Adjunto os remito el acta nº 16 de la reunión de la Comisión Negociadora del Convenio de Seguridad Privada para vuestro conocimiento.
Condenados a 5 años por dar una paliza a tres vigilantes en La Rambla (Mallorca)
Un juzgado penal de Palma condenó ayer a dos jóvenes a cinco años de cárcel y cinco años y medio, respectivamente, por propinar una brutal paliza a tres vigilantes de seguridad del mercadillo navideño de La Rambla, en Palma, en diciembre de 2016.
Los acusados, acompañados por dos menores que están imputados en otro procedimiento, atacaron con patadas y puñetazos y armados con un cuchillo, una cadena, una botella y un retrovisor a los perjudicados, a quienes causaron graves heridas y secuelas. También se enfrentaron a los policías locales de Palma que los arrestaron.
Los dos sospechosos, dos ciudadanos de origen colombiano de 19 y 21 años que se encuentran presos, confesaron ayer los hechos en la sede de Vía Alemania. Ambos aceptaron ser expulsados de España durante nueve años, una vez hayan cumplido las dos terceras partes de la condena.
Ante el reconocimiento de los cargos efectuado al haber alcanzado un acuerdo las defensas con la fiscal y el letrado de la acusación particular, Ramón Caubet, la magistrada dictó sentencia 'in voce' contra los dos muchachos. A uno de ellos le impuso cinco años y medio de prisión y una multa por un delito de lesiones con uso de instrumento peligroso, otro de atentado y un delito leve de lesiones. En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a un vigilante de seguridad herido con 800 euros.
Mientras, su compinche fue sentenciado a cinco años de cárcel, una multa y 1.090 euros de indemnización por las lesiones con instrumento peligroso y también por un delito de daños. El fallo ya es firme, ya que las partes anunciaron que no iban a recurrir.
Madrugada de diciembre
Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 12 de diciembre de 2016. Sobre las tres menos cuarto de la mañana, los dos jóvenes llegaron a La Rambla procedentes de la plaza de España, donde habían estado causando destrozos en las casetas. Cuando un vigilante de seguridad les llamó la atención, uno de los sospechosos le lanzó una botella de cristal y le propinó una patada en la mano derecha. El guardia trató de repeler la agresión con su defensa y los acusados huyeron al llegar otro vigilante.
Minutos después, los agresores decidieron regresar. Entonces llevaban un cuchillo de sierra de 21 centímetros, una cadena y un retrovisor que habían arrancado de un ciclomotor y se abalanzaron sobre los dos vigilantes tratando de golpearles con esas armas.
Los perjudicados, atemorizados, intentaron escapar pero fueron alcanzados. Los muchachos intentaron apuñalar a uno de ellos con el arma blanca, le propinaron golpes en la cabeza con el retrovisor y le dieron numerosas patadas y puñetazos. Al poco tiempo, se unieron los dos menores, quienes atacaron a un vigilante del edificio de la Seguridad Social que trató de auxiliar a sus colegas. A este profesional le golpearon en la cabeza con una cadena.
Los dos agresores adultos fueron finalmente arrestados por la Policía Local. Durante su traslado a las dependencias policiales, uno de los procesados amenazó de muerte e insultó a los tres agentes que lo custodiaban. Además, se golpeó la cabeza contra la pared, con intención de autolesionarse y denunciar después ante el juez que había sido torturado.
Los tres vigilantes sufrieron lesiones de diversa consideración. Uno de ellos resultó herido con fracturas en la cara, la cabeza y las manos, así como con contusiones y hematomas por todo el cuerpo. Estuvo dos días hospitalizado y fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas. Tardó cinco meses en recuperarse y padece secuelas como visión doble, alteración del sueño, la memoria y la libido, cicatrices y una desviación nasal. Las otras víctimas padecieron heridas de menor entidad.
El sector de la Seguridad Privada toma las calles en todo el país para exigir el desbloqueo del convenio colectivo
CCOO de Construcción y Servicios, junto con el resto de sindicatos con representación sectorial, han salido a las calles de todas las Comunidades Autónomas del país a exigir que cese el bloqueo patronal al convenio colectivo de seguridad privada, apostando por un acuerdo con avances para el sector.
Los sindicatos mayoritarios del sector, CCOO de Construcción y Servicios, UGT y USO, convocaron movilizaciones en el día de ayer, secundadas en todas las capitales regionales y de provincia por miles de personas, por el bloqueo en la negociación colectiva del convenio estatal de empresas de seguridad privada y en contra de las empresas llamadas “LOW COST” que vulneran sistemáticamente los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, con retrasos continuados de salario, incluso impagos.
