Los vigilantes de seguridad podrán identificar y detener en plena calle.

Nota. El siguiente articulo esta recogido de un diario, os recuerdo a todos  que es un articulo de opinión basado en el borrador de la nueva Ley de Seguridad Privada y que esta, todavía no ha sido aprobada y publicada en el BOE, por lo que esta sujeta a modificaciones.

La nueva Ley de Seguridad Privada que tramita el Congreso de los Diputados permitirá a los vigilantes de seguridad privada patrullar por las calles comerciales de las ciudades, una labor que hasta ahora sólo podían ejercer los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Además de realizar labores de control en los espacios públicos, también podrán efectuar comprobaciones de identidad, registros y detenciones. Así consta en el informe de la ponencia sobre el proyecto de Ley de Seguridad Privada que acaba de aprobarse en la Cámara Baja. Si se cumplen las previsiones del Gobierno, la norma entrará en vigor en un plazo aproximado de dos meses.

La ley actual sólo permite a los vigilantes de seguridad privada actuar en el interior de instalaciones, como empresas, organismos o centros comerciales. Las vías públicas las tienen expresamente vetadas por la legislación actual, con las excepciones de los polígonos industriales y las urbanizaciones privadas. Sin embargo, la nueva ley amplía el ámbito de actuación de estos profesionales, permitiéndoles intervenir en “zonas comerciales peatonales” y en “acontecimientos deportivos, culturales o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos”.

En la práctica, el último punto ya se venía autorizando, por ejemplo, en la comprobación de accesos a conciertos al aire libre o en la vigilancia de los campos de fútbol. De hecho, en los encuentros que se disputan en el Santiago Bernabéu, por ejemplo, ya participan en su vigilancia más guardias de seguridad privada que policías nacionales. Pero la habilitación para controlar “zonas comerciales peatonales”, como la calle Preciados de Madrid o Las Ramblas de Barcelona, concede por primera vez a las empresas de vigilancia privada competencias hasta ahora reservadas en exclusiva a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Los vigilantes de seguridad ya no tendrán que limitarse a controlar el interior de edificaciones o propiedades. Podrán patrullar por las principales calles de las ciudades o en otros “espacios públicos” si así lo determinan las autoridades correspondientes. 

Ampliación de facultades

El proyecto de ley también amplía considerablemente las facultades que les concede la Ley de Seguridad Privada vigente, del año 1992. El nuevo texto autoriza a los guardias de seguridad privada a realizar “comprobaciones, registros y prevenciones necesarios” para la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados. En el caso de los controles de los accesos a inmuebles, también concede a los guardias de seguridad la facultad de denegar el acceso a las personas que se nieguen a ser sometidos a un control de identidad o que no admitan un registro de su vehículo o de las mercancías que en ese momento porte. El texto que 


Averiguación de datos personales.

Asimismo, mientras que la normativa actual obliga a los agentes de seguridad privada a “poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección” y les prohíbe interrogarlos, el nuevo proyecto de ley los faculta para “detener” a delincuentes vinculados con el objeto de su cometido y también los habilita para “averiguar, comprobar o anotar sus datos personales para su comunicación a las autoridades”.

La ponencia de la Comisión de Interior ya ha dado luz verde a todas estas modificaciones. Los partidos de la izquierda del arco parlamentario las han criticado duramente porque creen que el texto abre la puerta a que las empresas de vigilancia privadascomiencen a suplantar progresivamente las labores de seguridad ciudadana que la legislación encomienda únicamente a Policía Nacional y Guardia Civil.

Dos meses de plazo para su entrada en vigor

La patronal del sector, la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), cree que estos cambios redundarán en beneficio de todos los ciudadanos. “La habilitación para zonas comerciales y espectáculos deportivos y culturales ya figuraba en el anteproyecto y el proyecto de la ley y esperamos que se mantenga en su redacción definitiva.En los países más avanzados se trata de una facultad de los vigilantes de seguridad privada ya asentada que ha demostrado mejorar la seguridad de las ciudades”, defienden fuentes de Aproser. Fuentes del Ministerio del Interior añaden que la ratio de agentes de seguridad privada por ciudadano de España (200 por cada 100.000 habitantes) está muy lejos de la media europea (271 para la misma cantidad de habitantes).

La Comisión de Interior estudiará el informe de la ponencia el próximo 10 de diciembre. Después, el proyecto de Ley de Seguridad Privada será remitido al Senado para que complete el trámite de la norma. En caso de que la Cámara Alta apruebe algún cambio, el texto deberá volver al Congreso para que sea sometido a una nueva votación. Pero si, como se espera, el Senado da el visto bueno a la redacción de la Cámara Baja, la Ley de Seguridad Privada estará publicada en el Boletín Oficial del Estado en un plazo de sólo dos meses.

El Aeropuerto de Santiago, ante la denuncia interpuesta por cuatro vigilantes de la empresa Segur Ibérica, manifiesta su repulsa ante cualquier actitud vejatoria.

Nota de prensa emitida por el Aeropuerto de Santiago. En la que recalcan que el aeropuerto puso toda la información de la que dispone en manos de la empresa de seguridad para que se esclarezcan los hechos y también lo puso en conocimiento de la Inspección de Trabajo de A Coruña, quien realizó una investigación.

Al banquillo un vigilante y dos clientes de una discoteca en Cordoba.

El ministerio fiscal relata en su escrito de acusación que sobre las 4,10 horas del 22 de octubre del 2010, el vigilante de una discoteca pidió a dos clientes que cambiaran sus vasos de cristal por otros de plástico al salir del local, a lo que estos se negaron. 

Así, el vigilante agarró a uno de ellos del brazo y se originó una pelea en la que se intercambiaron golpes. 

El vigilante sufrió una herida en la cabeza y los clientes, en la cara. 

El fiscal pide para el vigilante 18 meses de prisión por dos delitos de lesiones, mientras que para los clientes solicita para cada uno una multa de 270 euros por una falta.


El juez excarcela a los dos rumanos acusados de matar a un vigilante de seguridad en Marchena (Sevilla).

Se enfrentan a una petición de 28 años de cárcel pero el tribunal apunta a que podrían ser condenados por delitos menores.

La Audiencia de Sevilla ordenó el pasado lunes la puesta en libertad provisional de los ciudadanos rumanos Adi D. y Marius L. C., que han sido juzgados por el asesinato de un vigilante de seguridad José Antonio Jiménez Ceferino para robar cobre en Marchena (Sevilla) y que se enfrentan a una petición de condena de la Fiscalía de 28 años de cárcel cada uno. La decisión de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de excarcelarles antes de que se dice la sentencia apunta a que los dos acusados podrían ser condenados por delitos menores. 

En el auto que acuerda la libertad provisional de ambos jóvenes, con la obligación de comparecer ante el tribunal los días 1 y 15 de cada mes, la Audiencia recuerda que los dos acusados estaban en prisión provisional desde octubre del año 2010, habiéndose prorrogado esta medida en octubre de 2012. Los magistrados hacen hincapié en que, conforme al artículo 504.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la situación de prisión provisional debe prolongarse durante el "tiempo imprescindible para asegurar los fines que legitiman la medida". 

