El Govern insta a AENA a que medie en el conflicto de los vigilantes
El Govern a través de Inspección de Trabajo ya está analizando lo que está ocurriendo en el aeropuerto de Ibiza, tras la denuncia de CCOO sobre la vulneración del derecho a la huelga por un lado y por otro la relativa al exceso de horas que están realizando los vigilantes que cubren los servicios mínimos.
La Directora General de Trabajo, Isabel Castro, asegura que ahora habrá que esperar al análisis que haga el inspector que ya ha comenzado la instrucción de este expediente…Lo importante dice es que "se actuó de manera urgente, ya que la inspección se hizo a las pocas horas de tener constancia de la denuncia"..En cuanto a las posibles sanciones de confirmarse lo expuesto por los trabajadores "la empresa Prosegur se podría exponer a multas que irían de 6 mil a 180.000 euros en el caso de que se confirme que se han contratado a trabajadores tras el preaviso de huelga", porque sería una infracción muy grave.
Castro también quiere dejar patente la reivindicación del Govern y es que insiste en que "si el ejecutivo pudiera gestionar los aeropuertos estas movilizaciones no existirían". "porque se tienen unas clausulas sociales en las que se especifica la defensa de los derechos de los trabajadores en contratas de servicios públicos"
El Govern dice que Aena debería mediar en el conflicto y también se ofrecen si fuera necesario para estar presentes en estas negociaciones ya que este tipo de conflictos no beneficia a ninguna de las partes.
Los trabajadores siguen movilizandose
Mientras tanto algunos de los trabajadores han protagonizado esta mañana una pequeña manifestación a las puertas de la terminal para que se visualice su movilización que cumple ya cinco dias ...Tambien han pedido una reunión con la Delegada del Gobierno para trasladarles que "no se están cumpliendo los requisitos mínimos de seguridad por parte de los vigilantes que se han contratado y que no cuentan con la formacvión correspondiente".
CCOO pide la mediación del Govern y de Aena para solucionar el conflicto de los vigilantes del Aeropuerto de Ibiza
El sindicato CCOO ha solicitado la mediación del Govern balear y de Aena para "desencallar" el conflicto del personal de seguridad en el Aeropuerto de Ibiza.
Tras el quinto día de huelga, CCOO ha mostrado su agradecimiento a la Inspección de Trabajo de Baleares por su actuación "diligente" en respuesta a la denuncia del sindicato interpuesta contra Prosegur por el "boicot" que, según dicen, esta empresa ejerce en la huelga del personal.
Según han aclarado, dicho "boicot" se concreta en el hecho de contratar personal para cubrir los puestos de trabajo de los trabajadores que han secundado la huelga, cosa que es "totalmente ilegal y una provocación desmedida", opina CCOO.
Además, desde CCOO han pedido que se investigue una situación totalmente insólita ya que durante el paro se están efectuando jornadas laborales "maratonianas" de entre 12 y 16 horas.
Asimismo, CCOO ha puesto en conocimiento de la Delegación del Gobierno de Baleares las sospechas de que haya personal contratado que no estuviera habilitado para el manejo de los 'scanners' del Aeropuerto. Para ello, han pedido una reunión con la delegada del Gobierno.
El secretario general de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO de Baleares, Miguel Pardo, ha solicitado la intervención en este conflicto de la directora general de Trabajo y Salud Laboral del Govern, de la Dirección de Aena y de la propia empresa, con tal de sentar a todas la parte implicadas en vistas a una negociación "efectiva" que desencalle la situación creada, dando salida a la huelga en beneficio de trabajadores y usuarios.
Trabajo inspecciona los servicios mínimos del paro del aeropuerto de Ibiza
Personal de la Inspección de Trabajo y la Guardia Civil se personaron ayer tarde en el aeropuerto de Ibiza para identificar a los empleados de Prosegur que trabajaban durante la cuarta jornada de huelga indefinida.
El secretario de la Federación de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras, Miguel Pardo, presentó por la mañana sendas denuncias contra Prosegur ante la Inspección de Trabajo y la Delegación del Gobierno , con el fin de investigar una posible vulneración del derecho de huelga y si se han producido momentos de falta de seguridad en el aeropuerto de Eivissa por la escasez de servicios de vigilancia. Pardo representa a los vigilantes de seguridad de la terminal ibicenca.
La portavoz del comité de empresa de Prosegur, Ana López, explicó que la inspección se centró tanto en los turnos como en los horarios que realizan los trabajadores, además del incumplimiento que denuncian de los tiempos de descanso a que tienen derecho entre turnos.
López anunció que su colectivo confía en la efectividad de estas denuncias, presentadas ayer en Palma, «para poner fin al comportamiento que está llevando a cabo la empresa», así como que «que no se permitan esas jornadas laborales que se están soportando en Eivissa de 12 y 16 horas», criticó.
Servicios mínimos
López informó de que la jornada de huelga de ayer se desarrolló con tranquilidad, pero matizó que se debe a que existen «muchos servicios mínimos». «Muchos trabajadores de los que estamos en huelga tenemos servicios mínimos hoy y mañana [por ayer y hoy], así que ahora estamos el comité de huelga y unos cuantos que nos estamos rotando para estar las 24 horas» en las mesas de protesta instaladas a la entrada del aeropuerto, agregó.
«Además de que han puesto unos servicios mínimos al 90%, una de las cosas que hemos denunciado en la Delegación del Gobierno es que estos servicios mínimos están superpoblados», argumentó López.
«Nosotros pedíamos que se cubrieran estas plazas que ahora, durante la huelga, parece que sí que cuentan con recursos y despliegue suficientes por parte de Prosegur para dar todo el servicio», criticó la presidenta del comité de empresa.
«Por las noches, en el control de seguridad sólo había dos o tres personas, mientras que ahora, desde que empezó la huelga, hay siete u ocho personas», detalla López.
Por su parte, Podemos Eivissa quiso mostrar ayer su «apoyo total y solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de la empresa Prosegur que cuidan de la seguridad del aeropuerto y que están en huelga para reclamar mejores condiciones laborales».
Podemos denuncia adjudicación de seguridad de Metro basada en criterio precio (Madrid).
El grupo de Podemos en la Comunidad de Madrid ha denunciado hoy que las ofertas de adjudicación en los servicios de seguridad privada de la administración publica regional sigan basándose exclusivamente "en criterios de precio".
En una nota en la que expresa su apoyo a los vigilantes empleados por la empresa Seguridad Integral Canaria, que llevan meses exigiendo condiciones y salario dignos, Podemos recuerda que presentó en el Parlamento regional una iniciativa "para que el Gobierno dejase de contratar con empresas piratas, y únicamente trabajara con aquellas que pagan ajustándose al convenio"
Según Podemos, su iniciativa fue aprobada y aunque poco después el Gobierno anunció un sistema de contratación centralizado que entraría en vigor el 1 de enero de 2017, "no ha dejado de poner trabas en su desarrollo".
