Acta 6 reunión 25/5/2017 negociación Convenio Nacional de Seguridad Privada

ACTA N". 6 

En Madrid, siendo las 10.30 horas del día 25 de mayo de 2017, se reúnen, de una parte, los representantes de las asociaciones empresariales APROSER y FES, así como de los sindicatos FeSMC-UGT, Comisiones Obreras de Construcción y Servicios, FTSP-USO y CIG que a continuación se relacionan. ELA es convocada a la reunión, aunque no toma parte en la misma. Las partes adoptan los siguientes

ACUERDOS Y POSICIONES DE NEGOCIACIÓN 

PRIMERO.- La representación empresarial realiza una valoración inicial que parte de las reflexiones realizadas en la primera acta de negociación colectiva que comprendían a) la necesidad de actualizar el texto del Convenio, b) la búsqueda de costes que pudieran reconvertirse en un incremento de las tablas salariales, todo ello como consecuencia de la actual situación económica del sector, muy en particular de la contratación pública, c) la introducción de cláusulas que puedan incentivar la plena aplicación del Convenio Colectivo Sectorial, d) abordar las cuestiones relacionadas con el envejecimiento de las plantillas, el impacto del absentismo en el sector en la línea del objetivo compartido por las organizaciones intersectoriales sindicales y empresariales en el Tercer Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015-2017 y la inevitable reconversión del sector con el impacto que reconversiones en otros ámbitos pueden tener en el sector de la seguridad privada. Todo ello dentro de una duración mayor del Convenio que permita abordar todas estas cuestiones. 

De acuerdo con la perspectiva empresarial la respuesta de las organizaciones sindicales contiene aspectos comunes, como es la necesidad de abordar la redacción del Convenio Colectivo o la problemática propia del transporte de fondos, otras cuestiones como el plan de igualdad y las nuevas tecnologías con un enfoque compatible pero no idéntico al de la representación sindical. 

Al tiempo, se alude a que por la representación sindical se ha afirmado de forma reiterada la necesidad de una recuperación del Convenio. Se aportan datos que corroboran que en los últimos tres años se ha producido una recuperación salarial del sector de seguridad privada del 3% frente a una inflación acumulada en dicho período del 0,6%. Todo ello al margen del incremento de las cotizaciones sociales de muy difícil asunción por los clientes al haberse adoptado sin capacidad de adaptación en la relación comercial. Todo ello lleva a un incremento acumulado del 7,5% del coste empresarial en un período en el que los márgenes comerciales, de haber existido, en las empresas sujetas a convenio colectivo han tenido una muy sensible reducción. Y al tiempo, se constata una disminución del 1,8% del coste salarial del sector servicios comparando el último trimestre del año 2016 y el último trimestre de 2011, frente a un incremento del 3,61% en el sector de la seguridad privada. Todo ello, además, en un contexto de disminución de la facturación del sector del 22% en este período. 

En cuanto a la recuperación de derechos, es cierto que la reforma laboral ha permitido la pérdida de derechos en las empresas no acogidas al Convenio Colectivo, pero recuerda igualmente que en Io que respecta a las empresas sujetas a la negociación colectiva sectorial, esta aludida pérdida de derechos no se ha producido. 

Sobre esta base, la representación empresarial entiende que para mantener activo el proceso de negociación colectiva, sería aconsejable iniciar el mismo por aquellos aspectos en que se aprecia un consenso priorizado entre ambas representaciones: la adecuación de la redacción del convenio colectivo para adaptar una termi ología obsoleta y la necesaria adaptación del texto a las modificaciones producidas en los últimos años en la normativa de seguridad privada. 

SEGUNDO Tras un receso, las organizaciones sindicales reiteran los diversos aspectos a que aludían en la reunión anterior. Comparten la coincidencia en abordar la necesaria redacción del articulado que preocupa y ocupa, sin mermar condiciones económicas ni de derechos en vigor, sin que ello sirva, en modo alguno, como excusa para dilatar la negociación colectiva que, en todo caso, debe mantenerse abierta. 

Para ello, propone la creación de una comisión especializada, compuesta por dos personas por organización, que permita avanzar en la redacción del articulado y que, en un plazo no superior a un mes, traslade unas condiciones a la Mesa de Negociación Colectiva. Todo ello Con independencia de la necesidad de avanzar en la negociación colectiva, manteniéndose el calendario regular de reuniones de la Mesa de Negociación. para ello, se solicita una propuesta clara en las diversas cuestiones planteadas por la representación sindical, que comprenda, en todo caso, los planteamientos contenidos en los documentos anexados al Acta de la anterior reunión de la Mesa. Y, por supuesto, considera imprescindible abordar las condiciones económicas desde un concepto de convenio de avance que mejore las condiciones laborales de los trabajadores del sector, constatando, en respuesta a la intervención empresarial, una clara discrepancia en el análisis realizado por la misma, por cuanto éste obvia los importantísimos esfuerzos asumidos por los trabajadores en los años precedentes, precisamente cuando se incrementaron de forma relevante los costes de las cotizaciones sociales. 

TERCERO.- Se acepta por ambas partes la creación de esta Comisión Especializada manteniéndose las reuniones regulares de la Mesa. 

Se hace entrega a la Mesa de una propuesta de índice de una reestructuración del articulado del convenio, realizado sobre la base de la iniciativa que en su momento llevó a cabo el observatorio sectorial, que pudiera servir de base para los trabajos de la Comisión Especializada propuesta. Tras una exposición de este índice, se acuerda que antes del lunes se remitan a la secretaría de la Comisión Negociadora la relación de miembros propuestos por cada organización para conformar esta Comisión y que la primera reunión de la misma tenga lugar el martes 30 de mayo a las 10.30 horas, iniciándose el análisis conjunto por el capítulo de Negociación Colectiva e Inaplicación del Convenio. 

