Dirección Gral. de Empleo y S.S. Ministerio de Interior
Sindicatos piden más medidas de protección para los vigilantes en estadios
Los sindicatos han reclamado equipos de protección para los vigilantes de seguridad privada que actúan en campos de fútbol, como medida para evitar agresiones como las que ayer sufrieron dos vigilantes en San Mamés por parte de hinchas radicales del Olympique de Marsella.
UGT y Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada han coincido hoy en exigir equipos de protección para los vigilantes similares a los que utilizan los policías, como cascos o chalecos antipinchazos.
Además, Alternativa Sindical ha denunciado el "intrusismo" en su actividad mediante la figura regulada por la UEFA y la FIFA del "steward", los azafatos que llevan chaleco amarillo pero realizan también labores de vigilantes, y que la mayoría de los clubes no tienen un director de seguridad como exige la ley.
Así mismo, este sindicato acusa a las empresas de seguridad de priorizar el beneficio sobre la seguridad laboral de sus trabajadores y denuncia que a los hinchas radicales se les hacen, por falta de personal, cacheos menos minuciosos que al resto de aficionados.
Por su parte, UGT también ha reclamado medios de seguridad para los vigilantes y ha anunciado que pedirá una reunión urgente al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, para aumentar la autoprotección y reforzar la protección jurídica de los vigilantes tipificando los ataques que sufren como "agresiones a la autoridad".
También CCOO ha condenado la agresión sufrida ayer por los dos vigilantes de San Mamés y ha expresado su "máxima repulsa" por estos "lamentables hechos".
Por su parte, el sindicato de la Ertzaintrza Esan ha lamentado "profundamente" la agresión a los vigilantes y ha destacado la profesionalidad de los ertzainas que ayer participaron en el dispositivo de seguridad, "cuando una parte importante de la sociedad vasca se nos había echado encima tildándonos de vagos y caraduras".
Ultras del Marsella hieren a dos vigilantes de seguridad en San Mamés
El ataque se ha producido en los primeros minutos del partido del Athletic en la Europa League. Detenidos tres hinchas del equipo francés.
Los violentos del fútbol la volvieron a liar ayer en Bilbao tan solo tres semanas después de que un ertzaina muriese de un infarto durante los enfrentamientos entre ultras del Athletic y el Spartak. Ayer dos guardias de la seguridad privada del Athletic resultaron heridos por arma blanca en el estadio de San Mames, agredidos por ultras de Olympique de Marsella, aunque su vida no corre peligro. Uno de ellos, de 57 años, fue herido con arma blanca en el cuello, junto a las bocas de acceso al estadio. El vigilante fue atendido inicialmente por los propios compañeros así como miembros de la Ertzaintza y la Policía Municipal, antes de ser trasladado al Hospital público de Basurto, a unos cientos de metros de estadio. El hombre quedó allí ingresado en observación una vez comprobado que su vida no corría peligro y que todo estaba controlado.
El otro miembro de la seguridad de San Mamés fue agredido por los ultras que estaban radicados en las localidades reservadas para la afición rival. En un momento dado del partido, los ultras del OM sacaron bengalas y pirotecnias que están prohibidas. Se produjeron incidentes en esa zona del campo, ya que muchas bengalas fueron arrojadas contra el público de San Mamés con el consabido peligro para la integridad física de los aficionados. En el transcurso de esos incidentes fue cuando resultó herido el otro vigilante a causa de otra agresión con arma blanca en la mano, que también obligó al traslado al hospital de Basurto, donde fue tratado de la fractura del cuarto y quinto metacarpo, aunque fue dado de alta a las pocas horas. De momento, los incidentes se han saldado con tres detenidos, presuntamente ultras del OM, y la Ertzaintza estaba investigando la implicación de cada uno en los sucesos.
El primer ataque se produjo a las 19.15, según el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, un cuarto de hora después de que se iniciase el partido entre el equipo francés y el Athletic, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Europa League. Ambos heridos estuvieron en todo momento estables y fuera de peligro.
Según las primeras informaciones de la Ertzaintza, el vigilante habría llamado la atención a unos aficionados del Marsella y luego fue agredido por ellos. El hombre fue trasladado al hospital con una herida de arma blanca en lado izquierdo del cuello. El sindicato CC OO, al que pertenece uno de los agredidos, informó de que dentro del estadio se produjo una “batalla campal”, a la vez que condenaba los hechos.
Incidentes previos
Los radicales del equipo francés también causaron pequeños incidentes por el centro de la ciudad después de haber sido vigilados por la Ertzaintza en su trayecto desde la frontera francesa hasta Bilbao. Sin embargo, la policía vasca les intervino armas blancas, porras de hierro y otros materiales violentos, todo un arsenal que explicaba a las claras cuales eran las intenciones de los casi mil radicales del OM que viajaron a Bilbao. Los ultras fueron inicialmente aparcadosen una zona de obras donde se construye la península de Zorrozaurre, el enésimo megaproyecto de transformación de la ciudad. “Estamos en en medio de ninguna parte”, escribieron en sus redes sociales algunos de esos ultras franceses. Pero el día es largo y dio para que recorrieran el centro, agredieran a un fotógrafo de El Correo (Ignacio Pérez) y exhibieran sus bengalas. También se pudo ver a un ultra del OM, Santos Mirasierra que en 2008 fue condenado por agredir a un policía en el Vicente Calderón. Aparentemente hacía de interlocutor entre los ultras y la Ertzaintza.
Los ultras del Marsella ya protagonizaron incidentes en San Mamés en 2016 con bengalas en el estadio y enfrentamientos en la ciudad antes del partido. Dados los precedentes, Bilbao se había preparado para recibir a los radicales, de los más peligrosos de Europa. La Ertzaintza valló la explanada del estadio para que las aficiones de ambos equipos no se juntasen, medida que funcionó.
Al final el OM venció también en San Mamés y consiguió su pase a la siguiente ronda. Mucha gente en Bilbao respiró más tranquila.
Aena se despide del chollo de los contratos ‘low cost’
Este 9 de marzo entra en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que se centra en la calidad por delante de la oferta más ventajosa económicamente en los concursos públicos. Una ley que da de lleno contra la política de Aena, que ya no podrá aprovecharse de los chollos de los contratos a la baja. De hecho, esta podría ser el fin definitivo de las continuas huelgas, aunque ni el sector público ni las propias empresas están preparadas para esta legislación y existen ciertas dudas.
La nueva Ley de Contratos Públicos, aprobada definitivamente por el Congreso de los Diputados, transpone con retraso una directiva europea. Con entrada en vigor llegan muchas novedades en las contrataciones públicas que afectan a empresas públicas como Aena, pero también a otras compañías de seguridad privada como Marsegur –ahora Novo Segur– o Eulen, que no podrán someter a sus trabajadores a contratos precarios, por ejemplo.
