Los trabajadores de Esabe se movilizan contra los impagos de la empresa
A pesar de la lluvia medio centenar de trabajadores de la empresa Esabe se han concentrado en la mañana de hoy frente al Ministerio de Trabajo para protestar por los impagos que la plantilla viene sufriendo últimamente y que, en algunos casos, llegan hasta las 5 mensualidades.
Momento de la concentración de esta mañana
De esta forma se iniciaba el calendario de movilizaciones que presumiblemente acabará en huelga, ya que a los impagos de salarios también hay que sumar las retiradas de pluses contemplados en el convenio o los incumplimientos de la empresa en materia de obligaciones fiscales y de Seguridad Social.
Esabe es una empresa de seguridad que tiene adjudicados varios contratos con la administración, de ahí que los trabajadores la hagan culpable de su situación, ya que es una empresa conocida por este tipo de problemas y sin embargo la Administración la sigue contratando servicios.
La siguiente concentración prevista para el día 3 de octubre frente a Correos, otro de los clientes importantes que tenia la empresa Esabe, ha sido desconvocada, ya que Correos ha decidido rescindir su contrato con esta empresa y dárselo a otra. Esperemos que la Administración siga este ejemplo y no siga con su actitud manteniendo así el impago de los trabajadores.Fuente
Esabe es una empresa de seguridad que tiene adjudicados varios contratos con la administración, de ahí que los trabajadores la hagan culpable de su situación, ya que es una empresa conocida por este tipo de problemas y sin embargo la Administración la sigue contratando servicios.
La siguiente concentración prevista para el día 3 de octubre frente a Correos, otro de los clientes importantes que tenia la empresa Esabe, ha sido desconvocada, ya que Correos ha decidido rescindir su contrato con esta empresa y dárselo a otra. Esperemos que la Administración siga este ejemplo y no siga con su actitud manteniendo así el impago de los trabajadores.Fuente
Denuncian a Prosegur en el Parlamento Europeo por violar leyes en Paraguay
Dirigentes del sindicato UNI “Global Union” denunciaron este miércoles en el Parlamento Europeo (PE) que la empresa de seguridad española Prosegur incumple las normas laborales en Paraguay.
La organización sindical –que representa a unos 20 millones de trabajadores del sector de servicios en todo el mundo- denunció ante los eurodiputados la situación de 327 guardias de seguridad despedidos por la filial paraguaya de Prosegur el pasado 30 de julio a raíz de una huelga que la firma consideró ilegal.
La huelga había sido convocada por el Sindicato de Empleados de Prosegur Paraguay (SITEPROPASA), para exigir la firma del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, que ya se estaba prolongando por más de seis meses. Los tres problemas principales en el programa de negociación colectiva eran el trabajo peligroso, el exceso de horas y los salarios bajos.
La denuncia realizada indica que Prosegur vulnera la legislación laboral en Paraguay y los sindicalistas pidieron que tanto la compañía como nuestro país respeten las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Prosegur no cumple con las reglas. En vez de dar ejemplo pone a Europa en una situación vergonzosa y a muchos trabajadores en riesgo. No cumple los estándares de la OIT”, reclamó el secretario regional de UNI, Oliver Röthing, en una audiencia organizada por el grupo socialista en la Eurocámara.
Pésimas condiciones laborales
Los trabajadores, miembros del Sindicato de Trabajadores de Prosegur Paraguay S.A. (SITEPROPASA), intentaron durante ocho meses plantear a la empresa sus quejas y negociar sus condiciones de trabajo sin tener respuesta de la compañía, por lo que decidieron ir a una huelga de ocho días.
Las condiciones en que desarrollaban sus tareas laborales eran pésimas: doce horas diarias de trabajo los siete días de la semana, con apenas tiempo para ir al baño y para comer. Nulas medidas de seguridad necesarias en la tarea de introducir dinero en los cajeros automáticos y los furgones que conducían eran antiguos y en malas condiciones.
Desde diciembre de 2011 hasta julio de 2012, SITEPROPASA intentó negociar el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo con la empresa, pero Prosegur no quiso ceder. El sindicato, entonces, convocó a una huelga de ocho días que empezó el 18 de julio de 2012 y se prorrogó ocho días adicionales más.
El Ministerio de Justicia y Trabajo comunicó el 24 de julio a una delegación de los huelguistas que asistiría a las partes para llegar a una solución negociada. Prosegur se puso en contacto con SITEPROPASA el 27 de julio para reanudar las negociaciones. El sindicato se preparó para reanudar las negociaciones y decidieron levantar la huelga. Los guardias de seguridad volvieron a sus puestos de trabajo el 30 de julio.
Impunidad e ilegalidad
En lugar de negociar con el sindicato, Prosegur despidió a 327 guardias de seguridad que habían ido a la huelga, incluidos cuatro que estaban de baja por enfermedad durante la huelga, a pesar de haber indicado que estaba dispuesta a negociar y haber invitado al sindicato a volver a la mesa de negociación tras una solicitud de la oficina del Ministerio de Justicia y Trabajo para que se retomaran las negociaciones.
