Dirección Gral. de Empleo y S.S. Ministerio de Interior
Sindicatos piden más medidas de protección para los vigilantes en estadios
Los sindicatos han reclamado equipos de protección para los vigilantes de seguridad privada que actúan en campos de fútbol, como medida para evitar agresiones como las que ayer sufrieron dos vigilantes en San Mamés por parte de hinchas radicales del Olympique de Marsella.
UGT y Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada han coincido hoy en exigir equipos de protección para los vigilantes similares a los que utilizan los policías, como cascos o chalecos antipinchazos.
Además, Alternativa Sindical ha denunciado el "intrusismo" en su actividad mediante la figura regulada por la UEFA y la FIFA del "steward", los azafatos que llevan chaleco amarillo pero realizan también labores de vigilantes, y que la mayoría de los clubes no tienen un director de seguridad como exige la ley.
Así mismo, este sindicato acusa a las empresas de seguridad de priorizar el beneficio sobre la seguridad laboral de sus trabajadores y denuncia que a los hinchas radicales se les hacen, por falta de personal, cacheos menos minuciosos que al resto de aficionados.
Por su parte, UGT también ha reclamado medios de seguridad para los vigilantes y ha anunciado que pedirá una reunión urgente al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, para aumentar la autoprotección y reforzar la protección jurídica de los vigilantes tipificando los ataques que sufren como "agresiones a la autoridad".
También CCOO ha condenado la agresión sufrida ayer por los dos vigilantes de San Mamés y ha expresado su "máxima repulsa" por estos "lamentables hechos".
Por su parte, el sindicato de la Ertzaintrza Esan ha lamentado "profundamente" la agresión a los vigilantes y ha destacado la profesionalidad de los ertzainas que ayer participaron en el dispositivo de seguridad, "cuando una parte importante de la sociedad vasca se nos había echado encima tildándonos de vagos y caraduras".
Ultras del Marsella hieren a dos vigilantes de seguridad en San Mamés
El ataque se ha producido en los primeros minutos del partido del Athletic en la Europa League. Detenidos tres hinchas del equipo francés.
Los violentos del fútbol la volvieron a liar ayer en Bilbao tan solo tres semanas después de que un ertzaina muriese de un infarto durante los enfrentamientos entre ultras del Athletic y el Spartak. Ayer dos guardias de la seguridad privada del Athletic resultaron heridos por arma blanca en el estadio de San Mames, agredidos por ultras de Olympique de Marsella, aunque su vida no corre peligro. Uno de ellos, de 57 años, fue herido con arma blanca en el cuello, junto a las bocas de acceso al estadio. El vigilante fue atendido inicialmente por los propios compañeros así como miembros de la Ertzaintza y la Policía Municipal, antes de ser trasladado al Hospital público de Basurto, a unos cientos de metros de estadio. El hombre quedó allí ingresado en observación una vez comprobado que su vida no corría peligro y que todo estaba controlado.
El otro miembro de la seguridad de San Mamés fue agredido por los ultras que estaban radicados en las localidades reservadas para la afición rival. En un momento dado del partido, los ultras del OM sacaron bengalas y pirotecnias que están prohibidas. Se produjeron incidentes en esa zona del campo, ya que muchas bengalas fueron arrojadas contra el público de San Mamés con el consabido peligro para la integridad física de los aficionados. En el transcurso de esos incidentes fue cuando resultó herido el otro vigilante a causa de otra agresión con arma blanca en la mano, que también obligó al traslado al hospital de Basurto, donde fue tratado de la fractura del cuarto y quinto metacarpo, aunque fue dado de alta a las pocas horas. De momento, los incidentes se han saldado con tres detenidos, presuntamente ultras del OM, y la Ertzaintza estaba investigando la implicación de cada uno en los sucesos.
El primer ataque se produjo a las 19.15, según el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, un cuarto de hora después de que se iniciase el partido entre el equipo francés y el Athletic, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Europa League. Ambos heridos estuvieron en todo momento estables y fuera de peligro.