Entre las principales novedades de la ley es que se da preferencia a la calidad por encima del precio de contratación. De esta forma, se elimina el concepto de oferta económicamente más ventajosa y se sustituye por la de mejor calidad-precio. Las ofertas low cost se conocen como bajas temerarias. Del precio que Aena estima que cuesta una obra, servicio, suministro o asistencia para la empresa pública resulta que los proveedores licitan por una cantidad menor. Así funciona la contratación en el sector público.
“En la nueva Ley hemos intentado atenuar el fenómeno de las bajas temerarias con la introducción de criterios cualitativos que, en determinados contratos, no pueden ser inferiores a ciertos porcentajes de la evaluación para que esta no se base exclusivamente en el precio”, indican fuentes de Ciudadanos.
Asimismo, la ley tiene muy en cuenta los convenios colectivos de las empresas adjudicatarias. Entre las causas de resolución del contrato destaca el impago de los salarios por arte del contratista o el incumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de los trabajadores.
“Otra novedad que me parece igualmente destacable en relación a los efectos y extinción del contrato es que los pagos se deberán realizar en los mismos términos que los contemplados para la Administración, por lo general en el plazo de 30 días desde la aprobación de la factura”, explica el abogado del bufete Melián Abogados, Juan Carlos García Melián.
También se acortan los plazos de presentación de una oferta y se establece un plazo de contratación de cinco años prorrogable en determinados casos, entre otras. Y, además, se establece un límite del 20% a la figura de los modificados. Eso quiere decir que los sobrecostes de los contratos estarán más controlados.
Los contratos low cost de Aena
Si las aerolíneas de bajo coste acaparan más de la mitad de los pasajeros transportados en los 46 aeropuertos de la red de Aena, los contratos “tirados de precio” del gestor público también se caracterizan por ser low cost.
Las cifras en Aena entre 2012 y 2017 son bastante reveladoras ante esta situación. Según el Gobierno, en respuesta a las preguntas del grupo parlamentario Ciudadanos, un total de 1.153 obras, suministros, asistencias o servicios fueron adjudicados con más del 30% de disminución del coste, 631 con más del 40% y 304 con más del 50%. En total, se trata de 2.088 de más de 300.000 euros con bajas superiores al 30%.
Además, en ese periodo comprendido de cinco años, el número de expedientes de más de 300.000 euros que quedaron desiertos fue de 240. Y el de los que fueron anulados alcanzó los 948. Es decir, ni siquiera las empresas quisieron entrar a concursas por un contrato tan bajo que impediría pagar un salario digno a sus trabajadores o poder acometer el proyecto sin declararse en suspensión de pagos, entre otras cosas.
En el caso de Enaire –matriz de Aena– se licitaron 987 expedientes, de los cuales, el 21% (208) se hicieron por más de 300.000 euros. De estos, 40 contratos se adjudicaron con bajas de más del 30%, 22 con bajas de más del 40% y 8 con bajas de más del 50%.
¿Fin de las huelgas?
Detrás de estas cifras se esconden las huelgas de los vigilantes de El Prat o las de limpieza del aeropuerto de Ibiza del pasado año. Las empresas de servicios que “tira los precios” para llevarse un contrato se ven tentada a aumentar la carga de trabajo en sus trabajadores o a bajar sueldos.
Lejos de aprender la lección, el gestor aeroportuario lanzó en diciembre el concurso para el servicio de seguridad privada en los aeropuertos españoles por importe de 370,3 millones de euros. La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO detectó ciertas irregularidades en los pliegos, por lo que se interpuso un recurso.
Aena se vio obligada suspender el plazo de presentación de ofertas, previsto hasta el 2 de febrero. Curiosamente antes de la entrada en vigor de la nueva ley. El motivo: de nuevo la sombra de un contrato low cost.
En la práctica, se trata de un procedimiento que se realiza para “bajar el precio del servicio, algo que aumentaría la conflictividad como ocurrió este verano en El Prat”, recuerda Basilio Alberto Febles, secretario general de Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO (FTSP-USO).
Los límites no están claros
No obstante, Aena se defiende alegando que algunos de los contratos que otorgan se rigen por la ley de Sectores Excluidos para “obras de 5.548.000 euros de mínimo y servicios y suministros de 443.000 euros como mínimo”. Por debajo de ello, la nueva ley sí se aplicará.
Según el abogado experto, algunos contratos que realiza Aena, no todos, están sujetos a la normativa de contratación de sectores especiales (agua, la energía, los transportes y los servicios postales). La Directiva 2014/25 que regula esos sectores aún no ha sido traspuesta a nuestra legislación, algo por los que España podría ser sancionada.
Así, Aena podría jugar su as bajo la manga para algunos contratos. Pero en términos generales, la nueva ley pondrá fin a los contratos a la baja.
¿El sector público está preparado?
Ni la Administración Pública, ni las empresas públicas y privadas están preparadaspara esta nueva legislación. “No existe suficiente profesionalización del personal que ha de gestionar la contratación según esta nueva norma, norma que es bastante compleja”, explica el abogado. Y es que esta nueva ley contiene 334 artículos, 57 disposiciones adicionales, 10 disposiciones transitorias, seis disposiciones finales y tres anexos. Todo ello en 294 páginas.
En segundo lugar, el abogado habla de un cambio “radical” ya que se “establece la obligatoriedad de que las comunicaciones y publicaciones que se realicen en todo el proceso se realicen de principio a fin de manera electrónica, a través de plataformas interoperables y formatos abiertos y reutilizables”.
Pero no solo los expertos en derecho público coinciden en su complejidad, sino también los propios trabajadores de la administración pública. “Para la Administración Pública va a ser un reto. Y no va a ser fácil cumplir con los objetivos”, indica el director general de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda, Pablo Arellano.
En definitiva, la nueva ley traerá muchos cambios, algunos de los cuales ni siquiera se prevén por su complejidad. Pero lo único claro es que los contratos low cost de Aena no se producirán como los conocemos hoy en día.
Un vigilante les plantó cara
Un vigilante de seguridad les plantó cara, desarmado. "Querían rematarlos y dispararon sin cesar; pudo haber una masacre", contó después a la prensa. D. encañonó al guarda y lo conminó a que se hiciera a un lado: "Si no te apartas te parto por la mitad". El vigilante le insistió que tirase el arma. El padre y sus hijos huyeron pero siguieron disparando desde el coche.
El encausado que presuntamente encañonó al guarda se expone a la mayor petición de condena. D. G. M. -tío de la chica embarazada- se enfrenta a13 años y medio si la Audiencia aprecia delito de atentado a personal de seguridad privada. Si la sala califica los hechos como amenazas, la máxima pena posible será de 12 años. Comparte con los otros 5 acusados dos delitos de intento de homicidio (8 años en total), desórdenes públicos (1 año) y tenencia ilícita de armas (1). A los tres primeros acusados se les imputan daños (multa de 3.600 euros).