La declaración de huelga había cumplido con todos los requisitos legales y no había ni siquiera un pedido a la justicia laboral de tipificación de la medida. Aun así, los trabajadores fueron despedidos y hoy están en una lista negra que les dificulta encontrar un nuevo trabajo en otra empresa.
Las listas negras están prohibidas expresamente en las leyes de nuestro país y son violatorias de la Constitución Nacional y convenios internacionales, sin embargo la empresa viola la ley con total impunidad.
La Global Union anunció que prepara una denuncia contra Prosegur ante la OIT por, a su juicio, contravenir los convenios 87 y 98 (sobre libertad sindical y negociación colectiva) de la organización.
Posición de los eurodiputados
El eurodiputado socialista español Alejandro Cercas respondió que el Parlamento Europeo (PE) “no puede intervenir en asuntos internos de la legislación laboral”. Recordó también que esa institución no ha logrado nunca sacar adelante una normativa sobre la responsabilidad social de las empresas europeas fuera de las fronteras de la Unión.
Por su parte, el eurodiputado socialista checo Richard Falbr propuso que en el próximo pleno la Eurocámara adopte una resolución contra Paraguay y la empresa.
Quedó así en evidencia que cuando se trata de proteger los derechos de los trabajadores, nunca pueden intervenir ni siquiera pueden sacar una normativa, pero cuando de defender los intereses de las empresas se trata (por ejemplo el caso de YPF con el Gobierno argentino) realizan todo tipo de ataques y hasta envían delegaciones para protestar por “la violación de las leyes” y presionar a favor de las empresas.
Rol del Ministerio de Justicia y Trabajo
Tras la huelga y el posterior despido ilegal de los trabajadores a fines de julio, a petición de SITEPROPASA, la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social del Congreso envió una carta a la ministra de Justicia y Trabajo y a Prosegur el jueves 23 de agosto pidiendo explicaciones sobre el despido masivo del 30 de julio.
El Ministerio de Justicia y Trabajo, cuya ministra fue designada por el presidente Franco tras el golpe de estado del 22 de junio, empezó a estudiar el caso el 28 de agosto, un mes después de que se produjeran los despidos masivos y únicamente después de la petición del Congreso.
El Ministerio respondió recientemente a la Comisión del Congreso diciendo que abrió una investigación para comprobar si Prosegur contrató a trabajadores de reemplazo durante la huelga. Este hecho está expresamente prohibido en el Código del Trabajo de nuestro país y los trabajadores ya habían denunciado ante el Ministerio. Sin embargo, la empresa igual lo hizo y con absoluta impunidad. Ahora le dieron nuevamente 15 días para responder y todavía no lo ha hecho.
Prosegur es una de las firmas de seguridad líderes en el mundo, con cerca de 150.000 empleados en Europa, Asia y América Latina, donde cuenta con oficinas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay.
En el primer semestre del año tuvo un crecimiento en Latinoamérica del 49,9% y superó los 1.000 millones de euros de ingresos, con Brasil y Argentina como los países donde registró una mayor facturación.
La empresa, que inició sus actividades en Paraguay en 1980, tuvo en 2011 una facturación de casi 32 millones de euros y una cartera de cerca de 500 clientes en Asunción, Coronel Oviedo, Concepción, Encarnación y Ciudad del Este, lo que la sitúa como la primera del sector en nuestro país, según datos de la compañía.
COMUNICADO DE MOVILIZACIONES CONTRA ESABE
Convocatoria y calendario de las concentraciones solicitadas a la Delegación del Gobierno contra la empresa Esabe vigilancia.
Por favor, darle la mayor difusión posible,porque algunos de los compañeros de Esabe llevan hasta cinco meses sin cobrar la nomina mensual; sin contar que todavia no les han sido abonadas las pagas extras.
Rogamos vuestra presencia en las concentraciones.
MAÑANA PUEDES SER TU EL AFECTADO.
HUELGA VIGILANTES DE ESABE
El seguimiento ha sido pleno durante el primer día de paro de los 33 vigilantes privados de la firma Esabe y la aseveración la comparten tanto los sindicatos como la compañía.
Ausencia de seguridad en el Palacio de Justicia de Gijón desde primera hora de la mañana y la escena se ha repetido allí donde esta compañía nacional presta servicios de vigilancia como en edificios judiciales, en el Centro Materno Infantil, en el Instituto del Carbón, la Villa Romana de Veranes y en el centro municipal integrado de El Coto.
Algunas de estas instalaciones son especialmente sensibles por lo que la Consejería de Presidencia ha asegurado que la policía autonómica cubrirá la seguridad de forma puntual.
Los empleados denuncian que llevan hasta cinco meses sin cobrar y exigen a la administración que rescinda el contrato público con Esabe y que haga una contratación menor o bien ceda el servicio a otra firma solvente.