Tras meses de negociación, la patronal, sigue mostrando una manifiesta pasividad en abordar compromisos reales de incrementos mínimamente razonables de salarios, así como establecer elementos de avance suficientes cimentados en el diálogo social, siendo la principal preocupación del sector las continuas pérdidas de poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras y donde la patronal no está teniendo una negociación clara y real, buscando dilatar la negociación en el tiempo para ahorrar una subida efectiva para en el presente año.
La patronal y la parte social están convocados a una nueva reunión para el próximo día 26 de octubre, donde si no se ve ningún adelanto en la propia negociación, por parte de los tres sindicatos mayoritarios, CCOO de Construcción y Servicios, UGT y USO, no descartan nuevas movilizaciones e incluso una Huelga en el sector.
Doce años y un día de cárcel por abusar de una subordinada en el trabajo
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un vigilante del edificio de la Tabacalera, en el barrio de Lavapiés, por abusar varias veces de una compañera de trabajo amenazando con perjudicarla laboralmente si no accedía a sus abusos.
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a doce años y un día de cárcel a un vigilante de seguridad del edificio de la Tabacalera, en el barrio de Lavapiés, por abusar sexualmente varias veces de una compañera de trabajo amenazando con perjudicarla laboralmente si no accedía a someterse a las agresiones. La sentencia, contra la que ya ha anunciado recurso, también condena a la empresa para la que trabajaban e impone una indemnización de 18.000 euros para la mujer.
Según explica la sentencia, víctima y agresor trabajaban juntos en la seguridad de este emblemático edificio del barrio madrileño de Lavapiés, cercano a la glorieta de Embajadores y dedicado a la difusión del arte desde hace más de una década. Como jefe de equipo, el condenado se aprovechó de "su situación jerárquica laboral" sobre la mujer "haciéndole creer que su puesto laboral dependía de él, y que podría promover su despido", explica la sentencia. Entre otras cosas, era quien elaboraba los cuadrantes de los turnos de trabajo.
Los abusos se produjeron en tres ocasiones entre 2011 y 2013, en distintos lugares del edificio, siempre contra la voluntad de la víctima e incluso con alguna amenaza de carácter laboral: le dijo que "si no hacía lo que él quisiera no le asignaría más horas extras en su turno", por ejemplo.
"Impresiona de sinceridad"
Unos abusos sexuales que ahora la Audiencia Provincial de Madrid da por probados y que se traducen en una condena de doce años y un día de prisión, una orden de alejamiento de medio kilómetro y otros diez años más de libertad vigilada y asistencia a programas de educación sexual.
Entre otras pruebas, los magistrados de la sección 16ª destacan el testimonio de la víctima: "Impresiona de sinceridad", dicen, asegurando que su relato fue "pormenorizado y detallado" describiendo cómo su agresor "emplea la violencia" y cómo ella "se vio superada físicamente y confusa y temerosa de perder sus ingresos y trabajo". Compañeros de trabajo a los que contó lo sucedido "llorando y nerviosa" afirmaron en el juicio que no quería denunciar "por estar sola, por miedo a perder el trabajo y porque por su edad tendría dificultad para encontrar otro".
Más acusaciones
La sentencia refleja que la denunciante no fue la única mujer que acusó al condenado de abusar de ellas o de haberlo intentado, también en el ámbito laboral: una mujer que trabajó en la Tabacalera cubriendo una baja, que a su vez aseguró que una trabajadora de la limpieza también había sufrido lo mismo, así como otra testigo más. En éste último caso, la Audiencia Provincial de Madrid ya dictó sentencia absolutoria en diciembre del año pasado, manteniendo intactas las acusaciones pero explicando que en todo caso sería culpable de un delito de abusos, y no del de acoso del que había sido acusado.
En las últimas semanas, la Justicia ha dictado su ingreso en prisión teniendo en cuenta el riesgo "inequívoco" de fuga: su defensa, además de anunciar recurso contra la sentencia condenatoria, también ha recurrido su ingreso en prisión, poniendo en duda el testimonio de la víctima, acusando de nulidad al auto e incluso sacando a colación pasajes de la obra de William Shakespeare 'El Mercader de Venecia'.
Las empresas para las que trabajaron víctima y agresor cuando sucedieron los hechos, primero Prosegur y luego Seguriber, también han sido condenadas a hacerse cargo de las indemnizaciones en calidad de responsables civiles subisidarias, y también han recurrido la sentencia condenatoria. La sentencia explica que "incurrieron en una responsabilidad civil no sólo 'in eligendo', sino también 'in vigilando' durante el dilatado tiempo en que ocurrieron los hechos".
Huelga general en Novo Segur (antes Marsegur)
La huelga general tomará su inicio a las 00:00 horas del día 23 y finalizará a las 00:00 horas del día 27 de octubre.
El Congreso anula el 'descuelgue' de las empresas en los contratos públicos aprobado por el PP en el Senado
PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT y PNV imponen que la nueva ley entre en vigor en los términos que había acordado la Cámara Baja
El Pleno del Congreso ha aprobado la nueva Ley de Contratos del Sector Público, rechazando todas las enmiendas introducidas en el Senado por la mayoría absoluta del PP, en las que se permitía a las empresas adjudicatarias priorizar un convenio de empresa sobre el sectorial.
