La Audiencia Nacional ha anulado el despido colectivo de 32 trabajadores de la empresa Segur Ibérica por fraude de ley. La sentencia echa abajo el expediente pese a que se pactó en dos de los tres centros de trabajo de la empresa porque en el tercero no llegó a un acuerdo con los representantes de los trabajadores y trató de hacerlo individualmente con varios de los empleados. Esto, según la sentencia emitida por el magistrado de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, Manuel Poves, es un fraude de ley.
La empresa Segur Ibérica, SA, presentó en marzo ante la Dirección General de Trabajo comunicación para iniciar un ERE para la extinción de 12 contratos de trabajo en Navarra, seis en Álava y 14 en Vizcaya. El periodo de consultas entre la empresa y los representantes de los trabajadores acabó con acuerdo en los centros de trabajo de Álava y Vizcaya. No así en el centro de Navarra terminó sin acuerdo, donde Segur Ibérica mantuvo contactos individuales con algunos trabajadores de la plantilla con el objeto de llegar a acuerdos concretos con ellos a la vez que se celebraban las reuniones entre ambas partes.
Para la Audiencia, esas reuniones “vaciaron de contenido” el periodo de consultas, al restar fuerza a la negociación colectiva, y por tanto declara que el despido colectivo en Navarra estuvo realizada en fraude de ley. Pero los magistrados van más allá, ya que anulan todo el expediente en los otros dos centros de trabajo.
El tribunal señalado que los despidos colectivos deben tramitarse de manera global con un resultado “homogéneo” para la totalidad de los trabajadores afectados. Aquí es donde el tribunal da un salto cualitativo, pues entiende que solo existe una actuación de la empresa “aunque se diversifique” y, así, la nulidad del despido que afecta al centro de trabajo de Navarra “por fuerza ha de contaminar la totalidad de la decisión extintiva empresarial”. Es decir, todo el ERE se declara nulo. Según la sentencia, el legislador “apuesta por un proceso único, con resultado homogéneo que no quede al albur del contenido que consiga según el centro de trabajo”.
Este fallo consolida el papel negociador de los representantes de los trabajadores al dictar que una empresa no puede iniciar conversaciones paralelas con empleados individualmente durante el periodo de consultas de un despido colectivo.
acceso a la sentencia
Interior implantará seguridad privada en la vigilancia auxiliar de las cárceles tras el verano
El Ministerio del Interior acometerá durante el último trimestre del año la implantación de efectivos de seguridad privada en labores de "vigilancia auxiliar" en las cárceles, según han confirmado a Europa Press fuentes del Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz. Esta iniciativa se pondría en práctica en cerca de una veintena de centros penitenciarios.
Estas mismas fuentes han precisado que el plan no contempla que la seguridad privada sustituya a la Guardia Civil o los funcionarios de prisión en las labores que les son propias, sino que su función será la de prestar "vigilancia auxiliar" como el control externo o la visualización de monitores del circuito cerrado de seguridad de los centros.
Desde el Ministerio estiman que la medida se pondrá en marcha en una veintena de centros, si bien advierten de que esa cifra podría variar. Se trata de una oferta realizada por el Departamento al sector de la Seguridad Privada, aunque no se ha cerrado ningún acuerdo concreto con ninguna empresa ni se ha fijado aún el número de efectivos que sería necesario para cubrir las necesidades previstas.
El pasado 28 de junio, el secretario de Estado de Interior, Ignacio Ulloa, planteó en el Congreso de los Diputados la posibilidad de paliar con seguridad privada la escasez de funcionarios en los centros penitenciarios.
"Lo único que hacemos es poner ingenio y quiero decir que, apelando a la tranquilidad de parte de los diputados que me han preguntado, pero haciéndoles ver que no queda más remedio que buscar alternativas, lo que es la alternativa de la seguridad privada", dijo Ulloa ante la Comisión de Interior de la Cámara Baja.
El 'número dos' de Interior cuestionó que la labor de "mirar un monitor de seguridad" sólo lo pueda hacer un funcionario de prisiones y se preguntó si esa función "la puede desempeñar un ciudadano con una mínima formación que pueda ser contratado y liberar a un funcionario penitenciario en otro lugar". "Dejo la cuestión en el aire, no quiere decir que se vaya a adoptar, pido las sugerencias de los diputados", zanjó.