La compañía ha asegurado a TPA Noticias que carece de crédito debido a lo que les adeudan las tres administraciones públicas. Esta empresa cuenta con más de 3.000 empleados por toda España y ya habido protestas en otras ciudades como Valencia o Sevilla.
SANTIAGO CARRILLO, ICONO DE LA LUCHA CONTRA FRANCO,D.E.P.
Santiago Carrillo, fallecido este martes, fue secretario general del Partido Comunista de España (PCE) de 1960 a 1982, además de uno de los artífices de la Transición española y un firme defensor de la reconciliación nacional. Con la llegada de la democracia, compatibilizó su clara militancia republicana con su admiración por el rey, con quien mantuvo una excelente relación y al que defendió como motor de la Transición y del que ensalzó su labor en el 23-F.
Hijo de un militante del PSOE y de UGT, nació en Gijón, el 18 de enero de 1915, aunque pronto se trasladó a Madrid con su familia. Militante de las Juventudes Socialistas desde 1928, tras la unificación de esta organización con las Juventudes Comunistas, en abril de 1936, fue elegido secretario general de la nueva formación. En julio de 1936 se afilió al Partido Comunista (PCE).
A pesar de su juventud, tuvo un papel destacado en la vida política de Madrid tras el levantamiento militar del 18 de julio de 1936, a la vez que escalaba puestos en el Partido. Como delegado de Orden Público y miembro de la Junta de Defensa de Madrid, desde el 6 de noviembre de 1936, le han responsabilizado de la matanza de militares sublevados en Paracuellos (Madrid) del 7 y 8 de ese mes, aunque Carrillo siempre defendió que fue obra de descontrolados.
En febrero de 1939 cruzó la frontera francesa y comenzó un exilio de 38 años, que le llevó a la Unión Soviética, EEUU, Argentina, México y Argelia, hasta que fijó su residencia en París. 'Delfín' de Dolores Ibárruri, La Pasionaria desde 1946, en el VI Congreso del PCE (1960) en el que ésta fue elegida presidenta, Carrillo fue elegido secretario general, cargo que ocupó hasta 1982. Fue partidario de la independencia política respecto a la URSS, postura que afianzó tras la invasión de Checoslovaquia en 1968 y defendió la autonomía de los países europeos para buscar su propio camino hacia el socialismo.
Para España, desde 1956 propició una "política de reconciliación nacional", apoyando un pacto de todas las fuerzas "antifranquistas". En 1974 creó, con Rafael Calvo Serer, la Junta Democrática. Tras la muerte del dictador, usó distintas fórmulas de presión para conseguir la legalización del PCE, como la convocatoria de una rueda de prensa en Madrid el 10 de diciembre de 1976, que provocó su detención, el día 22 de ese mes, cuando portaba una peluca que le hizo famoso en toda España.
Fue elegido diputado en los primeros comicios democráticos de junio de 1977 y como representante comunista participó en los Pactos de la Moncloa. Reelegido diputado en 1979, en esta Legislatura vivió el golpe de Estado del 23-F y fue uno de los tres políticos, junto al presidente del Gobierno, Adolfo Suárez y al vicepresidente, general Gutiérrez Mellado, que permaneció en su escaño, desobedeciendo las órdenes del coronel Tejero.
Tras una grave crisis interna, acentuada por la derrota sufrida en las generales de octubre de 1982, el 6 de noviembre de ese año presentó su dimisión con secretario general del PCE. En 1985 se separó definitivamente del mismo y creó un nuevo grupo político, Partido de los Trabajadores-Unidad Comunista, con el que acudió a las elecciones de 1986, aunque no obtuvo escaño.
Después de largas negociaciones, el 27 de octubre de 1991 firmó el ingreso de los miembros de esa formación en el PSOE, como una corriente interna bajo el nombre de "Unidad de Izquierda", aunque él quedó fuera, al considerar que "su larga historia de dirigente comunista" le daba "autoridad moral para sostener la posición de sus camaradas", pero le inhabilitaba para "desempeñar cualquier papel protagonista".
Desde entonces, comenzó a dedicarse a escribir libros y artículos en los medios de comunicación y a dar conferencias y participar en tertulias radiofónicas. Recibió numerosos reconocimientos por su actuación durante la Transición, sobre todo a partir de 2005, fecha de su noventa cumpleaños, como la cena homenaje, ofrecida el 16 de marzo, a la que asistieron destacadas personalidades, entre ellas el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero. El 20 de octubre de ese año fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Madrid, aunque el acto se vio boicoteado por jóvenes de extrema derecha. El 17 de enero de 2008 fue galardonado por la Fundación Sabino Arana, por "su contribución en el restablecimiento de la democracia" en España tras la dictadura de Franco. En diciembre de 2008 le fue concedida la Medalla al Mérito del Trabajo.
