Actas de la cuarta reunión
Segur Ibérica rebaja de 453 a 316 los afectados por el despido colectivo
Dirección y representantes sindicales de la empresa de seguridad Segur Ibérica se reunieron ayer en Madrid para continuar con la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción planteado por la firma, pero el proceso está estancado. Los sindicatos denuncian que la compañía únicamente aporta cifras de las bajas previstas en función de la plantilla que le va quedando como consecuencia de la marcha continuada (día tras día) de trabajadores -por la pérdida de distintos servicios y la subrogación de esos empleados por parte de las firmas que los asumen- y la previsión de venta de parte de su estructura. Por ello, las centrales sindicales aseguran que es "imposible" negociar posibles alternativas, como reubicaciones, al desconocer cuáles son los afectados reales del despido colectivo.
Segur Ibérica cuantificó ayer en 316 los empleados que prevé incluir en el ERE, frente a los 453 anunciados la semana pasada. La compañía rebajó de 280 a 163 los profesionales operativos (vigilantes) incluidos en el proceso, un descenso que responde a que parte de los afectados se benefició ya de subrogaciones, y de 173 a 153 los de estructura (oficinas), al prever que unos 20 trabajadores se incluyan en la venta de Grupo Segur (matriz de Segur Ibérica) a una firma multinacional. De hecho, la empresa de seguridad sostiene que la cifra del personal de oficinas puede bajar aún en 60 personas más si se cumple la mejor de las previsiones en la venta del grupo.
Impagos a los trabajadores
Los representantes de la plantilla alertaron además de que la empresa sigue con los impagos a muchos trabajadores, tanto de salarios como de finiquitos, "lo que complica la situación económica de muchas familias en estas fechas tan especiales". "Hay cerca de un centenar de empleados en esta situación en Galicia", denunciaron fuentes sindicales, que critican la actitud de la empresa en la negociación del ERE porque impide avanzar y alcanzar una solución. "En ningún momento concreta los afectados y no llega a haber negociación. Hay variación de datos según evoluciona la situación de la empresa", concluyen.
Una decena de jóvenes propinan una brutal paliza a dos vigilantes del metro (Bilbao)
Los guardas, uno de ellos con la dentadura rota y otro con golpes en la cabeza, están de baja tras la agresión, que se registró a las 7.45 horas en la estación de San Mamés
La Nochebuena, con su banda sonora de discoteca para los que salen de fiesta y regada con alcohol, trajo una Navidad dolorosa para dos de los vigilantes del metro que tenían que trabajar en tan señalada fecha. Los guardas de seguridad - que ejercen en el interior de las instalaciones pero que no forman parte de la plantilla ya que el suburbano contrata con Prosegur este servicio-, sufrieron a primera hora de la mañana de ayer una brutal paliza en la estación de San Mamés. Metro Bilbao ya ha interpuesto una denuncia.
Eran las 7.45 horas cuando los dos empleados fueron a mediar en una discusión entre un joven y una chica porque él «estaba comenzando a ponerse violento con ella», según relataron posteriormente los vigilantes a un delegado de CC OO de la firma de seguridad. La trifulca tenía lugar junto a las máquinas dispensadoras de los billetes. Abajo, en el andén -en la vía dos, en dirección a Bilbao-, charlaba un grupo de «una decena de jóvenes, de unos veintipico años y ajenos a la pareja a la que habían separado». Esta cuadrilla estaba esperando el metro para marcharse a casa tras la noche de juerga. «Debían tener ganas de lío. Oyeron el jaleo arriba y la tomaron con los vigilantes», explicó el delegado sindical a EL CORREO.
Los agresores subieron las escaleras, saltaron por las máquinas canceladoras y comenzaron a golpear a los vigilantes, que apenas tuvieron margen de maniobra, según denunciaron las víctimas. «Les dieron puñetazos en la cabeza, les tiraron al suelo y les siguieron propinando patadas por todo el cuerpo», explicó el representante de CC OO. Los guardias de Prosegur, de baja médica, tuvieron que ser trasladados a la Intermutual, donde les atendieron. Además de varias contusiones, uno de ellos tiene la dentadura rota, y otro una luxación en el dedo, que le fue entablillado, y golpes en la cabeza. Los agresores salieron corriendo en dirección a Termibus. La Ertzaintza ya trabaja en la identificación de los mismos. Tanto la Policía autónoma, ante la que han presentado sendas denuncias los vigilantes, como el personal de Metro Bilbao realizan el visionado de las cámaras de seguridad, que grabaron toda la escena, además de comprobar las cancelaciones de las tarjeta Barik cuando accedieron al suburbano.