Podemos critica la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) -el 15 de junio- de un anuncio para la adjudicación de los servicios de seguridad privada en Metro en el que se indica que los criterios de adjudicación se basarán en la "oferta económica más ventajosa" (precio más bajo de entre las ofertas técnicamente aptas)".
En opinión de Podemos, esta práctica "confirma la continuidad de la política de adjudicar a empresas pirata, como Marsegur o Sinergias, o empresas como Integral Canaria que están retrasando el pago a sus trabajadores y empeorando sus condiciones laborales incumpliendo reiteradamente los contratos".
Y considera que adjudicar una vez más a empresas como Integral Canaria la responsabilidad de la seguridad hará que vuelvan a ser incumplidos los pliegos y a empeorar las condiciones laborales.
"El problema -dice en la nota la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid Isabel Serra- no es sólo que el PP sea una congregación de personas corruptas, sino que sus políticas las sufrimos todos y que son consecuencia de esa forma de gobierno".
Podemos explica en su nota que las empresas Seguridad Integral Canaria, Sinergias y Marsegur -estas dos últimas con sentencias de la Audiencia Nacional que declaran nulos sus convenios de empresa- son propiedad de Miguel Ángel Ramírez, "amigo del ex ministro (José Manuel Soria) y conocido donante del PP".
"Marsegur también ha recibido recientemente la adjudicación del servicio de la seguridad privada del Ministerio de Defensa, en torno a 500 trabajadores que han perdido el 30% de su salario", añade Podemos.
Y agrega Isabel Serra: "Ya está bien de que el Gobierno de Cifuentes le regale a sus amigos, los donantes del PP, los servicios que son del conjunto de los madrileños. Lo hacen empobreciendo y precarizando a miles de vigilantes de seguridad que están cobrando miseria. El sector de la seguridad privada sigue gobernado por una mafia".
CCOO denunciará a Prosegur por «vulnerar» el derecho a la huelga en el aeropuerto de Ibiza
Los vigilantes del aeropuerto anuncian que mañana acudirán a Inspección de Trabajo para que investigue «contrataciones para cubrir el paro»
La segunda jornada de paro indefinido de la seguridad privada en el aeropuerto de Ibiza volvió a desarrollarse con normalidad, sin afectar a la afluencia de pasajeros en la zona de embarque, aunque, según los huelguistas, la falta de incidencias se debe a «contrataciones irregulares» y jornadas de trabajo más allá de «lo que marca la ley». Por ello, el comité de huelga anunció ayer que mañana presentará una denuncia ante Inspección de Trabajo contra Prosegur, la empresa adjudicataria de la seguridad en la terminal ibicenca.
El secretario general de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO, Miguel Pardo, asegura que la empresa «ha establecido turnos de 12 horas durante la huelga, no se respetan los descansos que marca la ley y hay trabajadores que han llegado a aguantar jornadas hasta de 16 horas». Pardo, que ha venido de Palma para apoyar la protesta de los vigilantes, asegura que de estas anomalías «hay constancia documental».
Servicios mínimos
De momento, no existe esta prueba objetiva respecto a su otra denuncia, la de la contratación de trabajadores para cubrir las vacantes de los huelguistas, pero los manifestantes mantienen firmes sus acusaciones: «La única solución es denunciar a Prosegur ante inspección de Trabajo, para que averigüe si la contratación se ha realizado antes o después de la convocatoria de la huelga, que se efectuó el pasado día 7». En todo caso, según Pardo, la vulneración del derecho de huelga ya se ha producido con los turnos de 12 horas que permiten cubrir «los servicios mínimos al 90%», un porcentaje superior «a las plazas que había cubiertas en el aeropuerto antes de la huelga».
El personal que ayer secundaba la protesta en la entrada de la terminal añade más críticas contra Prosegur. Según ellos, el control de seguridad del aeropuerto estaba cubierto al mediodía «por gente nueva y eventuales sin formación», alertó la presidenta del comité de empresa, Ana López. «Hemos visto que un eventual le explicaba a otro cómo se hace un cacheo, no tienen formación por parte de la empresa», asegura. Otro vigilante añade que «tampoco tienen el curso de emergencias, que es lo que se ve en esos simulacros que AENA envía a los periódicos». «Si hubiese un accidente, los que tenemos la formación en el plan de emergencias estamos aquí en huelga», criticó López.
De momento, los huelguistas siguen sin obtener respuesta de Prosegur en sus principales reivindicaciones, como aumentar la plantilla «para mejorar la seguridad» . También piden acabar «con el agravio comparativo» que supone que el plus de 200 euros que cobran los vigilantes no se extienda a los indefinidos y fijos discontinuos, que son los que secundan la protesta.
Metro-Madrid aumentará el presupuesto de seguridad un 8%
Los presupuestos de seguridad de Metro de Madrid aumentarán en un 8 por ciento, una cuantía de 230 millones de euros. Además, podrá rescindir la relación con las empresas que no cumplan las condiciones laborales marcadas por el convenio colectivo.
Metro de Madrid incrementará un 8 por ciento el presupuesto de seguridad en el suburbano por medio de un nuevo contrato marco que tendrá una cuantía de 230 millones de euros y, además, incluirá en los pliegos de condiciones la posibilidad de rescindir la relación con las empresas que no cumplan con las condiciones laborales marcadas en el convenio colectivo.
Así lo ha indicado en una entrevista el consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructura de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, para recalcar que los pliegos también incluirán una novedad y es la adjudicación "por líneas" y no por zonas como ocurría hasta ahora.
Esta novedad, según el consejero, permitirá al suburbano realizar un "mejor seguimiento" de cara a comprobar que las empresas adjudicatarias cumplen con los términos del contrato.
Rollán ha explicado que en el nuevo pliego de condiciones se incluirá como requisito "sine qua non" que las empresas "estén sujetas y cumplan" con las condiciones salariales y laborales estipuladas en el convenio colectivo, algo que ahora no es posible.
Este requisito será un aspecto que puntuará a la hora de valorar las ofertas de las empresas de seguridad y también un motivo de rescisión del contrato "si no cumplen de manera escrupulosa" con esas condiciones laborables. Por tanto, será un aspecto "exigible" de cara a la implementación y entrada en vigor de dicho contrato, previsto para el próximo mes de noviembre.
Su duración será de cuatro años con posibilidad de ampliar otro ejercicio más y el presupuesto aumentará un 8 por ciento. "Somos conscientes de que hay que invertir más en la seguridad aunque en estos momentos Metro de Madrid goza de un notable alto en la valoración de la seguridad que realizan los usuarios, que aumenta más de un punto en el caso de los visitantes extranjeros respecto de los residentes en la región", ha apostillado.
Precisamente a mediados de julio se planteó la convocatoria de una huelga para los 600 trabajadores de la empresa Segur Ibérica que prestan servicio en la línea 1, 3 y 6 de Metro de Madrid por salarios adeudados a los empleados.