CUARTO.- Se fija el 5 de junio a las 10.30 horas como próxima fecha de la reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión con la firma de los asistentes, en prueba de su conformidad con el contenido de la misma.

 

                Documento 1                                        Documento 2


La Generalitat aprueba el decreto que regulará sus competencias en seguridad privada en Cataluña

El Gobierno catalán ha aprobado un Decreto para regular el ejercicio de las competencias que corresponden a la Generalitat de Cataluña en materia de seguridad privada, y el Registro de seguridad privada de Cataluña. En cuanto al ejercicio de las competencias, corresponde a la Generalidad la autorización o, en su caso, recepción de la declaración responsable o comunicación para la apertura de las empresas de seguridad y las delegaciones que tengan el domicilio en Cataluña y el ámbito de actuación limitado a este territorio.

También los despachos de detectives privados y las sucursales, las centrales receptoras de alarmas de uso propio, los centros de formación de seguridad privada, y los establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios obligados a adoptar medidas de seguridad.

La Generalitat también se ocupará de la inspección, control y sanción de las actividades y los servicios de seguridad privada que se hagan en Cataluña, así como de quienes los presten o utilicen, cuando se encuentren en territorio catalán. También se harán cargo de la coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas prestados en Cataluña con los de la Policía de la Generalitat y las policías locales de Cataluña y de la formación en el ámbito de la seguridad privada.

En relación al Registro de seguridad privada de Cataluña, adscrito a la Dirección General de Administración de Seguridad, se inscribirán de oficio las empresas de seguridad privada y los despachos de detectives privados, así como las delegaciones y sucursales, los centros de formación de seguridad privada, las centrales receptoras de alarmas de uso propio y los departamentos de seguridad.

Respecto a las empresas que lleven a cabo actividades de seguridad informática, se anotarán sus datos, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente. También se anotarán las sanciones, las comunicaciones de los contratos y sus modificaciones, así como de las altas y bajas del personal, las incidencias relacionadas con los servicios.

El Decreto recoge la coordinación y cooperación de la Dirección General de Administración de Seguridad con las autoridades estatales competentes en esta materia así como también con la Policía de la Generalidad-mozos de escuadra, con respecto a la inspección y el control, y con el Instituto de seguridad pública de Cataluña, en cuanto a la formación.

Interior tiene "avanzado" un reglamento de seguridad privada para combatir el intrusismo, aunque consultará al sector

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este viernes que el primer borrador del reglamento de seguridad privada se encuentra en un "avanzado estado de elaboración" y que "en un corto plazo de tiempo" se iniciará su tramitación, durante la que se ha comprometido a consultar y "considerar" las opiniones del sector.

El nuevo escenario normativo, ha explicado, debe ser "contundente" contra el "intrusismo laboral" y la "competencia desleal". A su juicio, estas "malas prácticas" deben ser "combatidas" porque "dañan de manera injusta" la imagen" del sector de la seguridad privada.

Así lo ha manifestado Zoido durante su intervención en el acto de celebración del día nacional de la seguridad privada, en el que han sido condecorados 60 trabajadores de este ámbito por su labor en el desempeño de sus actividades en materia de seguridad y protección y colaboración con las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado.

Según ha recalcado Zoido, el sector "tiene inquietudes de mejora". En su opinión, una de ellas es el desarrollo de un reglamento "que aproveche" todas las "mejoras" de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.

El reglamento, que será aprobado mediante un Real Decreto, ya cuenta con un borrador "avanzado", según ha adelantado Zoido. En este sentido, ha asegurado que ya se ha "cerrado" una primera versión realizada por un equipo de trabajo integrado por representantes de la Guardia Civil, Policía y del Ministerio del Interior.

LA TRAMITACION COMENZARA A "CORTO PLAZO"

"En un corto plazo de tiempo se va a iniciar su tramitación, si bien anticipo que va a ser amplia y extensa y va a contar, por supuesto, como elemento primordial con la preceptiva consulta al sector", ha afirmado Zoido, que se ha comprometido a "valorar" y "considerar" sus aportaciones. "Tenemos que conseguir entre todos tener un reglamento que cumpla las expectativas que se han generado en el sector", ha subrayado.

Asimismo, Zoido ha hecho hincapié en la necesidad de la colaboración entre todas las administraciones para combatir tanto el intrusismo como la competencia desleal del sector de la seguridad. "Para nosotros es fundamental que la seguridad pública y la privada colaboren y cooperen activamente", ha sentenciado Zoido.

PREVENIR DELITOS Y PROTEGER

El ministro ha destacado que la seguridad privada, que tiene "cinco siglos de historia", es "el actor principal" para la prevención del delito y la protección de las personas y bienes.

Además, ha recalcado la contribución de este sector no solo para la seguridad ciudadana, sino para la creación de riqueza y empleo. Concretamente, ha dicho que más de 1.500 empresas, cerca de 337.000 trabajadores pertenecen a este sector cuya facturación ascendió en 2016 a 3.500 millones de euros, "un 3,6% más" que en 2015.

En esta línea, ha expuesto que existen actualmente 1.400 despachos de detectives, casi 1.300 centros de formación y 110.000 vigilantes de seguridad: "La actividad de la seguridad privada es enorme", ha apuntado, insistiendo en que existe una "obligación" de apoyar a este sector.

Zoido, que ha presidido el acto, ha estado acompañado por el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, por la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, el director general de la Policía, Germán López Iglesias, y el director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, entre otras autoridades.

Cientos de vigilantes de seguridad se manifiestan contra recorte de derechos (Madrid).

Cientos de vigilantes de seguridad -unos 600 según los organizadores- se han manifestado hoy frente a la sede de la patronal Aproser para demandar un convenio colectivo estatal que no suponga un retroceso en sus condiciones laborales, como en su opinión ocurre con la propuesta que han hecho los empresarios.