Así, PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem, Esquerra Republicana, el PDeCAT y PNV han tumbado las enmiendas introducidas en el proyecto de ley durante su paso por la Cámara Alta, con lo que la nueva norma entrará en vigor tal y como salió el pasado mes de julio del Congreso.
El proyecto por el que se transponen dos directivas europeas fue aprobado por el Gobierno en noviembre de 2016 y tomada en consideración a mediados de febrero de este año. Desde entonces, la complejidad y la extensión de la norma alargó el período de ponencia, celebrándose entre marzo y julio reuniones para debatir y acordar cambios en la norma.
Finalmente, fue aprobada por la Comisión de Hacienda y Función Pública en la última semana de julio, sin ningún voto en contra, únicamente con la abstención del PSOE, y con satisfacción general de los grupos al haber podido introducirse aportaciones de prácticamente todas las fuerzas políticas.
Así, celebraban haber conseguido plasmar una contratación pública más transparente, más controlada, más accesible para pymes, con mayor protección para los trabajadores de las adjudicatarias y con un papel más importante de las cláusulas sociales.
¿CALIDAD ANTES QUE PRECIO?
Aunque en el proyecto de ley ya se recogía la inclusión de cláusulas sociales, tal y como mandata la propia directiva comunitaria, partidos de izquierda como PSOE y Unidos Podemos celebran que se éstas se hayan incorporado con mayor detalle durante el trámite parlamentario.
También dan por hecho que con la nueva norma la calidad del servicio prestado se priorizará el precio y que podrá realizarse una contratación estratégica para potenciar, por ejemplo, los contratos con empresas que primer determinados aspectos como la igualdad de género o los aspectos medioambientales.
Desde Unidos Podemos también celebran la reducción de la cuantía de los contratos menores, que tienen menos exigencias de control. Ahora se consideran menores los inferiores a 50.000 euros para obras y a 18.000 euros para servicios y cuando se apruebe la reforma se quedarán en 40.000 los primeros y en 15.000 los segundos. También se eliminarán los contratos sin publicidad.
UN SUPERVISOR DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
Otro de los grupos que ve plasmada en la ley una de sus principales reivindicaciones es Ciudadanos, ya que la reforma incluye la creación de un organismo de control de la contratación pública, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión, que según comentan desde la formación naranja, contará con capacidad normativa y podrá emitir recomendaciones para el cumplimiento de los órganos de contratación.
De esta forma, la supervisión se saca de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia --en cuya segregación trabaja desde hace meses Economía-- para constituir un organismo que, aun dependiendo del ministerio orgánicamente, se asemeje a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Una de las características más valoradas por Ciudadanos es la garantía de la independencia de sus miembros, pues tendrán un mandato de seis años, rompiendo así el ciclo electoral y no podrán ser cesados por el Gobierno, salvo causas justificables ya tasadas.
Asimismo, de esta oficina dependerá la Oficina Nacional de Evaluación, que se encargará de estudiar la rentabilidad socioeconómica de la contratación pública. Otro de los mecanismos de control será una ponencia permanente en las Cortes, en paralelo de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, por lo que los partidos políticos también controlarán específicamente la contratación pública.
LICITACIONES MÁS ABIERTAS
Uno de los aspectos en los que ha habido un mayor consenso a la hora de incluir modificaciones es en las propuestas que permitían una mayor flexibilidad en los criterios de contratación con el objetivo de abrir las licitaciones a un mayor número de empresas.
Así, la nueva ley recoge la obligatoriedad de fraccionar en lotes los grandes contratos --en caso de que no sea posible la administración deberá justificarlo--, flexibiliza los requisitos de solvencia a las características y circunstancias de las empresas y no se exigirá a las sociedades con menos de cinco años la acreditación de trabajos previos, como sucedía hasta ahora.
MAYOR PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES
Otra reivindicación atendida y consensuada ha sido la protección de los derechos laborales, ya que según denunciaban muchas formaciones, en numerosas ocasiones las empresas se 'descolgaban' en los concursos de los convenios laborales para presentar ofertas más baratas.
A partir de ahora, las adjudicaciones deberán respetar las condiciones salariales recogidas en los convenios sectoriales. Asimismo, las organizaciones sindicales podrán recurrir incumplimientos de la empresa relativos a sus obligaciones sociales o laborales hacia los trabajadores que participen en la prestación del servicio.
A la hora de recurrir, otros de los aspectos valorados por otros grupos, como el PSOE, es la ampliación del recurso de contratación en materia especial, ya que serán recurribles los contratos de obras con un valor estimado a más de tres millones de euros y de suministro de servicios de más de 100.000 euros. Además, se establece el carácter potestativo y gratuito del recurso especial en materia de contratación.