La Fiscalía quiere que los 6 implicados indemnicen a cada víctima con 1.500 euros, y al Sergas por la atención médica (1.181). Si son condenados, los tres primeros tendrán que pagar los daños ocasionados en el CHUO (2.649 euros), y en dos vehículos que recibieron disparos (838). La fiscal pide a la Audiencia que proyecte los vídeos -corrieron por las redes- sobre el suceso del hospital.
Doble denuncia contra la empresa privada que controla la seguridad en los juzgados madrileños
El sindicato libre de seguridad, mayoritario en el sector de la seguridad privada, presenta esta mañana dos denuncias contra la empresa "Alerta y Control" que ya gestiona los accesos en los órganos judiciales regionales.
Alerta y Control ha presentado oferta para renovar ese concurso sin tener un plan de igualdad de sexos, condición básica que fija la Administración para optar a cualquier contrato público
La empresa Alerta y Control continúa en los tribunales. Paradójico que la compañía que se encarga de la seguridad en los órganos judiciales de la región vuelva a ser denunciada por graves incumplimientos laborales con sus trabajadores.
Pero ahora la demanda va por partida doble: por un lado, denuncia por un presunto delito de estafa: ha presentado su oferta saltándose la ley, está obligada a tener un plan de igualdad y por otro demanda de Lo social por violación de derechos sindicales.
Jose Carlos Fernández, portavoz del Sindicato Libre de Seguridad, ha señalado a RadioMadrid.es que el ejecutivo regional también debe dar explicaciones sobre este proceso de licitación porque ha permitido que una empresa que no cumple la normativa concurra a este procedimiento.
El concurso para renovar este contrato asciende a 17 millones de euros. Ahora se encuentra en fase de licitación.
La Comunidad de Madrid ha señalado a la SER que la empresa Alerta y Control cumple cumple con todos los requisitos para estar en el concurso, y recuerda que el plan de igualdad no es un requisito imprescindible para ello.
Podemos denuncia en el PE la situación de vigilantes de seguridad en España
La delegación de Podemos en el Parlamento Europeo (PE) advirtió hoy sobre el deterioro de las condiciones laborales del sector de la seguridad privada en España, un colectivo al que, denuncian, se niega el derecho a hacer huelga.
Podemos atribuye la precarización de las condiciones de los vigilante privados a la reforma laboral que impulsó el Partido Popular en 2012, sobre la que, anunciaron hoy, preguntarán a la Comisión Europea (CE) si cumple con la legislación comunitaria.
"Nos llaman la atención las cláusulas por ejemplo sobre el sector de la imposibilidad de hacer huelga. Creemos que eso choca con una serie de directivas europeas", dijo el portavoz de Podemos en la Eurocámara, Miguel Urbán, que añadió que se trata de una serie de condiciones que "limitan claramente la capacidad de los trabajadores para reivindicar sus derechos".
Urbán criticó igualmente que la reforma laboral facilite la "intrusión de empresas piratas" en el sector y dijo que su grupo está valorando llevar esta pieza legislativa ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
Denunció también que no hay una "transposición correcta de las cláusulas sociales" en el ámbito de la contratación pública de los servicios de seguridad y criticó los "elementos de corrupción palpables" en este sentido.
"Al final muchos de los contratos se hacen en los palcos de los principales equipos de fútbol, ya sea en Las Palmas o en el Bernabéu o en cualquier otro. Eso es una forma demasiado normal de funcionar en nuestro país", subrayó.
La delegación de Podemos en la Eurocámara recibió hoy a 18 representantes de 18 organizaciones diferentes dentro del sector de la seguridad privada en España, que emplea a entre 70.000 y 80.000 personas.
"Queremos poner el foco sobre un sector demasiado opaco y demasiado acostumbrado a la corrupción (...). Creemos que eso no solo debe tener un espacio en el Parlamento Europeo sino que las instituciones (europeas) se deben pronunciar sobre ello", declaró Urbán.
El europarlamentario recibió a los trabajadores acompañado por el diputado de Unidos Podemos en el Congreso Alberto Rodríguez y las diputadas de Podemos en la Asamblea de Madrid Isabel Serra y Elena Sevillano.
Esta última se refirió al sector como "precarizado por la reforma laboral, problemas de contratación pública y corrupción", mientras que Rodríguez, también portavoz de Empleo de Podemos en el Congreso, dijo que la "reivindicación mayoritaria y unánime" de los vigilantes privados es el "hachazo" de la reforma laboral a sus condiciones.
En la práctica esto ha supuesto, según el diputado, "bajadas de salarios tremendas, un descontrol absoluto de regulación en las jornadas, precariedad y facilitación de despidos", por los que pidió "tumbar" la reforma laboral para que los convenios del sector y territoriales vuelvan a tener prevalencia sobre los de la empresa.
Los vigilantes de seguridad del Ministerio de Defensa denuncian que llevan dos meses sin cobrar
La concentración ha sido convocada en la Dirección de Acuartelamientos, en la calle Mayor número 79, a solicitud de los Vigilantes de Seguridad que trabajan para el Ministerio de Defensa, por el sindicato Unión Independiente de Trabajadores (UIT) con apoyos a la convocatoria de la Asociación Nacional de Vigilantes de Defensa (ANVIDEF), del Movimiento 27 VVSS Unidos y de los sindicatos: Sindicato Libre de Seguridad (SLS), Sindicato Nacional de Trabajadores (SNT) y Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios (STSyS).
Denuncian la “grave situación” que sufren los Vigilantes de Seguridad (cerca de 1.500 trabajadores) de la empresa Novosegur Seguridad Privada S.L., que trabajan en las instalaciones del Ministerio de Defensa y en otros organismos públicos y clientes privados.
Recientemente, aseguran, esta mercantil ha comunicado la presentación de un Concurso de acreedores y aún no ha abonado las nóminas del mes de enero, después de haber sometido a sus empleados a bajadas de salario de alrededor del 40% e impagos repetidos desde que resultó adjudicataria de los contratos del Ministerio de Defensa.
Condenado a 20 años de prisión el autor de la muerte de un vigilante en Tafira
La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a penas que suman 20 años, seis meses y un día de prisión al ciudadano marroquí Yassin Othman, de 30 años, como autor del asesinato y robo del grancanario José Manuel T.M., de 38 años, el 7 de febrero de 2017 en Tafira .
El magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Pedro Herrera, de acuerdo con el veredicto emitido por el jurado encargado del caso el pasado miércoles, condena a Othman como autor de un delito de asesinato con la agravante por alevosía y ensañamiento con la atenuante cualificada de confesión (16 años), otro de robo con violencia (tres años, seis meses y un día) y un tercero de obstrucción a la Justicia.
La resolución declara probado que, a la 01.30 horas del 7 de febrero de 2017, el acusado se situó en un lugar próximo a la residencia de José Manuel T.M., el restaurante El Lentiscal de la antigua carretera de Tafira, y cuando vio que éste salía de su casa y se dirigía a la parada de guaguas, "empuñando el cuchillo de notables dimensiones que había traído de casa, se colocó a la espalda del primero".