La concentración ha sido convocada por organizaciones del sector como el Sindicato Libre de Seguridad (SLS), Alternativa Sindical y el Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad (ATES), frente a la sede de Aproser (Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad), ubicada en la calle Marqués de Urquijo de Madrid y que aglutina aproximadamente al 75 % de las empresas.

Ha transcurrido entre las doce y las dos de manera pacífica con la asistencia de varios cientos de vigilantes, hasta 600 según los organizadores, tres días antes de que se conmemore el Día de la Seguridad Privada.

No la han apoyado los sindicatos mayoritarios del sector -UGT, CCOO y USO-, que son los que han recibido la propuesta en la Mesa de Negociación del convenio colectivo estatal, que se renueva cada cuatro años para unos 200.000 trabajadores, según han precisado a Efe dirigentes de SLS y de Alternativa Sindical.

El secretario general de SLS, Rafael Saldaña, ha explicado que la propuesta supone un recorte en los derechos laborales al pretender mantener los salarios congelados, eliminar algunos pluses, bloquear la antigüedad o modificar el derecho a subrogación de los trabajadores.

Ha confiado en que, tras la concentración de hoy, Aproser se replantee esa propuesta, ya que de lo contrario convocarán más movilizaciones.

En la misma línea, el coordinador de Comunicación de Alternativa Sindical, Alberto García, ha anunciado futuras protestas si no se mejora una proposición "ruin, escasa y mezquina" que supone "un atraco a los derechos de los trabajadores".

"La propuesta menoscaba y lesiona, aún más, el poder adquisitivo de los vigilantes de seguridad y sus especialidades a la vez que los pocos derechos sociales que, de por sí, ya tienen", ha añadido García antes de subrayar que "las empresas de seguridad facturan miles de euros obteniendo grandes resultados económicos al cierre del año".

Vigilante acusado de dar paliza a un joven en Las Rozas: "nadie le golpeó"

Un vigilante de seguridad acusado de agredir violentamente a un joven en septiembre de 2007 en la estación de tren de Pinar de Las Rozas ha asegurado hoy que "nadie le golpeó" y que "en ningún momento" hizo uso de la defensa para agredir a la víctima.

La Audiencia Provincial de Madrid ha celebrado el juicio hoy -que ha quedado visto para sentencia- contra Manuel I.G., que se enfrentaba a una petición inicial de siete años de prisión por un delito de lesiones con resultado de gravedad en uno de los testículos de la víctima.

Sin embargo, la fiscal ha rebajado en sus conclusiones finales la petición a dos años de cárcel después de que, durante el transcurso de la vista, una de las médicos forenses que han comparecido como perito haya negado cualquier vinculación entre los presuntos golpes del vigilante y la lesión testicular que presenta la víctima.

En su declaración, el acusado ha relatado que la noche del 28 de septiembre de 2007 se inició un incidente entre varios jóvenes en el interior de un vagón, a la altura de la citada estación, y que una vez en el andén persiguió y agarró a uno de ellos.

"Forcejeamos, nos caímos al suelo y me ayudaron unos compañeros, pero en ningún momento le agredí ni saqué la defensa", ha asegurado el procesado, al tiempo que ha insistido en que "incluso refugié detrás de mí al joven, porque había gente tirando piedras y palos contra nosotros".

Sin embargo la víctima ha asegurado que tras el incidente salió corriendo "asustado" y que entre cinco vigilantes le "pegaron en el costado", además de golpearle en los testículos.

"La persona que me sujetó me agredió y luego disparó al aire", ha continuado el joven, quien ha descrito al presunto agresor como "rubio, vestido de azul y de la empresa Falcon", elementos que, como ha señalado la defensa, no coinciden con el acusado ni con el uniforme propio de la empresa para la que trabaja.

Por su parte, los vigilantes que han comparecido como testigos han coincidido en calificar la situación de "muy grave", hasta el punto, según las versiones de los compañeros del acusado, de "temer por la vida".

Uno de ellos ha explicado que un chico le roció la cara con un extintor y que a un compañero unos jóvenes "le partieron un brazo por siete sitios".

No obstante, el momento determinante de la vista ha sido la declaración de una médico forense que ha modificado el informe que obra en la causa y en el que ha descartado que la atrofia testicular de la víctima -que agravaría la responsabilidad penal del acusado- se produjera por golpes.

Tras esto, la Fiscalía ha rebajado su petición de pena en cinco años al no existir gravedad en el resultado de las presuntas lesiones mientras que la defensa han pedido la absolución del acusado "al no quedar acreditado ni la autoría ni la vinculación entre la presunta agresión y las lesiones producidas".

Un hombre condenado por agredir a una persona es inspector de Seguridad en Renfe Cercanías (Madrid).

J.J.G.S. trabaja como inspector de Seguridad en Renfe Cercanías de Madrid a pesar de haber sido condenado por un delito de lesiones. En diciembre de 2011 el Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid le condenó a un año de cárcel y el pago de una indemnización de 12.200 euros a un joven que había intentado colarse en el tren. Según la sentencia, todo empezó con una discusión en la que participaron el agredido, J.J.G.S. y otros dos vigilantes de Seguridad en la estación de Cercanías Sierra de Guadalupe de Madrid. Tras un intercambio de insultos, la víctima salió al exterior de la estación para coger dos piedras y regresó de nuevo para lanzárselas aunque no llegaron a impactar en ellos.

Condenado por agredir a un hombre que estaba "en el suelo, indefenso"

En ese momento, J.J.G.S., "que como guía canino portaba al perro de raza pastor alemán Ory asegurado en Securitas, le quitó el bozal de la boca y le soltó la correa saliendo el animal tras José Boada [la víctima] que corrió al exterior del recinto, alcanzándole el perro, tirándolo al suelo y mordiéndole en las extremidades inferiores y antebrazo. Cuando José se encontraba en el suelo, indefenso, los tres acusados se acercaron y al unísono, con sus defensas reglamentarias, le golpearon reiteradamente en diversas partes del cuerpo”.