Metro de Madrid estudia romper con Integral Canaria por impago a sus vigilantes
Un cuarto de los vigilantes de Metro de Madrid dice no estar cobrando sus nóminas. Se trata de 400 personas subcontratadas a través de Seguridad Integral Canaria, una empresa 'pirata' conocida por pagar tarde, mal y nunca a sus empleados. La compañía ya anunció que venderá o cederá todos sus servicios de vigilancia a un tercero para centrarse en otras líneas más rentables, como los sistemas de alarmas o el transporte de fondos. Con dos excepciones: Adif y el suburbano en la capital, donde pretende continuar con su actividad.
Otra cosa es que sus clientes se lo permitan. El equipo jurídico de Metro de Madrid está explorando la posibilidad de sancionar o rescindir el contrato con Seguridad Integral Canaria ante el supuesto impago de los sueldos desde agosto y los continuos retrasos, confirman fuentes del suburbano a este periódico. Los 400 empleados afectados representan un 26% de los 1.500 vigilantes de seguridad que operan en las instalaciones del metro a través de diferentes empresas como Ombuds o Segurisa. No obstante, el gigante canario asegura que la empresa hizo la transferencia del 85% de las nóminas la semana pasada y "no adeuda nada a día de hoy".
Metro de Madrid recuerda que acaba de sacar un nuevo concurso donde una de las cláusulas exige cumplir el convenio estatal de seguridad privada, una de las grandes reivindicaciones de los sindicatos. Dicho texto garantiza unas condiciones dignas o, como mínimo, alejadas de los 700 euros que están pagando muchas empresas 'pirata' en este sector. Un ejemplo es Marsegur en el Ministerio de Defensa, aunque el departamento capitaneado por María Dolores de Cospedal se ha comprometido a romper el contrato. Esto es posible gracias a los convenios de empresa, amparados por la reforma laboral de 2012.
"Este tipo de situaciones no tendrá cabida con la nueva licitación", garantizan desde el suburbano. No obstante, los sindicatos critican con dureza el importe por considerarlo demasiado bajo. El valor estimado del contrato a cuatro años asciende a 232 millones de euros, una cantidad "insuficiente para cubrir unos mínimos estándares de calidad", sostiene el responsable de Seguridad Privada de UGT, Diego Giráldez. Prueba de ello es que solo se han presentado tres empresas hasta el momento.
En este sentido, los representantes de los trabajadores exigen que los convenios de empresa dejen de prevalecer en la nueva Ley de Contratos, que se votará este jueves en el Congreso. Y mantienen las movilizaciones convocadas para el próximo 24 de octubre tanto para pedir un cambio en el modelo de contratación como para protestar por la proliferación de empresas "que intentan acaparar mercado mermando las condiciones laborales". Todo esto en medio de los tira y afloja con la patronal para cerrar un nuevo convenio estatal.
Casi 24 M en contratos públicos, en el limbo
El cese de Seguridad Integral Canaria en vigilancia dibuja un futuro incierto para sus 3.700 empleados, que operan en sitios públicos como ministerios, sedes de gobiernos autonómicos, consejerías, metros o estaciones de tren. De hecho, el 70% del negocio procede de las administraciones públicas. ¿Qué pasará con estos servicios ahora que la empresa tiene intención de deshacerse de ellos?
Podrá hacerlo sin problemas en el caso de los servicios privados, pero deberá cumplir una serie de requisitos en los públicos. Integral Canaria ha obtenido adjudicaciones por importe de 23,7 millones de euros en los últimos tres años solo en ministerios. Su mayor cliente es Defensa (16,6 millones), seguido de Empleo (2,8 millones), Fomento (2,3 millones), Hacienda (1,3 millones), Interior (243.000 euros) y Presidencia (206.000 euros), según los contratos públicos analizados por este periódico. Eso sin contar con su presencia masiva en Canarias, donde vigila el 80% de las instituciones públicas.
El 70%Los ministerios de Defensa, Empleo y Hacienda nos remiten a la Ley de Contratos del Sector Público, que sí contempla la cesión de contratos en su artículo 226 siempre que la Administración pública lo autorice y la empresa tenga ejecutado al menos un 20% del importe inicial. "En este caso, se estudiaría y articularía la mejor solución posible para dar continuidad al servicio" de acuerdo con lo establecido en el marco legal, explican fuentes del departamento dirigido por Cristóbal Montoro.
Pero el organismo público en cuestión puede frenar el proceso si considera que la nueva compañía no cumple con los requisitos solicitados a la adjudicataria o supone una "restricción efectiva de la competencia en el mercado". En cualquier caso, no está claro qué pasará con esos 23,7 millones de adjudicaciones públicas ahora que se ha abierto el melón de la seguridad privada en España. A raíz del conflicto de El Prat, el Gobierno emplazó a los sindicatos a reunirse para abordar la situación global de los vigilantes en España. Ya han tenido dos encuentros y volverán a verse la semana que viene.
