El intrusismo ha sido siempre un problema de la vigilancia privada. Pero con la crisis el problema se ha agudizado. Tanto es así que el propio jefe de la Policía, Daniel Salgado, pide ayuda a los guardias de seguridad para desenmascarar a 'gorilas' y 'matones' que trabajan sin la preparación necesaria.
Esa fue una de las conclusiones de la quinta edición de la Convención de Seguridad Privada, organizada por la Comisaría y por las compañías de sector. Con la que está cayendo, los empresarios meten la tijera en sus gastos. Y en el primer sitio en el que recortan es en la seguridad. La consecuencia es que terminan contratando personal sin habilitación para que realicen las funciones de vigilancia. Personas que no están preparadas, pero que resultan más baratas. Lo que quizás no sepan estos empresarios es que estas prácticas pueden acarrearles multas que, en algunos casos, alcanzan los 30.000 euros.
La fórmula a la que recurren son las llamadas empresas de servicios, tal y como explicaron fuentes de la Comisaría. Es decir, uniforman a un trabajador y le encomiendan labores de vigilancia para las que no han sido formados. Solo pueden llevar uniforme, porra y grilletes y lucir la placa blanca con letras en rojo los vigilantes que estén habilitados por el Ministerio de Interior. “Todo lo demás es sancionable”, se encargó de recordar el subdelegado del Gobierno, Fernando Calahorro. En la provincia, unas 3.000 personas están autorizadas para ser vigilante de seguridad. No obstante, el negocio no está muy boyante. “Ahora mismo, están trabajando unos 550”, explica fuentes del sector, lo que supone un 30 por ciento menos que hace justo un año. “Es la pescadilla que se muerde la cola. Las empresas contratan a cualquiera, aunque no esté habilitado”, dice el director de una firma del sector. “Os pido vuestra ayuda en la erradicación de estas prácticas que tanto perjudican al vigilante de seguridad”, pidió el comisario.
Para ser guardia privado es necesario superar una formación en un centro reglado. Y, después, aprobar un examen que hace el Ministerio de Interior, donde se ponen a prueba los conocimientos del vigilante y su preparación física. Superadas esas pruebas, ya pueden trabajar, aunque siempre contratados por una empresa homologada.
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