Prisión para el hombre que le arrancó una oreja al vigilante de una cofradía (Málaga)

El vigilante, de 28 años, tuvo que ser trasladado al Hospital Comarcal de la Axarquía y posteriormente al Hospital Regional de Málaga, donde fue intervenido y continúa ingresado.

Un juzgado de Vélez-Málaga (Málaga) ha decretado prisión sin fianza para el hombre de 33 años que agredió al vigilante de seguridad del tinglado de la Cofradía del Huerto y los Desamparados del municipio, al que atacó con un bate de béisbol y le desprendió una oreja.

Fuentes judiciales han informado hoy a Efe de que el juez ha ordenado el ingreso en prisión del agresor, vecino de Torrox y con numerosos antecedentes policiales, ante la gravedad de las heridas que causó al vigilante.

El hombre se pasó en la madrugada del pasado domingo por el tinglado del Huerto y al acceder, sufrió un impacto en la cabeza con uno de los varales de los tronos y se hizo una brecha, situación de la culpó al vigilante, con el que el empezó a discutir y a decirle de que iba a denunciarlo por no advertirle del peligro.

Fuente: La razón

Un empresario de seguridad despide a sus empleados por denunciar que cobran en 'B'

La Policía asegura que se limitaron a colaborar con la Justicia, que mantiene imputado al dueño de la mercantil por delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública.

El propietario de la empresa de seguridad Viriato, José L. M., despidió el pasado 10 de marzo a dos de sus empleados después de que estos denunciaran ante la Policía Nacional que cobraban en dinero negro las horas extraordinarias que echaban. En sendas cartas remitidas a los ya extrabajadores, la mercantil les comunica a ambos el despido disciplinario y argumenta que se lleva a cabo porque los dos han "transgredido la buena fe contractual". Las misivas aseguran que la sociedad toma esta decisión no por colaborar con la Justicia, sino por "manipular imágenes, documentos y hechos a sabiendas de que así, y a través de la autoridad policial, inferían un grave daño de imagen a la empresa".

El dueño de la mercantil, que se encuentra imputado por el Juzgado número 1 de Molina de Segura (Murcia) por delito contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública gracias al testimonio de estos ahora exempleados, acusa a los trabajadores de mentir en sus declaraciones, que apuntaban a que la compañía les daba "dinero en efectivo en sobres pequeños de color marrón", extremo que la Policía considera confirmado en sus informes, basados en las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación de autobuses de Cartagena, que captaron a dos vigilantes recibiendo las mencionadas entregas.

Entre 60 y hasta 500 euros

Las imágenes, concluye la Policía, "corroboran" que el pago en negro se realiza en este recinto en los citados sobres, que cuentan con una pegatina blanca donde se reflejan el nombre, los apellidos y la cantidad a percibir por el vigilante en concepto de horas extra, que fluctuaba según el mes. En concreto, se situaba entre los 60 euros de las épocas en las que menos horas extras hacían los empleados hasta los 500 que en ocasiones recibían en verano, cuando por necesidades del servicio tenían que trabajar más tiempo.La firma considera que las acusaciones de los empleados son falsas, que los sobres marrones los usa para entregar documentación laboral tipo nóminas o registros de jornada, que los testimonios ante la Policía de estos dos trabajadores y de otros estaban planificados con anterioridad, que las imágenes grabadas fueron fruto de un montaje previo y que en ellas no se puede discernir el contenido de los sobres. Todo se ha hecho, según la mercantil, con el fin de "urdir una trama para desprestigiar y hundir a la empresa".

Aprovecha de este modo Viriato para defenderse en el marco del procedimiento judicial que instruye el Juzgado número 1 de Molina de Segura tras la denuncia presentada por el abogado Ismael Franco en nombre del secretario general de la Federación de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera, Basilio Febles, quien en su escrito encuadra el comportamiento de la mercantil en el marco de los "comportamientos dañinos" que están realizando empresas de seguridad propiciados por la crisis económica.

"Las cuantías de las defraudaciones en una plantilla tan amplia como la de la mercantil denunciada es muy elevada", según el sindicato, que habla de "millones de euros" con base en "otros comportamientos similares" llevados a cabo por firmas parecidas —a las que la organización denomina 'piratas'— que también se encuentran inmersas en procedimientos judiciales. La cantidad exacta que ha defraudado Viriato, sin embargo, aún no está determinada en sede judicial, ya que por el momento no ha habido informe al respecto de la Agencia Tributaria.

Fuente: El confidencial

Defensa adjudica los servicios de seguridad a una empresa denunciada por imponer "precarias" condiciones laborales.

El Ministerio de Defensa ha adjudicado por casi 19 millones de euros los servicios de seguridad a la empresa Marsegur Seguridad Privada, denunciada ante el Ministerio de Trabajo por el sindicato FTSP-USO por imponer "precarias" condiciones laborales a sus empleados. 

La adjudicación aparece publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras la decisión de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa. Se trata de los servicios de seguridad, de vigilantes con y sin armas, para el Departamento dirigido por María Dolores de Cospedal y sus Organismos Autónomos. 

El asunto ha llegado al Congreso de los Diputados de mano de PSOE y Unidos Podemos, que registraron sendas preguntas escritas al Gobierno manifestando su preocupación por las condiciones laborales impuestas por la empresa en un nuevo convenio colectivo.

En su respuesta, recogida por Europa Press, el Ejecutivo explicó que Marsegur había sido la adjudicataria del servicio de seguridad del Ministerio de Defensa por haber presentado la oferta económicamente más ventajosa. 

