La empresa de seguridad LPM, adjudicataria de la seguridad de las estaciones de Adif en Aragón, ha comunicado al comité de empresa que entra en concurso de acreedores, según ha informado un sindicato.
La compañía tenía un embargo de la Hacienda pública por una deuda de 12 millones de euros, entre Hacienda y la Seguridad Social. Asimismo, informó al comité que no saben cuándo podrán hacer frente al abono de la nomina del mes de diciembre y la paga extra de navidad.
Desde el Sector de Seguridad Privada del sindicato en Aragón ya han solicitado al Departamento de Protección y Seguridad de Adif la rescisión del contrato por los incumplimientos que de la Ley de Seguridad Privada así como del convenio Colectivo se venían produciendo por parte de la empresa.
LPM cuenta con una plantilla en España de cercana a los 800 trabajadores de los cuales 74 realizan su labor en Aragón, repartidos en las estaciones de tren así como en los almacenes y talleres de ADIF.
El sindicato espera que con esta nueva situación ADIF tome la decisión de rescindir el contrato y evitar que esta situación pueda prolongarse en el tiempo, ya que la empresa no ha dado ninguna garantía a los miembros del comité de empresa de que se solucione en breve.
"La situación en la que se encuentran los trabajadores les está generando preocupación, en el ejercicio de una labor profesional que conlleva una gran responsabilidad, no debemos olvidar que en estos momentos nos encontramos en un nivel 4 de alerta antiterrorista, el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista cuenta con cinco niveles de alerta, donde se extrema la seguridad en infraestructuras criticas, estaciones y aeropuertos", ha mencionado el sindicato en una nota de prensa.
El sindicato ha anunciado que está preparando diferentes acciones para intentar que esta situación no se alargue, especialmente en fechas tan señalas.
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