En el caso de Adi D., de 24 años, y de Marius L. C., de 25, la prisión se prolonga desde hace ya más de tres años, "excediendo con creces el límite máximo ordinario, y se ha cumplido el objetivo primordial de garantizar la celebración del juicio oral", que tuvo lugar los días 20 y 21 pasados. 

Lo más importante del auto de libertad es que, según los magistrados, "el riesgo de inefectividad de la eventual condena" no será "tampoco relevante, visto el estado a que ha llegado la deliberación del tribunal", de lo que se desprende que los acusados podrían ser condenados sólo por delitos menores y no por el asesinato del vigilante José Antonio Jiménez Ceferino, de 32 años. 

Los abogados Esperanza Lozano y Carlos de Elías, que han defendido a estos imputados, pidieron en el juicio la nulidad de una prueba de ADN practicada a los dos acusados, mientras que la Fiscalía propuso el resultado de otras pruebas realizadas en una causa diferente en Almendralejo (Badajoz) que según el Ministerio Público podría implicarles. Los letrados mostraron su satisfacción por la decisión del tribunal de excarcelar a los dos jóvenes rumanos, al considerar que no hay pruebas de su participación en los hechos. 

Los dos procesados estaban imputados por delitos de robo, asesinato y daños, y la Fiscalía había pedido 21 años y medio de cárcel por el crimen, tres años y medio más por el robo con violencia y otros tres años por los daños, ya que supuestamente habrían quemado el coche del fallecido tras huir en él. El robo se produjo el 24 de noviembre de 2009 y la muerte del vigilante tuvo lugar el 19 de enero de 2010 como consecuencia de las lesiones sufridas. En el juicio, los dos implicados se acogieron a su derecho constitucional a no declarar.

Un testigo de la presunta estafa contra la Biblioteca de Cataluña denuncia coacciones de un despacho de abogados contratado por Segur Ibérica.

El principal testigo de cargo por la presunta estafa contra los responsables de seguridad de la Biblioteca de Catalunya (BC), José Albuixech, ha denunciado ante los Mossos d'Esquadra haber sido objeto de coacciones por parte de un individuo que asegura trabajar para un despacho de abogados contratado por la empresa Segur Ibérica, con la intención de disuadirle para que no comparezca mañana viernes en el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona. La advertencia, que investigan los Mossos, ya ha sido puesta en conocimiento del juez .

Albuixech fue hasta el año 2010 jefe de servicios de Segur Ibérica en Cataluña y Baleares y desde 2005 estuvo destinado en la Biblioteca de Catalunya (BC). Durante el tiempo que prestó sus servicios en la BC, este profesional -que también figuraba en el registro mercantil en calidad de apoderado de esta compañía de seguridad- tuvo conocimiento de las presuntas prácticas que sirvieron para facturar a la Generalitat de Cataluña distintas cantidades por servicios que o bien no se prestaron o, en su caso, fueron realizados por vigilantes no habilitados por la Dirección General de la Policía.

En relación a estos hechos, la mercantil Nix Universal S.L., proveedora informática de Segur Ibérica, presentó el pasado 28 de febrero una querella contra los responsables de seguridad de la Biblioteca -que es la que ahora se tramita- por los supuestos delitos de falsedad en documento público y omisión del deber de perseguir delitos.

La Biblioteca no investiga

Según la querella, la empresa Nix Universal puso en conocimiento en febrero de 2012 a la Jefa del Servicio de Administración de la Biblioteca de Catalunya, Margarita Valverde, un amplio informe elaborado por una agencia de detectives que ponía de manifiesto supuestas prácticas irregulares por parte de la empresa adjudicataria del servicio de seguridad, en este caso Segur Ibérica, y que estas prácticas presuntamente habían generado un importante perjuicio económico para esta institución dependiente de la Generaltat de Cataluña. 

Estas supuestas irregularidades se concretan en la utilización de personal uniformado no habilitado por la Dirección General de Policía para trabajar como vigilantes de seguridad -lo que en la querella se define como "personal disfrazado para realizar labores de vigilancia"-; en la presunta utilización de "personal cedido" por parte de una empresa auxiliar del grupo Segur, algo expresamente prohibido por el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores y en el Reglamento de Seguridad Privada; y la realización, "por parte de algunos trabajadores, de jornadas que superan las 316 horas mensuales, llegando a trabajar hasta 31 jornadas seguidas sin descanso", lo que es a todas luces imposible.

El propio detective de la agencia contratada se reunió el 28 de marzo de ese año con la responsable de seguridad de la Biblioteca de Catalunya y le hizo entrega de un documento original con facturas, cuadrantes de servicios y copia del contrato suscrito con la Generaltat para prestar este servicio, donde, según los querellantes, "se ponía de manifiesto el fraude cometido por Segur Ibérica contra la Generalitat de Cataluña", elaborado con documentación aportada por la propia funcionaria.

Dos funcionarios imputados

A pesar de los razonables indicios de fraude, Valverde no ha investigado los hechos expuestos y tampoco ha presentado denuncia alguna. Según la querella, "esto la hace conocedora y consentidora del fraude, aún en el improbable supuesto de que ni la querellada ni el responsable de mantenimiento dejaran de comprobar si las personas que velaban por la seguridad de la Biblioteca eran o no vigilantes o las horas que trabajaban, máxime cuando en sus instalaciones se conservan valiosísimos documentos e incunables sobre la historia de Catalunya".

Hoy por hoy, tanto Margarita Valverde como el responsable de mantenimiento, Ferrán López San Juan, están imputados por estos delitos, y su defensa corre a cargo de los servicios jurídicos de la Generalitat, sin duda un hecho contradictorio en tanto que la institución autonómica es presuntamente parte perjudicada. También han sido citados a declarar a instancias de los querellantes el exapoderado de Segur Ibérica, Jose Albuxech, que como ya se ha puesto de manifiesto en esta información debe comparecer este viernes; el detective privado que realizó la investigación, que lo hará por exhorto en diciembre desde Alicante; y el gerente de Segur Ibérica en Cataluña, Enrique Cabezuelo Pey, cuya comparecencia está prevista para el 9 de enero próximo.

El 63% de los vigilantes, ilegales

En cualquier caso, las actuaciones siguen su curso y en este sentido han empezado a llegar las primeras peticiones de información oficial que no hacen sino dejar entrever que el panorama del presunto fraude empieza a colorearse. Así, una de las peticiones clave por parte de los querellantes era establecer si las personas que ejercieron como vigilantes en la Biblioteca de Catalunya estaban autorizados legalmente para ejercer como tales, piedra angular de la base de la querella y del presunto hecho delictivo.

El pasado mes de septiembre, el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona cursó un oficio al Ministerio del Interior, en concreto a la Unidad Central de Seguridad Privada de la Dirección General de la Policía, para que remitiera información sobre si las personas que se relacionaban en un documento adjunto habían obtenido habilitación como vigilantes de seguridad, así como su fecha de obtención, en su caso, de la licencia. En concreto, pedía de modo oficial que certificara si las personas que figuraban como vigilantes de Segur Ibérica en las dependencias de la Biblioteca de Catalunya eran poseedores de la correspondiente habilitación oficial, tal y como se exigía en el pliego de condiciones del contrato con la Generalitat.

