Un error en las altas esferas del Ministerio del Interior ha provocado un terremoto en la seguridad de las prisiones de la Comunidad de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha. El máximo responsable del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, el comisario José Antonio Rodríguez González, conocido en la Policía Nacional como 'Lenin', convocó con los tiempos muy ajustados el concurso que adjudica la seguridad privada de los centros penitenciarios de toda España. El retraso provocó que los candidatos no tuvieran margen para organizarse y que, por lo tanto, el concurso quedara desierto.
El servicio lo ha venido prestando hasta ahora la mercantil Ombuds, que durante tres meses estuvo sin pagar a sus trabajadores por la enorme deuda que la sociedad había asumido al adquirir otras dos empresas de seguridad meses antes. Tras entrar en concurso de acreedores, volvió a abonar las nóminas de los vigilantes, que hoy por hoy están yendo a trabajar, pero que durante meses dejaron de cubrir las horas extra, lo que obligó a la Guardia Civil a asumir algunas de las tareas que eran competencia de Ombuds durante un tiempo. La deuda de esta última, además, hacía poco interesante la licitación, dado que la mercantil que sustituyera a esta empresa debía subrogar a todos los trabajadores y asumir esa gravosa herencia del servicio dejado por su antecesora.
La situación de quiebra de la sociedad es de sobra conocida por Rodríguez González, quien desde el pasado verano podía haber activado mecanismos que solventaran la crisis que ahora se presenta como inevitable. Entre estas medidas, el comisario Lenin —explican fuentes cercanas a la Secretaría de Estado— podría haber anulado el contrato con Ombuds y haber convocado una nueva licitación por el procedimiento de urgencia. Esta vía hubiera evitado los impagos y, por lo tanto, la oferta de la Administración seguiría siendo un reclamo para las empresas, que 'a priori' son conscientes de que el servicio de prisiones arroja más beneficios que otros trabajos.
Al ser menos atractivo este lote 2 (conformado por las prisiones madrileñas, extremeñas y castellanomanchegas), por lo tanto, solo unas pocas mercantiles mostraron interés, pero únicamente si todas ellas se ponían de acuerdo y conformaban una unión temporal de empresas tenía sentido que se presentaran. Mientras realizaban los trámites para fusionarse en esta fórmula jurídica, sin embargo, pasaron los plazos establecidos por el Gabinete de Coordinación y Estudios, que no previó este extremo. Al no presentarse ningún aspirante, por lo tanto, el concurso ha quedado desierto, como muestra el expediente al que ha tenido acceso El Confidencial.
"Según el registro, el lote 2 no ha recibido ofertas por parte de los licitantes invitados", reza literalmente la resolución de adjudicación firmada por el comisario Rodríguez González el pasado 6 de noviembre. El documento explica que los centros penitenciarios cuya seguridad saca a concurso el Ministerio del Interior se dividen en cinco lotes: 1) Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja; 2) Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha; 3) Andalucía; 4) Aragón, Baleares, Valencia, Murcia y Navarra; y 5) Canarias, Ceuta y Melilla. Todos, salvo el 2, han sido adjudicados con normalidad a las mercantiles Garda Seguridad (1), Prosetecnisa (3), Compañía de Vigilancia Aragonesa (4) y Eulen (5). El presupuesto total previsto por el Gabinete de Coordinación y Estudios para los cinco lotes supera los 37,5 millones de euros. El que ha quedado desierto (el 2) conllevaba un coste de 8,3 millones.
Tras quedar desierto, el Ministerio del Interior acaba de volver a convocar el concurso, según muestra el Portal de Contratación de la Administración. Sin embargo, la escabechina ya está asegurada, dado que la licitación no se resolverá hasta el próximo marzo. El 1 de enero, sin embargo, los vigilantes de las prisiones madrileñas, extremeñas y castellanomanchegas tendrán que abandonar sus puestos de trabajo. Cerca de 500 trabajadores, por lo tanto, se quedarán sin empleo a causa de la falta de previsión del comisario Lenin. Interior prefiere no hacer declaraciones sobre la polémica falta de previsión de Rodríguez González.
El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, de hecho, ya da por supuesto que las tareas de seguridad que dejarán de prestar los vigilantes de Ombuds tendrán que asumirlas de nuevo tanto guardias civiles como funcionarios de prisiones. Los agentes privados han cubierto durante estos últimos años cometidos que antes hacían estos dos últimos cuerpos, que volverán ahora previsiblemente a hacerse cargo. La decisión de Grande-Marlaska, al que probablemente no le cabe otra solución a corto plazo, ya fue prevista por las organizaciones profesionales del instituto armado.
En concreto, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ya advirtió a la Secretaría de Estado de que la corporación no contaba con efectivos suficientes para asumir estas funciones. La dirección nacional de la organización sindical propuso, de hecho, que Interior destinara los 300 millones que contempla el acuerdo de equiparación salarial para incorporación de personal de reserva a este cometido. Un informe de AUGC detallaba que este montante se podía dedicar a pagar a guardias civiles en la reserva para que estos trabajaran en la vigilancia de prisiones, una tarea asumible para estos funcionarios, y para determinadas tareas de violencia de género. La asociación argumentaba que era más económico que contratar vigilantes.