No obstante, los paros fueron desconvocados tras un acuerdo con el administrador concursal de la empresa (que entró en concurso de acreedores a finales de 2016), que se comprometió a abonar "el cien por cien" de los salarios, según expuso el sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada. Así, se procedió a pagar los salarios atrasados de junio.
Los servicios mínimos "boicotean" la huelga de seguridad del aeropuerto de Ibiza
Los trabajadores de seguridad critican que nunca ha habido tanto personal y policías en la terminal. Normalidad pese a la protesta.
La huelga convocada por los trabajadores del servicio de vigilancia del aeropuerto ha provocado que, paradójicamente, la terminal alcance unos niveles de vigilancia pocas veces visto, según denuncian los trabajadores.
El paro ha comenzado a medianoche y por ahora no se han registrado incidentes. La terminal funciona con normalidad absoluta y el único elemento que perturba la tranquilidad son los empleados de Prosegur, que se manifiestan en la entrada de la terminal. Mientras, en el filtro de seguridad hay activos cuatro arcos con al menos veinte trabajadores en total.
Los trabajadores en huelga denuncian que los servicios mínimos son un "boicot" a la huelga y que nunca ha habido tanto personal de seguridad como hoy en la terminal. "Sólo por esto ha valido la pena la huelga", comentaba con ironía un trabajador. De hecho, explican que el pasado sábado, la jornada de mayor tráfico del año, había operativos sólo tres arcos de seguridad con doce profesionales a su cargo, la mitad que hoy, un día de relativa tranquilidad. Los servicios mínimos se han fijado en el 90%.
La plantilla en huelga critica que la empresa ha desplegado personal de fuera de la isla para poder cumplir los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Fomento. Desde el comité de empresa aseguran que si el aeropuerto funcionara todos los días con los medios dispuestos hoy, primer día de la huelga, para minimizar sus efectos, no habrían convocado la protesta.
El punto de vista de AENA
Por otra parte, desde Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea (AENA), organismo responsable del aeropuerto, han enviado esta mañana una nota, en la que aseguran al respecto de las críticas del comité de empresa: "Respecto a que Prosegur atribuye a AENA la responsabilidad, alegando que el expediente es flexible y está permitiendo que haya puestos sin cubrir, el expediente estipula que, partiendo de los servicios fijos que marque AENA, la empresa adjudicataria ajustará los medios materiales y humanos a los horarios para cada servicio, siendo responsabilidad del adjudicatario que sean los necesarios para la correcta ejecución del servicio".
Además, AENA añade: "Se entiende por correcta ejecución del servicio que se cumplan los procedimientos y la normativa de seguridad en vigor, así como los niveles mínimos de calidad fijados por los indicadores de Calidad del expediente".
El organismo responsable del aeropuerto, que ayer declinó reaccionar a la decisión de la plantilla de ir a la huelga, considera respecto al personal: "Al adjudicatario se le obliga expresamente a realizar su actividad con una plantilla de trabajadores adecuada para el rendimiento óptimo y calidad del servicio; y al cumplimiento de toda la normativa aplicable a los trabajadores en materia de trabajo, empleo, seguridad social y prevención de riesgos laborales".
La empresa no ha contestado a los requerimientos realizados desde Diario de Ibiza en las últimas semanas para que aportara su punto de vista sobre el conflicto.
Los refuerzos de seguridad por la huelga en el aeropuerto de Ibiza impiden atascos en el embarque.
La huelga del personal de seguridad en el aeropuerto de Ibiza y el correspondiente refuerzo de la plantilla no está perjudicando a los pasajeros que esta mañana han acudido a la terminal.
Se registran largas colas, normales en esta época del año, pero fluyen con rapidez y no están impidiendo el embarque normal de los ciudadanos.
De la misma forma, el acceso a las puertas de embarque tras cruzar el control de seguridad del aeropuerto fue ayer más fluido que cualquier otro día de julio, pese a que se iniciaba la huelga indefinida del personal de seguridad privada. Los representantes sindicales denunciaron a lo largo del día que los efectos de su protesta han quedado anulados no sólo por unos servicios mínimos del 90%, sino porque ayer había «más puestos cubiertos que los días de mayor afluencia de pasajeros», incluso «más que el sábado pasado», que fue el día de mayor tráfico aéreo en todo el año.
Gran parte de los impulsores de la huelga, el personal indefinido de la empresa Prosegur, se presentaron a medianoche en la terminal para emprender una marcha de protesta en su interior con «60 personas» y «valorar los servicios mínimos», según la presidenta del comité de empresa, Ana López. Al mediodía de ayer, junto a una treintena de compañeros en la entrada a la terminal de salidas, López resumía su valoración: por un lado, un aviso de la Guardia Civil de que serían denunciados si volvían a manifestarse en el interior del aeropuerto; por el otro, la constatación de que «se han cubierto los puestos por encima de las previsiones que se llevan padeciendo hasta ahora».
«Han traído a gente de fuera que empezó ayer mismo y encontramos vigilantes que entraron a las tres de la tarde, con un turno hasta las tres de la madrugada y que al final salieron a las seis», denuncia López. Además de los recién llegados, el personal que acepta «turnos irregulares de hasta 18 horas algún día» está formado por los trabajadores eventuales, que cobran un plus de 200 euros, una de las reivindicaciones que ha empujado a los indefinidos y a los fijos discontinuos a esta huelga.
Una de las concentradas, Leticia Morales, aporta más datos para explicar la «saturación» que padecen en su trabajo y que provoca las colas de pasajeros sufridas este verano, algún día de hasta media hora.
Accesos saturados
«El sábado pasado, a una hora punta como las once menos cuarto de la mañana, en un filtro sólo éramos tres personas y con un solo escáner», cuando «debe haber cinco personas y dos aparatos de escáner» en cada arco del control de seguridad.
Otros participantes en el grupo de protesta explicaban que este verano han hecho frente a picos hasta de «2.400 pasajeros por hora» con cuatro filtros abiertos de seis posibles y cuatro trabajadores en cada uno de ellos, mientras que ayer se observaba una veintena de efectivos en los mismos accesos para una afluencia moderada de pasajeros.
Por su parte, la empresa Prosegur anunció ayer que no realizará declaraciones sobre la huelga de sus trabajadores en Ibiza.
El convenio de los vigilantes ‘low cost’ que contrata la Administración es ilegal
La Audiencia Nacional anula el convenio colectivo de Sinergias, empresa de seguridad que paga 700 euros a sus trabajadores.
La Audiencia Nacional acaba de anular el convenio colectivo de Sinergias de Vigilancia y Seguridad, una empresa muy conocida en el sector de la seguridad privada por pagar sueldos justo en el límite del salario mínimo interprofesional y que en los últimos meses se ha hecho con varios concursos en la Administración pública ofreciendo las ofertas más bajas.
La sentencia, del pasado 10 de julio, afirma que las "irregularidades" del convenio "conculcan la legalidad vigente en materia de capacidad y legitimación para negociar". La demanda fue presentada por UGT, y posteriormente se adhirió USO. Poco a poco los tribunales van anulando los convenios de este tipo de empresas de seguridad low cost, igual que ha pasado con los de otra cincuentena de multiservicios. Estas compañías pactan convenios con plantillas cortas poco sindicalizadas que luego crecen por la mano de obra barata.
