Detienen a un joven de 24 años por agredir a un vigilante de seguridad en la Estación Intermodal

Según han informado fuentes policiales, el detenido es un varón de 24 años. Los hechos han tenido lugar sobre las 09.30 horas, como ha indicado la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato USO (FTSP-USO) en Baleares, que ha condenado la agresión en un comunicado.

Desde USO han explicado que el joven estaba en el interior de la estación con actitud violenta, gritando, gesticulando y amenazando a los transeúntes, quienes han avisado al vigilante de seguridad.

El vigilante ha ido a comprobar qué ocurría y al pedirle que abandonara las instalaciones, el joven le ha golpeado. Según el sindicato, la víctima ha sufrido daños en la cara y es probable que pierda una pieza dental.

Los compañeros del vigilante se han apresurado a auxiliarle y han podido reducir al agresor, al que han retenido hasta la llegada de la Policía Nacional.
El vigilante de seguridad agredido ha sido atendido por un médico y ha presentado una denuncia ante la Policía con el correspondiente parte de lesiones.

USO PIDE QUE LOS VIGILANTES SEAN CONSIDERADOS AGENTES DE LA AUTORIDAD

El sindicato FTSP-USO ha condenado los hechos y ha reiterado su petición para que los trabajadores de seguridad privada sean considerados agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

Este estatus jurídico implicaría que la agresión a estos trabajadores conlleve una pena mayor, equiparable a la de agredir a cualquier miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. USO ha pedido al Gobierno de España que reforme la Ley para incluir esta modificación, argumentando que no supondría ninguna variación económica para las empresas.

"Creemos que no hay que esperar a una desgracia irreparable para ponerle coto a las agresiones a vigilantes de seguridad, haciendo que no salga tan barato agredirnos y poniendo los medios necesarios de defensa en aquellos centros que tengan una conflictividad demostrable o exista riesgo de agresión", ha pedido USO.

El sindicato ha resaltado que en Baleares "ya hay en la actualidad mas vigilantes de seguridad que Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado juntas".

Detenido un joven por agredir a un vigilante de seguridad para sustraer un tetrabrick de vino de un euro

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 26 años acusado de agredir a un vigilante de seguridad para sustraer una tetrabrik de vino, cuyo precio no llegaba a un euro.

Según una nota de prensa de la Comisaría gijonesa, los agentes acudieron a un supermercado de Laviada en el que un vigilante teníaproblemas con un cliente que intentaba llevarse oculto entre sus ropas un tetrabrik de vino.

Al interceptarle y evitar que abandonara el establecimiento, el joven se puso "muy agresivo" y le había golpeado para intentar zafarse y marcharse del lugar.

Los policías llegaron para auxiliar al vigilante que estaba forcejeando con el joven y entre los tres lograron que depusiera su actitud.

El vigilante resultó con lesiones leves en las manos y en el cuello del acometimiento propinado por el cliente. El joven, que carecía de antecedentes fue detenido.

Se mantiene la huelga indefinida de vigilantes de Renfe al concluir sin acuerdo el acto de conciliación

Los trabajadores de la empresa Ilunion, concesionaria de las instalaciones de seguridad de Renfe en Cantabria, están convocados a una huelga indefinida a partir del próximo 13 de febrero al haber concluido sin acuerdo el acto de conciliación celebrado este lunes en el Orecla, el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales.

De este modo, se mantiene la convocatoria de Alternativa Sindical, a la que se ha adherido Comisiones Obreras, con paros parciales de dos horas en las salidas y entradas de turno, según ha informado el primer sindicato en un comunicado, en critica la "falta de voluntad de diálogo" de la adjudicataria del servicio de la operadora ferroviaria.

El coordinador de la federación cántabra de Alternativa Sindical, Jorge Fernández, señala que los vigilantes son trabajadores "esenciales" para la seguridad en Renfe y "determinantes" para garantizar la integridad de instalaciones y personas, pero lamenta que debido a las "condiciones de indefensión por falta de material adecuado" por parte de Ilunion "se ven agredidos en multitud de ocasiones".

El sindicalista también denuncia la "actitud" de Renfe por contratar a empresas que "tiran los precios" en las adjudicaciones -como es el caso de Ilunion, apostilla- y que "a la postre acaban repercutiendo a la seguridad de los trabajadores de seguridad privada y de sus condiciones salariales y laborales".

Por todo ello, la formación insiste en la necesidad de que esta 'empresa low cost' de seguridad y limpieza "cumpla con sus obligaciones salariales y laborales" y que Renfe "exija a la subcontrata lo mismo o rescinda el contrato con la empresa de seguridad".

