La organización sindical –que representa a unos 20 millones de trabajadores del sector de servicios en todo el mundo- denunció ante los eurodiputados la situación de 327 guardias de seguridad despedidos por la filial paraguaya de Prosegur el pasado 30 de julio a raíz de una huelga que la firma consideró ilegal.
La huelga había sido convocada por el Sindicato de Empleados de Prosegur Paraguay (SITEPROPASA), para exigir la firma del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, que ya se estaba prolongando por más de seis meses. Los tres problemas principales en el programa de negociación colectiva eran el trabajo peligroso, el exceso de horas y los salarios bajos.
La denuncia realizada indica que Prosegur vulnera la legislación laboral en Paraguay y los sindicalistas pidieron que tanto la compañía como nuestro país respeten las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Prosegur no cumple con las reglas. En vez de dar ejemplo pone a Europa en una situación vergonzosa y a muchos trabajadores en riesgo. No cumple los estándares de la OIT”, reclamó el secretario regional de UNI, Oliver Röthing, en una audiencia organizada por el grupo socialista en la Eurocámara.
Pésimas condiciones laborales
Los trabajadores, miembros del Sindicato de Trabajadores de Prosegur Paraguay S.A. (SITEPROPASA), intentaron durante ocho meses plantear a la empresa sus quejas y negociar sus condiciones de trabajo sin tener respuesta de la compañía, por lo que decidieron ir a una huelga de ocho días.
Las condiciones en que desarrollaban sus tareas laborales eran pésimas: doce horas diarias de trabajo los siete días de la semana, con apenas tiempo para ir al baño y para comer. Nulas medidas de seguridad necesarias en la tarea de introducir dinero en los cajeros automáticos y los furgones que conducían eran antiguos y en malas condiciones.
Desde diciembre de 2011 hasta julio de 2012, SITEPROPASA intentó negociar el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo con la empresa, pero Prosegur no quiso ceder. El sindicato, entonces, convocó a una huelga de ocho días que empezó el 18 de julio de 2012 y se prorrogó ocho días adicionales más.
El Ministerio de Justicia y Trabajo comunicó el 24 de julio a una delegación de los huelguistas que asistiría a las partes para llegar a una solución negociada. Prosegur se puso en contacto con SITEPROPASA el 27 de julio para reanudar las negociaciones. El sindicato se preparó para reanudar las negociaciones y decidieron levantar la huelga. Los guardias de seguridad volvieron a sus puestos de trabajo el 30 de julio.
Impunidad e ilegalidad
En lugar de negociar con el sindicato, Prosegur despidió a 327 guardias de seguridad que habían ido a la huelga, incluidos cuatro que estaban de baja por enfermedad durante la huelga, a pesar de haber indicado que estaba dispuesta a negociar y haber invitado al sindicato a volver a la mesa de negociación tras una solicitud de la oficina del Ministerio de Justicia y Trabajo para que se retomaran las negociaciones.
La declaración de huelga había cumplido con todos los requisitos legales y no había ni siquiera un pedido a la justicia laboral de tipificación de la medida. Aun así, los trabajadores fueron despedidos y hoy están en una lista negra que les dificulta encontrar un nuevo trabajo en otra empresa.
Las listas negras están prohibidas expresamente en las leyes de nuestro país y son violatorias de la Constitución Nacional y convenios internacionales, sin embargo la empresa viola la ley con total impunidad.
La Global Union anunció que prepara una denuncia contra Prosegur ante la OIT por, a su juicio, contravenir los convenios 87 y 98 (sobre libertad sindical y negociación colectiva) de la organización.
Posición de los eurodiputados
El eurodiputado socialista español Alejandro Cercas respondió que el Parlamento Europeo (PE) “no puede intervenir en asuntos internos de la legislación laboral”. Recordó también que esa institución no ha logrado nunca sacar adelante una normativa sobre la responsabilidad social de las empresas europeas fuera de las fronteras de la Unión.
Por su parte, el eurodiputado socialista checo Richard Falbr propuso que en el próximo pleno la Eurocámara adopte una resolución contra Paraguay y la empresa.
Quedó así en evidencia que cuando se trata de proteger los derechos de los trabajadores, nunca pueden intervenir ni siquiera pueden sacar una normativa, pero cuando de defender los intereses de las empresas se trata (por ejemplo el caso de YPF con el Gobierno argentino) realizan todo tipo de ataques y hasta envían delegaciones para protestar por “la violación de las leyes” y presionar a favor de las empresas.
Rol del Ministerio de Justicia y Trabajo
Tras la huelga y el posterior despido ilegal de los trabajadores a fines de julio, a petición de SITEPROPASA, la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social del Congreso envió una carta a la ministra de Justicia y Trabajo y a Prosegur el jueves 23 de agosto pidiendo explicaciones sobre el despido masivo del 30 de julio.
El Ministerio de Justicia y Trabajo, cuya ministra fue designada por el presidente Franco tras el golpe de estado del 22 de junio, empezó a estudiar el caso el 28 de agosto, un mes después de que se produjeran los despidos masivos y únicamente después de la petición del Congreso.
El Ministerio respondió recientemente a la Comisión del Congreso diciendo que abrió una investigación para comprobar si Prosegur contrató a trabajadores de reemplazo durante la huelga. Este hecho está expresamente prohibido en el Código del Trabajo de nuestro país y los trabajadores ya habían denunciado ante el Ministerio. Sin embargo, la empresa igual lo hizo y con absoluta impunidad. Ahora le dieron nuevamente 15 días para responder y todavía no lo ha hecho.
Prosegur es una de las firmas de seguridad líderes en el mundo, con cerca de 150.000 empleados en Europa, Asia y América Latina, donde cuenta con oficinas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay.
En el primer semestre del año tuvo un crecimiento en Latinoamérica del 49,9% y superó los 1.000 millones de euros de ingresos, con Brasil y Argentina como los países donde registró una mayor facturación.
La empresa, que inició sus actividades en Paraguay en 1980, tuvo en 2011 una facturación de casi 32 millones de euros y una cartera de cerca de 500 clientes en Asunción, Coronel Oviedo, Concepción, Encarnación y Ciudad del Este, lo que la sitúa como la primera del sector en nuestro país, según datos de la compañía.
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