Movilizaciones
Fuentes de CC OO, que condenó «rotundamente» la agresión sufrida por ambos trabajadores, explicaron que este miércoles se reunirá el comité de empresa y no descartan convocar movilizaciones. Reclamaron tanto a Prosegur como a la dirección del Metro más medios de seguridad para los vigilantes.
«Creemos que en este último episodio tienen parte de responsabilidad tanto Metro Bilbao como Prosegur, porque llevamos años pidiendo medidas y hacen oídos sordos porque implicarían un incremento de presupuesto, por lo que estamos indefensos», dijo el delegado de CC OO. Según explicó, «solo tenemos porra y grilletes, ni siquiera chaleco anticortes o spray de pimienta. Cualquier día te pueden dar una puñalada y el chaleco nos protegería. Si solo tuviéramos el spray y se te echasen encima diez como en el último caso, alguno hubiera desistido y las consecuencias serían menores», dijo.
Lo cierto es que los empleados del metro se enfrentan cada año a episodios violentos, insultos y amenazas, incluyendo actos de intimidación con armas blancas. En octubre del año pasado, sindicalistas, trabajadores y vigilantes se manifestaron, precisamente, frente a la estación de San Mamés en repulsa por las agresiones que sufren «cada vez más a menudo», después de que se produjeran dos ataques contra empleados en tan solo cinco días.
Adif deja en suspenso su 'macrocontrato' de seguridad y vigilancia de 123 millones
Adif ha dejado en suspenso el concurso público que abrió a mediados del pasado mes noviembre para contratar los servicios de vigilancia y seguridad de todas sus estaciones de tren y del resto de instalaciones para los tres próximos años (2017-2019), estimado en 123,10 millones de euros, tras presentar USO un recurso contra los pliegos del proceso.
El sindicato considera que las condiciones fijadas para participar en el concurso "facilitaban el acceso de empresas 'piratas' a este contrato", según informó la formación.
Tras presentar USO el recurso el pasado 22 de noviembre, a través de su Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO), Adif publica este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio de que se deja en suspenso el procedimiento de contratación.
Así, las fecha de presentación de ofertas al contrato por parte de las empresas interesadas, fijada para el próximo 30 de diciembre, quedan aplazadas.
Adif licitó en noviembre el contrato de servicios de seguridad y vigilancia de sus estaciones e instalaciones dividido en seis lotes, en función de las las distintas áreas geográficas.
El importe de cada lote oscila entre los 5,24 millones correspondientes a los servicios de seguridad para todas las instalaciones del Norte del país y los 16,88 millones a los que ascienden las del centro.
SEGUNDO GRAN CONTRATO DE SEGURIDAD.
Se trata del segundo gran contrato del ámbito de los servicios de seguridad y vigilancia que se fallará en el sector ferroviario en un año, dado que a comienzos de este ejercicio Renfe adjudicó su correspondiente contrato de seguridad, también por un plazo de tres años y por importe de 173 millones de euros.
En el caso de la operadora, el contrato también se repartió en distintos lotes, que se repartieron entre un total de nueve compañías, concretamente Eulen, Prosegur, Ombuds, Segur Ibérica, Garda Servicios de Seguridad, Mega 2 Seguridad, Protección y Seguridad Técnica, Servicios Integrales de Seguridad y Transportes Blindados.
Acta 3 Reunión ERE Segur Ibérica
En la reunión mantenida hoy entre empresa y sindicatos, la empresa ha trasladado que los trabajadores que se pueden ver afectados son 4.713 trabajadores. 833 de estos trabajadores están pendientes de ser subrogados en fechas próximas, 3.427 son personal subrogable, 280 no son al no estar adscritos a ningún servicio, siendo 173 personal de estructura.