El listado del personal a examinar por Interior adscrito y contratado por Segur Ibérica que prestó sus servicios en dependencias de la institución catalana fue reunido por el instructor, extraído de los cuadrantes de servicios aportados por la propia Biblioteca de Catalunya, y recoge un total de 27 nombres.

En un primer listado, de fecha 19 de septiembre, figuran los nombres de cinco personas que trabajaron como vigilantes de Segur Ibérica en la Biblioteca y ninguno de los cinco era poseedor de la habilitación que debía expedir Seguridad Privada para ejercer legalmente como vigilantes de seguridad, según firma el comisario jefe de la Brigada Central de Empresas y Personal del Cuerpo Nacional de Policía,Francisco Jiménez.

En la segunda remesa, de fecha 16 de octubre, se aporta un listado de otros 22 nombres, todos ellos empleados igualmente de la compañía Segur Ibérica. En su informe de respuesta, el mismo comisario de Seguridad Privada señala que 12 de las 22 personas citadas carecían de habilitación para ejercer como vigilantes de seguridad. Es decir, que analizando ambos documentos, el 63% del personal enviado por Segur Ibérica para atender las tareas de seguridad de la Biblioteca de Catalunya carecía de la titulación requerida para ejercer legalmente su trabajo, aunque ello no impidió a la compañía de seguridad facturar en todos los casos sus servicios a tarifa de profesional cualificado.

El juez no solo tendrá que determinar si ha existido fraude; también si, con su pasividad, estos funcionarios han puesto en riesgo la seguridad de los muchos tesoros que guarda la Biblioteca Nacional de Catalunya.

El coordinador de seguridad (Segur Ibérica) del aeropuerto de Lavacolla (Santiago) denunciado por acoso afirma que el perseguido es él.

El coordinador de seguridad de la empresa encargada de la vigilancia del aeropuerto de Lavacolla asegura que son falsas las denuncias de acoso laboral y trato vejatorio formuladas contra él en una querella criminal por cuatro de los trabajadores a sus órdenes. El máximo responsable de los vigilantes —primero en la compañía Eulen y, desde julio, en Segur Ibérica, que ha heredado el contrato— niega todos los hechos, como los supuestos insultos sexistas a las trabajadoras, la prohibición de ir al baño o que obligase a las mujeres a comunicarle sus periodos menstruales, y sostiene que es él el perseguido por algunos empleados y por el sindicato CIG. Desde febrero de 2012, los vigilantes habían dirigido varias comunicaciones a la dirección de la empresa y del aeropuerto, en las que advertían de actuaciones de su jefe inmediato como llamar “putas” y “zorras” a sus subordinadas.

En un escrito remitido por su abogado a este periódico, el coordinador de seguridad de Lavacolla explica que él mismo se querelló contra los denunciantes el pasado 10 de mayo “en defensa de su honor”. Sostiene que desde enero del pasado año es víctima de una “campaña pública de acoso, conocida por todo el personal del aeropuerto” que incluye la distribución de “panfletos difamatorios”. También apunta que, entre abril y mayo, presentó cuatro denuncias ante la Guardia Civil por folletos contra él distribuidos en los buzones de su domicilio y el de sus padres y pintadas en las inmediaciones del aeropuerto. Según asegura, el pasado mayo el instituto armado abrió “diligencias identificando a tres sindicalistas de la CIG con pasamontañas, artefactos pirotécnicos yspray realizando una pintada”

La querella de cuatro vigilantes —tres mujeres y un hombre— contra el jefe de seguridad estuvo precedida de varios escritos internos de denuncia. Ya en febrero de 2012, todos los sindicatos del comité de empresa pidieron a la dirección de Eulen la destitución de su jefe por los episodios de “acoso y discriminación” a algunos compañeros. En febrero de este año, tanto la CIG como cuatro de las trabajadoras se dirigieron al entonces director del aeropuerto y al jefe de seguridad de AENA para insistirles en que eran tratadas por el coordinador de “putas” y “zorras” y que estaban obligadas a comunicarle sus periodos menstruales para poder ir al baño.

Tanto el aeropuerto como el propio denunciado, en el escrito remitido a este diario, insisten en que Eulen investigó en su día los hechos y concluyó que “no se ha probado la comisión de ninguna de las conductas que le imputaban”. El aeropuerto, en todo caso, ha condenado cualquier “actitud vejatoria” y anuncia que “pondrá todo de su parte” para esclarecer los hechos.

La CIG relaciona estas conductas con la presión por la excesiva carga de trabajo a los vigilantes. Y denuncia que el jefe de seguridad de AENA en Lavacolla prorrogó en 2011 el contrato a Eulen, cuya cuantía se aumentó de 1.195.000 a 1.207.434 euros al año, pese a que la empresa redujo su plantilla en el aeropuerto en cinco vigilantes. La CIG calcula en 165.000 euros anuales el ahorro por las 70.000 horas menos de trabajo que prestó la compañía.

El dueño de Seguridad Integral Canaria indultado.

El Ministerio de Justicia indultó el pasado 31 de octubre a Miguel Ángel Ramírez, un empresario canario que puso en marcha la sociedad Seguridad Integral Canaria, que firmó el pasado verano un contrato millonario con Metro de Madrid. Ramírez, apoderado y administrador único de la empresa hasta noviembre de 2011 y presidente del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas, fue condenado por construir en un paraje natural protegido. La concesión de la gracia le exige derribar las obras fraudulentas, según publicó ayer el Boletín Oficial del Estado.

Leticia Esther Mateo Requena, juez de lo Penal número 5 de Las Palmas, que lo condenó a tres años y un día de prisión en 2010 afirma que este hizo las obras sin permiso del Ayuntamiento y “con total desprecio a la ordenación legal del terreno”. Dice que se trata de “diversas obras no autorizadas y en ningún caso autorizables”, porque el terreno invade suelo rústico en el paisaje protegido conocido como Pino Santo. El juez cita entre estas construcciones, iniciadas en 2004, un estanque de 400 metros cuadrados, dos aparcamientos, de 250 y 225 metros cuadrados, y un nuevo camino, además del levantamiento de muros y vallado en el perímetro de la propiedad La Milagrosa, de más de 30.000 metros cuadrados. La pena, que también incluía una multa de 60 euros diarios durante 24 meses y la inhabilitación para el ejercicio de la construcción, fue ratificada por la Audiencia Provincial de Las Palmas un año después.

El Ministerio de Justicia argumenta que al exigir a Ramírez la demolición a cambio de no ingresar en prisión, el proceso de derribo se va a acelerar, por lo que el interés general se habrá cumplido antes. “Eso es lo más importante y lo que persigue este indulto”, explican fuentes del departamento.

