El Ayuntamiento de Roses (Girona) ha tenido que modificar el pliego de condiciones del contrato de seguridad privada para vigilar el Paseo Marítimo de la localidad que había licitado por una cuestión lingüística. El consistorio liderado por Montse Mindan, de PDeCAT, publicó una oferta en la que obligaba a los vigilantes a usar una placa identificativa en catalán. Ha tenido que enmendarlo por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
La resolución judicial no es precisamente nueva. Se publicó en 2016 para corregir el protocolo de usos lingüísticos del personal público decretado anteriormente por la Generalitat. Determina que los vigilantes privados pueden disponer de una placa de identificación en cualquiera de las dos lenguas cooficiales en Cataluña. Sin distinción.
Ha sido al denuncia de ADN Sindical, una organización sectorial, la que ha llevado a la corrección del contrato municipal. Un proceso que se ha hecho con total entendimiento con el consistorio de Roses, señalan fuentes conocedoras del diálogo que se ha mantenido entre las partes.
El ayuntamiento alegó que desconocía la decisión del TSJC. Tras una pregunta realizada por la organización, ha decidido que este epígrafe del contrato sea “nulo de pleno derecho”. Los vigilantes de seguridad privada podrán usar el idioma que prefieran en su identificación.
Concesión para verano
No es una concesión precisamente menor si se comparan con otras en este sentido de los ayuntamientos de la zona. La empresa que se haga con el contrato de Roses deberá completar las actuaciones de la policía local en el tramo más concurrido del Paseo Marítimo del municipio por 38.600 euros.
La licitación sólo afecta a las vacaciones de verano. Estará vigente durante dos meses y cuatro días.
Pulcritud de la licitación
No es la primera ocasión en que ADN Sindical peina los detalles de las concesiones municipales para solicitar modificaciones para que los pliegos de condiciones se adecuen a la ley. En cuestiones lingüísticas como el caso de Roses, pero también en detalles como la distribución de tareas entre los vigilantes y los auxiliares.
Por esta última cuestión ha demandado al Circuit de Barcelona-Catalunya ante la consejería del Interior. También se ha quejado, por ejemplo, del concurso de las piscinas públicas de Sabadell.
Los portavoces del sindicato explican que su objetivo es conseguir la máxima pulcritud en las licitaciones públicas que afecten al sector de la vigilancia de seguridad. Como sus quejas habitualmente se cursan antes de la licitación, es también un filtro para evitar que los procesos acaben ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP), donde se dirimen este tipo de cuestiones antes de llegar al TSJC.
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