Al margen de la política, Carrillo se consideraba periodista, profesión que comenzó a ejercer a los 16 años, como redactor de "El Socialista". En abril del 1994 fue elegido miembro de honor de la Agrupación de Periodistas de la UGT y en junio de 2005 fue homenajeado por la Asociación de la Prensa de Madrid. Autor de numerosos libros, en 1993 presentó sus Memorias y diez años después publicó La memoria en retazos. En 2008 publicó La crispación en España. De la Guerra Civil a nuestros días y Dolores Ibárruri. Pasionaria, una fuerza de la naturaleza. El 6 de abril de 2010 presentó Los viejos camaradas. El 18 de enero 2011, día en el que cumplía 96 años, presentó un nuevo libro La difícil reconciliación de los españoles. En esa obra, el exsecretario general del PCE lamentaba la "mentalidad medieval" que, a su juicio, aún tenía la Iglesia española.
Un mes después participó en los actos de recuerdo del 23-F, al cumplirse el treinta aniversario de la intentona golpista. En 2008 pasó por el hospital en dos ocasiones por problemas cardiacos leves, en octubre de 2011 estuvo dos días ingresado por una infección urinaria y el 19 de abril de 2012 fue intervenido de apendicitis y permanceció hospitalizado hasta el 4 de mayo. De nuevo, el 17 julio, y por espacio de dos días, estuvo ingresado en un hospital de Madrid a causa de un problema de riego sanguíneo.
Estaba casado con Carmen Menéndez con quien tenía tres hijos: Santiago, Jorge y José. Este último fue elegido rector de la Universidad Complutense en abril de 2011.
ESABE. Varias decenas de vigilantes de los juzgados se concentran por el impago de las nóminas de julio y agosto
Varias decenas de vigilantes de seguridad de los juzgados de Sevilla se han
vuelto a concentrar este viernes frente a las puertas del edificio Noga de la
capital hispalense debido al impago de las nóminas correspondientes a los meses
de julio y agosto por parte de la empresa Esabe Vigilancia, encargada del
servicio de seguridad en las sedes judiciales, todo ello "a pesar de los 59.000
euros que abonó la Junta".
Así, fuentes del Sindicato de Trabajadores de Seguridad de Andalucía (STS-A) han informado a Europa Press de que la concentración se ha llevado a cabo entre las 10,00 y las 13,00 horas de este viernes a fin de "mostrar la disconformidad" de los vigilantes con Esabe, "que adeuda a día de hoy los salarios de julio y agosto", además de una paga extraordinaria.
De este modo, han sido varias decenas de vigilantes los que se han concentrado frente al edificio judicial ubicado en la avenida de la Buhaira portando una pancarta en la que se podía leer 'Contra los retrasos reiterados de los salarios, contra el chantaje de Esabe a los trabajadores y por el cumplimiento del Estatuto y el convenio".
En este sentido, fuentes de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta consultadas por Europa Press han querido dejar claro que los pagos "están garantizados" ya que "cuentan con cobertura presupuestaria", como "así se demuestra con el abono de la cantidad que se desbloqueó en agosto, que permitió a la empresa afrontar las nóminas pendientes".
Y es que durante el pasado verano, y gracias a un pago por parte de la Junta de Andalucía a Esabe, se abonó a los trabajadores las nóminas correspondientes a los meses de mayo y junio, lo cual supuso "un alivio" para los vigilantes, que subrayan que "no pueden pasarse meses y meses con una sola paga, es una injusticia".
En total, son 36 los trabajadores afectados por las irregularidades en los pagos, irregularidades que han venido motivando diversas movilizaciones ante los juzgados del edificio Noga y las sedes de El Prado de San Sebastián, las últimas realizadas durante el pasado mes de julio.
La situación de los 36 vigilantes de seguridad afectados ha sido calificada por el sindicato de "extrema necesidad, y urgencia", ya que están siendo "acosados por los bancos y demás acreedores que les exigen el pago inmediato de las deudas".
Fuente:
Así, fuentes del Sindicato de Trabajadores de Seguridad de Andalucía (STS-A) han informado a Europa Press de que la concentración se ha llevado a cabo entre las 10,00 y las 13,00 horas de este viernes a fin de "mostrar la disconformidad" de los vigilantes con Esabe, "que adeuda a día de hoy los salarios de julio y agosto", además de una paga extraordinaria.
De este modo, han sido varias decenas de vigilantes los que se han concentrado frente al edificio judicial ubicado en la avenida de la Buhaira portando una pancarta en la que se podía leer 'Contra los retrasos reiterados de los salarios, contra el chantaje de Esabe a los trabajadores y por el cumplimiento del Estatuto y el convenio".
En este sentido, fuentes de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta consultadas por Europa Press han querido dejar claro que los pagos "están garantizados" ya que "cuentan con cobertura presupuestaria", como "así se demuestra con el abono de la cantidad que se desbloqueó en agosto, que permitió a la empresa afrontar las nóminas pendientes".