La proposición no de ley fue debatida en la Comisión de Interior del Congreso a iniciativa de CiU, que finalmente acordó con el PP instar al Gobierno a incluir esta idea en la reforma de la Ley de Seguridad Privada que tiene previsto desarrollar.
En concreto, la iniciativa pedía que miembros de seguridad privada sustituyan a los responsables públicos de seguridad en las funciones de control de accesos y control de cámara de circuito cerrado de televisión, "que podrían ser ampliadas a la seguridad perimetral inmediatamente circundante a los centros penitenciarios llegado el caso, bajo la dirección de los responsables de la seguridad pública" de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas.
El PSOE votó en contra de esta proposición ya que considera "evidente" que se plantea un "beneficio" para las empresas privadas de seguridad que "va en perjuicio" del servicio público, según argumentó el diputado José Zaragoza. Pero además, avisó de que los miembros de la seguridad privada "no están preparados" y requieren formación, algo que "cuesta dinero".
Estas mismas fuentes han precisado que el plan no contempla que la seguridad privada sustituya a la Guardia Civil o los funcionarios de prisión en las labores que les son propias, sino que su función será la de prestar "vigilancia auxiliar" como el control externo o la visualización de monitores del circuito cerrado de seguridad de los centros.
Desde el Ministerio estiman que la medida se pondrá en marcha en una veintena de centros, si bien advierten de que esa cifra podría variar. Se trata de una oferta realizada por el Departamento al sector de la Seguridad Privada, aunque no se ha cerrado ningún acuerdo concreto con ninguna empresa ni se ha fijado aún el número de efectivos que sería necesario para cubrir las necesidades previstas.
El pasado 28 de junio, el secretario de Estado de Interior, Ignacio Ulloa, planteó en el Congreso de los Diputados la posibilidad de paliar con seguridad privada la escasez de funcionarios en los centros penitenciarios.
"Lo único que hacemos es poner ingenio y quiero decir que, apelando a la tranquilidad de parte de los diputados que me han preguntado, pero haciéndoles ver que no queda más remedio que buscar alternativas, lo que es la alternativa de la seguridad privada", dijo Ulloa ante la Comisión de Interior de la Cámara Baja.
El 'número dos' de Interior cuestionó que la labor de "mirar un monitor de seguridad" sólo lo pueda hacer un funcionario de prisiones y se preguntó si esa función "la puede desempeñar un ciudadano con una mínima formación que pueda ser contratado y liberar a un funcionario penitenciario en otro lugar". "Dejo la cuestión en el aire, no quiere decir que se vaya a adoptar, pido las sugerencias de los diputados", zanjó.
RESPALDO DE CIU Y RECHAZO DEL PSOE
Apenas un mes antes, el 29 de mayo, PP y CiU aprobaron en el Congreso de los Diputados una iniciativa que pedía al Gobierno que estudiase la posibilidad de que personal de empresas de seguridad privada se encargase de la vigilancia exterior de las cárceles españolas y su acceso, siempre bajo la dirección de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.La proposición no de ley fue debatida en la Comisión de Interior del Congreso a iniciativa de CiU, que finalmente acordó con el PP instar al Gobierno a incluir esta idea en la reforma de la Ley de Seguridad Privada que tiene previsto desarrollar.
En concreto, la iniciativa pedía que miembros de seguridad privada sustituyan a los responsables públicos de seguridad en las funciones de control de accesos y control de cámara de circuito cerrado de televisión, "que podrían ser ampliadas a la seguridad perimetral inmediatamente circundante a los centros penitenciarios llegado el caso, bajo la dirección de los responsables de la seguridad pública" de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas.
El PSOE votó en contra de esta proposición ya que considera "evidente" que se plantea un "beneficio" para las empresas privadas de seguridad que "va en perjuicio" del servicio público, según argumentó el diputado José Zaragoza. Pero además, avisó de que los miembros de la seguridad privada "no están preparados" y requieren formación, algo que "cuesta dinero".
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