Sinergias se ha hecho un hueco en la Administración ofreciendo las ofertas más baratas en las licitaciones. El propio Ministerio de Empleo ha contratado recientemente los servicios de Sinergias, que ahora se encarga de la seguridad de la sede del Fogasa y de los cuatro centros de atención al refugiado (CAR) que gestiona este ministerio. También se ha hecho con el de la sede del Boletín Oficial del Estado y con servicios de vigilancia de otras administraciones regionales y locales.
El contrato de los CAR, de un millón de euros con IVA, se suma a otros ocho que Empleo ha adjudicado en los últimos dos años y medio a empresas de seguridad low cost como Sinergias, según se puede comprobar en la Plataforma de Contratación del Estado.
El sector de la seguridad vincula a Sinergias, y a otras firmas similares, con el polémico empresario canario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, apodado el rey de la seguridad. Así lo hacen representantes sindicales de UGT y CC OO. Ramírez no figura en la empresa como administrador ni como accionista. El único vínculo formal de Ramírez es a través de una pequeña patronal, llamada Acosepri e integrada únicamente por cuatro empresas, de una de las cuales es accionista el empresario.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ya actuó en mayo pasado contra Sinergias. El Consejo de Ministros aprobó remitir a la Fiscalía una denuncia en la que consideraba que podría haber incurrido en un delito contra la Seguridad Social, recogido en el artículo 307 del Código Penal. En concreto, la compañía habría dejado de ingresar cotizaciones a la Seguridad Social porque estaba aplicando un convenio colectivo con condiciones salariales inferiores a las que debía.
El convenio colectivo de Sinergias reducía en más de un 90% los pluses de nocturnidad y de días festivos. El sueldo base era de 660 euros, por lo que solo superaba el salario mínimo (707 euros al mes sin pagas extras) por pluses como antigüedad o peligrosidad; el del sector en 2015 rondaba los 900 euros. Este diario intentó, sin éxito, contactar con algún responsable de Sinergias.
"Probablemente Sinergias recurrirá al Tribunal Supremo la anulación del convenio, como hizo Marsegur. En cuanto le anulen el convenio, a los precios que va, no va a poder pagar los salarios. Y ahí va a empezar a tener problemas", señala Basilio Febles, secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO). Este sindicato está pidiendo a la Administración que rescinda los contratos con estas empresas y vigila las próximas adjudicaciones: "No se les puede seguir dando contratos a estas empresas cuando se sabe que no van a cumplir, no solo con los trabajadores sino con el cliente".
Los vigilantes de seguridad de Navantia se manifiestan por los impagos (Cadiz).
Los vigilantes de seguridad de Segur Ibérica que prestan sus servicios en los centros de Navantia han protagonizado este miércoles una concentración a las puertas de la factoría de la empresa en San Fernando a la que se han sumado los trabajadores y trabajadoras del astillero isleño y los de la industria auxiliar, impidiendo la entrada al recinto hasta las ocho de la mañana y provocando considerables retenciones a la entrada de San Fernando y los accesos a la autovía.
Actualmente estos trabajadores pertenecen a Prosegur tras el cierre de Segur Ibérica que se encuentra en concurso de acreedores. Esta concentración obedece a que Segur Ibérica les adeuda la nómina de junio, la paga de julio y la liquidación, con lo que llevan 48 días sin percibir remuneración alguna. Esto lleva a las familias a afrontar una situación cada vez más crítica teniendo en cuenta que un vigilante medio, con 30 años de antigüedad viene percibiendo un sueldo de 1.200 euros.
Si bien Navantia no es responsable directo, "la nefasta gestión" que la compañía ha llevado a cabo durante la anterior administración en materia de subcontrataciones, ha propiciado que se llegue a esta situación, como ha ocurrido con otras empresas auxiliares como Acciona, "al no controlar la calidad y solvencia de los adjudicatarios ni poner los medios a su alcance para evitar estos abusos y desmadres", indican desde Comisiones Obreras. Ya en enero, los representantes sindicales de Segur Ibérica en Navantia advirtieron de lo que se venía encima y pidieron a Navantia que exigiera avales que garantizaran la solvencia de la empresa y evitaran lo que finalmente ha llegado.
Al igual que sucedió el pasado viernes en el Astillero de Puerto Real y ayer en el de Cádiz, la plantilla propia de Navantia así como la de la industria auxiliar se han sumado a las reivindicaciones de los compañeros y compañeras vigilantes apoyándolos en sus demandas.
Los trabajadores de Prosegur en el Aeropuerto aplazan la huelga al día 21
Los trabajadores de la empresa Prosegur en el Aeropuerto de Ibiza han aplazado hasta el 21 de julio a las 00.00 horas el inicio de la huelga que iba a comenzar el próximo día 18 de manera indefinida.
La empresa y el comité de huelga precisamente se reunirán este martes en Ibiza para tratar de alcanzar un acuerdo.
Según el sindicato CCOO, la empresa y el comité van acercando posturas, por lo que éste último ha decidido junto a los trabajadores suspender la huelga y aceptar la reunión para seguir negociando y llegar a un acuerdo.
Los trabajadores han denunciado las cargas de trabajo excesivas, el incumplimiento de los horarios entre un turno y otro o diferencias salariales debido a la aplicación de un plus de 200 euros para los vigilantes que llegan de fuera de la isla.
Podemos insta a Defensa a que rescinda su contrato con Marsegur
La diputada de Podemos en el Congreso Carmen Valido ha instado hoy a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, a rescindir el contrato que mantiene su Ministerio con la empresa de seguridad privada Marsegur, cuya propiedad atribuye al empresario canario Miguel Ángel Ramírez.
Con motivo de la visita que efectúa Cospedal a instalaciones militares en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, Valido ha pedido a la ministra que se rescinda el citado contrato con la empresa encargada de la vigilancia de los acuartelamientos, después de que el Gobierno del PP lo sacara a concurso.
Según Valido, Marsegur "tomó el relevo de Seguridad Integral Canaria -propiedad de Ramírez- con una oferta todavía más baja que la anterior", lo que repercute en sus trabajadores, que se encuentran en unas condiciones laborales "precarias", que han denunciado en dos ocasiones, logrando en ambas que la Justicia anule su convenio por no ajustarse al estatal.
La última sentencia, "más dura todavía que la primera", reprocha "a Marsegur su reincidencia y el contumaz incumplimiento de la legalidad", indica la parlamentaria de Podemos.
Por ello, Valido considera "intolerable y una muestra del falso patriotismo de este Gobierno" que Marsegur continúe velando por la seguridad de unas instalaciones altamente sensibles, ya que se encuentran en un nivel 4 de alerta por amenaza terrorista.
Según la diputada, los 96 trabajadores de esa empresa en Las Palmas y los 20 de Tenerife llevan varios meses sin cobrar.