LA SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS JUDICIALES ESTÁ "GARANTIZADA"
Al hilo de ello, las mismas fuentes han señalado que la seguridad de los edificios judiciales de Sevilla "está garantizada" con los actuales efectivos, tanto públicos como privados.Y es que durante el pasado verano, y gracias a un pago por parte de la Junta de Andalucía a Esabe, se abonó a los trabajadores las nóminas correspondientes a los meses de mayo y junio, lo cual supuso "un alivio" para los vigilantes, que subrayan que "no pueden pasarse meses y meses con una sola paga, es una injusticia".
En total, son 36 los trabajadores afectados por las irregularidades en los pagos, irregularidades que han venido motivando diversas movilizaciones ante los juzgados del edificio Noga y las sedes de El Prado de San Sebastián, las últimas realizadas durante el pasado mes de julio.
La situación de los 36 vigilantes de seguridad afectados ha sido calificada por el sindicato de "extrema necesidad, y urgencia", ya que están siendo "acosados por los bancos y demás acreedores que les exigen el pago inmediato de las deudas".
Fuente:
LOS DERECHOS SOCIALES PERDIDOS
El Consejo de Ministros del 13 de julio aprobó un nuevo conjunto de medidas de ajuste. Tienen un carácter profundamente antisocial y reducen derechos sociales en tres áreas: protección al desempleo, servicios públicos y condiciones salariales y laborales de los empleados públicos. A ellas hay que añadir la última reforma laboral y las medidas fiscales regresivas. Están inscritas en una estrategia liberal-conservadora de ampliación de la austeridad para las capas populares y debilitamiento de lo público y el Estado de bienestar, son injustas y tienen graves consecuencias sociales y un gran déficit democrático. Veámoslas detenidamente.
1) Debilitamiento de la protección social a las personas desempleadas
Las principales medidas de este primer tipo son las siguientes. Se rebajan diez puntos porcentuales (del 60% al 50% de las bases de cotización) el importe de la prestación contributiva que se cobra a partir del séptimo mes de desempleo (se mantiene el 70% los primeros seis meses); puede afectar a cerca un millón del total de 1,3 millones que reciben prestaciones contributivas. 2,8 millones de españoles permanecen sin ningún tipo de protección públicaSe elimina el subsidio no contributivo de los mayores de 52 años y hasta la edad de 55 años en que se fija ahora el derecho, siendo obligatoria su finalización a la primera edad posible de jubilación; del total de 1,3 millones que perciben este subsidio asistencial se ven perjudicados unos 300.000. Igualmente, se restringe el acceso a la renta activa de inserción que durante seis meses percibían las personas desempleados mayores de 45 años, con rentas inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI) de 641 euros, introduciendo mayores exigencias de búsqueda de empleo y eliminando a los desempleados inscritos pero sin haber conseguido previamente derechos contributivos; afecta a unas 650.000 personas. El tope de la indemnización del FOGASA, para personas despedidas de empresas insolventes, desciende un 20% (de 150 días a 120) y el máximo del importe pasa de tres veces y media el SMI mensual (2.243 euros) a dos veces (1.282 euros), es decir, se recorta el 42%. Así mismo, se amplían las exigencias de ‘búsqueda activa de empleo' o reinserción laboral, así como los controles y las capacidades sancionadoras de la administración para poder expulsar beneficiarios de estas prestaciones, sólo con ‘indicios' de fraude o sin aportar todos los requisitos y documentos que demuestren la mejora de su empleabilidad. A todo ello hay que añadir el incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social pagadas por el beneficiario de la prestación contributiva, que antes financiaba el INEM, con lo que su retribución neta se reduce un 3,4%. Hasta el año 2014, solamente la reducción del gasto en protección contributiva al desempleo se calcula en cerca de 14 mil millones de euros.
Por otro lado, el decreto-ley aprobado el 24 de agosto sobre la renovación el plan PREPARA aprueba dos medidas contradictorias, una mejora parcial y un recorte significativo. Desde hace dos años, una media de 200.000 personas desempleadas que agotaban la prestación contributiva ha cobrado un subsidio, durante seis meses, debiendo participar en un programa de inserción profesional.1,7 millones de hogares tienen todos sus miembros activos en paro Ahora, por una parte, se eleva de 400 euros a 450 el importe a percibir sólo por las personas desempleadas que tienen responsabilidades familiares (pareja y dos hijos menores de 26 años) y sin ingresos. Por otra parte, la más sustancial, se elimina su percepción para muchos beneficiarios, especialmente jóvenes, al computar la renta familiar en vez de la individual, y además, se endurecen los requisitos: constatación de que se busca activamente empleo y que la situación de paro sea de larga duración (más de un año). El primero supone mayores controles administrativos persiguiendo la baja del sistema, ya que no hay expectativas de crecimiento del empleo, dada la situación económica, y al mismo tiempo, se reducen los recursos públicos para políticas activas de empleo. El segundo consiste en dejar sin acceso a las personas (jóvenes) que no han llegado a estar empleadas durante tres años, periodo de cotización necesario para cobrar doce meses la prestación contributiva previa, ya que este subsidio se cobra una vez finalizada la prestación contributiva y se exige estar un año en paro (dentro de los últimos 18 meses).