Los sindicatos sospechan que Marsegur, la empresa que paga sueldoscercanos al salario mínimo a sus vigilantes, aspira a tomar el relevo de Seguridad Integral Canaria. La otra candidata es Sinergias de Seguridad, con un 'modus operandi' similar. "¿Piensa tirar a la baja en la venta y dejarnos expuestos a sueldos de 700 euros al mes?", plantearon los representantes de los trabajadores en el último encuentro privado con el director general, Héctor de Armas. "No tengo ni idea, pero sí os garantizo que ya no será un problema de Integral Canaria", replicó.
El PSOE pide "evitar la precariedad" en el sector de la seguridad privada
El PSOE ha pedido al Gobierno, mediante una Proposición no de Ley registrada en el Congreso de los Diputados, "que se tomen medidas para evitar la explotación y precariedad laboral en el sector de la seguridad privada como consecuencia de las condiciones en las que realiza la adjudicación de las contrataciones por parte de las administraciones públicas".
Así lo ha explicado la diputada del PSOE por Córdoba, María Jesús Serrano, que ha señalado que "los clientes de la seguridad privada, tanto en el ámbito público como privado, establecen en la mayoría de los casos, como único criterio de adjudicación, las ofertas económicas más bajas".
Todo esto ha supuesto, según Serrano, que el sector tenga "un horizonte de desregulaciónpor el abandono del convenio sectorial, con el objetivo de aumentar su facturación fomentando las malas prácticas perjudicando de forma sistemática los derechos de los trabajadores e incluso con incumplimientos en materia contributiva y con fraude fiscal".De este modo, según los socialistas, "la adjudicación de las licitaciones de los servicios de seguridad es absolutamente ajena a la intención de que las empresas garanticen unas condiciones laborales dignas y una prestación del servicio empresarial de calidad suficiente, lo que ha favorecido el intrusismo en el sector".
Según Serrano, a esto se suma "la proliferación de las denominadas empresas multiservicios, con una clara política de intrusismo para el sector de la seguridad privada y que supone que trabajadores con categoría de auxiliares ejerzan funciones propias de vigilantes de seguridad privada, en peores condiciones laborales, con menos derechos reconocidos y bajos niveles salariales". "Todo con el único objetivo de abaratar costes sin buscar la calidad del servicio”, continúa la diputada socialista.
Los socialistas advierten que "estas empresas auxiliares han ido en aumento constante y el 95 por ciento de ellas están desvinculadas del Convenio Sectorial Estatal, imponiendo a sus trabajadores condiciones laborales de máxima precariedad e incumpliendo de manera sistemática las normativas laborales, fiscales, sociales y económicas”,
La diputada socialista ha asegurado que “con la reforma laboral del PP, los trabajadores han experimentado recortes en sus sueldos de entre un 40 y un 50 por ciento, y los que llevan más de 30 años en la misma empresa y han visto su sueldo reducido debido a la prioridad aplicativa del convenio de empresa”.
Por todo ello, el PSOE ha reclamado al Gobierno que "recupere la prevalencia del convenio sectorial ante los convenios de empresa mediante la derogación de la reforma laboral, y que se adopten medidas para garantizar el respeto del convenio colectivo sectorial de aplicación por parte de los adjudicatarios de contratos públicos, haciendo efectiva su integración de forma taxativa en los pliegos de cláusulas administrativas particulares para que se rescindan los contratos a las empresas de vigilancia que incumplan la normativa laboral".
Igualmente, el PSOE ha pedido que "se impulse una contratación pública socialmente responsable mediante la creación de órganos de seguimiento en los que participen las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y que se impulse una contratación pública socialmente responsable en la ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo, tal como disponen las directivas europeas".
Solo tres empresas presentan ofertas para el macroconcurso de seguridad del Metro
Solo tres empresas han presentado documentación para hacerse con el concurso millonario de seguridad del Metro de Madrid por un importe de232 millones de euros. La empresa ha procedido a la apertura de las ofertas que no cubren los cinco lotes previstos en el concurso que fue convocado el pasado verano.
Las empresas que han presentado sus ofertas han sido Ombuds, Segurisa y Trablisa. Ahora los técnicos deberán hacer las valoraciones. Algunas fuentes señalaban ayer que Trablisapodría quedar descartada por no cumplir las especificaciones técnicas de la convocatoria.
Fuentes del sector han señalado que la mayor parte de las grandes empresas del sector no han acudido por el bajo precio de la licitación en alguno de los lotes. Sin embargo, otras fuentes han señalado que las exigencias de la empresa para que se cumplan los convenios colectivos han echado atrás a muchas empresas.