Tras recordar que se trata del "cuarto" conflicto laboral que la adjudicataria crea con Renfe y Aena lo que ha originado "tres" huelgas en el aeropuerto de Madrid, el sindicato señala que a raíz del nuevo concurso público, desde el 1 de enero de este año la empresa "incumple" con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Agrega al respecto que ha sido requerida en varias ocasiones por la Inspección de Trabajo en Cantabria para que dote de mayor protección a sus trabajadores, después de que haya "subido" el número de agresiones que sufren.

Ombuds cesará su actividad al no recibir ninguna oferta para la compra de sus activos

El Juzgado Mercantil número 13 de Madrid y el administrador concursal de Ombuds han anunciado que no se ha presentado ninguna oferta para la compra de los activos de la compañía, por lo que la empresa se liquidará y cesará su actividad.

Así lo asegura la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato USO, que señala como principal preocupación la situación de los vigilantes de seguridad que todavía prestan servicios a los clientes que continuaron confiando en la empresa, pese a su situación de "inviabilidad".

Según USO, para estos clientes comienza ahora una carrera "a contrarreloj" para rescindir los contratos y sacar a concurso la seguridad de sus centros antes del cierre "inminente" de la compañía, de forma que se subrogue a los trabajadores a otras empresas.

No obstante, el sindicato avisa de que estos trabajadores aún correrían el riesgo de sufrir nuevos impagos, que se sumarían a la deuda ya adquirida anteriormente a la declaración de concurso de acreedores.

Por ello, desde USO instan a los clientes que le quedan a la compañía a que resuelvan sus contratos con Ombuds y saquen a concurso la seguridad de sus centros, una solución que considera que podría salvaguardar "cientos de puestos de trabajo".

Aun así, el sindicato alerta de que el personal de estructura y los vigilantes de seguridad actualmente sin servicio asignado saldrían peor parados, ya que estarían abocados a un "inminente" expediente de regulación de empleo.

La federación recuerda, asimismo, que ya había advertido de este desenlace "desde el inicio del conflicto" el pasado mes de julio, anunciado la situación de inviabilidad de la compañía y la subrogación de la plantilla hacia otras empresas solventes del sector "como única solución para trabajadores y clientes".


Los vigilantes de seguridad reclaman medidas que les den mayor protección jurídica

Desde los sindicatos, Marián González ha explicado que esta campaña, además de concentraciones de protesta, incluye las reuniones con los principales partidos políticos y entidades públicas para trasladarles la problemática del sector.

"Lo que reclamamos es restablecer la figura de agente de autoridad, que fue eliminada con la última Ley de Seguridad Privada lo que supone una total desprotección jurídica para los profesionales del sector en caso de una agresión", ha indicado González.

Actualmente sólo se considera agente de autoridad un vigilante de seguridad privado cuando está bajo las órdenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, algo que no ocurre en la mayoría de los trabajos diarios.

Además los profesionales reclaman más medios y más adecuados a los servicios concretos como por ejemplo guantes o chalecos anticortes. Actualmente

Desde el sector lamentan que tanto usuarios, como empresas y Gobiernos permanezcan "impasibles" ante el cada vez mayor número de agresiones sufridas por los vigilantes de seguridad privada por el simple hecho de realizar su trabajo.


Agreden a mordiscos a un vigilante de seguridad del metro de Barcelona

Un vigilante de seguridad del metro de Barcelona ha recibido varios mordiscos por parte de un individuo esta madrugada en la estación de Urquinaona. La víctima ha sido ingresada en el hospital Vall d’Hebrón y le tendrán que realizar varios injertos para reconstruirle las heridas faciales.

El incidente se ha producido a las seis de la mañana de este sábado cuando un grupo de cinco viajeros, tres mujeres y dos hombres, han intentado colarse en el metro sin pagar al salir de una discoteca cercana.

Según ha podido saber La Vanguardia, el grupo ha insultado e increpado al vigilante y uno de ellos realizó un gesto amenazante iniciando una pelea que ha terminado con mordiscos al vigilante en el pómulo, barbilla y manos.

En el transcurso de la pelea, ha llegado otro grupo de cinco personas procedentes de la misma discoteca que le han lanzado botellas de cristal al vigilante herido y a la otra pareja de seguridad que ha llegado para socorrer al compañero. Esta pareja de apoyo y un tercer miembro de seguridad también han sufrido mordiscos leves. El agresor ha sido detenido.