"De improviso, y sin que José Manuel le viera venir", continúa, con el propósito de terminar con su vida, comenzó el acusado a clavarle varias veces el cuchillo en la cabeza" y en el brazo derecho, cuando la víctima se giró.
A consecuencia del ataque, José Manuel cayó y quedó en el suelo de rodillas, lo que "fue aprovechado a su vez por el acusado para situarse encima y continuar con su acción, clavando el cuchillo en la cara, ojos y cuellos del agredido, para finalmente apuñalarle tres veces al menos en el tórax", expone el fallo.
En total, recapitula la sentencia, la víctima recibió 43 puñaladas. Falleció poco después del ataque, desangrado por una de las heridas, la que le perforó el pulmón.
Tras ejecutar "esa violenta y extrema acción", detalla la Audiencia, Othman "se apoderó de la mochila que portaba José Manuel, que contenía sus efectos personales y un total de 550,04 euros que provenían del sueldo cobrado ese mes por el fallecido.
El acusado había sido amigo de su víctima, y le atacó, según declaró probado el jurado, porque ésta había declarado en su contra en una investigación judicial abierta a raíz de la denuncia de otro vecino de Tafira que acusaba a Othman de robo y amenazas.
El asesino admitió de manera espontánea ante la Guardia Civil la autoría del crimen y facilitó la localización del arma homicida, expone el fallo.
La resolución es susceptible de recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y éste, de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
El condenado tendrá que pagar una indemnización de más de 40.000 euros al hermano del fallecido.
Novosegur solicita el concurso de acreedores
La empresa de seguridad privada Novosegur (antes Marsegur) ha comunicado al comité de empresa de Madrid que ha solicitado la declaración de concurso de acreedores tras adeudar dos nóminas a la plantilla e irregularidades en los últimos meses. Desde enero los trabajadores habían convocado una hulega indefinida, después de que en diciembre, el Tribunal Supremo confirmara la nulidad del convenio colectivo de la compañía que fijaba salarios muy inferiores a los del sector, alrededor del 40% menos. En los últimos años se había hecho con contratos públicos en ministerios como Defensa.
En Aragón se encarga de la seguridad del Hospital Militar, Capitanía y el Centro de reclutamiento Militar, además de la delegación territorial de Hacienda. «Estamos en el limbo hasta que Defensa decida por la vía de urgencia», han explicado desde OSTA. Los sindicatos esperan que se haga cargo otra u otras compañías del sector y subroguen a los trabajadores. En la comunidad aragonesa son alrededor de 70 empleados de los 1.000 en toda España, según UGT. Los sindicatos quieren que los trabajadores puedan volver a trabajar cuanto antes. "Vamos a esperar a que nombren administrador concursal e intentar que los servicios que tiene asignados la compañía sean pasados a otras, aprovechando que el convenio de seguridad recoge la subrogación", han indicado desde Fesmc UGT.
Los sindicatos UGT, CC.OO y FTSP-USO, integrantes del Observatorio Sectorial de Seguridad Privada, "venimos analizado y combatiendo a este tipo de empresas, teniendo claro que tirar precios en las adjudicaciones públicas para luego rebajar las condiciones salariales a los trabajadores no tiene ninguna lógica y es una política empresarial errónea que lleva de forma inevitable al cierre de la empresa", han apuntado en un comunicado.
Las organizaciones sindicales denuncian que pese a las sanciones de la Inspección de Trabajo y la huelga, el Ministerio de Defensa le había renovado el servicio hasta el mes de abril.
Tres ministerios contratan una 'low cost' de seguridad tras declararse ilegal su convenio
Un centro de atención a personas con discapacidad en Cáceres, una tesorería de la seguridad social en Cuenca y varias sedes del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Son las instalaciones de distintos organismos dependientes los ministerios de Sanidad, Economía y Empleo que vigilará Novo Segur (antigua Marsegur), una empresa cuyo convenio colectivo ha sido declarado ilegal de forma definitiva por el Tribunal Supremo el pasado mes de diciembre. Los contratos de seguridad de estos centros, que suman algo más de dos millones de euros, se han adjudicado o formalizado después que el máximo órgano legislativo hiciera pública la sentencia.
Las nuevas adjudicaciones no incumplen la ley de contratación actual, pero van en contra de las cláusulas sociales de contratación, difundidas como recomendaciones el pasado verano a la espera de que entren en vigor en marzo. El mismo Congreso de los Diputados pidió al Gobierno, a través de la Comisión de Defensa, que se dejara de trabajar con esta empresa.
La última sentencia del Supremo, del 19 de diciembre, cierra todas las opciones de legalidad que quedaban al convenio de trabajo de Novo Segur. El Tribunal ha rechazado su recurso de casación, última apelación posible contra una sentencia judicial. El día antes, la secretaría general de CSIC adjudicó seis contratos a esta compañía, por un total de 1,8 millones de euros. El día mismo de la sentencia, Novo Segur consiguió otro, el mayor, de 312.000 euros. Todos ellos entraron en vigor tras su formalización, que se cerró entre finales de diciembre y comienzos de enero, varias semanas después del enunciado del Supremo.
La Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por su parte, cerraron la adjudicación diez días después de la decisión judicial. Los contratos suman, en total, 2,1 millones de euros, tal y como consta en el Portal de Contratación del Estado.
Novo Segur se ha enfrentado a las críticas de los sindicatos y a varios pleitos en los tribunales por las condiciones precarias en las que se trabajan sus empleados. Sus sueldos rondan los 789 euros brutos al mes y las guardias nocturnas se premian con 10 céntimos más, una cantidad idéntica al plus por trabajar los domingos y festivos. Las horas extra se remuneran al mismo precio que las ordinarias. Todo estaba pactado en el Convenio Colectivo de la Empresa, firmado en marzo de 2015. Tras una larga batalla judicial, el Tribunal Supremo lo anuló el pasado mes de junio y ha tumbado, ahora, el último recurso de Marsegur. Otra sentencia, esta vez de la Audiencia Nacional, añadía este mes de enero que Marsegur ha violado el derecho de huelga de sus trabajadores durante las protestas del pasado mes de septiembre.
Fuentes del Ministerio de Empleo aseguran que "las direcciones provinciales funcionan como organismos autónomos que toman sus propias decisiones de contratación" y recalcan, en relación a la sentencia, que no pueden rescindir un contrato a menos que se condene a la firma por haber cometido un delito. La adjudicación por parte del CSIC fue más compleja. La empresa apeló el contrato ante el tribunal administrativo central de recursos contractuales, que confirmó que, de acuerdo con la legislación actual, se le debía asignar la adjudicación por haber presentado la oferta más adecuada. Por otra parte, este periódico no ha conseguido ser atendido por un portavoz de la empresa.