Los sindicatos han convocado varias huelgas, incluso con incumplimiento de los servicios mínimos, en pleno nivel 4 de alerta por terrorismo por el constante incumplimiento de los convenios colectivos por parte de algunas de las empresas adjudicatarias.
Las condiciones del concurso señalaban que ninguna empresa recibiría más de un lote salvo que no se presentaran ofertas suficientes, como ha sucedido. Ahora la compañía deberá decidir la distribución de las empresas y las líneas que deberán vigilar desde la adjudicación final.
La dirección de la empresa fallará la convocatoria en las próximas semanas, mucho antes de que venza el plazo límite previsto, que es el 31 de enero. El concurso fue convocado con un presupuesto base de 185 millones de euros y un máximo de 232 millones de euros. La duración del concurso será de cuatro años, aunque se podrá ampliar un año más pero por periodos semestrales.
Existen algunas penalizaciones, como las que hablan del incumplimiento de los procedimientos establecidos o actuación indebida o política de relaciones laborales. También se incluyen ‘castigos’ por la publicación de noticias negativas relacionadas con la seguridad.
La empresa Seguridad Canaria ha recurrido al tribunal de la Contratación el pliego de condiciones por considerar que le perjudicaba. Fuentes del Metro indicaron que esperaban que esta reclamación no tuviera éxito.
Patronal, sindicatos y Gobierno negocian para expulsar a las empresas 'pirata' de seguridad
Se trata de un negocio de 500 millones de euros. Aproser, la patronal controlada por Prosegur, Hacienda, Empleo y las fuerzas sindicales han iniciado las reuniones para evitar más conflictos como los de El Prat (Eulen) y Defensa (Marsegur).
Las huelgas de vigilantes de seguridad por impagos de sueldos que han provocado el colapso en el aeropuerto de El Prat este verano (vigilantes de Eulen) o en el Ministerio de Defensa la semana pasada (Marsegur) podrían tener los días contados. Al menos, este es el objetivo de las reuniones que tras el colapso en las instalaciones de AENA han realizado representantes del Ministerio de Hacienda, de Empleo, de la patronal controlada por Prosegur y Securitas (Aproser) y de los sindicatos, para modificar el convenio nacional del sector.
Según ha podido saber este diario de fuentes de empresariales, el objetivo es acabar con los "entre 400 y 500 millones de euros" de concursos públicos que se han llevado en los últimos años compañías que las grandes (también otras como Ombuds, que aún no está en Aproser pese a ser la tercera compañía del sector) califican como "piratas" y que están lideradas por Marsegur, Sinergias de Seguridad y otras compañías que optan por hacer descuelgues de convenio. Esto es, ofrecer en los concursos públicos bajas de hasta un 30% al presupuesto de licitación, para posteriormente salirse del convenio general del sector y bajar sueldos a sus trabajadores para poder afrontar.
La administración hasta ahora ha colaborado en estas prácticas, primero permitiendo los descuelgues en la reforma laboral de 2012, y luego teniendo como valoración objetiva para sus adjudicaciones sólo el precio. Así ha pasado durante los últimos años con muchas compañías que han acabado dando problemas y cuyos convenios de empresa han sido recurridos y anulados.
En realidad, desde las empresas y los sindicatos se tiene claro que en caso de que esta práctica se elimine en la administración, la razón de ser de las empresas de bajo coste dejarán de existir.
En los pliegos públicos de condiciones para licitaciones de servicios de seguridad privada, la oferta económica podría llegara importar hasta un 70% en el total y los criterios técnicos un 30%. Con estas condiciones era posible adjudicar a ofertas temerarias que luego incumplían sus compromisos, o bien bajaban los sueldos a los trabajadores provocando movilidad laboral, imposibilidad de atender a las bajas y sustituciones y afectando al servicio. Los sindicatos manejan ahora propuestas para la administración que hablarían de ofertas de 50-50% o incluso inferiores.
El propio Ejecutivo, una vez pasados los peores años de crisis económica y de caída de ingresos, está convencido de que la inercia debe cambiar y también de que el modelo de licitaciones a la baja les ha dejado con una enorme deuda de empresas de seguridad privada tanto para Hacienda como para la Seguridad Social. En la última lista de morosos publicada por el ministerio de Cristóbal Montoro, las empresas de seguridad privada debían más de 130 millones de euros al fisco.
TERCER INFORME TRIMESTRAL DE LIQUIDACIÓN DE SEGUR IBÉRICA, S.A.
Estimados Sres.
De conformidad con lo establecido en el artículo 152.1 de la Ley Concursal, a continuación les remitimos el tercer Informe Trimestral de Liquidación de Segur Ibérica, S.A.
Quedamos a su disposición para cualquier cuestión o aclaración que pudieran precisar al respecto.
Finalmente, les recordamos que todas las comunicaciones a la Administración Concursal deberán ser realizadas a través de la siguiente dirección de correo, acseguriberica@es.pwc.com.