Según las primeras informaciones de la Ertzaintza, el vigilante habría llamado la atención a unos aficionados del Marsella y luego fue agredido por ellos. El hombre fue trasladado al hospital con una herida de arma blanca en lado izquierdo del cuello. El sindicato CC OO, al que pertenece uno de los agredidos, informó de que dentro del estadio se produjo una “batalla campal”, a la vez que condenaba los hechos.
Incidentes previos
Los radicales del equipo francés también causaron pequeños incidentes por el centro de la ciudad después de haber sido vigilados por la Ertzaintza en su trayecto desde la frontera francesa hasta Bilbao. Sin embargo, la policía vasca les intervino armas blancas, porras de hierro y otros materiales violentos, todo un arsenal que explicaba a las claras cuales eran las intenciones de los casi mil radicales del OM que viajaron a Bilbao. Los ultras fueron inicialmente aparcadosen una zona de obras donde se construye la península de Zorrozaurre, el enésimo megaproyecto de transformación de la ciudad. “Estamos en en medio de ninguna parte”, escribieron en sus redes sociales algunos de esos ultras franceses. Pero el día es largo y dio para que recorrieran el centro, agredieran a un fotógrafo de El Correo (Ignacio Pérez) y exhibieran sus bengalas. También se pudo ver a un ultra del OM, Santos Mirasierra que en 2008 fue condenado por agredir a un policía en el Vicente Calderón. Aparentemente hacía de interlocutor entre los ultras y la Ertzaintza.
Los ultras del Marsella ya protagonizaron incidentes en San Mamés en 2016 con bengalas en el estadio y enfrentamientos en la ciudad antes del partido. Dados los precedentes, Bilbao se había preparado para recibir a los radicales, de los más peligrosos de Europa. La Ertzaintza valló la explanada del estadio para que las aficiones de ambos equipos no se juntasen, medida que funcionó.
Al final el OM venció también en San Mamés y consiguió su pase a la siguiente ronda. Mucha gente en Bilbao respiró más tranquila.
Aena se despide del chollo de los contratos ‘low cost’
Este 9 de marzo entra en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que se centra en la calidad por delante de la oferta más ventajosa económicamente en los concursos públicos. Una ley que da de lleno contra la política de Aena, que ya no podrá aprovecharse de los chollos de los contratos a la baja. De hecho, esta podría ser el fin definitivo de las continuas huelgas, aunque ni el sector público ni las propias empresas están preparadas para esta legislación y existen ciertas dudas.
La nueva Ley de Contratos Públicos, aprobada definitivamente por el Congreso de los Diputados, transpone con retraso una directiva europea. Con entrada en vigor llegan muchas novedades en las contrataciones públicas que afectan a empresas públicas como Aena, pero también a otras compañías de seguridad privada como Marsegur –ahora Novo Segur– o Eulen, que no podrán someter a sus trabajadores a contratos precarios, por ejemplo.
Entre las principales novedades de la ley es que se da preferencia a la calidad por encima del precio de contratación. De esta forma, se elimina el concepto de oferta económicamente más ventajosa y se sustituye por la de mejor calidad-precio. Las ofertas low cost se conocen como bajas temerarias. Del precio que Aena estima que cuesta una obra, servicio, suministro o asistencia para la empresa pública resulta que los proveedores licitan por una cantidad menor. Así funciona la contratación en el sector público.
“En la nueva Ley hemos intentado atenuar el fenómeno de las bajas temerarias con la introducción de criterios cualitativos que, en determinados contratos, no pueden ser inferiores a ciertos porcentajes de la evaluación para que esta no se base exclusivamente en el precio”, indican fuentes de Ciudadanos.
Asimismo, la ley tiene muy en cuenta los convenios colectivos de las empresas adjudicatarias. Entre las causas de resolución del contrato destaca el impago de los salarios por arte del contratista o el incumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de los trabajadores.
“Otra novedad que me parece igualmente destacable en relación a los efectos y extinción del contrato es que los pagos se deberán realizar en los mismos términos que los contemplados para la Administración, por lo general en el plazo de 30 días desde la aprobación de la factura”, explica el abogado del bufete Melián Abogados, Juan Carlos García Melián.