La agresión produjo a la víctima diferentes heridas y le dejó como secuelas un síndrome postraumático cervical leve y varias cicatrices.

Tener antecedentes penales provoca inhabilitación

La Ley 5/2014, de Seguridad Privada marca como requisito para ejercer como vigilante de seguridad que no se tengan antecedentes penales por delitos dolosos. “La pérdida de alguno de los requisitos establecidos en este artículo producirá la extinción de la habilitación y la cancelación de oficio de la inscripción en el Registro Nacional”.

La condena, por tanto, suponía para los tres una inhabilitación para realizar labores de seguridad privada al tener antecedentes penales. Sin embargo, JJ.J.G.S. continuó trabajando para Renfe Cercanías como inspector de Seguridad, una puesto que, según las fuentes consultadas, sólo puede ejercerse con delegación del director de seguridad y gozando de la habilitación correspondiente, es decir, no tener antecedentes penales, a tenor de lo establecido en la vigente ley de seguridad privada.

"Régimen de terror"

Sergio Sánchez, portavoz del sindicato SILVIA (Sindicato Libre de Vigilantes Asambleadxs), considera “escandaloso que una persona con estos antecedentes pueda coordinar y guiar a los vigilantes” y se pregunta en manos de quién están. “Es inadmisible, luego nos quejamos de que pasan cosas”, concluye.

Por otro lado, al sindicato han llegado “múltiples quejas” de vigilantes, asegura, por la actitud de J.J.G.S.. “Son víctimas de un verdadero régimen de terror ya que este señor, junto con otros inspectores, se dedica a reprimir ferozmente el trabajo de los vigilantes, que sufren sanciones por supuestas faltas laborales que o bien no son ciertas, exageradas o sacadas de contexto”.

Labores de vigilancia sin placa y la vestimenta obligatoria

J.J.G.S. trabaja en el servicio de Renfe Cercanías coordinando el servicio de los vigilantes y realizando funciones de seguridad incumpliendo la ley. Así, se le pudo ver el 22 de marzo de 2016, durante un operativo policial de prevención antiterrorista, vestido de paisano con un chaleco reflectante en el que figura la palabra Seguridad con grandes letras. La ley de Seguridad Privada establece que estas funciones a pie de calle sólo se pueden ejercerlas con un uniforme homologado y autorizado por el Ministerio del Interior. Además, especifica que los agentes deben estar integrados en la plantilla como tales y él no figura como vigilante sino como inspector.

Todos los vigilantes de Renfe Cercanías llevan el uniforme preceptivo de su empresa y el chaleco reflectante encima. Además, están obligados a llevar una placa identificativa con su número de TIP (tarjeta de identificación personal). J.J.G.S. no cumplía con ninguno de estos requisitos.

Silencio de Renfe

ELPLURAL.COM ha intentado obtener una valoración de Renfe sobre estas irregularidades. Sin embargo, la compañía ha declinado hacer ningún tipo de comentario.

Fiscal pide 7 años de prisión a vigilante por paliza a un joven en Las Rozas (Madrid).

La Fiscalía solicita en sus conclusiones provisionales siete años de prisión para un vigilante de seguridad por agredir violentamente a un joven en septiembre de 2007 en la estación de tren de Pinar de las Rozas al relacionarle con unos incidentes ocurridos en un vagón.

La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado para el jueves próximo el juicio por esta causa, informa la Fiscalía, que reclama al acusado que indemnice a la víctima con más de 23.000 euros por las lesiones y las secuelas de la paliza.

Según el fiscal el acusado se encontraba sobre las doce menos cuarto de la noche del 28 de septiembre de 2007 en la citada estación realizando funciones de seguridad.

Añade que por motivos que se desconocen se inició un incidente entre varios jóvenes en el interior de un vagón motivo por el cual acudió para ver qué ocurría y fue entonces cuando vio bajarse del tren a uno de ellos y "sin más" empezó a perseguirle.

El fiscal relata que una vez reducido el joven y "actuando con la intención de menoscabar su integridad física" el acusado le golpeó "violentamente" con una defensa que portaba en las piernas y en los testículos.

A consecuencia de los golpes el joven sufrió una contusión testicular y una herida en la pierna derecha.

Cárcel y multa de 4.300 euros por agredir al vigilante de una perrera de Echauri (Navarra) a la que accedió para buscar a su perro

El Juzgado de lo Penal número 1 de la Audiencia de Pamplona ha condenado a un hombre a ocho meses de prisión y una multa total de 4.320 euros por tres delitos diferentes que cometió al acceder ilegalmente a una perrera de Echauri para intentar localizar a su perro, que se le había perdido. 

Tal y como concreta la sentencia del juez, los hechos ocurrieron un 28 de abril de 2016 sobre las 19.15 horas de la tarde, cuando el acusado accedió a un centro de protección animal de la localidad navarra de Echauri, conociendo que estaba cerrado al público y accediendo a su interior tras saltar la valla que lo rodea.

Una vez dentro, relata el juez, intentó abrir las puertas de los boxes de los animales "en busca del perro de su propiedad que creía se encontraba en el centro de protección". 

Fue en ese momento cuando un empleado del centro, le llamó la atención e intentó que saliera del lugar. Entonces, la reacción agresiva del ahora condenado se tradujo en intentar causar un menoscabo en la integridad física del vigilante, con el que comenzó un violento forcejeo. 

Su propósito era llevarse al animal y, con esta intención, retorció la mano del hombre y ambos cayeron al suelo. A consecuencia de la agresión, el vigilante y trabajador del centro sufrió distintas policontusiones y dolor en bíceps izquierdo. El perjudicado sufrió ochenta y un días de perjuicio personal básico y tres días de pérdida de calidad de vida moderada. 