No es un caso aislado
Los vigilantes de esta empresa habían arrancado su protesta para denunciar la pérdida de poder adquisitivo de casi 400 euros al mes, con sueldos un 30% inferiores a las tablas del convenio de seguridad estatal. El Ministerio de Defensa fue el primero en acabar su relación con la antigua Marsegur (ahora Novo Segur). Lo hará una vez finalizado el actual acuerdo Macro, firmado a comienzos del año pasado y que garantiza todavía adjudicaciones a la empresa hasta la nueva licitación, que tendrá lugar en marzo. Gracias a ese contrato, la empresa pudo llevarse otros 200.000 euros para garantizar la seguridad de toda la red sanitaria militar.
También el Ministerio de Fomento dio un paso importante en esta dirección. Tras la huelga en el aeropuerto de El Prat, que hizo estallar el debate sobre la seguridad privada en España, el departamento de De La Serna firmó el un acuerdo vinculante con los sindicatos y las empresas para mejorar las condiciones del sector.
La vigencia legal de estos contratos es posible gracias a la reforma laboral de 2012. El texto dio prioridad en la aplicación a los convenios de empresa sobre los de ámbito superior. La nueva Ley de Contratos Públicos, que entrará en vigor el 9 de marzo, debería evitar situaciones como esta. Sobre el papel, el precio pierde peso como criterio de adjudicación en favor de otros como la calidad del servicio y los pliegos deberán incluir cláusulas sociales. Las empresas, además, estarán obligadas a aplicar el convenio colectivo del sector, con salarios notablemente superiores a lo que pagan empresas como Novo Segur.
El citado caso de la huelga de El Prat recuerda que el de Novo Segur no es un caso aislado. El mismo ministerio de Empleo ya estuvo en el centro del huracán después de que 'El País' desvelara su contrato con otra empresa de servicios de seguridad 'low cost', Sinergias de Vigilancia y Seguridad.
Seguridad Integral Canaria, propiedad del Miguel Ángel Ramírez, presidente del UD Las Palmas, era conocido por ser uno de los mayores contratistas de seguridad 'low cost', con más 200 millones en adjudicaciones públicas. La Seguridad Social le acusa de haber defraudado 14 millones de euros y la empresa ya ha entrado en proceso de liquidación. La sospecha de los sindicatos es que Novo Segur y Sinergias, así como Marservi, otra empresa del sector, no dejen de estar relacionadas con el dueño del club más importante de la comunidad canaria.
Denuncian la vulnerabilidad de los vigilantes ante agresiones de grafiteros
El sindicato Alternativa Sindical ha denunciado ante la Inspección Provincial de Trabajo la agresión esta semana a un vigilante de seguridad, que patrullaba solo, por parte de varios grafiteros en los talleres de Renfe en Fuente de San Luis en València.
Según un comunicado del sindicato de trabajadores de seguridad privada, la madrugada del pasado martes, un grupo compuesto por seis grafiteros accedió a los talleres de Fuente de San Luis con la intención de pintar las unidades que quedan estacionadas en vía muerta.
Al ser sorprendidos por el vigilante de seguridad que presta servicio en esas instalaciones, lo rodearon, insultaron y agredieron, incluso mediante el lanzamiento de piedras, según la denuncia sindical.
El miembro de seguridad, mientras evitaba la comisión del delito, intentó avisar, sin éxito, a un compañero que prestaba servicio a unos 200 metros del lugar mediante un geolocalizador que, según el sindicato, no funciona correctamente.
Alternativa Sindical explica que este área es un lugar muy habitual donde actúan las bandas organizadas de grafiteros, circunstancia conocida "de sobra" por parte del departamento de seguridad corporativa de Renfe Operativa y de la empresa encargada de la seguridad, pese a lo cual solo presta servicio un único vigilante de seguridad "cuya integridad física peligra".
Tras estos hechos, el servicio de seguridad de los talleres ha quedado provisionalmente reforzado con la presencia de dos vigilantes más en el turno de noche.
El sindicato ve, no obstante, "lamentable y penoso que tenga que ocurrir un incidente de estas características, donde podría haberse dado una verdadera tragedia, para que se adopten medidas".
Del mismo modo, advierte de que se produce la misma situación con los vigilantes de seguridad que prestan servicio en el acompañamiento de trenes de Cercanías.
"Mientras que de lunes a viernes las líneas de Cercanías están custodiadas por una pareja de vigilantes, los fines de semana, cuando más incidentes existen, las parejas son separadas enviando a un único vigilante de seguridad a distintas zonas", critica en su comunicado.
También denuncia la falta de aseos y lugar de descanso para los vigilantes que prestan el servicio en Caudiel, así como para el vigilante que cubre la línea de cercanías C-6 (Valencia Nord-Castellón de la Plana).
De proseguir esas carencias, el sindicato afirma no descartar la presentación de una demanda en vía de conflicto colectivo contra Renfe Operadora y Prosetecnisa por incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
La 'low cost' Novo Segur mantiene en adjudicaciones públicas los sueldos de su convenio suspendido por el Supremo
- CCOO y UGT aseguran que los encargados de la vigilancia de la dirección provincial de la Seguridad Social en Ciudad Real han visto caer sus salarios un 40% en su primera nómina
- La reducción de "unos 400 euros" se corresponde con la aplicada en otras adjudicaciones gracias a su convenio de empresa, que anuló el Tribunal Supremo en diciembre
- Los sindicatos denuncian que "sigue aplicando el mismo convenio" y critican a la administración pública por continuar contratando a esta compañía
Esperaban con temor sus nóminas y, finalmente, llegaron con retraso y el peor de sus presagios. Los 16 vigilantes de las sedes de la Seguridad Social en Ciudad Real cobraron sus nóminas de enero la semana pasada con un recorte del 40% respecto a su salario anterior, afirman desde Comisiones Obreras y UGT. ¿El motivo? La entrada de la nueva adjudicataria del servicio, Novo Segur (la antigua Marsegur), una empresa de seguridad privada 'low cost' que ha sido condenada por la Audiencia Nacional por vulnerar el derecho a huelga y a la que el Tribunal Supremo anuló su convenio de empresa el pasado diciembre. Los sindicatos denuncian que la empresa "sigue aplicando el convenio" anulado.
Las organizaciones de trabajadores esperaban esta nómina de enero tras la ratificación definitiva del Supremo de la anulación del convenio –que ya había tumbado la Audiencia Nacional antes– para ver qué salarios aplicaba Novo Segur en una nueva adjudicación pública. "Están aplicando el convenio de empresa, lo sabemos por lo que están haciendo en otros servicios", asegura Carlos García Montoya, responsable de Negociación Colectiva de CCOO de Construcción y Servicios en Castilla-La Mancha. Belén del Álamo, de Fesmc UGT en la comunidad, confirma las reducciones en los salarios.