Este no es el único incidente que se ha producido este sábado en el metro de Barcelona. A las 11.30h de la mañana, en la parada de metro de Bellvitge, un hombre en alto estado de embriaguez se ha enfrentado a un vigilante cuando intentaba desalojarlo del vagón por provocar altercados.

El agresor se ha enfrentado al vigilante a golpes. La pelea no ha terminado en incidentes mayores gracias a la actuación del perro de seguridad que acompañaba al vigilante.

Un error de Interior provoca que 500 vigilantes de prisiones se queden sin empleo

Un error en las altas esferas del Ministerio del Interior ha provocado un terremoto en la seguridad de las prisiones de la Comunidad de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha. El máximo responsable del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, el comisario José Antonio Rodríguez González, conocido en la Policía Nacional como 'Lenin', convocó con los tiempos muy ajustados el concurso que adjudica la seguridad privada de los centros penitenciarios de toda España. El retraso provocó que los candidatos no tuvieran margen para organizarse y que, por lo tanto, el concurso quedara desierto.

El servicio lo ha venido prestando hasta ahora la mercantil Ombuds, que durante tres meses estuvo sin pagar a sus trabajadores por la enorme deuda que la sociedad había asumido al adquirir otras dos empresas de seguridad meses antes. Tras entrar en concurso de acreedores, volvió a abonar las nóminas de los vigilantes, que hoy por hoy están yendo a trabajar, pero que durante meses dejaron de cubrir las horas extra, lo que obligó a la Guardia Civil a asumir algunas de las tareas que eran competencia de Ombuds durante un tiempo. La deuda de esta última, además, hacía poco interesante la licitación, dado que la mercantil que sustituyera a esta empresa debía subrogar a todos los trabajadores y asumir esa gravosa herencia del servicio dejado por su antecesora.

La situación de quiebra de la sociedad es de sobra conocida por Rodríguez González, quien desde el pasado verano podía haber activado mecanismos que solventaran la crisis que ahora se presenta como inevitable. Entre estas medidas, el comisario Lenin —explican fuentes cercanas a la Secretaría de Estado— podría haber anulado el contrato con Ombuds y haber convocado una nueva licitación por el procedimiento de urgencia. Esta vía hubiera evitado los impagos y, por lo tanto, la oferta de la Administración seguiría siendo un reclamo para las empresas, que 'a priori' son conscientes de que el servicio de prisiones arroja más beneficios que otros trabajos.

Al ser menos atractivo este lote 2 (conformado por las prisiones madrileñas, extremeñas y castellanomanchegas), por lo tanto, solo unas pocas mercantiles mostraron interés, pero únicamente si todas ellas se ponían de acuerdo y conformaban una unión temporal de empresas tenía sentido que se presentaran. Mientras realizaban los trámites para fusionarse en esta fórmula jurídica, sin embargo, pasaron los plazos establecidos por el Gabinete de Coordinación y Estudios, que no previó este extremo. Al no presentarse ningún aspirante, por lo tanto, el concurso ha quedado desierto, como muestra el expediente al que ha tenido acceso El Confidencial.

"Según el registro, el lote 2 no ha recibido ofertas por parte de los licitantes invitados", reza literalmente la resolución de adjudicación firmada por el comisario Rodríguez González el pasado 6 de noviembre. El documento explica que los centros penitenciarios cuya seguridad saca a concurso el Ministerio del Interior se dividen en cinco lotes: 1) Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja; 2) Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha; 3) Andalucía; 4) Aragón, Baleares, Valencia, Murcia y Navarra; y 5) Canarias, Ceuta y Melilla. Todos, salvo el 2, han sido adjudicados con normalidad a las mercantiles Garda Seguridad (1), Prosetecnisa (3), Compañía de Vigilancia Aragonesa (4) y Eulen (5). El presupuesto total previsto por el Gabinete de Coordinación y Estudios para los cinco lotes supera los 37,5 millones de euros. El que ha quedado desierto (el 2) conllevaba un coste de 8,3 millones.

Tras quedar desierto, el Ministerio del Interior acaba de volver a convocar el concurso, según muestra el Portal de Contratación de la Administración. Sin embargo, la escabechina ya está asegurada, dado que la licitación no se resolverá hasta el próximo marzo. El 1 de enero, sin embargo, los vigilantes de las prisiones madrileñas, extremeñas y castellanomanchegas tendrán que abandonar sus puestos de trabajo. Cerca de 500 trabajadores, por lo tanto, se quedarán sin empleo a causa de la falta de previsión del comisario Lenin. Interior prefiere no hacer declaraciones sobre la polémica falta de previsión de Rodríguez González.