Por lo tanto el E.R.E. terminará afectando de lleno a 453 trabajadores, 280 no subrogables y 173 de estructura.
La parte sindical ha trasladado a la parte empresarial el tema del abono de las nóminas.
Ver acta 3 Ver nota prensa
Detenidos cuatro jóvenes latinos por dar una paliza a tres vigilantes en La Rambla (Mallorca).
Agentes de la Policía Local de Palma procedieron a la detención decuatro jóvenes de nacionalidad colombiana acusados de propinar una brutal paliza a tres vigilantes de seguridad en La Rambla. Los hechos tuvieron lugar a las dos de la madrugada del domingo al lunes, en la zona del mercadillo de Navidad de La Rambla. Entre los arrestados se encuentran dos chicos menores de edad y dos adultos de 19 y 21 años, respectivamente.
«Uno de los vigilantes que tenemos en la plaza España comunicó al resto de compañeros que por la calle de los Olmos estaban bajando un grupo de jóvenes latinos tirando las papeleras, dando patadas a las persianas de los locales, etc...
Cuando estos cuatro individuos llegaron a La Rambla, comenzaron a pegar patadas a los cubos de basura y a las casetas. Cuando uno de los integrantes del personal de seguridad les recriminó su acción, sin mediar palabra alguna, uno de los chicos se giró y se abalanzó contra el profesional lanzándole varias patadas que afortunadamente el vigilante pudo bloquear y acto seguido le lanzó una botella de whisky», relata Benny Bestard, gerente de la empresa de seguridad GPS.
Tras el primer ataque, la pandilla de vándalos se marchó. Mientras tanto, el segundo vigilante acudió en auxilio de su compañero. Una vez que los dos integrantes de seguridad estaban juntos en la fuente de La Rambla, pudieron observar cómo regresaba de nuevo el grupo de chicos con las manos en la espalda. «Cuando llegan a la altura de ellos, uno de los colombianos sacó un cuchillo de grandes dimensiones y atacó al vigilante. Afortunadamente, con la defensa pudo repeler la agresión, pero inmediatamente, los otros tres se lanzaron a por ellos esgrimiendo cadenas, cuchillos e incluso un retrovisor de una moto.
A partir de ese momento los vigilantes retrocedieron para evitar la agresión y solicitaron ayuda al personal de de la Tesorería de la Seguridad Social. El vigilante que salió en ayuda de sus compañeros también fue agredido por el grupo de jóvenes violentos con una cadena», señala Bestard. Las víctimas presentan múltiples golpes en todo el cuerpo.
Segur Ibérica plantea incluir en el ERE al 10% de su actual plantilla, 453 trabajadores
El plan incluye los 173 empleados de oficinas y 280 vigilantes n 2.500 de los casi 7.000 profesionales de la empresa fueron subrogados a otras firmas tras la pérdida de servicios.
La empresa de seguridad privada Segur Ibérica cuantificó ayer por primera vez -en la tercera reunión del periodo de consultas del ERE- a los sindicatos el impacto que tendrá el despido colectivo en la plantilla: afectará a 453 trabajadores, de un total de entre 4.300 y 4.500 que integran actualmente la empresa, lo que equivale a un 10% del total. Son los 173 trabajadores de estructura (oficinas) de la compañía y 280 operativos (vigilantes) no adscritos a un servicio concreto. Pero estas cifras tienen matices: el número de afectados de la parte administrativa depende de qué estructuras se incluyan en la venta de Grupo Segur (matriz de Segur Ibérica) a una multinacional interesada en adquirirlo. Y las bajas en la plantilla operativa dependen de los servicios que la empresa quiera mantener. "Son datos muy escuetos, no desagregados por comunidades, poco concretos y muy condicionados a decisiones futuras de la empresa, por lo que es imposible negociar nada", denunciaron representantes sindicales presentes en el encuentro de ayer, que insisten en que la firma actúa de mala fe en la negociación.