Fuente: Europa press

Condenan a la empresa Eulen por despedir a dos vigilantes del Pazo de Tor (Lugo)

Un juzgado de lo social de Lugo acaba de declarar improcedente el despido de un vigilante del pazo de Tor por parte de la empresa de seguiridad Eulen. Ahora tendrá que indemnizarlo o readmitirlo y será el propio trabajador el que decida con cuál de estas dos opciones se queda, porque cuando fue despedido era delegado sindical. La empresa condenada se hizo cargo de la seguridad del pazo de Tor por encargo de la Diputación en sustitución de la monfortina Alcor.

Los dos vigilantes de seguridad que prestaban servicio en esas instalaciones formaban parte de la plantilla de Alcor y reclamaban que Eulen los mantuviese en sus puestos. Tanto ellos como Alcor interpretaban que la empresa nueva estaba obligada a hacerlo por el principio de subrogación, que compromete a las concesionarias de servicios públicos a quedarse con el personal con el que se encuentren cuando ganan el contrato para gestionar una nueva concesión.

Pero Eulen se negó, con el argumento de que en ese caso no estaba legalmente obligada a subrogarlos, y los despidió. Los dos afectados demandaron tanto a Eulen como a Alcor y ahora el juzgado de lo social número tres de Lugo acaba de fallar a favor de uno de ellos. El afectado era en Alcor delegado de un sindicato denominado Central Sindical Obrera Independiente, que tiene el 30% de la representación laboral en esa empresa. Un portavoz de ese sindicato denunciaba ayer el silencio de la Diputación ante el despido de estos dos trabajadores por parte de Eulen, en contraste con la beligerancia de esta institución contra Alcor cuando la empresa monfortina rebajó los sueldos de su plantilla por debajo del convenio general del sector.

Fuente: La voz de Galicia

Acta y anexos Comisión Negociadora Convenio Colectivo 4 de abril de 2017

Estimados compañeros:

os mandamos el acta del día de hoy de la mesa negociadora del convenio colectivo estatal de empresas de seguridad privada.

seguiremos informando

Ver documento

El Tribunal Supremo desestima el recurso de impugnación por parte de AESPRI del Convenio Colectivo Estatal

Desestimado el recurso de casación interpuesto por la representación letrada de ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL -AESPRI- contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el 17 de diciembre de 2015, en el procedimiento número 284/2015, seguido a instancia del citado recurrente, en contra del Convenio Colectivo Estatal de las empresas de seguridad privada.

Sentencia

El Govern de Cataluña ultima un decreto que ordena el ejercicio de competencias en seguridad privada

La Conselleria de Interior de la Generalitat está ultimando un decreto que regulará el ejercicio de sus competencias en materia de seguridad privada, determinará los órganos a los que corresponde ejercerlas y organizará las funciones que ha asumido el Govern, especialmente tras la aprobación de nueva Ley de seguridad ciudadana.

Actualmente, según datos de la Dirección General de Administración de Seguridad, en Catalunya hay 13.218 vigilantes de seguridad, 353.274 conexiones de alarmas a centrales receptoras y 101 centrales con conexiones en esta comunidad.

Asimismo, hay 340 empresas de seguridad que prestan servicios en Catalunya, de las cuales 198 son exclusivamente catalanas, según la misma fuente.

En una entrevista de Europa Press, la subdirectora general de Seguridad Interior, Maite Casado, ha explicado que con la Ley 5/2014 de seguridad privada "no solo se consolidan las competencias sino que se consiguen más competencias y este decreto refuerza y recuerda que las competencias de la seguridad privada son de la Generalitat".

Tras la aprobación de dicha ley estatal, la Generalitat ha ampliado sus competencias en seguridad privada, asumiendo, además de la apertura de empresas de seguridad con ámbito de actuación en Catalunya, la de delegación de empresas que actúen en este territorio.

Según recoge el propio decreto, se han asumido las competencias relativas a la apertura de despachos de detectives y sus sucursales con domicilio en Catalunya, con la novedad de posibilidad la apertura de establecimientos mediante declaración responsable.

Corresponderá a la Generalitat la competencia de autorizar las actividades y servicios de seguridad privada que se lleven a cabo en esta comunidad, y las competencias de control, inspección y sanción se asumen en su máxima dimensión tanto en las actividades como en los servicios.

En videovigilancia, corresponde a la Generalitat autorizar la utilización de cámaras por parte de vigilantes de seguridad y guardas rurales con finalidades de seguridad privada para captar imágenes y sonido de vías y espacios públicos.

Una de las competencias que por el momento mantiene el Estado es la formación y habilitación de los vigilantes privados, por lo que de momento mantiene la elaboración de los exámenes para ser vigilante de seguridad, los programas y las pruebas, pese a que la Generalitat los reclama.

COMPETENCIAS

Corresponde a la Generalitat la autorización, recepción de declaración responsable o comunicación de apertura de las empresas de seguridad y las delegaciones, los despachos de detectives y sucursales en este mismo ámbito, las centrales receptoras de alarmas, los centros de formación, los departamentos de seguridad y los establecimientos obligados a adoptar medidas de seguridad con domicilio en Catalunya y ámbito de actuación limitado a este territorio.

Es competencia de la Generalitat, según este decreto, la autorización de actividades y servicios de seguridad privada que se lleven a cabo en Catalunya y requieren de autorización o control previo y la inspección, control y sanción estas actividades.

Además, la coordinación de servicios de seguridad e investigación privada con los Mossos d'Esquadra y Policías Locales, así como algunos aspectos de la formación en seguridad privada a través del Instituto de Seguridad Pública de Catalunya (ISPC).

Fuente: La vanguardia