Este medio ha intentado ponerse en contacto con algún portavoz de Novo Segur sin éxito. La opacidad y la nula comunicación son la norma en la compañía, según explica Carlos García. Solo hay un delegado sindical en la empresa en Ciudad Real, que es de CCOO, y "no ha recibido explicación sobre esta rebaja en los salarios", critica. García explica que "los trabajadores están indignados con la propia Administración que, a sabiendas de que este tipo de empresas funcionan así, siguen siendo adjudicatarias y al final nos vemos en este sarao. Nadie nos da ninguna explicación ni esperanza. Es absolutamente increíble".
Esta empresa es una de las varias compañías de seguridad privada de bajo costeque tiran precios por debajo del sector y logran hacerse con multitud de adjudicaciones públicas. Según los sindicatos, están vinculadas al empresario Miguel Ángel Rodríguez, presidente de la UD Las Palmas, a través de una pequeña patronal llamada Acosepri.
Este tipo de compañías disgustan, además de los sindicatos, a la patronal. En el caso de Aproser (Asociación Profesional de Compañías Privadas y Servicios de
Seguridad), su presidente ha criticado la reforma laboral del Gobierno: "Ya nadie duda (tras varios años predicando en este desierto generado por la crisis económica) que la ingeniería en malas prácticas favorecida por la prevalencia del convenio de empresa sobre la negociación colectiva sectorial, aderezada con nuestra peculiar ley de contratos del estado, ha sido un cáncer de gran metástasis en todos los sectores intensivos en mano de obra", escribía Ángel Córdoba Díaz en un artículo.
Adjudicaciones públicas pese a las condenas
En este caso, los trabajadores que han visto esfumarse un 40% de su sueldo están protegiendo las oficinas de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de la Tesorería General de Ciudad Real, dependientes del ministerio que dirige Fátima Báñez. Los representantes sindicales denuncian la paradoja de que una empresa condenada, cuyo convenio fue denunciado por la propia Dirección General de Empleo y Seguridad Social, siga recibiendo adjudicaciones públicas e incluso ligadas a ese Ministerio.
La adjudicación a Novo Segur en Ciudad Real tuvo lugar el pasado noviembre, por un importe de 307.447,41 euros. Fue formalizada solo un día después de la sentencia del Supremo y le otorga el servicio por un periodo de un año, hasta 31 de diciembre de 2018. En los pliegos, el "único criterio de adjudicación" es el "del precio más bajo" ofertado por las empresas concurrentes. Según el documento, pueden quedar excluidas las candidatas con ofertas "anormalmente bajas", pero ninguna fue apartada por este motivo.
Además, hay otra adjudicación dependiente de Empleo, del 14 de diciembre, por parte de la dirección provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Almería. En este caso, el importe es de 27.781,00 euros.
Fuentes del Ministerio de Empleo explican que ambas contrataciones con Novo Segur parten de las direcciones provinciales, que "son unidades de contratación independientes". También justifican que con la actual ley de contratos públicos –que será sustituida en marzo por una nueva norma– es legal que las empresas se descuelguen en los precios por debajo de los convenios colectivos del sector, algo que impedirá la nueva ley.
Sobre si es normal que dependencias de Empleo estén adjudicando servicios a una compañía denunciada por el propio ministerio, las mismas fuentes separan la labor del Ministerio "en materia del orden social" –persiguiendo aquellos convenios nulos por no cumplir con lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores y con actuaciones de la Inspección de Trabajo para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral– con la de "contratación administrativa". En este último punto, no cumplir con el convenio por irregularidades en la representación sindical –que es lo que reconoció el Supremo– no supone un criterio para excluir a una empresa. "Nosotros la única razón para impugnar una adjudicación es por una sentencia firme de fraude a la Seguridad Social o a Hacienda", justifican en Empleo.
Desde el Ministerio insisten en que están promoviendo "la introducción de cláusulas sociales en la contratación de servicios de seguridad", para adelantarse a la nueva normativa y garantizar "los derechos laborales de los trabajadores de la empresa adjudicataria".
El Ministerio de Empleo no es el único que contrata con esta compañía. El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ha adjudicado siete servicios de vigilancia del CSIC en diferentes lugares desde septiembre, por un importe total de 2,9 millones. En varios casos, las adjudicaciones se produjeron después de la anulación del convenio, como en el caso de la seguridad del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Instituto Cajal y del Centro de Ciencias Humanas y Sociales en Madrid.
Y el Ministerio de Defensa, que inició el proceso para rescindir los contratos con esta empresa en septiembre, sigue adjudicando algunos servicios a Novo Segur: el último este mismo febrero, para servicios de seguridad en centros de la red sanitaria militar, por un importe de 218.606,84 euros.
El Hospital Marina Baixa rompe con la empresa de seguridad por recortar el sueldo a sus trabajadores (Alicante).
La dirección sanitaria resuelve el contrato con la mercantil por incumplimientos, tras una reducción salarial del 40% y no respetar derechos laborales.
Los afectados y el sindicato CC OO mantienen varias denuncias interpuestas, la última de ellas, ante la Fiscalía.
No respetar el salario y otros derechos laborales de sus trabajadores ha acabado saliéndole caro a la empresa que gestionaba el servicio de vigilancia y seguridad del Hospital Comarcal de la Marina Baixa. La conselleria de Sanidad ha rescindido el contrato que mantenía desde hace algo más de tres meses con Sinergias de Vigilancia y Seguridad debido a los incumplimientos en los que, según mantienen, la empresa habría incurrido. La resolución de esta adjudicación fue firmada ayer mismo por la gerente del departamento de salud de la Marina Baixa, Rosa Louis Cereceda, justo a la vez que el sindicato Comisiones Obreras denunciaba la presentación ante la Fiscalía de una denuncia contra esta misma empresa por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores.
La relación contractual entre la conselleria de Sanidad y Sinergias de Vigilancia y Seguridad se inició el pasado 1 de noviembre. La empresa resultó adjudicataria al presentar la mejor oferta para hacerse con la seguridad privada del Hospital Comarcal, ubicado en La Vila Joiosa, y del Centro de Especialidades de Benidorm. En ambos espacios sanitarios trabajan un total de 17 vigilantes de seguridad, a los que la nueva adjudicataria debía subrogar en las mismas condiciones y con el mismo salario que tenían con la anterior mercantil, Eulen Seguridad. Pero de inmediato vino el primer incumplimiento.
Jesús Gallego, delegado sindical de CC OO en esta plantilla, explicó ayer que pocos días después de iniciarse el contrato, la mercantil les comunicó que dejarían de regirse por el convenio nacional que rige las condiciones laborales en las empresas de seguridad y que les aplicaría un convenio propio. Esta primera decisión les supuso un recorte salarial del 40%, tanto en el sueldo base como en los complementos. O, dicho de otra manera, hizo que pasasen de cobrar algo más de 1.000 euros a 690 euros mensuales; o a ver reducidos algunos pluses, como el de peligrosidad, de 143,51 a 15 euros al mes.