La solicitud de indulto del empresario fue conocida en marzo, cuando Ramírez patrocinó unas jornadas jurídicas protagonizadas por el fiscal de Medio Ambiente de Las Palmas, Javier Ródenas, encargado de redactar uno de los informes valorados por el Ministerio de Justicia para decidir si le concedía o no el perdón. Ródenas defendió en ese escrito, que no es vinculante para la decisión del Ministerio pero que se tiene más en cuenta desde este año, que Ramírez debía ser indultado. Sostenía, sin embargo, que en el juicio a Ramírez “se había logrado una pena de prisión por un delito medioambiental, algo histórico, con un escrito de acusación que no deja lugar a dudas”. El 70% de los ingresos del empresario, con vínculos con numerosas sociedades, dependen de los contratos de la Administración, según las fuentes consultadas por EL PAÍS en marzo.

Comunicado de UGT en relación a la reunión de la Comisión Paritaria de interpretación del convenio del 19-11-2013.

El sindicato UGT, en carta abierta a los trabajadores del sector de seguridad privada expresa su intención de que se cumpla lo pactado en el actual convenio y la no aceptación de las pretensiones de la patronal.

Esperemos que cumplan y sean coherentes con lo que han expresado en su comunicado.

                                                       
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Para refrescar vuestra memoria, os adjunto de nuevo, el comunicado difundido anteriormente (19-11-2013) por CC.OO., en relación a este asunto.

                                                    
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Madrid Semanal Digital nº 321, 26 de Noviembre de 2013.

           


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Un incendio destruye un taxi en la Avenida Príncipes de España (Tenerife). La rápida y decidida intervención de una vigilante de seguridad evitó que las llamas alcanzasen mayores proporciones.

Arriba, la vigilante durante la extinción del fuego. Abajo los bomberos.
la vigilante durante la extinción del fuego

Un incendio, cuyo origen se desconoce, pero se presupone eléctrico afectó en la mañana de ayer a un taxi marca Kia, con matrícula 6871-FXG y licencia municipal 277, que circulaba por la avenida Príncipes de España de Ofra, en la capital tinerfeña.

Las llamas destruyeron el vehículo de servicio público a las 11:49 horas. El fuego quedó controlado sobre las 12:00 horas, con la llegada de los bomberos cuando las llamas estaban completamente apagadas y que dejaron fuera de servicio al taxi.

La rápida y decidida intervención de una vigilante de seguridad del cercano centro comercial que salió con varios extintores evitó que las llamas alcanzasen mayores proporciones. Varios ciudadanos alabaron la actuación de esta mujer.

Mientras la vigilante extinguía el fuego, un ciudadano se dedicó a regular el tráfico. Hasta el lugar se desplazó una dotación de la Policía Local. Un ciudadano testigo de estos hechos manifestó a la opinión de tenerife su malestar tanto por la tardanza, a su juicio, de los bomberos capitalinos, así como de la Policía Local, que tiene una sede a apenas 500 metros del lugar del incidente.

Cae una red que falsificaba respuestas de los exámenes del carné de conducir. El cabecilla de la red era un vigilante de seguridad encargado de custodiar los exámenes teóricos.

La Guardia Civil ha desmantelado una red que facilitaba el aprobado en el examen teórico del carné de conducir, modificando las respuestas incorrectas, a cambio de entre 2.000 y 3.000 euros, con la detención de los cinco integrantes de la banda y de otras 44 personas que se habían examinado en Granada.

Los exámenes se desarrollaron en la Jefatura Provincial de Tráfico de Granada, hasta donde se desplazaron los 44 arrestados -se da la circunstancia de que todos son analfabetos-, procedentes de esta provincia y de las de Ciudad Real, Jaén y Cuenca, ha informado hoy la Guardia Civil en un comunicado.

Las investigaciones se iniciaron el pasado verano en Ciudad Real, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que varias personas de esa provincia habían aprobado el examen teórico del carné de conducir tras pagar dinero a una red que operaba en Granada.

Para ello tenían que desplazarse y examinarse en las dependencias de la Jefatura Provincial de Tráfico de Granada.

El cabecilla de la red era un vigilante de seguridad encargado de custodiar los exámenes teóricos de los aspirantes a obtener el carné de conducir en las instalaciones de la citada Jefatura de Tráfico.

Su labor consistía en modificar las respuestas incorrectas de las personas que habían pagado por ello.

En la red también operaban los llamados "conseguidores", que ponían en contacto a los aspirantes con el vigilante de seguridad.

De esta labor se encargaban los otros cuatro detenidos, que residían en las provincias de Ciudad Real, Jaén y Granada, ciudad esta última donde uno de ellos es el propietario de una autoescuela.

Los otros 44 detenidos, los aspirantes que se han beneficiado de la falsificación, tenían que hacer el examen con un bolígrafo cuya tinta pudiera borrarse.

Una vez hecho, el vigilante de seguridad aprovechaba el tiempo de descanso entre tandas de examinados para borrar las respuestas incorrectas y poner las correctas de los que habían pagado por ello.

Se da la circunstancia de que la práctica totalidad de los que se han beneficiado de la falsificación no saben leer ni escribir.

La fase de explotación de esta operación se inició el pasado 12 de noviembre con dos registros en Granada y Jaén y las primeras detenciones, entre ellas la del cabecilla de la organización.

Por provincias, en Granada han sido detenidas 16 personas, 26 en Ciudad Real, uno en Cuenca y uno más en Jaén, según la Guardia Civil, que mantiene la operación abierta y no descarta nuevas detenciones.

La Guardia Civil aclara que ningún funcionario ni responsable de la Jefatura Provincial de Tráfico de Granada está implicado en esta red ni ha propiciado la comisión del delito, sino que, por el contrario, han colaborado facilitando la investigación.

Denuncia sindical contra Prosegur por atacar los derechos laborales en Latinoamérica.

UNI Global Union, federación sindical internacional en la que participan UGT y CCOO presenta una queja ante el Ministerio de Economía por despidos de huelguistas o intimidación de líderes sindicales por parte de la empresa española.

UNI Global Union ha presentado este martes una queja ante el Gobierno español contra Prosegur, empresa española de seguridad privada que según la denuncia habría violado los derechos humanos y laborales de sus trabajadores en América latina.

En respuesta a la petición de información cursada por Público,Prosegur ha rechazado realizar declaraciones alegando que emitirá una respuesta oficial en el plazo de unas horas. Por su parte, en conversación telefónica con este diario, la jefa del Departamento de Servicios de Mantenimiento y de Seguridad de la federación sindical, Alice Dale, ha asegurado que UNI Global Union ha documentado abusos por parte del gigante de la seguridad privada en cuatro países desde 2011, aunque comenzaron a recibir avisos de estas vulneraciones de derechos laborales y personales un año antes. 

"En algunos países se llevan cometiendo estos abusos desde hace años, pero cuando conocimos la situación fue al enviar una delegación a Latinoamérica, en febrero de 2011, y otra a Portugal en abril de ese año", asegura Dale, añadiendo que los abusos documentados en el país luso "no pueden compararse a los registrados en América del Sur". 