Además, de los 5,7 millones de personas desempleadas (según la EPA-2012-2º trimestre) sólo cobran una prestación o un subsidio de desempleo 2,9 millones (según el paro registrado del INEM), por lo que hay 2,8 millones permanecen sin ninguna protección pública, y 1,7 millones de hogares tienen todos sus miembros activos en paro.La desprotección social conlleva el intento de reafirmar la ideología liberal-conservadora En definitiva, el paro masivo, la reducción de la protección pública y el desamparo de las personas desempleadas están generando un mayor empobrecimiento de los sectores más desfavorecidos, un descenso en sus trayectorias laborales y personales y un deterioro de sus capacidades humanas, académicas y profesionales, con especial repercusión entre la gente joven. La desprotección social conlleva el intento de diluir la responsabilidad de las instituciones públicas y reafirmar la ideología liberal-conservadora, culpando a las personas desempleadas de su propia situación de paro. La ausencia de políticas de reactivación de empleo decente y estos nuevos recortes de la protección al desempleo están consolidando nuevas brechas sociales y dificultades para la integración social. Es preciso ampliar la cobertura e intensidad de la protección social al desempleo y al riesgo de pobreza y exclusión, fortalecer las adecuadas políticas de formación y cualificación profesional y estimular la creación de empleo con plenos derechos sociales y laborales.
2) Deterioro de la calidad de servicios públicos fundamentales
Este decreto de julio recorta 5.811 millones de euros el gasto de las Comunidades Autónomas, siendo el grueso de su presupuesto estos servicios esenciales, que se verán afectados. Si se añade el recorte aprobado del gasto de los servicios ofrecidos por el Gobierno central y los Ayuntamientos, la reducción del gasto público llega a 9.220 millones de euros. La reducción del gasto público contando Gobierno, Comunidades y Ayuntamientos llega a 9.220 millonesEn particular, adopta una medida que tiene un impacto directo sobre la protección a la dependencia. Se reduce la financiación pública estatal al sistema de dependencia, se pospone la ampliación al grado moderado de dependencia, se aumenta el copago que deberán realizar las personas dependientes y se reducen los servicios que se ofrecen. Las principales medidas concretas son: reducción de los importes medios de las prestaciones económicas asociadas a los grados de dependencia, por la vía de eliminar la subdivisión en los dos niveles de cada uno de los tres grados de dependencia; rebaja de un 15% de la prestación por cuidador familiar que determina el Estado, descenso ampliable por las comunidades autónomas si así lo deciden, y el cuidador pasa a asumir la cotización social en vez del Estado como antes. Este recorte se acumula a las primeras medidas aprobadas por el Gobierno del PP, en diciembre pasado, (recorte de 9.000 millones en el presupuesto de los ministerios y paralización del calendario de aplicación de la ley de dependencia), así como las adoptadas en abril: aumento del copago farmacéutico, incluido el nuevo pago por los pensionistas, exentos hasta entonces; la exclusión de los inmigrantes sin papeles de la tarjeta sanitaria; el aumento de la ratio de alumnos por aula, con el consiguiente despido de interinos y la menor calidad de la enseñanza, y la subida de las tasas universitarias con mayores dificultades para el acceso a la educación superior de los sectores menos pudientes. E igualmente se suma la de junio: el llamado medicamentazo, con la exclusión de la subvención pública de 417 medicamentos básicos y de gran consumo.
3) Rebaja de los salarios de los empleados públicos y aumento de su jornada laboral con la consiguiente expulsión de personal interino y contratado
Se suprime la paga extra de Navidad para la gran mayoría de los 2,7 millones de empleados del sector público, lo que supone aproximadamente la reducción de un 7% de los ingresos salariales y pudiendo prorratear los descuentos en las nóminas mensuales anteriores a esa fecha; sólo quedan exentos los que cobran menos de 962 euros (1,5 veces el salario mínimo interprofesional).Se disminuye entre un 50% y un 25% la cantidad percibida en una situación de incapacidad temporal debido a una enfermedadSe disminuye entre un 50% y un 25% la cantidad percibida en situación de incapacidad temporal por enfermedad común, que tendrá un máximo del 50% del salario en los tres primeros días de baja por enfermedad y un máximo del 75% entre los días 4 y 20. Se reducen de seis a tres los días disponibles para asuntos particulares. El personal laboral (0,7 millones) de la administración podrá ver modificados o suspendidos sus convenios colectivos, con el pretexto de insuficiencias presupuestarias. Hay que añadir la generalización del aumento de jornada laboral de 35 a 37,7 horas semanales, aprobado en diciembre pasado, incluyendo su posible ampliación, con lo que supone de no renovación de contratos temporales o interinos, reducción de empleo e incremento del paro. Se favorece la movilidad de los empleados públicos en los distintos ámbitos de la administración, y se evita que personal de empresas contratadas adquieran una relación laboral con el Estado. Oficialmente, el recorte de gasto público previsto por estas medidas, para el año 2012, es de 5.430 millones de euros, aunque el saldo neto derivado de los menores ingresos por cotizaciones sociales del personal adscrito al Régimen General (24,4% de esa cantidad) y por IRPF (por encima del 24,75%), será muy inferior (algunas estimaciones lo sitúan en unos 3.000 millones), y sin contar el impacto negativo sobre el consumo.A todo ello hay que añadir la congelación del sueldo para 2012 de los empleados públicos decidida en diciembre por el gobierno del PP y la prevista para el año 2013, acumuladas a la reducción del cinco puntos del salario en el año 2010 y su congelación para el año 2011, aprobadas por el anterior gobierno socialista.