Tras este jarro de agua fría, los trabajadores descubrieron que el convenio colectivo que la empresa les estaba aplicando había sido anulado por la Audiencia Nacional el 10 de julio de 2017; esto es, cuatro meses antes de hacerse con la adjudicación, a pesar de lo cual continuó aplicándolo. Con todos estos hechos, los trabajadores contactaron con los servicios jurídicos de CC OO para interponer una denuncia y, al solicitar una copia de la vida laboral, descubrieron que la empresa no los tenía dados de alta en la Seguridad Social. Y no lo hizo hasta el 16 de noviembre, dos días después de que los trabajadores la llevaran ante los tribunales por estas irregularidades, como explicó el delegado de Comisiones Obreras.
Reiteradas denuncias
El rosario de denuncias no termina aquí. El 21 de noviembre, los trabajadores también llevaron ante la Inspección de Trabajo a Sinergias de Vigilancia y Seguridad por una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, por medio de una demanda colectiva a la que se sumaron todos los afectados. La mercantil no acudió al acto de mediación y los 17 empleados llevaron su causa a los juzgados, que ya han puesto, incluso, fecha de juicio.
A raíz de toda la lucha de la plantilla por defender sus derechos, la empresa de seguridad comenzó a retrasarse en el pago de sus nóminas. La de noviembre no la cobraron hasta el 16 de diciembre; la de diciembre, hasta el 17 de enero; y, a fecha de ayer, todavía seguían sin percibir ni un euro del salario correspondiente a enero, lo que ha acabado por colmar su paciencia.
Desde CC OO tildaron estos retrasos de «represalia» y consideraron que la empresa está incumpliendo sus derechos laborales «de mala fe», por lo que han llevado el caso a la Fiscalía para que actúe por la «situación de desesperación que estamos sufriendo», reconoció el representante sindical. «Tenemos unas funciones de mucha responsabilidad y nos han tratado como si no fuéramos personas», agregó Gallego.
Tras finiquitar a la empresa, el departamento comarcal hará un contrato menor para poder mantener el servicio de seguridad aproximadamente durante el mes que se calcula que tarde Sanidad en sacar la nueva adjudicación. La gerente defendió que estos trabajadores hacen un trabajo «importantísimo» en el Hospital y avanzó que la nueva licitación volverá a incluir la subrogación de la plantilla y el mantenimiento de salarios y derechos.
Piden 30 años para el acusado de asesinar a un vigilante de seguridad (Las Palmas).
La Audiencia de Las Palmas juzgará la próxima semana a un hombre que supuestamente mató de 43 puñaladas la madrugada del 7 de febrero de 2017 a un vigilante de seguridad cuando salía de su casa, en Tafira (Gran Canaria), para ir a trabajar, y que se enfrenta a una condena 30 años de prisión.
Según el escrito provisional del fiscal, el acusado Yassin O., de 30 años y en situación irregular en España, acabó con la vida de José Manuel Tejera, del que había sido su amigo en venganza por haber declarado en su contra en una denuncia que le habían puesto por robo y amenazas.
Cuando José Manuel Tejera se dirigía a coger la guagua para trasladarse a su trabajo en la capital grancanaria, el acusado sacó un cuchillo que llevaba escondido en su pantalón y se situó detrás de la víctima a la que comenzó a apuñalar por la cabeza, conforme al relato del fiscal.
Así mismo, el acusado tras apuñalar a la víctima se llevó su mochila y 550 euros, el sueldo que había cobrado el día antes.
El fiscal solicita para el procesado una condena de 30 años y seis meses de prisión por los delitos de asesinato, obstrucción a la justicia y robo con violencia, así como una indemnización de 40.000 euros para el único hermano que tenía el fallecido, al que también deberá abonar los 550 euros que robó.
El acusado será juzgado por un Tribunal del Jurado de la Audiencia de Las Palmas.
CCOO denuncia ante la Delegación del Gobierno la falta de seguridad en las estaciones de ADIF (Cantabria).
Comisiones Obreras ha denunciado ante la Delegación del Gobierno la falta de seguridad en las estaciones de ADIF de Cantabria por los recortes aplicados en los servicios de vigilancia. El sindicato ha explicado que la decisión ha sido tomada por el departamento de Seguridad de RENFE-ADIF de la zona norte en un acto de “irresponsabilidad” que afecta a los trabajadores y usuarios. Los cambios entraron en vigor el pasado 1 de febrero, coincidiendo con la llegada de una nueva empresa encargada de la vigilancia y seguridad de las estaciones y apeaderos de ADIF.
En un principio se anunció la reducción de la plantilla de 11 a 7 vigilantes para toda la comunidad autónoma, pero finalmente no se ha llevado a cabo por la presión sindical. Lo que sí se está aplicando es un recorte importante de las horas de trabajo que afecta directamente a la seguridad en la franja horaria que va desde las ocho de la mañana a las cuatro de la tarde. En esas horas, no hay ningún vigilante de seguridad en las estaciones y apeadores de ADIF en Cantabria, salvo en Santander que cuenta con un servicio permanente.
La situación es especialmente preocupante en el caso de las estaciones de mercancías peligrosas de Torrelavega y Muriedas, ha asegurado Antonio Toca, responsable de Seguridad Privada de Comisiones Obreras. “No es normal que estén sin vigilancia durante franjas horarias, unos sitios donde se dejan ese tipo de mercancías, cisternas con un precinto de alambre que llega un chaval te lo abre y te lía una que vamos”, ha explicado Toca a la Cadena SER.
Los recortes afectan también a las medidas de seguridad de los vigilantes a los que, según Toca, se les ha retirado el arma simplemente por ahorrar costes.
CCOO espera que la Delegación del Gobierno tome medidas para garantizar la seguridad ciudadana en las instalaciones de ADIF.
Interior mantiene en activo 495 escoltas que prestan protección a 118 cargos públicos y a 28 ya retirados.
Estos son los datos que ha remitido el Ejecutivo al diputado y portavoz de Interior en el Congreso de IU, Ricardo Sixto, quien se interesó, entre otras cosas, por el número de agentes de la Policía y la Guardia Civil destinados a estas tareas de protección.
En un comunicado, el diputado critica que este Departamento se negara en noviembre a facilitar el dato de forma individualizada y que ahora responda pero "sin dar información detallada".
Interior respondió al principio que el Gobierno no disponía de información y, por ello, no podía facilitar los datos requeridos, entre ellos sobre los servicios de protección de escolta desempeñados por el Servicio de Seguridad de la Casa del Rey, por el Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno o por las Unidades de la Policía Nacional adscritas a las Comunidades Autónomas.
El Ejecutivo del PP se acogió para justificar esa supuesta falta de información a determinados acuerdos del Consejo de Ministros de hace más de 30 años e, incluso, a normas de 1968 sobre información clasificada.