"Prosegur está violando derechos de trabajadores, derechos humanos y laborales y debería dejar de hacerlo. Tiene que comportarse como una corporación responsable, que es lo que dice ser. En España es lo que es, pero no es así en latinoamérica", asegura Dale.Brasil, Colombia, Perú y Paraguay son los cuatro países en los que Prosegur vulneró las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) que España ha suscrito, y que establecen un marco de normas mínimas para una "conducta empresarial responsable".En concreto, la denuncia presentada ante el Ministerio que dirige Luis de Guindos hace referencia a la discriminación en materia de salarios sufrida por varios afiliados a sindicatos, las presiones, intimidación y represalias que durante años han soportado algunos de los líderes sindicales, el rechazo por parte de la empresa a que accediesen a contratos indefinidos... Por no hablar de los convenios colectivos falsos o del despido de trabajadores que formaron sindicatos y participaron en huelgas legales.

En abril de este año la confederación sindical presentó un informe sobre los problemas en Paraguay y Colombia, "entregando una copia a Prosegur", según Dale, que sostiene haber matenido varias conversaciones con la empresa posteriormente, aunque esta "no ha resuelto nada desde entonces". Según la federación sindical, Prosegur "afirma no conocer los problemas o excusa las acciones alegando una política de relaciones laborales descentralizada en el ámbito internacional". 

UNI Global Union es una federación internacional de sindicatos con sede en Suiza que agrupa amás de 20 millones de trabajadores, y en la que participan UGT y CCOO, sindicatos mayoritarios en nuestro país. Por su parte, Prosegur es la empresa de seguridad privada más importante en España y América Latina, por lo que se perfila como uno de los principales candidatos para los contratos de seguridad para la Copa Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de Brasil en 2016.

Preguntada por si el Gobierno de Brasil debería seguir considerando a Prosegur como candidata para lograr los contratos de seguridad de la Copa Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de Brasil en 2016, Dale responde que "no piden al Gobierno que no trabaje con Prosegur. Nuestra posición es que si eligen a Prosegur deben haber resuelto estos problemas", defiende.

Un jurado declara culpable al hombre que atropelló mortalmente a un vigilante en Albal (Valencia).

Un jurado popular ha declarado culpable de un delito de asesinato a un hombre, camionero de profesión, que atropelló mortalmente a un vigilante de seguridad con el que discutió en el municipio valenciano de Albal en febrero de 2012, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

En concreto, el tribunal del jurado considera a este hombre culpable de todos los preceptos de los que había sido acusado. Ahora tendrá que ser la Audiencia de Valencia la que finalmente fije la condena para el procesado. El ministerio fiscal y la acusación particular --representada por Ibor Company Abogados-- le solicitan una pena de 18 años de prisión por el delito de asesinato y una falta de lesiones.

El hombre defendió durante el juicio que no tenía intención de "matar a nadie" y aseguró que no se dio cuenta de que la víctima se había situado tras el camión, ya que no había amanecido y no había demasiada visibilidad.

"Yo no tuve intención de matar a nadie", mantuvo el procesado, e insistió en que ese día salió con el camión a ralentí unos cinco o seis metros, y luego ya aceleró. En ese momento, dijo que no se dio cuenta de que la víctima se encontraba tras su vehículo. "Fue un accidente" debido a una "imprudencia", reiteró.

El incidente se remonta al 8 de febrero de 2012, cuando el acusado acudió a una empresa ubicada en la CV-31, sentido Valencia, del término de Albal, para descargar el cargamento de fruta que portaba en su vehículo articulado.

El acusado pasó la noche en las instalaciones de esta empresa, y a la mañana siguiente, sobre las 7.46 horas aproximadamente, entró en la caseta del vigilante, que estaba situada junto a la zona de pesaje. Una vez allí, ambos mantuvieron una discusión.

Seguidamente, otro camionero que se encontraba en la caseta sacó al acusado al exterior. Una vez fuera, éste, sin mediar palabra, dio un golpe en la cara al subdirector jefe de producción de la empresa a la que iba a descargar, según consta en el relato del ministerio fiscal.

Tras esta agresión, el camionero se montó de nuevo en el vehículo, y el vigilante de seguridad salió tras él y comenzó a golpear en la puerta del conductor para pedirle que bajara. Ante esta acción, el acusado abrió la ventanilla y lanzó una herramienta tipo llave de carraca.

Después, el vigilante se situó en la parte trasera del camión para evitar que el acusado le pudiera lanzar otros objetos y, también, con el ánimo de evitar que éste abandonara el lugar. Pese a ello, éste aceleró el vehículo y le atropelló, tal y como señalaba Fiscalía en su escrito de calificación provisional.

El vigilante, dado lo súbito de la acción y el volumen y el peso del vehículo utilizado, no tuvo ninguna oportunidad de defenderse. Así, sufrió múltiples excoriaciones, hematomas, heridas y fracturas, entre ellas la sección completa de la columna vertebral y de la aorta torácica, lesiones que causaron su muerte inmediata. El fallecido, de unos 60 años, estaba casado y tenía dos hijos.

Un vigilante de Seguriber dice al juez que "ni vio, ni escuchó ni percibió nada" fuera de lo normal en la fiesta del Madrid Arena.

Carlos G.S., un vigilante de Seguriber que fue contratado como refuerzo la noche de la fiesta de Halloween en el Madrid Arena, ha declarado ante el juez Eduardo López Palop que "ni vio, ni escuchó ni percibió nada" fuera de lo normal, una afirmación que ha provocado que el propio magistrado le recrimine por su pérdida de memoria, han informado fuentes jurídicas.

Este vigilante custodió la noche de la tragedia una de las puertas situadas en la cota 5 del pabellón, en la primera planta. Según su testimonio, su puesto era estático y se limitó a estar ahí toda la noche.

Tras concluir la declaración, la abogado Mª José Siñeriz, que representa a la familia de Cristina Arce, ha criticado que el testigo no recuerde ni siquiera quién era su jefe aquella noche. "No sabe quién era su jefe ni el jefe de equipo. Dice que había unos vestidos de negro, pero no sabe si eran de la organización porque no iban identificados", ha señalado.

El testigo ha relatado que escuchó a través del radiotransmisor la orden para que se abriera el portón en el que había otro vigilante, pero ha señalado que no sabía quién lo ordenó. "No vio nada, no oyó nada y no percibió nada. Su pasividad mental le ha llegado a preocupar al juez", ha destacado y ha subrayado que padece que los empleados de Seguriber sufren la "enfermedad de la desmemoria", ya que nadie se acuerda de lo sucedido aquella noche.

Revista Trabajadora nº 48 (Secretaria Confederal de la Mujer). Noviembre de 2013.

                                                      



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Calendario laboral 2014.

El la capital habrá 14 festivos el año que viene.

La festividad de La Almudena, patrona de la capital, pasara al lunes en 2014 en el calendario oficial que aprobara el Ayuntamiento en el pleno del 28 de Noviembre, según recoge la pagina web del Ayuntamiento de Madrid.

Así, serán  14 los festivos en la capital el año que viene.

