- La empresa de Ramírez no aplica el convenio colectivo nacional sino uno propio.
CCOO, a través de su secretario general, José Manuel Ojeda, se dirige a la consejería de Presidencia, Justicia, e Igualdad y a la dirección general de Relaciones con la Administración de Justicia, para exigir el cumplimiento de las bases del pliego de condiciones del servicio de Seguridad Privada en las dependencias de los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria.
En la carta remitida a estos dos organismos públicos se les recuerda que ya en 2014 CCOO de Construcción y Servicios les solicitó que se instara a la empresa Seguridad Integral Canaria, concesionaria del servicio, a cumplir con el convenio nacional de empresas de Seguridad Privada, rescindiendo el contrato en caso contrario, según determinan las propias bases del concurso público.
Hemos de recordar que la dirección de esta empresa aplica a sus trabajadores y trabajadores un convenio propio con diferencia salariales muy significativas y que se encuentra judicializado por esta organización frente a un sinfín de irregularidades, denunciadas por el propio secretario general de CCOO de Construcción y Servicios, trabajador de Sicsa en esas dependencias judiciales, y quien fue expedientado y despedido por sus manifestaciones antes los medios de comunicación.
Hasta la fecha las administraciones públicas relacionadas con los juzgados de Canarias hacen oídos sordos a los requerimientos de nuestra central sindical, hecho que les convierte en coautores en el incumplimiento de las condiciones exigidas en los pliegos, potenciando con su silencio la conflictividad laboral entre el personal de seguridad de los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria y la controvertida Seguridad Integral Canaria.
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