La resolución judicial, que no es firme, condena a este hombre como autor de un delito de realización arbitraria a una multa de 1.440 euros. Además, se le condena por otro delito de allanamiento de establecimiento abierto al público fuera de las horas de apertura a 8 meses de prisión y 1.260 euros de multa. Por último, tendrá que hacer frente a una sanción de 1.620 euros como responsable de un delito de lesiones, por agredir al vigilante de seguridad que estaba dentro del establecimiento.

El Senado rechaza recuperar ayudas a seguridad privada de atuneros del Índico

El PNV ha pedido hoy en el Senado recuperar las ayudas estatales a la contratación de seguridad privada en los atuneros del Índico para evitar los ataques piratas, en una moción que solo ha apoyado el PSOE y que han rechazado el PP y Unidos Podemos.

El senador del PNV José María Cazalis ha defendido dicha iniciativa durante su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Cámara Alta, donde ha recordado que el Gobierno otorgó hasta 2012 esos apoyos, que costeaban el 25 % de la contratación de guardias privados a bordo de los atuneros.

En la moción, ha planteado restablecer la ayuda y "compensar" a los atuneros por lo "adeudado" debido a su interrupción, lo que tendría un coste presupuestario de dos millones de euros.

Las ayudas empezaron a otorgarse en 2009 tras un acuerdo entre empresas atuneras y el Gobierno, para financiar la seguridad privada a bordo de los buques, ante la afluencia de ataques piratas: un 25 % la cubrían los armadores, un 25 % el Ejecutivo central y un 25 % los autonómicos (en concreto, Cazalis se ha referido al País Vasco).

Ha señalado que el Gobierno "dejó de cumplir su compromiso unilateralmente" y retiró la partida correspondiente de los presupuestos en 2012.

El senador vasco ha admitido que si bien el problema de la piratería no es el mismo que durante los años en que se otorgaron las ayudas "cualquier reducción de la presencia de tropas militares o de seguridad privada" vuelve a disparar ese tipo de ataques y sigue habiendo riesgo.

Asimismo, ha aludido al "desplome" de los precios de los túnidos y la competencia desleal de flotas de otros países, que hacen que la flota no viva un "gran momento".

Entre los portavoces de los grupos parlamentarios, solo el del PSOE ha expresado su apoyo a la moción; el PP y Unidos Podemos han manifestado su rechazo a la propuesta, mientras que ERC y el Partido Demócrata o antigua CDC (Grupo Mixto) han anunciado su abstención.

En nombre del PP, Miguel Fidalgo ha justificado su rechazo porque este partido no cree que sea necesario continuar con la ayuda.

Ha añadido que en el acuerdo entre PP y PNV sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2017, aprobado la semana pasada, "no viene ni una palabra sobre la pesca" y que si el Grupo Vasco hubiera considerado que el apoyo era tan necesario "seguro que lo hubieran incluido" en el pacto.

Asimismo, ha señalado que la piratería casi ha desaparecido en la zona del Índico y que los barcos pueden faenar en condiciones de seguridad.

Juan Carlos Pérez Navas (PSOE) ha apoyado restablecer las ayudas a la guardia privada de los atuneros, que se concedieron durante el Gobierno socialista, para incentivar medidas de "autoprotección", porque aunque el riesgo ha disminuido "la posibilidad de ataques" piratas es un "serio peligro".

Vanessa Angustia (Unidos Podemos) ha manifestado que la moción "no resuelve ningún apoyo a los trabajadores del mar" y contribuye a los beneficios de las empresas, además de señalar que para combatir la piratería habría que atacar el "problema esencial", que es la pobreza en los países de la zona, como Somalia.

CC.OO. amenaza con movilizaciones en el sector de la seguridad privada por los cambios del convenio

El Sindicato Provincial de Construcción y Servicios de CCOO de Córdoba ha calificado de «intolerables» las pretensiones de las patronales FES y Aproser en la negociación del convenio colectivo del sector de la seguridad privada en la provincia. Por ello, el sindicato advierte de que «si la patronal no modifica su actitud el casi millar de trabajadores y trabajadoras del sector de la Seguridad Privada de nuestra provincia se verán abocados a movilizaciones».

El sindicato denuncia que las patronales insisten en mantener una «postura irrespetuosa con propuestas miserables y promoviendo recortes inaceptables» para el convenio colectivo, como elevar la jornada laboral, flexibilizarla, eliminar la antigüedad para las nuevas contrataciones y congelarla para las actuales o eliminar o adaptar pluses, categorías, descansos y ascensos.

Para el sindicato, la patronal «intenta justificar estas desfachatadas propuestas por el número de descuelgues de convenio», provocados por los «raquíticos» concursos publicados de las administraciones públicas. Según CCOO los planteamientos de la patronal se basan en «demoler las condiciones laborales de las plantillas y cargar a sus espaldas recortes en las condiciones económicas, laborales y sociales propiciados por las administraciones, que favorecen la precariedad y bajos salarios, a la vez de otorgan concursos públicos a las empresas más económicas, respetuosas o no las condiciones laborales de los trabajadores».

Trabajadores de seguridad de Metro convocan huelga hasta este martes por "impago de sus salarios"

Trabajadores de seguridad de Metro de Madrid pertenecientes a la empresa 'Seguridad Integral Canaria' han convocado una huelga que se prolongará hasta este martes para protestar por el "impago de sus salarios", ha informado UGT en un comunicado.

'Seguridad Integral Canaria' se encarga de prestar sus servicios de seguridad de vigilancia en la Zona Centro, Metro Sur, Línea 11, Suroeste de Línea 5, Línea 10 y parte de la línea 6.

Según ha informado el sindicato en un comunicado, ayer sábado, primer día de paros, el seguimiento fue "mayoritario" entre los vigilantes de seguridad pertenecientes a esta empresa. Además, indica que la empresa no nombró los servicios mínimos establecidos por la Delegación de Gobierno, "quedando en descubierto numerosos puestos".