El juez investiga a un vigilante de seguridad contratado por el consistorio de Alcalà (Castellón) por una paliza ´brutal´

El Juzgado Número 1 de Vinaròs investiga una agresión "brutal" supuestamente propiciada por el vigilante de un aparcamiento próximo a una discoteca, presuntamente contratado por el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert, según confirmaron fuentes judiciales y del letrado de la parte denunciante. La agresión tuvo lugar el pasado verano y, según los informes médicos aportados por la parte denunciante, a fecha de hoy la víctima aún está en proceso de rehabilitación y los médicos han temido por la pérdida de visión en un ojo debido a los reiterados golpes recibidos, además de cicatrices, pérdida de dientes y otras lesiones en todo el cuerpo. 

Según consta en los atestados de la Guardia Civil y en las declaraciones que obran en manos del juzgado, son varios los testigos que describieron y corroboraron los hechos denunciados. El atestado de la Guardia Civil expone que uno de los testigos observó como, a las 7:00 horas, la víctima (J. C.) bajaba por el aparcamiento desde las escaleras de la discoteca Sethi y "de repente, se acercaron a esta persona por la espalda dos vigilantes de seguridad del aparcamiento y uno de ellos le dijo en un tono de voz elevado 'a mí me vas a vacilar tú', y comenzó a agredirle de forma desproporcionada sin mediar más palabra".

Ensañamiento

Dicho testimonio describió la agresión como "brutal, con ensañamiento sin que el agredido hiciese ningún intento de defenderse ni cubrirse, ni dijese otra cosa que dejadme marchar". El testigo también señaló que el vigilante "le propinó puñetazos y patadas en el rostro, con los pies enfundados en botas militares, utilizando golpes propios de algún arte marcial, mientras su compañero le hacía la cobertura, pero sin intervenir en la agresión".
De igual modo, otro de los testigos corroboró la versión de los hechos explicando que los dos vigilantes de seguridad del aparcamiento situado frente a la discoteca, "contratados por el Ayuntamiento de Alcalá de Xivert", se dirigieron a la víctima y uno de ellos preguntó si había algún problema. 

Acto seguido, según la declaración, "el vigilante empezó a agredir brutalmente a la víctima, propinándole patadas y puñetazos por todo el cuerpo, de manea brutal e indiscriminada". Este testigo añadió que "no se lo esperaba, nunca había visto nada parecido y se asustó mucho". Asimismo, añadió que la persona agredida "no tuvo oportunidad de defenderse e intentaba cubrirse como buenamente podía, sin hacer nada más".

El guardia civil instructor de la denuncia subrayó en el atestado que, a juicio del instructor, "las lesiones que presenta el denunciante no corresponden con una posible autodefensa, dada su aparatosidad y a que no presenta lesiones en sus nudillos". De igual modo, hizo hincapié en que dichas lesiones "revisten tal gravedad que están totalmente fuera de lugar para que sean producidas por una persona que se dedique a mantener el orden en un recinto". Por lo pronto, la causa sigue en proceso de instrucción en el Juzgado número 1 de Vinaròs a la espera de diligencias y pruebas complementarias.

Trabajadores de seguridad del aeropuerto de Lavacolla (Santiago) denuncian a su jefe (Segur Ibérica) por acoso laboral

Una empleada asegura que le han llegado a pedir con antelación la previsión de menstruaciones.

Cuatro trabajadores de la empresa de seguridad del aeropuerto de Lavacolla, Segur Ibérica, denunciaron la «situación de acoso continuado que vén padecendo por parte do coordinador, Manuel González Dosil». Según explicó el delegado de Persoal, Xosé Luis Castro, uno de los denunciantes, se ven sometidos a tratos «vejatorios» por parte de esta persona. Indicó que la situación no es nueva y «ya con la anterior empresa, Eulen» tenían que «soportar el acoso». De hecho, el delegado de Persoal apuntó que en el 2010, con una anterior denuncia, les dieron la razón. En este caso, los trabajadores denunciaban que se incumplía un acuerdo para rotar al personal en diferentes puestos, lo que permitía que «una vez tocará un sitio bueno y después uno malo». Pero, pese a darles la razón, con «la reforma laboral volvió hacer lo que le da la gana». Castro indicó que el problema afecta a todo el personal, pero la mayoría no se atreve a denunciar por «miedo».

Previsión de menstruación

Ofelia Lema, una de las trabajadoras de la empresa, aseguró que el coordinador niega el «permiso para ir ao baño a facer as necesidades fisiolóxicas». Incluso Lema indicó que se les exige que comuniquen «con antelación» la previsión de las menstruaciones o la obligación de cumplir con turnos de 11 horas seguidas de pie y no facilitarle un relevo ni para ir al baño ni para ir a coger un vaso de agua. Estas declaraciones fueron hechas en el transcurso de la rueda de prensa de la CIG para presentar la campaña del 25 Noviembre contra la violencia económica e institucional. La trabajadora indicó que el acoso llegó a su punto culminante cuando realizó comentarios «ofensivos» sobre su pareja e «insultos» referidos a su sexualidad.

Castro aseguró que la denuncia interpuesta en junio fue admitida a trámite. La secretaria confederal de Muller de la CIG, Margarita Corral, explicó, en una nota de prensa, que fue necesario llegar a la vía penal porque, pese a informar de esta situación a la empresa, «non se adoptou medida alguna». Corral definió al coordinador de la empresa de seguridad del aeropuerto de Lavacolla, como «homófobo e misóxino». La responsable de la CIG dijo que la empresa, pese a ser conocedora de la situación de acoso «e da posterior imputación polo penal, a día de hoxe non houbo a máis mínima resposta e nin sequera unha investigación informal deste feitos».

“La zorra de tu amiga sangra mucho. Dale el relevo, no vaya a desangrarse”

“Las zorras como tú solo valéis para follaros”. “Aguántate y te tragas lo que vomites”. “El Inem abre a las nueve, así que a partir de ahora no vas a tener que madrugar”. Multitud de frases de este tenor, incluso en términos más procaces y amenazantes, figuran en la querella criminal que cuatro guardias jurados del aeropuerto de Lavacolla, en Santiago, han presentado contra su jefe inmediato, el coordinador de seguridad de las instalaciones.

Los trabajadores, tres mujeres y un hombre, delegado de la Confederación Intersindical Galega (CIG), hacen un exhaustivo relato —con fechas y horas muy concretas— de las vejaciones que aseguran que han sufrido en los tres últimos años. La querella acusa al coordinador de seguridad de delitos contra los derechos de los trabajadores, acoso laboral y omisión del deber de socorro. Algunas de las denuncias están documentadas con correos electrónicos, informes médicos o los propios partes diarios que elaboran los vigilantes del aeropuerto. Tanto los denunciantes como el querellado pertenecían hasta el pasado mes de julio a la empresa Eulen y, desde entonces, han pasado a la firma Seguribérica, que ha heredado la concesión y ha subrogado los contratos de toda la plantilla anterior. Consultada por este diario, Seguribérica ha declinado hacer comentarios.