Para Valido, es "insólito" que la Administración siga contratando con un empresario que tiene múltiples causas en los juzgados de los Social y que además cuenta con una tercera empresa de seguridad que "todavía paga menos que las dos anteriores y con la que sigue pirateando el mercado, porque las otras no pueden competir con unas condiciones laborales dignas".
Desconvocan la huelga de vigilantes de seguridad del aeropuerto de Barajas
La huelga parcial se ha desconvocado tras el encuentro entre sindicato y patronal al llegar a un compromiso entre ambas partes para continuar negociando. Aunque ATES ha asegurado que si en tres meses no se cumpliera todo lo acordado, no dudarían "ni un solo segundo en volver a iniciar de nuevo el proceso de huelga".
El Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad (ATES) ha desconvocado la huelga parcial en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas programada para este viernes tras un encuentro con Prosegur de más de cuatro horas en el Instituto Laboral de Comunidad de Madrid, en el que se ha llegado a un compromiso por ambas partes para continuar negociando.
Los trabajadores reclaman una especialización de vigilantes aeroportuarios dentro de su categoría profesional, dado que entienden que hace falta "una preparación específica para trabajar con los escáneres" y son auditados por Aena, ha explicado el sindicato en un comunicado.
"Prosegur se ha comprometido a llevar a la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad Privada la creación de un nivel funcional de vigilante aeroportuario", ha explicado el sindicato, que ha apuntado que este acuerdo tendría carácter de convenio colectivo, por lo que se aplicaría "para todos los aeropuertos de España".
ATES también ha reclamado medidas organizativas que se deberán aplicar en tres meses. "Algo tan básico como que no se tarden dos horas en dar un relevo cuando un empleado necesite acudir al servicio o que el periodo de descanso pase de 20 minutos dentro de la jornada laboral a los 30 minutos", han señalado.
Los paros previstos estaban previstos para los fines de semana (de viernes a lunes) de julio entre las 5.30 y las 6.30 horas, las 10.30 y las 11.30 horas, las 14 y 15 horas y las 19 y 20 horas.
El sindicato ha desconvocado, pero ha asegurado que si pasado el plazo de tiempo --3 meses-- no se cumpliera todo lo acordado, no dudarían "ni un solo segundo en volver a iniciar de nuevo el proceso de huelga".
Convocan una huelga de los trabajadores de la seguridad privada de Navantia (Cadiz).
Ccoo ha convocado una huelga indefinida tras los impagos de los salarios a los trabajadores de la seguridad privada en los tres centros de Navantia en la Bahía gaditana. Desde el sindicato han denunciado que la empresa SEGUR IBÉRICA SA abandona el servicio -subrogándose los trabajadores con la empresa PROSEGUR - sin abonar las nóminas y tras meses de impagos "y sin que la empresa principal contratante Navantia les dé soluciones".
Ayer, tras la asamblea de trabajadores, se ha planteado convocar una huelga de forma indefinida hasta que se les dé una solución de pago a la plantilla. La convocatoria de huelga comenzará el próximo día 24 de julio, comenzando desde las 06:00 a las 08:00 horas y de 14:00 a las 16:00 horas.
CCOO recuerda la situación del sector de la seguridad privada "donde las contrataciones, se dan, al mejor postor, sin garantías desde la administración, siendo Navantia una empresa pública. "No solo degradan las condiciones laborales de trabajadoras del sector sino que además degradan la imagen pública de los servicios que prestan a las Administraciones del Estado".
El sindicato pretende promover que aquellas empresas que incumplan la Ley en Derechos Labores se les inhabilite para presentarse a las licitaciones públicas, así como que se recojan en los pliegos de condiciones, cláusulas, que en caso de incumplimientos, se les rescinda de forma automática la prestación de los servicios y sus contratos.
Esta huelga se une también a las protestas que vienen realizando los vigilantes de las instalaciones de Defensa, que pasan por una situación parecida con MARGESUR, empresa encargada de la seguridad. Los sindicatos UGT, CCOO, USO y SPV, y el Partido Socialista, se han hecho eco de la situación laboral de los más de cuarenta trabajadores en Cádiz , denuncian los "graves recortes" y piden explicaciones al Ministerio.
TSJ respalda validez grabación captó a vigilante seguridad entretenido juegos (Murcia).
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha dado plena validez a la grabación hecha por unas cámaras de seguridad que captaron el momento en que el vigilante de seguridad de un establecimiento se dedicaba en horario de trabajo a leer el periódico o a usar el teléfono móvil o la tableta.
Esas grabaciones fueron utilizadas por su empresa para acordar su despido, acusándole de abuso de confianza, desobedecer las órdenes recibidas, transgresión de la buena fe y de "entregarse a juegos y distracciones durante la jornada laboral", lo que fue considerado faltas muy graves.
El Juzgado de lo Social de Cartagena (Murcia) al que correspondió el asunto en primera instancia, dio la razón al trabajador y declaró que el despido era improcedente, por lo que condenó a la demandada a su readmisión o a pagarle una indemnización de 28.610 euros.
El Juzgado no dio validez a esa prueba videográfica aportada por la empresa para justificar la procedencia del despido, por lo que esta acudió a través de un recurso al TSJ.
La Sala de lo Social ha declarado la nulidad de la sentencia y ha ordenado al juez que proceda a dictar otra en la que tenga en cuenta que las grabaciones de la cámara de seguridad son plenamente validez, por lo que tras tener en cuenta esta prueba deberá proceder a dictar otra resolución, para lo cual le deja libertad de criterio.
Dice el TSJ que "la existencia del sistema de videovigilancia era plenamente conocida por el demandante, máxime si se tiene en cuenta que el mismo estaba encargado del control de su debido funcionamiento en cuanto integrante del dispositivo de seguridad".
"Por ello -añade-, no era necesario que la empresa titular del fichero obtuviera el consentimiento expreso del trabajador para su captación y grabación".
El Ayuntamiento de Barcelona suspende contrato con empresa seguridad Marsegur
El Ayuntamiento de Barcelona ha suspendido cautelarmente el contrato con la empresa Marsegur Seguridad Privada para la vigilancia y seguridad de sus centros de Servicios Sociales por considerar que la compañía canaria no lo no esta cumpliendo y le ha abierto un expediente sancionador.
La teniente de alcaldía de derechos Sociales, Laia Ortiz ha garantizado que la suspensión de este contrato no comportará dejar sin seguridad los Centros de Servicios Sociales hasta que se pueda convocar el nuevo concurso porque se harán contratos puntuales según las necesidades de cada uno de ellos.
Laia Ortiz ha explicado que Marsegur, que ganó el concurso el año pasado, ha dado "malas respuestas" a las solicitudes de información sobre el cumplimiento de contrato que el Ayuntamiento de Barcelona le hizo ante las denuncias de los trabajadores y sindicatos de malas prácticas y abusos de los empleados de esta empresa de vigilancia.