También se acortan los plazos de presentación de una oferta y se establece un plazo de contratación de cinco años prorrogable en determinados casos, entre otras. Y, además, se establece un límite del 20% a la figura de los modificados. Eso quiere decir que los sobrecostes de los contratos estarán más controlados.
Los contratos low cost de Aena
Si las aerolíneas de bajo coste acaparan más de la mitad de los pasajeros transportados en los 46 aeropuertos de la red de Aena, los contratos “tirados de precio” del gestor público también se caracterizan por ser low cost.
Las cifras en Aena entre 2012 y 2017 son bastante reveladoras ante esta situación. Según el Gobierno, en respuesta a las preguntas del grupo parlamentario Ciudadanos, un total de 1.153 obras, suministros, asistencias o servicios fueron adjudicados con más del 30% de disminución del coste, 631 con más del 40% y 304 con más del 50%. En total, se trata de 2.088 de más de 300.000 euros con bajas superiores al 30%.
Además, en ese periodo comprendido de cinco años, el número de expedientes de más de 300.000 euros que quedaron desiertos fue de 240. Y el de los que fueron anulados alcanzó los 948. Es decir, ni siquiera las empresas quisieron entrar a concursas por un contrato tan bajo que impediría pagar un salario digno a sus trabajadores o poder acometer el proyecto sin declararse en suspensión de pagos, entre otras cosas.
En el caso de Enaire –matriz de Aena– se licitaron 987 expedientes, de los cuales, el 21% (208) se hicieron por más de 300.000 euros. De estos, 40 contratos se adjudicaron con bajas de más del 30%, 22 con bajas de más del 40% y 8 con bajas de más del 50%.
¿Fin de las huelgas?
Detrás de estas cifras se esconden las huelgas de los vigilantes de El Prat o las de limpieza del aeropuerto de Ibiza del pasado año. Las empresas de servicios que “tira los precios” para llevarse un contrato se ven tentada a aumentar la carga de trabajo en sus trabajadores o a bajar sueldos.
Lejos de aprender la lección, el gestor aeroportuario lanzó en diciembre el concurso para el servicio de seguridad privada en los aeropuertos españoles por importe de 370,3 millones de euros. La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO detectó ciertas irregularidades en los pliegos, por lo que se interpuso un recurso.
Aena se vio obligada suspender el plazo de presentación de ofertas, previsto hasta el 2 de febrero. Curiosamente antes de la entrada en vigor de la nueva ley. El motivo: de nuevo la sombra de un contrato low cost.
En la práctica, se trata de un procedimiento que se realiza para “bajar el precio del servicio, algo que aumentaría la conflictividad como ocurrió este verano en El Prat”, recuerda Basilio Alberto Febles, secretario general de Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO (FTSP-USO).
Los límites no están claros
No obstante, Aena se defiende alegando que algunos de los contratos que otorgan se rigen por la ley de Sectores Excluidos para “obras de 5.548.000 euros de mínimo y servicios y suministros de 443.000 euros como mínimo”. Por debajo de ello, la nueva ley sí se aplicará.
Según el abogado experto, algunos contratos que realiza Aena, no todos, están sujetos a la normativa de contratación de sectores especiales (agua, la energía, los transportes y los servicios postales). La Directiva 2014/25 que regula esos sectores aún no ha sido traspuesta a nuestra legislación, algo por los que España podría ser sancionada.
Así, Aena podría jugar su as bajo la manga para algunos contratos. Pero en términos generales, la nueva ley pondrá fin a los contratos a la baja.
¿El sector público está preparado?
Ni la Administración Pública, ni las empresas públicas y privadas están preparadaspara esta nueva legislación. “No existe suficiente profesionalización del personal que ha de gestionar la contratación según esta nueva norma, norma que es bastante compleja”, explica el abogado. Y es que esta nueva ley contiene 334 artículos, 57 disposiciones adicionales, 10 disposiciones transitorias, seis disposiciones finales y tres anexos. Todo ello en 294 páginas.