De hecho, la empresa está en pleno proceso de "pérdida intencionada" de servicios con la finalidad de deshacerse de la mayor parte de su plantilla pues los trabajadores que prestan esos servicios tienen que ser subrogados (asumidos) por la empresa que entra. Solo en las últimas semanas Segur Ibérica pasó de tener cerca de 7.000 trabajadores -unos 700 en Galicia- a los actuales 4.300-4.500. "Y bajando. Mañana mismo [por hoy] los vigilantes que prestaban servicio a Acciona dejan la empresa. Y en los próximos días les seguirán otros", sentencian fuentes sindicales.
Los representantes de los trabajadores sostienen que los afectados finales por el ERE serán todos aquellos que sigan en plantilla tras el fin de las subrogaciones y la venta de Grupo Segur. "La empresa está abandonando servicios y pretende cerrar todo lo que pueda por subrogaciones antes del 31 de diciembre", aseguran.
Los sindicatos, sin embargo, denuncian que la documentación aportada por Segur Ibérica es insuficiente y no permite negociar, al no detallar los afectados exactos "para poder estudiar posibles reubicaciones". Tampoco ven voluntad de negociación en cuanto a la propuesta económica. La empresa afirma que su situación no va a permitir indemnizaciones superiores a los 20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades y que incluso puede ser que los trabajadores tengan que recurrir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para poder cobrar -si la venta de Grupo Segur no se concreta- ante la falta de liquidez de la compañía.
Al margen del ERE, las centrales sindicales denuncian la persistencia de los impagos en toda España. Actualmente, aseguran, hay 900 trabajadores que no cobraron la nómina de noviembre, unos 150 en Galicia. Y aseguran que hay casos críticos, como el de un trabajador de A Coruña "al que sus compañeros han tenido que entregar alimentos al quedar sin dinero tras el pago del alquiler y de facturas".
Segur Ibérica pasa a tener administrador único
En el Boletín Oficial del Registro Mercantil del pasado día 7 de Diciembre, aparecía publicado el cese de la cúpula de Segur Ibérica, y el nombramiento de un administrador único de la empresa.
Los clientes de Segur Ibérica, dispuestos a abonar directamente los pagos a la plantilla para hacer frente a los impagos de salarios
Los sindicatos USO y CCOO iniciaron una ronda de reuniones con los clientes de la compañía de seguridad Segur Ibérica para intentar buscar soluciones al impago de salarios que están sufriendo los empleados y que continuarán durante la próxima semana.
Desde las centrales sindicales destacan la buena predisposición de las empresaspara solucionar este conflicto salarial y que algunos clientes han pedido a los representantes de los trabajadores que colaboren con ellos y reúnan documentos firmados por los vigilantes certificando que no les han abonado las nóminas, para así poder justificar la rescisión de contratos con Segur Ibérica, y en su caso retener la facturación sin incumplir lo acordado.
Los representantes de los trabajadores se muestran contentos aunque son conscientes de que en los contratos públicos habrá mas complicaciones para buscar una vía de solución con celeridad, debido a “trabas burocráticas”.
Por otro lados, advierten que si finalmente hubiera una venta de la compañía por unidades productivas como informa Segur Ibérica en las reuniones del ERE, los más perjudicados serían los vigilantes sin servicio fijo asignado, que serán los que más riesgo corre su empleo y el abono de sus salarios.
Segur Ibérica por su parte, ha asegurado al Comité de Empresa que durante la semana próxima abonarán a parte de la plantilla las cantidades que les adeudan
Los sindicatos CC.OO. y USO se reúnen con clientes de Segur Ibérica para "solucionar el impago de salarios" a empleados
Los sindicatos CC.OO. y USO iniciaron una serie de reuniones con clientes de la empresa de seguridad privada Segur Ibérica, que esta semana solicitó el concurso de acreedores, para "solucionar el impago de salarios" a sus empleados.
En un comunicado de prensa emitido conjuntamente este domingo, los sindicatos han indicado que los clientes de Segur Ibérica han mostrado "gran interés para solucionar el conflicto" y han solicitado a la representación sindical que "reúna documentos firmados por los vigilantes certificando que no les han abonado las nóminas".
Con esta documentación, las empresas que tienen contratada la seguridad con esta compañía podrían "justificar la rescisión" de los acuerdos, así como "retener la facturación sin incumplir lo acordado en los mismos".
Por contra, los sindicatos han asegurado que, en el caso de los contratos públicos, "habrá más complicaciones para buscar una vía de solución con celeridad, debido a trabas burocráticas".