El Ayuntamiento finalmente ha decidido suspender el contrato porque ha considerado que ha habido "dejadez de funciones" que afecta a la calidad del servicio.
En concreto, el ayuntamiento denuncia que Marsegur ha desatendido diversos servicios solicitados en los centros del IMSS, lo que se considera una falta grave.
El consistorio barcelonés también ha pedido a la Inspección de Trabajo que compruebe si Marsegur cumple el convenio del sector. La suspensión firme del contrato ha sido notificada a la empresa, que puede presentar las alegaciones que considera oportunas.
Los vigilantes de Prosegur en Barajas, en huelga por primera vez en la historia
Los vigilantes de Prosegur encargados de los controles de acceso en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas anuncian una huelga parcial del 14 al 17 de julio, del 21 al 24 y del 28 al 31 en plena temporada estival y con nivel de alerta 4 de seguridad.
Las huelgas son entre el viernes y el lunes y se inicia esta misma semana para tratar de mejorar las condiciones laborales, así como una formación para ocupar los puestos de escáneres. El Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad (ATES), mayoritario en este sector que presta servicio en el aeropuerto de Barajas, ha convocado esta huelga para los días 14,15,16,17,21,22,23,24,28,29,30 y 31 de este mes de julio, que afecta a alrededor de unos 1.000 trabajadores de la empresa Prosegur.
Los paros se llevarán a cabo de 5.30 horas a 6.30 horas, de 10.30 horas a 11.30 horas, de 14 horas a 15 horas y de 19 horas a 20 horas.
“Es la primera vez que se convoca una huelga de este tipo”, ha indicado Jordi Montejo, delegado sindical de ATES en el aeropuerto, quien ha señalado que los motivos de la convocatoria están relacionados con la falta de formación de los trabajadores para desempeñar su trabajo en los puestos de control de escáneres, ya que más de la mitad de la plantilla carece de ella.
Según Montejo, en declaraciones a Efe, Prosegur no proporciona “desde hace años” la formación suficiente a los nuevos trabajadores que se incorporan a la empresa, sino que “simplemente” realizan “un curso online que es irrisorio y se ponen a operar dentro de un escáner”.
Así, la organización es “bastante caótica”, debido a que no existe una “rotación” entre los trabajadores, tal y como establece el Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil. Esta programa, ha destacado Montejo, contempla que se lleven a cabo descansos cada veinte minutos “por la pérdida de atención”, y ha asegurado que realizan turnos de “hasta dos o tres horas”.
Por ello, el próximo lunes, cuando los representantes de los trabajadores tendrán una reunión con Prosegur, solicitarán a la empresa que “todo el mundo un cobre plus de escáner para que haya una rotación en el puesto“. “No quieren cobrar a la gente porque cuando trabaja en el escáner tiene que cobrar un plus de 1,17 euros por hora”, ha subraya
“Al no haber formación no puede haber rotación”, ha dicho Montejo, al tiempo que ha comentado que exigirán unas mejores condiciones salariales, ya que los turnos de trabajo incluyen fines de semana y festivos y las nóminas “no llegan a los 900 euros“
Según el portavoz de ATES, el sindicato UGT se ha adherido a la huelga, que afectará tanto a auxiliares como a vigilantes de Prosesur, y están esperando la respuesta del resto de sindicatos.
Borrador de certificados de deuda para presentar ante el FOGASA
Estimados Sres.
Por medio del presente correo se ponen a su disposición los borradores de los certificados de deuda que a fecha de la presente, ostentan frente a la Sociedad concursada SEGUR IBÉRICA, S.A. Tengan en consideración que aunque estos certificados son los borradores de los certificados originales, tienen plena validez a la hora de acudir al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA, en adelante), dado que los certificados originales ya los hemos puesto a disposición de dicho organismo público.
Estos certificados contienen tanto la cantidad de deuda reconocida por la Administración Concursal como la calificación de la misma. Asimismo, para aquellos trabajadores que con fecha posterior de la presente, les sean reconocidos nuevos créditos, recibirán los certificados, debidamente actualizados.
Tienen a su disposición los referidos documentos en el enlace facilitado a continuación (recuerden copiarlo de forma completa en el navegador para poder abrirlo correctamente):
Este documento deberá ser presentado en las correspondientes oficinas provinciales del FOGASA junto con los documentos que sean requeridos por los propios organismos provinciales. Entre otra documentación (y sin perjuicio de la que pudiese ser exigida a mayores), será necesaria la presentación de los siguientes documentos:
1. Las nóminas de las mensualidades adeudadas.
2. La carta de despido, la sentencia judicial o el acta de conciliación en caso de que el crédito tuviera alguno de estos orígenes.
En caso de que quieran obtener mayor información acerca del procedimiento para la solicitud de créditos y de la documentación a presentar necesaria, pueden acudir al siguiente enlace link de la página web del Ministerio de Empleo:
Quedamos a su disposición para cualquier tipo de cuestión o aclaración que pudiesen tener.
Atentamente,
LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL.
Los vigilantes del Ministerio de Defensa pierden la mitad de su sueldo en un mes
En solo un mes, los vigilantes jurados que custodian las instalaciones del Ministerio de Defensa han perdido la mitad de su sueldo, con el nuevo convenio de empresa de Marsegur.
El Ministerio de Defensa adjudicó el 1 de mayo de 2017 la seguridad de todas sus instalaciones a nivel nacional a la empresa Marsegur, una de las empresas llamadas “piratas” y “Low cost” que ganó el concurso de adjudicación al presentar la oferta más barata para más de 570 vigilantes y 145 centros de Defensa.
La empresa Marsegur pertenece a la nueva patronal de seguridad (ACOSEPRI) independiente de la patronal de seguridad privada nacional (APROSER). Su dueño es el polémico empresario canario Miguel Ángel Rodríguez, vinculado al PP y en particular al exministro José Manuel Soria.
Los vigilantes se manifestaron la semana pasada en Madrid para exigir unas condiciones laborales dignas. En solo un mes han perdido la mitad de su sueldo en virtud del convenio de empresa impuesto por Marsegur, que reduce los salarios entre un 40% y un 60%. Esta empresa aplica un convenio a sus trabajadores que reduce su salario entre un 40% y un 60%. De un salario bruto de 1520€ con pagas prorrateadas, sin pluses de antigüedad, nocturnidad, festivos ni descuentos de IRPF y SS, pasa con Marsegur a 882,33€ brutos.
El convenio, impugnado por los sindicatos y por la propia patronal APROSER, fue declarado nulo de pleno derecho por el Tribunal Supremo en sentencia firme del pasado 9 de mayo, asestando así un nuevo varapalo judicial a Miguel Ángel Rodríguez que ya sufrió otros reveses en los tribunales cuando la Audiencia Nacional declaró en fraude de ley otros dos convenios de esta misma empresa.