En segundo lugar, el abogado habla de un cambio “radical” ya que se “establece la obligatoriedad de que las comunicaciones y publicaciones que se realicen en todo el proceso se realicen de principio a fin de manera electrónica, a través de plataformas interoperables y formatos abiertos y reutilizables”.
Pero no solo los expertos en derecho público coinciden en su complejidad, sino también los propios trabajadores de la administración pública. “Para la Administración Pública va a ser un reto. Y no va a ser fácil cumplir con los objetivos”, indica el director general de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda, Pablo Arellano.
En definitiva, la nueva ley traerá muchos cambios, algunos de los cuales ni siquiera se prevén por su complejidad. Pero lo único claro es que los contratos low cost de Aena no se producirán como los conocemos hoy en día.
Un vigilante les plantó cara
Un vigilante de seguridad les plantó cara, desarmado. "Querían rematarlos y dispararon sin cesar; pudo haber una masacre", contó después a la prensa. D. encañonó al guarda y lo conminó a que se hiciera a un lado: "Si no te apartas te parto por la mitad". El vigilante le insistió que tirase el arma. El padre y sus hijos huyeron pero siguieron disparando desde el coche.
El encausado que presuntamente encañonó al guarda se expone a la mayor petición de condena. D. G. M. -tío de la chica embarazada- se enfrenta a13 años y medio si la Audiencia aprecia delito de atentado a personal de seguridad privada. Si la sala califica los hechos como amenazas, la máxima pena posible será de 12 años. Comparte con los otros 5 acusados dos delitos de intento de homicidio (8 años en total), desórdenes públicos (1 año) y tenencia ilícita de armas (1). A los tres primeros acusados se les imputan daños (multa de 3.600 euros).
La Fiscalía quiere que los 6 implicados indemnicen a cada víctima con 1.500 euros, y al Sergas por la atención médica (1.181). Si son condenados, los tres primeros tendrán que pagar los daños ocasionados en el CHUO (2.649 euros), y en dos vehículos que recibieron disparos (838). La fiscal pide a la Audiencia que proyecte los vídeos -corrieron por las redes- sobre el suceso del hospital.
Doble denuncia contra la empresa privada que controla la seguridad en los juzgados madrileños
El sindicato libre de seguridad, mayoritario en el sector de la seguridad privada, presenta esta mañana dos denuncias contra la empresa "Alerta y Control" que ya gestiona los accesos en los órganos judiciales regionales.
Alerta y Control ha presentado oferta para renovar ese concurso sin tener un plan de igualdad de sexos, condición básica que fija la Administración para optar a cualquier contrato público
La empresa Alerta y Control continúa en los tribunales. Paradójico que la compañía que se encarga de la seguridad en los órganos judiciales de la región vuelva a ser denunciada por graves incumplimientos laborales con sus trabajadores.
Pero ahora la demanda va por partida doble: por un lado, denuncia por un presunto delito de estafa: ha presentado su oferta saltándose la ley, está obligada a tener un plan de igualdad y por otro demanda de Lo social por violación de derechos sindicales.
Jose Carlos Fernández, portavoz del Sindicato Libre de Seguridad, ha señalado a RadioMadrid.es que el ejecutivo regional también debe dar explicaciones sobre este proceso de licitación porque ha permitido que una empresa que no cumple la normativa concurra a este procedimiento.
El concurso para renovar este contrato asciende a 17 millones de euros. Ahora se encuentra en fase de licitación.
La Comunidad de Madrid ha señalado a la SER que la empresa Alerta y Control cumple cumple con todos los requisitos para estar en el concurso, y recuerda que el plan de igualdad no es un requisito imprescindible para ello.
Podemos denuncia en el PE la situación de vigilantes de seguridad en España
La delegación de Podemos en el Parlamento Europeo (PE) advirtió hoy sobre el deterioro de las condiciones laborales del sector de la seguridad privada en España, un colectivo al que, denuncian, se niega el derecho a hacer huelga.
Podemos atribuye la precarización de las condiciones de los vigilante privados a la reforma laboral que impulsó el Partido Popular en 2012, sobre la que, anunciaron hoy, preguntarán a la Comisión Europea (CE) si cumple con la legislación comunitaria.