Así las cosas, han trasladado que Segur Ibérica, que cuenta con 700 empleados en Galicia, se ha comprometido con el Comité de Empresa a abonar "a parte de la plantilla las cantidades que les adeudan".
Sindicatos pedirán a clientes de Segur Ibérica colaboración para solucionar los impagos de salarios
Los sindicatos USO, CC.OO. y CIG han iniciado una ronda de visitas a los clientes de la empresa Segur Ibérica con el objetivo de "buscar una solución conjunta" para sus compañeros ante la situación de "impago de salarios" que sufren.
En un comunicado remitido a los medios este jueves, los tres sindicatos presentes en el comité de empresa de A Coruña han explicado que buscan que las empresas y organismos "se involucren" y "retengan la facturación pendiente de abonar a la compañía de seguridad" y "consideren la opción de negociar un pago directo".
Esta medida, según han indicado, ya la han tomado "algunos clientes" con las nóminas del pasado mes de octubre "ante la previsión de un desfalco salarial a los trabajadores".
Y es que los sindicatos denuncian "la falta de voluntad" para solucionar el conflicto por parte de Segur Ibérica, empresa a la que acusan de no facilitar información a los representantes de los trabajadores y de provocar "una sensación completa de indefensión" a los afectados.
Frente a ello, los sindicatos USO, CC.OO. y CIG han destacado su "unidad de acción" para resolver esta situación "con responsabilidad y coherencia".
La próxima reunión del ERE está prevista para el próximo martes, día 13 de octubre, un encuentro en el que estarán presentes dos miembros del USO y CC.OO. presentes en el comité.
Interior eleva a 34,6 M. el gasto anual en la polémica seguridad privada de las cárceles
Ombuds es la gran triunfadora del concurso al hacerse con tres de los cuatro lotes en los que se ha dividido el contrato. El cuarto ha sido para una UTE formada por Coviar, Sabico y Prosetecnica. ACAIP, el sindicato mayoritario en Prisiones, lo califica de "derroche" por el "ineficaz" servicio prestado por estos vigilantes.
Menos presos, más gasto en seguridad privada. Mientras el número de internos en los cárceles españolas se ha reducido en más de 14.000 reclusos desde 2009, el Ministerio del Interior que dirige Juan Ignacio Zoido gastará más dinero que nunca en contratar 800 vigilantes. En concreto, 34.666.869 euros, según se recogen en la resolución por la que se adjudica el concurso del denominado "servicio de apoyo a la seguridad en centros penitenciarios". Una cifra que supone un incremento de cerca del 4% respecto a la anterior licitación, que fue de poco más de 33 millones. La gran beneficiada ha sido la empresa Ombuds Compañía de Seguridad SA, que se ha hecho con tres de los cuatro lotes en los que se ha dividido el contrato. El cuarto ha sido para una UTE formada por Coviar,Sabico Seguridad SA y Prosetecnica, según la documentación a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
Con esta cantidad, serán cerca de 116 millones de euros el dinero gastado en un proyecto que ha estado rodeado de polémica desde que se puso en marcha en mayo de 2013. De este dinero, 7,3 millones fueron desembolsados en el 'proyecto piloto' que se puso en marcha entonces en 21 cárceles. Entonces se contrató a 254 vigilantes y, aunque estaba previsto que durase nueve meses, finalmente se prolongó ocho meses más con el consiguiente coste añadido. A dicha cantidad se sumaron los 33,3 millones que se invirtieron en la segunda fase iniciada el 1 de octubre de 2014 y que ya abarcó a las 67 prisiones dependientes del Ministerio del Interior. En ella se hicieron 550 nuevas contrataciones. Estaba prevista que durase un año, aunque se prorrogó un año más por el mismo importe. En total 81,3 millones de euros, a los que ahora hay que sumar ahora los 34,6 millones de euros del concurso ahora adjudicado.