A juicio del sindicato, este hecho es "especialmente grave" si se tiene en cuenta que Metro es "una infraestructura esencial" y que el establecimiento de servicios mínimos es "una imposición legal establecida en la normativa de seguridad privada".

En este sentido, UGT ha defendido que los trabajadores de la propia red de Metro y los usuarios de este medio de transporte "se merecen que el Gobierno de la Comunidad no haga dejación de funciones en asuntos tan importantes como garantizar la integridad y seguridad". "Contratar con empresas solventes y fiables debe ser una prioridad de cualquier administración pública", ha sostenido.

GARANTIZAR "CONDICIONES ÓPTIMAS" EN LA SEGURIDAD

Asimismo, UGT ha indicado que la dirección de Metro es "responsable de contratar y mantener a una empresa que se viene caracterizado en el sector por precarizar el empleo, cuyo único valor es ofertar el precio más bajo", no importando, a juicio de este colectivo, "la eficacia y calidad del servicio ofertando".

"No es admisible que Metro de Madrid, contrate sus servicios de seguridad privada con empresas que practican el 'dumpping social', convirtiéndose así en cómplices de situaciones de fraude e incumplimiento continuo de la legalidad", ha denunciado UGT.

Por este motivo UGT Madrid exige a la dirección de Metro "que vele por los intereses de la ciudadanía, garantizando que el servicio de seguridad del metro se haga en condiciones óptimas", ya que, a su parecer, la empresa actual " ha demostrado que no está en condiciones de hacerlo".

El ERE de extinción de Segur Ibérica afectará a entre 300 y 500 trabajadores

En un primer lugar, se habló de que el ERE iba a afectar a la totalidad de la plantilla, unas 4.000 personas, aunque ahora la mayoría de los empleados van a ser reubicados en una nueva compañía.

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo de la compañía Segur Ibérica afectará a entre 300 y 500 trabajadores, aunque el proceso de negociación para abordar las condiciones continúa abierto, según han informado a Europa Press fuentes sindicales involucradas en la negociación.

En un primer lugar, se habló de que el ERE iba a afectar a la totalidad de la plantilla, unas 4.000 personas, aunque ahora la mayoría de los trabajadores van a ser reubicados en una nueva compañía.

Las organizaciones sindicales quieren que durante el proceso se den todo tipo de garantías que dejen claro que los trabajadores no van a perder sus condiciones actuales al pasar a la nueva empresa. Así se lo señalarán a los representantes de la compañía en la reunión que mantendrán durante los próximos días.

La compañía, que fue presidida por el exministro de Defensa Pedro Morenés hasta su entrada en el Gobierno, contaba con unos 4.000 trabajadores en varias ciudades españolas, como Cataluña, Madrid, Valencia, Alicante o Murcia, entre otras.

El pasado 27 de abril el magistrado Jorge Montull Urquijo aprobó el plan de liquidación de Segur Ibérica y sus filiales en el registro mercantil número 3 de Madrid, según se desprende del auto judicial.

Este plan contempla la venta de la empresa en tres etapas. En la primera de ellas, se venderán las unidades productivas de Segur Ibérica y su consorcio a I-Sec International Security, la única empresa que presentó oferta.

Concretamente, las actividades del consorcio pasarán a ejecutarse a través de I-Sec Spain Services Management, mientras que el negocio de Segur Ibérica se realizará en I-Sec Spain Security Management.

El precio por unidad productiva es de 20.000 euros e incluye el edificio de oficinas de Madrid de Segur Ibérica, que tiene un valor de 7,2 millones de euros, según consta en el auto judicial. Por otra parte, las actividades de Grandes Sistemas y Segur Fuego las efectuará Inviseg Sistemas.

En una segunda fase, se venderán de forma directa las unidades productivas y los demás activos de la empresa que queden fuera de la primera fase y en una tercera se subastarán los activos que queden.

Las organizaciones sindicales, por su parte, están aún a la espera de que el administrador concursal los convoque para explicarles los diferentes pasos que se van a dar y para que puedan plantear las dudas relacionadas con la relación definitiva de unidades productivas que se venden en la primera fase, el calendario del ERE y la estructura territorial de I-Sec Oviedo.

El Grupo Segur, al que pertenece Segur Ibérica, cuenta con seis direcciones territoriales (Noroeste, Norte, Centro, Cataluña, Levante y Sur) y 27 delegaciones repartidas por el país.

El Gobierno pide a la Fiscalía que investigue a la empresa canaria Sinergias de Seguridad

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha recibido la aprobación del Consejo de Ministros para enviar a la Fiscalía General del Estado un expediente de "infracción" sobre la Seguridad Social cursada por la Inspección Provincial de Trabajo de Las Palmas a Sinergias de Vigilancia y Seguridad.

Esta empresa, según CC.OO, UGT y CSIF, empleando fuentes mercantiles, forma parte de la órbita de influencia de Seguridad Integran Canaria (SIC). A partir de ahora, será la Fiscalía General de Estado quien analice el procedimiento sobre esta sociedad anónima.

En concreto, el acuerdo del Gobierno da luz verde a la suspensión del "procedimiento administrativo sancionador" incoado desde la Seguridad Social en Las Palmas. Pero activa la maquinaria jurídica desde el Ministerio Fiscal.

Los sindicatos del sector de la seguridad privada tildan a esta empresa como una marca blanca de SIC, cosa que ha rechazado la empresa en diversas ocasiones.

Un vigilante afectado tras intervenir ante el incendio de una caravana en el aparcamiento de la Feria (Sevilla).

Un vigilante de seguridad ha resultado afectado por inhalación de humor tras intervenir en el incendio de una caravana estacionada en uno de los aparcamiento de la Feria de Abril de la capital hispalense.