"Nos llaman la atención las cláusulas por ejemplo sobre el sector de la imposibilidad de hacer huelga. Creemos que eso choca con una serie de directivas europeas", dijo el portavoz de Podemos en la Eurocámara, Miguel Urbán, que añadió que se trata de una serie de condiciones que "limitan claramente la capacidad de los trabajadores para reivindicar sus derechos".
Urbán criticó igualmente que la reforma laboral facilite la "intrusión de empresas piratas" en el sector y dijo que su grupo está valorando llevar esta pieza legislativa ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
Denunció también que no hay una "transposición correcta de las cláusulas sociales" en el ámbito de la contratación pública de los servicios de seguridad y criticó los "elementos de corrupción palpables" en este sentido.
"Al final muchos de los contratos se hacen en los palcos de los principales equipos de fútbol, ya sea en Las Palmas o en el Bernabéu o en cualquier otro. Eso es una forma demasiado normal de funcionar en nuestro país", subrayó.
La delegación de Podemos en la Eurocámara recibió hoy a 18 representantes de 18 organizaciones diferentes dentro del sector de la seguridad privada en España, que emplea a entre 70.000 y 80.000 personas.
"Queremos poner el foco sobre un sector demasiado opaco y demasiado acostumbrado a la corrupción (...). Creemos que eso no solo debe tener un espacio en el Parlamento Europeo sino que las instituciones (europeas) se deben pronunciar sobre ello", declaró Urbán.
El europarlamentario recibió a los trabajadores acompañado por el diputado de Unidos Podemos en el Congreso Alberto Rodríguez y las diputadas de Podemos en la Asamblea de Madrid Isabel Serra y Elena Sevillano.
Esta última se refirió al sector como "precarizado por la reforma laboral, problemas de contratación pública y corrupción", mientras que Rodríguez, también portavoz de Empleo de Podemos en el Congreso, dijo que la "reivindicación mayoritaria y unánime" de los vigilantes privados es el "hachazo" de la reforma laboral a sus condiciones.
En la práctica esto ha supuesto, según el diputado, "bajadas de salarios tremendas, un descontrol absoluto de regulación en las jornadas, precariedad y facilitación de despidos", por los que pidió "tumbar" la reforma laboral para que los convenios del sector y territoriales vuelvan a tener prevalencia sobre los de la empresa.
Los vigilantes de seguridad del Ministerio de Defensa denuncian que llevan dos meses sin cobrar
La concentración ha sido convocada en la Dirección de Acuartelamientos, en la calle Mayor número 79, a solicitud de los Vigilantes de Seguridad que trabajan para el Ministerio de Defensa, por el sindicato Unión Independiente de Trabajadores (UIT) con apoyos a la convocatoria de la Asociación Nacional de Vigilantes de Defensa (ANVIDEF), del Movimiento 27 VVSS Unidos y de los sindicatos: Sindicato Libre de Seguridad (SLS), Sindicato Nacional de Trabajadores (SNT) y Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios (STSyS).
Denuncian la “grave situación” que sufren los Vigilantes de Seguridad (cerca de 1.500 trabajadores) de la empresa Novosegur Seguridad Privada S.L., que trabajan en las instalaciones del Ministerio de Defensa y en otros organismos públicos y clientes privados.
Recientemente, aseguran, esta mercantil ha comunicado la presentación de un Concurso de acreedores y aún no ha abonado las nóminas del mes de enero, después de haber sometido a sus empleados a bajadas de salario de alrededor del 40% e impagos repetidos desde que resultó adjudicataria de los contratos del Ministerio de Defensa.
Condenado a 20 años de prisión el autor de la muerte de un vigilante en Tafira
La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a penas que suman 20 años, seis meses y un día de prisión al ciudadano marroquí Yassin Othman, de 30 años, como autor del asesinato y robo del grancanario José Manuel T.M., de 38 años, el 7 de febrero de 2017 en Tafira .
El magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Pedro Herrera, de acuerdo con el veredicto emitido por el jurado encargado del caso el pasado miércoles, condena a Othman como autor de un delito de asesinato con la agravante por alevosía y ensañamiento con la atenuante cualificada de confesión (16 años), otro de robo con violencia (tres años, seis meses y un día) y un tercero de obstrucción a la Justicia.
La resolución declara probado que, a la 01.30 horas del 7 de febrero de 2017, el acusado se situó en un lugar próximo a la residencia de José Manuel T.M., el restaurante El Lentiscal de la antigua carretera de Tafira, y cuando vio que éste salía de su casa y se dirigía a la parada de guaguas, "empuñando el cuchillo de notables dimensiones que había traído de casa, se colocó a la espalda del primero".
"De improviso, y sin que José Manuel le viera venir", continúa, con el propósito de terminar con su vida, comenzó el acusado a clavarle varias veces el cuchillo en la cabeza" y en el brazo derecho, cuando la víctima se giró.
A consecuencia del ataque, José Manuel cayó y quedó en el suelo de rodillas, lo que "fue aprovechado a su vez por el acusado para situarse encima y continuar con su acción, clavando el cuchillo en la cara, ojos y cuellos del agredido, para finalmente apuñalarle tres veces al menos en el tórax", expone el fallo.
En total, recapitula la sentencia, la víctima recibió 43 puñaladas. Falleció poco después del ataque, desangrado por una de las heridas, la que le perforó el pulmón.
Tras ejecutar "esa violenta y extrema acción", detalla la Audiencia, Othman "se apoderó de la mochila que portaba José Manuel, que contenía sus efectos personales y un total de 550,04 euros que provenían del sueldo cobrado ese mes por el fallecido.
El acusado había sido amigo de su víctima, y le atacó, según declaró probado el jurado, porque ésta había declarado en su contra en una investigación judicial abierta a raíz de la denuncia de otro vecino de Tafira que acusaba a Othman de robo y amenazas.
El asesino admitió de manera espontánea ante la Guardia Civil la autoría del crimen y facilitó la localización del arma homicida, expone el fallo.
La resolución es susceptible de recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y éste, de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
El condenado tendrá que pagar una indemnización de más de 40.000 euros al hermano del fallecido.
Novosegur solicita el concurso de acreedores
La empresa de seguridad privada Novosegur (antes Marsegur) ha comunicado al comité de empresa de Madrid que ha solicitado la declaración de concurso de acreedores tras adeudar dos nóminas a la plantilla e irregularidades en los últimos meses. Desde enero los trabajadores habían convocado una hulega indefinida, después de que en diciembre, el Tribunal Supremo confirmara la nulidad del convenio colectivo de la compañía que fijaba salarios muy inferiores a los del sector, alrededor del 40% menos. En los últimos años se había hecho con contratos públicos en ministerios como Defensa.
En Aragón se encarga de la seguridad del Hospital Militar, Capitanía y el Centro de reclutamiento Militar, además de la delegación territorial de Hacienda. «Estamos en el limbo hasta que Defensa decida por la vía de urgencia», han explicado desde OSTA. Los sindicatos esperan que se haga cargo otra u otras compañías del sector y subroguen a los trabajadores. En la comunidad aragonesa son alrededor de 70 empleados de los 1.000 en toda España, según UGT. Los sindicatos quieren que los trabajadores puedan volver a trabajar cuanto antes. "Vamos a esperar a que nombren administrador concursal e intentar que los servicios que tiene asignados la compañía sean pasados a otras, aprovechando que el convenio de seguridad recoge la subrogación", han indicado desde Fesmc UGT.
Los sindicatos UGT, CC.OO y FTSP-USO, integrantes del Observatorio Sectorial de Seguridad Privada, "venimos analizado y combatiendo a este tipo de empresas, teniendo claro que tirar precios en las adjudicaciones públicas para luego rebajar las condiciones salariales a los trabajadores no tiene ninguna lógica y es una política empresarial errónea que lleva de forma inevitable al cierre de la empresa", han apuntado en un comunicado.
Las organizaciones sindicales denuncian que pese a las sanciones de la Inspección de Trabajo y la huelga, el Ministerio de Defensa le había renovado el servicio hasta el mes de abril.
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