El Congreso apoya que las empresas de seguridad privada asuman la vigilancia exterior de las cárceles

El PP y CiU han aprobado este martes en el Congreso de los Diputados una iniciativa que pide al Gobierno que estudie la posibilidad de que personal de empresas de seguridad privada se encargue de la vigilancia exterior de las cárceles españolas y su acceso, siempre bajo la dirección de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La proposición no de ley ha sido debatida en la Comisión de Interior del Congreso a iniciativa de CiU, que finalmente ha acordado con el PP instar al Gobierno a incluir esta idea en la reforma de la Ley de Seguridad Privada que tiene previsto desarrollar. En concreto, la iniciativa pide que miembros de seguridad privada sustituyan a los responsables públicos de seguridad en las funciones de control de accesos y control de cámara de circuito cerrado de televisión, "que podrían ser ampliadas a la seguridad perimetral inmediatamente circundante a los centros penitenciarios llegado el caso, bajo la dirección de los responsables de la seguridad pública" de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas. Todo esto deberá realizarse además "una vez que se valoren las posibilidades de carácter operativo, técnico y normativo", según dispone el acuerdo alcanzado entre el diputado del PP Conrado Escobar y el de CiU Feliu Guillaume. Guillaume ha sostenido que la actual situación de austeridad en el gasto obliga a "hacer un esfuerzo de racionalización" en los servicios públicos, algo que cree posible con la colaboración entre la seguridad pública y privada. Por su parte, el PSOE ha votado en contra de esta proposición ya que considera "evidente" que se plantea un "beneficio" para las empresas privadas de seguridad que "va en perjuicio" del servicio público, según ha argumentado el diputado José Zaragoza. Pero además, ha avisado de que los miembros de la seguridad privada "no están preparados" y requieren formación, algo que "cuesta dinero". En la misma Comisión de Interior, el PP y el PSOE han acordado reformar la Ley de Seguridad Privada, que data del año 1992, para mejorar su eficacia e impulsar la coordinación entre la seguridad pública y privada, siempre bajo la tutela de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; además de mejorar la coordinación con las comunidades autónomas. La iniciativa también aborda la confidencialidad y reserva de los datos privados y contempla la adecuada formación y capacitación del personal de las empresas de seguridad privada, evitando el intrusismo.