4) Una reforma laboral injusta y antisocial
El Gobierno del PP aprobó el pasado mes de febrero una reforma laboral profundamente regresiva: abarata y facilita el despido, recorta derechos y condiciones laborales, precariza el empleo y debilita la regulación laboral y la negociación colectiva. La reforma laboral abarata y facilita el despido, recorta derechos, precariza el empleo y debilita la negociación colectivaSus objetivos son dobles: por un lado, la subordinación de trabajadores y trabajadoras, el abaratamiento de los costes laborales y asegurar una inserción laboral en la inseguridad, y, por otro lado, el incremento de los beneficios empresariales y el fortalecimiento de la capacidad empresarial para disponer arbitrariamente de las personas empleadas y en paro. El resultado es un fuerte desequilibrio en las relaciones laborales: por una parte, mayor indefensión para las capas trabajadoras y marginación de sus representantes sindicales, y por otra parte, mayor poder y control empresarial. Lejos de constatar el fracaso de las anteriores reformas laborales para crear empleo, asegurar su calidad y atender las demandas ciudadanas de superar el paro y garantizar la protección al desempleo, esta contrarreforma laboral del PP profundiza su contenido regresivo y desarrolla su impacto antisocial. Esta agresiva contrarreforma de las derechas (PP y CIU) profundiza el retroceso laboral impuesto por las dos reformas del Gobierno socialista anterior: la reforma laboral de junio de 2010, con el abaratamiento del despido, y la reforma de la negociación colectiva de julio de 2011, con el debilitamiento de la capacidad contractual de los sindicatos. En su conjunto es un recorte generalizado de las garantías colectivas e individuales de trabajadores y trabajadoras, una marginación del sindicalismo en la regulación de las relaciones laborales, un incremento del poder empresarial.
5) Medidas fiscales regresivas
La principal es la elevación desde el 1 de septiembre del tipo reducido de IVA desde el 8% al 10% y del tipo normal del 18% al 21%. Junto con el incremento decidido por el anterior gobierno socialista en el año 2010, en los dos últimos años el tipo general se ha incrementado 3 puntos y el tipo normal 5 puntos.El incremento impositivo es de 2.300 millones de euros en el año 2012, 10.130 en 2013 y 9.670 en 2014 Además, algunos productos pasan del tipo reducido al normal, es decir, se incrementan 13 puntos. Es el impuesto más regresivo porque afecta al consumo de la población y, proporcionalmente, es superior para las capas populares. El impacto oficial es de un incremento impositivo de 2.300 millones de euros en el año 2012 (se aplica sólo en el último trimestre del año), 10.130 millones en 2013 y 9.670 millones en 2014. Es un importe significativo que se detrae de los recursos de la mayoría de la sociedad, y disminuye el consumo y el empleo. Por otro lado, se aumenta la fiscalidad del tabaco y se retiran algunas deducciones del Impuesto de Sociedades. El conjunto de las medidas aprobadas en julio supone una reducción de 1,2 puntos del déficit en el año 2012 y 0,9 puntos adicionales en el año 2013, aunque los compromisos adquiridos por el Gobierno con las instituciones comunitarias son una reducción prácticamente el doble.