Según informa Emergencias Sevilla en su perfil de Facebook, en torno a las 15,00 horas se ha recibido un aviso en el Cecop del Dispositivo Especial de la Feria alertando sobre un incendio que se estaba produciendo en una caravana estacionada en uno de los aparcamientos de la Feria de Abril, el cual, tal y como indican las primeras investigaciones, pudo originarse en la cocina.

Inmediatamente, los vigilantes del mismo acudieron para auxiliar y pudieron rescatar del interior a la familia, procediendo a controlar el incendio mediante extintores, que finalmente, ha sido extinguido por los Bomberos del dispositivo especial.

A raíz del incidente, uno de los vigilantes que intervinieron ha sufrido lesiones leves y ha resultado afectado de manera leve por inhalación de humos, hechos por los cuales ha sido trasladado a un centro asistencial para su atención sanitaria. La familia ocupante de la caravana, de su parte, ha sido salido ilesa del suceso.

Desde Emergencias Sevilla quieren "poner en valor la actuación inmediata del vigilante, que no dudó en intervenir para rescatar a la familia implicada en el siniestro, con una actuación decisiva".

Detenido por denunciar una falsa agresión por parte de un vigilante de seguridad en Algeciras

La Policía Nacional ha detenido en Algeciras a una persona por supuestamente simular ser víctima de una agresión por parte de un vigilante de seguridad que prestaba servicio en la estación de autobuses de la localidad.

Tras la denuncia, los investigadores contactaron con varios trabajadores de la estación para ampliar los datos y tomaron declaración a los testigos presenciales, descubriendo finalmente que se había tratado de una reyerta entre dos personas en estado de embriaguez.

Por ello, según ha informado la Policía, los agentes constataron que la víctima faltó a la verdad en su denuncia, ya que la labor del vigilante de seguridad fue la de separar y mediar para que la agresión no llegara a mayores.

PSOE lleva al Congreso y Senado las condiciones laborales de los vigilantes de los edificios de Defensa

El Grupo Socialista en el Congreso y en el Senado ha anunciado que retomará esta semana el "problema laboral" de los vigilantes de seguridad de los edificios pertenecientes al Ministerio de Defensa, elevando iniciativas para "presionar al Gobierno en su política de contratación de empresas que prestan servicios en dependencias públicas y no respetan el convenio nacional".

Según ha indicado el PSOE a Europa Press, sólo en Defensa, el conflicto laboral afecta a 450 trabajadores en España y de éstos, medio centenar se encuentran destinados en la provincia de Cádiz. Por su parte, la diputada nacional del PSOE por la provincia Miryam Alconchel ha señalado que "a partir del 1 de mayo entra en vigor el contrato de adjudicación del Ministerio de Defensa a Marsegur Seguridad Privada", y ha añadido que "esperamos que desistan de imponer la precariedad en los salarios de los empleados como habían anunciado a los trabajadores y se avengan a razones, así como que no veamos nóminas a la baja". 

Alconchel ha recordado que ha registrado preguntas al Gobierno en relación a este conflicto, en el que sostiene "que el Gobierno no puede mirar para otro lado y amparar la explotación laboral en edificios públicos". 

En este sentido, ha explicado que el Gobierno ha adjudicado recientemente a Marsegur el contrato por valor de 19 millones de euros del Ministerio de Defensa, "a pesar de ser una empresa denunciada en los tribunales de justicia porque aplica su propio convenio en lugar del estatal, que es más favorable a los trabajadores". 

Alconchel ha recordado que en su pregunta parlamentaria denunciaba los "temores de la plantilla sobre la aplicación de una reducción de salarial media de un 45 por ciento sobre lo que han venido cobrando con la empresa cesante", y advertía al Ministerio de "ser cómplice de la barbaridad de conducir a este colectivo del mileurismo a la indigencia laboral, ya que con las condiciones que pretenden imponer los sueldos nunca superarían los 750 euros". 

En este sentido, Alconchel ha señalado que la respuesta parlamentaria ofrecida, "el Gobierno justifica, como en otras concesiones realizadas a la misma empresa en otros ministerios, que presentan la oferta económicamente más ventajosa", lo que a juicio de la dirigente socialista es "a costa de quitar derechos adquiridos a los trabajadores". 

Asimismo, Alconchel ha destacado las "propias incoherencias del Gobierno", ya que "si bien por un lado dice que los órganos de contratación no deben, ni pueden, interferir en el funcionamiento y organización internos de una empresa contratista, ni en la forma en la que se conduzca la negociación colectiva, por otro lado, asegura que ello no significa que el órgano de contratación pueda desatender el hecho de que la contratista debe cumplir, escrupulosamente, la normativa de carácter social, laboral, y de Seguridad Social durante la prestación de los servicios".

"La realidad es que estamos hablando de una empresa de la que es accionista Miguel Ángel Ramírez, cuya empresa Seguridad Integral Canaria que antes ganaba todos los contratos está siendo investigada por fraude fiscal y fraude a la Seguridad Social", ha manifestado Alconchel, que ha apuntando "la paradoja de que habiendo subido de 16 a 19 millones el contrato de Defensa con el cambio de nombre de la empresa quieran ahora pagarle menos a los trabajadores". 

Por ello, la diputada ha asegurado que "el PSOE llegará hasta el final en este asunto que no huele nada bien, pues existe una extraña concentración de contratos hacia una misma empresa denunciada en los tribunales por no respetar convenio que además está vinculada a un empresario canario, condenado e indultado por el Gobierno del PP en 2013 y que vuelve a estar investigado por fraude a Hacienda y a la Seguridad Social". 