Un elevado coste que es criticado por los propios funcionarios de las prisiones. La Agrupación de los Cuerpos de Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), el sindicato mayoritario, vienen denunciando la "ineficiacia" de estos servicios de seguridad privada desde que en 2012, al poco de la llegada de Mariano Rajoy al Palacio de La Moncloa y con Jorge Fernández Díaz al frente de Interior, se conocieron los planes. Entonces, el Gobierno del PP "justificó" el proyecto en la necesidad de recolocar a los escoltas destinados en el País Vasco que se habían quedado en paro tras el fin de la violencia etarra y en un supuesto ahorro económico. "Todo lo dicho era falso y lo único para lo que ha servido es para favorecer a las empresas de seguridad privada que, como todos conocemos, tienen un importante número de responsables con pasado o relaciones políticas de primer nivel", señalan desde ACAIP. De hecho, este sindicato insiste en negar el ahorro económico, ya que la incorporación de los vigilantes privados no ha supuesto una reducción del número de guardias civiles y policías destinados a la custodia de las prisiones.
"Negociado sin publicidad"
La nueva adjudicación fue firmada el pasado viernes 2 de diciembre por el nuevo secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y en ella se detalla que Interior había invitado a participar en este procedimiento "negociado sin publicidad" por motivos de seguridad a once empresas. Además de Ombuds y las tres que componen la UTE que se llevó el cuarto lote, también figuran Eulen Seguridad, Garda Servicios de Seguridad SA, Ilunion Seguridad SA, Prosegur, Securitas Seguridad España SA, Seguriber SLU y Seguriberica SA. A todas ellas se les pidió que detallasen en sus ofertas el precio de la hora de sus vigilantes en "puestos armados" y "sin arma", así como en turnos de 24 horas, de doce horas, de lunes a viernes y de lunes a sábado. Entre los aspectos técnicos, se valoró el tiempo para hacer "suplencias derivadas de imprevistos sobrevenidos durante la jornada laboral" y el "número de inspecciones mensuales".
Finalmente, Ombuds se llevó los tres lotes de mayor importe. En concreto, los que cubrirán la seguridad de los centros penitenciarios de Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla (valorado en 10,2 millones de euros), los de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja (8,8 millones), y Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid (7,9 millones). En total, esta empresa se embolsará 26,9 millones. El cuarto lote, el destinado a cubrir las cárceles de Aragón, Baleares, la Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra, estaba valorado en 7,5 millones y es el que se adjudicó la UTE formada por Coviar, Sabico y Prosetecnisa. La adjudicación detalla los precios netos por hora de trabajo de cada vigilante de seguridad según turnos y sin van armados. Van desde los 17,52 euros a los 13,30 euros, según diversas variables.
Tres fases
Pese a las fuertes críticas, que también han llegado desde los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de guardias civiles, Interior sigue dispuesta a seguir adelante con sus planes, aunque ha dilatado los plazos de su aplicación. De hecho, el proyecto contemplaba la puesta en marcha de una tercera y última fase del despliegue de vigilantes a finales de 2015, pero por el momento ya ha prorrogado en dos ocasiones la actual. De hecho, la nueva adjudicación deja al menos hasta finales de 2017 la entrada de este último paso, que incluirá la reducción de funcionarios y su sustitución por estos empleados de empresas de seguridad privada.
Hasta ahora, estos vigilantes se dedican al control del perímetro de los centros penitenciarios y del acceso a los mismos. También están encargados de atender los circuitos cerrados de televisión y la gestión de los saltos de alarmas. Todo ello, bajo la dirección de los integrantes de la Fuerzas de Seguridad del Estado y de los funcionarios de prisiones. Una labor en la que, según denuncian desde ACAIP, ya se ha saldado con numerosos incidentes, algunos de gravedad, tanto entre los propios vigilantes como entre ellos y los agentes policiales. "Ha habido despidos y traslados, pero la Administración no ha cancelado el contrato de las empresas afectadas como hubiera sido lo correcto", destacan portavoces del sindicato. Éstas recuerdan el caso de uno de estos empleados de la empresa privada destinado en la prisión de Albocàsser (Castellón), quien sólo fue apartado de dicho destino tras tres graves incidentes violentos. "En abril de 2016 fue detenido tras matar a otro compañero cuando protegía como vigilante de la misma compañía a un atunero en aguas de Somalia", señalan para recalcar la falta de control de estas empresas sobre sus trabajadores.
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