El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, de hecho, ya da por supuesto que las tareas de seguridad que dejarán de prestar los vigilantes de Ombuds tendrán que asumirlas de nuevo tanto guardias civiles como funcionarios de prisiones. Los agentes privados han cubierto durante estos últimos años cometidos que antes hacían estos dos últimos cuerpos, que volverán ahora previsiblemente a hacerse cargo. La decisión de Grande-Marlaska, al que probablemente no le cabe otra solución a corto plazo, ya fue prevista por las organizaciones profesionales del instituto armado.

En concreto, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ya advirtió a la Secretaría de Estado de que la corporación no contaba con efectivos suficientes para asumir estas funciones. La dirección nacional de la organización sindical propuso, de hecho, que Interior destinara los 300 millones que contempla el acuerdo de equiparación salarial para incorporación de personal de reserva a este cometido. Un informe de AUGC detallaba que este montante se podía dedicar a pagar a guardias civiles en la reserva para que estos trabajaran en la vigilancia de prisiones, una tarea asumible para estos funcionarios, y para determinadas tareas de violencia de género. La asociación argumentaba que era más económico que contratar vigilantes.

El sector de la seguridad se enfrenta al reto de la transformación digital

El sector de la seguridad se encuentra inmerso en una etapa cambiante de constante desarrollo. Sin duda, el futuro del sector se verá marcado por el avance tecnológico y los diferentes cambios de gestión los cuales las empresas deberán revisar y saber adaptarse hacia el nuevo escenario que plantea el sector de la seguridad.

La llegada del 5G y la rápida implantación de las nuevas tecnologías darán pie a una seguridad digital que busca cubrir las necesidades con el fin de garantizar la máxima protección. Esta digitalización del sector traerá importantes cambios y novedades que también afectarán al factor humano mediante un cambio del perfil profesional orientado a estos avances; mucho más tecnológico y versátil.

Uno de los retos a los que se enfrentan los profesionales es que deben ser capaces de saber adaptar y transformar los modelos de trabajo y de gestión de la seguridad. Las amenazas y vulnerabilidades seguirán creciendo y sofisticándose cada vez más por ello, son los expertos los que deberán disponer de las herramientas necesarias para prever y proteger los negocios de forma que reciban el menor impacto posible.

Los cambios y avances del sector durante 2019

A lo largo de este año hemos sido testigos de importantes e inminentes cambios como la Directiva NIS, la normativa PSD2 o Estrategia Nacional de Cibersgeuridad que han afectado en mayor o menor medida al transcurso del sector de las seguridad.

El pasado mayo, Security Forum volvió por séptimo año consecutivo a revalidar su éxito al llegar a reunir a más de 7.500 profesionales del sector. Robótica, 5G y ciberseguridad fueron el eje central de las interesantes ponencias y mesas de debate de esta séptima edición.

Además, ya está confirmado una octava edición del evento de seguridad del año celebrado en Barcelona los próximo 2 y 3 de junio del próximo año. Esta nueva edición se celebrará bajo el concepto de la Plataforma de Negocio, una iniciativa de Peldaño que se basa en la tendencia del mercado por las grandes sinergias y oportunidades de negocio transversal e intersectorial.

La incertidumbre de gobierno ha persistido durante 2019 y, por ello, las principales organizaciones sindicales y empresariales compartieron la necesidad de avanzar en el desarrollo de un sector de la seguridad privada socialmente responsable, respetuoso con los derechos de los trabajadores, que permita garantizar un servicio de calidad a los usuarios y la pervivencia de las empresas respetuosas con la normativa laboral y administrativa aplicable, en condiciones de igualdad.

La entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo de Ciberseguridad fue otro hecho destacable de 2019. Con esta nueva normativa, ENISA pasó a llamarse Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad. Entre las funciones que lleva a cabo la agencia se encuentran la certificación de ciberseguridad, la resistencia cibernética y la implementación de políticas de divulgación de vulnerabilidad.

Como se detalla en el informe elaborado por CoESS, la seguridad privada se enfrenta a acelerar la integración de la protección tradicional en el sitio con la protección remota y móvil, respaldada por las nuevas tecnologías.

Y por último, la videovigilancia laboral ha puesto sobre la mesa el debate sobre la protección de datos y los límites en su implantación. Carlos Berlanga, director de Seguridad y abogado, realizó un exhaustivo análisis de los usos de estos sistemas en el entorno de trabajo reflexionando sobre el limite del espacio físico, de la constitucionalidad, de la calidad de los datos, de las cámaras ocultas y del plazo de observación.