La presión fiscal en España es muy inferior a la media de la Unión Europea. En el año 2011 era del 35,1% del PIB, 9,5 puntos menos que la media europea (44,6%), habiendo bajado cinco puntos desde el máximo del año 2007 (41,1%). Esa menor presión fiscal está distribuida en todos los tipos de impuestos. Con datos desagregados del año 2010 (en que la diferencia existente era de 7,8 puntos), respecto de la media europea en España se ingresaba menos en impuestos indirectos (2,4 puntos de los que 1,4 eran en el IVA), en impuestos directos (2,1 puntos), en cuotas sociales (2,3 puntos) y en tasas y precios públicos (1 punto). Hay pues margen para un incremento de la fiscalidad. La cuestión, para que aumente la equidad del sistema, es qué medidas se adoptan. La solución pasa por incrementar los ingresos fiscales con una reforma fiscal que sea profunda, progresiva y equitativaAparte de la lucha contra el fraude fiscal y contando con el incremento del IRPF (menos regresivo que el del IVA) adoptado por el gobierno del PP en diciembre pasado, existe un margen amplio para el incremento del impuesto de sociedades, particularmente a las grandes empresas con un tipo de gravamen del 30% pero cuyo tipo efectivo es la mitad, debido a las múltiples deducciones existentes hasta ahora. Este impuesto de sociedades fue rebajado cinco puntos en la reforma fiscal del gobierno socialista en el año 2006. Para hacerse una idea del impacto de esa rebaja, entre los años 2007 y 2010, el descenso más pronunciado de los ingresos fiscales fue el derivado del impuesto de sociedades que se recortó un 64% (17.521 millones de euros en un año según el Ministerio de Hacienda); más de la mitad de esa cantidad (unos 8.000 millones) correspondía a la reducción impositiva, y cerca de la otra mitad a la disminución de la actividad económica. El nuevo del Gobierno del PP ha confirmado esa rebaja regresiva del tipo de gravamen del impuesto de sociedades realizada por el Ejecutivo del PSOE. Igualmente, se podrían incrementar otros impuestos, algunos recientemente eliminados como los de sucesiones (más de 2.500 millones anuales) o simbólicos como el del patrimonio (incluido las SICAV) y otros prácticamente inexistentes, como los medioambientales o a las transacciones financieras, además del impuesto especial a las grandes fortunas que propone el partido socialista.
Al mismo tiempo, el gasto público en España, en el año 2011, es el 43,6%, inferior en 5,8 puntos a la media europea (49,4%). En el periodo 2007-2009 se produjo un significativo aumento del 39,1% del PIB al 46,3%, más de siete puntos, derivado fundamentalmente del incremento de 3 puntos porcentuales del gasto en prestaciones sociales (desempleo y pensiones) y 1,8 en la remuneración de los empleados públicos. Sin embargo, generado por los distintos recortes sociales de mayo de 2010 (congelamiento de pensiones y rebaja salarial de los empleados públicos), en ese año el gasto público bajó al 45,6% y en el año 2011 al citado 43,6%, es decir, un total de tres puntos en dos años. Además, hay que contar que, últimamente, la partida del pago por intereses de la deuda pública es la que tiene mayor incremento sin que, por supuesto, suponga un beneficio para la población sino, sobre todo, para los especuladores y acreedores extranjeros.
Una de las medidas problemáticas adoptadas por el último decreto de julio es la rebaja de dos puntos en las cotizaciones sociales de las empresas (unos 5.000 millones de euros) que constituyen un ahorro de costes laborales de las empresas. Lejos de la versión oficial de que revertirá en mayor inversión y competitividad para nuestras empresas exportadoras, van a ir a parar, fundamentalmente, al aumento de los beneficios empresariales sin mejorar el empleo. Al mismo tiempo, ponen en peligro los ingresos de la Seguridad Social y puede ser un pretexto para un nuevo recorte de las pensiones.
La conclusión es que no estamos ante un excesivo gasto público que haya que contener sino que todavía resta una gran diferencia, particularmente de gasto social, respecto de la media europea. El problema fundamental es la limitada presión fiscal en España, muy inferior a la de la Unión Europea y la Eurozona, causante principal del elevado déficit público. La solución pasa por incrementar los ingresos fiscales con una reforma fiscal profunda, progresiva y equitativa, todavía más necesaria para impulsar políticas de reactivación económica, renovación del aparato productivo y creación de empleo decente, así como para sostener y consolidar nuestro débil Estado de bienestar.
6) Síntesis
En resumen, el Gobierno del PP, durante estos meses, ha reforzado y ampliado las medidas antisociales de ajuste y austeridad. Amparado por las instrucciones y orientaciones de las instituciones europeas, con esta política regresiva aprovecha la situación de crisis económica para modificar los equilibrios de reparto de rentas y las garantías de protección social y servicios públicos en beneficio de los empresarios y las capas altas y en perjuicio de la mayoría de la sociedad, las capas trabajadoras y, particularmente, los sectores más desfavorecidos y en desempleo. Esta política supone un plan sistemático para cambiar profundamente el modelo socialEsta política liberal-conservadora supone un plan sistemático para cambiar profundamente el modelo social y avanzar en una salida regresiva a la crisis. Supone ante la ciudadanía un justo descrédito de la clase política, empeñada en hacer recaer los mayores costes de la crisis en la mayoría popular. El reto para las izquierdas, el sindicalismo y los grupos y movimientos sociales progresistas es impedir los recortes antisociales, hacer fracasar esa estrategia, reactivar la ciudadanía y conformar un bloque social unitario, en defensa del empleo decente, los derechos sociales y laborales y el refuerzo del Estado de bienestar. Las convocatorias de protestas colectivas, particularmente la gran marcha hacia Madrid que tiene lugar hoy, y la participación masiva en la consulta popular contra los recortes y los ajustes, junto con las distintas movilizaciones en marcha, son un buen cauce para manifestar la indignación ciudadana y exigir un cambio de la política social, laboral y económica que garantice una salida más justa y equitativa de la crisis.
Antonio Antón.Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
http://www.publico.es/espana/442346/los-derechos-sociales-perdidos
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