Del prolijo relato de los trabajadores —que ayer comparecieron en rueda de prensa para dar cuenta de la querella criminal— resultan especialmente brutales los testimonios de Ofelia Lema. La denuncia atribuye en buena medida la persecución contra esta mujer a su condición de lesbiana. Lema relata, por ejemplo, que el 11 de julio de 2011 sufrió en el trabajo un fuerte golpe en un dedo y fue obligada a permanecer más de hora y media en su puesto, pese a que tenía el miembro inflamado y sufría fuertes dolores y mareos. Finalmente, asegura, fue autorizada a interrumpir su tarea laboral con un grito del coordinador de seguridad: “Que se largue de una puta vez”.

En otra ocasión, Lema avisó de que se encontraba mal y había vomitado. La reacción del jefe, según su versión, fue: “Aguántate, y como se te ocurra pedirle a un compañero o cuestionar mi autoridad, te tragas lo que vomites”. También afirma que otro día que tenía un pie inflamado recibió como respuesta: “Ponte a la pata coja y si te pesa el culo, te sientas”. Pero el relato más crudo de la mujer es el que se refiere a lo ocurrido el 8 de enero de 2013, cuando, según ella, pidió autorización para ir al baño ya que estaba con la menstruación. La querella asegura que el jefe le dijo a otra compañera: “La zorra de tu amiga sangra mucho. Vete allá a relevarla, no vaya a ser que se desangre”.

Una queja constante de los trabajadores es que se les impide acudir al baño. Lema sostiene que ahora debe informar al jefe de sus periodos menstruales a fin de que, en esos días, se relajen las condiciones para poder ir al servicio. El también denunciante y delegado de la CIG José Luis Castro cuenta que, el pasado 21 de marzo, estuvo durante más de 45 minutos advirtiendo de que tenía urgencia para ir al baño hasta que acabó orinándose encima.

Otra de las empleadas, B. G. C., fue diagnosticada de ansiedad y depresión en noviembre de 2012 por el servicio de psiquiatría de su mutua laboral. Esta trabajadora también declara que el jefe le espetó en una ocasión: “Las zorras como tú no valéis más que para follaros”. Los vigilantes firman que denunciaron varias veces los hechos a la anterior y la actual empresa concesionaria, así como a responsables del aeropuerto, sin obtener respuesta.

Un camionero acusado de atropellar mortalmente a un vigilante en Albal (Valencia) niega que tuviera intención de "matar a nadie".

Un hombre, camionero de profesión, acusado de atropellar mortalmente a un vigilante de seguridad con el que discutió en el municipio valenciano de Albal en febrero de 2012, ha negado que tuviera intención de "matar a nadie" y ha defendido que no se dio cuenta de que la víctima se había situado tras el camión, ya que no había amanecido y no había demasiada visibilidad.

El acusado, quien se enfrenta a una pena de 18 años de prisión por un delito de asesinato y una falta de lesiones, se ha pronunciado así en el juicio que se sigue contra él ante un jurado popular en la Audiencia de Valencia, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

"Yo no tuve intención de matar a nadie", ha mantenido el procesado, y ha insistido en que ese día salió con el camión a ralentí unos cinco o seis metros, y luego ya aceleró. En ese momento, ha dicho que no se dio cuenta de que la víctima se encontraba tras su vehículo. "Fue un accidente" debido a una "imprudencia", ha comentado.

El acusado, quien sí ha reconocido que tiró una herramienta tipo llave de carraca desde su ventanilla tras discutir con el vigilante de seguridad, ha afirmado que se enteró del atropello porque se lo dijeron por teléfono, y ha expuesto que tras ello se entregó a la Guardia Civil.

El incidente se remonta al 8 de febrero de 2012, cuando el acusado acudió a una empresa ubicada en la CV-31, sentido Valencia, del término de Albal, para descargar el cargamento de fruta que portaba en su vehículo articulado.

El acusado pasó la noche en las instalaciones de esta empresa, y a la mañana siguiente, sobre las 7.46 horas aproximadamente, entró en la caseta del vigilante, que estaba situada junto a la zona de pesaje. Una vez allí, ambos mantuvieron una discusión.

Seguidamente, otro camionero que se encontraba en la caseta sacó al acusado al exterior. Una vez fuera, éste, sin mediar palabra, dio un golpe en la cara al subdirector jefe de producción de la empresa a la que iba a descargar, según consta en el relato del ministerio fiscal.

EL VIGILANTE SALIÓ TRAS ÉL

Tras esta agresión, el camionero se montó de nuevo en el vehículo, y el vigilante de seguridad salió tras él y comenzó a golpear en la puerta del conductor para pedirle que bajara. Ante esta acción, el acusado abrió la ventanilla y lanzó una herramienta tipo llave de carraca.

Después, el vigilante se situó en la parte trasera del camión para evitar que el acusado le pudiera lanzar otros objetos y, también, con el ánimo de evitar que éste abandonara el lugar. Pese a ello, éste aceleró el vehículo y le atropelló, tal y como señala Fiscalía.

El vigilante, dado lo súbito de la acción y el volumen y el peso del vehículo utilizado, no tuvo ninguna oportunidad de defenderse. Así, sufrió múltiples excoriaciones, hematomas, heridas y fracturas, entre ellas la sección completa de la columna vertebral y de la aorta torácica, lesiones que causaron su muerte inmediata. El fallecido, de unos 60 años, estaba casado y tenía dos hijos.

Los vigilantes denuncian, en el día de la seguridad privada de Asturias, que el intrusismo precariza el servicio.

El Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo acogió ayer los actos del primer "Día de la seguridad privada" que se celebra en Asturias, con cierto retraso, dado que debería haberse festejado el 21 de mayo. El delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, presidió un acto en el que reclamó el apoyo de la seguridad privada para mantener y reducir la tasa de criminalidad, un reto difícil puesto que la región presenta el menor número de delitos del país (27 por cada mil habitantes), después de Extremadura (26). Los vigilantes aprovecharon para pedir que se acabe con el intrusismo. Según José Manuel Fernández Álvarez, representante de los sindicatos de seguridad, esta práctica "devalúa el producto y precariza el servicio". De Lorenzo indicó que el anteproyecto de Seguridad Privada dará batalla al problema del intrusismo.

El Delegado llamó la atención sobre la importancia económica del sector, que sólo en Asturias está formado por 65 empresas que dan trabajo a 4.000 trabajadores. Salvador Junquera, gerente de Securitas en Asturias, ofreció datos de lo que supone la seguridad privada en España. "Hemos detenido a 8.155 personas, realizado 12.456 auxilios y facilitado 39.987 informaciones sobre estafas, robos, blanqueo de capitales... El sector factura en España 3.200 millones de euros al año", indicó. Junquera resaltó que el sector vigila del 80 por ciento de las infraestructuras críticas del país, y últimamente ha ampliado su radio a acción a campos hasta hace poco impensables, como la seguridad de recintos militares, la protección de personalidades públicas, la custodia de pesqueros en el Índico o la vigilancia periférica de las prisiones. Junquera indicó no obstante que la crisis ha reducido los márgenes.

