Comunicado para afiliados
Comunicado de la Sección Sindical de CC.OO. en Segur Ibérica-Madrid a sus afiliados en relación a las elecciones sindicales 2015.
La empresa de seguridad LPM entra en concurso de acreedores.
La empresa de seguridad LPM, adjudicataria de la seguridad de las estaciones de Adif en Aragón, ha comunicado al comité de empresa que entra en concurso de acreedores, según ha informado un sindicato.
La compañía tenía un embargo de la Hacienda pública por una deuda de 12 millones de euros, entre Hacienda y la Seguridad Social. Asimismo, informó al comité que no saben cuándo podrán hacer frente al abono de la nomina del mes de diciembre y la paga extra de navidad.
Desde el Sector de Seguridad Privada del sindicato en Aragón ya han solicitado al Departamento de Protección y Seguridad de Adif la rescisión del contrato por los incumplimientos que de la Ley de Seguridad Privada así como del convenio Colectivo se venían produciendo por parte de la empresa.
LPM cuenta con una plantilla en España de cercana a los 800 trabajadores de los cuales 74 realizan su labor en Aragón, repartidos en las estaciones de tren así como en los almacenes y talleres de ADIF.
El sindicato espera que con esta nueva situación ADIF tome la decisión de rescindir el contrato y evitar que esta situación pueda prolongarse en el tiempo, ya que la empresa no ha dado ninguna garantía a los miembros del comité de empresa de que se solucione en breve.
"La situación en la que se encuentran los trabajadores les está generando preocupación, en el ejercicio de una labor profesional que conlleva una gran responsabilidad, no debemos olvidar que en estos momentos nos encontramos en un nivel 4 de alerta antiterrorista, el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista cuenta con cinco niveles de alerta, donde se extrema la seguridad en infraestructuras criticas, estaciones y aeropuertos", ha mencionado el sindicato en una nota de prensa.
El sindicato ha anunciado que está preparando diferentes acciones para intentar que esta situación no se alargue, especialmente en fechas tan señalas.
Detenidos tres menores por romper la pierna a un vigilante de Parc Central (Tarragona).
El herido retenía a un joven para entregarlo a la Guàrdia Urbana y sus amigos lo tiraron escaleras abajo en el centro comercial.
Los vigilantes de Parc Central divisaron el sábado poco antes de la hora del cierre nocturna a un joven, menor de edad y vecino de Tarragona, al que podría estar buscando la Guàrdia Urbana por un robo con fuerza hace escasos días en una tienda de ropa situada en la Rambla Nova.
Tres vigilantes fueron en su busca y lo retuvieron mientras esperaban a una patrulla de la Guàrdia Urbana para que lo recogiera. Sin embargo, el menor no estaba solo y había ido con sus amigos, también menores de edad, a Parc Central.
Cuando estos vieron que su compñaero estaba retenido por uno de los vigilantes, fueron a por él. Según varias versiones, hubo forcejeos hasta el punto de que uno de los vigilantes fue arrojado escaleras abajo en el centro comercial y la caída terminó en una fractura de tibia.
Los cuatro jóvenes huyeron mientras los vigilantes llamaban a emergencias para atender a su compañero. Según fuentes del SEM, el vigilante fue evacuado primero a Joan XXIII, donde se verificó que tenía la tibia rota. Tras el primer diagnóstico, el vigilante fue trasladado a la Clínica Delfos de Barcelona, donde permanece ingresado. Los otros dos compañeros sólo sufrieron magulladuras, según informan fuentes médicas.
Tras la llegada de los agentes de la Guàrdia Urbana, se activó un dispositivo para buscar a los autores de un presunto delito de lesiones.
Uno de ellos fue localizado y detenido en la misma calle Cardenal Vidal i Barraquer (a las afueras de Parc Central) y otros dos en sus casas, en la zona de Ponent. La Guàrdia Urbana está buscando a un cuarto implicado.
CCOO acusa a la empresa Segur Ibérica de "persecución" sindical y prácticas "antidemocráticas"
El secretario general del Sindicato Provincial de Construcción y Servicios de CCOO de Sevilla, Juan Martínez, ha advertido este lunes de una situación de "persecución" sindical en la empresa Segur Ibérica, que cuenta en Sevilla con una media (el número de trabajadores y trabajadoras fluctúan según las concesiones) de 120 trabajadores y trabajadoras y con más de 800 en el conjunto de Andalucía. Según avisa, la empresa incurre en prácticas "antidemocráticas" y "persigue y atosiga" a quienes demandan mejoras laborales. En rueda de prensa, Juan Martínez ha expuesto "el modelo de relaciones laborales absolutamente tercermundista que están sufriendo los trabajadores y trabajadoras de la empresa Segur Ibérica", concesionaria de los servicios en el Parlamento de Andalucía o empresas como Santa Bárbara o Persán. Según Martínez, en Segur Ibérica se está produciendo un "cuestionamiento permanente de la interlocución sindical" que ha llevado a que CCOO haya tenido que presentar 21 denuncias ante la Inspección de Trabajo, tres tutelas de libertad sindical que el Sindicato ha ganado, dos denuncias a Seguridad Privada o a la Fundación Tripartita. Además, Sindicato y Segur Ibérica se encuentran ahora mismo en los Juzgados por el cuestionamiento que la empresa hace del comité de empresa, electo hace seis meses y en el que CCOO de Sevilla obtuvo mayoría absoluta al ser apoyada por el 70% de los trabajadores y trabajadoras.
Juan Martínez ha explicado la "persecución y atosigamiento" que sufren los trabajadores y trabajadoras que piden mejoras laborales, supuestos que, en ocasiones, siguen sin cumplirse tras resoluciones de la Inspección de Trabajo. El secretario general del Sindicato Provincial de Construcción y Servicios ha subrayado también "las supuestas irregularidades y manipulaciones en cuadrantes para los permisos de formación de trabajadores y trabajadoras". Como ha sentenciado Martínez, estas situaciones están llevando las relaciones laborales en Segur Ibérica "a un callejón sin salida" porque "se ha llegado a un punto de no retorno por la actitud de sus dirigentes". Tanto Juan Martínez como el responsable de Salud Laboral del comité de empresa de Segur Ibérica, Manuel Rueda, han denunciado que la empresa hace "caso omiso" a las peticiones de CCOO de dotar a sus trabajadores y trabajadoras de los equipos de protección integral (EPI), entre los que se encuentra un chaleco antibalas, para los trabajadores y trabajadoras que ejercen su labor de vigilancia en "puntos calientes" por la alerta antiterrorista como el Parlamento de Andalucía o la fábrica de Santa Bárbara.
Junto a Juan Martínez y Manuel Rueda, en la comparecencia ante los medios de comunicación ha estado presente Francisco Márquez, presidente del comité de empresa de Segur Ibérica.
EL TRIBUNAL SUPREMO DA LA RAZÓN A LOS FIRMANTES DEL CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA 2016
El Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad (ATES). Pierde en el Tribunal Supremo, la impugnación (a la que con posterioridad se adhiere el Sindicato CIG) del Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad 2016.
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