Según informa en una nota el sindicato USO Miguel Ángel Ramírez no ha dejado de beneficiarse de la concesión de contratos por parte de las Administraciones públicas, a lo largo de todo el Estado pese a acumular un largo historial de sobre explotación de sus trabajadores, irregularidades y vulneración de derechos laborales, que han sido denunciados por los sindicatos al menos desde el año 2006.
Entre todos ellos figuran las alarmas y seguridad de todas las instalaciones del Ministerio de Defensa, con un contrato de 32 millones de euros; el Metro de Madrid, 71 millones; o la mayoría de los emplazamientos que forman parte de los Reales Sitios de España.
Actualmente, Ramírez se encuentra imputado por un presunto fraude multimillonario a Hacienda y a la Seguridad Social. Según un informe de la Inspección de Trabajo, las cantidades evadidas entre 2008 y 2012 ascenderían a casi 21 millones de euros. 12 millones a la Seguridad Social y 9 a Hacienda.
Paradójicamente, Seguridad Integral Canaria custodia también la propia Tesorería General de la Seguridad Social, a la que, presuntamente, estaría defraudado millones de euros, los juzgados de Las Palmas a los que acude con cierta asiduidad Miguel Ángel Ramírez, y otros edificios oficiales.
Los administradores de Segur Ibérica comienzan la liquidación de la empresa.
La administración concursal del Grupo Segur Ibérica ha comenzando la liquidación "pura y dura" de la empresa después que I-Sec retirara su oferta de compra por las Unidades Productivas de vigilancia y seguridad del grupo por "problemas para conseguir la financiación necesaria".
Según ha confirmado el secretario de negociación colectiva de CCOO Construcción y Servicios, Daniel Barragán, a Europa Press, el plan para liquidar la compañía está "en movimiento" y se están vendido "uno a uno" todos los servicios a otras empresas.
"Se puede decir que el proceso lleva iniciado desde la negociación del ERE (sin acuerdo), ya que desde ese momento hay muchos servicios que se han traspasado. Ahora sí que van a proceder a liquidar uno a uno todos los servicios. Van a venderlos como vayan pudiendo", ha aclarado.
Barragán ha señalado que la administración concursal informó del estado actual de la compañía al sindicato "hace una semana" durante una reunión, mientras que ha afirmado que no conoce cuáles son las unidades productivas que se están transmitiendo ni a qué empresas. "Ese nivel de detalle no lo tengo", ha subrayado.
"En una semana o así" el secretario de negociación colectiva de CCOO Construcción y Servicios volverá a mantener otra reunión con los administradores del grupo de seguridad privada.
Por su parte, y en la misma línea que Comisiones Obreras, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO) también ha indicado a Europa Press que Segur Ibérica ya está informando a sus clientes sobre la situación que atraviesa la compañía con el fin de que estos contraten los servicios de otra empresa, como es el caso de Navantia, que ahora trabaja con Prosegur.
Finalmente, sobre los "rumores" que hablaban de otro posible comprador interesado en otras unidades productivas del grupo, desde la federación han indicado que "dudan" de que finalmente se lleve a cabo nada en este sentido. "A día de hoy, lo que nos dicen desde la empresa es que se va a producir el cierre. La empresa se liquida", han concluido.
800 EMPLEADOS EN EL AIRE
La administración concursal del grupo ya informó el 20 de junio en un comunicado que iniciaría un proceso "obligado" de liquidación conforme al Plan de Liquidación aprobado el 24 de abril de 2017 por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid "El procedimiento previsto para alcanzar su "efectiva" liquidación será, a priori, la presentación de los mismos a la resolución judicial por parte del juez del concurso", destaca el documento.
Con la retirada de I-Sec y el proceso de liquidación ya puesto en marcha, hasta 800 trabajadores que no tienen subrogación en convenio quedan a la espera de que el juez mercantil apruebe el Expediente de regulación de empleo (ERE) y podrían acabar en el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), mientras que los vigilantes con subrogación, y que cumplan los requisitos del convenio de seguridad privada, pasarán a la empresa que se quede con el servicio.
El TSJ de Madrid excluye del criterio social para la contratación pública el plus de abonar a los trabajadores según el convenio nacional
La Sala de lo Contencioso del alto tribunal madrileño anula la cláusula que fijó el Ayuntamiento de Madrid en un concurso para la vigilancia de los edificios dependientes del distrito de Chamartín, porque la aplicación de este baremo no garantiza una mayor calidad en la ejecución del servicio
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado uno de los criterios sociales establecidos en el pliego de cláusulas que el Ayuntamiento de Madrid fijó para valorar las ofertas de las empresas interesadas en la protección y seguridad de los edificios dependientes del distrito de Chamartín desde el 1 de abril de 2016 al 31 de marzo de 2017, por no estar directamente vinculado al objeto del contrato y no suponer una mayor calidad en la ejecución del servicio.
La Sala considera que el primero de los criterios sociales exigido por el Consistorio -y valorado en 15 puntos-, sobre el compromiso por parte de la empresa de retribuir a los vigilantes con el salario que marca el Convenio Estatal de las empresas de seguridad, supone “una manifiesta e indebida injerencia en el ámbito de la regulación salarial de los trabajadores, que ha de quedar excluida de los criterios de valoración de ofertas a efectos de la adjudicación de un contrato”, ya que el Estatuto de los Trabajadores avala la posibilidad de sustituir los convenios colectivos nacionales por convenios de empresas.
Además de por esta razón, los magistrados aclaran que en ningún caso ha quedado establecido por la parte demandada el argumento que permita atender a la vinculación entre la prestación objeto del contrato y la mayor calidad que el establecimiento de la cláusula implica en relación con el mismo.
La Sección Tercera ha estimado solo en parte el recurso presentado por la Asociación de Compañías de Seguridad Privada contra el apartado 20.2 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares convocado por el Ayuntamiento de Madrid el 3 de febrero de 2016, porque sobre las otros dos criterios que el Consistorio incluía en el apartado social -uno acerca de la formación continua y otro sobre un plan de conciliación de la vida laboral y profesional aplicable a los vigilantes, nada se decía de ellos en las alegaciones, por lo que la Sala estima que no procede pronunciamiento en relación a los mismos.
Los últimos días de Segur Ibérica: sus rivales se dividen el pastel ante la inminente quiebra.
La que llegara a ser tercera empresa de seguridad del país por facturación, Segur Ibérica, parece afrontar sus últimos días en el mercado. Tras entrar en proceso de liquidación en el marco del concurso declarado ante el Juzgado Mercantil número 3 de Madrid el pasado 22 de diciembre, los clientes de la compañía mostraron su preocupación por la situación de insolvencia y su temor por la posibilidad de quedarse sin servicios de seguridad de un día para otro. Los directivos y administradores concursales, conformados por personal de PricewaterhouseCoopers, para apaciguar los ánimos, trasladaron a estos clientes la idea de que el problema estaba en vías de ser solucionado.