Aunque el anteproyecto de ley da mayor seguridad jurídica al sector, los vigilantes advierten de que en Asturias están en "puestos aislados y de alto nivel delictivo, y es difícil enfrentarse a estas situaciones con tan sólo una defensa", remarcó José Manuel Fernández.

Ayer se entregaron las menciones de la Policía y la Guardia Civil a los vigilantes distinguidos. La de mayor rango se entregó a Mercedes Lada Ordóñez, vigilante en el Banco Sabadell Herrero en Oviedo, que el pasado 7 de junio hizo posible la detención de un ladrón que se disponía a desvalijar las cajas de alquiler. Formaba parte de una banda internacional, y la acción de la vigilante llevó a su desarticulación. Lada fue la primera mujer vigilante en Asturias. "Entré en el sector hace 24 años. Me gustaba el tema de las artes marciales, vi una plaza y me presenté", señaló. Eduard Zamora, director de Seguridad del Grupo Banco Sabadell, elogió la perspicacia y profesionalidad de esta vigilante.

Vigilantes denuncian falta de seguridad en Instituto de Medicina Legal en Asturias.

La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (AVISPA) ha denunciado la falta de seguridad y vigilancia en el Instituto de Medicina Legal de Asturias como consecuencia de los recortes aplicados por el Principado.

Según este colectivo, estas instalaciones no cuentan con ningún servicio de seguridad y vigilancia que proteja ni el inmueble ni a los funcionarios que desarrollan diariamente su labor en los diferentes departamentos que lo componen.

AVISPA asegura que esta situación puede suponer, además de una grave inseguridad para los trabajadores del Instituto, un claro riesgo e imprudencia en la cadena de custodia de las pruebas de los diferentes servicios que presta el Instituto.

Así, afirman que durante los turnos de tarde, noche, incluidos fines de semana y festivos no existe ni control de accesos a las instalaciones ni protección de las mismas o de sus trabajadores, lo que impediría actual con diligencia para impedir o evitar cualquier situación de riesgo, peligro o comisión de un hecho delictivo.

El Instituto de Medicina Legal es desde el pasado 15 de julio el centro de referencia de la medicina legal en Asturias y centraliza los servicios de autopsias que se ejecutaban en instalaciones carentes de los medios necesarios, como tanatorios privados o cementerios, entre otras.

El complejo centraliza la realización de todas las autopsias y las diferentes prestaciones periciales médicas para determinar causas de muertes, lesiones y evaluaciones de daños que se produzcan en el ámbito de la comunidad autónoma.

El año pasado, el instituto realizó 9.094 actuaciones o informes periciales en personas vivas; 637 actuaciones tanatológicas, de las cuales el 56% (359) fueron de muertes violentas, la mayoría accidentales, y 210 informes en casos de violencia machista.

Interior entrega en León las Menciones Honoríficas al personal de empresas de seguridad privada.


Imagen del acto     

Se ha concedido la distinción a título póstumo al vigilante leonés Carlos Antúnez García, fallecido el año pasado en acto de servicio en Navarra


El subdelegado del Gobierno, Juan Carlos Suárez-Quiñones, acompañado por el comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Ángel Miñambres, y el jefe de la Unidad Territorial de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, el inspector Roberto Gavela, ha presidido este miércoles en el Parador de San Marcos de León el acto de entrega de Menciones Honoríficas que la Dirección General de la Policía del Ministerio de Interior concede cada año al personal de empresas de seguridad y por las que se reconocen los méritos profesionales y de colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía.

Entre los condecorados este año con Menciones Honoríficas , una de tipo 'A' y nueve de tipo 'B', destacan la mención honorífica tipo 'A' que el Ministerio del Interior ha concedido a título póstumo al vigilante leonés Carlos Antúnez García, fallecido el año pasado en acto de servicio mientras prestaba labores de vigilancia en un centro comercial en Navarra.

Asimismo, se concede menciones honoríficas tipo 'B' a los vigilantes que participaron, desde el centro de coordinación de Adif, en las labores de socorro del accidente ferroviario registrado el pasado día 24 de julio en Santiago de Compostela, han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Otra mención honorífica ha recaído en el jefe de seguridad de la empresa de Seguridad y Comunicaciones Desecom, una compañía del sector con más de 25 años de experiencia en toda la provincia que cuenta con una Central Receptora propia.

Este es un sector con un importante peso en la actividad económica de León, ha destacado Suárez-Quiñones y Fernández, que ha recordado que en la actualidad cuenta con 40 empresas que ocupan a casi 800 personas.

La Unidad Territorial de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía de León es la encargada de inspeccionar la actividad que desarrollan las empresas de seguridad, y que está regulada por Ley 23/92 de 30 de julio de Seguridad Privada, cuyos servicios se consideran por Ley complementarios y subordinados a la seguridad pública, así como de habilitar a los vigilantes de seguridad, además de la formación permanente del personal que trabaja en este sector.





Detenido tras intentar robar en un supermercado de La Plata (Jerez) y ser sorprendido por el vigilante de seguridad.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron a primera hora de la tarde del miércoles día 20 de noviembre hasta un supermercado de la zona oeste de Jerez para proceder a la detención de J.C.V.M, de 43 años de edad y vecino de Jerez donde al parecer había sustraído varios productos de cosmética y ser sorprendido por el vigilante de seguridad, el cual fue auxiliado por un policía local, franco de servicio para lograr retenerlo hasta la llegada de la dotación policial que se hizo cargo del detenido.

El detenido había intentado sustraer un importante número de artículos de cosmética y al intentar abandonar el local fue descubierto por el vigilante de seguridad y por varios empleados a los que no había dudado en intentar agredir para conseguir huir con los artículos robados.

La actuación de un agente de la Policía Local de Jerez fuera de servicio y que casualmente se encontraba haciendo la compra en el lugar fue de gran ayuda para conseguir retener al detenido hasta la llegada de los coches patrulla de la Policía Nacional.

Los agentes intervinientes junto con el agente local y el vigilante de seguridad consiguieron reducir al causante de los hechos y proceder a su detención como autor de un presunto delito de robo con violencia, siendo trasladado hasta la Comisaría Local de la Policía Nacional en Jerez.

En el momento de su arresto fueron recuperados de entre sus ropas diecinueve artículos de perfumería y cosmética de los que acababa de apropiarse en el interior de la tienda.

El detenido J.C.V.M, de cuarenta y tres años de edad y vecino de Jerez, al cual le constan numerosos antecedentes por diversos delitos cometidos en la ciudad de Jerez fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la ciudad de Jerez junto con las diligencias instruidas y las pruebas y efectos del delito.

Delito de hurto que se transforma en delito de robo con violencia

En este caso el detenido tendrá que hacer frente a cargos por un delito grave como es el robo con violencia al haber utilizado la fuerza física y la agresión para tratar de apoderarse en este caso de efectos de perfumería y cosmética.

En el caso de cometer un hurto y ser sorprendidos por un vigilante de seguridad o cualquier otro ciudadano y utilizar la violencia para conseguir huir del lugar o apoderarse de los efectos, el ilícito penal torna hacia un delito mucho más grave y con penas superiores como es el delito de robo con violencia.