Atentamente
LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL
Landwell - PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services, S.L.
Torre PwC. Paseo de la Castellana, 259 B - 28046 Madrid.
¿Por qué se movilizan los vigilantes de seguridad privada y por qué tenemos que apoyarles?
A pesar de que este verano se haya hablado un poco más a raíz de la huelga del Prat, la situación que viven diariamente los y las vigilantes de seguridad en este país es de extrema precariedad. Y cada día que pasa es peor. Lo que se esconde detrás es una mafia, la connivencia de intereses entre unos pocos empresarios y unos pocos políticos.
Se ve muy bien en este sector cómo la corrupción no trata sólo de personas corruptas sino fundamentalmente de “políticas corruptas”. Una serie de políticas que juntas permiten que a día de hoy unos cuantos amigos del Partido Popular estén “forrándose” a costa de cientos de miles de trabajadores y sus familias.
Políticas como la imposición de la Reforma Laboral del año 2012 que significó de facto el fin de la negociación colectiva en nuestro país. En la práctica, priorizar el convenio de empresa sobre el convenio sectorial o estatal genera que las empresas puedan aplicar un convenio con peores condiciones que el del sector para sus trabajadores. Por ejemplo: el caso de la empresa calificada en el sector como “pirata”, Marsegur, que paga a sus trabajadores un 33% menos.
Políticas de pésima gestión del sector público como las que genera una Ley de Contratos Públicos -ahora en proceso de reforma- que impide que en el caso de que un Gobierno quiera contratar con empresas que cumplan con las condiciones laborales dignas, pueda hacerlo. Dificultando o casi impidiendo en la práctica la aplicación de cláusulas sociales. Y favoreciendo, desde luego, que se hagan pliegos a medida.
Esto, junto al inexistente control una vez contratadas las empresas, genera una dinámica perversa en la que ganan los concursos empresas que ofertan a la baja conscientes de no poder cumplir, conscientes de que no se las va a controlar y de que tras quebrar pueden montar de nuevo una empresa similar y volver a empezar. La otra pieza es la subrogación de los trabajadores que, aunque en principio es un derecho laboral fundamental, también se convierte en un mecanismo perverso porque permite trasladar a vigilantes de empresa pirata en empresa pirata.
Gracias a esto, gobiernos del Partido Popular como el de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid adjudican contratos una y otra vez a empresas que maltratan a sus trabajadores y que desde luego impiden que existan unos servicios de calidad mientras miran a otro lado. Empresas que tienen sentencias por vulnerar derechos laborales fundamentales o por no pagar a la Seguridad Social y Hacienda, usando esos criterios fundamentalmente económicos que terminan cerrando el círculo con la exclusión en el sector público de las empresas que sí pagan salarios dignos y cumplen con los derechos laborales.
Estas políticas corruptas están haciendo que cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de la seguridad privada estén cobrando alrededor de 750 euros al mes. Convierten esas bajadas temerarias en deudas para cientos de miles de familias, o directamente en los pagadores ya que no cobran en muchos casos por ejemplo en Marsegur, a pesar de que haya ya varias sentencias en firme declarando nulos los convenios de estas empresas. Pero ¿a quién le importa que quiebren y no puedan pagar a los vigilantes lo que les deben si ya está FOGASA? ¿a quién le importa que FOGASA devuelva solo una parte que sigue saliendo de nuestros bolsillos?
El resumen de todo ésto es que unos cuantos amigos del Partido Popular (como Miguel Ángel Ramírez que es conocido donante) controlan el monopolio de la seguridad privada que se presta en los servicios públicos a través de unas empresas “pirata” que reciben siempre las adjudicaciones de la administración a pesar de no cumplir con las condiciones laborales básicas, una ciudadanía que no recibe unos mínimos en la calidad de los servicios en ocasiones muy delicados, y cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que viven en la miseria.
Los trabajadores y trabajadoras están hartas, porque la precariedad que viven llega a niveles inhumanos. Esta semana han hecho huelgas en todo el país. Y se han movilizado en Madrid, una convocatoria a la que han acudido desde todo el Estado. Es fundamental apoyarles porque son un sector invisibilizado, muchas veces ninguneado, pero con una gran potencia. Su lucha por los derechos laborales, y sus victorias, es la de todos y todas.
Elena Sevillano e Isabel Serra, diputadas de Podemos en la Asamblea de Madrid
Los vigilantes de seguridad piden una huelga del sector para mejorar sus condiciones
- Bajo el lema "No somos esclavos, somos vigilantes", el colectivo se ha manifestado en Madrid para exigir a los sindicatos mayoritarios una huelga general en el sector.
- Si sus protestas no surten efecto, no descartan más movilizaciones.
