Los primeros agentes privados de seguridad se incorporan a la vigilancia de prisiones


  • 250 vigilantes y escoltas controlan desde este lunes los accesos a 21 centros penitenciarios
Por primera vez agentes de seguridad privada han comenzado a trabajar en recintos penitenciarios cuya vigilancia era hasta ahora competencia exclusiva de las fuerzas de Seguridad del Estado. El ministerio del Interior ha definido esta fase como un proyecto piloto que durará nueve meses.
Prisión de Topas, Salamanca. (foto de www.salamanca24.com)
Prisión de Topas, Salamanca. (foto de www.salamanca24.com)
Fuente: Elaboración propia. . Estos vigilantes se limitarán a controlar los accesos exteriores, el perímetro de la prisión o a supervisar el sistema de videovigilancia. No tienen competencias sobre la seguridad interna ni su cometido, asegura el Gobierno, entra en colisión con las funciones asignadas a la Guardia Civil o a los funcionarios de prisiones.

Sin embargo, la medida ha nacido con polémica ante la falta de diálogo del Gobierno con las asociaciones profesionales y sindicales afectadas. La Unión de Guardias Civiles (UGC) ya ha expresado su oposición. Su presidente Ramón Rodríguez considera que “a día de hoy lo único que provoca es un aumento del gasto en seguridad”.

El temor a que pueda haber colisión de funciones entre seguridad privada y pública también es compartida por las centrales sindicales. CCOO no se opone a la creación de nuevos puestos de trabajo, siempre que no se pretenda enmascarar tras esta medida una política de privatización de la seguridad pública. Bajo esa premisa CCOO entiende que el secretismo con que el ministerio del Interior ha iniciado este programa no es el mejor modo de apaciguar la inquietud del sector. Por último, el sindicato exige la formación adecuada y la capacitación precisa para adaptar a escoltas y vigilantes privados de otros ámbitos a las peculiaridades propias de una prisión.

 El desarrollo normativo completo estará recogido en la nueva ley de Seguridad Privada que actualmente elabora el ejecutivo. Se pretende también conceder una salida profesional a escoltas hasta ahora destinados al servicio de protección de autoridades y que se encuentran sin actividad desde que la banda terrorista ETA declarara el alto el fuego definitivo.

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