En concreto, les transmitieron que había una sociedad holandesa —I Sec International Security— interesada en adquirir las unidades productivas del grupo y que esto iba a suponer una inyección de liquidez y la previsible reflotación de la compañía. La promesa tranquilizó temporalmente a los clientes. Sin embargo, hace apenas dos semanas, todo dio un nuevo vuelco. La multinacional descartó que fuera a adquirir finalmente participaciones de Segur Ibérica y el nerviosismo volvió a reinar entre las mercantiles que tenían contratados sus servicios.
Por este motivo, los dos principales clientes de Segur Ibérica movieron ficha y ya han dicho adiós a la compañía. Telefónica, que tenía dos centenares de vigilantes contratados más varias decenas de personal auxiliar, ha puesto fin a su relación comercial con la mercantil y ha contratado los servicios de Prosegur, principal grupo del sector con una facturación de 896 millones de euros en 2015. En la misma línea, Navantia —con 140 vigilantes— también ha abandonado a Segur Ibérica en beneficio de Prosegur. En proceso de adjudicación a otras empresas de seguridad —entre ellas, Eulen o Securitas— se encuentran también en estos momentos Endesa y Repsol, que hasta ahora —como Telefónica y Navantina— también confiaban la vigilancia de sus sedes a Segur Ibérica. Los cuatro clientes representaban el clavo ardiendo al que aún se agarraba la compañía en liquidación para mantener vivas sus esperanzas de resurgir de las cenizas.
Otros antiguos clientes de la mercantil que presidió Pedro Morenés antes de ser ministro también dijeron adiós a la compañía antes de Telefónica y Navantia. En concreto, desde finales de 2016 —cuando se puso en marcha el proceso concursal—, Adif (con un contrato de 12 millones de euros), Aena (de 11,3 millones), Acciona (cinco millones), el Museo del Prado (cuatro), la Mutua Madrileña (2,1), la Universidad de A Coruña (1,2), EDP España (1,2), Viesgo (1,2), ENCE (822.000 euros), Lidl (593.000), Cellnex (500.000) o Media Markt (360.000), entre otros, terminaron su relación comercial con la empresa de seguridad.
La Federación de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (USO) critica hoy con dureza "la falta de transparencia por parte del administrador concursal hacia los trabajadores" y achaca la "ausencia de liquidez actual para hacer frente a liquidaciones, indemnizaciones y previsibles dificultades a la falta de diligencia" de PwC. "Siendo consciente de la situación crítica, PwC dificultaba la rescisión de contratos a los clientes que querían cambiar de empresa y con ello estabilizar la situación laboral de los vigilantes", censuran desde USO, donde añaden que la consultora "ponía trabas" a los clientes "con el fin de presentar a Segur Ibérica como una empresa rentable y con la mayor cartera de clientes posible".
La firma presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) el pasado noviembre que en principio —según alegó el propio grupo— no iba a afectar a toda la plantilla (4.000 empleados) sino a un reducido número de trabajadores, extremo que quedó en evidencia al decretarse el proceso de liquidación, y lo está aún más ahora con la deriva que está tomando la marca. El 22 de diciembre, se declaró el concurso.
La mayoría de los vigilantes, según entienden desde USO, pasará a subrogarse a las compañías que se hagan con el servicio, con lo que mantendrían sus puestos. "Correrán peor suerte los trabajadores de estructura, sin servicio asignado o que no cumplan los requisitos de subrogación, para los cuales el despido se llevará a cabo en un corto periodo de tiempo", vaticinan desde USO, agrupación que explica que actualmente Segur Ibérica cuenta con 200 vigilantes sin destino, además de decenas de trabajadores de oficina y directivos que previsiblemente tendrían que entrar en el ERE.
La crisis de Segur Ibérica ha tenido lugar en un contexto complejo para el sector. El incremento de las denominadas 'empresas pirata' —que consiguen contratos presentando ofertas muy baratas a costa de reducir los salarios de los trabajadores por debajo de convenio, práctica fomentada por la reforma laboral— ha afectado al resto de compañías, algunas de las cuales han sucumbido y acabado funcionando igual. Entre estas últimas está Segur Ibérica, que durante los últimos años ha optado por tirar los precios para conseguir algunos contratos.
La principal patronal del sector, Aproser, paradójicamente en línea con los sindicatos, ha criticado duramente la reforma laboral que permitía este tipo de prácticas a base de bajar el sueldo hasta cantidades ridículas. De hecho, ha exigido que todos sus asociados paguen por encima de convenio si quieren seguir vinculados a la asociación, requisito que no quiso abrazar Segur Ibérica, que decidió abandonar la patronal.
Tanto la presión ejercida por Aproser como la de algunas organizaciones como la Unión Sindical Obrera (USO) contra las empresas pirata parecen estar empezando a ser escuchadas por las administraciones públicas, que son las principales adjudicatarias de servicios de seguridad privada. Al menos por algunas. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha revisado los baremos de adjudicación de contratos de seguridad de sus edificios después de que decenas de vigilantes se pusieran en huelga por la concesión de los servicios de la Consejería de Presidencia y Justicia a la mercantil pirata Sinergias, que nada más hacerse con la adjudicación bajó el sueldo a los empleados que subrogó un 40%.
La reforma de los criterios emprendida por esta pequeña parte del sector público implica reducir el peso del factor precio en la adjudicación para que las empresas que se descuelgan del convenio tengan menos posibilidades de ganar el concurso e incrementar el de la oferta técnica, más centrada en la prestación de un servicio profesional. En esta línea, de hecho, Prosegur, por ejemplo, ganó recientemente el concurso del Museo del Prado. La mercantil contaba precisamente con el mejor informe técnico, episodio que hace pensar en la existencia de un cambio real de sensibilidad por parte de algunos contratistas públicos.
En este cambio de tendencia en la contratación también ha influido la lucha en los tribunales que la Federación de Seguridad Privada de USO ha emprendido contra empresas pirata como Seguridad Integral Canaria, Falcon, Magasegur, Protección y Seguridad Galaica, LPM Seguridad o la ya extinta Esabe, que, además de tirar los precios, según el sindicato, han defraudado a la Seguridad Social más de 80 millones de euros, como ha reconocido la propia Agencia Tributaria en los diferentes procesos judiciales que se siguen contra estas mercantiles.
Segur Ibérica es parte del Grupo Segur, que en 2015 facturó 237,95 millones de euros, un 5,7% más que en el año anterior. Sin embargo, desde que anunció el ERE, la mercantil ha reducido considerablemente sus ingresos. En concreto, desde noviembre, ha perdido contratos que le suponían rentas superiores a los 40 millones de euros, sin contar los últimos de Telefónica y Navantia, que engrosan la cifra considerablemente.
Para más inri, Segur Ibérica aparece en la lista de morosos publicada por la Agencia Tributaria el pasado viernes, donde consta que adeuda 11,9 millones de euros a Hacienda al cierre de 2016. Es la primera vez que el Grupo Segur entra en este registro, en el que también se encuentran Seguridad Integral Canaria —propiedad del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez—, que debe 2,96 millones de euros, y Seguriber —controlada por la empresaria Mónica Oriol—, que adeuda 2,14 millones.
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