Alconchel ha destacado que el Gobierno "reconoce" en la respuesta parlamentaria que el Pliego de Cláusulas del acuerdo marco de servicios de vigilancia para el Ministerio de Defensa configura, como condición especial de ejecución, con el carácter de obligación esencial, el cumplimiento de las obligaciones laborales y con la Seguridad Social, tributarias, y de cumplimiento de normas de prevención de riesgos laborales y de coordinación de actividades empresariales, por parte del contratista, en relación con el personal que presta los servicios. 

Por ello, para la dirigente socialista, "si es verdad que el incumplimiento de estas obligaciones puede conllevar al órgano de contratación a resolver el acuerdo marco, cómo es posible que el Gobierno no tenga en cuenta que la filial de esta empresa ya ha generado una deuda en cotizaciones a la Seguridad Social de once millones de euros y debe nueve millones a Hacienda". 

El Gobierno "ahora a posteriori y tras haber permitido la nueva concesión, dice que ha elevado consultas para ver la posibilidad de incluir, como criterio de valoración de ofertas para futuros contratos, el compromiso de la empresa licitadora de aplicar las condiciones establecidas en el convenio colectivo estatal, si son más favorables". 

Para Alconchel, no se entiende "por qué ese brindis al futuro cuando tiene en estos momentos una papeleta que resolver, por qué si la empresa está denunciada por aplicar un convenio por debajo del estatal no ha tomado cartas ya en el asunto".

Viriato Seguridad está siendo investigada por presunto fraude fiscal

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato USO (FTSP-USO) puso en conocimiento de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional las presuntas irregularidades cometidas por la empresa de seguridad Viriato, cuyo grupo operativo de fraudes emitió un informe que ha llevado consigo que el juzgado de instrucción número 1 de Molina de Segura esté investigando a esta empresa de seguridad con sede en Lorquí.

El secretario general de FTSP-USO, Basilio Alberto Febles, en declaraciones a la Cadena SER, ha denunciado que la empresa Viriato ha estado pagando las horas extra a sus trabajadores en negro, en dinero 'B' y en metálico.

Según este sindicato, desde el año 2009, esta empresa habría pagado de forma irregular a sus trabajadores en sobres de color marrón con etiquetas blancas en las que figura el nombre del trabajador. Estos trabajadores podrían estar percibiendo en dinero 'B' hasta el 30 % de su jornada laboral.

Por este motivo, el juzgado de Molina de Segura está investigando a esta mercantil por los presuntos delitos de defraudación a la Hacienda Pública (con relación al IRPF) y a la Tesorería de la Seguridad Social (por la no cotización de horas a la Seguridad Social).

USO exige el cumplimiento del convenio colectivo, el pago a sus 600 trabajadores en tiempo y forma y que no represalien a aquellos empleados que denuncien presuntas irregularidades.

Basilio Alberto Febles ha añadido que la empresa Viriato ha despedido a dos trabajadores por colaborar con la policía durante la investigación del pago de dinero.

El responsable sindical ha lamentado la forma de actuar de las empresas de seguridad que ha calificado de "piratas" y que recurren al fraude para tener un mayor margen de beneficios. Basilio Alberto Febles ha lamentado que este tipo de empresas trabajen, sobre todo, con las administraciones.

Viriato Seguridad acusa a USO de difamar y querer hacer daño

El gerente de Viriato Seguridad, José López Molina, ha negado a la Cadena SER las acusaciones del sindicato USO, al que acusa de difamar y querer hacer daño, tanto a la empresa como a él a título personal.

Sobre la investigación judicial que se está llevando a cabo por parte del juzgado de instrucción número 1 de Molina de Segura, José López Molina, ha declinado pronunciarse a la espera de que hable la justicia y haya una sentencia sobre la investigación de presuntos delitos de fraude fiscal, aunque ha defendido la forma de actuar de la empresa.

De hecho, acusa a USO de utilizar como testigos a personas que no han estado trabajando para la empresa. También asegura que esta mercantil no tiene 600 trabajadores, como se pone de manifiesto en la denuncia del sindicato, ya que ni siquiera llega a una plantilla de 200 personas, según López Molina.

Sobre el despido de dos trabajadores, el gerente de Viriato Seguridad, asegura que los despidos fueron procedentes.

El gerente de Viriato Seguridad dice estar preocupado por la imagen que este proceso judicial puede dando de la empresa.

CCOO denuncia las "deficientes condiciones de seguridad" de los vigilantes de SFM (Mallorca)

CCOO ha denunciado este martes las "deficientes condiciones de seguridad" en las que, según dicen, realizan su trabajo los vigilantes de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).

En un comunicado, el sindicato recuerda que el pasado 22 de abril un vigilante de seguridad de la Estación Intermodal de Palma detuvo a un individuo que había robado un bolso a una mujer.

Según indica CCOO, la Policía confiscó al detenido varios cuchillos y jeringuillas y, por ello, consideran que la detención por parte del trabajador de seguridad fue "una intervención de riesgo" ya que éste no llevaba en ese momento el preceptivo chaleco anticortes.

El sindicato explica que este tipo de intervenciones, "relativamente habituales tanto en la estación Intermodal de Palma como en el resto de estaciones", ponen de manifiesto la profesionalidad de estos trabajadores, el riesgo que asumen, y las graves carencias en materia de seguridad en las que trabajan.

En este sentido, indican que actualmente sólo hay seis chalecos anticortes para un total de 30 trabajadores que integran la dotación de vigilantes de seguridad para las diferentes estaciones.

Sobre esta deficiencia, añaden, tiene conocimiento tanto SFM, como la empresa de seguridad para la que trabajan, Trablisa. Además, recuerdan que mantuvieron una reunión con representantes del Govern en la que el Ejecutivo se comprometió a exigir a la empresa que dote a sus vigilantes de estas prendas de protección con carácter individual.

"Esperemos que no tenga que ocurrir una desgracia para que esta medida se lleve a efecto y para que Trablisa deje de priorizar otros intereses a la seguridad de sus trabajadores", concluye CCOO.