El diputado de IU se queja de que el Gobierno "siga sin dar información detallada, aunque ahora recurre a otros argumentos". "Señala", indica, "que a pesar de que los servicios de protección referidos en el texto de su pregunta son realizados por efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, son los respectivos Departamentos o Servicios de Seguridad los que disponen de la información y datos relacionados con los servicios de protección de escolta que desempeñan".
El Ejecutivo señaló en su primera contestación que 118 personalidades y cargos públicos nacionales o autonómicos disponen en el momento actual de un servicio de protección de escolta a cargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También había 28 ex cargos públicos en esta situación.
Detalló también que en la actualidad no existe ningún servicio de protección de escolta a autoridades o cargos públicos que sea proporcionado por empresas de seguridad privada con cargos a los Presupuestos Generales del Estado.
Aena se juega nuevas huelgas de seguridad en los aeropuertos.
El próximo 14 de febrero Aena y sindicatos de seguridad privada se reúnen para intentar llegar a un acuerdo para desbloquear la licitación del concurso público de seguridad privada de los aeropuertos españoles. Casualidad o no, el Día de los Enamorados puede ser la fecha en la que Aena se reconcilie con este colectivo y frene futuras huelgas de controles como la vivida en verano en El Prat. Pero la clave de toda esta situación está en los contratos a la baja y la Ley de Contratos del Sector Público.
En diciembre, Aena lanzó el concurso para el servicio de seguridad privada en los aeropuertos españoles por importe de 370,3 millones de euros. La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO detectó ciertas irregularidades en los pliegos, por lo que se interpuso un recurso. Y Aena se vio obligada suspender el plazo de presentación de ofertas, que estaba previsto para el 2 de febrero, hasta que se pronuncie el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Entre ellas las irregularidades el sindicato destaca la licitación mediante subasta electrónica. La Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 la describe como “un proceso repetitivo basado en un dispositivo electrónico de presentación de nuevos precios, revisados a la baja, o de nuevos valores relativos a determinados elementos de las ofertas que tiene lugar tras una primera evaluación completa de las ofertas y que permite proceder a su clasificación mediante métodos de evaluación automáticos”.
En la práctica, se trata de un procedimiento que se realiza para “bajar el precio del servicio, algo que aumentaría la conflictividad como ocurrió este verano en El Prat”,recuerda Basilio Alberto Febles, secretario general de Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO (FTSP-USO).
Más de 2.000 contratos a la baja
Y es que Aena es especialista en adjudicar contratos de bajas temerarias, es decir, contratos que están por debajo del precio inicial de licitación. Un ahorro para el gestor que se traduce en peores condiciones laborales para los empleados de las empresas adjudicatarias. Esta situación no solo se vio en los controles de seguridad de El Prat o Barajas, también en las huelgas de personal de limpieza del aeródromo de Ibiza.
Un total de 1.153 obras, suministros, asistencias o servicios fueron adjudicados con más del 30% de disminución del coste, 631 con más del 40% y 304 con más del 50%. Todos ellos se corresponden con contratos realizados por Aena de más de 300.000 euros entre 2012 y 2017, según el Gobierno. En total, se trata de 2.088 de más de 300.000 euros con bajas superiores al 30%.
Fernando Navarro, portavoz de Fomento del grupo parlamentario Ciudadanos, ya denunció esta situación en el Congreso. Desde la formación naranja criticaron que estas reducciones del coste perjudican la calidad de los servicios prestados a los pasajeros. E incluso podría poner en riesgo intereses públicos. Sin embargo, Aena sigue tirando de estas prácticas.
Más irregularidades
Otra de las irregularidades que denuncia el sindicato es que no se incluyen los acuerdos alcanzados en la reunión del mes de noviembre del grupo de trabajo en materia de contratación pública, compuesto por Ministerio de Fomento y agentes sociales. En esa reunión se pactó el incremento salarial a través de tres pluses.
“Aena calcula lo que le va a costar a las empresas estos pluses y se lo suma al valor del contrato total –370millones de euros–, pero no incluye la obligación de que las empresas de seguridad se lo paguen a los trabajadores”, denuncia el responsable sindical.
Sin embargo, el gestor de defiende y lo niega todo. “Los acuerdos alcanzados en noviembre por los ministerios de Fomento, Empleo e Interior con sindicatos y empresarios en materia de seguridad privada ya están incluidos en el pliego. Así, entre otros asuntos, tienen en cuenta los nuevos pluses para vigilantes de aeropuertos vinculados al desarrollo de determinadas actividades”, señalan fuentes de Aena a Merca2.
Por otro lado, el colectivo sindical pide que se incluya la obligación del cumplimiento del Convenio Colectivo Estatal por parte de la empresa adjudicataria durante el tiempo de vigencia del contrato, pues ese es el espíritu literal de la nueva Ley de Contratos del Sector Publico. Dicha normativa, que verá la luz en marzo, podría poner fin a esta práctica y dotar de mayor transparencia las condiciones de adjudicación.
También critican que los auxiliares de servicio, es decir, aquellas personas que llevan a cabo labores de información o chequeo de la tarjeta de embarque, “no tiene asegurada una subida salarial ni su puesto de trabajo”. Así que San Valentín es el día en que se sabrá si hay reconciliación o no entre Aena y sindicatos.
Agredidos dos vigilantes de seguridad en el asalto al Hospital de La Línea para liberar a un detenido.
El sindicato CSIF Cádiz han informado de que dos trabajadores de la seguridad privada que se encontraban en el Hospital de La Línea de la Concepción (Cádiz) en el momento del asalto de unos encapuchados para rescatar a un detenido por la Policía, fueron agredidos y están de baja por la violencia que emplearon los asaltantes.
En una nota, el sindicato ha mostrado su "apoyo y solidaridad" a todos los trabajadores del Hospital linense y ha manifestado que "este intolerable episodio vuelve a poner en entredicho la voluntad tanto de la empresa como del Servicio Andaluz de Salud de garantizar la integridad de los profesionales y de los usuarios".
"Desde CSIF se lleva años reclamando, mediante escritos y denuncias públicas, un aumento efectivo de personal de seguridad, así como más medios materiales que ayuden a evitar daños mayores en casos como el ocurrido este martes", ha añadido.
Asimismo, ha lamentado que la empresa haya trasladado a uno de los dos vigilantes que hay en el nuevo Hospital de La Línea, "desvistiendo un santo para vestir a otro". En este sentido, ha indicado que "los trabajadores desconocen si esta medida, que deja el nuevo hospital con un solo vigilante para todo el centro, se va a mantener en el tiempo o sólo es una medida temporal de urgencia".
Finalmente, CSIF ha incidido en exigir "que se dote a los vigilantes de gel, chalecos anti punción y paletas detectoras de metales para la entrada de las zonas críticas, como las Urgencias, además de, al menos, un vigilante adicional para cada centro sanitario de toda la comarca del Campo de Gibraltar".
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