción de cláusulas sociales en la contratación de servicios de seguridad", para adelantarse a la nueva normativa y garantizar "los derechos laborales de los trabajadores de la empresa adjudicataria".

El Ministerio de Empleo no es el único que contrata con esta compañía. El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ha adjudicado siete servicios de vigilancia del CSIC en diferentes lugares desde septiembre, por un importe total de 2,9 millones. En varios casos, las adjudicaciones se produjeron después de la anulación del convenio, como en el caso de la seguridad del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Instituto Cajal y del Centro de Ciencias Humanas y Sociales en Madrid.

Y el Ministerio de Defensa, que inició el proceso para rescindir los contratos con esta empresa en septiembre, sigue adjudicando algunos servicios a Novo Segur: el último este mismo febrero, para servicios de seguridad en centros de la red sanitaria militar, por un importe de 218.606,84 euros.

Fuente: El diario