- El Ministerio de Defensa ha iniciado los trámites para rescindir el contrato con una empresa de seguridad a la que se atribuían muchos "incumplimientos".
El colectivo de vigilantes de seguridad se ha manifestado este miércoles en Madrid para exigir a los sindicatos mayoritarios una huelga general en el sector que mejore definitivamente sus condiciones laborales.
A la manifestación han acudido cerca de 3.000 profesionales de diferentes provincias, según el Movimiento 27S, que ha convocado la protesta, aunque la Delegación del Gobierno ha rebajado la cifra a unos 1.400. El denominado Movimiento 27 llamó a través de las redes sociales a todos los vigilantes de España "sin siglas ni banderas" para pedir "la dignificación y protección del sector de seguridad privada en materias jurídicas, sociales, materiales y salariales", algo para lo que consideran necesario que los sindicatos mayoritarios convoquen "de una vez" una huelga general del gremio.
Precisamente este miércoles se ha sabido que el Ministerio de Defensa ha iniciado los trámites para rescindir el contrato de seguridad con la empresa Marsegur por todos los "incumplimientos" que se han reportado en los últimos meses, después de que el Congreso pidiera al Gobierno esa rescisión.
El pasado martes los sindicatos mayoritarios en el sector (UGT, CCOO y UGT) convocaron a huelga a todos los trabajadores de Marsegur para denunciar que no cumple el convenio colectivo, tiene sentencias judiciales en contra y paga hasta un 30% menos del salario medio del sector, que además adeuda a muchos de los empleados.
Los congregados han ido desde la Puerta del Alcalá de Madrid hasta la sede del Ministerio de Trabajo en el Paseo de la Castellana con banderas de sus lugares de origen, carteles a favor de una huelga general y la pancarta: "Salario digno, convenio justo, protección jurídica. No somos esclavos, somos vigilantes".
Lo han hecho en un ambiente reivindicativo y festivo, sin incidentes. "Queremos una huelga indefinida y total en el sector, no protestas a trocitos", resumió Bernardo Rabassa en nombre de los congregados. Rabassa ha destacado que esta protesta es "de los vigilantes y para los vigilantes" y ha sido "un éxito total" porque "los sindicatos nunca juntaron a tanta gente en la calle". Ahora esperarán unos días para ver si la protesta surte efecto y si no, no descartan más movilizaciones.
El Congreso insta a Defensa a rescindir un contrato de seguridad privada de 32 millones
En una decisión de la que es difícil encontrar precedentes, el Congreso de los Diputados ha instado este martes al Ministerio de Defensa a rescindir su contrato con la empresa de seguridad privada Marsegur “por incumplimiento de los derechos de los trabajadores”. La proposición no de ley, presentada por Unidos Podemos, fue aprobada por la Comisión de Defensa con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo el popular, que se abstuvo.
Pero el portavoz del PP, Ricardo Tarno, reconoció que Defensa “no está nada satisfecha, ni en lo profesional ni en lo laboral, con el servicio” que presta dicha empresa y anunció que el ministerio que dirige María Dolores de Cospedal está “firmemente decidido” a resolver el contrato “de la manera más rápida que permita la legalidad”
Defensa adjudicó en diciembre del año pasado a Marsegur la vigilancia de casi 200 instalaciones militares en toda España, incluida la sede central del departamento, por 32 millones de euros, en lo que constituye uno de los mayores contratos públicos con una empresa privada de seguridad. El contrato, con una duración de un año prorrogable, entró en vigor en mayo y casi desde el principio Defensa empezó a recibir quejas por su mal funcionamiento.
La decisión del Congreso coincidió con la segunda jornada de huelga del millar de trabajadores de Marsegur, en protesta por los recortes salariales y el retraso en el abono de sus nóminas. El paro tuvo un seguimiento superior al 80%, según los sindicatos. No hubo servicios mínimos, por lo que en numerosos casos fueron sustituidos por soldados. Unos 300 manifestantes se concentraron ante el Hospital Central de la Defensa, en Madrid.
Los empleados de Marsegur cobran 789 euros al mes, casi un tercio menos de lo previsto en el convenio estatal del sector (1.091 euros). La compañía se ampara en la reforma laboral de 2012 para aplicar su propio convenio de empresa, en lugar del sectorial, pero este fue declarado nulo en mayo pasado por la Audiencia Nacional.
Además de los centros dependientes de Defensa. Marsegur se encarga de vigilar instalaciones de Emergencias 112, Instituciones Penitenciarias y delegaciones del Gobierno, entre otras instituciones.
Fuentes del sector sitúan a Marsegur entre las llamadas empresas pirata o low cost de la seguridad que ganan adjudicaciones a base de ofertar precios más bajos que sus competidores, lo que repercute en los salarios y condiciones laborales de sus empleados. Los grupos parlamentarios pidieron que se abra un debate sobre los criterios de adjudicación de los contratos de seguridad privada.
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